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2015, un año de impunidad y violencia contra estudiantes hondureños

La Asociación para una Ciudadanía Participativa ACI-Participa presentó un informe con el título “Violencia Contra el Movimiento Estudiantil, un año de impunidad”, en el marco de las protestas contra la extensión de la jornada educativa, durante los meses de marzo y abril del 2015.

El evento se realizó en el emblemático instituto “Central Vicente Cáceres” y alumnos de la Normal Mixta “Pedro Nufio”, Hedme Castro subdirectora de la organización explicó que el motivo por el cual la socialización de la investigación se hacía en este colegio fue en honor a Soad Nicol Ham de trece años estudiante de dicho centro educativo, raptada y asesinada después de una protesta.
El informe procura ofrecer un panorama amplio sobre la situación que enfrentó el movimiento estudiantil de secundaria en el Distrito Central, pretende sensibilizar a funcionarios a cargo de instituciones relacionadas con el acceso a la justicia; Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Poder Judicial y Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización, acerca de su responsabilidad y deuda histórica que tienen con las víctimas.
En las protestas de esos meses  participaron personas menores 18 años, las medidas adoptadas por la Secretaria de Educación desencadenaron la reacción de los jóvenes, la respuesta de las autoridades era enviar miembros de la Policía Nacional y Policía Militar para reprimir a las y los jóvenes.

Contraviniendo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el articulo 3 cita: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
El motivo por el cual los educandos protestaban era que el Secretario de Educación Marlon Escoto anunció que se moverían los horarios de clases, lo que implicaba que los niños de la jornada de la mañana debían salir de sus casas en horas muy tempranas de la mañana y los de la tarde saldrían de sus centros educativos al caer la noche; el argumento de los jóvenes fue la inseguridad ciudadana que impera en el país y el peligro que correrían con estos horarios.
Método
Jorge Hernández, uno de los investigadores indicó que la investigación se formuló y desarrollo desde el enfoque cualitativo, se utilizaron técnicas de recolección de datos visitando varios colegios de la capital, con el fin de conocer la situación específica que enfrentó la comunidad educativa.
Previo a la recolección, la identificación de personas, instituciones gubernamentales y organizaciones de Sociedad Civil que tienen relación con el fenómeno que se investigó.
Origen de la protesta
El Reglamento General del Estatuto del Docente hondureño establece en su artículo 81 que las horas clase debe tener una duración de 45 minutos, lo mismo está establecido en el artículo 158 del Reglamento de la Carrera Docente.
Pero con la aprobación de la Ley Fundamental de Educación, la Secretaria de Educación emitió un oficio donde se instaba a extender la duración de las jornadas de clase, esta situación generó una tensión entre estudiantes, padres de familia y autoridades educativas.
Peticiones estudiantiles
Los más afectados fueron los estudiantes de las jornadas vespertinas y nocturnas, quienes se manifestaron de manera inmediata por la preocupación por la inseguridad que se vive en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El informe indicó que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, entre enero a mayo del 2015 hubo un total de 15,787 personas asesinadas.
A criterio de la investigación de la muestra (estudiantes, docentes, autoridades, autoridades de centros educativos, la Secretaria tenía que analizar la viabilidad de su cumplimiento mediante pruebas para poder visualizarlos diferentes escenarios y contrastarlos con la realidad nacional.
Respuesta autoridades 
El 16 de marzo del mismo año mediante un comunicado que emitió la Secretaria de Educación a que presentaran sus propuestas por escrito para entender la extensión de las jornadas de clases. Una de las salidas es que hubiera clases los sábados, la dificultad es que unos trabajaban los fines de semana y otros se trasladaban a su lugar de origen.
Mientras el ministro de educación Marlon Escoto obligó a los directores y directoras a levantar listados de alumnos que abandonaron las aulas de clases para protagonizar protestas y disturbios.
Violación a derechos humanos
Se dieron grandes violaciones a los derechos humanos de las y los estudiantes de secundaria entre ellos el derecho a la protesta, libertad de expresión y el de petición.
Por un lado la limitación de las autoridades de la Secretaria de Educación y por otro el uso desmedido de la fuerza de los uniformados de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público PMOP.
Docentes en distintos colegios afirmaron que funcionarios de la Secretaria se hicieron presentes en los distintos centros educativos para exigirles que levantaran listados de los que participaron en manifestaciones, los directores no solo dieron nombres sino que procedieron a la expulsión de alumnos (Escuela Normal Mixta y José Pineda Gómez); a dos directores los suspendieron temporalmente de sus puestos por no obedecer la orden de exponer a sus estudiantes. ACI-PARTICIPA se hizo cargo de la representación legal de los expulsados.
Represiones
Las represiones por parte de los uniformados al servicio del gobierno de Juan Orlando Hernández generaron violaciones a los derechos de las y los estudiantes que participaron en las protesta.
A la estudiante Maira Martínez pretendían expulsarla, pero le arrancaron el compromiso de no volver a participar en protestas, solamente le hicieron un llamado de atención, aun así perdió el años escolar.
Asimismo, cuatro educandos de la Escuela Normal mixta fueron expulsados por ocho días, los afectados aseguraron que el director Ángel Fugon ejecutó la acción en semana de exámenes.
El día siguiente a las expulsiones, un abogado de ACI-PARTICIPA interpuso un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo emitió sentencia, ordenando la incorporación de los estudiantes.
La Constitución de la Republica en su artículo 68 cita: “Toda persona tiene derecho a su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En alusión a esta garantía constitucional el 16 de marzo la Policía Militar y Policía Nacional ejecutaron un desalojo con uso excesivo de la fuerza en el cual fueron hospitalizados siete estudiantes cuatro (15 años), uno (17), 1(16) y 1(21) todos ellos con golpes, esguinces y problemas respiratorios por los gases lacrimógenos.
En consecuencia el artículo 65 constitucional cita: “El derecho a la vida es inviolable”, en el mismo desalojo dos jóvenes de 18 años de edad ingresaron al hospital con heridas de bala.
El 24 de marzo en horas de la noche asesinaron a tres estudiantes del Instituto Jesús Aguilar Paz (Elvin Antonio López, Darwin José Martínez y Diana Yareli Montoya).
“Puta, hey, puta, ni sillas tenemos. Compren sillas, viejo hijuelagranputa” fueron las palabras que expresó en su indignación Soad Nicole Ham (13 años), fue raptada y asesinada, apareció dentro de un costal el mismo día que mataron a los otros tres estudiantes. Su cuerpo presentaba signos de tortura, sus pies y manos estaban atados, sectores indignados de la población y organizaciones de derechos humanos vincularon el horrendo asesinato con la represión desplegada por entes del Estado.
Igualmente el 25 de marzo en la manifestación frente a la UNAH  fue brutalmente reprimida en donde detuvieron a 11 estudiantes del “Movimiento Estudiantil Normalista Morazánista (FERNO) y de la Normal Mixta Pedro Nufio, los transportaron a la Posta Policial de la Kennedy, después de unas horas los entregaron a sus padres, madres o tutores.
El coordinador del FERNO denunció que el mismo director Luis Fugon solicitó a la Policía Nacional que ejecutara el desalojo, esto fue el 08 de abril, a raíz de eso se saltaron los muros y al menos a 5 estudiantes los uniformados les propinaron golpes con toletes.
Agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a bordo de patrullas se enfrentaron a los estudiantes, lanzando una cantidad excesiva de bombas lacrimógenas, resultaron intoxicados varios niños, maestros y personal de mantenimiento de la Escuela Roberto Sosa (cercana a la cámara de gas) hecho sucedido el 13 de abril.
Nuevamente un abogado de ACI-PARTICIPA acompañó a los jóvenes detenidos a las audiencias, esta vez el profesional del derecho fue sometido a vigilancia, hostigamiento y amenazas a muerte por desconocidos con características militares y fuertemente armados, le dieron un ultimátum de 24 horas para salir del país, obligándolo a emigrar temporalmente.

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Criminalización, despojo y amenazas a muerte es el diario vivir de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras

Como una respuesta a la situación de violencia e impunidad de quienes ejercen la labor en pro de los derechos humanos, la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI- PARTICIPA), en conjunto con las agencias cooperantes hivos y ASDI, presentaron este martes 06 de octubre del 2015 en un hotel de la capital el informe “Protegiendo a defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras”.

asistentes aci partic

Varias organizaciones y defensores y defensoras de DDHH 

asistieron a la presentación del informe.

El informe toma en cuenta el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2014 a septiembre de 2015, en donde la organización por medio de la Unidad Técnica de Protección a defensores desarrolló una serie de actividades, entre las cuales están: el acompañamiento a defensores y defensoras quienes enfrentaron procesos de criminalización, vigilancia, hostigamiento, amenazas y atentados.

“Esperamos que sirva como fuente de información sobre la situación de riesgo que enfrentan las personas que dedican gran parte de su quehacer fundamental a la promoción y defensa de los derechos humanos”, se menciona en la presentación del informe de este día.

A criterio de ACI PARTICIPA, el contexto que se visualiza en el país es de persecución a la labor de los defensores y defensoras, como herencia que dejó el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009, en donde la sociedad hondureña se opuso a una serie de medidas represivas en su oposición al asalto al poder y que trajo como resultado una serie de ataques selectivos que iban desde la detención ilegal hasta el asesinato.

A esto le siguió el hostigamiento hacia sectores del movimiento social y popular del país, tal es el caso del campesinado, con énfasis a quienes iniciaron un proceso de recuperación de tierras en el Valle del Aguán, lo que dejó como resultado un centenar de muertes a manos de las balas de efectivos militares, según la organización defensora de los derechos humanos.

De igual forma, existe una serie de acciones de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y originarios, así como a las juventudes organizadas, entre los que destacan el movimiento estudiantil, tanto a nivel universitario como a nivel medio, y, sin dejar de lado el trabajo hecho por ACI PARTICIPA en la campaña de respeto a los derechos laborales con la creación de la Red de violencia Anti sindical, conformada por los sindicatos agremiados a la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).

Desde el acompañamiento legal hasta traslado internacional

estudian cholu

Estudiantes del CURLP fueron criminalizados por hacer

uso de la protesta pacífica.

Durante los diez meses que abarcó el desarrollo del proyecto, la organización trabajó en tres acciones de acompañamiento y protección al trabajo de los defensores de derechos humanos, mencionó durante la presentación del informe, Jorge Hernández, coordinador del proyecto.

Las acciones realizadas fueron ocho de acompañamiento legal para quienes enfrentan procesos de criminalización, dos traslados internacionales de defensores en riesgo y veinticinco de medidas de seguridad que abarcan la movilización interna y comunicación segura.

Dentro de los grupos o sectores en riesgo del proyecto, hay 35 acciones de acompañamiento, de las cuales 9 fueron para beneficiar a líderes y lideresas indígenas, debido a la situación de violencia de la que son objeto, producto de la imposición de proyectos mineros e hidroeléctricos.

Seguidamente, cuatro de estas acciones fueron para beneficiar a estudiantes universitarios y de Educación media, otras cuatro para el acceso a la justicia, tres de esas también fueron dirigidas a violaciones a periodistas, dos al respeto de los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual e Intersexual (LGTBI), dos al goce de la equidad de género, cuatro a sindicatos, entre otras.

Las líneas de acción del proyecto

-Acompañamiento legal a líderes y lideresas estudiantiles de educación media y educación superior, ambientalistas, mujeres, indígenas, quienes enfrentan proceso de criminalización.

– Acompañamiento a diferentes movilizaciones y manifestaciones populares, con el rol de observadores de Derechos Humanos.

-Elaboración de planes de seguridad para la prevención de riesgos y amenazas.

-Jornadas de formación en materia de análisis de riesgo y formulación de planes de seguridad.

– El desarrollo de talleres de seguridad informática, para mejorar las condiciones en las que las personas ejercen su derecho a defender derechos.

Algunos casos de acompañamiento, producto de su situación de vulnerabilidad en el ejercicio de defensa de derechos humanos citados en el informe son: la criminalización hacia la coordinadora del Movimiento de Mujeres por la paz “Visitación Padilla”, Gladys Lanza, quien fue condenada en marzo de esta año a un año y seis meses de prisión producto de una querella interpuesta por el ex Director de la Fundación para el Desarrollo de la vivienda (FUNDEVI), Juan Carlos Reyes.

Gladys Lanza

Gladys Lanza, sentenciada a un año y seis meses de prisión por

defender derechos de las mujeres

El proyecto también acompañó la defensa de Héctor Martínez Motiño , presidente del Sindicato de Trabajadores de la UNAH, en la ciudad de Choluteca,  asesinado el 17  junio de este año, , quien era objeto de hostigamiento laboral por parte de las autoridades centrales y departamentales de la máxima casa de estudios.

También se destaca el acompañamiento legal a tres dirigentes estudiantiles del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) quienes producto de una serie de acciones de protestas realizadas durante el mes de junio de 2015, fueron criminalizados y judicializados, logrando en el caso de estos tres,  el sobreseimiento definitivo de la causa por los delitos que se les acusaba.

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) es una organización que comenzó a operar en el año 2004 y su misión es el respeto y la promoción de los derechos humanos en el país, mediante la participación activa de la ciudadanía en temas de interés público.

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/contexto/item/1026-criminalizacion-despojo-y-amenazas-a-muerte-es-el-diario-vivir-de-defensores-y-defensoras-de-derechos-humanos-en-honduras

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Defensores de DDHH estigmatizados en Honduras necesitan mayor acompañamiento

Más de un centenar de personas fueron beneficiadas en  los últimos nueve meses por la Asociación para una Ciudadanía Participativa,  –ACI-PARTICIPA, en el marco de la ejecución del proyecto “Protegiendo a defensores y defensoras de Derechos Humanos en Honduras”, así lo dio a conocer esta mañana en Tegucigalpa.

El acompañamiento se da a defensores y defensoras de derechos humanos que desarrollan su labor en medio de un ambiente de violencia hacia ellos.
El proyecto dio acompañamiento legal a líderes estudiantiles de educación media, de educación superior, ambientalistas, mujeres, indígenas que enfrentan procesos de criminalización.

Así mismo a diferentes movilizaciones y manifestaciones populares, en el papel de observadores acompañantes de Derechos Humanos.

Apoyó a numerosos defensores y defensoras bajo riesgo inminente con acciones específicas de acompañamiento y protección y se elaboraron planes de seguridad para la prevención de riesgos y amenazas.

Aci-Participa ejecutó jornadas de formación en materia de análisis de riesgo y formulación de planes de seguridad y desarrolló talleres de seguridad informática, con la finalidad de mejorar las condiciones en las que las personas ejercen su derecho a defender derechos, explicó Adalid Vega, durante la explosión del contexto del proyecto.

Con este tipo de proyectos, la organización pudo atender la necesidad de acompañamiento legal para personas que en virtud de las acciones realizadas en uso de su derecho a defender derechos, han sido víctimas de hostigamiento y persecución judicial.

Y entre estos caso figuran la criminalización de Gladys Lanza, coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, agresiones físicas contra Elton Banegas, investigador de la Fiscalía especial de Derechos Humanos de La Ceiba, el allanamiento, robo, amenazas y agresiones contra la familia Córdova, ambientalistas Tolupanes.

Y también la defensa de Héctor Martínez Motiño, presidente del Sindicato de Trabajadores del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, SITRAUNAH- CURLP, (Choluteca) por el hostigamiento laboral.

Los alcances de este proyecto, llegó  a dar acompañamiento legal  en 8 procesos, 2 traslados internacionales de defensores en riesgo, 26 medidas de seguridad (Movilización interna y comunicación segura, traslados nacionales, etc, 9 defensas de líderes ambientalistas de la comunidad de Azacualpa, municipio de la Unión, Copán y criminalizados por ejercer su derecho a un ambiente sano y a sus derechos territoriales.

Expulsión de líderes estudiantiles de la Escuela Normal Mixta “Pedro Nufio”, como represalia por hacer uso de su derecho al reclamo y a la manifestación pacífica. – Criminalización de estudiantes del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico de la Universidad Autónoma de Honduras. – Criminalización contra otro grupo de estudiantes del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico de la Universidad Autónoma de Honduras.

Se explicó que se presentaron dos casos graves de amenazas a muerte y ataques inminentes, por lo que ACI PARTICIPA se vio en la necesidad de buscar refugio internacional para las cuatro personas en peligro.

Y se registró 35 casos de acompañamiento a defensores en riesgo y/o amenazas, en los cuales se apoyó para crear condiciones para movilización y comunicaciones seguras a nivel nacional.

La criminalización a los y las defensoras abarca a defensores de pueblos indígenas inmersos en un contexto de violencia que violenta sus derechos territoriales, ambientales y culturales consecuencia la imposición de proyectos mineros e hidroeléctricos, en franca violación de los contenidos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

Jorge Hernández, encargado del proyecto manifestó que con los resultados de este trabajo “Confirmamos la necesidad imperante de que existan iniciativas como éstas para poder responder de forma rápida y eficaz a personas en riesgo o bajo ataques, sin duda alguna la existencia de este tipo de apoyos fortalece el trabajo de los defensores y defensoras y asegura (en gran manera) la protección a su integridad personal y a su vida.

El principal problema que enfrentan los defensores y defensoras es la criminalización y muestra de ellos es el acompañamiento necesario para indígenas, campesinos, ambientalistas, estudiantes y sindicalistas que son llevados constantemente a Tribunales de Justicia como un mecanismo que busca cooptar, intimidar y detener el trabajo que ejecutan en defensa de sus derechos y los de la población en general, por eso es necesario que organizaciones como las nuestras, tengan los recursos y las capacidades para acompañarlos legalmente.

Pese a que hay otras organizaciones que dan acompañamiento y apoyo a los y las defensoras de DDHH, como lo hace el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, el Programa de Acompañamiento Honduras, PROAH, de Friendship of América, entre otras, aun no es suficiente para la cantidad de violaciones a los ddhh que se denuncian, manifestó Hernández.

Como organizaciones que dedicamos nuestros esfuerzos a la protección de defensores y defensoras, debemos hacer mayor incidencia en las personas y/o organizaciones para que el tema de seguridad sea incluido en sus agendas. En este contexto de violencia generalizada, urge la creación y consolidación de colectivos de defensores y defensoras en redes de autoprotección y acompañamiento, manifiesta el informe, que puede leer completo en el siguiente enlace.

Ver Infomre

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3758:defensores-de-ddhh-estigmatizados-en-honduras-necesitan-mayor-acompanamiento&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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ACI PARTICIPA sufre ciberataque

Alerta 162-15 | Honduras, 24 de septiembre

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), organización que combate la violación sistemática de Derechos Humanos y los altos índices de impunidad y corrupción en el país, denunció el hackeo de su cuenta institucional.

La organización de sociedad civil denunció que “el 22 de Septiembre del año 2015, utilizando entre otras, la técnica el Fishing, para hacerse de la información contenida en dicha cuenta.

En su ciber delito, el o los delincuentes, lograron obtener y posteriormente borrar todos los contactos de la organización como todos sus archivos, carpetas y correos enviados y recibidos, perjudicando grandemente, la comunicación tanto de organismos e institucionales nacionales e internacionales como de nuestros beneficiarios del trabajo de defensoría que realizamos”.

Según ACI PARTICIPA, con la aprobación y puesta en práctica de la Ley de Escuchas, el Estado de Honduras logra legalizar la intervención de correos electrónicos, teléfonos móviles y fijos.

“La práctica de escuchas telefónicas que órganos de inteligencia policial y militar han realizado desde hace muchos años para interceptar comunicaciones de organizaciones sociales y opositores políticos quedó legalizada por el Congreso Nacional en diciembre de 2011 y Publicada en La Gaceta. 29 de Enero de 2012. Aunque ya, el Código Procesal Penal, en el artículo 223 establecía procedimientos para que se puedan hacer algunas investigaciones de esa manera, a personas con suficientes indicios racionales de culpabilidad. Por esa razón, consideramos ésta y todas las leyes que atenten contra la privacidad a la intimidad y a la libertad de expresión son violatoria a nuestros derechos”, dice la denuncia.

Asimismo, ACI PARTICIPA, hace un formal llamado a las autoridades de la Fiscalía de Derechos Humanos y a Dirección de Protección a defensoras/es, para que realice una investigación exhaustiva sobre el ciberataque, dé a conocer públicamente los resultados obtenidos y castigue al o los culpables mostrando con hechos su intención de contribuir a la democracia, la paz y a la libertad que todos los hondureños esperamos.

ACI PARTICIPA ha estado trabajando en la protección de periodistas y defensores de derechos humanos cuya vida está amenazada por denunciar corrupción en la administración estatal.

http://www.clibrehonduras.com/alerta/aci-participa-sufre-ciberataque

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