AFL-CIO Supports Suspension of All U.S. Funding for Honduran Security Forces

The AFL-CIO supports the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act, which would suspend all funding to Honduran security forces. These forces have engaged in well-documented cases of excessive use of deadly force, abuse of power and entrenched corruption. Just this week, another indigenous activist, Yaneth Urquia Urquia, was kidnapped and murdered. The AFL-CIO calls for a suspension of funding from the U.S. Congress and loans from multilateral development banks until abuses by security forces stop and those responsible are prosecuted.

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Vicepresidenta del Congreso amenaza con demandas ante pronunciamientos públicos y uso de redes sociales

Alerta 123-16 | Honduras, viernes 08 de julio de 2016
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). La presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, amenazó con demandar a organizaciones y a personas que publicaron en las redes, pronunciamientos sobre sus posibles vinculaciones con el asesinato de la líder comunitaria y ambiental, Lesbia Yaneth Urquía Urquía.
En una declaración desde su curul de miembro directiva de la Cámara Legislativa, López manifestó que  “en un afán destructivo han hecho comunicados y señalamientos en las redes hacia mi persona, a fin de que no quede ninguna duda de mi deseo de justicia, he girado instrucciones a mi abogado marco Antonio Zelaya, para que después de un análisis de estos comentarios mal intencionados presente las acciones legales pertinentes conforme a derecho contra quienes lo hayan hecho”.
El cuerpo inerte de Urquía fue encontrado el pasado 6 de julio, cerca del botadero de basura del municipio de Marcala, departamento de La Paz, en el lugar denominado como “mata mulas”. El dictamen oficial del Ministerio Público señaló que el cuerpo presentada “un trauma encéfalo craneal abierto, producido por un objeto contuso cortante”.
La hipótesis inicial de la Policía Nacional fue el robo de la bicicleta que servía de transporte a la víctima, sin embargo este vehículo apareció el jueves en una hondonada de la zona.
Según el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la víctima estaba vinculada a la organización indígena “desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009 y activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I del municipio de San José, La Paz en la cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López”.
La congresista manifestó que hace “respetuosa solicitud para que no se contamine y divida la familia marcalina ni la familia hondureña con intereses mezquinos que dañan la honorabilidad de las personas a costa del agravio y la confrontación”.

Origen: http://www.clibrehonduras.com/alerta/vicepresidenta-del-congreso-amenaza-con-demandas-ante-pronunciamientos-públicos-y-uso-de

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Ley Berta Cáceres podría afectar la seguridad del país

Tegucigalpa, Honduras
La aprobación de la iniciativa de ley denominada Bertha Cáceres que se presentó en el Congreso de Estados Unidos afectaría directamente a la seguridad de Honduras.

Así lo manifestó el presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad del Poder Legislativo, Tomás Zambrano.

“Al retirar Estados Unidos el apoyo a la Policía Nacional y el apoyo a lasFuerzas Armadas estaríamos hablando que sería debilitar la lucha contra el narcotráfico y estaríamos expuestos a que Honduras se vuelva a convertir en un paso de la droga, como hace cinco años, y se aumentaría la violencia”, declaró Zambrano, quien es también prosecretario del Congreso Nacional.

Agregó que confían que esa iniciativa presentada hace unos días en el congreso estadounidense no sea aprobada por las consecuencias que traería para el país. Lainiciativa fue ingresada por cinco congresistas demócratas.

Zambrano aseguró que para que una iniciativa sea aprobada en el Congreso de Estados Unidos debe contar con la mayoría de votos de los 435 miembros que lo componen y, además, con los de la Cámara del Senado, que la integran 100 senadores.

La ley va orientada a que el gobierno de Estados Unidos limite las ayudas a las instituciones armadas y de seguridad de Honduras.

A su vez, el proyecto propone que el apoyo al país solo pueda restituirse cuando el gobierno hondureño haya penalizado a los responsables de haber asesinado el 3 de marzo a la exdirigente ambientalista Bertha Cáceres.

En el documento también se condena las diferentes muertes de muchos activistas de la zona del Bajo Aguán.

Además, la ley señala que las fuerzas militares hondureñas están viciadas e involucradas en muchos actos de corrupción. A su vez manifestó que el gobierno de Honduras está haciendo todo lo posible para que el crimen de Cáceres no quede en la impunidad y que ya hay personas judicializadas.

Origen: http://www.elheraldo.hn/pais/978300-466/ley-berta-cáceres-podr%C3%ADa-afectar-la-seguridad-del-pa%C3%ADs

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Honduras’ Special Commission on Police Reform: Genuine Cleanup Effort or Yet another PR Scheme?

Until a much larger percentage of the police force is investigated and held accountable, it is purely rhetorical to say the Special Commission for the Cleanup and Transformation of the National Police of Honduras has made significant progress.

Origen: Honduras’ Special Commission on Police Reform: Genuine Cleanup Effort or Yet another PR Scheme?

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GOBIERNO DE HONDURAS RECONOCE RESPONSABILIDAD EN CRIMEN DE BERTA

El secretario de Seguridad, Julián Pacheco, declaró a Canal 36 que hubo fallos para preservar la vida de la asesinada dirigente Berta Cáceres, quien tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado tenía la obligación de impedir cualquier atentado contra la activista social.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El secretario de Seguridad, Julián Pacheco, admitió hoy que el gobierno de Honduras es responsable del crimen de la dirigente ambientalista e indígena Berta Cáceres.

El funcionario declaró a Canal 36 que fallaron en la protección de Cáceres, quien tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado tenía la obligación de salvaguardar su integridad física.

Al respecto declaró a Cholusat Sur que “teníamos la obligación de protegerla. Fallamos en la protección”.

Consideró el titular de Seguridad que se cometieron “varios errores”, entre ellos, la continuidad de los mecanismos de protección y que ese trabajo “lo debimos haber tenido las 24 horas y no lo hicimos”.

“Se falló en la coordinación”, reconoció Pacheco y admitió que hubo comunicación con la asesinada dirigente, sin embargo, no se reforzaron las medidas de seguridad para Cáceres.

Es la primera declaración de un alto funcionario del gobierno de Juan Hernández, quien reconoce que se descuidaron las medidas de seguridad para mantener con vida a la fallecida coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien fue ultimada el pasado 3 de marzo en su vivienda en la occidental ciudad de La Esperanza.

Por este crimen fueron capturados cinco responsables materiales e intelectuales del crimen, entre ellos, un ejecutivo de la cuestionada empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA), propiedad de la familia Atala, y varios agentes de las Fuerzas Armadas.

Un militar retirado declaró al diario británico The Guardian que un comando de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) fue quien ejecutó a la activista social.

Esta revelación causó una airada respuesta del secretario de Defensa, Samuel Reyes, quien amenazó con proceder contra el rotativo que se edita en Londres si no rectificaba su versión.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1554-gobierno-de-honduras-reconoce-responsabilidad-en-crimen-de-berta

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Ambientalista Urquía del COPINH habría sido asesinada con un hacha

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por equipo médico- científico de Medicina Forense del Ministerio Público (MP), la ambientalista miembra del Consejo Coordinador de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) habría sido asesinada con un hacha o machete. La información se desprende luego que el cuerpo de la infortunada defensora de […]

Origen: Ambientalista Urquía del COPINH habría sido asesinada con un hacha – CRITERIO

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America’s funding of Honduran security forces puts blood on our hands

We should not work with Honduran police and military until the government defends human rights and holds security forces responsible for their crimes

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FUNCIONARIO HONDUREÑO RESTA IMPORTANCIA AL APOYO MILITAR Y POLICIAL DE EE.UU.

El secretario del gabinete Ebal Díaz advirtió que los militares seguirán en la calle pese al descontento de cinco legisladores de EE.UU. Indicó que “lamentamos la muerte que se han generado en el grupo de los copines y el gobierno hará lo necesario para aclarar y capturar a los responsables”. 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Uno de los principales funcionarios y asesor presidencial del gobierno hondureño, Ebal Díaz, ha dicho sin ambages que no importa perder la ayuda de EE.UU. al referirse al proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras, impulsado en el congreso de Estados Unidos para suspender al país la ayuda en materia militar y policial.

El proyecto propone que la asistencia a Honduras solo pueda reanudarse una vez que el Departamento de Estado verifique que el gobierno hondureño ha sancionado a los responsables de violaciones de Derechos Humanos, entre otros, los asesinatos de periodistas, de Berta Cáceres y de un sinnúmero de activistas en el Bajo Aguán.

El documento expone que la Policía hondureña está corrupta y asesina y demanda que se sancione a los uniformados que han violado los derechos humanos y a todos aquellos que participaron en la muerte del general Arístides González y el experto en narcotráfico Alfredo Landaverde.

Al respecto, Ebal Díaz advirtió que los militares seguirán en la calle el tiempo que sea necesario pese al descontento de cinco legisladores de los Estados Unidos.

El funcionario indicó que “lamentamos la muerte que se han generado en el grupo de los Copines y el Gobierno hará todo lo necesario para aclarar y capturar a los responsables”.

Al preguntarle sobre si el gobierno de Hernández no teme perder la ayuda de Estados Unidos, Díaz dijo sin ambages: “no importa, los hondureños tenemos el deber de proteger al pueblo hondureño y si para eso los militares tienen que seguir en las calles van a seguir en las calles”, concluyó.

“Desafortunadamente los asesinatos suceden en cualquier país del mundo, no es posible que cada quien traiga un policía a la par, pero tenemos que trabajar para que estas cosas no sucedan”, expresó.

Además manifestó que en todo parlamento hay juegos políticos, sin embargo hay que tratar de entender ese esquema. Al tiempo que comentó que “en materia de seguridad el país ha avanzado, pero no es posible que cada ciudadano traiga un policía a la par”.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1555-funcionario-hondureno-resta-importancia-al-apoyo-militar-y-policial-de-ee-uu

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España condena el asesinato de activista del Copinh

Origen: España condena el asesinato de activista del Copinh – Diario La Tribuna Honduras

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Honduras: MILPAH denuncia que autoridades de Santa Elena boicotean consulta al pueblo

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/07/milpah-denuncia-que-autoridades-de.html

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Indignados piden a senadores de EEUU aprobar “Ley Berta”

Un grupo de ciudadanos,facción del grupo 300 Indignados, pidieron a congresistas y senadores de Estados Unidos aprobar la “Ley Berta”.

Origen: Indignados piden a senadores de EEUU aprobar “Ley Berta”

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“Te voy a matar si seguís defendiendo estos vagos”: advierten a defensor de derechos humanos por caso de la UNAH

Alerta 121-16 | Honduras, viernes 08 de julio de 2016
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El Comité Para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), denunció que uno de sus procuradores fue amenazado de muerte por un Sub Comisario de Policía, identificado como  Jorge Guzmán.
El procurador Jorge Jiménez fue recibido con amenazas cuando constataba la situación de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), detenidos dentro de su centro de estudios el pasado 01 de julio.
Jiménez se dirigió a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con el objeto de constatar la situación de los estudiantes detenidos ilegalmente dentro de la UNAH.
De acuerdo con la denuncia de la organización, “cuando equipo del CODEH se hace presente para constatar la condición de los detenidos se encontraba en las afueras de la DPI un pelotón de policías Cobras, al mando del Sub Comisario Jorge Guzmán, quien está asignado al Comando Cobras. Cuando el joven procurador Jorge Jiménez, se identificó con su carné y chaleco y le manifestó el interés de ingresar a constatar la condición de los detenidos, este le manifestó de manera ofensiva lo siguiente: a mí me vale ver… los derechos humanos, te voy a matar, si seguís defendiendo estos vagos para mí lo que vale es esto, refiriéndose a las insignias policiales. Después procedió a tomar fotografías y a empujarlo”.
El pasado primero de julio, 22 estudiantes universitarios fueron detenidos en el desalojo de las instalaciones de la máxima casa de estudios, por parte de la Policía Nacional.
Los defensores ponen “en alerta” a las organizaciones y condenan el “cobarde hecho donde se pone en riesgo la vida de nuestro compañero” al tiempo que hacen un llamado a las organizaciones de derechos humanos a denunciar este tipo de hechos que evidencia la falta sensibilidad de parte de agentes de seguridad del estado.

Origen: http://www.clibrehonduras.com/alerta/“te-voy-matar-si-segu%C3%ADs-defendiendo-estos-vagos”-advierten-defensor-de-derechos-humanos-por

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US investigating allegations Honduran military had hitlist of activists to target

State department review of Guardian allegations comes as a group of Congress members renew call to suspend all US aid to Honduran police and military

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Pacheco que el Estado contribuyó en muerte de Berta Cáceres

El titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, en comparecencia a los medios que el muerte de Berta Cáceres

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Honduras: Los asesinatos de las defensoras de los ríos y La distorsión de la Consulta Previa

El asesinato el pasado 6 de julio de Lesbia Yaneth Urquía Urquía acontecido en Marcala, se dio a los cuatro meses y cuatro días del asesinato de Berta Cáceres, teniendo como denominador común la r…

Origen: Honduras: Los asesinatos de las defensoras de los ríos y La distorsión de la Consulta Previa

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CRISIS EN LA UNAH TIENE SUS RAÍCES EN POLITICAS PRIVATIZADORAS DE LA EDUCACIÓN

Las rutinas nos acostumbran a los mismos movimientos, a las mismas personas y a los mismos escenarios; en la sociedad es igual, para saber su realidad es necesario acudir a los espejos y a las rutinas.

Los centros educativos son el reflejo de las sociedades, Honduras no es la excepción y la última coyuntura educativa marcada por protestas desde el 2012, diagnostica la polarización social que vive la nación centroamericana.

Al hablar de rutinas nos referimos a una agenda establecida que se cumple cotidianamente al pie de la letra. En los centros educativos de países desarrollados ese procedimiento nos muestra a diario: maestros, alumnos, aulas de clase, debate permanente, vinculación con la sociedad y críticas constructivas sobre temas de interés público y político.

Pero esto ocurre solo en algunos países, cuya cultura es tan avanzada que a miles de kilómetros de distancia con naciones del tercer mundo dibuja una disyuntiva asimétrica de atraso educativo.

Honduras no se salva de las diferencias y el espejo de la realidad junto a las rutinas  lo evidencia. No es para menos,  el ejemplo se encuentra en este momento en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el centro de educación superior público más importante del país que alberga a más de 80 mil estudiantes a nivel nacional.

En el último mes, la UNAH vive un proceso de lucha complejo, donde la rutina se caracteriza por falta de clases, toma estudiantil, acusaciones criminales, desalojos violentos, ausencia de diálogo y radicalismos.

El punto que detonó el conflicto fue la aprobación y entrada en vigencia de nuevas Normas Académicas, reformas calificadas por las autoridades como un avance en materia de calidad educativa y que va en el marco de la Cuarta Reforma universitaria, que tiene el objetivo de generar gobernabilidad y convertir a la UNAH en un centro que responda a las características de educación internacional.

En el otro extremo del conflicto están los estudiantes, principales opositores a las reformas; los manifestantes afirman que las modificaciones responden a un plan de exclusión y privatización, además han denunciado en reiteradas ocasiones a las autoridades quienes a través de la Cuarta Reforma impulsan las iniciativas.

Las raíces del conflicto

“Este conflicto hay que verlo desde distintas perspectivas, pues la razones van más allá de la discusión educativa, acá hay un evidente acontecimiento político en marcha y en eso es necesario detenernos”, afirmó el estudiante de la carrera de Sociología de la UNAH en el Valle de Sula Ovét Córdova, quien en este momento es acusado por detentar espacios públicos por parte de las autoridades universitarias quienes a través del Ministerio Público piden la aplicación de la pena contra él y otros 74 alumnos más a nivel nacional, sanción que contempla más de cinco años de reclusión en un centro penal.

Córdova hace la afirmación basando su análisis en la última coyuntura política, pues el Golpe de Estado del 2009 abrió un nuevo proceso social y político, que además de acelerar la polarización, agudizó los conflictos sociales.

“Hay que tener en cuenta que la situación actual de la universidad es parte de una política de continuación del Golpe de Estado, que incluye la represión, privatización y ataques a los sectores más desposeídos”, expresó Córdova.

Por su parte las autoridades han repetido en distintos espacios que ellos no persiguen ningún plan privatizador y que esa es una evidencia del carácter político y no educativo del conflicto. La rectora de la universidad Julieta Castellanos ha dejado claro que cuando de poner orden se trata a nadie le gusta, y a partir de eso empiezan las acusaciones de todo tipo.

Entre las acusaciones de ambas partes se dibujan cuatro factores claves en el problema: políticas internacionales aplicadas en la educación hondureña, intervención de la clase política en asuntos educativos, la falta de democracia interna en la UNAH y la carencia de un diálogo íntegro y consensuado.

Una política internacional en la educación hondureña

“No podemos ver la situación de la educación en Honduras, sin antes echar un vistazo a la coyuntura internacional, países como Chile, Colombia, Argentina y México muestran los procesos de lucha estudiantil quienes en este momento se oponen a un proceso privatizador de la educación a través de paquetes neoliberales impulsados en primera instancia por el Fondo Monetario Internacional (FMI) quienes a cambio de financiamiento a los Estados piden la privatización de todo lo que se les cruce en el camino”, siguió comentando Córdova.

“Las Normas Académicas son un pequeño peldaño en un plan de privatización, en Chile se aumentaron las políticas de exclusión, en Colombia se reformó la Ley de Educación Superior que plantea reformas privatizadoras y en Honduras se impulsa desde el gobierno, universidades privadas y autoridades de la UNAH una nueva Ley de Educación Superior que agudiza la exclusión y entrega la administración de la educación a la empresa privada”, caracterizó Erlin Gutiérrez estudiante de Ingeniería Mecánica.

A finales del 2012, las autoridades de la UNAH iniciaron la socialización del anteproyecto de Ley de Educación Superior (LES), abriendo la polémica sobre poner la autonomía universitaria en manos de las universidades privadas y además violentando la Constitución de la República que en su artículo 160 otorga a la UNAH como única  rectora de la educación superior a nivel nacional.

Sobre el tema, la rectora ha manifestado que en ningún momento la autonomía está en riesgo, tampoco la rectoría de la educación nacional, pero que es necesario impulsar una nueva LES, pues la actualidad necesita modificaciones de mejoras educativas que permitan la competencia internacional.

En la actualidad, Honduras tiene 20 centros de educación superior, 3 estatales y 14 privadas.

Durante más de diez años la UNAH vivió un ambiente sin protestas, años atrás el sindicato, los profesores organizaban jornadas por la defensa de la educación, pero estas organizaciones entraron en un proceso de degeneración, cayendo en actos de corrupción, tráfico de plazas y entre otras razones que permitieron sanciones y una política de persecución desde las autoridades.

Ese es el principal logro, que analistas en materia de educación han reconocido sobre la figura de la rectora Julieta Castellanos, a quien atribuyen la reestructuración del centro e incluso la desmovilización de organizaciones que en los momentos más agudos de lucha generaban pérdida de clases.

“La coyuntura fue muy bien aprovechada, pues las organizaciones fueron víctimas de sus desviaciones y eso permitió su destrucción y contribuyó a la aplicación de nuevas medidas que en nada le vienen bien a la universidad”, dijo un docente que aún integra el sindicato, pero que prefirió omitir su nombre por miedo a tener una sanción.

Y es que el sindicato ha denunciado en múltiples comunicados públicos que en la universidad hay una ley mordaza y quien habla contra la rectora es acusado de estar en contra de la Cuarta Reforma Universitaria.

El docente que desde su anonimato se atrevió a hablar, aseguró que en la universidad se está aplicando un plan desde la clase política, pues el objetivo es detener la oposición, instalar una dictadura y permitir que las reformas se apliquen sin que nadie se atreva a decir nada.

“Desde el Golpe de Estado a la fecha, Honduras ha vivido transformaciones, el gobierno ha destruido todo tipo de organización que le apueste a llevarle la contra, y acá se aprovecharon todos los espacios, sindicatos de empresas estatales, magisterio y el fenómeno de la universidad no es aislado”, dijo el analista político Tomás Andino en un análisis sobre el retroceso de la clase obrera en Honduras en los últimos años.

Entre avances y retrocesos

El proceso más valioso desde los análisis de la clase intelectual hondureña ha sido el proceso de Cuarta Reforma Universitaria, que entró en vigencia en febrero del 2005. Este 2016, la iniciativa cumple once años y junto a ello las autoridades tienen un conjunto de datos para presumir de su gestión.

Entre algunos datos que manejan, con la Cuarta Reforma, hasta el 2013 lograron reducir de un 39% a 17% la franja de estudiantes en riesgo académico; es decir, que reportan un índice menor de 60.

El Vicerrector de la UNAH Ajax Irías aseveró que este mejoramiento es el resultado de distintas variantes, entre ellas la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), el control docente para que impartan sus clases, la reducción del ausentismo de los alumnos y la política de estímulo académico dirigido a los estudiantes a través del sistema de becas.

“De los 69 millones de lempiras que la universidad capta en concepto de matrícula anual, en promedio el 70% se destina a beca y la aspiración es que todo ese fondo sirva precisamente para desarrollar políticas de inclusión en la UNAH a través de este sistema de estímulo”, dijo Irías.

Asimismo con la Cuarta Reforma las autoridades presumen de iniciar un proceso de inversión en infraestructura que en su mayor expresión se ha dado en Ciudad Universitaria, con la construcción de llamativos edificios.

El nuevo sistema de admisión a través de la Prueba de Aptitud Académica, a criterio de las autoridades ha permitido depurar la universidad, poner orden y límites para quienes ingresan a la universidad.

“La Cuarta Reforma debe continuar, docentes, personal administrativo y estudiantes deben acuerpar medidas que le apuestan a las transformaciones positivas”, argumentó Julieta Castellanos.

“Nosotros estamos de acuerdo con los cambios, más si son positivos, pero no compartimos los métodos y algunos contenidos de los cambios, creemos que dentro de la Cuarta Reforma hay acontecimientos que no colaboran con mejoras educativas.

Para empezar, la Prueba de Aptitud Académica no es más que una herramienta de exclusión, según nuestros conteos gracias a los datos proporcionados por las autoridades, hasta la fecha ya van más de cien mil estudiantes que no han podido ingresar a la UNAH y por ende les toca irse a una privada o no estudiar, la universidad les niega por esa vía el acceso a la educación.

Reconocemos que se han registrado mejoras en la infraestructura, pero todo está centralizado en la capital, los centros regionales son un desastre, no hay laboratorios óptimos para las carreras y tampoco se conoce una política sistemática de cambios para estos centros.

Para aplicar la reforma se instaló una dictadura y quien la critique es antireforma, eso solo evidencia la actitud dictatorial las autoridades, quienes aprovecharon la normativa para atacar a los grupos organizados dentro de la universidad y aplicar la guillotina a quienes se oponen.

Siempre estaremos a favor de reformas positivas, pero cuando estas dejan de serlo y se convierten en una alternativa de represión, persecución, exclusión y privatización, nos opondremos.

La LES, las Normas Académicas, la represión interna, la falta de democracia, la imposición de representantes ante los órganos de gobierno también son parte de la Cuarta Reforma, pero eso nadie lo dice y quienes lo vemos desde una crítica constructiva somos acusados de amenazar el proceso de reforma”, concluyó sobre el tema Ovét Córdova.

“Seguiremos adelante con la reforma universitaria, de ésta depende el avance de la máxima casa de estudios”, dijo en un medio de comunicación la rectora Castellanos.

Y fue así como el agua corrió su cauce, la Cuarta Reforma Universitaria entró en vigencia en 2005, el orden llegó a la universidad, el sindicato perdió su organización, la Asociación de Profesores también, los estudiantes fueron incapaces de movilizarse en diez años, la tranquilidad y armonía parecían por fin haber llegado a la máxima casa de estudios.

El génesis de la movilización estudiantil

Hubo un punto de partida para ocasionar  la crisis que actualmente mantiene el centro sin clases por más de un mes y a 75 estudiantes a punto de ir a la cárcel.

En el fútbol existen las pruebas. Cuando un jugador llega por primera vez a un equipo, lo hace acompañado de una referencia, pero para constatar esa recomendación es necesario probarlo. Eso sucedió en la universidad, la rectora Castellanos se convirtió en el perfil perfecto para poner orden en la universidad y pasó la primera prueba: evitar manifestaciones y pérdida de clases.

“Lo mismo sucedió con el magisterio, el gobierno le apostó a Marlon Escoto, destrozó al magisterio (columna vertebral del movimiento popular durante el Golpe de Estado), lo acorraló a tal punto de sembrar miedo y aprobar normativas lesivas como lo es la Ley Fundamental de Educación y seguir con la política del FMI de exclusión y privatización”, comparó el dirigente magisterial Nestor Alemán en un análisis de la coyuntura en Radio Progreso.

Según lo que aún queda vivo del sindicato, eso es lo que ocurrió en la UNAH. Los argumentos y denuncias públicas recalcan que el gobierno de Porfirio Lobo y de Juan Orlando Hernández como su continuador, acuerparon la gestión de Castellanos, pues les generaba confianza y orden en un espacio que por momentos se convertía en una amenaza para el gobierno.

La universidad ha sido una plataforma de lucha que se ha profundizado tanto a lo interno como a lo externo, la década de los ochenta fue testigo de ello, en medio de la Doctrina de Seguridad Nacional, se aplicó persecución a dirigentes estudiantiles a tal punto de ser torturados y asesinados, todos acusados como promotores del Socialismo que en ese momento pregonaba la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que más adelante sucumbieron ante la caída del muro de Berlín.

Junto a los ladrillos derrotados de ese muro, años ulteriores los movimientos populares entraron en una profunda derrota, de la que costó levantarse,  el movimiento estudiantil no fue la excepción.

La nueva coyuntura que acabó con la paz en la máxima casa de estudios surge a partir de la lucha contra la discusión del anteproyecto de Ley de Educación Superior, desatando manifestaciones de más de tres mil estudiantes solo en el centro del Valle de Sula.

El gobierno no imaginó que era el comienzo de la crisis actual. A un año de finalizar el periodo gubernamental de Porfirio Lobo en el año 2013 Julieta Castellanos cerraba su periodo como rectora de la universidad, los resultados de su gestión fueron alabados por toda la clase política: intelectuales, iglesias, docencia, presidente y Congreso Nacional.

Fue en ese momento donde el gobierno apostó a su continuidad, el 23 de marzo del 2013 un mes antes de su tiempo en ley como rectora, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la reforma al artículo 264 de la Constitución de la República, que establece que el rector de la UNAH durará en su cargo hasta cuatro años.

La reelección se aprobó, junto a ella su posterior nombramiento a través de un proceso donde el claustro de profesores le respaldó por unanimidad, dejando a un lado la candidatura del doctor Nelson Ávila quien también aspiraba al cargo.

“Interpusimos un recurso de inconstitucionalidad, estudiantes de derecho  a través de la Federación de Asociaciones de Estudiantes (Fae) acudimos a la Corte Suprema de Justicia para reclamar por la ilegalidad, fue hasta el 2016, cuando la Corte se pronunció, declarando inadmisible la petición”, dijo Noel Barahona, abogado del movimiento estudiantil.

En su segundo periodo, el primer movimiento de Castellanos fue organizar a las universidades privadas y sentarlas a discutir la LES, la polémica abrió su primer capítulo y las acusaciones de violentar la autonomía empezaron a sonar en el imaginario colectivo estudiantil.

El segundo movimiento de las autoridades fue el nombramiento de representantes estudiantiles de forma unilateral sin un proceso de elecciones, tal y como lo establece la Ley Orgánica de la UNAH.

“Nosotros no tenemos la culpa que las elecciones estudiantiles hayan fracasado, ellos nunca se pusieron de acuerdo y el Consejo Universitario (máximo órgano de gobierno de la UNAH) no podía quedar sin representación estudiantil”, dijo Ajax Irías actual vicerrector Académico.

“Ahí nos impusieron sus representantes, los directores de carrera que son promotores de la rectoría colaboraron para ello, llamaron a los estudiantes que no se involucraban en luchas y los ubicaron en los cargos de representación estudiantil, los pusieron sin consultarle a los estudiantes, por lo tanto ellos son una representación ilegal”, dijo el estudiante de Sociología Moises Cáceres en el desarrollo del Encuentro Nacional de Estudiantes Unviersitarios en septiembre del 2013 en San Pedro Sula.

Cáceres en la actualidad también es criminalizado, él junto a 74 más atraviesa un proceso de judicialización por suponerlo responsable de organizar tomas en Ciudad Universitaria.

En ese momento se consolidaron dos organizaciones dentro de la UNAH, en Ciudad Universitaria la Plataforma de Organizaciones Estudiantiles (POE) y en San Pedro Sula la Federación de Asociaciones de Estudiantes  (FAE), ambas estructuras denunciaron en repetidas ocasiones a las autoridades en su procedimiento y también presentaron un recurso ante la Corte, acusando de violentar los artículos 8 y 17 de la Ley Orgánica de la UNAH.

“La crisis que ahora todo mundo discute fue generada por las autoridades, la Ley Orgánica es clara y nosotros lo hemos estado denunciando, pero fue imposible tener resultados bajo una dictadura administrativa en la UNAH y en el gobierno que a través de la CSJ anuló cualquier intento legal”, continuó detallando Cáceres.

Y fue bajo esos parámetros que la primera etapa del conflicto educativo tuvo vida y se evidenció el papel de la clase política en el conflicto conjugado con una carencia de democracia interna dentro de la máxima casa de estudios.

La etapa que abrió las Normas Académicas

“Queremos mejorar la calidad educativa,  las Normas Académicas aplicarán modificaciones al índice de aprobación, tomara algunas medidas para las personas que abandonan clases, y también aplicaremos mejoras en los planes de estudio”, manifestaron las autoridades al momento de entrar en discusión las Normas Académicas en el Consejo Universitaro.

El Consejo contaba con representación de todos los espacios, incluyendo a los estudiantes nombrados por las autoridades, ahí se discutió y aprobó la normativa.

De inmediato la iniciativa generó polémica y rechazo del movimiento estudiantil; la segunda etapa de lucha había iniciado.

“La universidad quiere mejorar la educación vía decreto, no podemos tener esos cambios tan bruscos cuando hay precariedad en los centros regionales, los edificios ya se caen, baños en mal estado y laboratorios obsoletos”, denunció Erlin Gutiérrez.

El primer round de las Normas Académicas se dio a finales del 2014, dejó tomas de siete centros regionales y criminalización.

LEA MÁS SOBRE LAS NORMAS ACADÉMICAS AQUÍ

La situación que atraviesa la UNAH en estos momentos es la continuación de la aprobación y aplicación de las Normas Académicas, que entraban en vigencia en este periodo, pero más allá de ese fenómeno se siente la ausencia de un diálogo sincero, íntegro y constructivo.

Hasta el momento hay un mes de inactividad académica, junto a ello dos desalojos violentos, una propuesta de dialogo infructuosa y un nuevo llamado a la conversación vigente.

“Las autoridades han tenido en sus manos solución al conflicto de la universidad, no han podido manejar la situación. En el momento de nombrar a estudiantes de dedo, pudieron dialogar, pero nunca lo hicieron, ahora es tan necesario y urgente para poner fin al conflicto”, dijo Moises Cáceres en una entrevista a Radio Progreso, durante la audiencia inicial en su contra por el Ministerio Público.

“Siempre hemos estado abiertos al diálogo, los estudiantes han tomado posturas radicales, pero nosotros los invitamos incluso cada semana en el centro del Valle de Sula a dialogar todos los miércoles para conocer los problemas cotidianos del centro”, dijo Francisco Herrera director de la universidad en el norte de Honduras en una conferencia de prensa.

“No podemos conversar si nos quieren meter presos, no podemos fingir que todo está bien cuando nos ponen una pistola en la cabeza”, dijo Marcos Rubí estudiante de Sociología antes de su audiencia inicial en los Juzgados sampedranos.

“En este momento es necesario un diálogo, pero más allá de eso se necesita un componente mediador, además que ambas partes dejen de verse como enemigos, hay que consensuar, y construir una nueva representación estudiantil, un proceso íntegro de Normas Académicas y democratizar los espacios, este puede ser el inicio a la crisis”, dijo el catedrático universitario Eugenio Sosa.

“La falta de diálogo conduce a la represión, y en este caso es lo sucedido en la universidad, apostándole a la criminalización de la protesta social, término que en este momento ha generado preocupación de la comunidad internacional”, expresó el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía.

“Acusar, reprimir y desalojar es sólo echarle gasolina al fuego, es necesario conversar de forma urgente”, dijo el comisionado universitario en el Valle de Sula, Amado Mencía.

Tan agudo es el conflicto que entrar a un diálogo sin desconfianzas es casi imposible. Los estudiantes ponen algunas condicionantes para conversar: que se deroguen los procesos de criminalización, que se discutan las Normas Académicas y que se hable de la representación estudiantil.

En esta semana, las autoridades han presentado un nuevo ofrecimiento y es dialogar bajo dos condicionantes: discutir los procesos judiciales y la representación estudiantil.

“Vemos con buenos ojos la propuesta de las autoridades, nos acercaremos para decirles antes de dialogar que nos podemos sentar pero si quitan los procesos judiciales, que se incluya la discusión de las Normas Académicas y que se conforme una mesa mediadora”, dijo un integrante del Comité de Huelga que omitió su nombre por miedo a la criminalización.

“Estamos en la disposición de dialogar, ya días lo queremos hacer, ojalá que este evento sea la salida al problema”, dijo Ajax Irias durante el acercamiento del viernes en horas de la mañana del movimiento estudiantil en Tegucigalpa.

La moneda está en el aire, la crisis actual está a las puertas de un diálogo que solo podrá consumarse en la medida que ambas partes cedan un poco en sus planteamientos.

Mientras tanto, los retos dentro de la máxima casa de estudios continúan siendo: respeto a la representación estudiantil, diálogos permanentes, democratizar los espacios y construcción de normativas que beneficien a la comunidad universitaria en su conjunto; mientras esto no suceda, nuevas etapas de conflicto se presentarán en los próximos meses.

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/3016-conflicto-en-unah-tiene-ra%C3%ADces-profundas-en-procesos-de-reforma-académica

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VIOLENCIA SIGUE ENSAÑÁNDOSE CON RUBRO DEL TRANSPORTE

Solo meses separaron el crimen de William Pineda (32), un taxista de la ciudad de El Progreso, Yoro, al norte de Honduras, uno de los más violentos según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH, del asesinato del presidente de taxis colectivos de la colonia Bendeck, Óscar Miranda.

Miranda fue sorprendido por desconocidos que llegaron hasta el punto de taxi, sin mediar palabra sacaron su pistola y acabaron con su vida. Sus compañeros fueron testigos del violento hecho. Se movilizaron para auxiliarlo pero los disparos fueron certeros.

En el momento que Óscar estaba en su lecho de muerte, a 234.1 km de distancia, en Tegucigalpa, un nuevo ataque contra los transportistas se registraba. La víctima era un joven que trabajaba como cobrador de buses. El hecho ocurrió en el anillo periférico, cerca de la colonia San Ángel. La víctima fue reconocida como Rafael, quien trabajaba como cobrador en la ruta Hato de Enmedio-Los Robles.

Hasta ahora ninguno de los crímenes ha sido investigado. Los muertos caen en el saco de la impunidad en Honduras, un país donde 8 de cada 10 asesinatos jamás se investigan, los ejecutores siguen libres, quizás provocando muchas muertes más.

Un problema nacional

Los crímenes contra transportistas se enmarcan en una realidad de violencia. Honduras se ubica entre las naciones más violentas del mundo, con dos ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula, que registran la mayor cantidad de asesinatos en el planeta.

Para diversos analistas esa violencia tiene raíces en la desigualdad y pobreza en que se encuentra su gente. A ese empobrecimiento se une la impunidad, los asesinatos no se investigan, lo que provoca repetición de hechos.

“Es una difícil situación, los crímenes están a la orden del día para todos los sectores. De forma particular para los transportistas, somos nosotros lo más afectados y hasta ahora no hemos encontrado una fórmula para detener tanta violencia”, dijo en entrevista a Radio Progreso, Jorge Lanza, presidente de la Federación de transportistas de Honduras.

Hasta inicio de julio de 2016, 63 homicidios contra transportistas se ejecutaron, además de siete unidades que fueron incineradas como represalia por negarse al pago de extorsión.

Lo anterior fue confirmado por la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, quien consideró que “esto es alarmante porque se les da en lo que más les duele que es la vida humana, el bien más preciado y sobre todo porque esto va en aumento”.

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Ley de transporte

Bajo el argumento que con esa legislación se controlarían los crímenes dirigidos a los transportistas, a finales de 2015 e inicio de 2016, el Congreso Nacional aprobó la nueva Ley de Transporte.

Después de varios meses de confrontaciones, los empresarios del transporte y gobierno fumaron la pipa de la paz con la aprobación de esta ley que regulará el transporte terrestre en Honduras.

La ley dio el paso a la creación del nuevo Instituto Nacional del Transporte Terrestre, INTT, instancia responsable de regular el rubro, además de la emisión y cancelación de las licencias de conducir de cualquier tipo.

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Seis meses han pasado desde su aprobación en el Legislativo, pero los transportistas lamentan que poco o nada se haya puesto en práctica. “la nueva ley de transporte está aprobada pero falta que los asesores se acerquen a los transportistas para comenzar a reglamentar el rubro. Lamentamos que luego de tanto tiempo los tres comisionados nombrados para encargarse del Instituto de Transporte Terrestre busquen espacio de discusión con los dirigentes.  Aunque haya nueva ley la situación continuará igual o peor”, dijo Jorge Lanza.

El gobierno anunció que con la entrada en funciones de la nueva Ley de transporte las viejas prácticas de corrupción se acabarían. Seis meses después nada ha cambiado, los transportistas denuncian manoseos y abusos de autoridades ligadas al rubro del transporte.

Esa corrupción movilizó a los transportistas urbanos de la zona sur. Decenas de unidades urbanas en Choluteca se movilizaron recientemente en repudio a la corrupción que impera en la emisión de permisos de operación, además del tráfico de rutas.

“Realizamos una caminata, allí dejamos claros que rechazamos la forma cómo se maneja este rubro, los transportistas no queremos más corrupción, queremos que nos dejen trabajar. Rechazamos la forma amañada para la emisión de los permiso y el tráfico que se da en las rutas”, declaró Manuel Molina, presidente del transporte urbano en Choluteca.

Sobre las extorsiones Molina agregó que la situación está empeorando debido a la presencia de bandas criminales que llegaron al departamento para cobrar el denominado “impuesto de guerra”. Ahora la mayoría de los negocios y unidades se ven obligadas a pagar,  de lo contrario su vida corre peligro, concluyó diciendo el presidente del transporte en el sur de Honduras.

La nueva Ley de Transporte está en vigencia con la publicación del decreto en el Diario Oficial, La Gaceta. La Ley contiene 103 artículos que incluyen la creación de un nuevo ente encargado de regular el sector, así como medidas antiextorsión. Los transportistas y la ciudadanía se preguntan, ¿será capaz de contener la violencia e inseguridad que se vive en el sector?

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/3020-violencia-sigue-ensañándose-con-rubro-del-transporte

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NUEVO ASESINATO DE LÍDER SOCIAL EN EL PAÍS MÁS PELIGROSO PARA DEFENSORES Y DEFENSORAS

Honduras, este país pequeñito que hasta hace poco, muchas personas de lo que llaman primer mundo apenas podían señalar en el mapa, se ha convertido en el país más peligroso para las personas que defienden sus tierras y bienes naturales. El asesinato de Berta hizo que la cifra resplandeciera más, el dato supera los cien activistas del medio ambiente asesinados, facilitado la caracterización del país como el más violento para los dirigentes comunitarios por la organización Global Witness. En este contexto fue asesinada esta semana Lesbia Yaneth Urquía.

Lesbia formaba parte de las bases del Consejo Indígena de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (Copinh), madre de dos hijas y un hijo, fue asesinada a machetazos en el municipio de Marcala, La Paz.

En este departamento existe una fuerte resistencia contra proyectos hidroeléctricos, especialmente tres represas que el esposo de la vicepresidenta del Congreso Nacional. Gladys Aurora López ha instalado sobre sus ríos. La Policía Nacional ha dicho que el primer móvil del asesinato es asalto, pues la bicicleta en la que ella se transportaba fue robada.

En 2009, durante el gobierno de Roberto Micheletti se aprobaron 111 concesiones de ríos para represas hidroeléctricas. El gobierno actual pretende que la matriz energética llegue a ser 30% con base en combustibles fósiles y el 70% renovable. Sin embargo se ha declarado incapaz de invertir para que la producción sea estatal y ha creado todo un marco jurídico para facilitar a empresarios nacionales y trasnacionales la generación de energía limpia.

Organizaciones como Copinh, que Berta fundó y lideró hasta el día de su asesinato, sostiene que las comunidades, especialmente las indígenas y afrodescendientes, no han sido consultadas en ese proceso y se ha generado una conflictividad que ha llevado a cientos de asesinatos, convirtiendo a Honduras ya no solo en un país violento en general, sino en el país más violento para quienes defienden la naturaleza.

“El asesinato de la Lesbia Yaneth se da suspicazmente en el marco de un proceso de consulta llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e informada a la que tenemos derecho las comunidades indígenas amparadas en la legitimidad de nuestra historia y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas reuniones en las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se reealizaron en el municipio de Marcala los días 4 y 5 de julio.

Este asesinato se produce a 4 meses y 4 días del asesinato, Berta Isabel Cáceres Flores, y nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza, organizados en el Copinh”, dicta un comunicado de esta organización.

La vicepresidenta del Congreso, Gladys Aurora dijo en conferencia de prensa que procederá legalmente contra quienes la acusan por este asesinato y el conflicto en la zona.

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Impacto internacional

El partido de izquierda en España, PODEMOS, expresó en un comunicado “condenamos el asesinato de Lesbia Janeth y nuestra repulsa de este tipo de situaciones que, lamentablemente, se han repetido en Honduras en los últimos años y especialmente desde el Golpe de Estado del 2009.

Es fundamental que el gobierno hondureño tome las medidas necesarias para terminar con el clima de impunidad en que se producen estos asesinatos”.

A la condena de este asesinato también se unió el M4, “desde nuestras Redes y Movimientos en México y Mesoamérica condenamos que estos hechos se sigan repitiendo, sin que el gobierno hondureño muestre la capacidad para garantizar la seguridad de los integrantes del COPINH y las organizaciones que defienden los derechos indígenas y de la madre tierra en ese país.

Condenamos también la falta de transparencia en las investigaciones del asesinato de la compañera Berta Cáceres y la negativa del gobierno hondureño en que se conforme un grupo de investigaciones independiente para este caso”.

El llamado de atención por parte de la comunidad internacional ha presionado al Estado de Honduras a dar, al menos, luces de justicia en el caso de Berta Cáceres principalmente, como también el caso de tantos y tantas defensoras amenazadas en el territorio.

Hoy, en entrevista exclusiva para Cholusat Sur, el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad Julián Pacheco Tinoco, aceptó la responsabilidad del Estado en el asesinato de Cáceres. Dijo: “teníamos la responsabilidad de protegerla y se falló en eso. Cometimos varios errores, falló el seguimiento, falló la coordinación, es un problema que tenemos que corregir”.

Esto en el marco de una ley que se impulsa en Estados Unidos para reducir apoyos económicos a Honduras mientras persista la impunidad en este caso. La ley se llama ““Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”, fue introducido por un grupo de cinco demócratas, encabezados por Georgia Hank Johnson.

La iniciativa propone que la asistencia sólo pueda reanudarse una vez que el Departamento de Estado verifique que el gobierno hondureño sancione a los responsables de los asesinatos de Berta Cáceres y de otro centenar de activistas en el valle Aguán.

Además que se sancione a policías y militares acusados de violar derechos humanos y exima a las fuerzas armadas de labores policiales.

“Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato”, establece el documento en la sección dos.

Un mensaje para los luchadores y luchadoras 

El coordinador de Copinh, Tomás Gómez expresó en Radio Progreso que el asesinato de Lesbia “es un mensaje más para decirle a los luchadores que no sigan porque viene fuertemente el monstruo con las uñas agarrando todo lo que se le pone por delante. Y que es capaz de asesinar, intimidar, destruir a los humanos”.

Gómez asegura que la funcionaria Gladys Aurora López la intimidó en varias ocasiones para que no se organizara en Copinh. “Nosotros no tenemos confianza en las investigaciones del gobierno porque ellos no van a decir nada que afecte a la administración pública ni a la empresa privada”, dijo.

Por su parte, Martin López, del Movimiento Indígena de La Paz en Honduras (Milpah), dijo que en la actualidad la lucha más fuerte  en su departamento es con la ley de ordenamiento territorial que no contempla la propiedad comunitaria, y la instalación de hidroeléctricas en sus ríos. “En este momento se está haciendo una socialización de la ley de consulta, pero nosotros creemos que ésta debe ir acompañada de la derogación de la ley de concesiones mineras e hidroeléctricas.

El primer autor intelectual es el presidente de la república porque vende los bienes comunes, después vienen las empresas trasnacionales, nacionales y algunos activistas del partido en el poder como Gladys aurora y su esposa. Hay un proceso de selección para asesinar a los líderes”, dijo.

En este contexto, la sangre de quienes defienden a Honduras de las garras del capital extranjero se derrama bajo el fantasma de la persecución e impunidad.

VEA EL CASO DE LA PAZ PARA EL DOCUMENTAL GUARDIANA DE LOS RÍOS

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/3018-nuevo-asesinato-de-l%C3%ADder-social-en-el-pa%C3%ADs-más-peligroso-para-defensores-y-defensoras

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POR SU APORTE AL DERECHO, EL DR. JOAQUÍN MEJÍA RIVERA RECIBE RECONOCIMIENTO EN MÉXICO

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La tierra no se abona con sangre

Dos campesinos fueron ejecutados por hombres armados en la comunidad de San José de la Sierra, Quimistán, Santa Bárbara, el pasado 29 de junio, cuando estaban en proceso de recuperación de tierras.

Las víctimas eran miembros de la Empresa Asociativa Campesina “MANÁ”, dedicados a cultivar la tierra, Leonardo Bustillo de 67 años y Gabriel Castro Cruz, de 70 años, quien además era pastor de una iglesia evangélica local.

Los cuerpos de los campesinos aparecieron desnudos, con impactos de bala y con señales de golpes y torturas, en las aguas del Río Chamelecón, el 30 de junio.

“Yo aún no puedo quitarme esas imágenes de la cabeza, como nos atacaban y los disparos derribaban a mis compañeros”, manifestó con la voz entrecortada uno de los campesinos que a sus 63 años logró escapar.

En algunos medios de comunicación dicen que nuestros compañeros eran guardias de seguridad privada, pero ellos eran campesinos de la tercera edad, por lo que en el ataque armado no pudieron escapar de las balas de hombres desconocidos, denunció un grupo de campesinos de Quimistán.

Los y las campesinas, denuncian una constante persecución de parte del supuesto dueño de la tierra Roberto Paz Aguiluz, quien imponiendo terror se quiere apropiar de 634 manzanas de tierra, aptas para la agricultura.

Los predios –describen-  que están dentro del título privado “Palos blncos” identificado como Lote “A”, del plano de compra hecho al Estado de Honduras, por parte de Vasco de Reina, un cobrador de impuestos de la Corona Española (1630) y este a su vez fue comprado por Pedro Borjas (1700), y de ahí en posesión de herencia le pertenece a Óscar Leonel Paz Moreno, con quien 62 familias campesinas unidas en tres grupos hicieron un trato de coinversión, apenas nueve días antes de la masacre.

Ahora estamos dispersos, no sabemos sobre nuestras familias, las masacres que ocurren tierra adentro quedan en el anonimato, la vida de nuestros compañeros queda en la impunidad, y su sangre no es para abonar la tierra, manifiestas las víctimas que lograron escapar.

Las familias de San José de la Sierra, temen correr el mismo fin de Bustillo y Cruz, pero también peligra la situación alimenticia y de vivienda, ya que como se ha evidenciado es un grupo de personas mayores de 60 años, menores de 10 años y mujeres.

“Estamos haciendo patria con sangre y ésta sangre no le sirve de abono a la tierra, lo que sirve de abono para la tierra es el agua del cielo y la mecanización nuestra rudimentaria”, expresó uno de los campesinos.

En Honduras, 300 mil familias campesinas carecen de tierras para sobrevivir, por lo que deciden iniciar procesos de recuperación de tierras, pero son criminalizados, desalojados violentamente, estigmatizados y asesinados.

La violación de los derechos humanos se extiende a miles de campesinos y campesinas, pueblos indígenas y negros, teniendo datos de más de 5,000 personas con procesos en los Tribunales de la República, por problemas agrarios, entre ellos más de 1,700 mujeres, alrededor de 200 campesinas y campesinos asesinados y muchos sometidos a una persecución sistemática.

Los y las campesinas víctimas de ataques en Quimistán, expresan que no basta con tener muchas leyes para que se les respete sus derechos, por lo que exigen al Congreso Nacional que apruebe el proyecto de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, propuesta de Ley de Despenalización de la Lucha Campesina e Indígena, Ley de consulta previa, libre e informada para proteger los territorios y los recursos de los pueblos originarios, ya que la tierra debe estar en manos de quien la trabaja, no quien a fuerza de armas y derramamiento de sangre los expropie.

Así mismo solicitan a las autoridades encargadas de hacer justicia, que investiguen los hechos del 29 de junio en San José de la Sierra, para que la muerte de sus compañeros no quede en la impunidad, y los demás puedan regresar a reconstruir lo que quedó reducido a cenizas en ese ataque.

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Casetas de peaje generan violencia en Honduras

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Dejan sin efecto órdenes de captura contra universitarios, pero persisten los requerimientos fiscales

Tegucigalpa.

El Juzgado Penal de la sección Judicial de Francisco Morazán resolvió dejar sin valor y efecto las órdenes de captura contra 19 estudiantes acusados por el Ministerio Público (MP) por suponerlos responsables de los delitos de sedición, usurpación y daños en perjuicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La decisión del tribunal se conoció hoy en horas de la mañana, luego que la Fiscalía remitiera una solicitud a los juzgados solicitando la suspensión de las órdenes de captura contra los universitarios y universitarias.

Pese a dejar sin valor y efecto las órdenes de detención, los requerimientos fiscales persisten en  más de  75 estudiantes a nivel nacional de los diferentes centros regionales. Los universitarios bajo quienes pendían órdenes de captura en Tegucigalpa, deberán presentarse a audiencia de declaración de imputado el próximo 22 de julio del año en curso.

Los tribunales de justicia dejaron sin valor y efecto órdenes de captura en contra de: Ariel Alejandro Álvarez Cinthia Rosibel Flores, Jorcky Melissa Madrid, José Adonai Pineda, Luis Carlos Rivera, Edwin Adalid Santamaría, Gabriela Berenice Cubas, Génesis Fabiola Chávez.

Eduardo Enrique Aguilar, Josué Isaías Palencia, Mario Roberto Reyes,  Fausto Manuel Cálix, Gerson Daniel Moya, Veanney Sebastián Rivera, Kenneth Stephan Aguilar, Jenny Gissel Núñez, Jenny Mariela Núñez y Génesis Aracely Andino.

El profesional del derecho con amplia experiencia en los tribunales de justicia, el ex juez Félix Ávila,  expresó que los delitos de daño y usurpación son delitos de acción pública a instancia particular, y para desistir de éstos delitos el Ministerio Público (MP) lo único que necesita es que la víctima o el supuestamente afectado; le retire la autorización para perseguir.

“Es una cuestión sencilla, en este caso lo único que tiene que hacer la Universidad Nacional Autónoma de Honduras  (UNAH) es pedirle al Ministerio Público (MP) que retire la acusación, y la puede retirar, no tiene que esperar hasta que se realice una audiencia inicial, esta es una cuestión fácil de resolver”, explicó Avila.

Luego respecto a si se imputó un delito de sedición, pues es un delito diferente, pero igualmente desde mi punto de vista en estas situaciones, no existe tal delito de sedición, por lo tanto también la Procuraduría General de la República (PGR) que es el representante legal del estado,  puede acudir al MP pidiendo que se retire los cargos y no tiene que esperarse a que se haga un requerimiento y que se demuestre que no se cometió delito.  Esta es una cuestión tan sencilla así como de la misma forma se ha acudido la denuncia ante el MP, la representación de la UNAH puede acudir al Ministerio Público diciéndole que le retire la autorización para proceder y el MP ya no puede proceder, porque ya no tiene acción.

Ávila añadió que incluso no habría necesidad que los estudiantes se presentaran a la audiencia inicial, si el Ministerio Público queda ya  sin acción, queda desautorizado, el juez lo que tiene que hacer es dictar un sobreseimiento definitivo por falta de acción y no tienen necesariamente que presentarse ante los estrados judiciales.

En las últimas horas  el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU)  anunció que asistirá a una reunión de acercamiento con las autoridades universitarias propuesta para el domingo 10 de julio. El MEU sostuvo que el punto referido a la suspensión de las acusaciones en contra de 75 estudiantes  es innegociable.

La dirigencia estudiantil universitaria también propuso una Mesa Mediadora para iniciar el dialogo, compuesta por personalidades hondureñas que no estén ligadas a los partidos políticos.

Las autoridades universitarias que durante semanas se mostraron inflexibles e intransigentes con las demandas planteadas por el MEU, en el sentido desmilitarizar la UNAH, revocar la aplicación de las normas académicas, promover la participación estudiantil en los espacios de gobierno y la suspensión de los requerimientos fiscales, en las últimas horas; al parecer, han comenzado a retroceder  frente a la fuerte presión ejercida  en forma creativa por los movimientos estudiantiles  que como el MEU han realizado masivas movilizaciones y expresiones culturales de todo tipo;  como parte de la lucha emprendida a nivel nacional.

Cofadeh llega la representación legal de Mario Roberto Reyes Tejeda, Génesis Fabiola Chávez López, Cinthia Rosibel Flores Villanueva, Daniel Moya y Edwin Santamaría.

Origen: Dejan sin efecto órdenes de captura contra universitarios, pero persisten los requerimientos fiscales

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Reacciona Gladys López ante el asesinato de Lesbia Urquía

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) emitió un comunicado mencionando a Gladys López

Origen: Reacciona Gladys López ante el asesinato de Lesbia Urquía – Tiempo.hn | Noticias de última hora y sucesos de Honduras. Deportes, Ciencia y Entretenimiento en general.

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Gobierno cree que por robarle bici asesinaron a líder de COPINH

Autoridades de la Policía Nacional de Honduras, informaron hoy jueves que la muerte de la activista

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