Archivos para 1/09/16

Los Bancos BCIE y FMO, el asesinato de Berta Cáceres y el anegamiento de Kiad.

Sambo Creek, 29 de agosto de 2016.- La banca europea,  y el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Fondo de Carbono han venido promoviendo una serie de hidroeléctricas en el istmo centroamericano, orientadas a la supuesta producción de energía limpia, que han culminado en serias violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, en cuyos territorios se pretende implementar los embalses.

A los casi seis meses del asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres, la comunidad cultural de Kiad -lugar sagrado del pueblo Ngäbe-Buglé- se encuentra camino a ser anegada completamente. A la medida que se llene el embalse de la represa Barro Blanco (Panamá), se cumplirán los seis mese del asesinato de Berta Cáceres, la que fue ultimada por militares hondureños, y un ejecutivo de la empresa DESA, relacionada con la construcción de la represa de Agua Zarca, localizada en el río Gualcarque (Honduras).

Tanto el pueblo Lenca como el  Ngäbe-Buglé se ven afectados por la construcción de represas inconsultas. Casualmente son financiadas por los Banco Centroamericano de Inversión Económica y el Banco Holandés para el Desarrollo (FMO por sus siglas en inglés), ademas del Banco Alemán DGA, KFW y el finlandés FInnFund.

Las represas viene siendo construidas en el marco del ex Plan Puebla Panamá conocido actualmente como Proyecto Mesoamérica. Las hidroeléctricas son vendidas a la opinión pública como “energía limpia”, desconociendo los efectos del cambio climáticas, el que las rendirá obsoletas ante las alteraciones de los patrones de precipitación fluvial que se están dando en el istmo centroamericano.

Como la OFRANEH señaló con anterioridad, el Derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada ha sido pisoteado por diferentes administraciones gubernamentales tanto de Panamá como de Honduras y del resto del continente.

Juan Carlos Varela, cuadro del Opus Dei y actual presidente de Panamá utilizó Barro Blanco como parte de las promesas de su campaña política, comprometiéndose a suspender el proyecto en caso de un triunfo electoral. Días después de ascender al poder, negoció con la Cacique Silvia Carrera, la nominación de su hijo como embajador de Panamá en Bolivia, y posteriormente se exhibió en Nueva York en un foro de Naciones Unidas con la cuestionada caciqué, con la cual firmó a inicios de la semana pasada un supuesto acuerdo que no cuenta con el apoyo de los habitantes de la Comarca Ngäbe-Buglé.

El asesinato de Berta Cáceres fue perpetrado por miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos un mayor activo, adscrito como instructor de la Policía militar de Orden Público . Hasta la fecha se desconoce los autores intelectuales del asesinato, los que deben estar ubicados posiblemente entre jerarcas militares, banqueros y políticos integrantes de la actual administración de Juan Hernández. Para la sanguinaria élite de poder de Honduras, Berta se había convertido en un grave estorbo, ante su versatilidad en denunciar los atropellos contra el pueblo hondureño, el que padece una dictadura con fachada civil, impuesta desde Washington.

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Los impactos en Honduras de la ”Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos”

Honduras se enfrenta a consecuencias internacionales debido al asesinato de la activista Berta Cáceres y la violencia y la represión estatal a lo largo del país.

 Congresistas de los Estados Unidos introdujeron la “Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos,” en junio pasado, con el objetivo de que cese la ayuda militar y policial a Honduras, decisión que también debe abarcar que los organismos multilaterales que lo hacen con el aval de EUA, no puedan otorgar préstamos relacionados con este financiamiento mientras esta disposición esté en vigencia o haya cesado porque el gobierno hondureño ha castigado a los responsables materiales e intelectuales del crimen contra Berta Cáceres, asesinada el 03 de marzo de 2016 y centenares de asesinatos y otros abusos cometidos por la policía y el ejército en Honduras.

Los congresistas estadounidenses tras una serie de argumentaciones documentadas del por qué se debe suspender la ayuda a la policía y al ejército de Honduras, señalan en cuanto al crimen contra Cáceres que existen “serias dudas en cuanto al papel de los militares hondureños en su asesinato, incluyendo la cadena de mando dentro de las fuerzas armadas, así como la identidad de los verdaderos autores intelectuales del asesinato.”

Aunque Ebal Díaz, asesor del presidente Juan Orlando Hernández señaló que hay un juego político en la presentación de la iniciativa de los parlamentarios de USA y que “nosotros seguimos creyendo que los militares deben participar en la seguridad del país,” el mandatario Hernández se vio obligado a viajar al país del norte para tratar de convencer que está haciendo grande logros en materia de derechos humanos para que no le quieten los fondos.

Esta importante iniciativa de Ley de los congresistas deja de manifiesto que la campaña mediática interna del presidente Hernández en cuanto la situación de los derechos humanos en Honduras y el castigo a los culpables de crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos, ha fracasado fuera del país, porque Honduras está siendo vista tal como es, un país donde no se aplica el peso de la Ley cuando se trata de militares y policías a quienes les benefician con sobreseimientos.

La situación en materia de derechos humanos en Honduras es cada vez más peligrosa para quienes defienden estos derechos fundamentales, el informe de la Comisión Interamericana de derechos humanos, CIDH, así lo revela después de que este organismo visitó el país el año pasado.

Es muy importante señalar que este clima de riesgo tiene una relación directa con la forma en que se conduce el sistema de justicia en Honduras donde los operadores de justicia solamente funcionan para criminalizar la defensade los derechos humanos y no actúan contra quienes cometen las violaciones a éstos.

La estigmatización y el irrespeto de la labor de derechos humanos desde las estructuras de poder y de los cuerpos de seguridad del Estado cuando son enviados a reprimir las protestas de ciudadanos y ciudadanas que reclaman derechos, juega un papel bastante peligroso cuando se llega a escenas donde hay represión policial y militar.

Me tocó vivir recientemente un episodio tan violento contra estudiantes en la universidad nacional que reclaman su derecho a la educación, allí llegó la policía a desalojar violentamente a jóvenes a quienes sacaron con la fuerza de los fusiles cuando mantenían una toma pacífica.

Llegamos varios defensores y defensoras de derechos humanos cuando las fuerzas del orden estaban tratando de lanzar gases lacrimógenos en un espacio tan pequeño donde se encontraban los estudiantes , cuando les dijimos a los elementos policiales que respetaran los derechos humanos, un juez ejecutor enviado por un tribunal manifestó “saquenme a esta gente de aquí” y los policías arremetieron contra quienes estábamos allí haciendo nuestra labor por los derechos humanos, nos empujaron con los escudos y toletes, algunos fueron golpeados, a mí me estrellaron contra una pared y la agresividad era tal que temí fueran a hacernos algo fatal.

Así funciona la policía y el ejército cuando traen orden de desalojos violentos son sordos a las peticiones. En los últimos días también ha ocurrido contra varias personas que defienden su derecho legítimo a circular libremente, pero que este derecho es limitado con el establecimiento del pago de peajes en distintas zonas del país. La gente se ha rebelado contra esta medida y a cambio no ha recibido respuestas sino represión.

Este panorama se va a ir agudizando en la medida que las presiones sociales por demanda de derechos también se incrementen. Además de la proximidad de las elecciones generales en Honduras las cuales se realizarán en el 2017, sumado al hecho de que hay aires reeleccionistas del actual presidente Juan Orlando Hernández.

Habrá represión para rato, más agudizada que en el 2013 cuando el actual presidente participó en las elecciones generales, donde se denunció que existió unfraude electoral.

Si se aprobara la Ley Bertha Cáceres el Estado de Honduras para poder echarla abajo tendría que demostrar que en verdad está combatiendo la impunidad castigando a militares y policías involucrados en abusos contra los derechos humanos.

Los ciudadanos y ciudadanas les queda seguir presionando porque sus derechos sean respetados, que no existe un obstáculo para ejercerlos y que quienes quieran obstruir esta labor tengan consecuencias, si el miedo nos inunda perderemos.

Fuente:

Between Bullets and Censorship. A column by Dina Meza. http://www.sampsoniaway.org/fearless-ink/2016/08/15/los-impactos-en-honduras-de-la-ley-berta-caceres-para-los-derechos-humanos/

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“EEUU deportó a mi primo de 12 años y ahora las pandillas quieren matarlo”

En lo que va de año, EEUU ha detenido en su frontera a cerca de 26.000 menores centroamericanos que viajaban solos, según un nuevo informe de UnicefUnicef denuncia que estos niños no tienen acceso a abogados de oficio en EEUU, tienen más posibilidades de ser deportados aunque “corren el riesgo de ser asesinados” en sus paísesA Nakisha, de 15 años, la deportaron junto con su primo: “Él era pandillero, y tiene solo 12 años. Ahora lo están buscando para matarlo”

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URGENTE: AMENAZAN A MUERTE AL PRESIDENTE MANUEL ZELAYA

El mandatario de Honduras (2006-2010) Manuel Zelaya ha dicho esta tarde que sospecha del Partido Nacional y del gobernante, Juan Hernández, pero que no tiene las pruebas suficientes para hacer la denuncia en los organismos correspondientes.

 

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1667-urgente-amenazan-a-muerte-al-presidente-manuel-zelaya

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Fiscal acusa a organizaciones de derechos humanos de incitar a la delincuencia

Alerta 151-2016 | Honduras, lunes 29 de agosto de 2016 La fiscal del departamento de Valle, Kenia Lagos Maldonado, supuestamente estigmatizó a los defensores de derechos humanos al acusarlos de incitar a la delincuencia.

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Why Is Nicaragua 7 Times Less Violent Than Honduras?

A newspaper in violence-plagued Honduras investigated why Nicaragua enjoyed a much lower homicide rate and credited its neighbor’s relatively professional and efficient police force for keeping the peace. But the answer isn’t that simple.

El Heraldo recently traveled to Nicaragua to find out why the homicide rate there is just 8 per 100,000 inhabitants, while Honduras has only recently shed its dubious title as the world’s murder capital. Despite a decline in homicides in recent years, at 57 per 100,000 inhabitants Honduras remains one of the most violent countries in Latin America.

The newspaper attributes Nicaragua‘s low levels of violence to the purging and modernization of its police force, which began in the 1990s and continued until 2007. Following the lengthy reform process, Nicaragua implemented a policy that emphasized community policing and violence prevention.

“It is estimated that the [homicide] rate is just 8 per 100,000,” a video accompanying the article reads. “That is thanks to the ‘Preventive, Proactive and Community’ police model.”

Origen: Why Is Nicaragua 7 Times Less Violent Than Honduras?

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