Los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) deben ser nombrados en octubre para un período de siete años. Veeduría Ciudadana propone la investigación de cinco áreas correspondientes al mandato legal y gestión institucional del órgano contralor.
En 2015, el TSC emitió 701 Resoluciones de enriquecimiento ilícito de funcionarios por un monto confirmado de 197, 510,718.77 lempiras y 2, 499,594.04 dólares. En total, 426 expedientes fueron remitidos a la Procuraduría General de la República y siete de enriquecimiento ilícito al Ministerio Público.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Ante el próximo nombramiento del nuevo Pleno de Magistrados, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este miércoles una propuesta de veeduría al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ente contralor encargado de la transparencia en la gestión de los servidores públicos, determinación de enriquecimiento ilícito y control del patrimonio del Estado.
El nombramiento de los magistrados está previsto para octubre, previo a la clausura del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Los tres ciudadanos seleccionados iniciarían funciones el 7 de diciembre por un período de siete años.
El nuevo pleno de magistrados se encargará además de las funciones encomendadas por ley, de atender los compromisos que el Estado de Honduras contrajo con la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la Misión de Apoyo al Combate a la Corrupción e Impunidad en
Honduras (MACCIH) y el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).
La ASJ ha diseñado una iniciativa de veeduría ciudadana para los próximos seis meses, enfocada en brindar una respuesta efectiva a las expectativas y demandas de la población para el control del uso de los recursos públicos y reducción de la corrupción.
En 2015, el TSC emitió 701 Resoluciones con responsabilidad por un monto confirmado de 197, 510,718.77 lempiras y 2, 499,594.04 dólares. En total, 426 expedientes fueron remitidos a la Procuraduría General de la República y siete de enriquecimiento ilícito al Ministerio Público.
De igual manera se emitieron 614 Pliegos de Responsabilidad Civil, 160 Pliegos Administrativos y 284 Informes notificados, así como 53,656 declaraciones juradas a nivel nacional, de las cuales el Estado recuperó 16, 935,096.58 lempiras correspondientes a multas, responsabilidades civiles y administrativas.
No obstante, ASJ ha identificado diversas falencias en perjuicio de la lucha anticorrupción con respecto al mandato del TSC, tal como la investigación del delito de enriquecimiento ilícito, los resultados arrojados por el organismo en los últimos años y el mecanismo preventivo ineficiente de las declaraciones juradas.
Al respecto, la veeduría propone la investigación de cinco áreas específicas del mandato legal y gestión institucional del TSC, tales como: Metodología, capacidad instalada, tiempos, costos y resultados en la investigación del enriquecimiento ilícito; manejo y respuesta a las denuncias ciudadanas interpuestas al TSC; acompañamiento y fortalecimiento al control interno institucional; seguimiento a los hallazgos y recomendaciones de las auditorías externas.
Además se plantea el análisis de los resultados de los pliegos de responsabilidad administrativa, civil y/o penal en las instancias jurisdiccionales competentes y promover las necesitadas reformas legales a la Ley Orgánica del TSC, enriquecimiento ilícito, auditorías externas, tratamiento de pliegos de responsabilidad.
Honduprensa 