Archivos para 11/08/16

ES HORA DE ELEGIR BUENOS MAGISTRADOS ANTICORRUPCION

Los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) deben ser nombrados en octubre para un período de siete años. Veeduría Ciudadana propone la investigación de cinco áreas correspondientes al mandato legal y gestión institucional del órgano contralor.

En 2015, el TSC emitió 701 Resoluciones de enriquecimiento ilícito de funcionarios por un monto confirmado de 197, 510,718.77 lempiras y 2, 499,594.04 dólares. En total, 426 expedientes fueron remitidos a la Procuraduría General de la República y siete de enriquecimiento ilícito al Ministerio Público.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Ante el próximo nombramiento del nuevo Pleno de Magistrados, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este miércoles una propuesta de veeduría al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ente contralor encargado de la transparencia en la gestión de los servidores públicos, determinación de enriquecimiento ilícito y control del patrimonio del Estado.

El nombramiento de los magistrados está previsto para octubre, previo a la clausura del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Los tres ciudadanos seleccionados iniciarían funciones el 7 de diciembre por un período de siete años.

El nuevo pleno de magistrados se encargará además de las funciones encomendadas por ley, de atender los compromisos que el Estado de Honduras contrajo con la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la Misión de Apoyo al Combate a la Corrupción e Impunidad en

Honduras (MACCIH) y el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

La ASJ ha diseñado una iniciativa de veeduría ciudadana para los próximos seis meses, enfocada en brindar una respuesta efectiva a las expectativas y demandas de la población para el control del uso de los recursos públicos y reducción de la corrupción.

En 2015, el TSC emitió 701 Resoluciones con responsabilidad por un monto confirmado de 197, 510,718.77 lempiras y 2, 499,594.04 dólares. En total, 426 expedientes fueron remitidos a la Procuraduría General de la República y siete de enriquecimiento ilícito al Ministerio Público.

De igual manera se emitieron 614 Pliegos de Responsabilidad Civil, 160 Pliegos Administrativos y 284 Informes notificados, así como 53,656 declaraciones juradas a nivel nacional, de las cuales el Estado recuperó 16, 935,096.58 lempiras correspondientes a multas, responsabilidades civiles y administrativas.

No obstante, ASJ ha identificado diversas falencias en perjuicio de la lucha anticorrupción con respecto al mandato del TSC, tal como la investigación del delito de enriquecimiento ilícito, los resultados arrojados por el organismo en los últimos años y el mecanismo preventivo ineficiente de las declaraciones juradas.

Al respecto, la veeduría propone la investigación de cinco áreas específicas del mandato legal y gestión institucional del TSC, tales como: Metodología, capacidad instalada, tiempos, costos y resultados en la investigación del enriquecimiento ilícito; manejo y respuesta a las denuncias ciudadanas interpuestas al TSC; acompañamiento y fortalecimiento al control interno institucional; seguimiento a los hallazgos y recomendaciones de las auditorías externas.

Además se plantea el análisis de los resultados de los pliegos de responsabilidad administrativa, civil y/o penal en las instancias jurisdiccionales competentes y promover las necesitadas reformas legales a la Ley Orgánica del TSC, enriquecimiento ilícito, auditorías externas, tratamiento de pliegos de responsabilidad.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1628-es-hora-de-elegir-buenos-magistrados-anticorrupcion

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Gobierno ordena investigación y seguimiento a defensores y defensoras de derechos humanos

El gobierno de Juan  Orlando Hernández ordenó seguimiento e investigación contra los defensores de derechos humanos Wilfredo Méndez, de CIPRODEH; Dina Meza,  de la Iniciativa Periodismo y Democracia; Hugo Maldonado ,  del CODEH, Jorge Jiménez, del CODEH,  Karla Alegría,  de Vía Campesina; Kenia Oliva , de la Iniciativa Periodismo y Democracia, Cesario Padilla, egresado de periodismo y criminalizado por su liderazgo en la UNAH  y otra persona, a través de una lista que fue entregada a la Dirección Policial de Investigación y al Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, Análisis y Archivo de Información, SERCAA, de acuerdo a una fuente que informó a  pasosdeanimalgrande.com que el gobierno los considera “defensores de derechos humanos hostiles al sistema”.

El objetivo es estropear la imagen pública de cada uno de ellos y de sus organizaciones para que pierdan credibilidad y de esa forma obstaculizar su trabajo por la defensa de los derechos humanos en momentos en que hay una crisis de violaciones graves a los derechos fundamentales en el país.

Los defensores y defensoras, así como sus organizaciones acompañan casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos  y los casos más emblemáticos en los últimos meses han sido los de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras, UNAH que han organizado un movimiento de protesta para defender puntos vitales correspondientes al derecho a la educación, libertad de expresión, la protesta pacífica, la no militarización de la universidad y contra la criminalización estudiantil.

“Se trata de sembrar una falsa imagen de todos ellos para deslegitimar su trabajo porque el gobierno ya no aguanta que le estén constantemente criticando sus acciones. Esta lista es solo el comienzo, se investigarán y seguirán a más personas de derechos humanos y de otras organizaciones, además hay un listado también de estudiantes de la UNAH. Esta lista salió de la Sala de Crisis del Gobierno”, dijo la fuente que pidió extrema reserva sobre el tema.

Dos de las personas arriba indicadas ya han tenido algunos incidentes como Jorge Jiménez a  quien le fue dejada una amenaza el día 08 de agosto mientras la otra tuvo vigilancia directa de una hombre que llegó establecer vigilancia casi a la puerta de su casa, tenía pinta militar, portaba una gorra y simulaba leer un periódico, esto último ocurrió la semana pasada. Una octava persona no se conoció su apellido por eso no se consigna su nombre. Hasta la fecha los mismos enlistados no conocen de la existencia de sus nombres para investigación y seguimiento.

Desde el año 2009 han aparecido unas dos listas negras de los gobiernos que han llevado a cabo la gestión después del golpe de estado. Una de las personas que estaban en éstas era la defensora de derechos humanos de los indígenas, que ya fue asesinada el pasado 03 de marzo de este año.

En la década de los ochenta las listas aparecían pegadas en las principales paredes de edificios muy visibles  por parte de escuadrones de la muerte , muchas de ellas fueron asesinadas y otras desaparecidas.

Origen: Gobierno ordena investigación y seguimiento a defensores y defensoras de derechos humanos

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Omar Rivera:” Ninguna amenaza evitará que se realice la transformación en la PN”

Los agentes que pasaron el primer filtro serán reevaluados nuevamente pero esta vez a través de organismos internacionales, dijo.

Los agentes de la Policía Nacional que fueron certificados aún no tiene seguro su cargo en la institución policial, afirmó el miembro de la Comisión de Depuración, Omar Rivera.

Los agentes que pasaron el primer filtro serán reevaluados pero esta vez a través de organismos internacionales para rectificar su estadilla en el sistema policial, dijo.

Según Rivera los oficiales que han sido separados fueron analizados previamente para analizar si estaban aptos para integrar el nuevo sistema policial.

Rivera dijo que “muchos oficiales fueron cancelados por transgredir el régimen disciplinario de la institución”.
Algunos efectivos policiales fueron suspendidos por abandonar sus cargos de trabajo”.

“Ninguna amenaza evitará la transformación de la Policía Nacional ni hará que disminuya nuestro entusiasmo para lograr una institución y ofrecerle a la sociedad”, remachó

Origen: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/omar-rivera”-ninguna-amenaza-evitará-que-se-realice-la-transformación-en-la-pn”

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Honduras quedaría de nuevo fuera de los beneficios de la Cuenta del Milenio.

El país ha tenido buena hoja de evaluación en más de la mitad de los indicadores que Los Estados Unidos toman en consideración para el desembolso de los fondos de ayuda. Pero en el apartado de la lucha contra la corrupción, la calificación es insuficiente, reconocieron los funcionarios de la administración gubernamental. En estas mismas fuentes oficiales se ha destacado, sin embargo, que en el renglón de la lucha por la transparencia Honduras ha dado un salto de 10 puntos.

Origen: Honduras quedaría de nuevo fuera de los beneficios de la Cuenta del Milenio.

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Libertad definitiva para cinco estudiantes de la UNAH-VS

El Juzgado de Letras de lo Penal de la Seccion Judicial resolvió el acuerdo suscrito entre autoridades de UNAH-VS y los estudiantes del MEU

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Nombran nuevas cabezas del Programa de Protección de Testigos del MP

Tegucigalpa – El fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, nombró en las últimas horas a Karen Lizzeth Martínez Ponce como titular del Programa de Protección de Testigos.

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IMPONER DEMOCRACIA

REELECCIÓN PRESIDENCIAL EN HONDURAS.

POR: ALBANY FLORES GARCA.

LA EXPERIENCIA REELECCIONISTA DEL PASADO.

El último gobierno reelecto en Honduras fue el gobierno militar del Coronel de Aviación Oswaldo López Arellano. En realidad, más que una reelección, ese proceso fue una especie de constitucionalización del gobierno de facto que había comenzado con el Golpe de Estado propinado por el mismo Arellano al gobierno de Ramón Villeda y Modesto Rodas Alvarado en 1963; proceso que a la postre desencadenó una serie de mandatos militares conocidos como Reformismo Militar (1963-1982), que a su vez degeneró en un sin número de irregularidades en la administración pública, en actos de corrupción y en vínculos con el narcotráfico.

Antes de él, el último «gobierno civil» reelecto había sido el gobierno del Doctor y General Tiburcio Carías Andino, mediante la reforma constitucional de 1936 que estipulaba la ampliación del periodo de gobierno de 4 a 6 años. De ese modo, el gobierno del General Carías cumplió tres periodos de gobierno: un periodo regular de cuatro años (1933-1937), y dos periodos largos de seis años (1937-1943 y 1943-1949 respectivamente). Ese periodo de seis años se mantuvo durante todos los gobiernos en el país hasta la nueva Constitución dictada en 1982, que entre otras cosas dictaminaba la vuelta al gobierno civil y un periodo gubernamental de cuatro años en beneficio del ejercicio democrático y la alternancia en el poder de los gobiernos y los individuos. 

En su libro El neoliberalismo en Honduras, el ensayista Alcides Hernández ha manifestado que el regreso del país a la vida democrática —lo que resulta paradójico tomando en cuenta que hasta el gobierno de Roberto Suazo Córdova el conceptoDemocracia era casi inaplicable para Honduras— no se debió en ningún aspecto a la experiencia positiva o la madurez política de los ciudadanos y la clase gobernante, sino, sobre todo, a las influencias ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos que presionaba a la nación hondureña para que realizara una limpieza en el sistema público nacional en pro de su mejoramiento económico.

Por ello, a comienzos de la década de 1980, el gobierno republicano de Ronald Reagan, a través de sus embajadores en el país (primero Sánchez y después Negroponte), y  por medio de un documento directriz titulado Reaganomic para Honduras (políticas económicas del gobierno de Reagan para Honduras) conminó al Gobierno de la República a integrarse a las políticas económicas de la región latinoamericana y del Caribe (Neoliberalismo), so pena de quedar fuera de las múltiples “prebendas y beneficios” económicos que el modelo económico regional ofrecía a los Estados afiliados. Entre otras cosas, para la aplicación de dicho modelo era necesario un gobierno civil.

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Aun cuando el modelo Neoliberal —política y económicamente hablando— sólo se implantó definitivamente en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), el mismo había venido formándose y creando condiciones precisamente desde la gestión de los gobiernos militares de Juan Alberto Melgar Castro y Policarpo Paz García respectivamente. Por esta razón, estos dos gobiernos militares, particularmente el último, han comenzado a estudiarse, más que como gobiernos militares, como los gobiernos de la transición de una vida pública militar a una vida pública de corte civil.

Al igual que el en siglo XIX, con sus correspondientes variaciones, la experiencia reeleccionista del siglo XX tuvo un particular carácter impositivo y dictatorial manifestado en la actitud intolerante e intransigente de un sólo partido: el Partido Nacional de Honduras. Tanto en los procesos reelectivos correspondientes a la administración del General Carías, así como en las reelecciones de los gobiernos militares (creemos que en realidad los gobiernos militares (1963-1982) fue un sólo gobierno con diferentes líderes) agrupados bajo en concepto de Reformismo Militar, estuvieron profundamente signados por características similares: la imposición de la condiciones políticas, económicas y sociales, el control de la opinión pública, el aniquilamiento político e intelectual de una oposición que no participó en la contienda electoral y que más bien permanecía en el exilio, una terrible experiencia reelectiva en el pasado (siglo XIX), etc.

Los procesos reeleccionistas del siglo XX sucedieron bajo situaciones unilaterales comandadas por el Partido Nacional, donde la oposición política representada en las figuras preponderantes del Partido Liberal fungió simplemente para “legitimar constitucionalmente” los comicios electorales y para validar la continuidad de los gobiernos nacionalistas y militares, que a fin de cuentas eran casi lo mismo.

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CONSIDERACIONES ALREDEDOR DE LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL EN EL SIGLO XXI.

En el siglo XXI, dos figuras presidenciales han pujado (desde la Presidencia de la República) por la continuidad en el poder y la reelección presidencial: José Manuel Zelaya Rosales y Juan Orlando Hernández Alvarado; lo que por supuesto no significa que éstos sean los únicos interesados en la promoción de las reformas a la Constitución de la República, a la Ley Electoral y de las Organizaciones; que permitan, mediante la consulta popular que valide el continuismo de potenciales figuras políticas pertenecientes a las dos instituciones políticas antagónicas más fuertes del presente: el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación, aun cuando, sin parecer obtuso, no pueden descartarse totalmente figuras liberales como Carlos Flores Facussé.

Esa lucha por el continuismo y la reelección presidencial en Honduras se retomó desde la administración del gobierno liberal de Manuel Zelaya (2006-2009), cuando el entonces Presidente de la República emprendió una serie de medidas y políticas públicas encaminadas a la validación de su discurso político populista, y a la búsqueda de la reelección presidencial por medio de las reformas a los artículos pétreos de la Constitución nacional y a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. De hecho, como todos recuerdan, dichas maniobras, concentradas casi totalmente en el proyecto de consulta popular denominado Cuarta Urna, propiciaron una crisis política y social sin precedentes en el nuevo siglo, desembocando posteriormente en el Golpe de Estado propiciado al gobierno de Zelaya en Junio de 2009, e impulsado por el propio Partido Liberal y las Fuerzas Armadas.

A partir de ello, entre junio de 2009 y enero de 2010, el Gobierno de facto de la República fue asumido por el entonces Presidente del Congreso Nacional y principal detractor del Presidente defenestrado, Roberto Micheletti Baín, quien había sido gran aliado de Zelaya en el pasado, y quien además representaba los intereses del Partido Liberal. En realidad, podemos considerar que el gran perdedor del Golpe de Estado de 2009 no fue ni siquiera el ex-Presidente Zelaya —a quien sólo restaban seis meses de gobierno—, sino el joven candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos, quien se proyectaba con un amplio margen de popularidad y posibilidad para alcanzar la Presidencia de la nación frente al candidato nacionalista Porfirio Lobo.

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De este modo, Lobo Sosa, que ya había perdido las elecciones generales de 2005 frente al entonces candidato liberal Manuel Zelaya, resultó como gran beneficiado de la interrupción democrática, pues al destruirse el proyecto interno del Partido Liberal, también se destruyó la posibilidad de llegar al poder para Elvin Santos; por lo que el candidato Lobo Sosa del Partido Nacional resultó vencedor de las elecciones generales de noviembre de 2009 (consúltese los diarios de 2009). No obstante, para algunos sectores académicos, intelectuales y políticos, esa aparente ganancia de Lobo fue relativa, pues su gobierno terminó pagando las secuelas del Golpe.

Al mismo tiempo, el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo (2010-2014), denominado como “Gobierno de la Unidad Nacional” por el enorme reto que suponía la reunificación de una ciudadanía con hondos rencores y divisiones por los hechos suscitados durante el Golpe de Estado y la época post-Golpe, fue sobre todo un gobierno timorato cuyos logros más importantes quizá fueron: la reinserción de Honduras en los organismos e instancias internacionales de las que había sido separada como pena por los conflictos políticos de 2009; la renegociación con los organismos económicos internacionales como el Banco Mundial y las cooperaciones de países europeos y asiáticos; el Acuerdo de Cartagena de Indias firmado con los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos de Venezuela y Colombia respectivamente; el regreso de Manuel Zelaya del exilio y la creación del Partido Libertad y Refundación como brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular, entre otros.

Por otra parte, el álgido tema de la reelección presidencial comenzó a reaparecer en el debate público cuando el Presidente del Congreso Nacional en el periodo de Lobo, Juan Orlando Hernández, llegó a la Presidencia del país después de derrotar a la candidata de LIBRE, Xiomara Castro Sarmiento, en las elecciones generales de noviembre de 2013. Si bien es cierto, aun cuando en los últimos gobiernos ha sido una constante que el Presidente del Congreso Nacional se convierta posteriormente en Presidente del Ejecutivo (como fue el caso de Flores, Micheletti y de Lobo), el caso de Hernández tuvo un matiz diferente, pues la sociedad percibía que aun en el mandato de Lobo, el verdadero poder tras el gobierno era Hernández Alvarado.

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Al igual que Zelaya Rosales, Hernández Alvarado busca su continuidad en el poder de la nación a través de un plebiscito que promueva una Asamblea Nacional que a su vez modifique los artículos pétreos de la Constitución, que prohíben incluso la discusión sobre la reelección. De hecho, el reconocido jurista y ex-Canciller de la República, Edmundo Orellana, pronunciándose sobre el plebiscito que pretende realizar el gobierno para preguntar al pueblo si está o no de acuerdo con la reglamentación de la reelección, ha dicho:

«Plantear la pregunta de si se está de acuerdo con reglamentar o legislar la reelección supone que la reelección está permitida…si se inscribe al Presidente actual, debe inscribirse al ex-presidente Zelaya…los liberales dicen que su propuesta es distinta a la de los nacionalistas, pues éstos proponen “reglamentar la reelección” y la bancada liberal “legislar la reelección”. Se trata, pues, de lo mismo: promover el continuismo del Presidente Hernández (…) Libre es el ex-Presidente Zelaya. Su incuestionable liderazgo anula toda pretensión presidencial distinta de la suya. Se impone por su propio peso. Por eso, ve en la ambición del Presidente una oportunidad para él (…) sin embargo, el Presidente Hernández necesita de la participación de Zelaya en las elecciones para legitimarlas, porque está seguro que con las actuales reglas del juego electoral, su victoria está asegurada» (La Tribuna, 08/08/2016).

Sobre este mismo tema, el Dr. Israel Romero Puerto considera que «las preguntas que se deberían presentar al pueblo votante son: (1) ¿Desea usted que se regule la reelección presidencial? Si___ No ___; (2) ¿Desea usted que la reelección presidencial sea por una sola vez? Si___ No___; (3) ¿Desea usted que la reelección presidencial sea continua? Si___ No___; (4) ¿Desea usted que la reelección presidencial sea continua o alterna? Si___ No____. La papeleta debería contener las explicaciones necesarias. Por ejemplo, si marca No a la pregunta #1, deténgase y no marque más. Si marca Si a la pregunta #2, su respuesta aplica para las preguntas 3 y 4» (La Tribuna, 08/08/2016).

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Por su parte, en una entrevista concedida a El Pulso, al consultársele sobre si existen condiciones aptas para la realización de un plebiscito y la implantación del continuismo en la Honduras de hoy, el reconocido historiador y analista político Jorge Alberto Amaya, ha expresado que:

«Nuestra experiencia reeleccionista en el pasado no ha sido buena, pero ya que las últimas elecciones han sido validadas por todos los sectores, y ya que, a pesar de la ruptura democrática de 2009, tenemos ya una experiencia democrática considerable, creo que el pueblo está listo para responder a un plebiscito o un referendum. Por otro lado, no creo que este año vayan a darse reformas a la Ley Electoral. Creo que el pueblo sí está listo para la reelección, pero los políticos no».

Ya el gran Eric Hobsbawm había advertido que la democracia sí puede imponerse a través de los ejércitos, como en efecto pretenden hacer los grandes imperios de hoy (Hobsbawm, 2004), y no obstante, en Honduras la democracia se impone no sólo a través de la extensión de los brazos armados del Estado, sino con el comportamiento desmedido, megalómano y frecuentemente dictatorial de los principales nombres de la política hondureña de los últimos años.

Por último, si algo queda claro en el presente escenario, es que habrá reelección, y que el caudillismo que creímos extinto con el fin del gobierno de Tiburcio Carías, sigue tan vigente como ayer. 

Origen: http://elpulso.hn/imponer-democracia/

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LAS NACIONES UNIDAS Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

A propósito del 9 de agosto: las Naciones Unidas y el derecho a la educación de los pueblos indígenas (la hipócrita conspiración para desmovilizar a una sociedad que se quiere, sueña y reconstruye desde otra democracia).

No hace falta adentrarse mucho a las comunidades indígenas Tolupanes para darse cuenta lo abandonadas que se encuentran, la vulnerabilidad en la que viven y la permanente amenaza que reciben con la neo-colonización que los va expulsando sistemáticamente de sus territorios y recursos. Los Tolupanes, como los otros pueblos originarios de Honduras, enfrentan una estrategia de exterminio y  aniquilamiento que dista mucho de lo que las Naciones Unidas escribieron cuando, supuestamente pensando en ellos y ellas, redactaron el acuerdo que establece el 9 de agosto como el día internacional de los pueblos indígenas. Un día en el calendario que, me parece a mi, no es más que 24 horas de respiro que la oligarquía necesita para reconstruir la estrategia desmovilizadora que amenaza a sus socios locales.

En 2016 el organismo internacional decidió que sería el año de la educación para tales pueblos. Para ello estableció contactos con los Estados y los instó a que hicieran reales esfuerzos por la educación. La demanda se plantea como una educación de calidad que no solo se supone desde el acceso y la pertinencia de la educación para con estos pueblos sino, desde luego, en el reconocimiento de su existencia pública, gratuita y como derecho. Y, hace énfasis el organismo, el destino de los recursos necesarios para que esa educación, con esas condiciones, promocione la dignidad de las personas indígenas en sus entornos, con sus identidades y sus bienes naturales.

Pero la promesa de escuelas y educación de calidad sigue siendo un sueño que no llegó con los gobiernos anteriores y menos que lo haga con éste o con lo que sea después de que se termine de instalar esta dictadura presidida por Juan Orlando Hernández. En dictaduras – del tipo que se instalan en Honduras  – no importan los mandatos de los organismos internacionales y menos, desgraciadamente, el mandato del soberano, el pueblo que es quien realmente debería mandar por que la ley son las armas, el poder el dinero y los que administran son asesinos del Derecho Humano.

En cambio llega el despojo, la minería genocida canadiense, las armas gringo-americanas que matan nuestros líderes y el sabotaje local perpetrado por una mediocre, corrupta y desleal burguesía que se vende al narcotráfico y crimen organizado para poder mantener su cuota de poder. Es decir que en vez de escuelas y educación pertinente de Estados Unidos y Canadá nos vienen transnacionales mineras para explotar nuestro suelo y compañías militares con sus armamentos y tácticas para garantizar la seguridad de estas corporaciones y entrenar a los que después nos matan por oponernos a este maldito modelo neoliberal.

La ONU debería saber que lo que mi pueblo Tolupán necesita no son decretos, ni nombramientos de días para reconocer la identidad indígena que llevamos más de mil años de tenerla y transmitirla de generación en generación, tampoco objetivos para enfatizar el derecho a la educación. Lo que mi pueblo necesita es la posibilidad de hacerse libre, desde el reconocimiento de sus propias cosmovisiones, la valorización de sus identidad cultural, el respeto por sus territorios y bienes naturales y, desde luego, la dignificación de nuestras ancestros y ancestros.

Si tanto interés tiene las Naciones Unidas en cambiar la realidad de los pueblos indígenas de Honduras que empiece por cambiar su hipocresía funcional para con las tiranías que sangran mi patria. Que demanden justicia para Berta, Edixson, Margarita, Chungo Guerra, Tomás y todos y todas las demás compañeras cuya muerte, promovida por este modelo de gobierno y avalada por los estados que  financian – hipócritamente como los gringos – su existencia sean condenados y obligados a resarcir el daño que le hacen a nuestros pueblos. Después de eso, quizá yo vuelva a tener un poco de fe en su existencia.

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/item/3105-las-naciones-unidas-y-el-derecho-a-la-educación-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas

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SER BONITA EN POLÍTICA

Si una mujer trabaja realmente —e incluso si ha escalado a una posición líder en política, leyes, medicina, negocios, o lo que sea— ella siempre estará bajo la presión de confesar que trabaja en ser atractiva. Pero en la medida en que se mantiene como uno de los sexos oficiales, ella despierta sospechas acerca de su capacidad de ser objetiva, profesional, autoritaria y atenta.

Susan Sontag

La política, en lo que concierne al elector y a los representados, funciona, principalmente, como un artificio de humo y espejos. Al margen de lo que ocurra tras bastidores, lo que los participantes de la política proyectan con mayor fervor es el encanto de la apariencia. En muchos casos, este truco de prestidigitación es devorado ávidamente por el pueblo, que luego lo premia con diputaciones, alcaldías y hasta presidencias.

Desde el 2005, cuando el Tribunal Supremo Electoral estableció que la papeleta de diputados llevaría las fotografías de los candidatos y no solamente la insignia del partido político, la dinámica de voto para los representantes del pueblo en el hemiciclo se ha visto afectada por el factor de la apariencia. Miles de jóvenes hondureños que se aprestaron a marcar su voto por primera vez tuvieron ahora la oportunidad de ver el rostro de aquellos que favorecían o despreciaban. Como sucede en los casos en los que se carece de fundamentos para ejecutar una acción, la mayor trivialidad resulta ser la base sobre la cual se termina justificando una decisión, y así sucedió justamente: los electores terminaron votando por el candidato “más guapo” o la candidata “más bonita”.

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Es innegable, sin embargo, que esta “trivialidad” afecta de manera más marcada a las mujeres, por la misma concepción machista que permea nuestra cultura y sociedad. La idea de que la mujer debe ser un objeto primorosamente cuidado para el consumo de la mirada masculina, en vez de una persona con esencia, desciende sobre la sociedad hondureña con total fuerza e impunidad. Desde el acoso callejero hasta el uso comercial en la publicidad y las comunicaciones de estereotipos de belleza e imágenes sobresexualizadas, las mujeres hemos servido como meros adornos para hacer más elegantes o atractivas a nuestras contrapartes masculinas. De eso, ni la política se salva.

Hay dos posiciones en la política hondureña donde el atractivo físico de una mujer es resaltado de manera particular: la Primera Dama y en el Congreso Nacional. Comprender el por qué es fácil, en ambos casos. En lo que concierne a la Primera Dama, esta representa el “rostro dulce” de la figura realmente importante, el presidente. Miles de lempiras se invierten en la imagen “compasiva pero elegante” de lo que se supone que es el concepto de la Primera Dama. Desde los vestidos de diseñadores nacionales e internacionales, programas de dieta carísimos y cirugías estéticas, la mujer que por fortuna o desventura resulta ser esposa de uno de los que emprende el camino a ser el primer mandatario del país se ve envuelta en una red de transformaciones y mejoras para no “abochornar” al verdadero líder aquí. Añadido a ello, y en completa contraposición a la frivolidad de la imagen física, la primera dama también se ve obligada a ser una suerte de santa cuyo único y primordial interés, en medio de tantos vestidos, es ayudar a los más necesitados del país, encajando con el estereotipo tradicional de la mujer y madre abnegada. En torno a este otro atavío también habrá una gran inversión, principalmente mediática.

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La otra posición en la que la imagen femenina es relevante viene a ser el Congreso Nacional de Honduras. La razón es que no existe ninguna otra instancia del gobierno en la cual haya una participación tan directa y visiblemente individual como en el Congreso Nacional. Es en el Congreso Nacional donde se reafirma o se descarta el liderazgo de la mujer, entre tantas voces masculinas, donde las diputadas son capaces de participar en el proceso de toma de decisiones en representación de la mujer hondureña. Hasta el momento, ese liderazgo individual de la mujer diputada ha sido descartado, tomando en consideración que nunca ha habido una presidenta del Congreso Nacional en todos los años de su existencia y que la participación de las mujeres como diputadas apenas llega, a la fecha de hoy, al 28%, porcentaje que irónicamente es el mayor en la historia de nuestro país. El cargo más alto al que ha llegado una mujer diputada en el congreso es una primera vicepresidencia de la Junta Directiva del Congreso Nacional, ostentado en el pasado por la diputada Lizzie Flores y ahora por la diputada nacionalista Gladys Aurora López. Y luego tenemos en los medios de comunicación noticias como las siguientes, que moldean precisamente la imagen de la mujer diputada como un mero adorno en el hemiciclo legislativo:

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Contra las mujeres diputadas, en particular, se ejercen dos tipos de machismos: el primero, el más obvio, es el que ya hemos discutido, que convierte a la mujer en un mero adorno, desprovisto de capacidades. Este machismo es el que luego, al verse defraudado por sus “trofeos”, utiliza su sexualidad para nulificarlas. En la votación para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, al revelarse que las diputadas Kritza Pérez y Ana Joselina Fortín del PAC habrían ejercido el voto, la mayoría de los insultos no fueron sobre la ética laboral o profesional de las mismas, sino comentarios e implicaciones sobre su conducta sexual, resumidos todos en una palabra: “puta”. ¿Y qué es más fácil, pues, para una mujer guapa, que ser una puta? Entramos aquí en una disonancia cognitiva: quiero que todas las mujeres sean guapas para que las pueda ver y disfrutar, pero si hacen algo que no me guste en cualquier faceta de sus vidas, y particularmente si son funcionarias del gobierno, son unas putas.

El segundo machismo al que se ven expuestas las diputadas es más sutil, y mucho menos perceptible, pero igualmente disminuye no sólo las capacidades de las parlamentarias, sino que elimina la responsabilidad que tienen las mismas por sus acciones: es el justificar cualquier acción de una diputada bajo el argumento que es bonita, o peor aún, que es mujer. En numerosas páginas de medios de comunicación en las redes sociales se pueden leer incontables comentarios tanto de mujeres y hombres que afirman que una u otra diputada sería incapaz de cometer un error porque “es una dama muy guapa”. Cuando alguien ejerce una crítica fundamentada y orientada a los aspectos profesionales de una parlamentaria, es inevitable ver comentarios del tipo “por qué dicen eso, si todos nacimos de una mujer, es que ustedes no tienen madre.” El subtexto de estos comentarios es muy claro: “mientras usted sea bonita, o sea mujer y madre, no es relevante lo que usted haga, ni sus capacidades, ni su carrera profesional. Lo más importante es que usted sea bonita, su género y/o su condición de madre.” O incluso peor: “la disculpamos de cualquier error que cometa, porque usted es mujer, y aparte bonita. Era de esperarse.”

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Para romper con la maldición del “ser bonita” en la política, el tema fundamental es llegar a la comprensión fundamental que las mujeres que han sido electas para un cargo público, y en general, cualquier mujer en una posición de poder, es un ser humano. Una persona que cuenta con capacidades intelectuales, profesionales y de carácter que la hacen (o no) idónea para asumir una responsabilidad. No es ni un objeto para el disfrute de los hombres, ni es tampoco un ser exento de responsabilidades meramente por razón de su género.

Si nuestro objetivo es valorar a la mujer en la política como líder y funcionaria, apoyemos su participación desmarcándonos tanto de la objetivación como del paternalismo condescendiente. Alabemos sus logros en favor del pueblo y ejerzamos crítica honesta e informada cuando sea necesario. Aprovechemos los espacios que tenemos para comunicar nuestras inquietudes y acuerpemos las iniciativas que propongan. Demos honor a las buenas gestiones sin olvidarnos de la rendición de cuentas y responsabilidades, porque estamos hablando de profesionales electas por el pueblo, no de muñecas de vitrina.

Origen: http://elpulso.hn/ser-bonita-en-politica/

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Más de 80 abogados perdieron la vida violentamente en Francisco Morazán y Cortés desde 2010

Tegucigalpa – Cortés y Francisco Morazán son los departamentos del país donde el ejercicio del derecho se ha convertido en una labor de alto riesgo para quienes lo ejercen, al registrar, desde el 2010 a la fecha, la muerte en circunstancias violentas de, al menos, 82 abogados, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

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LATAM Presidents and the law is era of impunity nearing its end

Origen: http://www.insightcrime.org/news-analysis/latam-presidents-and-the-law-is-era-of-impunity-nearing-its-end

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