Archivos para 27/07/16

Juez dictó sobreseimiento definitivo a 25 estudiantes de la UNAH

Juez dictó este martes un sobreseimiento definitivo a favor de 25 estudiantes de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras, UNAH

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La MACCIH define fecha y casos de corrupción que atacará

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (La MACCIH) anunció en Washington que comenzará a investigar los casos de corrupción.

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CN nombra comisión para dictaminar iniciativa de plebiscito sobre reelección presidencial

Tegucigalpa – El Congreso Nacional nombró en la sesión de este martes una comisión especial multipartidaria para dictaminar el proyecto de decreto introducido a la Cámara Legislativa por la diputada de Libertad y Refundación (Libre), por Francisco Beatriz Valle, orientada a ordenar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), a realizar una consulta popular mediante un plebiscito para preguntar al pueblo si está o no de acuerdo con la reelección presidencial.

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Ley de Empleo por Hora: uso y abuso en el sector servicios y turismo

La legislación laboral en Honduras recorta derechos y precariza el empleo, con especial incidencia en hoteles y restaurantes de “comida chatarra”, donde la mano de obra femenina es la que predomina.

La aprobación en Honduras de programas y leyes que recortan derechos laborales ha venido promoviendo y profundizando la “institucionalización de la precarización laboral”. Para los diferentes actores sociales, iniciativas como la Ley de Empleo por Hora no son más que nuevas formas de acumulación capitalista que pretenden generar un cambio en la correlación de fuerzas en las relaciones obrero-patronales. El sector servicios, incluyendo a los subsectores turísticos y de comida rápida, con mayor presencia femenina es donde más está proliferando este tipo de empleo.

Programa/Ley de Empleo por Hora

A inicios de 2010, Honduras seguía sufriendo las consecuencias del golpe de Estado que un año antes había derrocado al presidente Manuel Zelaya. El país estaba en bancarrota y en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes. Aislado internacionalmente, sin acceso a crédito y con una institucionalidad quebrantada, el país centroamericano veía sus indicadores de desempleo, pobreza y violencia subir aceleradamente, al tiempo que su aparato productivo seguía desplomándose.

Es en medio de este caos que, en noviembre de 2010, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 230-2010 con el cual daba vida al Programa Nacional de Empleo por Horas, una herramienta que gozaba del beneplácito del tambaleante gobierno de Porfirio Lobo y del entonces presidente del poder legislativo, Juan Orlando Hernández. Se trataba de un programa de emergencia y de carácter temporal (de 1 a 6 meses), que permitía a las empresas privadas y públicas contratar hasta el 40% del total de su planilla de forma temporal. Las empresas interesadas debían registrarse y declarar las plazas que tenían bajo esta modalidad. Además, debían garantizar toda una serie de derechos previstos por la legislación laboral nacional y los convenios internacionales ratificados por Honduras.Entre otros fines, el Programa de Empleo por Horas se proponía fomentar el empleo digno y decente, evitar el incremento de los índices de desempleo y sub-empleo, fomentar la inserción laboral, la educación, capacitación y formación profesional de trabajadores y trabajadoras.

Tras ser ampliada por unos meses su vigencia, el Programa expiró en noviembre de 2013. Sin embargo, a inicios de 2014, el Congreso decidió emitir el Decreto 354-2013 con el cual se creó la Ley de Empleo por Hora. De esta manera, las modalidades de empleo temporal incluidas en el Programa de 2010 pasaron a ser permanentes y elevadas a rango de ley.

Pese a las protestas de organizaciones sociales y sindicales, a una petición presentada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violación a los Convenios 87, 95 y 98 sobre derecho a la sindicación y la negociación colectiva y protección del salario, y a la solicitud de veto presidencial presentada por organizaciones sindicales y de mujeres, tanto el presidente saliente como su sucesor, Juan Orlando Hernández, hicieron caso omiso. La ley entró en vigencia el 31 de marzo de 2014.

“Estamos ante una forma de acumulación capitalista donde el sistema ya no genera trabajo de calidad, ni mucho menos decente. En este contexto es interesante, y al mismo tiempo preocupante, ver como el ‘sistema derecho’ se ajusta a este modelo y a los requerimientos de la economía neoliberal”, dijo a Alba Sud, Ana Ortega, especialista en Ciencias Políticas.

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Ombudsman acepta que estadísticas de Honduras sobre migración “aún no son completas y seguras”

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, manifestó este martes que las estadísticas de Honduras sobre migración “aún no son completas y seguras”, respecto a la realidad de esta problemática que ha orillado al gobierno a decretar una emergencia humanitaria.

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Un nuevo examen internacional en materia de derechos humanos – 26 Julio 2016

El Estado de Honduras adoptó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 5 de diciembre de 1996. El órgano encargado de vigilar el cumplimiento de este tratado es el Comité contra la Tortura.

Desde esa fecha, Honduras se comprometió a presentar ante el Comité contra la Tortura informes periódicos sobre las medidas legales, administrativas, judiciales y de cualquier otro tipo que el Estado hondureño haya adoptado para erradicar la tortura.

Hace 7 años el Estado presentó su primer informe ante el Comité y este miércoles 27 de julio será examinado por segunda vez en un contexto nacional marcado por la brutalidad policial, la militarización y la impunidad.

Evidentemente, el Estado no siempre presenta la realidad como es y por eso es que las organizaciones de derechos humanos tienen la posibilidad de presentar una visión alternativa de lo que pasa en el país.

En este sentido, la Plataforma EPU y la Coalición contra la Impunidad, con el apoyo de la Organización Mundial Contra la Tortura y la Plataforma Internacional Contra la Impunidad han enviado un informe alternativo al Comité, en el cual se destacan las principales preocupaciones identificadas por parte de la sociedad civil en materia de tortura.

Este informe alternativo resalta que la tortura sigue siendo una herramienta utilizada en múltiples formas y situaciones por las fuerzas de seguridad públicas y privadas, lo cual se agrava con la falta de investigaciones serias y efectivas que hace persistir una situación de gran impunidad debido a la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial.

A su vez, el informe denuncia el  involucramiento creciente de las Fuerzas Armadas en una amplia gama de funciones del Estado, así como una tendencia en paralelo a la proliferación de las empresas de seguridad privada, lo que representan riesgos para la vigencia del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.

Esperamos que el informe alternativo presentado al Comité contra la Tortura favorezca el fin de la práctica de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la impunidad que rodea a esta y a otras graves violaciones a los derechos humanos en el país.

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U.S. to Admit More Central American Refugees

The Obama administration will broaden the effort to allow families of children fleeing dangerous conditions to enter the United States with them.

WASHINGTON — The White House on Tuesday announced a substantial expansion of a program to admit Central American refugees to the United States, conceding that its efforts to protect migrants fleeing dangerous conditions had left too many people with no recourse.

The administration said it would broaden an initiative that currently lets unaccompanied Central American children enter the United States as refugees, allowing their entire families to qualify, including siblings older than 21, parents and other relatives who act as caregivers.

It is unclear how many refugees might be eligible, but during its two years, the program for children has drawn 9,500 applicants, which could eventually grow to many times that with the broader criteria.

The expansion was denounced by Republicans, and it sharpened a contrast with Donald J. Trump, who has centered much of his presidential campaign on a call to shut out immigrants.

Republicans said the Obama administration should be focused on tackling what they called a border crisis. The expansion would instead essentially open an entirely new channel for Central American families escaping endemic violence to gain legal entrance to the United States.

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