Con firma de acuerdo estudiantes esperan que no se criminalice más la protesta social

Estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), anoche firmaron un acuerdo que permitirá avanzar a una mesa de diálogo para tratar el tema de las normas académicas, que podrían llevar a la privatización de la educación superior.

Después de firmado el documento, las autoridades universitarias deberán presentarse ante el Ministerio Públicos para solicitar la suspensión de los requerimientos fiscales contra 75 estudiantes acusados de usurpación, tras participar en protestas sociales a lo largo de 56 días exigiendo educación pública, que son la continuación de una lucha emprendida y atacada desde el 2014.

El Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), y otros movimientos de los Centros Regionales Universitarios, como el Comité de Estudiantes Consientes (CEC) de Comayagua y el Comité de Huelga (CDH) del Valle de Sula, esperan que para mañana los 75 criminalizados a nivel nacional estén en total libertad, tomando en cuenta que ayer se suspendieron audiencias iniciales contra 22 jóvenes capturados por policías dentro de la UNAH, el 1 de julio, tras un desalojo violento; así mismo para mañana se tiene prevista la audiencia de declaración de imputados contra 19 estudiantes a quienes se les libró orden de captura ese mismo viernes.

Después de esto, habrá que esperar otras 48 horas para que se instale la mesa mediadora de diálogo integrada por dos miembros y un testigo de honor de cada parte, quienes darán recomendaciones con respecto a los puntos de agenda que ahí se traten.

“Una vez definido el procedimiento el MEU, de manera inmediata liberará el resto de los edificios tomados, comprometiéndose a reanudar las actividades académicas en Ciudad Universitaria y demás Centros Regionales Universitarios”, reza el sexto punto del acuerdo.

El acuerdo final contiene siete puntos, después de varias propuestas presentadas en dos semanas de acercamiento al diálogo, ya que no se hallaba consenso en cuanto a suspensión de los requerimientos, la criminalización de la protesta social, la entrega de edificios y el retorno a clases.

El problema original son las normas académicas excluyentes, por eso es que se iniciaron las tomas de edificios; de modo que pretender que no se hagan más protestas, es criminalizar un derecho humano, han declarado los estudiantes, quienes se mantienen dispuestos a seguir en acciones sociales hasta que se cumpla el acuerdo.

Mirtha Gutiérrez, representante del MEU, recordó que ayer 20 de julio es la fecha del  natalicio de Eduardo Becerra Lanza, un joven detenido desaparecido por los derechos de los y las universitarias, por lo que siguen su legado.

Agregó que, en el acuerdo se pactan las dos condiciones fundamentales que garantizan la lucha del movimiento estudiantil, el primer paso es para sentar las bases de un verdadero dialogo a nivel nacional con auténtica representación y participación, público y director a los ojos con las autoridades universitarias.

Este pacto está dirigido a poner fin a la acción penal hacia nuestros 75 líderes y lideresas del movimiento estudiantil que vil mente fueron capturados y denunciados por las autoridades universitarias.

Mientras que, el segundo paso es la instalación de una mesa mediadora imparcial que toque le tema de la Normas Académicas, y demás puntos que garantizan la lucha y el objetivo principal por el cual este movimiento se levantó el 25 de mayo del 2016.

“Nosotros como MEU  reconocemos la voluntad de parte de las autoridades universitarias después de largos procesos de acercamiento y diálogo, porque se llegó a grandes conceso, agradecemos a todos los y las estudiantes a nivel nacional por solidarizarse,  acompañar y hacer suya esta lucha”, afirmó Gutiérrez..

Los estudiantes esperan que nunca más las autoridades de la UNAH giren un requerimiento fiscal contra algún universitario que lucha el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, además que ejerza el respeto a la libertad de expresión y a la protesta social en Honduras.

Además excitaron a la juventud a luchar por una universidad realmente que responda a los problemas de la nación, una universidad que brinde condiciones a los sectores olvidados y a toda la juventud que todavía no tiene oportunidad en este país.

Como estudiantes universitarios en este momento tenemos el compromiso de garantizar no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras una universidad abierta al pueblo hondureño en general, enfatizó la vocera del MEU.

Entre los puntos se menciona que se reconocer el derecho a la protesta o manifestación pacífica, libertad de expresión, la presentación de autoridades universitarias ante el Ministerio Público para la suspensión de los requerimientos contra todos los estudiantes, la no criminalización contra los representantes estudiantiles que participan en las mediaciones, la instalación de la mesa mediadora de diálogo y atender sus recomendaciones; y que, una vez cumplido los términos para suspensión de denuncias e instalación de la mesa de diálogo, los estudiantes se comprometen a reanudar las actividades en la UNAH.

Aunque no se sabe sobre el reinicio de clases o periodo académico que fu8e cancelado por las autoridades la semana pasada, afectando a 28 carreras y más de 60 mil de los 90 mil estudiantes de la UNAH.

56 días de manifestaciones sociales criminalizadas

Desde inicios de junio, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mantienen una serie de acciones en protesta para que se deroguen normas académicas en vías de la privatización educativa, no a la militarización de la UNAH y no a la exclusión. Sumándole después no a la criminalización estudiantil.

Para ese entonces, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), solicitó un diálogo abierto y participativo a las autoridades que rectora Julieta Castellanos, pero la respuesta fue criminalizar la protesta social.

En este proceso de lucha estudiantil, ha habido desalojos violentos, estigmatización, persecución, detenciones ilegales, entre otros hechos que han vulnerabilizado a los miles de universitarios que se oponen a la privatización de la educación, a nivel nacional.

También se les ha acusado de vándalos, terroristas, criminales, encapuchados y otros calificativos con la pretensión de dañarles su imagen.

Al no tener acercamiento con las autoridades, los estudiantes solicitaron la mediación en una mesa de diálogo, pero esta no sería posible, si sus compañeros continuaban amenazados con la judicialización, estando en varias etapas procesales en Tegucigalpa (UNAH-CU), San Pedro Sula (UNAH-VS), Comayagua (CURC), Choluteca (CURLP), Atlántida (CURLA), Olancho (CURNO) y Copán (CUROC).

A medida pasaban los días, las autoridades universitarias iban cancelando el periodo académico a diferentes carreras, negando el derecho a la educación a miles de jóvenes.

Finalmente, se ordenó la cancelación del segundo periodo, sin llegar al diálogo solicitado por el MEU y otros movimientos organizados en los centros universitarios del país.

Casi cien mil estudiantes se mantienen en incertidumbre sobre lo que va a suceder en la universidad pública de Honduras, al menos diez mil se han manifestado en Tegucigalpa, exigiendo educación de calidad, no más criminalización y un diálogo abierto.

Para lograr este acuerdo, sirvieron de testigos Roberto Herrera, Comisionado Nacional de Los Derechos Humanos; y Silvia Lavagnoli, Representante Residente Adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Lavagnoli manifestó que no es fácil llegar a este tipo de soluciones, la firma de este acuerdo es la prueba de que si hay buena voluntad y buena fe y que se puede lograr acuerdos con el interés del país y nación, no de particulares, por lo que está a la disposición de seguir acompañando el diálogo si así lo solicitan.

Por parte de la UNAH, firmaron el acuerdo Ayax Irías, Francisco Berrera, Alan Fajardo, Rutilia Calderón, miembros de la Comisión de pre-diálogo.

Por parte de la comunidad universitaria firmaron y Mirtha Gutiérrez (MEU-CU), José F. Bustillo (MEU-CU), Marcia Gutiérrez (Comité de Huelga UNAH-VS), Rudbel Barahona (CEC-CURC), Fausto Cálix (MEU-CU), Henry Orlando Rodríguez (MEU-CURLP), Héctor Estrada (MEU-CU), Diego Valdez (MEU-CH), Héctor Ulloa (MEU-Cl), José Francisco Martínez (Mal-C1-1), Eduardo Cardona (Estudiante CURLA) y Evelyn Zelaya (FRU-CU).

ACUERDO ENTRE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y EL MEU, QUE SE VALIDARÁ ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES COMPETENTES
Nosotros. Ayax Irías, Francisco Berrera. Alan Fajardo, Rutilia Calderón, miembros de la Comisión de pre-diálogo de la CHAU; y Mirtha Gutiérrez (MEU-CU), José F. Rustillo (MEU-CU). Marcia Gutiérrez (Comité de Huelga UNAH-VS). Rudbel Barahona (CEC-CURC). Fausto Cálix (MEU-CU), Henry Orlando Rodríguez (MEU-CURLP), Héctor Estrada (MEU-CU), Diego Valdez (MEU-CH), Héctor Ulloa (MEU-Cl»- José Francisco “atine (Mal-C1-1). Eduardo Cardona (Estudiante CORLA). Evelyn Zelaya (FRU-CU), en libre ejercicio de nuestros derechos humanos que dimanan de nuestra dignidad, hemos coincidido en la necesidad de concluir un acuerdo sobre la extinción de la acción penal que afecta a estudiantes universitarios, sobre la base de consideraciones y compromisos que desarrollamos a continuación:

Honduras es un Estado Democrático de Derecho que tiene como fin supremo garantizar realmente la protección y el respeto de la dignidad humana con su consustancial derecho a la libertad. Ninguna actividad del Estado o ejercicio de la función pública puede fundarse legítimamente en la desatención de ese fin supremo que es fuente inagotable de armonía social, lo cual es aplicable también al ámbito propio de la vida universitaria, así como de la vida en sociedad.

Ese fin supremo con los consiguientes derechos humanos y libertades fundamentales son resguardados por la Constitución de la República y los tratados, convenciones,  pactos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad que regula la actuación de los poderes públicos y prevalece sobre las leyes ordinarias. El Código Procesal Penal, en sus primeros artículos, reconoce expresamente estos principios básicos que deben guiar el cumplimiento de todo ordenamiento procesal penal en Honduras corno Estado democrático de Derecho. En esa virtud, reconocemos el derecho a la protesta o manifestación pacífica, la libertad de expresión y el derecho de petición, como derechos humanos cuyo goce debe garantizarse conforme lo establecen los convenios y tratados internaciones de derechos humanos.

La Constitución de la República y la legislación interna. Instrumentos que regulan los alcances y límites de esos derechos y garantías según los cuales el Estado, las autoridades con un mecanismo funcional para la solución de conflictos en la UNAH para evitar en el porvenir,  la repetición de situaciones como las actuales y así avanzar en correspondencia con el fortalecimiento de la autonomía universitaria. Sobre la base de los anteriores compromisos y consideraciones, acordarnos que la autoridad universitaria presentará y formalizara  ante los órganos competentes, el presente acuerdo sobre la extinción inmediata de la acción penal en contra de todos los estudiantes universitarios sujetos a proceso, como parte integrante de su solicitud que completará con los aspectos siguientes:

PRIMERO: Ambas partes reconocernos el derecho a la protesta y manifestación pacífica,  con pleno respeto a los derechos de los demás, la libertad de expresión como un derecho humano conforme a lo que establecen los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución de la República y la legislación interna. Instrumentos que regulan los alcances y límites de esos derechos y caminas según los cuales el Estado. Las autoridades universitarias y estudiantes como todos los y las habitantes tiene el compromiso ineludible de propiciar un entorno seguro e idóneo para que las personas puedan ejercer estos derechos fundamentados en el bien común y el progreso del país.

SEGUNDO: Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH en el presente acuerdo se comprometen a personarse ante los órganos jurisdiccionales competentes para solicitar que se le ponga fin o se extinga la acción penal promovida en contra de todos los estudiantes universitarios.

TERCERO: Las autoridades universitarias se comprometen u remitir oficio al Ministerio Público del escrito presentado u los juzgados y que contenga el presente acuerdo, para dar a conocer su voluntad de poner fin y extinguir la acción penal en los procesos penales contra los estudiantes.

CUARTO: La UNAIL se compromete a no ejercer la acción civil de cualquier tipo,  en contra de los estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario y otros, en la anterior 1 actual problemática universitaria.

QUINTO: Los estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario se comprometen,  al momento de la primera presentación de la solicitud del fin o extinción de la acción penal,  a liberar todos los espacios o edificios donde se brindan servicios de Vinculación Universidad-Sociedad a nivel nacional.

SEXTO: Las partes se comprometen a instalar la Mesa Mediadora, dentro de un término máximo de cuarenta y ocho horas 148),  contadas a partir de la primera presentación de la solicitud del fin o extinción de la acción penal que contiene el presente acuerdo ante las instancias acordadas. Asi mismo se compromete a que el primer tema de agenda de la Masa Mediadora, será el relacionado con las normas académicas, sin que eso implique la exclusión de otros temas. Al momento de su instalación corno primer ponto, la mesa mediadora deliberará y decidirá los procedimientos bajo los cuales se abordará este tema,  dicha decisión no deberá exceder de las cuarenta y ocho (481 horas a partir de la instalación mencionada. Una vez definido el procedimiento el Movimiento Estudiantil Universitario (Mal) de manera inmediata liberará el resto de los edificios tomados,  comprometiéndose a reanudar las actividades académicas en ciudad universitaria y demás centros regionales universitarios que actualmente se encuentran paralizados,  además de darle continuidad al proceso de diálogo.

SEPTIMO: Las panes se comprometen a que en el caso de discrepancias en asuntos del presente acuerdo u otros que puedan surgir en el futuro,  se tendrá en cuenta las recomendaciones que pueda hacer la Mesa Mediadora.

Una vez suscrito el presente acuerdo, las autoridades universitarias lo presentarán a los órganos jurisdiccionales competentes a fin de que se valide, se ponga fin y extinga la acción penal, se remita oficio del mismo al Ministerio Público,  se dé continuidad al diálogo que armonice el desarrollo de las actividades académicas y garantice el derecho de todos \ cada uno de los estudiantes.

Dudo en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los veinte días del mes de julio del año 2016.

Origen: Con firma de acuerdo estudiantes esperan que no se criminalice más la protesta social

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