Archivos para 23/07/16

El 5 de octubre juicio oral y público contra tres defensores de la tierra de Zacate Grande

Defensores en linea

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Un plebiscito costaría 500 millones de lempiras, asegura el TSE

Tegucigalpa – Llevar a cabo un plebiscito en el país tiene un costo de 500 millones de lempiras, dijo este viernes el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Erick Rodríguez.

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Bajo fuego comunican las arbitrariedades de los cuerpos represivos en sus comunidades

Con el fin de tratar de romper el cerco mediático de los medios de comunicación tradicionales, las y los jóvenes campesinos conformaron una “Red de comunicadores y comunicadoras campesinas”, con el apoyo de la Vía Campesina Honduras.

Su manera de divulgar la información es enviarla al equipo de comunicación de la Vía Campesina, los que se encargan de distribuirla en varios medios y las redes sociales, porque consideran que tienen el deber de dar a conocer lo que sucede en las comunidades campesinas y que en algunos espacios televisivos, radiales o prensa escrita se les violenta su libertad de expresión.

comunicadores en defensa

Red de comunicadores y comunicadoras, apoyados por Vía Campesina.

Comunicadores y comunicadoras denunciaron el hostigamiento, amenazas y maltrato físico dirigido a mujeres, hombres, jóvenes, niños y adultos mayores provocado por los cuerpos de seguridad del Estado a este sector de la sociedad.

La Red comenzó sus primeros pasos en el 2013 pero fue hasta el 2014 que se consolidaron, actualmente cuentan con 30 comunicadores y comunicadoras jóvenes de diferentes partes del país, cuya militancia está comprobada en las organizaciones que son parte de la Vía Campesina, están en cinco zonas del país; la zona norte, Sur, Occidente, Oriente y parte de la zona Central.

Tratos crueles e  inhumanos

En Planes, Santa María La Paz en el año 2015, Samuel Antonio Vásquez se encontraba haciendo una cobertura , estaba  tomando videos, fotografías y entrevistas, le quitaron todo el equipo, a pesar de que andaba con un chaleco e identificación de comunicador, pero que no tuvo tiempo de hablarles a los uniformados,  expresó que “allí pude experimentar la violación a los derechos, me ultrajaron y me golpearon con los toletes”.

Según él, hubo desalojo ilegal, nunca mostraron una orden, les dispararon bala viva, gases lacrimógenos y propinaron cualquier cantidad de golpes a las y los campesinos.

A Vásquez lo transportaron a la Jefatura de Marcala, departamento de la Paz,  y luego al Centro Penal siempre de Marcala, al llegar informó que era comunicador social y andaban recogiendo información, pero no le interesó a la policía, ya que lo confundieron con los coordinadores o líderes de las bases.

Dentro de la prisión recibió un trato inhumano, dormían en el suelo y a la intemperie, les cayeron tres tormentas, le afectó el humo de la cocina porque pernoctaban casi en la puerta, hasta la fecha padece de dolores de cabeza. Cerca del lugar que supuestamente era habitación pasaban las aguas negras y allí  lo mantuvieron preso 67 días.

Varias veces encarcelado

Gerson Fajardo pertenece a la Red desde sus inicios, comentó que la experiencia le sirve a campesinos y campesinas que viven al interior del país y así poder enviar datos de las represiones, encarcelamientos, secuestros y asesinatos, por mera responsabilidad de militares, policías y guardias de seguridad privada de los terratenientes.

Reiteró que los “medios de la burguesía”, las grandes corporaciones afines al gobierno y terratenientes no transmiten esta clase de información ni reflejan lo que pasa en el campo, por ser los campesinos uno de los sectores más marginados de la sociedad, no obstante los medios  alternativos les brindan la oportunidad para denunciar.

Para Gerson lo más difícil que le ocurrió como comunicador y campesino es el encarcelamiento, “he visto morir a mis compañeros, como caen heridos a mis pies en los desalojos”, recordó que en el 2012 presenció cómo se extinguió de vida de tres de sus compañeros campesinos en la comunidad de Coule , San Manuel Cortes “ eso fue lamentable”, dijo.

Detalló que en una ocasión los uniformados lo dejaron totalmente golpeado y no tuvieron la responsabilidad de llevarlo a un centro de salud sino que lo tiraron a una bartolina; le vino a la mente que el cuarto era pequeño, oscuro, con olor fétido porque le quitaron el derecho para hacer sus necesidades en un servicio; se acurrucó y esperó, en medio del maltrato psicológico y los insultos de los policías que vertían como “para qué andas robando”, “porque no compras”.

Medios mienten

Por la región de Cortés está  Mirian Sánchez,  miembra del Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, (CODIMCA), decidió pertenecer a la red porque consideró que el pueblo está siendo engañado, recibiendo mala información, los medios del otro lado lo hacen para que ignoren lo que sucede en las comunidades campesinas y creen que a través de la Red pueden dar a conocer “la verdad y la situación real del país”.

La policía los ataca descaradamente en el momento que andan haciendo las coberturas, tratan de evitar que tomen fotografías, hacen uso de gases lacrimógenos, golpes, aunque anden identificada, a veces, Sánchez camina moretones en su cuerpo.

Califican a los comunicadores como “bochincheros”, lo más triste que han visto sus ojos es como la policía se ensaña con la gente que participa en las manifestaciones reclamando sus derechos, las personas llorando por las bombas y bañados en sangre, pues les lanzan los cilindros lacrimógenos directamente al cuerpo. La represión es igual para hombres y mujeres, cuando les toca pegar lo hacen, dijo la comunicadora.

Medidas cautelares

De las nuevas generaciones de “La Voz de Zacate Grande” está Wilson Cabrera, de 20 años, beneficiario de medidas cautelares desde el 2012; narró la difícil situación que han vivido las y los comunicadores de la península.

A la temprana edad de 11 años empezó a participar en la radio, un momento muy conflictivo, la prueba de fuego, lo que lo impulsó a ser comunicador, fueron los hechos ocurridos a partir del golpe de Estado del 2009 y decidió entrar  en un proceso de formación.

El joven comenzó a recibir constantes amenazas a muerte de los trabajadores del empresario Miguel Facussé, le decían “o te retiras de la radio o te matamos hijo de p…”, de ahí que les colocaron el sobrenombre de “los garroteros”, Las autoridades no los reconocen como comunicadores y por eso la arremeten contra ellos.

El deber de la policía es darle protección, pero aseguró que el papel que juegan es “pésimo”, varios compañeros sufrieron agresiones, decomiso de equipo, cárcel y hasta exilio como es el caso de Miguel Ángel Vásquez quien pidió asilo político para salvaguardar su vida, ya que en varias ocasiones intentaron matarlo.

Impulso de pertenecer

Su mirada se pierde al tratar de recordar lo que vivieron en la comunidad de Rigores durante los desalojos, es nuevo en el proceso, pero lo impulsa su deseo de contarle a la gente las injusticias que sufren los y las campesinas, “perdimos todo, nos deshicieron las casas y los cultivos, tuvimos  que volver a empezar porque les quemaron las viviendas”, describió Darwin Hernández.

Lo más cruel que vio en el desalojo del 2011 fue como los militares golpearon gravemente a 23 de sus compañeros, uno de ellos quedó con problemas psicológicos irreversibles mientras la esposa de éste murió hace seis meses a raíz de las torturas de las que no pudo recuperarse nunca. El joven comunicador responsabilizó a la policía, militares y terratenientes de estas muertes, especialmente al extinto Miguel Facussé.

Exteriorizó que en esos momentos al distinguir todo lo que les hicieron se sintió “humillado”, añadió que el gobierno debería ayudar un poco, porque hay lugares en donde no existe ni una escuela, de esa manera les niegan el derecho a la educación.

Por su parte, Denis Gutiérrez de El Paraíso junto a ocho jóvenes más,  impulsan un proceso de organización en la comunidad campesina donde vive, por el motivo que están en extrema pobreza y tienen la idea que de ese modo pueden cambiar las cosas, es por ese  motivo que ingresó a la Red.

Muchos muchachos del Valle del Aguán están interesados en el proceso de recuperación de tierras, pero a Erick López le gusta la comunicación cree que es un aporte importante formarse en esta área.

Sin embargo, la discriminación y la muerte lo impulsa a querer cambiar la conciencia de aquellas personas “que no piensan que un pobre también tiene derechos” agregó que no es agradable presenciar los desalojos, el maltrato hacia las mujeres, a los hombres han llegado al grado de quitarles la vida y “uno siente incapacidad porque no puede hacer nada contra ellos, más que todo la policía o los grupos de los terratenientes, no somos nada a la par de ellos, pero no tengo miedo”.

En tanto que para Jennifer Yánez de El Progreso explicó que estar en la Red es una oportunidad para aprender, informar y apoyar a los campesinos. En el proceso de recuperación de tierras los desalojaron tres veces, tenían cultivos de maíz, frijoles, frutas, y los guardias de la empresa Azucarera del Norte S.A , AZUNOSA, les botaron todo.

Otro de los nuevos integrantes es Darío López de Tutule, Agua Frías, La Paz, trabaja en la radio comunitaria “Suyuguare” desde hace dos años, en ese lugar las y los campesinos están en un proceso de recuperación de tierras, han tenido amenazas de desalojos por parte del Estado a través de la alcaldía ya que se encuentran en terrenos ejidales. Por el momento han llegado a un acuerdo con la Alcaldesa Gilma Ondina Castillo que no van a tomar más tierras. En la actualidad hay 40 familias en los predios.

Niño militante

Él siempre ha querido ser comunicador, ya que desde la edad de siete años participó en tomas, paros y manifestaciones junto a sus padres, indicó Sergio Godínez, además, denunció que son víctimas de persecuciones por ser comunicadores de El Progreso, Yoro, por eso es necesario aprender a informar. Fue desde los 12 años que decidió militar en un grupo de jóvenes campesinos con el apoyo de su padre.

Siendo menor de edad lo apresaron en julio del 2012, se encontraba en una recuperación de tierras y como a las cuatro de la madrugada les cayó un desalojo, los trasladaron a una posta, tenía 15 años, desde esa edad es beneficiario de medidas cautelares, está sometido a un proceso penal.

Godínez creció en medio de la violencia viendo como los policías y militares golpeaban a las y los campesinos incluidos sus progenitores, aseguró que los medios de comunicación toman las fotos, pero jamás salen en las noticias, en cambio “uno que está aprendiendo cómo pasar información, tomamos la foto y quién nos va a comprar si nosotros somos del campesinado, nadie nos manipula”, aseguró orgulloso.

Periodistas se prestan

A sus tres años de militancia Rubén Cedillo, del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino de Aguán, (MARCA), declaró que concientizaron a los jóvenes para hacerles sentir la realidad del país.

Tuvieron la iniciativa en la región de montar el “Observatorio Agrario Campesino y la Red de Comunicadores”, para realizar la tarea de recolección de información a nivel nacional de diferentes departamentos, con la idea de que las noticias sean directas desde el lugar de los hechos, como una nota sistematizada “no cómo lo hacen los periodistas de algunos canales que la dicen de otra forma torciendo la realidad”, denunció.

Señaló Cedillo que existen periodistas que se prestan para darle vuelta a las noticias a favor de quienes reciben dinero a cambio, mientras tanto, varios comunicadores y comunicadoras han sido reprimidas quebrándoles sus teléfonos y cámaras.

En su caso,  es perseguido en el Bajo Aguán, “hasta han ofrecido dinero para que den mi paradero”. Las grandes corporaciones como Dinant, Oleopalma y Aceidosa, son las que se dedican a la violación a los derechos humanos, pagan al ejército y guardias privados para que hagan el trabajo sucio de hostigamiento contra campesinos, comunicadores y las organizaciones que los apoyan, detalló.

Alegó que cuando las grandes corporaciones necesitan de la Ley, actúan de inmediato, pero como el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán, MARCA,  le ganaron un juicio a las tres empresas, tenían sentencia firme en el 2010 tomaron posesión después de 17 años de lucha, más el 29 de julio del 2012 los desalojaron, el abogado Antonio Trejo, quien fue asesinado el 2012 en la capital,  ganó en seis meses el juicio a Oleopalma y Miguel Facussé “la misma empresa privada ordenó su muerte de la que no ha habido ninguna investigación”, denunció.

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A prueba de fuego este viernes el acuerdo firmado por autoridades de la UNAH con estudiantes

Este viernes 22 de julio se pone a prueba el acuerdo de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH con el Movimiento de Estudiantes Universitarios, MEU, en lo relacionado al punto de cerrar los procesos penales contra unos 22 jóvenes que fueron capturados el 01 de de julio pasado, llevados ante un juez con grilletes en sus pies y manos.

Este hecho ocurrió ese primero de julio después de que decenas de policías preventivos, del Escuadrón COBRAS e investigadores de la Dirección de Investigación Policial, DPI, llegaron a la UNAH y sacaron a unos 24 estudiantes entre ellos dos menores de edad llevándoselos en patrullas policiales hacia la DPI donde permanecieron más del tiempo que establece la Ley para después ser llevados ante un juez.

Acuerdo a prueba de fuego

Las autoridades universitarias se comprometieron firmando un documento que entre los puntos vitales y de cumplimiento inmediato es que la UNAH desautorice al Ministerio Público a no continuar con la acción penal contra 75 estudiantes a nivel nacional.

Este viernes será la audiencia inicial que fue pospuesta el martes anterior porque el Ministerio Público acumuló los expedientes a pesar que no son los mismos delitos por los cuales los estudiantes están enjuiciados.

La pregunta es cuál será la actitud del Ministerio Público en esta audiencia, pues constituirá una prueba fehaciente de que hay voluntad verdadera de cumplir con los compromisos adquiridos a través del acuerdo, a continuación lo relativo en el acuerdo sobre este punto, donde además incluyen que no ejercerán acciones civiles contra los jóvenes:

requerimientos desestimar

 

Origen: A prueba de fuego este viernes el acuerdo firmado por autoridades de la UNAH con estudiantes

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MOVIMIENTO ESTUDIANTIL LOGRA CONSTRUIR CAMINOS HACIA PROCESOS DEMOCRÁTICOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL

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CON LA FUERZA ANCESTRAL DE LEMPIRA Y BERTA CÁCERES, CIUDADANÍA PROTESTÓ CONTRA PEAJE

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CON MILITARES PRETENDEN CONTROLAR ZOZOBRA GENERADA POR VIOLENCIA EN LA LIMA, CORTÉS

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Empresa Nacional Portuaria y el Indura Beach persisten en acosar Garífunas de Barra Vieja.

Sambo Creek, 20 de Julio del 2016.- A pesar que la Corte Suprema de Justicia desestimó el Recurso de Casación interpuesto por el Indura y la Empresa Nacional Portuaria (EPN) en contra de la Sentencia Absolutoria a favor de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, la EPN  y los empresarios asociados al Indura Beach persiste en la persecución jurídica a los miembros directivos del patronato de Barra Vieja.

El 4 de junio de 2015, el Juzgado de Tela dicto una sentencia absolutoria a favor de la comunidad de Barra Vieja, en un juicio donde fueron encausados más de un centenar de los habitantes de la comunidad. La asombrosa actitud asumida por el estado de Honduras a través del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), la Empresa Nacional Portuaria y el Indura Beach, ha demostrado la persecución contra el pueblo Garífuna, la que se incrementó a partir del golpe de estado del año 2009.

Loa habitantes de Barra Vieja han padecido de una persecución judicial precedida de varios intentos de desalojo, donde la comunidad garífuna demostró su capacidad para eludir la violencia de las fuerzas de seguridad estatales, que pretendieron atemorizar a al población con su inclinación a la violencia, demostrada en los múltiples desalojos, los cuales suelen ser muy habituales en nuestro país.

Según la sentencia emitida por el Juzgado de Tela, la ENP no pudo demostrar que son dueños de la tierra donde esta ubicada la comunidad de Barra Vieja. Además se señaló que los acusados no son usurpadores, por lo tanto se les suspendieron las medidas sustitutivas a los miembros dela comunidad sindicados en el caso.

Ante la problemática existente en Honduras en materia de titulación, el Juzgado en su sentencia indicó que “este tribunal no duda de la autenticidad de la escritura, no así en lo referente a su contenido en vista de que no se acreditó en el juicio oral mediante las escrituras correspondientes los desmembramientos que se encuentran registradas y que consta en las notas marginales, tampoco se constataron las dimensiones y colindancias de dichos predios, por tal razón se desconoce actualmente cual es la cantidad de hectáreas o manzanas registradas a favor de la Empresa Nacional Portuaria, o del Instituto Hondureño de turismo, del Instituto Nacional Agrario y del Proyecto Bahía de Tela”.

La sentencia demuestra como las diversas instituciones del estado de Honduras y los empresarios han realizado una piñata con el territorio ancestral Garífuna. La asombrosa actitud asumida por el estado a través del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), y la  élite de poder económico de apropiarse y repartirse Barra Vieja, utilizando al Poder Judicial, no es más que un despojo que viola convenios jurídicos internacionales, además demuestra la ausencia de ética de los funcionarios públicos.

La presencia Garífuna en Barra Vieja se remonta al año de 1911, y para 1950 se encuentra constituida la comunidad, la que después del huracán Mitch es deshabitada ante la muerte de los cocos y el avance de la erosión costera. En el año 2006 comienzan los antiguos habitantes de Barra Vieja a retornar a su territorio ancestral, y reconstruir sus viviendas.

La E.P.N se encuentra además implicada en el despojo de la comunidad Garifuna de Puerto Castilla, en la que pistola en mano el general Gustavo Alvarez Martinez obligó a la comunidad de Cristales y Río Negro en Trujillo ceder parte de su territorio para la construcción del muelle en Castilla, situación que implicó una relocalización de la comunidad en 1976. En la actualidad existen amenazas de una nueva relocalización de Castilla como parte de la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), conocida también como Ciudad Modelo.

Exigimos al estado de Honduras, IHT, EPN y empresarios asociados con el Indura Beach, que cesen el hostigamiento y persecución judicial a los dirigentes del Patronato de Barra Vieja. Además a la EPN reconsidere los planes de expulsión de los habitantes de Puerto Castilla, ya que las ZEDE no fueron consultadas en ningún momento con el pueblo Garífuna, tal como exige el Convenio 169 de la OIT.

Cabe mencionar el hecho que en diciembre del 2015, La Corte Interamericana emitió dos sentencias condenatorias contra el Estado Hondureño, por la violación del derecho a la Consulta-Consentimiento Previo Libre e Informada de la comunidad de Triunfo de la Cruz y de la falta de protección y garantía del titulo comunitario otorgado a la comunidad de Punta Piedra.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

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Con firma de acuerdo estudiantes esperan que no se criminalice más la protesta social

Estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), anoche firmaron un acuerdo que permitirá avanzar a una mesa de diálogo para tratar el tema de las normas académicas, que podrían llevar a la privatización de la educación superior.

Después de firmado el documento, las autoridades universitarias deberán presentarse ante el Ministerio Públicos para solicitar la suspensión de los requerimientos fiscales contra 75 estudiantes acusados de usurpación, tras participar en protestas sociales a lo largo de 56 días exigiendo educación pública, que son la continuación de una lucha emprendida y atacada desde el 2014.

El Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), y otros movimientos de los Centros Regionales Universitarios, como el Comité de Estudiantes Consientes (CEC) de Comayagua y el Comité de Huelga (CDH) del Valle de Sula, esperan que para mañana los 75 criminalizados a nivel nacional estén en total libertad, tomando en cuenta que ayer se suspendieron audiencias iniciales contra 22 jóvenes capturados por policías dentro de la UNAH, el 1 de julio, tras un desalojo violento; así mismo para mañana se tiene prevista la audiencia de declaración de imputados contra 19 estudiantes a quienes se les libró orden de captura ese mismo viernes.

Después de esto, habrá que esperar otras 48 horas para que se instale la mesa mediadora de diálogo integrada por dos miembros y un testigo de honor de cada parte, quienes darán recomendaciones con respecto a los puntos de agenda que ahí se traten.

“Una vez definido el procedimiento el MEU, de manera inmediata liberará el resto de los edificios tomados, comprometiéndose a reanudar las actividades académicas en Ciudad Universitaria y demás Centros Regionales Universitarios”, reza el sexto punto del acuerdo.

El acuerdo final contiene siete puntos, después de varias propuestas presentadas en dos semanas de acercamiento al diálogo, ya que no se hallaba consenso en cuanto a suspensión de los requerimientos, la criminalización de la protesta social, la entrega de edificios y el retorno a clases.

El problema original son las normas académicas excluyentes, por eso es que se iniciaron las tomas de edificios; de modo que pretender que no se hagan más protestas, es criminalizar un derecho humano, han declarado los estudiantes, quienes se mantienen dispuestos a seguir en acciones sociales hasta que se cumpla el acuerdo.

Mirtha Gutiérrez, representante del MEU, recordó que ayer 20 de julio es la fecha del  natalicio de Eduardo Becerra Lanza, un joven detenido desaparecido por los derechos de los y las universitarias, por lo que siguen su legado.

Agregó que, en el acuerdo se pactan las dos condiciones fundamentales que garantizan la lucha del movimiento estudiantil, el primer paso es para sentar las bases de un verdadero dialogo a nivel nacional con auténtica representación y participación, público y director a los ojos con las autoridades universitarias.

Este pacto está dirigido a poner fin a la acción penal hacia nuestros 75 líderes y lideresas del movimiento estudiantil que vil mente fueron capturados y denunciados por las autoridades universitarias.

Mientras que, el segundo paso es la instalación de una mesa mediadora imparcial que toque le tema de la Normas Académicas, y demás puntos que garantizan la lucha y el objetivo principal por el cual este movimiento se levantó el 25 de mayo del 2016.

“Nosotros como MEU  reconocemos la voluntad de parte de las autoridades universitarias después de largos procesos de acercamiento y diálogo, porque se llegó a grandes conceso, agradecemos a todos los y las estudiantes a nivel nacional por solidarizarse,  acompañar y hacer suya esta lucha”, afirmó Gutiérrez..

Los estudiantes esperan que nunca más las autoridades de la UNAH giren un requerimiento fiscal contra algún universitario que lucha el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, además que ejerza el respeto a la libertad de expresión y a la protesta social en Honduras.

Además excitaron a la juventud a luchar por una universidad realmente que responda a los problemas de la nación, una universidad que brinde condiciones a los sectores olvidados y a toda la juventud que todavía no tiene oportunidad en este país.

Como estudiantes universitarios en este momento tenemos el compromiso de garantizar no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras una universidad abierta al pueblo hondureño en general, enfatizó la vocera del MEU.

Entre los puntos se menciona que se reconocer el derecho a la protesta o manifestación pacífica, libertad de expresión, la presentación de autoridades universitarias ante el Ministerio Público para la suspensión de los requerimientos contra todos los estudiantes, la no criminalización contra los representantes estudiantiles que participan en las mediaciones, la instalación de la mesa mediadora de diálogo y atender sus recomendaciones; y que, una vez cumplido los términos para suspensión de denuncias e instalación de la mesa de diálogo, los estudiantes se comprometen a reanudar las actividades en la UNAH.

Aunque no se sabe sobre el reinicio de clases o periodo académico que fu8e cancelado por las autoridades la semana pasada, afectando a 28 carreras y más de 60 mil de los 90 mil estudiantes de la UNAH.

56 días de manifestaciones sociales criminalizadas

Desde inicios de junio, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mantienen una serie de acciones en protesta para que se deroguen normas académicas en vías de la privatización educativa, no a la militarización de la UNAH y no a la exclusión. Sumándole después no a la criminalización estudiantil.

Para ese entonces, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), solicitó un diálogo abierto y participativo a las autoridades que rectora Julieta Castellanos, pero la respuesta fue criminalizar la protesta social.

En este proceso de lucha estudiantil, ha habido desalojos violentos, estigmatización, persecución, detenciones ilegales, entre otros hechos que han vulnerabilizado a los miles de universitarios que se oponen a la privatización de la educación, a nivel nacional.

También se les ha acusado de vándalos, terroristas, criminales, encapuchados y otros calificativos con la pretensión de dañarles su imagen.

Al no tener acercamiento con las autoridades, los estudiantes solicitaron la mediación en una mesa de diálogo, pero esta no sería posible, si sus compañeros continuaban amenazados con la judicialización, estando en varias etapas procesales en Tegucigalpa (UNAH-CU), San Pedro Sula (UNAH-VS), Comayagua (CURC), Choluteca (CURLP), Atlántida (CURLA), Olancho (CURNO) y Copán (CUROC).

A medida pasaban los días, las autoridades universitarias iban cancelando el periodo académico a diferentes carreras, negando el derecho a la educación a miles de jóvenes.

Finalmente, se ordenó la cancelación del segundo periodo, sin llegar al diálogo solicitado por el MEU y otros movimientos organizados en los centros universitarios del país.

Casi cien mil estudiantes se mantienen en incertidumbre sobre lo que va a suceder en la universidad pública de Honduras, al menos diez mil se han manifestado en Tegucigalpa, exigiendo educación de calidad, no más criminalización y un diálogo abierto.

Para lograr este acuerdo, sirvieron de testigos Roberto Herrera, Comisionado Nacional de Los Derechos Humanos; y Silvia Lavagnoli, Representante Residente Adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Lavagnoli manifestó que no es fácil llegar a este tipo de soluciones, la firma de este acuerdo es la prueba de que si hay buena voluntad y buena fe y que se puede lograr acuerdos con el interés del país y nación, no de particulares, por lo que está a la disposición de seguir acompañando el diálogo si así lo solicitan.

Por parte de la UNAH, firmaron el acuerdo Ayax Irías, Francisco Berrera, Alan Fajardo, Rutilia Calderón, miembros de la Comisión de pre-diálogo.

Por parte de la comunidad universitaria firmaron y Mirtha Gutiérrez (MEU-CU), José F. Bustillo (MEU-CU), Marcia Gutiérrez (Comité de Huelga UNAH-VS), Rudbel Barahona (CEC-CURC), Fausto Cálix (MEU-CU), Henry Orlando Rodríguez (MEU-CURLP), Héctor Estrada (MEU-CU), Diego Valdez (MEU-CH), Héctor Ulloa (MEU-Cl), José Francisco Martínez (Mal-C1-1), Eduardo Cardona (Estudiante CURLA) y Evelyn Zelaya (FRU-CU).

ACUERDO ENTRE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y EL MEU, QUE SE VALIDARÁ ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES COMPETENTES
Nosotros. Ayax Irías, Francisco Berrera. Alan Fajardo, Rutilia Calderón, miembros de la Comisión de pre-diálogo de la CHAU; y Mirtha Gutiérrez (MEU-CU), José F. Rustillo (MEU-CU). Marcia Gutiérrez (Comité de Huelga UNAH-VS). Rudbel Barahona (CEC-CURC). Fausto Cálix (MEU-CU), Henry Orlando Rodríguez (MEU-CURLP), Héctor Estrada (MEU-CU), Diego Valdez (MEU-CH), Héctor Ulloa (MEU-Cl»- José Francisco “atine (Mal-C1-1). Eduardo Cardona (Estudiante CORLA). Evelyn Zelaya (FRU-CU), en libre ejercicio de nuestros derechos humanos que dimanan de nuestra dignidad, hemos coincidido en la necesidad de concluir un acuerdo sobre la extinción de la acción penal que afecta a estudiantes universitarios, sobre la base de consideraciones y compromisos que desarrollamos a continuación:

Honduras es un Estado Democrático de Derecho que tiene como fin supremo garantizar realmente la protección y el respeto de la dignidad humana con su consustancial derecho a la libertad. Ninguna actividad del Estado o ejercicio de la función pública puede fundarse legítimamente en la desatención de ese fin supremo que es fuente inagotable de armonía social, lo cual es aplicable también al ámbito propio de la vida universitaria, así como de la vida en sociedad.

Ese fin supremo con los consiguientes derechos humanos y libertades fundamentales son resguardados por la Constitución de la República y los tratados, convenciones,  pactos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad que regula la actuación de los poderes públicos y prevalece sobre las leyes ordinarias. El Código Procesal Penal, en sus primeros artículos, reconoce expresamente estos principios básicos que deben guiar el cumplimiento de todo ordenamiento procesal penal en Honduras corno Estado democrático de Derecho. En esa virtud, reconocemos el derecho a la protesta o manifestación pacífica, la libertad de expresión y el derecho de petición, como derechos humanos cuyo goce debe garantizarse conforme lo establecen los convenios y tratados internaciones de derechos humanos.

La Constitución de la República y la legislación interna. Instrumentos que regulan los alcances y límites de esos derechos y garantías según los cuales el Estado, las autoridades con un mecanismo funcional para la solución de conflictos en la UNAH para evitar en el porvenir,  la repetición de situaciones como las actuales y así avanzar en correspondencia con el fortalecimiento de la autonomía universitaria. Sobre la base de los anteriores compromisos y consideraciones, acordarnos que la autoridad universitaria presentará y formalizara  ante los órganos competentes, el presente acuerdo sobre la extinción inmediata de la acción penal en contra de todos los estudiantes universitarios sujetos a proceso, como parte integrante de su solicitud que completará con los aspectos siguientes:

PRIMERO: Ambas partes reconocernos el derecho a la protesta y manifestación pacífica,  con pleno respeto a los derechos de los demás, la libertad de expresión como un derecho humano conforme a lo que establecen los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución de la República y la legislación interna. Instrumentos que regulan los alcances y límites de esos derechos y caminas según los cuales el Estado. Las autoridades universitarias y estudiantes como todos los y las habitantes tiene el compromiso ineludible de propiciar un entorno seguro e idóneo para que las personas puedan ejercer estos derechos fundamentados en el bien común y el progreso del país.

SEGUNDO: Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH en el presente acuerdo se comprometen a personarse ante los órganos jurisdiccionales competentes para solicitar que se le ponga fin o se extinga la acción penal promovida en contra de todos los estudiantes universitarios.

TERCERO: Las autoridades universitarias se comprometen u remitir oficio al Ministerio Público del escrito presentado u los juzgados y que contenga el presente acuerdo, para dar a conocer su voluntad de poner fin y extinguir la acción penal en los procesos penales contra los estudiantes.

CUARTO: La UNAIL se compromete a no ejercer la acción civil de cualquier tipo,  en contra de los estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario y otros, en la anterior 1 actual problemática universitaria.

QUINTO: Los estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario se comprometen,  al momento de la primera presentación de la solicitud del fin o extinción de la acción penal,  a liberar todos los espacios o edificios donde se brindan servicios de Vinculación Universidad-Sociedad a nivel nacional.

SEXTO: Las partes se comprometen a instalar la Mesa Mediadora, dentro de un término máximo de cuarenta y ocho horas 148),  contadas a partir de la primera presentación de la solicitud del fin o extinción de la acción penal que contiene el presente acuerdo ante las instancias acordadas. Asi mismo se compromete a que el primer tema de agenda de la Masa Mediadora, será el relacionado con las normas académicas, sin que eso implique la exclusión de otros temas. Al momento de su instalación corno primer ponto, la mesa mediadora deliberará y decidirá los procedimientos bajo los cuales se abordará este tema,  dicha decisión no deberá exceder de las cuarenta y ocho (481 horas a partir de la instalación mencionada. Una vez definido el procedimiento el Movimiento Estudiantil Universitario (Mal) de manera inmediata liberará el resto de los edificios tomados,  comprometiéndose a reanudar las actividades académicas en ciudad universitaria y demás centros regionales universitarios que actualmente se encuentran paralizados,  además de darle continuidad al proceso de diálogo.

SEPTIMO: Las panes se comprometen a que en el caso de discrepancias en asuntos del presente acuerdo u otros que puedan surgir en el futuro,  se tendrá en cuenta las recomendaciones que pueda hacer la Mesa Mediadora.

Una vez suscrito el presente acuerdo, las autoridades universitarias lo presentarán a los órganos jurisdiccionales competentes a fin de que se valide, se ponga fin y extinga la acción penal, se remita oficio del mismo al Ministerio Público,  se dé continuidad al diálogo que armonice el desarrollo de las actividades académicas y garantice el derecho de todos \ cada uno de los estudiantes.

Dudo en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los veinte días del mes de julio del año 2016.

Origen: Con firma de acuerdo estudiantes esperan que no se criminalice más la protesta social

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Situación de ingobernabilidad y corrupción continúa en Wampusirpi

Por: Josep Aguila Hoy es noticia, la presencia de una comisión de 15 personas del Municipio de Wampusirpi, en Puerto Lempira, buscando  una solución definitiva a la crisis de gobernabilidad provocada por el Alcalde Bertrán González, después de las denuncias por de Malversación de fondos, Ausencia de su puesto de trabajo, falsificación de certificados de […]

Origen: Situación de ingobernabilidad y corrupción continúa en Wampusirpi – CRITERIO

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CONGRESO NACIONAL TENDRÁ ÚLTIMA PALABRA SOBRE REELECCIÓN PRESIDENCIAL

La polémica vuelve a la mesa del debate político en Honduras, a través de la tan temida reelección presidencial, excusa principal de la clase política para orquestar un golpe de Estado el pasado 28 de junio del 2009.

La propuesta tiene alarmados a propios y a extraños, en este caso es impulsado por el Partido Nacional a través de varios movimientos en la Corte Suprema de Justicia y ahora mediante una iniciativa ciudadana que en los próximos días se consumará en el Congreso Nacional.

En abril de 2015 cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ anterior fallaron a favor del recurso interpuesto por el expresidente Rafael Leonardo Callejas sobre declarar inaplicable el artículo 239 de la Constitución de la República, dando así vía libre a la reelección presidencial en el país.

El fallo abarcaba el recurso que presentaron 16 diputados para borrar el párrafo 2 del artículo 239, que criminalizaba hablar sobre la reelección presidencial.

Tras el fallo, el 7 de septiembre de ese mismo año, miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentaron un recurso de nulidad contra la reelección en el país.

En su momento, la dirigencia de la institución política pidió al pleno de la CSJ que se reuniera de forma urgente y declararan nulo todo lo actuado en la sala de lo constitucional, referente a la reelección presidencial en Honduras, petición que no procedió y la CSJ declaró sin lugar dejando abierta la posibilidad legal para continuar hablando y proponiendo la reelección.

“El Partido Nacional desde hace días viene preparando el camino a la reelección de Juan Orlando Hernández, lo lamentable es que para los organismos de justicia que tanto se pronunciaron contra la relección en el 2009 son quienes ahora dan vía libre a la propuesta”, dijo el analista político Fabricio Herrera.

El Congreso tiene la última palabra

El primer paso para la reelección ya fue cumplido por el partido de gobierno, el que consistió en proponer la despenalización ante la CSJ, luego poner el tema en el debate público y político y ahora con la recolección de firmas para proceder con una iniciativa ciudadana.

“Se han recolectado más de un millón quinientos mil firmas, eso muestra el apoyo de la gente a la iniciativa y se presentará como iniciativa ciudadana al Congreso Nacional, para que se le dé el trámite correspondiente.

Se buscará el consenso, el dialogo, para que los legislativos puedan aprobarlo, y así quede vigente por un periodo.

La CSJ emitió un fallo, no les gusta, es el máximo órgano del país, en ese sentido se debe dar seguimiento a la iniciativa ciudadana”, dijo el diputado Antonio Rivera Callejas.

Rivera Callejas manifestó que el siguiente paso será en el Congreso Nacional, acuerpados por más de un millón quinientas mil firmas presentarán una iniciativa ciudadana para que se apruebe la reelección por un periodo, la medida solo puede salir triunfante si hay mayoría calificada; es decir 86 votos en total.

El Partido Nacional debe acelerar el proceso de propuesta y votación antes del 11 de septiembre, fecha en que el Tribunal Supremo Electoral convocaría al proceso electoral primario.

“El tema legal se debe analizar en función de en qué cosas se pueden hacer reformas y en cuáles no, nosotros convocaremos a elecciones el 11 de septiembre y las modificaciones se deben hacer antes de ese término, caso contrario no tendrían vigencia para el próximo proceso electoral”, dijo David Matamoros, magistrado presidente del TSE.

Por su parte Herrera es del criterio que no se le puede llamar consulta a la realizada por el Partido Nacional, sino una recolección de firma, y que la misma se realiza dentro de un marco de ilegalidad porque no es ese el mecanismo  que establece la Constitución de la Republica para temas de suma importancia y de consulta al pueblo.

Herrera, expresó que se están violando de manera continua los artículos pétreos de la Constitución que hablan sobre la no reelección presidencial.

En ese sentido manifiesta que solo el Poder Constituyente puede quitar la llave para aprobar la reelección presidencial, por lo tanto están cometiendo un delito penal constitucional.

Bajo esa dinámica la diputada de Libre, Beatriz Valle, presentó al Congreso Nacional una iniciativa solicitando que se ordene al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el desarrollo de una consulta mediante la modalidad del plebiscito para preguntarle a la población si está de acuerdo o no con la reelección.

La petición se contrapone a la iniciativa ciudadana del Partido Nacional, que será presentada en los próximos días.

Sobre la propuesta de Libre el diputado nacionalista Rolando Dubón Bueso aseguró que su partido no apoya una consulta sobre un tema sobre el cual ya se pronunció uno de los tres poderes del Estado y, por otra parte, resultaría un proceso oneroso llevar a la práctica un plebiscito. A criterio del diputado la reelección es un tema que ya fue juzgado por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional.

Mientras que el general Romeo Vásquez Velásquez uno de los principales autores del Golpe de Estado del 2009 cree que hablar de reelección es producto de la inmadurez de la clase política hondureña que se enfrasca en buscar intereses particulares y no en resolver los problemas que a diario enfrenta la gente.

“Las ambiciones personales de un grupo no nos pueden llevar a una confrontación como la del 2009, esta es una aventura política”, dijo Vásquez.

El representante del militarismo afirma que hablar de reelección en este momento es tan ilegal como lo fue en el 2009.

“Lo que fue malo en el 2009 sigue siendo malo hoy, y es tan ilegal como en el 2009.

Yo no considero prudente involucrar a las Fuerzas Armadas en temas políticos, el problema que tenemos en Honduras es que los políticos son muy inmaduros y juegan con la constitución y las leyes como si fueran trapos sucios. Acá hay ambiciones personales y el país necesita soluciones a los problemas que afectan a diario a la gente no más circo”, culminó Vásquez.

El próximo mes será trascendental y polémico, pues los cabildeos, propuestas y discusiones llegarán al Congreso Nacional y en esa instancia se resolverá si la reelección entra en vigencia para las elecciones que serán convocadas el 11 de septiembre por el TSE.

Origen: http://radioprogresohn.net/~rprog/index.php/comunicaciones/noticias/item/3060-congreso-nacional-tendrá-última-palabra-sobre-reelección-presidencial

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Honduras: “El monotributo es un paquetazo para los más pobres”: Humberto Lara



El miembro de la Central General de Trabajadores (CGT), Humberto Lara, vaticinó que el monotributó solo cerrará más microempresas y traerá efectos negativos a la economía nacional.
“A la falta de trabajo súmele esto que el Servicio de Administración de Rentas (SAR), está cerrando las pequeñas empresas por  que no pagan este impuesto”, lamentó el trabajador.
Así mismo,  dijo que la SAR no busca un mecanismo para que la gente pueda cotizar y pagar sus impuestos y no cerrarle sus negocios.
Lara considera que “este es el paquetazos para los más pobres porque aquí todos los piquetazos son para los más pobres la empresa privada no tiene paquetazos”.
Lógicamente el gobierno de la República lo va aprobar para que hayan más impuestos, “vemos de que la realidad de  nuestro país está en crisis económicamente,  porque no hay empleo y están aplicando más impuestos todo esto en vez de mejorar estamos llegando a una crisis caótica”, apuntó.
Además agregó: “está  ley debió pasar  por el Consejo Económico y Social y hasta ahora no tengo conocimiento de que haya pasado con el monotributo no se ha  tenido ningún tipo de relación”.
Hondudiario.Por Alma Banegas
 

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/07/honduras-el-monotributo-es-un-paquetazo.html

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CSJ DEJA FIRME SENTENCIA A FAVOR DE FAMILIAS DE BARRA VIEJA EN TELA, ATLÁNTIDA

Desde hace varios años la comunidad Garífuna de Barra Vieja, ubicada en el municipio de Tela, Atlántida, al norte de Honduras enfrenta un proceso de despojo de tierra, mismo que ha sido acompañado de persecución judicial y amenazas.

Como parte de la persecución desde el año 2014, alrededor de 60 familias de la comunidad fueron procesadas, acusadas de usurpación de tierra, por la Empresa Nacional Portuaria y por el Proyecto Hotelero Indura Beach and Golf Resort.

La acusación emprendida por la Empresa Nacional Portuaria en contra de la comunidad Garífuna se convirtió en una seria amenaza para las familias, porque sufrieron desalojos, e intimidaciones de los organismos de seguridad del Estado.

El día 5 de junio del 2015, y después de muchas horas en los tribunales, el Tribunal de Sentencia se reunió en el antiguo edificio de la contaduría en el centro de Tela.  Ese Tribunal emitió una sentencia, ese mismo 5 de junio a favor de las comunidades, dejando sin valor la acusación realizada por la Empresa Nacional Portuaria (ENP), y dejando en libertad a las más de 60 familias que habitan el lugar.

Sin embargo la misma fue apelada a través de un recurso de casación interpuesto por la ENP ante la Corte Suprema de Justicia.

No pasó ni un mes, cuando apareció una nueva acusación contra la comunidad. El 30 de junio del 2015, surgió una acusación contra los líderes del patronato de la comunidad, por el delito de usurpación de tierras, siempre por la ENP.

ACTUALIDAD

El pasado lunes 18 de julio, en los juzgados de Tela, Atlántida, se llevó a cabo la audiencia de presentación de pruebas contra 10 directivos del patronato de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, mismos que fueron acusados en el 2015 acusados de ser invasores de un terreno que forma parte del territorio ancestral Garífuna.

El abogado Carlos Velásquez, apoderado legal de la comunidad, manifiesta que en la audiencia se propuso las pruebas y se señaló una nueva  fecha para el debate, mismo que se realizará el próximo 17 de agosto a las diez de la mañana en los Tribunales de Tela.

El profesional del derecho señala que en la audiencia fueron notificados que la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de casación interpuesto por el proyecto Indura y la Empresa Nacional Portuaria en el caso  de una sentencia dictada por un Tribunal en Tela, y que la misma era a favor de las familias de la comunidad.

Carlos Velázquez dice que la decisión de la Corte Suprema de Justicia es un revés para el sistema de desojo de tierras y criminalización de los pueblos indígenas y originarios que mantiene el Estado hondureño.

En ese contexto de despojo de tierras, criminalización y persecución a las comunidades Garífunas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en diciembre del 2015  una sentencia a favor de la comunidad Triunfo de la Cruz, en Tela.

La sentencia encuentra al Estado hondureño internacionalmente responsable por violación a varios derechos de la comunidad garífuna.

La situación de las comunidades de Barra Vieja y El Triunfo de la Cruz, no dista mucho de la que viven otros pueblos originarios en el país, que son perseguidos y criminalizados por empresas que en complicidad con el Estado buscan despojarlas del territorio que ancestralmente les pertenece.

Origen: http://radioprogresohn.net/~rprog/index.php/comunicaciones/noticias/item/3061-csj-deja-firme-sentencia-a-favor-de-familias-de-barra-vieja-en-tela-atlántida

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BRAZOS PARA LA GUERRA

Por: Albany Flores Garca.

En una de las discusiones latinoamericanas más emblemáticas de la segunda mitad del siglo pasado, que contó entre otros con la participación de Enrique Krauze, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa, refiriéndose al caso particular de los regímenes de la región y los procesos democráticos de los mismos, Octavio Paz dijo […]

Origen: http://elpulso.hn/brazos-para-la-guerra/

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Califican a Honduras como “grado de no inversión y alta especulación”

Tegucigalpa.-El régimen en Honduras que dirige Juan Hernández, ha salido a plantear que la nueva escala financiera que ha realizado la calificadora de riesgos crediticios Standard & Poor’s (S&P), que refiere al B+ mejora en la percepción de riesgo país. Sin embargo, lo que encubren, es que ese grado significa que la nación posee un “grado de no inversión y alta especulación”.

La figura del presinddente, Juan Hernández, es la pieza clave en la que se escuda la directiva del IPP para evitar una auditoría, pues aseguran que el mandatario le quiere "caer" a los fondos.

Juan Hernández, es el mandatario hondureño mas criticado de la historia

Lo que para el actual régimen significa un aura favorable el B+, para S&P el valor otorgado a Honduras indica puntualmente que como emisor crediticio es más “vulnerable a un incumplimiento de pago que otro con calificación de ‘BB’”; asimismo, las “condiciones financieras, económicas y comerciales adversas probablemente perjudicarían la capacidad y voluntad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros”.

Hernández, quien ha sido fuertemente criticado a nivel nacional e internacional por vínculos a actos de corrupción que recaen sobre él, su familia y activistas del mismo régimen, ha sido incapaz de mejorar las finanzas del país a tal grado que no ha podido reducir pobreza, sino más bien, se ha acrecentado la desigualdad social y como si no bastarán los problemas, ahora busca la reelección.

Según la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples que presenta el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2015, la pobreza alcanzó un pico de 68.7% y la extrema un 44.7%, esto significa que en Honduras existen 5 millones 862 mil 869 pobres de ellos 3 millones 818 mil 709 en pobreza extrema.

De tal forma, que un país que es obligado a vivir en miseria y que no genera riqueza propia, carece de los recursos financieros para pagar sus empréstitos y lo coloca en un grado de “no inversión y alta especulación”, como lo señala S&P.

Aunado a ello, la inminente devaluación de la moneda y el desacelerado crecimiento económico, pues de haber pasado de un sistema financiero que no devaluaba la moneda y la mantenía a L19 por US$1 y una macroeconomía que crecía al ritmo del 7.2% antes del Golpe de Estado en 2009, la actualidad que Hernández propone a Honduras es ajustarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr devaluaciones sistemáticas que hoy dejan el cambio a L23 por US$1 y apenas crece al 3.2%.

Esto significa que conforme la moneda se siga devaluando el poder adquisitivo de las y los hondureños decrecerá y al empobrecer el flujo en el comercio nacional estratégicamente se vuelve un escenario exquisito para la inversión extranjera; el precio lo siguen pagando las y los hondureños.

El camino hacia una vida mejor en Honduras se ha vuelto insustentable ya que registra los mayores números de asesinatos por cada 100 mil habitantes, asimismo uno de los países con mayor impunidad en el continente y ahora refrendado por S&P una nación clasificada en B+ la calificadora de riesgos crediticios Standard & Poor’s (S&P).

Origen: http://criterio.hn/califican-honduras-grado-no-inversion-alta-especulacion/

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ESTUDIANTES Y UNIVERSIDAD DE HONDURAS ACUERDAN LA PAZ

Acuerdo de paz en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), después de varios intentos fallidos de diálogo entre estudiantes y autoridades, la noche de este lunes las partes en conflicto pactaron un cumplimento de exigencias mutuas, liberar las aulas de clase y cancelar el proceso penal contra 75 universitarios.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y los dirigentes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), firmaron el pasado lunes un acuerdo que lograra instalar un diálogo después de varios intentos fallidos entre las partes.

Las partes firmaron el acuerdo a eso de las 9:00 de la noche, donde se comprometieron a instalar la mesa mediadora en un par de días y que las tomas de edificios cesaran al momento.

Las autoridades de la máxima casa de estudios cedieron a la exigencia del MEU de cancelar la acción penal en contra de 75 estudiantes, por lo que representantes legales de la universidad se presentaran al Ministerio Público (MP) para que se extinga el proceso.

En tanto la UNAH se comprometió a poner fin a los procesos penales y no ejercer acción civil en contra de los estudiantes judicializados desde la anterior problemática de la Alma Mater.

Por su parte el movimiento estudiantil pactó liberar los edificios que están tomados a nivel nacional en cuanto la UNAH presente ante el MP la solicitud para extinguir el proceso penal.

Las partes pactaron que la mesa mediadora fuera instalada dos días después de la presentación de la solicitud ante la Fiscalía. Por tanto el primer tema a discutir en la mesa, será el relacionado a las normas académicas, sin dejar por fuera otros problemas de la universidad.

La portavoz del MEU, Mirtha Gutiérrez aseguró que la firma del acuerdo se dio gracias a la disposición de las autoridades que finalmente accedieron a atender las disposiciones de los estudiantes.

 

El Acuerdo:

ACUERDO ENTRE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y EL MEU, QUE SE VALIDARÁ ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES COMPETENTES

Nosotros. Ayax Irías, Francisco Berrera. Alan Fajardo, Rutilia Calderón, miembros de la Comisión de pre-diálogo de la CHAU; y Mirtha Gutiérrez (MEU-CU), José F. Rustillo (MEU-CU). Marcia Gutiérrez (Comité de Huelga UNAH-VS). Rudbel Barahona (CEC-CURC). Fausto Cálix (MEU-CU), Henry Orlando Rodríguez (MEU-CURLP), Héctor Estrada (MEU-CU), Diego Valdez (MEU-CH), Héctor Ulloa (MEU-Cl»- José Francisco “atine (Mal-C1-1). Eduardo Cardona (Estudiante CORLA). Evelyn Zelaya (FRU-CU), en libre ejercicio de nuestros derechos humanos que dimanan de nuestra dignidad, hemos coincidido en la necesidad de concluir un acuerdo sobre la extinción de la acción penal que afecta a estudiantes universitarios, sobre la base de consideraciones y compromisos que desarrollamos a continuación:

Honduras es un Estado Democrático de Derecho que tiene como fin supremo garantizar realmente la protección y el respeto de la dignidad humana con su consustancial derecho a la libertad. Ninguna actividad del Estado o ejercicio de la función pública puede fundarse legítimamente en la desatención de ese fin supremo que es fuente inagotable de armonía social, lo cual es aplicable también al ámbito propio de la vida universitaria, así como de la vida en sociedad.

Ese fin supremo con los consiguientes derechos humanos y libertades fundamentales son resguardados por la Constitución de la República y los tratados, convenciones,  pactos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad que regula la actuación de los poderes públicos y prevalece sobre las leyes ordinarias. El Código Procesal Penal, en sus primeros artículos, reconoce expresamente estos principios básicos que deben guiar el cumplimiento de todo ordenamiento procesal penal en Honduras corno Estado democrático de Derecho. En esa virtud, reconocemos el derecho a la protesta o manifestación pacífica, la libertad de expresión y el derecho de petición, como derechos humanos cuyo goce debe garantizarse conforme lo establecen los convenios y tratados internaciones de derechos humanos.

La Constitución de la República y la legislación interna. Instrumentos que regulan los alcances y límites de esos derechos y garantías según los cuales el Estado, las autoridades con un mecanismo funcional para la solución de conflictos en la UNAH para evitar en el porvenir,  la repetición de situaciones como las actuales y así avanzar en correspondencia con el fortalecimiento de la autonomía universitaria. Sobre la base de los anteriores compromisos y consideraciones, acordarnos que la autoridad universitaria presentará y formalizara  ante los órganos competentes, el presente acuerdo sobre la extinción inmediata de la acción penal en contra de todos los estudiantes universitarios sujetos a proceso, como parte integrante de su solicitud que completará con los aspectos siguientes:

PRIMERO: Ambas partes reconocernos el derecho a la protesta y manifestación pacífica,  con pleno respeto a los derechos de los demás, la libertad de expresión como un derecho humano conforme a lo que establecen los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución de la República y la legislación interna. Instrumentos que regulan los alcances y límites de esos derechos y caminas según los cuales el Estado. Las autoridades universitarias y estudiantes como todos los y las habitantes tiene el compromiso ineludible de propiciar un entorno seguro e idóneo para que las personas puedan ejercer estos derechos fundamentados en el bien común y el progreso del país

SEGUNDO: Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH en el presente acuerdo se comprometen a personarse ante los órganos jurisdiccionales competentes para solicitar que se le ponga fin o se extinga la acción penal promovida en contra de todos los estudiantes universitarios.

TERCERO: Las autoridades universitarias se comprometen u remitir oficio al Ministerio Público del escrito presentado u los juzgados y que contenga el presente acuerdo, para dar a conocer su voluntad de poner fin y extinguir la acción penal en los procesos penales contra los estudiantes.

CUARTO: La UNAIL se compromete a no ejercer la acción civil de cualquier tipo,  en contra de los estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario y otros, en la anterior 1 actual problemática universitaria.

QUINTO: Los estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario se comprometen,  al momento de la primera presentación de la solicitud del fin o extinción de la acción penal,  a liberar todos los espacios o edificios donde se brindan servicios de Vinculación Universidad-Sociedad a nivel nacional.

SEXTO: Las partes se comprometen a instalar la Mesa Mediadora, dentro de un término máximo de cuarenta y ocho horas 148),  contadas a partir de la primera presentación de la solicitud del fin o extinción de la acción penal que contiene el presente acuerdo ante las instancias acordadas. Así mismo se compromete a que el primer tema de agenda de la Masa Mediadora, será el relacionado con las normas académicas, sin que eso implique la exclusión de otros temas. Al momento de su instalación corno primer ponto, la mesa mediadora deliberará y decidirá los procedimientos bajo los cuales se abordará este tema,  dicha decisión no deberá exceder de las cuarenta y ocho (481 horas a partir de la instalación mencionada. Una vez definido el procedimiento el Movimiento Estudiantil Universitario (Mal) de manera inmediata liberará el resto de los edificios tomados,  comprometiéndose a reanudar las actividades académicas en ciudad universitaria y demás centros regionales universitarios que actualmente se encuentran paralizados,  además de darle continuidad al proceso de diálogo.

SEPTIMO: Las panes se comprometen a que en el caso de discrepancias en asuntos del presente acuerdo u otros que puedan surgir en el futuro,  se tendrá en cuenta las recomendaciones que pueda hacer la Mesa Mediadora.

Una vez suscrito el presente acuerdo, las autoridades universitarias lo presentarán a los órganos jurisdiccionales competentes a fin de que se valide, se ponga fin y extinga la acción penal, se remita oficio del mismo al Ministerio Público,  se dé continuidad al diálogo que armonice el desarrollo de las actividades académicas y garantice el derecho de todos \ cada uno de los estudiantes.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los veinte días del mes de julio del año 2016.

 

Firman el presente acuerdo:

Estudiantes del MEU participantes en el pre diálogo que representan facultades y centros regionales universitarios

 

Comisión de diálogo

Testigos de honor: Conadeh, Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comisionado Universitario

 

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1582-estudiantes-y-universidad-de-honduras-acuerdan-la-paz

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Gobierno muestra intransigencia al cumplirse dos meses del cierre de Globo TV

Alerta 128-16 | Honduras, jueves 21 de julio de 2016 El director de TV y Radio Globo, David Romero Ellner, denunció que hace dos meses solicitaron el permiso provisional para que el canal reanude su transmisión.

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Relator de Libertad de Expresión llegará a Honduras en visita académica

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – El Relator Especial para la Libertad de Expresión Edison Lanza, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizará una visita académica a Honduras, los días 4 y 5 de agosto, informó el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Lanza viene al país, para participar en un Foro Internacional: “Estado de la Libertad de Expresión en Honduras” que contará también con la participación de cuatro expertos más del ámbito internacional, para poner en el debate público los temas relacionados con la defensa y protección de la libertad expresión en Honduras informó la organización.
Se trata de Javiera Olivares presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Moisés Sánchez Secretario Ejecutivo de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información una alianza regional integrada por 23 organizaciones de 19 países de las américas Mariana Mass de la Fundación Open Society.
El relator y los expertos acompañarán la presentación del Informe Anual Sobre Libertad de Expresión (ILE-2015), elaborado por C-Libre, el día 04 de agosto en Tegucigalpa.
La visita académica del relator, es vista por defensores de los derechos humanos y periodistas como una oportunidad que “deberá aprovecharse en la medida de las posibilidades”, ya que no se trata de una visita oficial, sin embargo se espera que pueda reunirse con autoridades de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y la academia hondureña.
La Relatoría Especial es una instancia de la CIDH, “creada para promover la conciencia por el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión e información en el hemisferio, en consideración al papel fundamental que este derecho tiene en el fortalecimiento y desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y protección de los demás derechos humanos”.
El Director Ejecutivo de C-Libre, Edy Tábora manifestó que “el principal objetivo es reiniciar un dialogo abierto sobre libertad de expresión en el país, con distintos sectores de la sociedad, autoridades, sociedad civil, académicos y medios de comunicación”.
Para ello contaremos con la participación y el acompañamiento de destacadas personalidades de las américas que vienen a Honduras a ser parte de este debate que también ocurre en otros países del hemisferio.
El Foro Internacional
El Foro Internacional: “Estado de la Libertad de Expresión en Honduras” se realizará de forma simultánea en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y un complejo de hoteles en la capital hondureña.
Se prevé que asistan una veintena de periodistas y comunicadores sociales  de igual número de ciudades de Honduras, integrantes de Juntas Directivas de la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS). Además, C-Libre espera una fuerte participación de la sociedad civil organizada.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresión/relator-de-libertad-de-expresión-llegará-honduras-en-visita-académica

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¡MÁS DESPIDO PÚBLICO EN HONDURAS!, AHORA 685 EMPLEADOS DE TRANSPORTE

La hondureña Dirección General de Transporte (DGT), ha entregado esta mañana del jueves “sobres blancos” a 685 empleados, como parte del proceso de liquidación que lleva a cabo el gobierno a través de la Comisión especial que instalará el nuevo Instituto de Transporte Terrestre.

El discurso del gobierno ha sido el mismo para ahora miles de desempleados, los despedidos podrán optar a una plaza en la institución que sustituye a la Dirección de Transporte, que ha sido llamado Instituto de Transporte Terrestre, por supuesto, después de pasar por pruebas de confianza.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La Dirección General de Transporte (DGT), entregó este día el sobre de despido a más de 685 empleados, debido al proceso de liquidación que atraviesa la desacreditada Dirección General de Transporte y que ahora cambia de nombre Instituto de Transporte Terrestre.

El titular de Finanzas, Wilfredo Cerrato ha dicho que para tal fin ya se cuentan con los fondos para pagar prestaciones a los empleados que van a la calle.

Los miembros de la Comisión Liquidadora aseguraron que el gobierno actualmente cuenta con 100 millones de lempiras para pagar los derechos adquiridos de los trabajadores de Transporte.

Sin embargo el sindicato de la institución advirtió que las autoridades no han realizado una evaluación para efectuar los despidos, denunciando a la vez que entre los despedidos se encuentran personas de la tercera edad, mujeres en receso por lactancia y personal con problemas serios de salud.

A pesar de esta medida, los liquidadores afirmaron que los ya exempleados de la DGT podrán optar a una plaza, cuando sea constituido el Instituto de Transporte Terrestre, después de ser sometidos a pruebas de confianza.

Eso mismo le dijeron hace unos meses cuando a fuerza de militares sacaron a la calle, mientras entregaban los sobres de despidos, a unos 2,000 empleados de la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1581-mas-despido-publico-en-honduras-ahora-685-empleados-de-transporte

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La encrucijada hondureña

En Honduras, desde hace unos meses, el eje de la reelección presidencial hegemonizó la discusión política en el país. La disputa entonces se repliega a un reposicionamiento  de los partidos más importantes ante la posibilidad de este hecho electoral.

Origen: La encrucijada hondureña

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MEU y autoridades de la UNAH logran acuerdo

El Movimiento Estudiantil Universitario, MEU y las autoridades de la Universidad Nacional Autonóma de Honduras , UNAH, llegaron a un acuerdo que conlleva el retiro de los procesos judiciales contra 75 estudiantes, la instalación de la Mesa Mediadora donde se discutirá como punto de entrada las normas académicas. La firma del acuerdo se realizó la noche de este miércoles 20 de julio con la presencia de Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y Silvia  Lavagnoli, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Uno de los puntos de mayor controversia para llegar a consensuar un documento conjunto fue el cierre de los procesos judiciales emitidos por el Ministerio Público a instancias de la rectora Julieta Castellanos y de la vicerrectora Rutilia Calderón, que acusaron a los jóvenes de usurpación, daños y sedición.

También el otro tema de discusión era lo relativo a las normas académicas que para los estudiantes es la génesis de todo el conflicto que se reinició en el mes de junio pasado. Al final se colocó este punto para ser abordado con prioridad en la Mesa Mediadora que según el acuerdo firmado esta noche deberá instalarse por tarde 48 horas después que que se hayan interpuesto las acciones para que se desestimen los procesos penales.

En el marco de esta problemática ha habido amenazas, vigilancia y seguimiento a estudiantes que lideran las protestas en las diferentes facultades de la UNAH.

De acuerdo al contenido del acuerdo suscrito, la UNAH no volverá a aperturar procesos penales contra estudiantes sino que se remitirán a las recomendaciones que realice la Mesa Mediadora.

Aún no se conoce si el tercer periodo de clases el cual fue cancelado por las autoridades de la UNAH, se podrá rescatar.

pasos dialogo interior

Noticia en desarrollo……..

Origen: MEU y autoridades de la UNAH logran acuerdo

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Parlamentaria denuncia complot para censurar las redes sociales en Honduras

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- La diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Beatriz Valle denunció que hay una clara intención de censurar las redes sociales con la finalidad de callar la oposición y a las personas que discrepan contra el actual gobierno nacionalista. Valle,  quien enfrenta una absurda querella en los tribunales de justicia […]

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Radios comunitarias entre el acoso y la defensa del derecho a la libertad de expresión

A través de los años las radios comunitarias han jugado un papel importante en el desarrollo de la libertad de expresión, de igual manera, en aras de romper el cerco mediático y por los temas que abordan, algunas sufren ataques violatorios a ese derecho, entre ellos vigilancia, cortes de energía, inspecciones ilegales de CONATEL, entre otras .

En el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, por presiones nacionales e internacionales se abrió la discusión sobre el otorgamiento de frecuencias a este sector. Varias organizaciones se hicieron presentes ante el planteamiento de una “Ley de democratización del espectro radiofónico”, lo cual fue visto como una oportunidad de salir del oscurantismo informativo y que se les respetara a las comunitarias su derecho a informar, sin embargo el objetivo  no se ha cumplido, a menos de 30 comunidades se les otorgó frecuencias, la mayoría fueron denegadas. Las mismas se les dieron  en mayor cantidad a iglesias y activistas políticos del partido de gobierno.

Democratización o acumulación

En el documental “La Democratización vrs. La concentración del Espectro Radioeléctrico en Honduras” producido por el Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE, se trata de explicar en palabras simples la situación de dos realidades distintas en los departamentos de Intibucá y Atlántida; ambos comparten un objetivo común, que es generar el desarrollo, fortalecer la defensa de sus tierras y su cultura.

Este trabajo resaltó que Honduras es un país con una Ley de Telecomunicaciones sin espacio para los medios comunitarios y suscriptor del convenio 169 de los pueblos indígenas y Tribales de la OIT, que enmarca entre otros aspectos “respetar las culturas y valores espirituales de los pueblos y su relación con las tierras y territorios. Reconocerles a los pueblos el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, por lo cual consideraron que su lucha esta “marginada de los medios de comunicación tradicionales”.

Debido a las condiciones en que se encuentran los pueblos indígenas, surgió la necesidad de “construir nuestras propias radios comunitarias para que den a digan lo que estamos haciendo como pueblo Lenca, marginado ante los medios de comunicación y el gobierno” dijo Tomás Gómez Membreño, coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras (COPINH).

Ataques  a radios del COPINH

tomas gomez

Tomás Gómez-COPINH

El COPINH cuenta con cinco radios comunitarias que son La Voz Lenca,  Guarajambala, La Voz Lenca , La Voz del Gualcarque y La Voz de Puca Opalaca.

Esos medios de comunicación han recibido bloqueo en la recolección de información, por ejemplo,  en algunas manifestaciones las autoridades les quitan las cámaras para borrarles las fotografías, las y los comunicadores son víctimas de vigilancia desde carros sin placas, vidrios oscuros, doble cabina que se colocan frente a las instalaciones de las radios comunitarias.

Estos automotores son identificados como los que usan los agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y de la Agencia de Investigación Criminal (ATIC), denuncia realizada en marzo del presente año, de paso Membreño responsabilizó al gobierno de Juan Orlando Hernández por cualquier atentado que pudiera ocurrir a las y los 17 voluntarios que manejan las cinco radios del COPINH.

También han sido víctimas de sabotaje en las transmisiones cuando tratan asuntos importantes de denuncias de interés para todas las comunidades, como sucedió en el encuentro contra la militarización, les cortaron la luz teniendo al día los pagos y desconocidos  llamaron a la radio para decirles “te vamos a cortar la lengua”, amenaza según el líder indígena estaba  dirigida a los comunicadores.

Bajo amenaza las radios Garífunas

La Organiación Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, en su página web ofraneh.org, reseñó la historia de las radios comunitarias garífunas. En el año de 1997 se fundó la Radio Comunitaria Faluma Bimetu (Coco Dulce) en la comunidad de Triunfo de la Cruz, siendo ésta la primera radio comunitaria establecida en Honduras.

La OFRANEH cuenta además con las radios Durugubuti, Sugua, Warumuga y otra en la comunidad de Punta Piedra, en el departamento de Colón.

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Alfredo López-OFRANEH

Alfredo López,  subcoordinador de OFRANEH manifestó que ellos escuchan expresiones a través de mensajes cuando están transmitiendo en sus radios como “te vamos a matar”, “dejen de hablar mier….” y una serie de situaciones que deben enfrentar de manera permanente, en cierto sentido expresó que las amenazas se convirtieron en parte de su vida cotidiana.

Contó que en una ocasión “llegaron tipos encapuchados, forzaron la entrada, se robaron parte del equipo, rociaron gas y le prendieron fuego a la radio”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió medidas cautelares a miembros, miembras de OFRANEH y su dirigencia.

Sin embargo, no solo reciben persecución, amenazas y torturas, a algunos líderes los han asesinado.

Tanto los pueblos indígenas como los garífunas son obligados a migrar por la explotación y despojo de sus bienes naturales y culturales, lo que se convierte en denuncias que expresan a través de las radios comunitarias.

Ley de telecomunicaciones

A finales del 2011 el Comité para la Libre Expresión, (-Clibre), elaboró un proyecto con la visión de “Democratizar el espectro radioeléctrico en Honduras”, con la convicción que por ser un bien del Estado, el pueblo tiene derecho a ésto.

Dentro de la misma pretendían establecer los derechos de las radios comunitarias y los sistemas de comunicación privados o de lucro, ya que solo la Corporación Televicentro acapara  el 50p por ciento de los canales  de televisión a nivel nacional.

Interpretada como la “distribución equitativa”, que es la forma más democrática en que puede ser dividido un bien,  la fórmula que propuso C-libre fue un 33 por ciento a los tres sectores: el comunitario, el empresarial y del Estado, lo que podía dar acceso en a dicho espectro en  “igualdad de condiciones”.

Considerando que el espectro radial en Honduras se estima entre 400 y 670 radios en FM y 200 en AM contra 40 radios comunitarias.

La propuesta original contenía puntos como el espectro radioeléctrico, la regulación de contenidos, un comité de censura, salarios de periodistas y las radios comunitarias.

Rodolfo Dumas en calidad de representante de la Sociedad Interamericana de Prensa,(SIP), indicó que había una congruencia entre el deseo del pueblo y  la propuesta de C-LIBR, ; pero que en el camino surgió otra opción por parte del gobierno de turno en la que solo contemplaba algunas reformas a la Ley de ese entonces, a lo que Dumas reiteró que “se queda corta en muchos aspectos”.

En el marco del Examen Periódico Universal, (EPU), el Consejo de Derechos Humanos y la comisión de la Verdad y Reconciliación recomendaron, “reformar la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones incorporando los sectores comunitarios al área de comunicaciones en el país”.

Manipulación en medios

carlos enamorado

Carlos Enamorado-AMCH

Carlos Enamorado, de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, AMCH,  subjetivó que se le quiso dar a entender a la opinión pública que la Ley propuesta al inicio venía a “coartar la libertad de expresión”, en tanto que todos saben que este derecho “ha sido secuestrado por años por los grandes monopolios mediáticos en el país”, argumentó.

De acuerdo a Enamorado hubo una campaña para deslegitimar la propuesta de democratización, se dejaron ver cuadriplanas en medios de comunicación escritos con los títulos “enemigos de la libertad”, “opiniones divididas frente a reforma a las comunicaciones”.

No obstante la AMCH, se hizo presente al llamado de la propuesta que prometió “la democratización de las comunicaciones” en el país.

Más de 30 organizaciones de la Sociedad Civil y representantes de medios de comunicación alternativos conforman la AMCH, la que surgió el 08 de junio del 2013, cuyo objetivo fue constituir una identidad que sirva como interlocutor con el Estado, específicamente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras (CONATEL).

Para Enamorado la democratización es hacer efectivo el derecho a la comunicación, en ese entonces CONATEL recibió más de 40 solicitudes para permisos de radios comunitarias, de las que hasta la fecha solamente entre 20 o 25 recibieron el visto bueno.

Ante las quejas de algunas organizaciones de no poder cumplir con los requisitos que expuso CONATEL, adujo que el proceso traía consigo la lista de requerimientos para realizar la solicitud.

Pero que en el fondo era “un problema de poder”, los grupos más influyentes acudieron a sus tretas entre ellas el chantaje mútuo y en última instancia trataron de consensuar bajo la mesa con algunas organizaciones, como resultado de tanto“zipizape”, el presidente del Congreso Nacional en ese año Juan Orlando Hernández, tomó la propuesta gobiernista de “autocontrol” y “autorregulación”, influyendo para que no pasara la iniciativa  en el legislativo.

Mientras las organizaciones de Sociedad Civil se diluían en una comisión, dos de los poderes, el Ejecutivo, y Legislativo,  hacían jugadas administrativas dentro de misma CONATEL que les facultaba ampliar el proceso, reveló Enamorado.

El reglamento

El reglamento logró abrir una ruta legal para que las comunidades legalicen su medio de comunicación, reservar un porcentaje de espectro radioeléctrico para medios comunitarios, autorizar y emitir por primera vez títulos habilitantes a frecuencias primarias a organizaciones sociales y comunales.

Dieron 160 frecuencias de radio y televisión, pero CONATEL decidió que no era el 33 por ciento de todo para las radios comunitarias.

Ley Mordaza

Más tarde la propuesta se convirtió en la “Ley Mordaza”, a criterio de la opinión pública,  argumentando que tenía un alto contenido de violaciones a la libertad de expresión y prensa.

La combativa radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande,  que denunciaba los abusos de los terratenientes del lugar por querer adueñarse de sus tierras,

Esta radio ha sufrido cierres, desde la inauguración de la radio observaron en los alrededores contingentes de policías, militares y guardia naval, asechando a los habitantes, dejando una cinta amarilla que decía “escena del crimen no cruzar”, la que se acostumbra colocar en lugares donde se cometieron delitos o asesinatos.

Los comunicadores fueron acusados por evasión fiscal por instalar una radio sin el permiso de CONATEL, hicieron un intento de legalizarla, pero fue imposible cumplir con los requisitos. Al final, con la Ley de democratización legalizaron “La Voz de Zacate Grande” ,aseguró Pedro Canales, uno de los comunicadores de la radio.

Frecuencia condicionada

Danelia rds

Danelia avendaño-RDS

Una de las organizaciones que logró cumplir con la lista de requisitos fue la “Red de Desarrollo Sostenible”, RDS,  la periodista Danelia Avendaño tuvo conocimiento de varias solicitudes para radios comunitarias en Francisco Morazán, pero que hasta ahora la única que esta al aire es RDS-Radio.

El proceso fue intenso asistieron a largas jornadas de reuniones, antes de la propuesta, pero fue en el marco del anuncio de la “democratización” que tuvo éxito para que la aplicación de frecuencia se les otorgara. Se inauguró el 08 de febrero del 2014.

En cuanto a la programación, debieron comprometerse a cumplir un par de cláusulas impuestas por CONATEL que fue no incluir contenidos de política y religión, el incumplimiento trae la sanción de la suspensión del permiso de operaciones.

En lista de espera

Están las radios comunitarias que después de algunos años siguen en lista de espera para que se les otorguen una frecuencia, lo que Salvador Zúniga consideró como una violación a la libertad de expresión, porque corren el riesgo que en cualquier momento los suspendan y les decomisen el equipo, a pesar que “La Voz Morazanista” de la de la Coordinadora Indígena del Poder Popular Honduras (CIPH), se denomina Lenca y apelan al Convenio 169 de la OIT.

La mayor de sus dificultades es no tener una frecuencia autorizada, la han solicitado en varias ocasiones, la vida de esta radio comunitaria es de un año, cuyo objetivo es generar un espacio de comunicación que las comunidades exigen, para denunciar los atropellos a que son sometidas en la lucha por sus territorios y hacer propuestas del pueblo Lenca.

salvador zuniga

Salvador Zúniga-CIPH

Zúniga indicó que cada vez que van a preguntar por el proceso les pide un requisito nuevo y en ocasiones no hay capacidad para pagar lo que demandan. Incurren en una clara violación a la libertad de expresión y prensa; de tener una respuesta negativa por CONATEL la sanción es el decomiso del equipo, así evitarían el funcionamiento de la comunitaria.

Para hacer prevalecer su derecho invocarán el Convenio 169 y en última instancia interpondrán las respectivas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Incredulidad

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, es una articulación de organizaciones mixtas y de mujeres, solicitó una frecuencia, pero no pudo cumplir con la gran lista de requisitos que CONATEL, lo que  pone un  pico de botella a sus aspiraciones.

Por no tener acceso a una frecuencia decidieron hacer uso de la comunicación alternativa creando “La Red Radio” conocida como “La Rojita”, convirtiéndose en la primera radio feminista en internet.

“Hicimos todas las gestiones para ver si podíamos acceder a una frecuencia pero la Ley de Telecomunicación no nos permitió,  dijo Roxana Vásquez coordinadora de la Rojita.

Para las defensoras la democracia en el espectro no es tan democrática, de acuerdo a que es bastante difícil cumplir con todos los requisitos, para ellas en este momento se está limitando a algunas organizaciones al derecho de acceder a una frecuencia. El que tiene más dinero es acreedor de mayor oportunidad, denunciaron.

A su parecer la mayoría de las frecuencias quedaron en manos de las iglesias evangélicas, empresarios y políticos.

Informe CIDH 2015

Respecto al informe de la CIDH las recomendaciones al respecto de la Ley de Democratización del Espectro:

Pluralismo y diversidad en la radiodifusión . En el curso de la visita in loco, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión evaluaron la situación de la pluralidad y diversidad en la radiodifusión en Honduras, como uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión.

La CIDH ha señalado que el derecho a la libertad de expresión ampara, de una parte, el derecho a fundar o utilizar los medios de comunicación para ejercer la libertad de expresión y, de otra, el derecho de la sociedad a contar con medios de comunicación libres, independientes y plurales que le permitan acceder a la mayor y más diversa información.

En distintos encuentros con la sociedad civil y autoridades estatales, la CIDH recibió información sobre la regulación del espectro radioeléctrico y la forma en la que el Estado gestiona la asignación de frecuencias en el marco de la transición a la tecnología digital, así como el reconocimiento de los medios de radiodifusión comunitarios en Honduras.

“Como ha observado la CIDH, la regulación del espectro radioeléctrico debe garantizar, al mismo tiempo, la libertad de expresión del mayor número de personas o perspectivas, la igualdad de oportunidades en el acceso a los medios y el derecho a la información plural y diversa de las sociedades contemporáneas”, señaló la CIDH.

Tras su visita a Honduras, en agosto de 2012, el ex Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, recomendó al gobierno garantizar “a través de la revisión de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones de conformidad con las normas internacionales de los derechos humanos, la concesión equitativa del usufructo y manejo de las frecuencias de telecomunicaciones, incluso para su uso por organizaciones y comunidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.

La Rue explicó que la subasta es un mecanismo esencialmente discriminatorio que sólo privilegia a los sectores con poder económico y por consiguiente solo puede aplicarse a la concesión de frecuencias comerciales pero no a otro tipo de frecuencias, como comunitarias o públicas no lucrativas, tal es el caso de las comunidades de diferentes pueblos y grupos étnicos del país. No puede prevalecer únicamente la visión comercial en las telecomunicaciones desvirtuando su carácter de servicio público.

En igual sentido, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras recomendó al Estado “reformar la Ley de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en especial lo que atañe al sistema establecido por dicha comisión para conceder el otorgamiento de frecuencias y que no es el más adecuado para propiciar un verdadero ejercicio de la libertad de expresión y de información”.

Origen: Radios comunitarias entre el acoso y la defensa del derecho a la libertad de expresión

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Hermano del presidente hondureño propone criminalizar uso de internet

Alerta 129-16 | Honduras, jueves 21 de julio de 2016

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Luego que las redes sociales lo involucraran con narcotraficantes de la zona occidental de Honduras y de ser parte de la lista de extraditables a estados Unidos, Juan Antonio “Tony” Hernández, pidió la regulación del contenido en el internet, informó el periódico Criterio.hn.

«Tony Hernández ha sido vinculado con el cartel de los hermanos Valle Valle y de defender a través de su bufete jurídico a otros narcotraficantes, entre los que se menciona a los colombianos Rubén Dario Pinilla y Hernán Roldan Jiménez, según esta publicación.

CRITERIO tuvo acceso a la denuncia número 021-214 interpuesta el 12 de febrero de 2104 ante la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Ministerio Público…este medio de comunicación digital comprobó que efectivamente el hermano del Presidente fue acusado ante el Ministerio Público por haber defendido a los narcotraficantes colombianos», dice el periódico.

A partir de 2014, el discurso de los funcionarios del gobierno ha sido orientado a estigmatizar el uso de las redes sociales pues la población las usa como alternativa ante el control que el gobierno ejerce en los medios de comunicación, por medio de la publicidad oficial.

A la par de la estigmatización, alcaldes, diputados, funcionarias estatales han promovido querellas  penales en contra de periodistas y ciudadanos que han hecho denuncias o comentarios a través del Facebook y de Twitter.
Origen: http://www.clibrehonduras.com/alerta/hermano-del-presidente-hondureño-propone-criminalizar-uso-de-internet

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