Archivos para 6/07/16

Federación de colegios profesionales rechaza violencia con que actúa la rectora Julieta Castellanos

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- La Federación De Colegios Profesionales Universitarios De Honduras (FECOPRUH), en una conferencia de prensa ha manifestado que reprueban enérgicamente las acciones ejecutadas con los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Además señalan que rechazan enérgicamente las acciones ejecutadas en contra de los estudiantes como ser: acusarlos, desalojarlos, […]

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JOH evade preguntas de hija de Berta Cáceres y la bloquea en Twitter

Después del éxito del tuitazo mundial ayer a favor de Berta Cáceres, #JusticiaParaBerta. Una de las

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Página web promueve odio contra prensa nacional e internacional

Alerta 118-16 | Honduras, lunes 4 de julio de 2016

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). La página Nos queda claro.com atacó la labor de periodistas nacionales e internacionales.

No aparece claramente la identidad de los administradores del sitio web y únicamente describen, “somos una revista social integrada por un grupo de estudiantes y profesionales, críticos que analizamos y revisamos los discursos y los mensajes de los partidos políticos y sus representantes, además de sus actuaciones incoherentes. Queremos señalar y dar a conocer los intereses ocultos detrás de sus palabras y que el pueblo hondureño no se lo crea. Brindándole la oportunidad a usted de que se forme su propia opinión”.

Aunque hablan de crítica política, los ataques se han orientado en contra del director del periódico El Libertador, Jhonny Lagos; el excorresponsal de AP en Honduras y periodista de The New York Times, Alberto Arce. La publicación coloca en riesgo también a la periodista, Nina Lakhani, del diario británico The Guardian.

Esta publicación ataca el trabajo de los periodistas. La denuncia fue realizada por el director de El Libertador, el 30 de junio pasado.

Consultado por C-Libre señaló que también su periódico es víctima de ataques cibernéticos.

Solo este año el sistema de Yahoo le ha enviado al menos 15 alertas de intentos de ingresos sospechosos a su correo. Los  múltiples ataques digitales han ocasionado que hayan tenido que crear tres páginas web diferentes porque las anteriores fueron destruidas por hacker en los últimos siete años. El Ministerio Publico tiene una denuncia por hackeo a El Libertado Digital, pero hasta ahora no hay respuesta, indicó.
Origen: http://www.clibrehonduras.com/alerta/página-web-promueve-odio-contra-prensa-nacional-e-internacional

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Alto Comisionado para los DDHH en Honduras: “Preocupa la judicialización de la protesta estudiantil de la UNAH”

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras,(OACNUDH), emitió un comunicado este 04 de julio de 2016 donde señaló que le preocupa la judicializacuión contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, la que está relacionado con la protesta estudial y el desalojo de las instalaciones de la universidad en la capital y otros centros regionales.

El sábado 02 de julio un tribunal de lo penal llevó a cabo la audiencia de imputado a 22 estiudiantes, entre ellos cinco muchachas. Todos permanecieron enchachados frente a la jueza y con un fusil policial apuntando mientras la togada les tomaba sus datos en el Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán. Fueron capturados en forma violenta a pesar que desalojaron voluntariamente el edificio de Economía, subidos a empellones a patrullas policiales y posteriormente llevados a la Dirección Policial de Investigación donde permanecieron más de 24 horas, después les tocó esperar largas horas con condiciones precarias para que se realizara la audiencia.

Los policías TIGRES y de la Preventiva sacaron a empujones a los defensores y defensoras de derechos humanos que pretendían observar la forma cómo salían los estudiantes pues la policía prometió que todo sería en tranquilidad, pero llegado el momento los cuerpoes represivos con sus escudos y toletes sacan los las personas que vigilaban el proceso, golpeando a diestra y siniestra. A Yessica Trinidad de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras,  la tiraron al piso y al manifestarle ella que era defensora de derechos humanos mostrándole su carnte , un uniformado le dijo “me vale ver…..los defensores de derechos humanos”.

Chachas, policías, fusiles  y declaraciones

En el juzgado todo esto fue observado por una delegación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras, una representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH y por defensores y defensoras de derechos humanos.

“La Oficina insta a las autoridades estatales a promover el respeto y la protección de los derechos humanos en el contexto de protesta social y reiterala importancia de no estigmatizar a las personas y grupos que se movilizan.En este sentido,los operadores de justicia deben garantizar entodo momento los derechos de los estudiantes de la UNAH que han sido procesados”, dice parte del comunicado emitido .

A continuación publicamos íntegro el documento:

COMUNICADO DE PRENSA

“Preocupa la judicialización de la protesta estudiantil de la UNAH”

TEGUCIGALPA (4 DE JULIO DE 2016) – La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresa su preocupación por la judicialización de estudiantes en relación con la protesta estudiantil y el desalojo de las instalaciones de la UNAH en Tegucigalpa y otros centros universitarios del interior.

“Preocupa en particular la aplicación del tipo penal de sedición a los estudiantes”, afirmó Silvia Lavagnoli, Representante Adjunta del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras. “La sedición es un delito político de carácter muy grave,  que  implica  el ánimo de  subvertir  el funcionamiento  del orden constitucional”. Ya en el 2009, la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navy Pillay, señaló que la tipificación de los delitos de sedición en Honduras era incompatibles con los estándares internacionales en materia de derechos humanos*. “La discusión del nuevo Código Penal actualmente en curso constituye una oportunidad inmejorable para adecuar estos tipos penales a los estándares internacionales y evitar  que  sean utilizados para criminalizar  el derecho de reunión pacífica”.

La Oficina insta a las autoridades estatales a promover el respeto y la protección de los derechos humanos en el contexto de protesta social y reitera la importancia de no estigmatizar a las personas y grupos que se movilizan. En este sentido, los operadores de justicia deben garantizar en todo momento los derechos de los estudiantes de la UNAH que han sido procesados.

Por otra parte, la Oficina hace suyo el llamado al diálogo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) a las autoridades del Estado y a la comunidad universitaria. La Oficina exhorta a las partes a redoblar esfuerzos para disminuir las tensiones y adoptar gestos de buena voluntad para recobrar la confianza y avanzar en el diálogo.

(*) Léase el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para  los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009 (A/HRC/13/66): http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/32/39/Add.2

FIN

VEA EL DOCUMENTO ORIGINAL EN PDF AQUÍ

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Por ignorancia el gobierno pretende regular el internet

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- “Creo que parte de todas las intenciones, buenas o malas” para regular el internet es producto de la falta de conocimiento porque el internet no tiene soberanía, del internet nadie es dueño, es dueño aquel que lo usa como herramienta”, expresó la abogada experta en derecho informático, Alicia Paz. La […]

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Tres preguntas urgentes que requieren respuestas y argumentos de calidad

Por: Joaquín A. Mejía Rivera
Coordinador de Investigaciones Científicas del IUDPAS-UNAH e investigador del ERIC-SJ.

Hace unos días, la socióloga Leticia Salomón publicó una reflexión sobre la calidad del debate a propósito de la crisis que atraviesa nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Comparto con ella la necesidad “de debatir las ideas en lugar de atacar al que coloca sus ideas en la mesa de discusión”1. Y aunque el derecho a la libertad de expresión también protege las informaciones y discursos que ofenden, chocan, inquietan o resultan ingratos o perturbadores a los funcionarios y otros sectores de la población2, en el ámbito académico se requiere dejar a un lado el ataque “furibundo, violento, soez, desquiciado” –como lo plantea Salomón- para poder debatir con altura y buscar los puntos de encuentro que nos permitan resolver los conflictos.

Siendo la educación superior un derecho humano cuya titularidad corresponde a todas las personas y coloca al Estado como el principal obligado a respetarlo y garantizarlo, la UNAH que es la responsable constitucional de organizar, dirigir y desarrollar la educación universitaria, tiene el deber de asegurar que esta se oriente hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, al respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz3.

Asimismo, la UNAH tiene la obligación de garantizar que la educación superior capacite a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz4. En consecuencia, la UNAH tiene la responsabilidad de formar ciudadanos y ciudadanas respetuosas del pluralismo, las libertades, la justicia, la diversidad y el diálogo, valores que son fundamentales para el fortalecimiento democrático y que las autoridades universitarias son las primeras llamadas a predicar con el ejemplo.

Los últimos acontecimientos derivados de la crisis universitaria nos han dejado dos imágenes que golpean profundamente a cualquiera que cree en la democracia como el único camino para lograr una convivencia orientada a la solución dialogada de los conflictos: Primero, la imagen de las fuerzas de seguridad del Estado entrando a la UNAH, buscando y capturando a varios estudiantes que mantenían tomadas las instalaciones universitarias; y segundo, la imagen de decenas de estudiantes con órdenes de captura en todo el país, y otras decenas capturados y esposados de pies y manos, y acusados de delitos con un alto grado de indeterminación semántica -usurpación y sedición- y enfrentados a una temible discrecionalidad punitiva de fiscales y jueces que, cuando se trata de perseguir los graves casos de corrupción, invocan el principio de inocencia y observan el principio de estricta legalidad penal pero cuando se trata de sancionar la protesta social aplican a toda costa lo
que Ferrajoli llama la legalidad violenta5, ignorando su obligación de interpretar y aplicar la ley de la manera que más proteja y garantice los derechos humanos, los cuales constituyen la razón de ser de un Estado que se precie democrático y de derecho.

Haciendo eco de la necesidad de un debate de calidad que oportunamente plantea la socióloga Salomón, me permito esbozar tres preguntas cuyas respuestas deberían aportar argumentos y contra argumentos que permitan a la UNAH dar un ejemplo de diálogo, razón, espíritu de apertura y tolerancia, a una sociedad marcada por la polarización y las tendencias autoritarias, y una pauta hacia la protección y garantía de los derechos fundamentales que faciliten que las decisiones relevantes de la vida universitaria puedan ser construidas mediante un proceso participativo y deliberativo.

1. ¿SE COMPRENDE EL ALCANCE DEL DIÁLOGO Y LA CONSULTA COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS?

A la luz de la interrelación entre nuestro derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la educación superior impone a la UNAH, como responsable y manifestación del poder público en el ámbito de la educación universitaria, el deber de prevenir cualquier violación a este derecho mediante la adopción de todas las medidas de carácter jurídico, político, administrativo y de cualquier otro orden que promuevan la tutela del derecho a la educación superior6. Para prevenir posibles vulneraciones a este derecho, la UNAH debe adoptar las medidas de regular, monitorear, remover obstáculos y realizar estudios de impacto.

La medida de regular implica que la UNAH debe de imponer límites legales a la conducta de quienes tienen responsabilidades en relación con el derecho a la educación y cuyas acciones u omisiones puedan afectar su ejercicio. Como primer paso, las autoridades universitarias deben revisar su normativa interna y su conducta, para adaptarla y suplir eventuales lagunas o insuficiencias o para realizar las modificaciones necesarias que aseguren el fiel cumplimiento de su obligación de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos en su ámbito de influencia7. Ello implica la obligación de suprimir reglamentos, normas disciplinarias o cualquier otra normativa y práctica que entrañen una restricción o limitación al derecho a la educación, y de expedir normas y desarrollar prácticas conducentes a su efectiva realización8.

La medida de monitorear implica que la UNAH debe realizar una evaluación constante sobre la situación del derecho a la educación superior para determinar si su normativa o práctica es respetuosa de los derechos humanos, si es efectiva, si es discriminatoria o si imponen obstáculos a su acceso, y si la conducta de las autoridades y docentes es conforme con su respeto. La medida de remover obstáculos implica que la UNAH debe remover aquellos impedimentos fácticos y normativos que limitan el disfrute efectivo del derecho a la educación superior y que mantienen la discriminación e impiden la igualdad9.
Finalmente, la medida de realizar estudios de impacto exige que antes de ejecutar programas, reglamentos, normas académicas o políticas, las autoridades universitarias deben realizar estudios de impacto para conocer los posibles efectos sobre los derechos de los estudiantes y del personal docente y administrativo, y en caso de que tales efectos puedan ser negativos, tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier menoscabo a la vigencia de tales derechos. Pero sobre todo, la realización de este tipo de estudios fortalece el diálogo democrático y la transparencia dentro de la UNAH, en el sentido de brindar a las autoridades la oportunidad de informar con claridad sobre las decisiones que se pretenden adoptar, y a los probables sectores afectados ser escuchados.
2. ¿SE COMPRENDE EN SU JUSTA DIMENSIÓN LA IMPORTANCIA DE LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y PACÍFICA PARA LA DEMOCRACIA?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha resaltado que en una sociedad democrática el espacio urbano y público no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación política10, en el que el derecho a la libertad de expresión es fundamental para colocar en el debate público los intereses de los sectores más vulnerabilizados y marginados de la sociedad, y la protesta social es uno de las vías para situar sus demandas en las calles, en las plazas, en los edificios públicos y en las paredes. Por ello, la libertad de expresión en todas sus manifestaciones constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática pues es indispensable para la formación de la opinión pública y es una condición para que quienes deseen incidir sobre la colectividad y las políticas públicas, puedan desarrollarse plenamente11.

Por su cercanía al nervio democrático, el derecho a la libertad de expresión está íntimamente conectado con el derecho de manifestación pública y pacífica, y el derecho de reunión y asociación, y constituyen elementos vitales para el buen funcionamiento del sistema democrático. De ahí que la naturaleza democrática de la protesta social exige como mínimo la existencia de “canales abiertos para expresar el disenso político y reclamar por los derechos. Y de eso se trata, precisamente, el derecho a la protesta como ejercicio colectivo de la libertad de expresión”12. En otras palabras, “el derecho a protestar aparece así, en un sentido importante al menos, como el ‘primer derecho’: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”13.

Aunque genere incomodidad, molestia, se interrumpa el desarrollo normal de las actividades cotidianas o se afecte el ejercicio de otros derechos como la libertad de circulación, manifestarse y protestar pacíficamente es hacer democracia en la vida pública y reconocer que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática, por lo que su socavamiento afecta directamente al nervio principal del sistema democrático. En consecuencia, tales alteraciones de la vida pública “son parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse”14.
Naturalmente las huelgas, los cortes de calle, el acaparamiento del espacio público e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales, pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar, sin embargo, las restricciones desproporcionadas de las manifestaciones públicas comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión15. Evidentemente, este derecho no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones; no obstante, dada la importancia de la manifestación pública para la consolidación de la vida democrática, el derecho a la libertad de expresión reviste un interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco más estrecho para justificar su limitación.
Tales restricciones deben ser de naturaleza excepcional y, para ser admisibles, deben someterse a tres condiciones básicas establecidas en el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: (a) deben establecerse mediantes leyes redactadas de manera clara y precisa, (b) deben estar orientadas al logro de los objetivos imperiosos autorizados por dicho tratado y (c) deben ser necesarias en una sociedad democrática para el logro del objetivo que persiguen, estrictamente proporcionales a la finalidad que buscan e idóneas para lograr dicho objetivo. Por tanto, cualquier limitación al ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública debe estar dirigida exclusivamente a evitar amenazas graves e inminentes, por lo que sería “insuficiente un peligro eventual y genérico, ya que no se podría entender al derecho de reunión como sinónimo de desorden público para restringirlo per se”16.

Además, cuando se justifique la implementación de limitaciones para proteger derechos ajenos, es necesario que estos derechos se encuentren efectivamente lesionados o amenazados; del mismo modo, no se puede invocar el “orden público” como justificación para limitar la libertad de expresión si no obedece a causas reales y verificables objetivamente que representen una amenaza cierta y creíble de una perturbación potencialmente grave de las condiciones básicas para el funcionamiento de las instituciones democráticas. No es “suficiente invocar meras conjeturas sobre eventuales afectaciones del orden ni circunstancias hipotéticas derivadas de interpretaciones de las autoridades frente a hechos que no planteen claramente un riesgo razonable de disturbios graves (‘violencia anárquica’)”17.

Es importante dejar claro que tampoco basta un mero desorden como justificación suficiente para que la policía pueda detener a los y las estudiantes que están protestando en forma pacífica; solamente si la conducta de las personas manifestantes es legal pero es razonable pensar que va a causar violencia al interferir con los derechos o libertades de otras personas, “entonces los agentes pueden tomar medidas para prevenirlas, siempre y cuando dicha conducta instigue o provoque violencia18. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el orden público no puede ser invocado para suprimir o desnaturalizar derechos, sino que debe ser interpretado de acuerdo a lo que demanda una sociedad democrática. La defensa del orden público exige la máxima
circulación posible de informaciones e ideas, es decir, el máximo nivel de ejercicio de la libertad de expresión19.
3. ¿SE COMPRENDE LA GRAVEDAD DE LA UTILIZACIÓN DEL DERECHO PENAL PARA ENFRENTAR LAS PROTESTAS ESTUDIANTILES?

Debemos partir de una premisa elemental: La criminalización de la protesta social es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión y en donde la protesta y la movilización social son herramientas de petición a la autoridad pública y canales de denuncias públicas sobre abusos a los derechos humanos20. La criminalización incluye la descalificación, la represión directa con policías y militares, y el uso del derecho penal y la apertura de procesos criminales contra quienes protestan.

Las declaraciones, pronunciamientos y comunicados emitidos por las autoridades públicas en los que señalan a los manifestantes y a quienes los defienden como delincuentes, conspiradores, vándalos, adversarios políticos y desestabilizadores, pueden generar un contexto adverso y estigmatizador, deslegitimar sus demandas frente a la sociedad, lesionar su derecho a la honra y dignidad, y el principio de presunción de inocencia, e incluso colocarlos en una situación de riesgo y de vulnerabilidad, “ya que funcionarios públicos o sectores de la sociedad podrían interpretarlas como instrucciones, instigaciones, autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos contra su vida, seguridad personal, u otros derechos”21.

Ejemplo de ello lo constituyen (a) el manejo desigual y en ocasiones sesgado de las protestas sociales por parte de los medios de comunicación, quienes hacen prevalecer la información proveniente de las fuentes oficiales sobre las no oficiales y en ciertos casos ejercen cierta presión pública sobre los operadores de justicia a la hora de admitir una denuncia o dictar prisión preventiva o medidas cautelares; (b) las lesiones, tratos crueles, torturas, amenazas, detenciones arbitrarias y desapariciones temporales a manifestantes por parte de las fuerzas policiales y militares que ignoran abiertamente los criterios de proporcionalidad, oportunidad, necesidad y legitimidad en el uso de la fuerza; y (c) la persecución y sanción penal de las personas manifestantes “mediante la aplicación indebida de tipos penales formulados en forma ambigua o vaga, con modalidades de participación en el delito poco claras, o bien, sin especificar el dolo o intencionalidad que son requeridos para que la conducta se convierta en ilícita, impidiendo conocer adecuadamente las conductas que son sancionadas”22.

Por su parte, la utilización de la denuncia penal para enfrentar las protestas estudiantiles resulta sumamente grave en una sociedad democrática, ya que la invocación de normas que convierten en actos criminales la simple participación en una protesta, la toma de calles, plazas, predios o espacios públicos “o los actos de desorden que en realidad, en sí mismos, no afectan bienes como la vida o la libertad de las personas”23, es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. En este sentido, es inadmisible la criminalización per se de las manifestaciones públicas cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión, y la utilización de sanciones penales no encuentra justificación alguna bajo los estándares internacionales ni constituye el medio menos lesivo para restringir la libertad de expresión ejercida a través de la protesta social24.
El uso de la sanción penal frente a la protesta social tiene un enorme efecto disuasivo y por ello sólo es permisible en casos absolutamente excepcionales en los que suceden hechos de violencia intolerable; pero la protesta social que se mantiene dentro del ejercicio regular de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica nunca puede “ser materia de los tipos penales, es decir, que no es concebible su prohibición penal. En estos supuestos queda excluida la primera categoría específicamente penal de la teoría estratificada del delito, esto es, la misma tipicidad de la conducta”, ya que por más que el número de manifestantes provoque molestias, interrumpa la circulación de vehículos y personas, genere ruidos molestos, ensucie las calles, provoque la interrupción del desarrollo normal de las actividades universitarias, etc., los manifestantes estarán ejerciendo su derecho legítimo en el estricto marco constitucional25.

No se puede ignorar que regularmente se dan excesos en el ejercicio de este derecho, pero ello no convierte automáticamente en típica la conducta puesto que si una protesta excede el tiempo razonablemente necesario para expresarse, no interrumpen la calle por el mero efecto del número de personas sino por acciones dirigidas intencionalmente a hacerlo, algunos grupos prolongan sus gritos una vez concluida la manifestación y se reiteran utilizados para volver a los hogares, etc., “se penetra en un campo que puede ser antijurídico o ilícito, pero que no necesariamente es penal, porque sólo una pequeña parte de las conductas antijurídicas está tipificada penalmente”26.

En este orden de ideas, cuando el ejercicio de este derecho pueda ser abusivo y causar daños importantes, su restricción desproporcionada puede generar “un efecto de silenciamiento, censura e inhibición en el debate público que es incompatible con los principios de pluralismo y tolerancia, propios de las sociedades democráticas. No resulta fácil participar de manera desinhibida de un debate abierto y vigoroso sobre asuntos públicos cuando la consecuencia puede ser el procesamiento criminal, la pérdida de todo el patrimonio o la estigmatización social”27. Como lo señala Gargarella, en “el núcleo esencial de los derechos de la democracia está el derecho a protestar, el derecho a criticar al poder público y privado. No hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta la democracia no puede subsistir”28.

Por ello, ante la complejidad que representan las protestas sociales, las autoridades deben tener presente que son una forma de participación política legítima en una sociedad democrática y tienen el deber de dar respuestas adecuadas y conformes al respeto y garantía de los derechos humanos, lo que implica sobre todo, (a) tomar en consideración el alto grado de protección que merece la libertad de expresión como derecho que garantiza la participación ciudadana y la fiscalización del accionar de las autoridades universitarias29, (b) que el uso del derecho penal genera un efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa del estudiantado30 y (c) que se violentan los principios más básicos del derecho penal como el principio de estricta legalidad, de interpretación restrictiva, de ofensividad, de insignificancia y de proporcionalidad31.

Como lo señala el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las manifestaciones pacíficas no deben considerarse una amenaza y, por consiguiente, las autoridades públicas deben entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero al afrontarlas, así como sus causas32. Por tanto, en una sociedad democrática la protesta social exige de las autoridades universitarias elevadas cuotas de tolerancia hacia la crítica para garantizar el mayor nivel posible de debate colectivo acerca del funcionamiento de la vida universitaria y al mismo tiempo, representa una oportunidad más para que logren articular y procesar las peticiones y demandas del estudiantado, y traducirlas en reconocimiento de derechos33 mediante un proceso de diálogo y negociación de buena fe entre ambas partes, con la finalidad de alcanzar un acuerdo que redunde en mayores niveles de democratización y de garantía del derecho humano a la educación superior.

No está de más decir que lo que diferencia un régimen democrático de uno autoritario es la máxima tolerancia del primero a la crítica pública aunque sea perturbadora, chocante u ofensiva, y su apuesta por la creación de espacios para alentar la deliberación vigorosa y abierta de los asuntos relevantes para la comunidad universitaria, y la utilización del segundo de su más poderoso poder coercitivo –el derecho penal- para castigar, reprimir e inhibir las expresiones y manifestaciones que considera inconvenientes, lo cual es incompatible con los principios que orientan los valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

Origen: Tres preguntas urgentes que requieren respuestas y argumentos de calidad

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21 periodistas asesinados en seis meses: balance catastrófico en América Latina

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En el primer semestre de 2016, Reporteros sin Fronteras (RSF) registró 21 casos de periodistas asesinados en América Latina, 14 de ellos en México y Guatemala. Un balance desastroso que se explica por la falta de mecanismos de protección o por las deficiencias de estos, pero sobre todo, por el alarmante grado de violencia, corrupción e impunidad en la mayoría de los países de la zona, que se ha convertido en una de las más peligrosas del mundo para el ejercicio de la profesión periodística.
Desde el 1 de enero de 2016, 21 periodistas han sido asesinados en América Latina. Como en 2015, México sigue estando a la cabeza de esta triste lista, con 9 asesinatos. Le siguen Guatemala (5), Honduras (3), Brasil (2), Venezuela (1) y El Salvador (1).
Ninguno de estos países se encuentra oficialmente en guerra. No obstante, estos padecen una fuerte violencia estructural, relacionada en parte con la omnipresencia de grupos armados, como los cárteles en México o las pandillas de Maras en América Central. En la mayoría de los casos registrados (mencionados abajo), aún se desconoce con exactitud cuál fue el móvil del crimen*. A menudo las investigaciones judiciales –cuando se abren– se estancan o se ven obstaculizadas por autoridades corruptas. Más que nunca, la impunidad de estos crímenes sigue estando en el centro de un círculo vicioso y de una desvalorización permanente de la profesión periodística.
El contexto en el que ocurren estos asesinatos suele ser muy similar: se trata de regiones alejadas de las grandes ciudades y de periodistas –a menudo locutores de radio o corresponsales locales– que cubren temas locales judiciales, sociales o relacionados con el crimen organizado y la corrupción, que son asesinados por sicarios en la calle, cerca de su domicilio o de su trabajo. En ocasiones las víctimas ya habían denunciado haber recibido amenazas tras realizar investigaciones o después de difundir o publicar información.
Cuando se cierne la duda, las autoridades policíacas y judiciales descartan lo más rápidamente posible que el móvil del crimen esté relacionado con la profesión de la víctima, ponen en tela de juicio la calidad de su trabajo periodístico e incluso pueden decir que existían nexos entre la víctima y grupos criminales locales.
“Este balance de asesinatos de periodistas realizado a mediados de año augura que 2016 será un año terrible en América Latina”, señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras. “Esta oleada de violencia en el continente, particularmente en México y América Central, ha hecho que esta región se encuentre entre las más peligrosas del mundo para ejercer la profesión periodística. Si a esto se suman las innumerables agresiones, los secuestros, las desapariciones forzadas, las amenazas y los casos de hostigamiento judicial, podrá constatarse el clima de terror que viven los periodistas y en el que, evidentemente, estos no tienen cabida. Ante este sombrío balance, es muy importante que los dirigentes de la zona tomen consciencia de su responsabilidad y hagan su mayor esfuerzo para parar esta espiral mortífera”, añadió.
Recordemos lo que contempla la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA): “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Algunos Estados de la OEA parecen haber olvidado estos principios, pues aún no consideran la protección de periodistas una prioridad. Así, en toda la zona, sólo Colombia y México han puesto en marcha mecanismos nacionales de protección. Estos dispositivos, si bien tienen el mérito de haber sido creados, no logran cumplir su función principal y carecen de recursos financieros, humanos, así como de independencia frente al poder político. En Guatemala, bajo la fuerte presión de organizaciones de la sociedad civil y de asociaciones de periodistas, se está elaborando un mecanismo. En Honduras, frente a la impunidad casi total de los crímenes cometidos contra periodistas, RSF incita a la creación de un organismo independiente de investigación, competente, con personal bien capacitado y calificado, que pueda identificar claramente si existe una relación entre el asesinato de los periodistas y su actividad profesional, y darla a conocer públicamente.
Balance hasta el 1 de julio de 2016:
México, lugar 149 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de RSF: 9 víctimas.
– Marcos Hernández Bautista, 38 años, asesinado el 21 de enero de 2016, estado de Oaxaca.
Medio de comunicación: diario Noticias Voz e Imagen.
– Reinel Martínez Cerqueda, 43 años, asesinado el 22 de enero de 2016, estado de Oaxaca.
Medio de comunicación: radio comunitaria El Manantial.
– Anabel Flores Salazar, 32 años, asesinada el 9 de febrero de 2016, estado de Veracruz.
Medio de comunicación: diario El Sol de Orizaba.
– Moisés Dagdug Lutzow, 65 años, asesinado el 20 de febrero de 2016, estado de Tabasco.
Medio de comunicación: director del grupo de medios de comunicaciónVX.
– Francisco Pacheco Beltrán, 55 años, asesinado el 25 de abril de 2016, estado de Guerrero.
Medio de comunicación: diario El Sol de Acapulco.
– Manuel Santiago Torres González, 48 años, asesinado el 14 de mayo de 2016, estado de Veracruz.
Medios de comunicación: sitio web Noticias MT y TV Azteca.
– Elidio Ramos Zárate, 44 años, asesinado el 19 de junio de 2016, estado de Oaxaca.
Medio de comunicación: El Sur.
– Zamira Esther Bautista, 44 años, asesinada el 20 de junio de 2016, estado de Tamaulipas.
Medios de comunicación: freelance, El Mercurio y La Verdad.
– Salvador García Olmos, 31 años, asesinado el 29 de junio de 2016, estado de Oaxaca.
Medio de comunicación: radio comunitaria Tu un Ñuu Savi.
Guatemala, lugar 121 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de RSF: 5 víctimas.
– Mario Roberto Salazar, 32 años, asesinado el 17 de marzo de 2016, departamento de Jutiapa.
Medio de comunicación: director de la radio Estéreo Azúcar.
– Wiston Leonardo Cano Túnchez, 41 años, asesinado el 8 de abril de 2016, departamento de Escuintla.
Medio de comunicación: locutor de Radio La Jefa.
– Diego Salomón Esteban Gaspar, 22 años, asesinado el 30 de abril de 2016, departamento de Quiché.
Medio de comunicación: Radio Sembrador.
– Víctor Hugo Valdez Cardona, 65 años, asesinado el 7 de junio de 2016, departamento de Chiquimula.
Medio de comunicación: conductor de Chiquimula Visión.
– Álvaro Alfredo Aceituno López, 65 años, asesinado el 25 de junio de 2016, departamento de Quetzaltenango.
Medio de comunicación: director de Estéreo Ilusión.
Honduras, lugar 137 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de RSF: 3 víctimas.
– Marlon David Martínez Caballero ,27 años, asesinado el 7 de febrero de 2016, departamento de Cortés.
Medio de comunicación: locutor de la radio TopMusic.
– Dorian Hernández, 27 años, asesinado el 16 de junio de 2016, departamento de Lempira.
Medios de comunicación: fotógrafo freelance y ex productor de GRT Canal 31.
– Elmer Cruz, 30 años, asesinado el 19 de junio de 2016, departamento de Yoro.
Medio de comunicación: conductor de un programa musical de un canal local.
Brasil, lugar 104 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de RSF: 2 víctimas.
– João Valdecir de Borba, 51 años, asesinado el 10 de marzo de 2016, estado de Paraná.
Medio de comunicación: locutor de Radio Difusora AM.
– Manoel Messias Pereira, 46 años, asesinado el 9 de abril de 2016, estado de Maranhão.
Medio de comunicación: bloguero, Sediverte.com
Venezuela, lugar 139 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de RSF: 1 víctima
– Ricardo Durán Trujillo, 45 años, asesinado el 19 de enero, Caracas
Medio de comunicación: jefe de prensa del Gobierno del Distrito Capital
El Salvador, lugar 58 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de RSF: 1 víctima.
– Nicolás Humberto García, 23 años, asesinado el 10 de marzo de 2016, departamento de Ahuachapán.
Medio de comunicación: locutor de la radio comunitaria Expresa, Voces al Aire.
*Precisión: RSF no pudo incluir en su recuento oficial todos los asesinatos de los que tuvo conocimiento, debido a que hubo casos en los que no obtuvo información suficientemente clara de las investigaciones locales sobre si existe un nexo entre el asesinato y el trabajo periodístico de la víctima. El recuento oficial se usa para elaborar el Barómetro de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresión/21-periodistas-asesinados-en-seis-meses-balance-catastrófico-en

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JOVEN RECOGE IMÁGENES Y REFLEXIONES DE CONFLICTO ESTUDIANTIL EN PEQUEÑOS VIDEOS WEB

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, por eso Fabricio, ya conocido como el fotógrafo del conflicto en la UNAH, se esmera por difundir lo que capta con su lente durante las protestas estudiantiles, en el último conflicto fuertemente reprimidas.

El conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras suma diversas violaciones a los derechos humanos que van desde la criminalización de la protesta estudiantil hasta amenazas e impedimento al diálogo como salida a la crisis. Estudiantes de varios centros regionales se han tomado la universidad y las clases han estado suspendidas durante 3 semanas. Las expresiones de estudiantes, mujeres y hombres en contra de las Normas Académicas han sido muy variadas, desde el arte, las tomas de edificios pero también desde los medios de comunicación especialmente por internet.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?wmode=transparent&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffabricioalvalop%2Fvideos%2F1621290128199998%2F&show_text=0&width=560

A pesar del peligro, Fabricio cree que es necesario contar lo que realmente está pasando y lo dice porque siente que los medios de comunicación tradicionales no están cumpliendo con esa labor.

“Comencé en 2014, después de la primera movilización a la que asistí. Solo vi un medio de comunicación que llegó a cubrir y ahí supe que siendo fotógrafo podía darle cobertura a los movimientos estudiantiles. La reacción ha sido excelente, el mayor problema que tenemos es la desinformación. La mejor alternativa para informarte actualmente son las redes sociales, es el único medio por el cual, como pueblo, podemos opinar y conocer la verdad”; nos contó Fabricio.

Este joven, futuro ingeniero, dice que el error de los medios de comunicación es que no indagan sobre el verdadero problema. Falta profundidad en la cobertura de la realidad. “Ellos solo mencionan que solo se lucha por el índice, lo cual es falso, se está exigiendo depuración de docentes, un alto a la criminalización estudiantil, una mejora de infraestructura y creación de laboratorios.

Los medios de comunicación solo tratan de poner encabezados amarillistas, uno de sus objetivos es vender publicidad; ya perdieron el significado de verdad e imparcialidad”

Fabricio dice que la clave está en conocer sus derechos, por eso tiene confianza en lo que hace.

A pesar de su confianza, Fabricio anda siempre acompañado y toma medidas de seguridad también para no perjudicar a los estudiantes en protesta.

“Pedirle permiso o empezar a charlar con un policía o militar antes de tomarle una fotografía de cerca; las personas son mas accesibles al tratarlos con amabilidad y respeto. No considero mi trabajo muy delicado. Siempre es orientado a reflejar situaciones y condiciones que todos vemos y vivimos a diario”, concluyó.

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/alef/item/3010-joven-recoge-imágenes-y-reflexiones-de-conflicto-estudiantil-en-pequeños-videos-web

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Ultiman a locutor de radio en Intibucá

Origen: Ultiman a locutor de radio en Intibucá – Diario La Tribuna Honduras

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¿A quién obedecen los operadores de justicia que criminalizan a los estudiantes?

Después de 36 horas detenidos en procesos de investigación policial, 22 estudiantes universitarios fueron dejados en libertad condicional el sábado por la tarde, incluso la jueza les puso una medida más sin ser solicitada ni consultada y la representante del Ministerio Público solicitó vigilancia permanente en la Ciudad Universitaria, porque los jóvenes “encapuchados” dan temor.

El mes de julio inició con violencia y criminalización, antes de que saliera el sol, cientos de policías preventivos y cobras, ingresaron en la madrugada del viernes 1 para desalojar a los y las jóvenes que desde hace un mes se mantienen en protestas sociales continuas por la defensa de la educación pública.

Fueron 22 estudiantes que no pudieron escapar de la cacería humana, que a diario deben enfrentar aún dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), violentado así su autonomía, pero que la rectora Julieta Castellanos lo permite, pues la persecución es contra la juventud.

Por lo que fueron sometidos al uso excesivo de la fuerza, llevados a bordo de patrullas policiales como si fueran criminales, y dejados en medio de policías listos para agredirlos al menor indicio, en el patio de la Dirección Policial de Investigación (DPI).

“Quítenles las capuchas” fue una orden que no esperó el menor tiempo para que los policías se abalanzaran contra los y las 24 estudiantes (pues habían dos menores de edad), imponiéndose con mayor agresividad contra las universitarias, estudiantes de economía, mercadotecnia e ingeniería.

“Vamos a ficharlos uno por uno” fue otra orden que se cumplía a medida pasaba la mañana, con los y las estudiantes sin dormir, sin comer, y sin saber que les iba a pasar, mientras les tomaban fotografías de diferentes ángulos, datos personales, incluso ¿Qué lugares frecuenta? Seguido de marcar sus huellas dactilares.

Pasó todo el día y la noche, esperando a que el Fiscal de turno llegara con el requerimiento, pero “es que siguen las investigaciones aún no se manda la información al juzgado”, explicaban otros policías encargados de custodiar a los universitarios.

Los van a trasladar a las celdas de la estación policial del  Core-7 o la Cañada, no se sabe aún,  volvían a comentar, y es que las investigaciones continuaban, hasta las 4:20 de mañana del sábado 2, cuando una orden hizo que los y las estudiantes se levantaran del suelo, donde dormían algunos instantes, ya que la zozobra aumentaba, pero eran reconfortados siendo que afuera, no solo eran rodeados de policías, sino de cientos de amigos, familiares, compañeros y población solidaria que no los dejó solos ni un instante.

Fueron sacados de uno en uno, a la par iba un policía, llevados en cuatro patrullas, y muchos vehículos los seguían, hasta llegar a los juzgados de Letras Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa, donde a las 5:00 de la mañana, el juez de turno, dijo que el caso sería conocido por la jueza que lo iba a relvar, tres horas después, pues a él no le correspondía.

A las nueve de la mañana se presentó la jueza Karla Vásquez, dando instrucciones de cómo sería la “larga jornada” pues debía tomar datos de cada uno “y son 22” afirmó. Los y las jóvenes fueron sacados con esposas y grilletes, pues “deben seguir un protocolo” justificaron las autoridades judiciales. Dejando la cita de la audiencia de presentación de imputado para la 1:00 de la tarde.

La audiencia inició pasada las 3:00 p.m. la fiscal del MP Lesly López, además de solicitar medidas sustituvas a la prisión como no salir del país, no acercarse a la UNAH cuando hay protestas sociales e ir a firmar el libro de imputados al juzgado, pidió “vigilancia permanente por policías y militares en el predio universitario”.

Esta solicitud fue rechazada por los y las abogadas defensoras de los 22 estudiantes, ya que eso va contra la integridad de los ya criminalizados. Cabe mencionar que desde hace unas semanas se denunció que hay un trabajo de agentes de investigación policial que se dedican a levantar perfiles dentro del Alma Mater, persecución contra líderes universitarios y la petición del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) de la no militarización en la UNAH.

La representante del MP insistió en su petición de que debe estar militarizada la Universidad por seguridad de todos, ya que ni ella misma ha podido ir hacer un trámite porque ver a personas con el rostro tapado le genera temor.

Sin hacer pausa, la jueza determinó las tres medidas solicitadas por la Fiscalía, pero la sorpresa que se lleva la defensa y los estudiantes criminalizados es que hay una cuarta restricción impuesta por Vásquez, sin consultar con nadie, y es que los criminalizados no deben tener contacto son sus compañeros que libran la lucha por tener una educación pública gratuita y no excluyente.

Hay que estar alertas con lo que pueda venir

Hay tantas órdenes dirigidas y cumplidas contra los y las estudiantes que desde inicios de junio han alzado nuevamente su voz para ser escuchados por las autoridades de la UNAH, solicitando un diálogo abierto y participativo, en el que tienen tres peticiones: no a la privatización de la UNAH, no militarización de la UNAH y cese al a criminalización de sus compañeros, que inició desde hace unos cuatro años.

Las respuestas son mensajes a la inversa, estigmatizando a la juventud llamándolos “encapuchados” y comparándolos con los torturadores de la década de los ochentas, librando órdenes de captura contra líderes a nivel nacional, llegando a más de 50 en un mes, convocando a un diálogo que las mismas autoridades suspendieron, cancelando periodos académicos y militarizando totalmente la Ciudad Universitaria y sus centros regionales en todo el país.

Las autoridades encargadas de impartir justicia en nuestro país están totalmente equivocadas con el tema de seguridad, lo están viendo a través de la fuerza bruta y de la presencia policial y militar, aseguró Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que surge ante la implantación de la Doctrina de Seguridad Nacional a inicios de la década de 1980 y que atacaba a líderes sociales en su mayoría jóvenes.

Las autoridades universitarias, demuestran un total grado de incapacidad para que se cumpla la Ley, y es que no entiendo cómo se gasta recursos y esfuerzos para criminalizar a los demandantes de justicia, esto sólo cabe en una lógica militarista, pérdida de derechos y que imponen la justicia como técnica de sometimiento, reflexiono Oliva.

En cuanto al abuso de autoridad en los Tribunales el pasado fin de semana, la defensora de DDHH humanos considera que, la jueza Karla Vásquez perdió el juicio, con esa imposición de medida contra los 22 estudiantes, no se a quién estaba respondiendo, a qué autoridad superior o línea política -sin ser irresponsable en mis declaraciones, agrega- se ve claramente que ella está obedeciendo a alguien, alguien que no está conociendo la Ley, ni importándoles como quede ella reflejada, sino que actué.

En cuanto a la actuación de la representante de la fiscalía Lesly López, quien solicitó vigilancia permanente en la UNAH, “lamento su acción deplórale, y es que antes ir al Ministerio Público era buscar representación legal al ser atropellados en nuestros derechos hoy -también es a la inversa-, pues se encarga de atropellar los derechos universales de las personas, expresó Oliva.

“Estamos en una fuerte crisis de aplicación de justicia en la UNAH, que ha sido provocada por la intolerancia existencial y la falta de capacidad de diálogo de sus autoridades”.

También expresó que al parecer las autoridades universitarias están empezando a entender que no es atacando a determinada línea política partidaria que se estaba generando algo.

(La lucha estudiantil ha sido politizada distrayendo el interés del verdadero conflicto que es académico, volviéndolo partidario, incluso al inicio de junio, con los primero requerimientos, se mencionó el nombre de un diputado que hace unos meses falleció- Wilfredo Paz de Libertad y Refundación, les facilitaba el transporte).

Nosotros si supimos desde el principio que se estaba tramando otros intereses más profundos y que saldrían a la luz en determinado momento. Pero ahora es demasiado tarde, ya tienen a los jóvenes criminalizados, y las autoridades están exhibidas ante el mundo, afirmó Oliva.

COFADEH, ha estado viendo, monitoreando, acompañando pero observantes. Pero ya perdimos esa condición cuando vimos la brutalidad y violación constante de DDHH, ellos  nunca debieron calificar a los estudiantes como los torturadores de los años ochenta, porque es una manipulación mediática que ejerce efecto masivo.
Por lo tanto la población debe saber que la capucha es una máscara de hule con cal que los torturadores colocaban a las víctimas, y los estudiantes lo que hacen es cubrirse el rostro con un pañuelo o camisa por su propia seguridad.

Es así, que las autoridades que rectora Julieta Castellanos, se sometieron ante el juicio público y han perdido, porque es el juicio de la historia. No es de descartar que los jóvenes universitarios procesados puedan ser privados de libertad, pero la historia ya sometió a juico a quienes los dirigen, como implementadores de odio y del terrorismo de Estado en contra de los demandantes de justicia.

El tema de derechos humanos no es mejor quien sale primero o quien imponga su capricho, sino el que sabe llegar y actuar, quien respeta permanentemente la lucha que liberan los pueblos. Es ahí donde nos vamos a sumar porque sabemos que cualquier aporte sincero, franco, con decisión en cualquier parte del país o del mundo que lo sepamos hacer, contribuiremos a mejorar esta triste historia que estamos viviendo.

Oliva declara que, yo no pensé que mi cerebro pensara que estábamos en el pasado, pero cuando miramos testimonios de jovencitas desaparecidas temporalmente por agentes del Estado, es terrible y dolorosa ver que se implementa un terrorismo- refiriéndose a la estudiante de la UNAH, que el viernes pasado fue llevada en una patrulla y golpeada por policías-.

Con las evidencias expuestas, los agentes del estado no pueden desmentir las denuncias de violaciones a derechos humanos, los secuestros, las torturas, los jóvenes enchachados,  porque la mentira llega hasta donde llega la verdad, por mucho que quieran ocultar sus barbaridades siempre saldrán al debate público.

Me siento muy triste, porque estamos viviendo una crisis completa, o las autoridades universitarias no tienen asesores o las asesoran muy mal, porque es un total fracaso la situación en la máxima Casa de Estudios, aunque digan que el miércoles se reanudan las clases o sigan culpando a los jóvenes, pero a quienes han tocado es al pueblo, a los y las hijas del pueblo.

La UNAH cusirte del seis por ciento del Presupuesto General de la República, por lo tanto es sustentada por los impuestos que paga la población hondureña, pese a que la gran mayoría no tiene la oportunidad de ingresar a estudiar allí, por la exclusión económica o académica impuesta en el marco de la Cuarta Reforma Universitaria, que es a lo que se oponen los y las estudiantes con estas protestas sociales.

Hay mucho por hacer para resolver este problema, es posible que sea con la implementación de miedo o la militarización, pero eso solo será para opacar la situación, con sus hechos exhiben al país como intolerante. Viviendo escenarios como antes y después del golpe de estado del 2009 con los cambios de discursos. Pero hoy son los y las estudiantes que envían mensajes de ánimo para seguir luchando, hacer causa común y cerrar filar ante un fenómeno que nos está golpeando y preocupando.

Hay que estar atentos, porque ya hay persecución, desapariciones temporales, y podría venir hasta la muerte, como sucedió con líderes estudiantes en la década de los ochentas.

Los estudiantes con medidas sustitutivas distadas el pasado sábado son:
Raquel Flores Sosa
Saúl Antonio Marroquín Díaz
Carlos Antonio Castro del Cid
Daniel Abraham Vásquez Díaz
Kelline Johana Reyes Carranza
Jennifer Vanessa Flores Sánchez
Kevin Antonio Montoya Pérez
Wagner Eduardo Guillén Fúnez
Reynaldo Josué Madrid Rubio
Hezron Jacos Mairena Cárcamo
José Misael Flores Paredes
Jorge Elias Velásquez Contreras
Alejandra Michell Ávila García
Elvin Alberto Flores Alvarado
Ariel Alejandro Salinas Fúnez
Cristobal Javier Vásquez Díaz
Saire Mayel Banegas Ramos
Allan David Ordóñez Aguilar
Carlos Emilio Flores Sosa
Emmy Nohemy Jiménez Zelaya
Roy Aristides Martínez Montes
Roberto Issac Barrientos Díaz

Origen: ¿A quién obedecen los operadores de justicia que criminalizan a los estudiantes?

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Uso de la tortura para aterrorizar en Honduras

Para las antiguas generaciones hondureñas el término “tortura” no ha quedado atrás, cada vez que escuchan o ven noticias, recuerdan con tristeza el dolor y el terror que se vivió en la década perdida a los terribles años 80, los de la locura fanática y de la “Doctrina de Seguridad Nacional”.

La Convención de Naciones Unidas define a la tortura como “cualquier acto en el cual se inflige intencionalmente a una persona severo dolor y sufrimiento, físico o mental, con fines tales como obtener información o una confesión de ella o de un tercero, como acto intimidatorio y coercitivo, basado en cualquier tipo de discriminación cuando tal dolor o sufrimiento es afligido o a instancias consentimiento de un funcionario público u otra persona que actúe de carácter oficial”.

Ayuda psicológica

Las personas que han sufrido alguna manera de tortura necesitan ayuda psicológica para poder superar los traumas que produce el maltrato.

Carmen Lastenia Martínez es una profesional de la psicología, trabaja el tema desde el 2008, actualmente realiza un voluntariado en  el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT), una organización de derechos humanos que trata este tema.

Ha estado involucrada en proyectos de atención a víctimas de tortura, de violencia sexual , jóvenes de comunidades campesinas e indígenas y privados de libertad; algunos de los sectores más vulnerabilizados.

Tipos de torturas

En Honduras agentes del Estado hacen uso de distintos tipos de torturas, pero las que más se utilizan son la psicológica y la física (dentro de esta la tortura sexual por parte de agentes de investigación).

Explicó que la tortura psicológica es cuando echan mano de la intimidación, amenazas, gritos, agresiones morales a través de amenazas a muerte o abuso sexual, también la degradación,  “diciéndole que no sirve, con malas palabras. No es una agresión directa al cuerpo sino a la mente de la persona”.

La tortura  física pasa al nivel corporal. En el país generalmente son golpes con el puño, patadas, toletazos, entre otros.

Martínez mencionó que los torturadores recurren de manera frecuente a “la capucha”, emplean bolsas plásticas, neumáticos o la misma camisa del torturado, la ponen sobre la cabeza, la aprietan hacia atrás del cuello, de la presión ejercida la víctima siente que la están asfixiando.

El uso de elementos químicos para asfixiar al individuo, con gas pimienta, les rocían algo sintético, además de la capucha para provocar más desesperación.

Golpean de manera repetida los pies con un palo, que en el futuro tendrá efectos en las víctimas. Otra manera es la sumersión, agarran a la persona que se encuentra con las manos amarradas hacia atrás, la sumergen en agua por unos minutos. “Agentes del Estado han practicado la sumersión en heces fecales”.

Mujeres torturadas

En el caso de las mujeres, existe una connotación sexual, los golpes son dirigidos a sus pechos, los glúteos, en su vientre o partes genitales. Y el tocamiento de manera intimidatoria.

Dentro de la torturas físicas más graves dirigidas hacia las mujeres está la violación sexual, lo cual los hombres no quedan exentos de este tipo de maltrato. El CPTRT tiene casos documentados de manoseos, les han introducido objetos en su ano y violación a hombres.

Por ende, “la violación sexual ya es una práctica generalizada en el país, con la intención de quebrantar la personalidad, la dignidad, la autoestima y llevar a la persona objeto de estos vejámenes a un extremo de desestabilizar su estado emocional y mental”, describió la psicóloga.

Esta organización tiene cinco casos documentados de tortura sexual a privadas de libertad, a ellas los agentes de investigación las requirieron en un lugar público, las anduvieron muchas horas por varios sitios de la ciudad y fueron tratadas cruelmente.

No saben cómo describir los lugares a los que fueron transportadas, pero aducen que son casas donde les obligaron a quitarse la ropa y las violaban, las mojaban con agua, les dieron choques eléctricos, golpes e  intimidaban.

Lugares de tortura

La práctica de la tortura en cuanto al lugar ha variado, por muchos años solo se practicaba a víctimas de detenciones ilegales o arbitrarias; ahora es también  en los centros penitenciarios.

La tortura pública y colectiva es muy sistemáticas actualmente, esto tiene lugar en las manifestaciones, tomas de calles y paros.

En las protestas ha habido reportes de personas e imágenes en los medios de comunicación de golpeados de manera salvaje, arrastrados, heridos, fracturados, disparos con balas de goma al cuerpo, las mismas bombas lacrimógenas lanzadas sobre la humanidad, una persona perdió su ojo izquierdo, en esta situación.

A pesar de que las Naciones Unidas ha calificado como acto de tortura el gas lacrimógeno, es utilizado de manera indiscriminada por los cuerpos de seguridad.

¿Quiénes torturan?

En la década de la “Guerra Fría” se les atribuían los actos de tortura a los escuadrones de la muerte engendrados dentro de los mismos cuarteles y postas, sedes de los encargados de proteger al Estado y a la ciudadanía, hacían sus actos en la clandestinidad.

Hoy en día se ven a simple vista, la profesional indicó que “en los casos que ha documentado el CPTRT, en los últimos casi siete años desde el golpe de Estado, hay 700 denuncias”.

La organización además de darles acompañamiento les apoyó con tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico.

La profesional de la sicología amplió que de todos los testimonios recolectados existe un alto porcentaje que evidencia que los que cometen las torturas contra la población son “Policías Militares, Policía Preventiva, Agentes de Investigación y   Policías Penitenciarios ”.

En algunas ocasiones quienes cometen torturas son “agentes encubiertos” o “grupos elites”, no portan su uniforme de reglamento sino que visten de civil y no andan identificación, para mezclarse incógnitamente entre las multitudes. Lo cual hace imposible saber cuál es su papel, ya que generalmente cubren su rostro y  andan guantes.

Igualmente están los torturadores civiles, estos son guardias de empresas de seguridad privada que acompañan o simplemente estaban cerca de los uniformados en el momento que cometer los actos crueles e inhumanos.

Ciudades y comunidades

Las ciudades en que más se ve este tipo de flagelo son las que “tienen que ver con la lucha campesina, recuperación de tierras y desalojos forzosos”.

Los lugares en donde hay criminalización, persecución y más propensos a que la población sufra de torturas, son El Bajo Aguan en Colon, Comayagua, Choluteca, San Pedro Sula, Santa Bárbara y Copán.

Especialmente en las zonas marginales alejadas de las grandes ciudades, allí no trasciende la manera en que la policía trata a los habitantes. El CPTRT tiene casos documentados en La Paz, en Naco departamento de Cortés, “la gente ha sido salvajemente tratada por los agentes”.

Casas del terror

En los años 80s las y los sobrevivientes de tortura testimoniaron que fueron llevados a casa de torturas, que son conservadas con el paso de los años como una ruta histórica de lo que no debería volver a pasar.

Actualmente, personas víctimas de torturas por parte de agentes del Estado denunciaron que al momento de ser detenidas, las llevaron a varios lugares por un periodo de 10 o 12 horas, y estaban totalmente desorientadas, con cachas y los ojos cubiertos.

Casi todos los casos que lleva el CPTRT tienen el componente de haber sido llevados a “casas”, hay una detención, no son trasladados a una posta o juzgados. Están los que son entregados a las fiscalías o postas; otros no tienen tanta suerte.

Tortura e impunidad

Uno de los casos más sonados en donde se evidenció que en una época en Honduras existieron “Casas del Terror”, son los testimonios de los seis estudiantes desaparecidos y que afortunadamente fueron recuperados con vida.

Según la página elboby.com un rostro que las y los hondureños no deben olvidar es el de los años 80;  Billy Joya Améndola, quien integraba el Batallón de Inteligencia 3-16, encargado del secuestro y desaparición de opositores políticos, y fundador de los escuadrones de la muerte “Lince” y “Cobra”.

Según han denunciado organizaciones de derechos humanos se convirtió en uno de los principales ejecutores de secuestros, torturas y asesinatos en Honduras, y se le acusó de al menos 11 ejecuciones bajo el pseudónimo de “Doctor Arranzola”. Además se le acusó del secuestro y tortura de seis estudiantes, el cual  tuvo lugar el 27 de abril de 1982,  en la casa del ayudante del Fiscal General de la República, Rafael Rivera, violando la inmunidad del número dos de la justicia del país, al usar métodos similares a los de la dictadura argentina.

En julio de 1995 fue acusado junto a otros oficiales de alta graduación de los delitos de detención ilegal y  asesinato en su grado de tentativa y abuso de autoridad por el caso seis estudiantes, en febrero de 1999 se le acusó por la desaparición de Hans Albert Madisson, meses más tarde en ese mismo año por la detención ilegal, tortura y abuso de autoridad por el caso de los esposos Reyes Bacca.

Sobre los seis estudiantes, el Juez Manuel Cardona le reformó el auto de prisión por considerar que Joya no fue más allá de la detención ilegal. El Capitán retirado que permaneció cuatro años prófugo y se presentó al Juzgado Primero de Letras de lo Criminal en diciembre de 1998; recobró su libertad al pagar una fianza de Dos mil 400 lempiras.

Desde el golpe de Estado del 2009, Billy Joya aparece como uno de los asesores políticos de las últimas dos administraciones, y en las elecciones del 2013 iba en las planillas del Partido Alianza Patriótica.

Efectos de las torturas

La tortura es una violación extrema a los derechos humanos, en donde se debilita la psiquis de la personas   por el tipo de tratos presenta secuelas.

Frecuentemente los efectos son graves e irreversibles, en muchos casos exteriorizan síntomas psicológicos, desórdenes emocionales y otros trastornos. Los más comunes son trastornos del estado de ánimo, depresión, crisis de ansiedad, estrés post traumático, miedo, delirio de persecución, paranoia, inquietud, temor, psicosis, alucinaciones, insomnio, pesadillas y desarrollan adicción a las drogas o alcohol.

Aseguró que Generalmente las víctimas de tortura no se vuelven agresivas, sino deprimidas, tristes, ensimismadas, tienen un sentido de desesperanza, pérdida del ánimo  o depresión, pensamientos suicidas y sentimientos de culpa. La gama de sintomatologías es grande, hay personas que no vuelven a tener una vida normal, existen permutaciones permanentes en su personalidad, hábitos hasta llegar al extremo que algunas personas son sometidas a medicación para poder dormir y cambios en su alimentación.

Los síntomas dependen de las fortalezas individuales, el apoyo que reciban y el tratamiento físico si sus agresiones fueron al cuerpo,  y psicológico porque deben pasar por un proceso terapéutico para  liberar el trauma que le causó el trato cruel, ya que prácticamente quedan vulnerabilizadas, porque les quitan sus mecanismos de defensa.

Tortura en la cárcel

La tortura que no sale a la luz es la que se realiza dentro de los centros penitenciarios, entre ellos, al momento que algunos deciden huir de la cárcel les disparan en las piernas, cuando los agarran son sometidos a tratos inhumanos, por los policías penitenciarios, pero a consideración de Martínez, éstos son más difíciles de documentar.

CPTRT tiene conocimiento que en algunas cárceles se practican diversas torturas, por ejemplo en la de Juticalpa y maltratos a las mujeres en “CEFAS”, los que son menos visibles.

CIDH reconoce torturas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó su visita a Honduras, del 17 al 21 de agosto de 2009. El objetivo de la visita fue observar la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

La CIDH recuerda que el derecho a la integridad personal está protegida por La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce en su artículo 5 el derecho de toda persona “a que se respete su integridad física, psíquica y moral”; y a su vez prohíbe expresamente “el uso de la tortura o tratos inhumanos, crueles o degradantes en contra de las personas”.

Por su parte, la Constitución de Honduras establece en su artículo 68: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. El derecho a la integridad personal es, igual que el derecho a la vida, inderogable bajo cualquier circunstancia.

Breve historia de la tortura

Según el Blog “La JornadadeGuerrero.com en uno de sus artículos recopilaron un breve resumen de la tortura, como parte de la dominación imperial a través de la historia.

La tortura ha sido utilizada durante miles de años, particularmente desde la Grecia antigua, donde formaba parte de los procesos legales. Tortura en griego, se decía “basano”, nombre de una especie de tablilla con la que se probaba la pureza del oro. Frotado contra el basano, el oro dejaba una marca cuando era puro. La tortura se remonta al esclavismo para quienes se utilizaba de forma gradual y permanente.

En la China imperial se torturaba por órdenes de un juez. El sistema jurídico exigía que el acusado confesara su delito para que pudiera dictarse sentencia, a quienes se les declaraba culpables sin que hubieran confesado su presunto delito, se les torturaba hasta que lo hicieran. La tortura era frecuente incluso para interrogar a testigos durante la investigación de un crimen.

En la Europa medieval, la tortura se aplicó regularmente en investigaciones civiles y religiosas, se creía que el asiento y fundamento de la verdad estaba en el cuerpo, más que en la inteligencia, era común que “la verdad” fuera extraída mediante torturas.

En el devenir histórico, la tortura es vista también como un medio para alcanzar un fin, en ocasiones se ha torturado a testigos para que estos externaran la verdad que se creía se ocultara en sus mentes.

La tortura ha evolucionado; y a la igual forma parte del pasado que del presente, este flagelo del martirio que originalmente se realizaba en calabozos pasó a las cárceles clandestinas y a los mismos separos de la policía.

La tortura es un acto perverso, que para 1708 fue declarada ilegal en Escocia, seguida por Prusia en 1740, Dinamarca en 1771, España en 1790, Francia en 1798 y Rusia en 1801.

La tortura oficial auspiciada por el estado se extinguió en Europa, reapareciendo en la Rusia zarista, en la Alemania de Hitler y en los países de Europa de la postguerra. La tortura sigue su curso, se ha modernizado y se ha utilizado la tecnología para ejercer martirio; sus métodos y prácticas cada día son más perversas.

El fin de la tortura es infundir temor, se le relaciona con la aprehensión arbitraria y es una poderosa arma de la represión, un exceso de castigo, el castigo excesivo que tiene como fin generar dolor y traumas.

Los antiguos métodos de tortura van desde la violación sexual, el bastinado, cortes y perforaciones, quemaduras, estiramiento, privación de sueño, ahogamientos, golpes, quemaduras, sacudidas, descargas eléctricas y la llamada tortura sicológica o mental.

En las nuevas tecnologías de la tortura, se aplican choques eléctricos, ahogamientos con agua mineral y picante en las fosas nasales, y las guerras psicológicas. La tortura tiene como fin ocasionar daño físico o sicológico, vinculado principalmente al dolor y al quebrantamiento moral y de la autoestima del detenido.

El daño físico que genera por tortura se causa mediante golpes, rotura de huesos, desgarres, aplastamientos, descargas eléctricas, quemaduras, ahogamiento, violación y aislamiento.

El daño sicológico se genera a partir de la privación sensorial, el aislamiento, el sometimiento, la manipulación, llegando a la desorientación física y mental.

Toda tortura genera afectaciones mentales, el infligir dolor, responde a los impulsos sádicos del captor, su fin es llegar a la mente de la víctima. La tortura como tal, ha sido capaz de rebasar el cuerpo y llegar a la mente de la víctima que posterior a ella, enfrenta sus más profundos temores llegando a debilitar, aterrorizar y humillar al detenido, para afectar su convicción y destruir su personalidad.

La desorientación en el detenido inicia desde el momento mismo de su aprehensión, para lo cual los captores intentan producir los mayores niveles de alarma y confusión que llegan a momentos de conmoción, inseguridad y tensión sicológica.

Origen: Uso de la tortura para aterrorizar en Honduras

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Aunque tuvo que llamar la policía, rectora universitaria dice que problema de la UNAH lo puede controlar

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn  Tegucigalpa.- La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos dijo la noche de este martes en el programa Conclusiones con el periodista,  Fernando del Rincón,  que el problema no se le ha salido de las manos y que está en la capacidad de solucionarlo. El comunicador le hizo […]

Origen: Aunque tuvo que llamar la policía, rectora universitaria dice que problema de la UNAH lo puede controlar – CRITERIO

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Por incumplimiento PN, Liberal, PINU y UD son sancionados por el IAIP

TEGUCIGALPA. Por el incumplimiento de la información activa, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sancionó en las últimas horas al Partido Nacional, Partido Liberal (PL), Unificación Democrática (UD) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD).

Gustavo Manzanares, comisionado del IAIP, expresó que emitieron 18 resoluciones donde sancionan a igual número de instituciones.

Explicó que en el caso de los partidos políticos son sancionados con cinco salarios mínimo y la resolución se trasladará a la Procuraduría General de la República (PGR) para que haga el procedimiento de ley.

En tanto, en el caso de los servidores públicos serán trasladados a la Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización y/o al Poder Ejecutivo para que proceda con la suspensión de los servidores públicos.

En relación a las sanciones para los alcaldes, el funcionario manifestó que le corresponde al gobernador político enviar la notificación a cada uno de los ediles.

Manzanares subrayó que “nosotros estamos siguiendo el proceso legal que es el derecho a la defensa que tiene cada una de las personas sancionadas, para presentar los descargos”.

“Después de la notificación ellos tienen 10 días laborables para que ellos compadezcan al IAIP a presenciar sus descargos, después de eso nosotros analizaremos y emitiremos la resolución”, detalló.

 

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Sancionan al Partido Nacional, Liberal, PINU y UD por falta de transparencia

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