Archivos para 23/06/16

Cancelan segundo periodo a facultad de odontología

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han decretado esta mañana la cancelación del periodo académico a la facultad de odontología.

consejo universitario

La determinación se tomó el mediodía de este miércoles tras una sesión del Consejo Universitario, encabezado por la rectora Julieta Castellanos.

Además, se ha amenazado a las demás facultades de la Alma Mater que, si en una semana no retoman las clases, será cancelado el periodo en toda la universidad.

Estas actuaciones de las autoridades universitarias demuestran que no están en la disposición de dialogar y que por el contrario quiere medir fuerzas con los estudiantes.

Fausto Cálix presidente de la facultad de derecho manifestó que la razón que tiene la rectora para decretar el cierre del periodo a odontología es: Autoritarismo y que no le ve otra razón.

Consultado sobre cuál será la actitud que tomarán los estudiantes ante esta decisión de las autoridades,  manifestó que la lucha seguirá y que no claudicarán hasta lograr los cambios en la universidad.

Cálix agregó que lo que la rectora pretende es que a partir del lunes se den los grupos de choque entre los estudiantes conscientes que están en la lucha y los que apoyan el status quo, pero que no lo lograra porque el lema de ellos es o todos en la cama o todos en el suelo.

Origen: Cancelan segundo periodo a facultad de odontología – CRITERIO

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En Honduras, la homofobia paga multa, pero algunos medios la promueven

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Al menos cuatro medios de comunicación han sido señalados por la organizaciones defensoras de la diversidad sexual por sus  expresiones brutales generalmente son reproducidas en los medios de comunicación que cubren deportes y suelen hacerse eco de campañas contra la discriminación.
De acuerdo con Indira Mendoza de la Red Lésbica Cattrachas, ante la imposibilidad de sancionar en Honduras a los medios de comunicación que discriminan, muchas veces hay que considerar que no se avanza lo suficiente en la defensa de los derechos humanos.
Mendoza señaló que medios de comunicación como La Tribuna, El Heraldo, Hable como Habla y Abriendo Brecha las prácticas suelen verse con mayor intensidad.
Cattrachas ha desarrollado el monitoreo de medios de comunicación escritos y audio-visuales como una herramienta para defender los derechos humanos y promover la participación ciudadana de las personas sexo género diversas.
El más reciente informe de la organización “Lenguaje no protegido por la libertad de expresión en Honduras” revela que el más reciente Examen Periódico Universal (EPU) se obtuvieron tres recomendaciones orientadas a la promoción de la tolerancia y la no discriminación de defensores de derechos humanos y de minorías, en especial LGTBI, así como el castigo de la violencia contra la población LGTBI por razones de prejuicios.
El estudio “generación del clima de odio hacia la población LGTBI por los medios de comunicación social” – expone: “contexto de hostilidad generada hacia la comunidad LGTBI, en razón de fundamentalismos religiosos, prejuicios y criminalización de la lucha social y política emprendida por sus líderes y lideresas en pro del reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, en el periodo 12 de junio a 3 de agosto del 2013, los diarios digitales elheraldo.hn y latribuna.hn se constituyeron transmisores de grotescos mensajes de odio (…) cuya masiva difusión abonara un clima de hostilidad hacia esta minoría poblacional”.
El documento señala que, durante ese período,144 mensajes hostiles fueron expresados en comentarios sin restricción alguna instando a su exclusión social política y más grave aún, al rechazo social hacia las personas LGTBI.
Indira Mendoza, coordinadora de Cattrachas.
Sanciones en Honduras
De acuerdo con la cadena de noticias CNN, la FIFA anunció a finales de mayo que sancionó a las federaciones de fútbol de Chile, Paraguay, Perú, México, El Salvador, Honduras y Croatia por conducta antideportiva de los hinchas que entonaron cánticos insultantes y discriminatorios durante los partidos de clasificación al Mundial que se jugará en Rusia en 2018.
La FIFA sancionó a otras Federaciones de fútbol Latinoamericanas por “casos individuales relacionados con incidentes que implican conductas discriminatorias y antideportivas por parte de los fanáticos, incluyendo cánticos homofóbicos”.
Así, las federaciones de fútbol de México y El Salvador tendrán que pagar multas de 35.000 francos suizos cada una (unos 35.200 dólares); Honduras, 40.0000 francos suizos (40.313 dólares); Paraguay fue multado con 20.000 francos suizos (20.156 dólares) y Perú, 15.000 francos suizos, unos 15.117 dólares.
La FIFA no dijo inmediatamente a qué partidos se refiere para imponer estas sanciones, pero añadió en su comunicado que el comité tiene “absoluta discreción sobre la evaluación de las pruebas”.
“La Comisión Disciplinaria de la FIFA emitió las decisiones tras analizar las circunstancias específicas de cada caso, en particular, la postura de la federación (si procedía) así como el informe del observador antidiscriminación del partido y las pruebas pertinentes de las que se disponía”, afirma en su página web.
La FIFA sancionó también en enero de 2016 a las federaciones de fútbol de Argentina, Chile, Honduras, Perú y Uruguay “por incidentes de conducta antideportiva perpetrados por hinchas”
“En todos los casos se trata de cánticos homófobos que entonaron los seguidores de las respectivas selecciones, que según la Comisión Disciplinaria de la FIFA constituyen una violación del art. 67 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF) por parte de las federaciones”, dice la FIFA con respecto a estos actos.
Para estas organizaciones, los gays, lesbianas, transexuales, transgénero son azotados
por la intolerancia a sus preferencias sexuales y se les violentan sus derechos humanos. 
Homofobia que no se ve ni se escucha
Organizaciones defensoras de la diversidad también han señalado que es importante decir que “muchas veces en los medios no necesariamente hay palabras abiertamente homofóbicas, sino que existe otro tipo de información, que no se ve o escucha textualmente, es decir, esa homofobia que está presente en el diario acontecer de programas radiales, televisivos y en prensa escrita, que se esconde detrás de líneas, en el lenguaje y las acciones, donde afloran las actitudes y conceptos que no tienen la intención de ser ofensivos o denigrantes, pero que, por ignorancia o falta de información de quienes están frente a la cámara, el micrófono o el teclado, resultan ofensivos o distorsionadores de la condición homosexual”.
La “pena de muerte” para “Ángel” fue vestirse de “reina” al cambiar los zapatos “burritos” por unos de tacón y los pantalones “jean” por un vestido ajustado al cuerpo. Eso causó repudio entre sujetos desconocidos por las autoridades policiales, quienes lo ejecutaron en un sector de Comayagüela.
El 3 de junio recién pasado, el dirigente de la comunidad gay de San Pedro Sula (Cortés), René Martínez, apareció muerto en la colonia Suyapa, sector de Chamelecón, después de ser raptado por desconocidos.
La semana anterior, elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio Público (MP), y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), capturaron a cuatros sospechosos, dos hombres y dos mujeres, quienes se supone torturaron y ejecutaron a Martínez.
Clima de odio y terror
Dentro de los grupos de la diversidad sexual el clima es de terror, al punto que han quitado insignias o banderas en la fachada de sus organizaciones y caminan a la defensiva por las calles, debido a que no saben de dónde puede surgir una agresión.
Los organismos internacionales han manifestado su preocupación. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Honduras, señaló mediante un comunicado su “profunda consternación y preocupación por lamentables hechos de violencia y asesinatos contra personas de la comunidad LGBTI ocurridos recientemente en ese país (Honduras)”.
Señalaron los casos de Pamela Martínez, voluntaria del Colectivo Unidad Color Rosa, y René Martínez, presidente de la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral, quienes fueron asesinados el 2 y 3 de junio, respectivamente, en San Pedro Sula.
Del mismo modo, la Unión Europea (UE), en Honduras, lamentó el acto violento, ya que coincidió con la visita de su representante especial de Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, quien demandó luchar contra la impunidad.
“Nos da miedo dar entrevistas y exponernos, porque nos están atacando, hay gente que nos odia solo por nuestra condición sexual”, consideró un integrante de un grupo transexual, que prefirió no ser identificado.
El “diagnóstico de situación de las violaciones a derechos humanos y los crímenes de odio en contra de la población LGTBI en Honduras”, del 2014 , revela que en una encuesta realizada a miembros de su organización, el 71 por ciento aseguró ser víctima de violencia por su identidad sexual y el restante 29 por ciento dijo que no.
 Esdra Sosa, coordinadora del Grupos Lésbico Bisexual (Litos).
El motivo de la violencia
El mismo documento resultante del proyecto “Promoción de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos de la Población LGTBI en Honduras”, detalla que el principal motivo de violencia es la homofobia en un 52 por ciento, es decir que existen personas que odian a quienes no aceptan su sexualidad natural.
Le siguen la falta de educación en un 20 por ciento, la discriminación (16 por ciento) y el fundamentalismo religioso (12 por ciento), ya que aseguran un alto grado de rechazo por las Iglesia Católica y Evangélica.
Una de las preocupaciones es que los principales agresores son miembros de la Policía Preventiva (38 por ciento), seguido de la población civil (34%), la Policía Municipal (21%) y las pandillas (siete por ciento), pero ahora en los últimos meses elementos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) también han cometido abusos en contra de la comunidad “gay”, denunciaron.
Cuando un hombre ve cruzar a un “gay”, chica transexual o travesti generalmente profiere palabras de discriminación, burlándose y diciéndoles con señalamientos: “Maricones, puñales, culeros o machorras”.
La coordinadora del Grupos Lésbico Bisexual (Litos), Esdra Sosa, de la Asociación Arcoíris, indicó que en las investigaciones realizadas han identificado cuatro patrones de violencia: Uno proviene de los policías, otro por clientes falsos de las cuales son víctimas, generalmente las transexuales que ejercen el comercio sexual y a quienes secuestran, violan, torturan y les dan muerte.
Asimismo, la familia, porque cuando se dan cuenta que su hijo es homosexual o la hija lesbiana les tiran a la calle y no les queda más que vivir del comercio sexual y lo otro es el barrido social, es decir que la población los ve como anormales o extraterrestres.
Cuantificó que desde el 2011 hasta la fecha se han registrado 227 crímenes de odio, altamente sangrientos. “Para nosotros son muchas muertes, pero para los operadores de justicia son pocas”, contrastó.

Para estas organizaciones, los gays, lesbianas, transexuales, transgénero son azotados por la intolerancia a sus preferencias sexuales y se les violentan sus derechos humanos.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/lgtbi/en-honduras-la-homofobia-paga-multa-pero-algunos-medios-la-promueven

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Criminalización ataca a estudiantes del Sur

Hoy se libró orden de captura contra tres defensores de la Educación Pública, que participan en las protestas sociales en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) situado en la ciudad de Choluteca, al sur del país.

Las nuevas víctimas de las autoridades universitarias, el Ministerio Público y fuerzas represoras que levantan perfiles de los líderes estudiantiles son, Adonis Jordiel Álvarez Soriano, Henry Orlando Rodríguez D’Vicente y Josué Nahún Gutiérrez Yánez.

Integrantes de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), apoyados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), han dado acompañamiento como observadores a los y las estudiantes en ese centro de educación superior, con el objetivo que no se violenten los derechos de los jóvenes, en este proceso que válido como parte del Libertad de Expresión.

Allan Torres, Ethels Corea, Marlon García, Diana Ruedas y Jareth Portillo han brindado ese apoyo y solidaridad a los universitarios del Sur, quienes al igual que los demás compañeros en los diferentes centros educativos solicitan la presencia de organizaciones defensoras de DDHH, ante las rondas de policías, militares y demás agentes represores que se dedican a intimidar y levantar perfiles de los manifestantes, para luego requerirlos.

De hecho, manifiesta la REDEHSUR, tras reunirse con los estudiantes, el vocero (que por seguridad se omite el nombre), les confió que fueron visitados por agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI),  lo que en vez de seguridad les provoca desconfianza.

En el CURLP, los estudiantes entregaron un documento en torno a sus demandas por una Educación Pública de calidad, a las autoridades universitarias el 23 de marzo pasado, pero hasta en eso violentan la Ley,  ya que incumplen el artículo 80 de la Constitución de la República pues no se les ha dado una pronta respuesta a su petición.

La protesta en el sur, también es porque algunos estudiantes y docentes sufren de persecución por parte de autoridades universitarias y policiales, exigen un cese a la criminalización. El 18 de junio del 2015, fue asesinado el catedrático universitario Héctor Orlando Martínez Motiño, después de terminar su jornada de clases a las nueve de la noche. Un mes antes había denunciado amenazas a muerte, y días previos le habían notificado que era beneficiario de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado de Honduras fue incapaz de protegerlo, y su muerte sigue en la impunidad.

Entre las solicitudes de los estudiantes es que haya presencia permanente de organizaciones defensoras de derechos humanos de la zona, porque no se sabe si en algún momento un juez ordene desalojo y las autoridades atenten en contra sus vidas.

El lunes anterior seis jóvenes de Comayagua también fueron requeridos judicialmente, Rusbbel Barahona Ordóñez, Óscar González Madrid, Erick Silvestre Ortez, Enrique Barahona, Cristian Maudiel Bonilla, y Darlin Almendares.

En San Pedro Sula, la notificación de parte del Ministerio Público es contra Abner Ariel Santos Cárcamo, Bryan Edil Ochoa Villanueva, Marco Tulio Rubí Callejas y  José Daniel Amaya, qquienes tienen medidas sustitutivas a la prisión entre ellas no acercarse a la UNAH-VS mientras sigan las protestas sociales y tienen audiencia inicial el 8 de julio

Y el pasado 7 de junio, fueron criminalizados judicialmente seis estudiantes en Tegucigalpa,    tres de ellos mañana jueves tienen audiencia de presentación de imputado, después de dejar sin efecto la orden tras un recurso presentado por su defensa a favor de Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Isael Alonzo.

Quedando aun con la orden de captura pendiente, los estudiantes  Josué Velásquez, Sergio Ulloa y Dayanara Castillo, que desde hace un año se fue del país por la misma persecución.

En el caso de los criminalizados en Tegucigalpa, cuatro de ellos tienen un proceso pendiente desde julio del 2015, por lo que son re victimizados acusándolos del mismo delito, y sin comprobar su presencia y en la Universidad hace dos semanas.

Según la orden judicial, todos son considerados responsables de Usurpación de un Derecho Real (detención de suelo o espacio de uso o dominio público propiedad del Estado)- en la UNAH, el cual tiene una pena de dos a cinco años de prisión.

Origen: Criminalización ataca a estudiantes del Sur

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DPI interviene oficina de la alcaldía del Distrito Central

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), intervinieron este miércoles la oficina del Departamento de Ingeniería de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

En esa oficina, situada en el cuarto piso del edificio que se ubica en La Ronda, se extienden los permisos de construcción en Tegucigalpa, capital de Honduras.

La intervención se ejecutó a las 3:00 de la tarde, por parte de los agentes de la DPI, quienes decomisaron documentación para realizar las indagaciones correspondientes.

Las autoridades de la alcaldía informaron que el vocero de la comuna capitalina, confirmará después, el motivo que originó la intervención de las autoridades policiales.

Origen: DPI interviene oficina de la alcaldía del Distrito Central – Noticias Cholusat Sur

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Podrían ser enviados a prisión: A Audiencia de imputado estudiantes criminalizados por autoridades de la UNAH

Este jueves 23 de junio a las 8 y 30 a.m. estarán en Audiencia de Imputado los estudiantes Cesario Padilla y Moisés Cáceres, en el Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán, en el Barrio La Granja de Comayaguela, acusados de Usurpación por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, Julieta Castellanos .

Con la toma de edificios a principios de junio de este año se reiniciaron las protestas estudiantiles demandando democracia en la UNAH y un diálogo pronto. Miles de estudiantes se sumaron a las acciones contrario a lo ocurrido en julio del año 2015 que los procesos judiciales contra 26 estudiantes a nivel nacional.

El 07 de junio el Ministerio Público emitió requerimientos fiscales contra Cesario Padilla Figueroa, Sergio Luis Ulloa Rivera, Moisés David Cáceres Velásquez, Josué Armando Velásquez, Dayanara Castillo y Izhar Asael Alonzo Matamoros. A los cuatro primeros se les abrió un primer proceso judicial en julio anterior y tambi´pen son parte de los seis expulsados de diciembre de 2014 junto a Dayanara Castillo. Todos reingresados por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que resolvió favorable un Recurso de Amparo interpuesto a favor de los afectados.

Sus apoderados legales los abogados Kenia Oliva de la Iniciativa Periodismo y Democracia y Edy Tábora de C-LIBRE les acompañarán en la audiencia de este jueves 23 de junio.

Se teme que les dicten prisión preventiva debido a que ya cuentan con medidas sustitutivas a la prisión que les fueron otorgadas en julio del año pasado y una reforma al Código Penal no permite que sean por segunda vez beneficiarios de esta medida.

Origen: Podrían ser enviados a prisión: A Audiencia de imputado estudiantes criminalizados por autoridades de la UNAH

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Casa Alianza: Más de 130 niños, niñas y jóvenes menores de 30 años fueron ejecutados en mayo

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

En su más reciente informe Casa Alianza da a conocer que más de 130 niños, niñas y jóvenes menores de 30 años fueron asesinados/ejecutados en mayo, lo que evidencia que la estrategia de seguridad ha fracasado en cuanto a proteger la vida de la niñez y juventud en Honduras.

La publicación detalla que “mientras el liderazgo político del país se debate en temas electorales, la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades y la corrupción siguen haciendo mella en la vida de los niños y niñas y los conflictos en educación secundaria y educación superior son el reflejo de la necesidad de revisar las estrategias de cobertura y calidad del modelo de educación y que las medidas impositivas ya no son aceptadas por la comunidad educativa”.

También indica que “los niveles de migración infantil se han incrementado de nuevo como resultado de un abordaje parcial y poco estratégico del tema ya que sólo se circunscribe al ámbito mediático, mientras que las causas continúan profundizándose en el país”.

Origen: Casa Alianza: Más de 130 niños, niñas y jóvenes menores de 30 años fueron ejecutados en mayo – Noticias Cholusat Sur

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Conadeh recomienda a Comisión Depuradora “garantizar debido proceso a policías”

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, recomendó este miércoles a la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional “garantizar y hacer efectivo el debido proceso a los miembros del ente encargado de la seguridad en el país”, para evitar que sus decisiones sean revocadas en instancias judiciales.

El Ombudsman hondureño reconoció la evolución que ha tenido la Comisión Especial al permitir mayor información tanto para la población como para los mismos interesados.

“Nos interesa que se garantice y se haga efectivo el debido proceso”, sostuvo el titular del Conadeh.

Hasta ahora, a través de comunicados públicos, la Comisión Especial informó que, en base al análisis y valoración de los informes recibidos tanto del Tribunal Superior de Cuentas, como del Ministerio Publico, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y de otros entes del Estado, ha instado a la Secretaría de Seguridad a tomar varias decisiones encaminadas a depurar la Policía Nacional.

Herrera Cáceres destacó la importancia que toda esa información se haga del conocimiento de las personas que podrían estar sujetas a faltas o delitos y que no le dan la garantía de idoneidad que está buscando asegurar la Comisión Depuradora.

El Defensor del Pueblo es del criterio que se les debe dar la oportunidad de hacer los descargos correspondientes y hacerlo, en forma tal, que toda persona se entienda escuchada, que no se violente el principio de presunción de inocencia y que tenga la oportunidad de defenderse.

Agregó, que sobre una base documentada se deben tomar las decisiones correspondientes para no tener problemas posteriores ante las instancias judiciales y se tengan que revocar medidas que, de repente, no fueron adecuadamente documentadas en su oportunidad.

Desde que inició el proceso de depuración, al menos una decena de policía se abocaron al Conadeh para solicitar medidas de protección.

El 1 de junio, recién pasado, el comisionado de policía, Henry Osorto, responsabilizó, ante el CONADEH, a sectores políticos haber llevado la corrupción y de haber contaminado e incluso de haber formado bandas al interior de la institución policial.

Asimismo, denunció que uno de sus hijos fue alertado que se cuidara, porque en una reunión donde estaban personas que trabajan para políticos, le habían advertido que él seguía.

El pasado 10 de junio, el apoderado legal del ex director de la Policía Nacional, comisionado Ramón Antonio Sabillón, denunció ante el Conadeh a la Comisión Especial supuestamente por violentar los derechos humanos de su representado.

El profesional del derecho, José Beltrán Benavides, argumentó en el escrito, presentado ante el Conadeh, que la Comisión Especial acusó públicamente a Sabillón de abandono de su puesto.

Además, de salir irregularmente del país a pesar que, desde que fue removido de su cargo de director, en el 2014, no fue asignado a ningún otro puesto.

La situación se agravó, según el profesional del derecho, por el acoso gubernamental y porque se le redujo su seguridad pese a estar obligados a brindarle protección como ciudadano y como ex director general de la institución policial que capturó, durante su gestión, a altos jefes de carteles de la droga que fueron extraditados hacia Estados Unidos.

La Comisión Especial de depuración anunció, en las últimas horas, que continua con el proceso de evaluación de los diferentes niveles de oficiales de la policía nacional.

Además, que ya está recibiendo la información solicitada a los diferentes entes del Estado, en referencia a los sub comisarios activos de la Policía Nacional.

Origen: Conadeh recomienda a Comisión Depuradora “garantizar debido proceso a policías”

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Aunque nadie salió a recibirla: Estudiantes presentan propuesta de diálogo a autoridades universitarias

El Movimiento de Estudiantes Universitarios (MEU) en una conferencia de prensa este 22 de junio, presentó una propuesta de diálogo, con el objetivo de  llegar a un acuerdo con las Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH , que permita encontrar una solución viable a la problemática académica y política que se ha identificado en el actual proceso de reforma universitaria, en un esfuerzo conjunto entre ambos a favor de la calidad educativa. Pero aunque buscaron entregársela a la rectora Julieta Castellanos, ésta no salió por ningún lado.

Desde principios del mes de junio se reiniciaron las protestas estudiantiles, a través de tomas de edificios, que demandan un diálogo para que se establezca la democracia en la UNAH, pero la respuesta hasta ahora ha sido gaseadas de parte de la policía, guerra sicológica y procesos penales hasta ahora contra estudiantes en San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa.

Este día estudiantes se descubrieron el rostro con la consigna “no tenemos miedo” , al  ritmo de la canción interpretada por TheParty Band “Si nos organizamos”.

Puntos de la propuesta

La propuesta en el primer inciso se enmarca en las exigencias de cuatro bloques de demandas; la derogación de las normas académicas, la participación estudiantil  en la toma de decisiones, el cese a la criminalización estudiantil y la desmilitarización de la universalidad.

En el análisis, el diálogo y la crisis universitaria es el segundo punto, aquí plantean que la universidad debe contribuir a la transformación social, económica y cultural, del país. En la crisis académica consideraron que la Alma Mater no ha puesto en marcha los procesos de reforma curricular, la tecnificación de las carreras, la construcción de infraestructura académica-estudiantil y que no existe evaluación de docentes.

En la crisis política institucional el principal factor es la ausencia de la participación estudiantil, la falta de consenso en el actual proceso de reforma académica; lo que atenta contra la concepción de universidad pública y avanza en los procesos de mercantilización de la educación.

Los procesos por la recuperación de la administración ha generado una crisis administrativa y financiera. El  seis por ciento que el gobierno debería asignar en el presupuesto generan de la República a favor de  la UNAH , no se refleja en ningún renglón y el interés por capitalizarla, lo que provocó que la carga económica fuera transferida a las y los estudiantes con las nuevas normativas que encierra el “Plan de Arbitrios”.

Ejemplo de lo antes expuesto es que en el 2015  la UNAH percibió la cantidad de 3 millones 612 mil 400 lempiras,  según la Secretaría de Finanzas. La venta bruta de bienes sumaron 10 millones 408 mil  lempiras,  estadísticas tomadas del Plan Operativo Anual de la UNAH , y  por la venta de servicios recibió 38 millones 203 mil  lempiras.

Recordaron que el edificio de la rectoría  costó 568 millones de lempiras. En contraste las autoridades alardearon que gastaron en las licitaciones para equipos en las facultades de ciencias médicas en todos los centros regionales la cantidad de 34 millones de lempiras.

Para finalizar plantean tres formas de realizar el diálogo: la primera es estudiantes-estudiantes; la segunda estudiantes-profesores y la tercera estudiantes-profesores-autoridades, ya que razonaron que el diálogo que se supone están realizando las autoridades universitarias se aleja del que plantea el MEU.

Mientras se formalizaba el llamado al diálogo frente a los medios de comunicación; recibieron la noticia que la Decana de Odontología, Lourdes Murcia,  anunció la cancelación del periodo académico para esa carrera.

La respuesta del MEU es que las autoridades deberían leer la Ley Orgánica de la Universidad en donde contempla que el único órgano que posee la autoridad para suspender los períodos es el Consejo Universitario.

Al terminar la conferencia de prensa los estudiantes  se dirigieron con sus mantas y consignas a la torre administrativa para entregar en las manos de las autoridades universitarias la propuesta estudiantil, pero nadie salió a recibirla, por ende, los jóvenes decidieron introducirla por  las ranuras de las grandes puertas de vidrio en un buzón de correo.

También le dieron la copia a un guardia de seguridad  quien subió ambos documentos original y copia al quinto piso en donde se encontraba la rectora.

Asociación de Derecho muy integrada a las demandas

Una de las mantas que sobresalió fue de la carrera de Derecho, porque a lo largo de la historia se ha caracterizado por ser una facultad conservadora; pero se ha dicho que hay una nueva generación de futuros abogados a los que les interesan los cambios universitarios y de la sociedad hondureña.

 Ariel confe MEU

Marcio Ariel Canaca, facultad de Derecho

El Secretario de Asuntos Académicos y Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Jurídicas Marcio Ariel Canaca expresó que como Asociación están apoyando la lucha estudiantil, ya que pasaron décadas en que esta carrera fue dominada por facciones conservadoras o llamadas de derecha, específicamente el Frente Unido Universitario Democrático, FUUD.

Canaca informó que “hace un mes ganamos las elecciones de manera democrática donde la Alianza MEP-PRO se alzó con la victoria en Derecho, esto ha venido a cambiar la facultad, lo que ha despertado la beligerancia que se había perdido desde hace más de quince años”.

Persecución en Derecho

Las y los estudiantes de la AED involucrados en el movimiento estudiantil se han visto perseguidos tanto por la seguridad interna de la Ciudad Universitaria, como por algunos catedráticos y la misma Decana de esa facultad.

Canaca denunció que la Decana de Ciencias Jurídicas,  Bessy Nazar se  ha dedicado a tomarles fotografías a la dirigencia de esa carrera, en respuesta a las acciones que los futuros abogados han efectuado en su facultad como la toma de edificios, visitas de aulas, elaboración de boletines informativos y distribución de los mismos.

“Las autoridades siempre han estado en contra de nuestra lucha, nos ha acarreado algunas represalias. Han llegado al punto que dos estudiantes de nuestra asociación fueron a denunciar a la Decana a los derechos humanos, durante algunas acciones les tomó fotografías” dijo el joven.

También hizo alusión a algunos comentarios vertidos por Nazar como “vale más que ya los tengo identificados”.

Canaca añadió que “eso nos pone en una situación de vulnerabilidad, pero como estudiantes tenemos ese derecho imperativo que es  la protesta estudiantil”.

A pesar de las latentes amenazas, el futuro profesional del derecho sostuvo que la convicción que ellos tienen “no es con amenazas, ni fotografías que nos van a limitar”.

Agregó que  “si nosotros como estudiantes de derecho estamos conscientes que la problemática estudiantil va más allá de un 70  por ciento , es una crisis de universidad, porque el porcentaje de afectación por la implementación de este porcentaje en nuestra carrera es de cero punto ocho por ciento , es decir nada. Creemos que si no nos integramos a esta lucha vamos a perder derechos en el futuro”.

Otra de las razones del por qué los y las estudiantes de derecho están integrados en la lucha estudiantil, es porque se ha dado la coyuntura para recuperar la paridad estudiantil, finalizó Canaca.

Origen: Aunque nadie salió a recibirla: Estudiantes presentan propuesta de diálogo a autoridades universitarias

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Honduras denies murdered activist was on army ‘hit list’

Tegucigalpa (AFP) – Honduran authorities on Wednesday denied a British newspaper report alleging their military had issued orders to kill a high-profile environmental activist who was murdered at her home in March.

The article by The Guardian quoted a source identified as a former soldier who said the activist, Berta Caceres, was on a “hit list” given to two elite military units.

“I’m 100 percent certain Berta Caceres was killed by the army,” the source, a 20-year-old ex-first sergeant who spoke under a pseudonym, said, according to The Guardian.

He was quoted saying that he fled to a neighboring country but that several members of his former unit have disappeared and were feared dead.

Honduras’ defense minister, Samuel Reyes, rejected the accusation.

“This story contains utterly false elements that seek to damage the image of Honduras’ government and our armed forces,” he said.

He said the military police battalion the source was reported to have been in did not exist, and that a training course that included US advisers he was said to been on accepted only higher-ranking soldiers.

Reyes said Honduras was demanding The Guardian “correct” its report and noted that suspected murderers of Caceres had been caught and were in custody.

Five people were arrested last month in connection with the murder.

One of the detained suspects is a discharged soldier.

Another is a high-ranking employee of Desarrollos Energeticos (DESA) — an electricity company involved in the construction of a hydro-electric dam against which Caceres had campaigned.

Two masked gunmen fatally shot Caceres, a 45-year-old activist for indigenous, environmental and social issues, at her home in La Esperanza, northwest of the capital Tegucigalpa on March 3.

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Mil 700 mujeres campesinas, indígenas y garífunas han sido judicializadas en los últimos tres años

El sistema de justicia inclina la balanza para la impunidad y ha dejado en desprotección a unas mil 700  mujeres campesina, indígenas y garífunas a quienes se les ha levantado procesos penales por el hecho de ejercer su derecho a la tierra y más de 100 fueron ya asesinadas, de acuerdo a un informe de la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina Honduras, presentado en conferencia de prensa este 21 de junio de 2016.

Esta red de organizaciones ofreció una conferencia de prensa en donde dio a conocer un análisis de la grave situación que están viviendo las mujeres de los sectores arriba indicados, ante la ola represiva de criminalización por la lucha por la tierra y el territorio.

Denunciaron que el Ministerio Público tiene engavetado un informe desde el año 2014 donde se identifican graves violaciones a los derechos humanos de dichos grupos.

La Articulación está conformada por mujeres miembras de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), la Unión Campesina Indígena Hondureña (UCIH) y la Asociación para el Desarrollo Rural de Honduras (ADROH).

En su comunicado sostuvieron que el  tres por ciento  de los terratenientes poseen el 70 por ciento de las tierras cultivables, esto en el contexto que enfrenta la lucha campesina y como defensoras de derechos humanos.

Honduras en el Índice Global de Impunidad, (IGI), es el número siete entre los países que tiene el nivel de impunidad más alto, resultan insuficientes las medidas que se han impuesto en los últimos años en materia de investigación, cuentan con pocos recursos financieros, humanos y técnicos; lo que tiene como consecuencia que el 96 por ciento  de casos están impunes.

Existen más de seis mil  campesinos y campesinas  con procesos judiciales a nivel nacional, de los cuales  mil 700 son mujeres campesinas e indígenas , y 120 campesinos fueron asesinadas en los últimos tres años, entre ellas cinco mujeres ,  lo que hace que su vida personal y familiar sea afectada.

En el marco de esta situación  las Articulación de Mujeres de la Vía Campesina Honduras exige el cese inmediato a la criminalización por el derecho a la tierra y el territorio; procesos judiciales transparentes e investigaciones de las demandas de la tierra por los grupos campesinos.

Al Fiscal General de la República Oscar Chinchilla le demandaron que dé a conocer el informe realizado en el 2014, en donde se constata las múltiples violaciones a los derechos humanos de las y los campesinos, elaborado por la Fiscalía de Derechos Humanos en los diferentes juzgados, para deducir las responsabilidades del caso.

A la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), exigieron la investigación de los asesinatos de las cinco mujeres campesinas e indígenas.

Asimismo demandaron al Congreso Nacional de la República la inmediata discusión y aprobación de la propuesta de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, introducida el 09 de abril del 2014, para solventar la deuda social del acceso a la tierra y defensa del territorio.

La Articulación se sumó a las demandas de la familia de Bertha Cáceres en sus cuatro puntos principales: Castigo para los autores intelectuales de su asesinato; la cancelación de licencia de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA;  la instalación de una Comisión Internacional Independiente,  y declarar el Rio Gualcarque como Patrimonio Nacional.

Situación mujeres campesinas

campesina criminalizada

María Rosa Santamaría Tabora

María Rosa Santamaría Tabora es una de las dirigentas de la Articulación , explicó que uno de los principales problemas de las mujeres en el área rural es que no cuentan con una parcela de tierra para cultivar, que hay un número de ellas que son madres solteras y tienen que ver la manera de darles de comer a sus hijos e hijas y que tener tierra para cultivar sería una forma de alimentarlos.

“Nos criminalizan, nos matan y nos meten presas por estar defendiendo un derecho que es tener tierra, para trabajar, para tener soberanía alimentaria que es por lo que luchamos en nuestra organización” señaló Santamaría.

La campesina indicó que son discriminadas por ser mujeres, campesinas e indígenas, “no podemos tener un título de tierra a nombre de las mujeres, desde ese momento estamos siendo violentadas, por eso es esta conferencia para exigirle al Estado y al INA, que queremos ser dueñas de tierras también”.

Como resultado “tenemos un caos en las comunidades, lo que lleva a la inmigración de niños, jóvenes y mujeres, que se están yendo del país, por no tener un pedazo de tierra donde trabajar” informó la indígena.

Según Santamaría desde hace años vienen las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes sufriendo violación a sus derechos humanos, pero “es hasta ahora que estamos levantando la cabeza, el 8 por ciento de las mujeres se encuentra en el área rural”.

Policía: Les vamos a echar veneno para que se mueran todos estos perros

La campesina reveló que en los desalojos violentos en algunas ocasiones han sufrido violaciones sexuales por parte de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

“Nos golpean, nos insultan” denunció  y ejemplificó el caso del desalojo en la comunidad de “Rigores” en donde el 24 de junio del 2011, el juez de la ciudad de Tocoa, Josué Pagoada Mejía, emitió orden de desalojo al Movimiento Campesino de Rigores en el Bajo Aguan.

Los daños fueron 114 casas demolidas, valoradas en 14 mil lempiras cada una, destruyeron seis aulas de clases, tres iglesias, tres proyectos de engorde de pollos, un centro comunal al igual que varias otras facilidades productivas del grupo y los cultivos de próxima cosecha; todo con retroexcavadora y el tractor del grupo fue confiscado.

Explicó que en esa represión además de los golpes físicos que sufrieron, los policías les envenenaron la comida, “nos destruyeron todo, fue la policía, una fundación llegó con comida y los policías dijeron: les vamos a echar veneno para que se mueran todos estos perros”.

Santamaría recordó que hubo mujeres que abortaron a raíz de las golpizas propinadas por los uniformados y por los efectos de los gases lacrimógenos.

Por otro lado hubo un caso en La Paz, donde los cuerpos represores se llevaron presa a una campesina de la tercera edad “la tuvieron esposada y la sacaban a hacer limpieza, otra compañera la llevaron presa embarazada, en esos días que estuvo en la cárcel abortó su bebe”.

Por eso es necesario que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de Ley presentado en el 2014 que se llama Ley de Reforma Agraria con Equidad de Género, “en donde las campesinas, indígenas y garífunas consideraron que es una manera de fortalecerse como mujeres para poder tener los derechos como ciudadanas, necesitamos que en los títulos de las tierras vayan nombres de mujeres”, finalizó la campesina.

Origen: Mil 700 mujeres campesinas, indígenas y garífunas han sido judicializadas en los últimos tres años

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Publicado en La Gaceta el contrato de construcción del aeropuerto Palmerola

Tegucigalpa – La construcción del aeropuerto de Palmerola ya es un hecho. Este miércoles fue publicado oficialmente en el diario La Gaceta el contrato de la obra que se ejecutará en el central departamento de Comayagua.

El jefe de producción de diario La Gaceta, Carlos López, explicó todos los detalles que tiene el contrato de la construcción del aeropuerto de Palmerola.

“Ya fue publicado el contrato que le da vida a la construcción del aeropuerto internacional de Palmerola y estará a la venta desde mañana (jueves)”, dijo López.

Y agregó que “es bastante extenso porque van los anexos del contrato. Cuenta con 400 páginas y en el artículo 1 dice que se aprobó en todas y cada una de sus partes el contrato de concesión, diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del aeropuerto de Palmerola”.

El Congreso Nacional, aprobó el pasado 2 de junio la modificación número nueve del acuerdo de entendimiento referente al adéndum del contrato de concesión para el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del aeropuerto internacional de Palmerola, con sus respectivos anexos suscrito el 31 de marzo de 2016.

Origen: Publicado en La Gaceta el contrato de construcción del aeropuerto Palmerola

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Ciberterrorismo: nueva figura en reformas en el Código Penal hondureño

Algunos profesionales del derecho mantienen la teoría que la introducción de la figura de “Ciber terrorismo” en el Proyecto de las reformas al Código Penal de Honduras, pueden llegar a ser un instrumento de censura para la población que manifiesta su inconformismo  por la corrupción, la impunidad y la arbitrariedad de funcionarios públicos.

congreso nacional reformas

Las reformas al Código Penal están por aprobarse totalmente en el Parlamento

hondureño.                                                          Foto: http://www.latrinuna.hn

No descartan del todo que puede ser beneficioso el apartado que tiene por título “Ciber terrorismo o terrorismo electrónico” que cita: el que por cualquier medio o procedimiento, y sin autorización, accede a un sistema informativo de la Administración Pública, del Estado o que preste servicios de carácter estatal, impide el acceso al mismo o altera o daña datos en los contenidos con la intención de impedir el correcto funcionamiento de un servicio para causar terror o miedo en la población, será castigado con penas de prisión de cuatro (4) a seis (6) años y multa de trescientos (300) a mil (1000) días.

Esto considerando que sin existir una Ley dirigida al uso de los comentarios o publicaciones en redes sociales como Facebook, Twitter, Whatsaap, Instagram y otros. En Honduras se ha echado mano del sistema jurídico para querellar a periodistas o ciudadanos que hacen uso de estas redes sociales para denunciar a funcionarios públicos.

Sin embargo hay muchas alergias para tolerar lo que se dice por las redes sociales, en especial si hay críticas para la forma cómo se conducen los destinos del país. Así hay denuncias de altos funcionarios que se enojan porque se habla de su gestión, hay periodistas que incluso han sido amenazados, como es el caso de Marvin Ortíz, a quien el ministro de Educación Marlon Escoto le anunció que cuando saliera del gobierno se iban a ver las caras, solamente porque el comunicador hizo algunas  críticas sobre el desempeño  de Escoto en su cargo.

El 20 de enero de este año fue capturado Elvin Molina, ex empleado de Alimentos Continental y líder de las demandas por el pago de prestaciones laborales que el gobierno a través de la  Oficina Administradora de Bienes Incautados, (OABI), se había comprometido. Las constantes protestas de los cesanteados evidenció la violación a sus derechos laborales y la irresponsabilidad de la administración de Juan Orlando Hernández que liquidó forzosamente al Banco Continental de la Familia Rosenthal, acusada de lavado de activos.

Elvin Molina quien era la figura más visible de las protestas de los afectados fue detenido por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, FUSINA, acusado de filtrar información falsa por las redes sociales sobre problemas en el sistema financiera y que había afectado a dos bancos de mucho poder político y económico en el país. Sus teléfonos celulares fueron decomisados y su facebook fue intervenido. La defensa logró un sobreseimiento en el caso y el Ministerio Público que no pudo probar nada,  interpuso un recurso de Apelación a la decisión del juzgado de primera instancia.

abogada ivania

Abogada Ivania Galeno

Al respecto la abogada Ivania Galeano manifestó que el gobierno se ha visto en la necesidad de actualizar el Código Penal debido a la evolución de los delitos y que como las redes sociales se han vuelto una herramienta de difusión a nivel nacional e internacional,  el régimen ha tenido la observancia del papel fundamental que éste que  como medio de comunicación ha jugado en los diferentes momentos políticos en la historia del país.

Señaló que en las movilizaciones de los indignados las redes ser convirtieron en el medio predilecto de convocatorias y la fluidez de la información, las denuncias y las actividades a realizar se posteaban en las rápidamente.

“Evidentemente el legislador logró ver este escenario y percibió la necesidad de limitar el ejercicio de derechos como  la libertad de expresión, la protesta social  generando figuras penales que ahora van a criminalizar también el uso de las redes sociales con diferentes finalidades, encaminadas a distintos sentidos” analizó la jurista.

Para la profesional del derecho coexiste otro actor en la ecuación y son las compañías que tienen acceso a la información que se transmite por las redes sociales, dijo que “si observamos las compañías ya dan la información, en las investigaciones el Ministerio Público solicita a las diferentes empresas de telecomunicaciones que se hagan los vaciados de números de teléfonos o mensajes”.

En consecuencia  no es necesario que le pidan información a las empresas ya que lo que se sube a las redes es público, a diferencia de  la variante que con la implementación del nuevo código existe la posibilidad que si se define que la información publicada “causa terror o miedo en la población” se puede requerir a cualquier ciudadano de manera judicial,  que generalmente las personas divulgan información con su nombre, fotografía, de manera que es fácil identificarlas o acosarlas. “Cualquier información que puedan incorporar en algunos tipos penales, la pueden perseguir”, agregó.

La entrevistada  recordó el caso de Elvin Molina que fue criminalizado por una circulación que hizo en el Facebook, “vemos como la criminalización se va orientando en ese sentido, son utilizadas nuevas figuras penales, ya no tanto las tradicionales, sino la difusión en redes sociales que pueden conllevar a este tipo de penalidad”.

Para ella el derecho penal se usa por los que tienen el poder para criminalizar a los más desposeídos, a los más vulnerables y en situación de desventaja en el ejercicio del poder. “En todos los países la función del derecho penal es esa, descargar toda la fuerza bruta y desmesurada que tiene  el sistema penal para controlar, neutralizar y mantener cierto orden entre comillas, que es la que le interesa a los grupos gobernantes, entre ellos la clase política que es la que decide en este país, evidentemente tiene a su disposición la mayoría del poder justicia para poder hacerlo”.

Querellas por usar redes sociales
penalizados por fb

          Elvin Molina                                                      Jennifer Padilla                                         Gilberto Gálvez

Algunos ejemplos de la utilización del Sistema de Justicia Penal hondureño en contra de periodistas y ciudadanos que hicieron uso de sus cuentas de Facebook para postear información, la que se consideró nociva a funcionarios públicos o el gobierno de la República.

Gilberto Gálvez, corresponsal de canal 10 y de HRN, dirige un programa de debate en el canal MultiTV de La Paz, fue querellado el 29 de septiembre de 2014, por injurias y difamación, por la alcaldesa de La Paz, Gilma Ondina Castillo, ella lo acusó de publicar en su cuenta de Facebook supuestas que un puente era muy costos y eso molestó a la funcionaria.

Sin embargo la Iniciativa Periodismo y Democracia a través de su abogada Kenia Oliva, que es la apoderada legal del comunicador social, logró desvirtuar la acusación y que el Tribunal de Sentencia de Comayagua declarara inadmisible la querellael 06 de agosto de 2015.

Siempre por el uso del Facebook encontramos el caso de la joven Jennifer Padilla, empleada del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, fue citada el 23 de junio de 2015 por la Oficina de Relaciones Laborales del IHSS,  a una audiencia de porque escribió en su muro privado de Facebook su posición en relación a la falta de justicia en el caso del desfalco de miles de millones de los fondos del Seguro Social. El acompañamiento de organizaciones como el Movimiento Visitación Padilla y la Iniciativa Periodismo y Democracia evitó que se concretara la acción, a la fecha ella sigue siendo objeto de hostigamiento laboral.

De aprobarse estas reformas por el Congreso Nacional se conculcarían derechos fundamentales. Los casos anteriores son un claro ejemplo de persecución política e intolerancia al pensamiento disidente.

El artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”, y que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

El Estado debe garantizar la vigencia de este derecho en el entorno digital y promover la existencia de espacios en línea libres de observación o documentación de la actividad e identidad de los ciudadanos. Esto incluye, por ejemplo, la preservación de plataformas anónimas para el intercambio de contenidos y el uso de servicios de autenticación proporcionales, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Libertad de Expresión e Internet, publicado el 31 de diciembre de 2013.

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¿Qué es ciber terrorismo?

El ciber terrorismo o terrorismo electrónico es el uso de medios de tecnologías de información, comunicación, informática, electrónica o similar con el propósito de generar terror o miedo generalizado en una población, clase dirigente o gobierno.

En los 80 se empezó a acuñar el término con definiciones simples como: “la convergencia del ciberespacio con el terrorismo” o en los 90  “el ciber terrorismo es el ataque premeditado y políticamente motivado contra  la información , sistemas, programas y datos informatizados no combatientes, por parte de grupos terroristas o agentes encubiertos de potencias extranjeras”.

En la actualidad el concepto está definido diferente: “el ciber terrorismo es la ejecución de un ataque sorpresa por parte de un grupo (o persona) terrorista, extranjero, sub nacional, con objetivo político, utilizando tecnología informática e internet para desactivar las infraestructuras electrónicas y físicas de una nación, provocando de este modo la pérdida de servicios críticos, como energía eléctrica, sistemas de emergencia telefónica, sistemas bancarios, internet y otros muchos.

Origen: Ciberterrorismo: nueva figura en reformas en el Código Penal hondureño

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Historia del periódico “The Guardian” es falsa dice Secretario de Defensa de Honduras

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- El secretario de defensa de Honduras, Samuel Reyes desmintió esta noche la publicación realizada por el periódico inglés “The Guardian” y calificó el reportaje como “una historia falsa” porque insinúa que en el país existe una política de Estado en contra de los ciudadanos.

Samuel Reyes, The Guardian debe rectificar esa publicación

Samuel Reyes, The Guardian debe rectificar esa publicación

Reyes dijo que esta publicación contiene elementos que busca dañar la imagen del gobierno de Honduras o de las Fuerzas Armadas aprovechando un evento que conmovió al mundo y a la sociedad hondureña como es la muerte de Berta Cáceres y que ya las autoridades han realizado las investigaciones y se han realizado las capturas pertinentes y también se está judicializando el caso.

Dijo que ellos consideran que es una historia falsa porque se menciona a un sargento primero de nombre Rodrigo Cruz que según la historia ingresó al ejército en diciembre de 2014 y que después de 3 meses de entrenamiento fue asignado al séptimo batallón de Policía Militar.

“En primer lugar para ingresar a la policía militar hay que tener un año de servicio con una hoja limpia y la otra falsedad es que no existe un séptimo batallón de policía militar ya que solo hay seis”, explicó Reyes.

Por otro lado, expuso Reyes, el informante dice ser graduado del curso de TESON (Tropas Especializadas en Selva y Operaciones Nocturnas) y a este curso solo pueden ingresar oficiales y sub oficiales y no participan instructores extranjeros y él dice que hay instructores del Federal Bureau of Investigation (FBI) y de otros países.

Además hace mención a que diez elementos de las fuerzas especiales han desaparecido y esos es falso porque no hay registros de personas desaparecidas y tampoco hay denuncias de familiares que hayan reportado la desaparición de miembros de su entorno familiar.

El artículo está lleno de incongruencias y exigimos al periódico The Guardian y a las personas que se mencionan en este reportaje, que si tienen pruebas contundentes que las presenten ante las autoridades competentes ya que esto contribuiría al esclarecimiento de esta historia.

Reyes señaló además que,  exigirán, a través de la Cancillería, que el medio The Guardian rectifique esta publicación, el Estado de Honduras ha hecho un enorme esfuerzo por la defensa de los derechos humanos.

Aunque el Estado hondureño ha sido condenado en varias ocasiones por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y son múltiples las denuncias que se dan cada día por parte de los defensores hondureños y extranjeros que radican en el país.

Origen: Historia del periódico “The Guardian” es falsa dice Secretario de Defensa de Honduras – CRITERIO

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Juez libera parcialmente a Benjamín Bográn

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Porque no hay suficientes elementos probatorios de los delitos que se le imputan Un juez de San Pedro Sula, dictó un sobreseimiento provisional a favor de Benjamín Bográn, exdirectivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

bogran benjamin

Benjamín Bográn, quien está preso por otros delitos relacionados a supuestos actos de corrupción en el Seguro Social, tales como recibir coimas para aprobar ciertos negocios y también de aprobar la construcción de un muro de la regional de San Pedro Sula sin hacer licitación y de cometer varias irregularidades con el presupuesto destinado para esa obra.

La audiencia inicial fue celebrada ayer y en la misma los fiscales del Ministerio Público presentaron pruebas de los delitos incoados contra Benjamín Bográn, exdirectivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Bográn no asistió a la audiencia inicial y solamente  asistió su abogado defensor, pues no era necesaria la presencia del imputado, ya que así fue solicitado ante el tribunal competente.

Bográn anduvo prófugo de la justicia y se entrego unos 15 días atrás aparentemente muy enfermo y fue operado de emergencia.

Origen: Juez libera parcialmente a Benjamín Bográn – CRITERIO

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Mujeres campesinas exigen cese a la criminalización de la lucha social

Su día inicia a las cuatro de la mañana, debe encargarse de las labores del hogar como hacer tortillas, preparar la comida, despachar a sus tres pequeños hijos a la escuela, lavar la ropa y aseo de la casa. Pero también hace tiempo para cultivar la tierra, y participar en las reuniones sociales propias de la defensa del territorio en su comunidad indígena de La Paz, al centro de Honduras.

Ella es Glenda Martínez, una mujer Lenca e integrante de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), quien hoy denunció las consecuencias que como mujeres sufren debido a la criminalización de las protestas sociales cuando están procesos de recuperación de tierras apropiadas por quienes tienen el poder político y económico, marginando a los verdaderos dueños y herederos ancestrales de los recursos naturales.

Cuando los policías y militares llegan a las propiedades usan de manera extrema la fuerza, y con las mujeres se ensañan más, al grado que algunas compañeras han sufrido abortos por los golpes recibidos, así mismo, solo en La Paz, uno de los 18 departamentos del país, hay más de 200 mujeres campesinas criminalizadas por esta lucha.

Glenda está en un proceso de defensa de la tierra desde el 2004, pero desde el 2010 está criminalizada con medidas sustitutivas a la prisión, por lo que debe ir a firmar cada semana al juzgado asignado, debido a la denuncia de terratenientes, “allí los que se dicen dueños son los de apellidos Córdova” dijo Glenda, quien agregó que son parientes del ex presidente de Honduras, Roberto Suazo Córdoba (1982-1986), quien inició la supuesta era de gobiernos democráticos en Honduras, pero que también presidio en la época donde se instaló por el gobierno de los Estados Unidos la Doctrina de Seguridad Nacional que dejó más de 184 detenidos desaparecidos en Honduras, y cientos de violaciones a DDHH y exilios forzados.

Recientemente Ana Mirian Romero, dirigente indígena Lenca de La Paz, fue reconocida con el premio “Defensores en Riesgo” en Irlanda, por la organización Front Line, ella es un ejemplo de lucha y por eso no nos damos por vencidas, porque estamos defendiendo los bienes para nuestros hijos e hijas, pero también son bienes que sirven a la población en general, expresó Glenda.

La Articulación de Mujeres de la Vía Campesina Honduras, de la cual Glenda forma parte, junto a Ericka Fúnez de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), Esperanza Cardona, Emma Fúnez e Irma Martínez, exigen que cese la criminalización en un entorno donde el 70 por ciento de las tierras están en poder de un tres por ciento de terratenientes,   con un gobierno excluyente y poder judicial amañado que favorece a quien tiene dinero.

En el comunicado de prensa, compartido este dia, manifiestas que: Nosotras la Articulación de Mujeres de La Vía Campesina Honduras, integrada por representantes de las organizaciones campesinas (ANACH, CNTC, CODIMCA, UCIH-Choluteca y ADROH-La Paz), reunidas en Tegucigalpa, Honduras, hicimos un análisis de la grave situación que están viviendo las mujeres campesina, indígenas y garífunas ante la ola represiva de criminalización por la lucha por la tierra y el territorio.

El contexto que enfrenta la lucha campesina y como defensoras de Derechos Humanos, en el agro hondureño, denunciamos que en el país un 3% de los terratenientes poseen el 70% de las tierras cultivables, en contraste con los 7 de cada 10 campesinos y campesinas que no poseen predios para producir y vivir.
Según el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, Honduras es uno de los siete países del mundo con los índices más altos de impunidad y muy poco se hace para revertir la situación, contando con pocos recursos financieros, humanos y técnicos para combatir ese flagelo.  En Honduras resultan insuficientes las medidas que se han impuesto en los últimos años en materia de investigación, ya que la inmensa mayoría de los casos ni siquiera son investigados y es una irrisoria cantidad la que llega a judicializarse, supuestamente el 96% permanecen impunes.

En los últimos tres años el agro hondureño reporta 120 campesinos y campesinas asesinados/as, entre ellas 5 mujeres campesinas e indígenas (2 en Pimienta, 1 en San Manuel, Cortés, Margarita Murillo – Agosto 2014 y Berta Cáceres – Marzo 2016).   De igual manera existen más 6,000 procesados/as a nivel nacional, entre ellas 1,700 mujeres campesinas e indígenas por estar exigiendo y defendiendo su derecho a la tierra y el territorio.

Nosotras las mujeres rurales que sufrimos constantemente la criminalización por parte de las autoridades estatales, nos vemos afectadas en nuestra vida personal y familiar. Durante la brutalidad en los desalojos violentos, nos golpean, nos encarcelan, queman nuestras viviendas, destruyen los cultivos, roban nuestras pertenencias, algunas abortan debido a la represión y los gases lacrimógenos, muchas sufrimos daños psicológicos.

Ante toda la grave situación que estamos viviendo como mujeres campesinas, indígenas y garífunas, EXIGIMOS a las autoridades y alertamos a Organismos Defensores de Derechos Humanos nacional e internacional:

1.- El cese inmediato a la criminalización por el derecho a la tierra y el territorio.

2.- Exigimos procesos judiciales transparentes e investigaciones de las demandas de la tierra por los grupos campesinos, así como determinar los sobreseimientos definitivos a las personas o grupos campesinos con medidas cautelares.

3.- Exigimos al Fiscal General de la República, Fernando Chinchilla la entrega del Informe realizado en el año 2014, donde se constata las múltiples violaciones a los derechos humanos de las y los campesinos realizados por la Fiscalía de DD.HH en los diferentes juzgados, para deducir las responsabilidades del caso.

4.- Exigimos la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la investigación de los asesinatos de las 5 mujeres campesinas e indígenas.

5.- Demandamos al Congreso Nacional de la República la inmediata discusión y aprobación de la propuesta de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, introducida el 9 de abril del año 2014, para solventar la deuda social del acceso a la tierra y defensa del territorio.

Como Articulación de Mujeres de LVC Honduras nos sumamos a las demandas de la familia de la compañera Berta Cáceres: 1) Castigo a los autores intelectuales de su asesinato, 2) La cancelación de la licencia de DESA, 3) La instalación de una Comisión Internacional Independiente de Investigación y 4) Declarar el Río Gualcarque “Patrimonio Nacional”.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Junio, 2016.
Articulación de Mujeres de La Vía Campesina Honduras
BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL CAMPO

Origen: Mujeres campesinas exigen cese a la criminalización de la lucha social

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Tv Globo y la vulneración del derecho a la Libertad de Expresión en Honduras

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Carta enviada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) al Relator Especial de la libertad de expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso del cierre del  proceso sancionatorio contra Globo TV y otros 20 medios de comunicación.
1. LA CANCELACIÓN DEL TÍTULO HABILITANTE DE TV GLOBO y otros 20 medios de comunicación:
En el caso de GLOBO TV, éste operado a través de un Título Habilitante otorgado en 2011 mediante la resolución AS033/11; acuerdo con CONATEL el servicio que presta GLOBO TV es un Servicio Final Complementario, así lo dice la Resolución OD098/16 (con la cual se inició un proceso sancionatorio contra Globo TV y   otros
20 medios de comunicación) en su la VISTA, y este servicio se define en el considerando segundo:
Que el servicio Audiovisual Nacional ha sido clasificado por CONATEL, como un Servicio Final Complementario, ya que por su utilización y naturaleza es de carácter público. Definiéndose como “aquel servicio de telecomunicaciones cuyas señales son de video y audio (audiovisuales), y que sus géneros de programación (noticiosos comerciales, sociales, educativos, religiosos y musicales entre otros) son total o parcialmente producidos y/o editados dentro del territorio nacional, y que se transmite o retransmite en tiempo real o diferido a través de un canal programado dentro de la grilla de programación de los canales de los Servicios por Suscripción, para acceder a los usuarios y suscriptores de estos  servicios.”
Edison Lanza, relator especial de Libertad de Expresión.
El artículo 25 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones dispone que “para la prestación de servicios de telecomunicaciones se requiere de concesión, licencia, permiso o registro otorgado por CONATEL”. Lo demás se encuentra en el Reglamento de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones: definición de los títulos habilitantes (artículo 90); solicitudes de títulos habilitantes (artículo 91, 92); transferencia de títulos habilitantes (artículo 94); renovaciones de títulos habilitantes (artículo 98-101); las formas de conclusión de los títulos habilitantes (artículo 105-113). Con esto se vulnera el principio de Reserva de Ley.
El artículo 105 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, establece que “las concesiones, permisos, registros y licencias, interrumpen o terminan su vigencia, en los siguientes casos: a. caducidad; b. renovación; c. resolución administrativa; d. cancelación por rescate; e. y vencimiento”.
Por el tipo de Título Habilitante de GLOBO TV, la forma de conclusión de la vigencia de título habilitante es el VENCIMIENTO y el artículo 112 del Reglamento establece:
El vencimiento del plazo de los títulos habilitantes es el medio natural de extinción de los derechos de éstos, si acaso no media una renovación conforme a ley. El procedimiento y forma de aplicación de estas medidas estarán señaladas en las disposiciones que al respecto emita La  Comisión.
Esta procedimiento aparte de vulnerar el principio de reserva de ley, viola el principio de precisión de las normas, pues la última parte del artículo permite sea otra disposición emitida por CONATEL la que regule el procedimiento, pero no dice qué tipo de norma; de cualquier manera deberíamos de entender que aún  que se emita un procedimiento en un reglamento aprobado por CONATEL, siempre se violará el principio de reserva de ley.
Así las cosas, en este caso para cancelar el Título Habilitante de GLOBO TV, no se emitió resolución, la única referencia que se tiene es la Resolución OD098/16 de CONATEL del 16 de mayo de 2016 en la cual se establece que por la Resolución Normativa NR004/09 si el “Permiso” se venció automáticamente expira el derecho sobre los Títulos Habilitantes, sin ningún trámite previo:
Al vencimiento del plazo de vigencia de los títulos habilitantes otorgados para prestar servicios de telecomunicaciones (…) se entenderá que, automáticamente y sin más trámite, los derechos de éstos han expirado, por lo cual no existirá necesidad de emitir ningún acto administrativo posterior a dicho vencimiento (…).
CONATEL emitió esta resolución “Resolución Normativa NR004/09”, en fecha 04 de agosto de 2009, sin motivar si tenía esta facultad. El artículo 78 del Reglamento de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones establece las normas que CONATEL puede emitir:
En aplicación de sus facultades de regulación CONATEL podrá aprobar, mediante Resolución, los siguientes instrumentos normativos: a) Reglamento Interno: norma la organización y funcionamiento de CONATEL. b) Reglamentos Específicos: contienen regulaciones necesarias para la prestación de cada uno de los servicios, o para desarrollar actividades que genéricamente están tratadas en la Ley Marco y el presente Reglamento. c) Reglamentos Técnicos: establecen las disposiciones sobre aspectos técnicos relativos a la operación de los servicios, a través de los Planes Técnicos Fundamentales y Normas de Calidad de Servicios. d) Normas Técnicas: Son las regulaciones de carácter particular que se dictan para la operación de determinados servicios o para determinados operadores. e) Normas tarifarias: son aquellas que se expiden para establecer y regular tarifas y sistemas tarifarios de toda naturaleza. f) Órdenes: están destinadas a impartir disposiciones de toda índole a los operadores de servicios, comercializadores, usuarios y otros que de alguna forma se vinculen al sector de telecomunicaciones.
Es decir que mediante el Reglamento de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, se le da a CONATEL la facultad de crear normas de seis categorías: Reglamento Interno; Reglamentos Específicos; Reglamentos  Técnicos; Normas Técnicas; Normas Tarifarias y Órdenes; sin embargo la categoría de RESOLUCIÓN NORMATIVA no está dentro de las facultades.
Edy Tábora, Director Ejecutivo de C-Libre.
La Resolución Normativa NR004/09, es una “resolución normativa”, que previamente establece una norma general que atenta contra el debido proceso, en el tercer considerando de la resolución referida se establece:
Que es función de CONATEL emitir las regulaciones y normas de toda índole (…) y siendo que en la actualidad existen muchos proveedores,  de servicios públicos y privados, que no han solicitado la renovación de sus títulos habilitantes a tiempo, para continuar prestando los servicios de telecomunicaciones que tienen autorizados, se hace necesario, en el marco del derecho administrativo y de conformidad a los principios de economía procesal, emitir una disposición de carácter general que evite la “declaración de oficio de extinción de derechos”, una vez que se haya cumplido el requisito de la renovación a petición de parte conforme a la ley.
Es decir que de acuerdo con esta motivación, la resolución fue concebida para resolver los asuntos sobre títulos habilitantes que no habían sido renovados al momento de emitirse la resolución.
Por otra parte en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta misma resolución encontramos que se elimina el derecho a un procedimiento:
Establecer que en aplicación de los dispuesto en la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y su Reglamento General, al vencimiento del plazo de vigencia de los títulos habilitantes otorgados para prestar servicios de telecomunicaciones, ya sea de naturaleza privada o pública (…) se entenderá que, automáticamente y sin más trámite, los derechos  de éstos han expirado, por lo cual no existirá necesidad de emitir ningún acto administrativo posterior a dicho vencimiento; lo anterior, si acaso no media la solicitud de renovación conforme a la ley (…).
Para emitir esta resolución CONATEL no efectuó el examen de derechos  humanos necesario, no tomó en cuenta el derecho fundamental a un debido proceso. Esta obligación para CONATEL de efectuar un examen de derechos humanos sobre las resoluciones que emita lo estableció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia “AA 406-13, el 28 de junio de 2013, estableciendo que los servidores públicos que tengan que resolver asuntos públicos están obligados a efectuar el respectivo control de Constitucionalidad y convencionalidad en sus resoluciones:
CONSIDERANDO (11): Que los efectos que imponen tanto el control de constitucionalidad, como el de convencionalidad, suponen que los jueces, y en última instancia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución y/o los Tratados vigentes, pactos y demás declaraciones internacionales en materia de derechos humanos; b) Los demás jueces del país, en los asuntos de su  competencia y de conformidad a lo previsto por nuestra Constitución    y la Ley Sobre Justicia Constitucional, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones; C) LAS AUTORIDADES DEL PAÍS QUE NO EJERZAN FUNCIONES JURISDICCIONALES DEBEN INTERPRETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MANERA QUE MÁS LOS FAVOREZCA, SIN QUE ESTÉN FACULTADAS PARA DECLARAR LA INVALIDEZ DE LAS NORMAS O PARA DESAPLICARLAS EN LOS CASOS CONCRETOS.
2. EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO CONTRA TV GLOBO Y OTROS 20 MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Mediante la Resolución OD098/16 de fecha 16 de mayo de 2016, CONATEL inició un procedimiento de sanción contra GLOBO TV y otros 20 medios de comunicación, por infracción clasificada como “grave”3 cuya causal se encuentra establecida en el artículo 41 inciso c) de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones  y el artículo  248 primer párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones:
Instalar, construir o poner en operación un servicio de telecomunicaciones sin la autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), salvo los casos expresamente excluidos por la normativa correspondiente.
Para ello se notificó a GLOBO TV para que dentro de los 10 días posteriores a la notificación comparezcan a CONATEL a presentar los descargos correspondientes.
Sin más que agregar; Saludándole cordialmente.
Edy Tábora
Director Ejecutiva
C-Libre

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresión/tv-globo-y-la-vulneración-del-derecho-la-libertad-de-expresión-en

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CON LAS CHACHAS ESPERABAN A “PALILLONA DEL IHSS” TRAS BAJAR DEL AVIÓN

La hondureña, Ilsa Molina, quien era gerente de la empresa fantasma denominada Inversiones y Suministros Médicos (Insumedic), arribó alrededor de las dos de la tarde al aeropuerto de San Pedro Sula junto a 129 personas deportadas de Estados Unidos, por lo que al bajar del avión fue arrestada.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Autoridades arrestaron esta tarde a Ilsa Vanessa Molina, más conocida como “la palillona” y quien fue deportada de EE.UU., para que responda por haber sustraído recursos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Molina, quien era gerente de la empresa fantasma denominada Inversiones y Suministros Médicos (Insumedic), arribó alrededor alrededor de las 2:00 de la tarde al aeropuerto internacional de San Pedro Sula junto a 129 personas deportadas de la nación del norte, por lo que al bajar del avión, fue arrestada de inmediato.

La imputada fue trasladada a una celda luego que policías y miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) la esperaban afuera del avión que la trasladó hacia Honduras. Bajó del avión vestida con una chaqueta color café y pantalón ceñido al cuerpo.

El apoderado legal de Molina, Héctor Durán, informó que el EE.UU. declinó de otorgar asilo a su clienta y “se les explicó a las autoridades estadounidenses los motivos para que se le diera asilo político a mi clienta, en especial, por los atentados que sufrieron dos testigos protegidos”.

Respecto al delito que imputa el Ministerio Público, el apoderado dijo que el organismo acusador “está alejado de la realidad”. “Hay documentos que acreditan que la empresa Insumedic ingresó productos al almacén central del IHSS” y que hay pruebas que pueden corroborar el hecho.

A Molina se le achaca haber recibido más de nueve millones de lempiras producto del megafraude contra el IHSS. Asimismo, se le confiscó una lujosa casa que había comprado con recursos robados a la institución, por lo que decidió huir de Honduras.

La acusada fue detenida por agentes de migración de EE.UU. cuando pretendía ingresar a ese país de manera ilegal.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1488-con-las-chachas-esperaban-a-palillona-del-ihss-tras-bajar-del-avion

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