Archivos para 10/06/16

Comunidad LGBT bajo ataque mortal

Más de 200 asesinatos después del golpe de 2009

El asesinato de René Martínez, presidente de la comunidad LGBT de San Pedro Sula, es solamente el último de una serie infinita de ataques mortales contra este sector de la población hondureña, y se enmarca en un contexto de creciente violación a los derechos humanos y de criminalización de defensores y defensoras

René Martínez desapareció el pasado 1 de junio tras salir de su casa acompañado por una persona no identificada. El siguiente día, su cuerpo fue ingresado a la morgue de San Pedro Sula con signos evidentes de estrangulamiento y tortura.

Además de liderar el colectivo LGBT en la capital industrial hondureña, Martínez coordinaba un Centro de Alcance y era activista del oficialista Partido Nacional. Una de sus aspiraciones era alcanzar algún cargo político para luchar a favor de los derechos de la comunidad LGBT.

Esta enésima tragedia que ha enlutado a Honduras no es algo esporádico, sino parte de un patrón bien definido de violencia contra defensores y defensoras, especialmente cuando se trata de los derechos de la comunidad LGBT.

Organizaciones y movimientos globales que defienden los derechos humanos a nivel mundial han lanzado su grito de alerta, cada vez más preocupados por la situación que se ha generado en Honduras tras el golpe de Estado de 2009.

La escalada homicida
Homofobia en Honduras

En su reportaje para la revista Index on Censorship [1], el periodista Duncan Tucker revela que 215 personas de la comunidad LGBT fueron asesinadas en Honduras entre 2009 y 2015.

Los efectos del golpe cívico-militar sobre la escalada homicida son aún más evidentes cuando se hace una comparación con el periodo anterior.

Los datos de la ONG Cattrachas muestran que un promedio de 2 personas LGBT fueron asesinadas cada año entre 1994 y 2008. Según la Asociación Arcoíris, tras el golpe de 2009 esa cantidad subió vertiginosamente a una media de 31 asesinatos al año.

La persecución contra la comunidad LGBT hondureña se manifiesta también a través de ataques múltiples contra sus miembros.

“Arcoíris denunció 15 incidentes de seguridad contra sus miembros durante la segunda mitad de 2015, incluyendo vigilancia, acoso, detenciones arbitrarias, atracos, robos, amenazas, agresión sexual. Otros activistas LGBT han experimentado desahucios, cargos falsos, difamación, desapariciones forzadas y restricciones del derecho de reunión”, señala Tucker en su reportaje.

El 92 por ciento de los asesinatos permanecen impunes.

Vergonzosa impunidad
Reacción internacional

La total impunidad es lo que más preocupa tanto a las organizaciones nacionales e internacionales, como a la comunidad internacional.

En un comunicado, la Alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, pidió una “investigación exhaustiva” para hallar a los responsables del asesinato de René Martínez.

Asimismo, dijo que se deben garantizar “pasos urgentes y decisivos para proteger a los defensores de los derechos humanos en Honduras”, para así “poner fin a la impunidad y la violencia”.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos[2], exigió a las autoridades hondureñas “una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con el fin de identificar a los responsables del asesinato”, al tiempo que instó a “poner fin a todo tipo de amenazas y actos de hostigamiento” contra la comunidad LGBT.

También pidió “adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la integridad física y psicológica de todos los defensores de los derechos de las personas LGBT, y en general de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras”.

A pesar de la difícil situación, Danny Reyes, coordinador de Arcoíris, dijo a Index on Censorship que la necesidad de un cambio drástico es lo que le da la fuerza para seguir luchando contra la discriminación.

“Necesitamos encontrar una Honduras libre de violencia y homofobia. Creemos que es nuestra responsabilidad luchar por eso, para que las próximas generaciones tengan un espacio donde vivir en un mundo mejor”, indicó.

Al menos 1.700 personas transexuales fueron asesinadas en el mundo de 2008 a 2014 en 62 países. La homosexualidad todavía está penada en 79 países[3] y se castiga con la muerte en 7 países: Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irán, Mauritania, Somalia, Sudán y Yemen.

Nota:

https://www.indexoncensorship.org/2016/04/magazine-homofobia-honduras-lgbt-espanol/
2 Programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
http://factoides.com.ar/post/11400150623/homosexualidad

Rel-UITA
http://informes.rel-uita.org/index.php/sociedad/item/comunidad-lgbt-bajo-ataque-mortal

Origen: Comunidad LGBT bajo ataque mortal

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IHSS se niega a operar camarógrafo asaltado por falta de material quirúrgico y medicinas

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- El camarógrafo,  Juan Carlos Álvarez,  del canal Mundo TV, se convierte en otra víctima de la delincuencia y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cuando la mañana de este jueves fue asaltado cuando se dirigía a su trabajo. Los delincuentes lo despojaron de sus pertenecías y no bastándoles […]

Origen: IHSS se niega a operar camarógrafo asaltado por falta de material quirúrgico y medicinas – CRITERIO

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¡NO! No nos hemos ido

(Nota enviada por los compañeros que tienen orden de captura)

Hoy más que nunca estamos cohesionándonos como estudiantes conscientes respecto de la problemática general de nuestro Alma Máter, direccionados en recuperar la academia secuestrada por el régimen nefasto y autoritario del julietismo, enfocados en la lucha por la democratización de la UNAH y para que el gasto público se priorice en la academia y ciencia, y no en los lujos suntuosos de la parsitocracia julietista.

1.- en la coyuntura actual nos encontramos seis compañeros criminalizados con orden de captura, de los cuales ninguno participó en las actuales protestas ya que nos encontramos en práctica profesional, una fuera del país, y otro que ni el MEU y nosotros no sabemos ni quién es.

2.- estas órdenes de capturas no son más que el odio indiscriminado del régimen autoritario que dirige actualmente nuestra UNAH, producto de sucesos acaecidos desde el 2011.

3.- en el 2011 se pone en agenda estudiantil la Asamblea Constituyente Estudiantil Universitaria ACEU con el fin de democratizar con participación estudiantil los órganos de co-gobierno universitario (comités técnicos de carreras, juntas directivas de facultades y centros regionales, y Consejo Universitario).

4.- en el 2012 impulsamos la primera campaña para organizar las asociaciones de estudiantes de carreras en Ciudad Universitaria, tal como dictan las normativas internas de la UNAH.

5.- en el 2013 levantamos la voz en contra de la violación de la autonomía universitaria del régimen de la UNAH por hacer uso del tráfico de influencias con el partido nacional, con el fin de reelegir a Julieta Gonzalina Castellanos. Además de ello contra la trama de eliminar el proceso electoral estudiantil que le permite actualmente a las autoridades imponer estudiantes “de dedo” para no tener ninguna oposición contra todo el proceso. En este mismo contexto alzamos la voz contra el anteproyecto de Ley de Educación Superior donde pretenden darle “autonomía responsable” a las universidades privadas, agudizando el proceso de mercantilización de la educación en Honduras.

6.- en el 2014 entran las normas académicas excluyentes acompañadas por un nuevo plan de arbitrios con un aumento indiscriminado de los servicios estudiantiles, el cual se dieron protestas y tomas de edificios, de nuestro grupo hay compañeros que ni estuvieron en las tomas y presentaron constancias de ello; en donde militantes de la FUR quebraron puertas de vidrio y coludidos con las autoridades inculparon al MAU; sin embargo el régimen autoritario realizó un proceso de expulsión viciado y violentando los procesos administrativos internos de la UNAH, hasta con falsos testimonios de la secretaria de la facultad de Ciencias Sociales, por orden directa de Julieta Castellanos y Belinda Flores secretaria del Consejo Universitario.

7.- en el 2015 se agudiza los conflictos en la UNAH-VS y además de las normas académicas. Por lo que se ejecutan protestas y tomas de edificios, que desembocó en una toma general de Ciudad Universitaria, UNAH-VS, CURLA, CURC, CURLP, los compañeros que estábamos expulsados y reintegrados por orden de la Corte Suprema de Justicia, acompañábamos las protestas pero no dirigíamos los procesos, pero que en las audiencias en los Juzgados jamás se les prohibió participar en la protesta ya que es un derecho humano universal. Empero, el régimen autoritario a través de Roger Aguilar jefe de los guardias privados ESPA, comienza un proceso de investigación con instancias y agencias de inteligencia como la ATIC dándonos seguimiento y construyendo historiales de vida, donde este señor Aguilar, y los “relacionadores públicos” de cada facultad, se han dedicado a levantar perfiles de los protestantes, con fotografías, nombres, y otros datos que les sirven. En estas tomas el régimen arremete con tres estudiantes que fuimos expulsados, dándonos requerimientos fiscales a Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, la cual el informe de la DNII no presenta nombres porque todos estaban encapuchados. Pero el Ministerio Público al servicio de Julieta Gonzalina Castellanos presenta a Roger Aguilar con la finalidad de levantar un falso testimonio con el objetivo de imputarnos, cuando Cesario Moisés y Sergio acompañaban a los estudiantes indignados como el comité prodefensa de los DDHH en la UNAH.

8.- actualmente se ha llegado al punto más álgido en contra de las normas académicas, en donde a raíz de las protestas y la toma de 24 horas, se libra orden de captura contra seis de nosotros que el único que estuvo presente fue Cesario Padilla como periodista independiente y defensor de DDHH.

9.- en cuanto a la capucha, eso que ayer era una imagen de tortura y asesinato contra el movimiento social y popular; hoy es un símbolo para protección de que no se continúe con los demás compañeros y compañeras y les hagan lo mismo que nosotros estamos viviendo, para que no tengan que cargar la cárcel en sus espaldas.

¡NO! No nos hemos ido, nuestra denuncia, nuestras fotografías, pero sobre todo nuestro compromiso con la academia, realizando práctica profesional, ejerciendo la profesión y en último caso, en el exilio, buscando el acceso a la educación que la UNXH nos niega, a golpes, gaseadas, expulsiones, criminalización, campañas de odio y hasta balas.

Con amor revolucionario…

Los que estamos firmes por la lucha de la justicia social y la educación pública, gratuita, laica y de calidad.
Tomado de: https://www.facebook.com/UNAHEstudiantes/posts/1099475880125072

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4161:ino-no-nos-hemos-ido&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN HONDURAS: ¿A FAVOR O EN CONTRA DE LA DEFENSA DE LA VIDA?

…Por Josefina Dobinger–Álvarez Quioto …Giuliana Tedeschi, sobreviviente de Birkenau […] Me hizo notar que por la ventanuca se ven las ruinas del crematorio; […] Ella había preguntado a las veteranas [del centro de concentración] «¿Qué es ese fuego?» y le habían contestado: «Somos nosotras, que nos quemamos». Primo Levi (1958, 2002) El análisis sobre la […]

Origen: http://elpulso.hn/despenalizacion-del-aborto-en-honduras-a-favor-o-en-contra-de-la-defensa-de-la-vida/

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Por el terror que impera en la UNAH ha crecido la cultura del silencio

La solución a los problemas actuales en la UNAH  pasa por un diálogo que tenga la capacidad de sentar a conversar a todos los actores: las autoridades, estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad, “si no se puede empatizar, no puede haber educación universitaria y se convierte en una educación bancaria”, dijo Juan Almendares Bonilla, defensor de derechos humanos, ex rector de la universidad y director del Centro para la Prevención Tratamiento y Rehabilitación contra la Tortura, CPTRT, en entrevista con pasosdeanimalgrande.com

Almendares Bonilla fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, en el período 1979-1982,  en una de las épocas más represivas para el pueblo hondureño, donde se violaron los derechos humanos, por la puesta en práctica de la “Doctrina de Seguridad Nacional”.

Esta Doctrina fue el sostén ideológico de las dictaduras militares en América Latina e  ideada por el gobierno de Estados Unidos, como forma de ejercer un contrapeso político en la región, en el marco de la Guerra Fría. En Honduras hubo más de 180 personas desaparecidas. El asesinato de estudiantes , profesores, sindicalistas, entre otros como resultado de esta política represiva.

Tiempos de Almendares Bonilla

En la época en que Almendares estuvo al frente de la administración de la UNAH los conflictos internos eran resueltos con diálogo, se escuchaban las propuestas de las y los estudiantes, que eran parte del gobierno universitario manifestó el ex rector.

“Nunca tuvimos como autoridades que hacer un llamado a las Fuerzas Armadas ni a la policía para que llegaran a golpear, reprimir o meter a la cárcel a los estudiantes. En algunos casos los jóvenes  tenían razón, otras veces no, pero fundamentalmente había respeto mutuo” , aseguró.

Subestimación

El galeno indicó que no debe haber la mínima subestimación de los jóvenes, ya que estos piensan, tienen ideas, capacidad crítica, la manera creativa de aportar es a través de pláticas por medio de la razón, pero no una razón represiva.

Una de las ideas que impera en la máxima casa de estudios es la “Pedagogía del Bonsai”,  significa no respetar el carácter del estudiante como sujeto pensante y activo,reduce la capacidad de creer que el estudiante tiene un cerebro muy pequeño, figurativamente un arbolito que se reduce de tamaño y que nunca crece, ilustró el galeno.

La palabra “Bonsai” es un término japonés que traducido literalmente significa “plantado en una maceta”. Esta disciplina artística deriva de una muy antigua práctica horticultural china, parte de la cual fue posteriormente desarrollada bajo la influencia del budismo Zen japonés durante varios cientos de años.

El objetivo final del Bonsái es crear una representación miniaturizada pero realista de una parte de la naturaleza, concretamente un árbol. Los bonsáis no son plantas genéticamente enanas, de hecho, cualquier especie arbórea puede ser usada para formar uno de ellos.

Por otra parte Almendares consideró que la pedagogía es rica, con libertad, donde el estudiante exprese su sentir, que contribuye a la conciencia crítica de la sociedad. En otro sentido la universidad ha perdido su  “conciencia crítica” en consecuencia “no queremos una fábrica de profesionales cuyo fin sea el mercado, esto es, la privatización de la UNAH, la cual inicia con la gran exclusión que existe en miles de estudiantes que podrían ingresar a estudiar y no pueden”.

En una minoría los docentes han comenzado a hacer críticas expresando que están en contra de las normas académicas impuestas por las autoridades universitarias,  a las que el ex catedrático calificó como un “fetiche mágico” con poderes sobrenaturales que según ellos va a resolver todos los problemas que los estudiantes no han participado en el sentido real, sino que fue el gobierno mismo el  que tomó las decisiones sobre este tema, no dejaron que los universitarios eligieran sus representantes,  añadió.

La publicidad que señala a la UNAH como una de las mejores de Centroamérica se pone en el tapete de discusión, ya que es necesario analizar cuál es el papel que juega este centro respecto a las políticas nacionales sobre las minas, marca de país, la venta del territorio o  las concesiones,  y como la universidad no se ha pronunciado,  los jóvenes no están satisfechos por el rol que está jugando el lugar de creación de conocimientos, no están de acuerdo con la filosofía de la educación implementada.

¿Qué quieren?

Los jóvenes no quieren ser criminalizados, estigmatizados, sino quieren respeto, quieren ser. “Hemos sido testigos de la persecución universitaria, algunos han tenido que salir del país porque se han sentido aterrorizados”, destacó el científico.

Una de las definiciones que los educandos le dan a la Rectora Julieta Gonzalina Castellanos es que es una dictadora, al respecto Almendares opinó que el problema de la UNAH no se debe reducir a una persona, porque es todo un sistema que ha tornado la política universitaria represiva, criminalizadora de la protesta estudiantil, no solo es ella sino un conjunto de autoridades.

Por eso hacen una crítica, quieren libertad, derechos y desean participar en las decisiones importantes que les afectan. Que las autoridades cambien de posición, que no privaticen la universidad ni la conviertan en elitista. “Ellos quieren participar en el planteamiento académico, estamos por una universidad del pueblo” , sostuvo el ex decano.

Posición de Catedráticos

Calificó a los intelectuales que guardan silencio y no dicen nada  como “cómplices” de esas políticas, porque no existe la libertad académica, ni de cátedra para poder opinar sobre los grandes problemas nacionales.

Una de las razones es por el terror que tienen los educadores ante algunos asesinatos y desapariciones en circunstancias que no han sido aclaradas.

Según el ex rector otra es la inestabilidad laboral que sufren, la contratación de personal temporal sin garantías laborales, hay mucho temor en la parte docente y silencio,  exteriorizó.

Almendares mencionó que también de alguna manera en un grupo de docentes hay un repunte, ya no aguantan la situación y se han empezado a expresar.

El sindicato universitario

Ante la desaparición del sindicato de la UNAH  mediante la gran reprimenda sufrida años atrás en una embestida de represiones, persecuciones, amenazas, desaparición y asesinatos, Almendares se solidarizó.

“No me atrevería a juzgar a la clase obrera que tiene toda una historia de lucha dentro de la universidad”,y que ha sido uno de los grupos de las fuerzas vivas dentro del campus universitario más beligerantes antes de su inminente inmovilización e invisibilización, sentenció.

La justicia

En cuanto a la judialización de los estudiantes se debe a que este Estado es punitivo, inquisidor y violador de los derechos humanos, por ende las autoridades tienen que reflexionar que están en un posicionamiento represivo contra los jóvenes, denunció Almendares.

Agregó que deben adoptar un respeto a los derechos académicos de los estudiantes, porque la forma jurídica del poder no debe servir para reprimir, agregó Almendares.

Los derechos que se les está violando a la juventud universitaria son el derecho a la  movilización lo que ha provocado exilio, el derecho a la libertad de pensamiento, derecho a disentir, derecho a la seguridad personal  lo que genera persecución, amenazas, vigilancia por la seguridad interna de la UNAH.

Razonó que las autoridades universitarias han adoptado una política en contra de la idea de pensar, la participación real de los estudiantes, porque ellos son capaces de dar aportes a las normas académicas.

La sociedad

Es importante que la sociedad no se deje imponer un sistema de exclusión en el Alma Mater, porque esta tiene una gran fuerza ideológica, pero si permiten la privatización y guardan silencio ante las violaciones de los derechos humanos, se perderá el nido del conocimiento hondureño.

La sociedad y la universidad se vuelven cómplices de las violaciones de los derechos de las y los jóvenes universitarios, cuando se cruzan brazos mientras recrudecen los enfrentamientos, criticó Almendares.

El entrevistado refirió que es preciso la unidad del pueblo y la universidad, sin las metralletas, los golpes, las bombas lacrimógenas y los toletes.

El temor generalizado que persiste dentro de los muros de la UNAH hace que la comunidad universitaria se mantenga en constante terror, a la expectativa de las represalias que podrían sufrir si se sublevan, lo que hace que el silencio los vuelva cómplices por omisión, finalizó.

Origen: Por el terror que impera en la UNAH ha crecido la cultura del silencio

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Committee on Economic, Social and Cultural Rights considers the Report of Honduras

The Committee on Economic, Social and Cultural Rights today concluded its consideration of the second periodic report of Honduras on its implementation of the provisions of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Introducing the report, Licenciado Ricardo Leonel Cardona, State Secretary, Ministry for Development and Social Inclusion of Honduras, condemned the murder of Berta Cáceres, a leader in the defence of indigenous rights, and said that the crime would not go unpunished.  Over the past five years, Honduras had significantly improved its legal and policy framework, including on social issues and poverty reduction, social protection, education, equality and gender equality, and combatting racism and racial discrimination.  Focusing the social policies on the poorest households had reduced the levels of extreme poverty, from 46 per cent of the poor households in 2005 to 40 per cent in 2015.  The Better Life Programme supported 1.2 million families living in extreme poverty with various measures such as conditional cash transfers, adequate housing with water and sanitation, good nutrition and school meals, and family and community vegetable gardens.  Significant efforts to safeguard the foremost of human rights – the right to life – had seen a reduction in murder rates, from 86.5 homicides per 100,000 inhabitants in 2011 to 56.74 in 2015.  The draft law on prior, free and informed consent N°169, completed in March 2016, was now in the consultation process with indigenous peoples, and Honduras was implementing the second Equality and Gender Equality Plan via the Municipal Offices for Women in 34 municipalities with a high rate of violence.

During the interactive dialogue, Committee Experts took note of the many challenges Honduras was grappling with, such as extreme poverty, social exclusion, inequalities, and violence.  Expressing their concern about the high rates of violence against women and impunity for those crimes, they asked how the prohibition of femicide was being implemented in practice and about efforts to protect women and prevent violence.  Sixteen human rights defenders had been killed in Honduras over the past several years, including Berta Cáceres: what measures were in place to ensure that activists and human rights defenders could operate without fear of violence and to investigate and punish the perpetrators?  Corruption was an issue of concern and the delegation was asked whether any of those responsible for the embezzlement of 350 million dollars from the Ministry for Social Affairs had been tried and sentenced.  They recognized the efforts and the many programmes and structures addressing the employment of different population groups, but wondered about efficiency and costs, and whether Honduras would not be better served by one national employment policy with one solid structure with adequate implementation and monitoring capacity.  Honduras had one of the most prohibitive abortion laws in the world, which even prohibited the abortion of pregnancies resulting from rape and violence, and this put the lives and health of many women and girls at risk.

In concluding remarks, Mikel Mancisidor De La Fuente, Member of the Committee and Rapporteur for the report of Honduras, stressed the importance of ensuring that best practice was included in the framework law on prior consultation which was under preparation.  The debate on the tax system, and the reform of the Penal Code were an excellent opportunity to include the Committee’s comments and recommendation, including on abortion.

In his closing remarks, Mr. Cardona recognized the significant inequalities in Honduras and that there were social groups that had been marginalized for 500 years.  The current Government would give its utmost to address those inequalities and to become one of the most equal countries in the world.

The delegation of Honduras consisted of representatives of the Ministry for Development and Social Inclusion, Ministry for Work and Social Protection, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Ministry for Human Rights and Justice, Ministry of Education, Ministry of Energy, Natural Resources, Environment and Mines, Directorate for Indigenous Peoples and Afro Hondurans, Directorate for Analysis and Evaluation of Public Policies, and the Permanent Mission of Honduras to the United Nations Office at Geneva.

The Committee will meet in public at 3 p.m. today, 9 June, to start its consideration of the initial report of Burkina Faso (E/C.12/BFA/1).

The country reviews can be watched via live webcast at http://www.treatybodywebcast.org.

Report

The second periodic report of Honduras can be read via the following link: E/C.12/HND/2

Presentation of the Report

LICENCIADO RICARDO LEONEL CARDONA, State Secretary, Ministry for Development and Social Inclusion of Honduras, introducing the report, condemned the murder of Berta Cáceres, human rights defender and the leader in the defense of indigenous rights, and said that the crime would not go unpunished.  The past 15 years had been a tricky journey in recognizing the human rights of all.  Honduras had adopted over the past five years a range of laws and policies, including the Law on the Vision of the Country and the Plan for the Nation, the Framework Law of Public Policy on Social Issues and Poverty Reduction, the Framework Law on Social Protection, the Fundamental Law on Education, as well as policies for integral development and early childhood, equality and gender equality, rights of persons with disabilities and social inclusion, and the policy to fight racism and racial discrimination.  Honduras was committed to transparency, accountability and the fight against corruption, including through the International Transparency Convention, the implementation of the Plan for Open Government, transparency in state purchases, and others.  The recommendations received from the two cycles of the Universal Periodic Review had been incorporated in the National Action Plan on Human Rights; of those, 430 recommendations had been implemented over the past three years.  Mr. Cardona recalled that Honduras was a multilingual and multicultural country, with seven indigenous peoples and people of African descent present throughout the country.

Focusing the social policies on the poorest households had resulted in the reduction of the levels of extreme poverty, from 46 per cent of the poor households in 2005 to 40 per cent in 2015.  The Government had deployed significant efforts in protecting the foremost of all human rights, the right of life, as evidenced by the reduction in murder rates, from 86.5 homicides per 100,000 inhabitants in 2011 to 56.74 homicides in 2015.  The draft law on prior, free and informed consent N°169, completed in March 2016, was now in the consultation process with indigenous people.  Honduras was implementing the second Equality and Gender Equality Plan via the Municipal Offices for Women in 34 municipalities with a high rate of violence; the scope would be extended to another 60 municipalities in 2016.  A holistic protection policy for persons with disabilities had been approved in 2013, and 13,272 persons with disabilities had been included in the Better Life Platform.  Awareness raising projects on the rights of persons with disabilities and their inclusion in the society were being implemented, such as HONDURAS INCLU 100%.  The Better Life Programme components were unconditional cash transfers, adequate housing with water and sanitation, good nutrition and school meals, and family and community vegetable gardens.  More than 1.2 million households living in poverty and extreme poverty had benefitted from various components of the programme over the past two years.  There were 21,408 public and 3,430 private schools around the country.  There had been considerable progress in achieving universal access to basic education and in the inclusion of the socially excluded.  The budget allocated to education in 2016 amounted to 5.23 per cent of the gross domestic product.  In closing, Mr. Cardona said that the review was an opportunity for Honduras to show the efforts the country had made over the last 15 years to improve conditions of life, reduce poverty as a manifestation of the inequalities, and generate development through concrete actions to implement the provisions of the Covenant.

Questions by the Committee Experts

MIKEL MANCISIDOR DE LA FUENTE, Member of the Committee and Rapporteur for the report of Honduras, noted that since the last dialogue with Honduras, a lot had happened and during this time, Honduras had grappled with many challenges, including extreme poverty, social exclusion, inequalities, and violence, including violence against women and against human rights defenders.  The Country Rapporteur recalled that the periodic reports by States parties must be drawn up hand in hand with civil society, and said that alternative reports that the Committee had received claimed that the process was not truly participative and that many civil society organizations had felt left out.  The Human Rights Commission had a B status and the delegation was asked what the barriers were and which challenges must be overcome to ensure its compliance with the Paris Principles.  What system was in place to ensure progressive taxation and so ensure that the country had the resources it needed?

Climate change was one of the greatest challenges to the elimination of poverty and socio-economic inequalities, as it was the small-scale farmers, los campesinos, who suffered the most from the disastrous impact of El Niño.  The delegation was asked how human rights were integrated into the drought preparedness strategy, to which extent various international instruments such as the Sendai Framework were taken into account, and about the access of los campesinos to various financial instruments such as loans and credits, which were crucial for building resilience.

Another Expert asked how civil society would be involved in the follow-up to the concluding observations of the Committee, the normative framework for anti-discrimination and the obstacles to achieving an environment free of discrimination.  The military and defence budget had increased by more than 100 per cent, while that for health and education had increased by only 11 per cent for the same period, which begged the question as to how Honduras implemented its obligation to ensure the maximum use of available resources for the improvement of living conditions and the elimination of poverty.

Sixteen human rights defenders had been killed in Honduras over the past several years, including Berta Cáceres, whose assassination in March this year had scared other human rights defenders, because if she was killed with impunity, no one was safe.  What measures were in place to ensure that activists and human rights defenders could operate without fear of violence, including establishing a special unit to investigate the violence?

What legal protection was accorded to the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons community, including protection from discrimination and violence?  Corruption was well known and it was also known that there had been 20 convictions for corruption: who were those convicted, how long the sentences were, and did they include anyone responsible for the embezzlement of 350 million dollars from the Ministry for Social Affairs.

Another Committee Expert expressed serious concern about the widespread violence against women, including murders, and asked how the prohibition of femicide in the Penal Code was implemented in practice, and what efforts Honduras employed to prevent the violence.

There were many different programmes and structures concerning employment and targeting different people, but the question was how they were coordinated, how they targeted the people and, above all, whether this multitude of programmes was really the best use of resources; maybe Honduras would be better served by one national employment policy with one solid structure with the capacity to monitor and implement the programme?  The prevalence of temporary and hourly contracts – a process that had been adopted as an emergency measure several years ago, increased job insecurity and excluded workers from the social security system.  Could the delegation explain the system of social security, what was the percentage of people covered by the system, which risks were covered, and if the informal sector workers were included in it?  Another Expert noted that 15 years ago, the Committee had expressed concern that only one third of the population had been covered by the social security system; what was the situation today?

MIKEL MANCISIDOR DE LA FUENTE, Member of the Committee and Rapporteur for the report of Honduras, noted that States parties to the Covenant had an obligation to ensure that the minimum wage was sufficient to provide living for workers and their families and asked what system was in place to ensure that it really did so.

WALEED SADI, Committee Chairperson, remarked that Honduras was very keen to meet its Covenant obligations and asked how relevant the Covenant was to decision and policy makers.

Replies by the Delegation

The delegation explained that the periodic report had been drafted by the previous administration, and that the current Government had tried to make up the time in presenting the report which was overdue, and had cooperated with civil society organizations.  With regard to the question of extending the network for free and prior consent, the delegation stressed that this was an issue of utmost importance in Honduras and that representatives of nine indigenous groupings were participating in the consultations on the draft law on free, prior and informed consent.  A strong Ombudsmen figure was crucial in moving the national human rights institution from status B to status A, and for that to happen, the allocation of adequate resources was crucial.  Those resources would enable the Ombudsman to be present at the grass-root level and network with all those who needed the services.  Honduras had established a new Ministry for Human Rights, and the work with local authorities on human rights was ongoing.  Honduras must use its budget as extensively as possible; the Government had put in place very clear fiscal and taxation policies to manage the deficits it had inherited from the previous government.  The increase in sales tax from 12 to 15 per cent had enabled the Government to finance all its social programmes without the need for external funds or loans.

Honduras was well aware of the disaster risks it was exposed to.  The National System for Risk Management (CINAHER) was very active in preparing the country and communities for disasters.  The network of weather centres was being extended to improve early warning of floods, and there was cooperation with other actors on mitigation and adaptation to climate change.  The “dry corridor” was the most vulnerable to drought, and there were initiatives to improve water harvesting in those areas.

Any environmental concession must be issued as per very specific criteria, first and foremost was the request for consultation with the people living in the area, in the absence of which the license was not granted.  This was also applicable to mining activities.  Any opposition from indigenous peoples and people of African descent would halt the issuing of the license.  A new law on indigenous people was being formulated in consultation with the indigenous people; it would also contain specific measures against racial discrimination.  It was hoped that the draft law could be presented for adoption to Parliament in October this year.

One of the most important measures to ensure that the legal framework for anti-discrimination was appropriate was the amendment of the Penal Code, relating to sentences for offenders and the list of grounds for discrimination.  In 2016, the social development budget was 19 per cent and that of the Ministry of Defence was 7 per cent.

The protection of human rights defenders was a priority for the Government, which had presented a draft bill for the protection of human rights defenders, media, social communicators, and judicial officials, which Congress had approved in spring 2015.  Honduras worked hand-in-hand with human rights non-governmental organizations and with the Office of the High Commissioner for Human Rights in this matter, and tried to follow the Colombian and Mexican models.  The investigation into the murder of Berta Cáceres was ongoing; it was important to put, in Berta’s honour, a mechanism for the protection of human rights defenders.

Honduras was the first country in the world to sign the International Transparency Convention and last week had approved the establishment of anti-corruption courts whose judges would be supervised by the Organization of American States.  The Social Security Institute had been racked by problems during the previous Government.  All members of the Management Board were now facing charges and its directors were being held in pre-trial detention on charges of corruption.  The new Framework Law on Social Protection proposed the extension of coverage to all Hondurans; the coverage now was one third of the population.

Municipal Women’s Offices had been created in 33 municipalities with the highest rate of violence against women, and another 62 were being opened this year.  Since 2014, there was a special investigation unit devoted to the investigation of femicide, which was the most frequent of all women’s rights violations; the Unit had been strengthening this year with additional investigators in order to address the low prosecution rates.  The Violence Prevention Unit in the Women’s National Institute was focusing on campaigns to prevent violence against women, which were focused on 10 municipalities with a high level of violence against women.  Significant progress had been made in preventing violence and crime; a centre had been set up for women victims of violence and a campaign against violence had been rolled out in municipalities most affected by violence.

There was indeed a wide range of employment programmes, which were mainly sectoral plans for the creation of decent workplaces.  Early Employment was an emergency programme which provided hourly contracts only in certain sectors of the economy, such as shops and restaurants.  The employers were given a time-frame for turning those contracts into permanent ones.  As far as minimum wage was concerned, it was the representatives of workers and companies which made an agreement in each sector, without the need for the State to intervene.  The new social insurance system was a major concern for the administration; a social protection framework law had been adopted which would ensure the adoption of the law on the National Social Institute and the law on the National Pension Institute.  A law on the employment of persons with disabilities established the quota of 10 per cent for persons with disabilities.  Currently, 20.5 per cent of the population had social security coverage.

Follow-up Questions by the Committee Experts

The agrarian conflict between smallholders and agro-companies was of great concern to the Committee, particularly in the Bajo Aguán region where some 120 campesinos had been killed over the past five years.  Was there a more structural approach to the problem of conflict over land and water, with policies focused on supporting campesinos as principal producers of food for local communities?  What were the results achieved under the Framework Law on the Right to Food?

The poverty rate was 63 per cent in rural areas and 64 per cent in urban areas.  The strategies to address poverty included social transfers, but their impact was questionable because Honduras was a country with very low social security coverage.  The taxation system in Honduras was very unfair and Experts wondered if it was actually applying a regressive rather than progressive tax policy: the poorest spent 50 per cent of their income on tax while the rich spent 25 or 30 per cent.  The increase in sales tax to finance social programmes had hurt the poor.

The delegation was asked about forced evictions of farmers and their families from farms, some of which were done with the use of force by the military and private security agents, and without any compensation; all those forced evictions ran contrary to the provisions of the Covenant and the guidance of the Committee in this regard.  Questions were also raised about policies and actions to combat the recruitment of children by mares (gangs); and plans to repeal the law on abortion, which was one of the most restrictive in the world, prohibiting abortion even in cases of rape.

Experts also inquired about the results of the National Action Plan on worst forms of child labour; support services for street children, particularly in the view of preventing their trafficking and recruitment by gangs; access to emergency contraceptives for women and girls victims of violence; and measures to ensure that indigenous people enjoyed good levels of health and nutrition.

A Committee Expert asked about the Guardians of the Nation programme and the illiteracy rate among indigenous peoples, and stressed the links between access to education and reduction in poverty.  Could the delegation say more about the 2016-2030 education plans?  Another Expert said that the real problem was inequality in access to education and welcomed the intention of Honduras to make pre-school education universal; what specific strategy was there to put this in place?

MIKEL MANCISIDOR DE LA FUENTE, Member of the Committee and Rapporteur for the report of Honduras, stressed that the delegation had insisted on a formal involvement of civil society by privileging what they called “socialization ” or simple consultation, perhaps at the expense of participation.  There were 20,000 children in the street, and this was one of the most  serious and most painful manifestations of the problems of the country.  The legislation and rules on abortion of Guatemala and El Salvador might show the way forward to Honduras in this regard; all the while respecting the culture of the country, abortion should be considered within the context of the right to health and the right to life.  What goals was Honduras setting for itself for the next several years in terms of improving the quality of education?

Replies by the Delegation

All agreed that the conflict in Bajo Aguán region was a human right priority for the Honduran Government.  It was important to shore up investigations and look into the alleged murder of 128 campesinos and also to look into solutions to the conflict there.  The association of campesinos and the Government had reached an agreement on the solution to the conflict in 2010, following which Congress had adopted the degree in 2011 to allocate resources for the region, and pay for the land there.  In April 2014, the Government started dialogue with human rights organizations in order to find a comprehensive solution to the conflict in the region and also to ensure the protection of human rights defenders.  The Prosecutor’s Office had opened a special unit to investigate the alleged murders of campesinos and the Interconstitutional Committee to tackle the conflict in Bajo Aguán had been established.  In an attempt to bolster peasant organizations to purchase land, administrative and technical assistance had been provided to associations of campesinos and activities were ongoing on building capacity of those groups, particularly in palm plantations.

The mechanism to bolster food security in the country had been put in place in 2014; for example, prior to this, Honduras had to import beans, one of the principal food items in the national diet, while today, Honduras was a beans exporter.  The food security mechanism was a part of the Financing for the Agricultural Sector (FIRSA), and other programmes concerned water harvesting and adequate access of the population to fresh meat, and Honduras was now looking into a major project of production of basic grains.  The 2020 employment regeneration plan did include the agricultural sector as one of the priority areas for job creation, particularly looking to the food security of the country.

The delegation provided disaggregated data on poverty, saying that the relative poverty rate in 2001 stood at 19.5 per cent, and it had grown to 23.8 per cent in 2015.  There had been a drop by 4 per cent in extreme poverty rates, from 44 per cent in 2001 to 40 per cent in 2015, which Honduras considered an achievement due to targeted social policies.  A comprehensive social policy system, called Better Life Platform, had been set up to address extreme poverty.  Conditional cash transfers for health and education were provided to poor families who had to ensure regular health checks for the children under the age of five and regular school attendance of older children.  Better Life Scheme ensured access to food security and nutrition through school meals which reached 1.4 million children in public schools nation-wide.  Recipients of aid received training and capacity building to facilitate integration in the world of work, and there was advice on parenting and health, as well as promotion programmes.

In June 2016, there were two recognized maras (gangs) in Honduras: Mara Salvatrucha had 2,500 members of which almost 40 per cent were in prison, and Barrio 18 had 900 members, of whom 504 were behind bars.

The poor did not pay tax and 281 basic items usually purchased by the poor were exempt from the sales tax.  The taxation policy was progressive and had been designed to narrow the income gap; the draft tax code was about to be submitted to Congress.

Violence against women was of utmost concern to the State.  Special investigative units had been set up in order to tackle impunity for crimes against women.  There were currently six shelters for women victims of domestic violence throughout the country; Honduras agreed with the concern expressed by the Committee related to the insufficient number of shelters.  Honduras was in the process of putting in place a protection programme, Women Friendly Cities Programmes, which aimed to ensure the safety of women aged 15 and above.  The aim was to increase the number of women in jobs and their access to health, reduce the incidence of sexual and other forms of violence, and also reduce the number of teenage pregnancies.

Honduras was very active in addressing the worst forms of child labour, as foreseen in the Road Map to Eliminate Child Labour, and had signed a decree which would set up a high-level commission on child labour.  Honduras was aware of the seriousness of this problem.  The Bright Future Programme aimed to reduce the number of children in work in coffee plantations and fisheries, and would seek to put in place measures to encourage children not to work in hazardous occupations.

Child mortality for indigenous people stood at 43.5 per 1,000 live births, for people of African descent it was 39 deaths per 1,000 live births, while the national rate was 35 per cent.  Throughout the country, on average 24 per cent of children suffered from chronic malnutrition, while the rate in some indigenous territories went up to 50 per cent.  Malnutrition affected indigenous children and adults alike.  The illiteracy rate in the country stood at 30 per cent and there were indications of higher rates among the indigenous populations, but hard data was not available.

Migration was a matter of priority, particularly from a human rights point.  In 2014, Honduras had set up the Secretariat for Migration and adopted the Law on the Protection of Honduran Migrants and Their Families.  It enabled a joined up approach in the provision of support to migrants en route, in the country of destination and upon return; it had established a solidarity fund for the support of migrants, which was nationally funded; and had set up the Office for Protection and Office for Assistance to Returning Migrants.  There were currently three returnee migrants centres of the highest quality in regional terms.  In order to address the root causes of migration in the region, The Central American Northern Triangle Programme had been put in place, for which the United States Congress had approved 750 million dollars in funding, and Honduras would allocate 20 million dollars from its national resources, to be used to fund activities for the next five years.  The aim was to improve the socio-economic situation in the three triangle countries, reduce violence, and improve security, transparency and governance.  Honduras today was not only a country of destination but also a transit country, with more than 25,000 undocumented migrants reaching the country in 2015.

An Inter-institutional Commission for the Protection of Persons Displaced by Violence had been put in place.  A report on the phenomena had been published in November 2015, which stated that the phenomenon affected 20 municipalities from which 21,000 households had been displaced by violence between 2004 and 2014.

Extraordinary efforts had been made to gradually improve the situation of indigenous people and people of African descent and put in place structural solutions to the problem.  A comprehensive and differentiated plan had been envisaged which would allow for the road map to be put in place in this respect.  The Ministry of Education had set up a unit for multi-lingual education, which ensured training of teachers in each village to ensure teaching in indigenous levels and thus reduce illiteracy.  Measures to improve the health and food security of those populations were also being implemented.  Together with the Energy Services, electricity had been provided in La Flor mountain where the Tolupan lived, and there was an important programme for commercial potato growing.  Montaña de la flor was a very important project which could be a model to follow.

In their follow-up questions, a Committee Expert inquired about the participation of civil society in the follow-up to this review, the impact of the Penal Code reform to expand the anti-discrimination framework, and data on the number of hourly contracts which were transformed into permanent ones.  The delegation was also asked about the results of the 2011 Decree N° 161 which addressed the agrarian conflict in Bajo Aguán and authorised financial resources to enablecampesinos to buy land at a very low interest rate, and about public policies which offered the protection to lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons and the reform of the abortion law.

MIKEL MANCISIDOR DE LA FUENTE, Member of the Committee and Rapporteur for Honduras, asked about the situation of street children and about access to primary education.

Responding to the question related to the participation of civil society in the follow-up, a delegate said that following the approval in April 2016 of the Protection Law for Human Rights Defenders, Journalists, Social Communicators and Justice Officials, the National Protection Council had been established, composed of representatives of human rights defenders organizations and all other organizations covered by the law.  The work was ongoing to set up a Permanent Forum for Dialogue on Human Rights, which would ensure the participation of civil society organizations in the human rights policies and activities.

The Constitution did not yet recognize civil unions or same sex marriage.  Congress was currently drafting the reform of the Penal Code; the Congress and the Reform Committee would discuss the reform of the abortion law.

It was very important to have an official register of children living in street situations and a delegate said that the figure of 20,000 children came from non-governmental organizations.  At the moment, 144 children living in the street had been cared for by the State.  Honduras was putting in place a census to collect data on street children in order to develop appropriate protection strategies, as well as to develop measures to target families in order to prevent the phenomenon.

Congress had issued a prohibition of sale and use of emergency contraception, while a decree by the Ministry of Health prohibited the sale of emergency pill in pharmacies.  The law applied to all on an equal footing and lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons had a direct role in defining human rights policy in the country and the plan on furthering human rights, which also contained a section on the recognition of rights.

The problem in the health system was that it did not cover all the population; geography played an important role in this regard, as 80 per cent of the country was mountainous, making access difficult.  The Ministry of Health was seeking to decentralize its services, particularly in primary health care, and had put in place pilot programmes to provide greater grassroots healthcare in remote areas.

There were two types of tax breaks for the poorest, one on income and another on the basic basket of goods: lowest wages were tax exempt, and sales tax did not apply on the basic basket of goods.  Honduras was currently discussing the reform of the tax code, with the aim to address the most urgent problem of significant income inequalities.

Over the last two years, 25,000 public officials had been trained in human rights, and the training programmes were also trying to foster a culture of peace.  Honduras intended to include human rights education in schools through the new subject of civic education.

Concluding Remarks

MIKEL MANCISIDOR DE LA FUENTE, Member of the Committee and Rapporteur for the report of Honduras, thanked the delegation for engaging in the honest and sincere dialogue.  Many references were made to programmes and plans rather than data and the Country Rapporteur was looking forward to hearing more in the future.  Honduras was working on the framework law on prior consultation and it was important to ensure that the global best practice was included.  The debate on the tax system was an excellent opportunity to engage in dialogue and incorporate the Committee’s recommendations.  The reforms of the Penal Code would offer good opportunity to include the Committee’s comments, including on abortion.

LICENCIADO RICARDO LEONEL CARDONA, State Secretary, Ministry for Development and Social Inclusion of Honduras, recognized the significant inequalities in Honduras and that there were social groups that had been marginalized for 500 years.  The current Government would give its utmost to address those inequalities and to become one of the most equal countries in the world.

WALEED SADI, Committee Chairperson, said that this was a cordial and friendly dialogue during which the Committee had learned a lot.  The concluding observations on the report of Honduras would be made public on Monday, 27 June. – See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20079&LangID=E#sthash.OwKYldV8.dpuf

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Partido Nacional iniciará recolección de firmas para validar encuesta sobre reelección

Tegucigalpa – El Partido Nacional iniciará este fin de semana la recolección de firmas para validar la encuesta sobre la reelección presidencial a nivel nacional.

Las autoridades del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), informaron este jueves que a partir del fin de semana inician con la recolección de un millón de firmas.

El Partido Nacional de Honduras, anunció este jueves que continuará con la recolección de firmas este fin de semana para validar la encuesta sobre la reelección presidencial.

La presidenta del CCPN, Gladys Aurora López, dijo que pretenden recolectar al menos un millón de firmas en diversas comunidades a nivel nacional.

Hace dos semanas se hizo una consulta popular al nacionalismo dando una muestra de lo que es la democracia interna en nuestro partido, dijo el secretario del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya.

Agregó que la consulta fue dirigía al nacionalismo que piensan sobre los diferentes programas del gobierno como Vida Mejor, seguridad, entre otros, añadió.

“Ahora vamos a validar esa encuesta con la recolección de mil firmas”, apuntó el funcionario.

Origen: Partido Nacional iniciará recolección de firmas para validar encuesta sobre reelección

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Justicia tardía: Sobreseimiento definitivo para campesinos detenidos en la represión de agosto de 2012

La Sala tres del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, dictó sobreimiento definitivo a favor de 24 campesinos y campesinas del Aguan acusados de daños contra el Estado de Honduras en su calidad de meros espectadores, según proceso incoado desde el 21 de agosto de 2012 por el Ministerio Público.

Esa fecha como respuesta a su petición de una reunión con el presidente de la CSJ, recibieron una brutal represión que dejó golpeados , heridos y la detención de dos docenas de personas.

Uno de los detenidos fue Jony Rivas, dirigente del Movimiento Campesino del Aguán,(MUCA), quien dijo que su presencia en el lugar era como miembro de la comisión que entraría a hablar con Jorge Rivera Avilés , en ese entonces presidente del Poder Judicial, para ponerle en conocimiento de las irregularidades que se estaban dando en los Juzgados de La Ceiba en relación a la Sentencia firme que había obtenido el abogado Antonio Trejo (detenido con los campesinos y asesinado un mes después).

Adicionó Rivas que el fallo era a favor de las  fincas San Isidro, Despertar y La Trinidad, pero que al llegar a la Corte observó que los portones estaban con candado como una manera de evitarles el ingreso, lo que incomodó a los campesinos porque consideraron que el presidente de la Casa de la Justicia les estaba violentando el acuerdo de la cita al cambiar la agenda, por lo que quisieron de manera pacífica llamar la atención de la prensa, así que  procedieron a tomarse el Boulevard de las Fuerzas Armadas, como medida de presión para que los escucharan.

“A eso de la una treinta de la tarde fuimos reprimidos salvajemente por policías y cobras, con gases lacrimógenos, escudos, toletes, hubo compañeros heridos con golpes fuertes, al final resultamos detenidos 25 personas incluyendo al abogado defensor del MARCA Antonio Trejo, quien exactamente un mes después fue asesinado” remembró el campesino. Cabe mencionar que al profesional del derecho el 05 de octubre del mismo año el tribunal de dio sobreseimiento definitivo en su caso, pero ya esta muerto.

A juicio de Rivas el objetivo del proceso judicial no era solamente criminalizarlos sino el descarado despojo de las tierras de las y los miembros del MARCA, ya que hicieron caso omiso al fallo, porque 12 meses después del asesinato de su apoderado legal, desalojaron a la primera cooperativa, La San Isidro y 20 meses después a las otras dos.

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Yoni Rivas, de MUCA  y Walter Ernesto Cárcamo, de MARCA

Rivas manifestó que una de las razones por las que el Juzgado los dejó libres era la clara evidencia que el Fiscal no contaba con ninguna prueba concreta para demostrar los delitos por los que estaban requeridos, por lo tanto no tuvo más remedio que pedir la absolución.

Se ha puesto de manifiesto la manipulación que hicieron de los derechos de las familias campesinas por parte de los entes encargados de impartir justicia, una lucha de casi cuatro años por la libertad de sus compañeros siendo criminalizados y penalizados por un derecho que otra instancia de justicia había emitido el 29 de abril del 2012.

Mediante esta sentencia firme se dejaba claro que las tres cooperativas tienen legítimos dueños de las tierras, por las escrituras y el fallo que logró Trejo,  indicó Walter Ernesto Cárcamo, dirigente del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán, MARCA.

“Lo que sucede es que en este país a los pobres se nos violentan los derechos, se nos niega tener acceso a la tierra” , reafirmo.

Cárcamo añadió que para ellos la noticia del asesinato del abogado Trejo fue sumamente dolorosa porque su muerte fue consecuencia del desafío al poder, al ganar el derecho a 350 familias por sus legítimas tierras,” él sabía que los usurpadores de tierras eran los terratenientes”.

 karla zelaya plataforma

Karla Zelaya, Plataforma Agraria

En tanto para la facilitadora de la Plataforma Agraria, la periodista Karla Zelaya, fue duro traer a la mente los recuerdos de ese 21 de agosto, los gases lacrimógenos que hacían correr a las campesinas y niños para no ahogarse, la sangre que brotaba de los cuerpos de los desafortunados a los que desgraciadamente al darles persecución los uniformados lograban alcanzar, cuando las dos mujeres que se acercaron a darle agua a sus compañeros enchanchados doblegados en el suelo, fueron inmediatamente subidas a una patrulla.

“Es algo que volvemos a revivir”,  afortunadamente el juicio finalizó con la buena noticia de que los líderes y lideresas son libres”,  expresó.

Zelaya agregó que una de las cosas que pudo ver  fue la falta de veracidad de los testigos que presentó la fiscalía, “evidentemente no estaban seguros de lo que estaban testificando, que en ningún momento estuvieron presentes en el lugar de los hechos o no recordaban nada de lo sucedido, esto abonó para que hubiese una sentencia absolutoria, concluyó.

Las 24 personas enjuiciadas en su mayoría pasaron casi cuatro años firmando los libros del juzgado, eso implicó desplazamiento, pago de transporte y comida, gastos que el Estado n o ha resarcido pues esperó todo este tiempo para señalar que renunciaba a la persecución penal. También quedaron los heridos y golpeados que debieron gastar en médicos y medicinas. También quedó el estigma.

Ahora toca al Estado iniciar de oficio a través del Ministerio Público la persecución penal contra los policías y COBRAS que golpearon salvajemente a los campesinos.

De quién emanó la orden?, quién llamó a los cuerpos represivos?, pues es obvio que fue una orden desde arriba de la CSJ, por lo que de existir Estado de Derecho tendría que desfilar el presidente del Poder Judicial, sus subalternos, los altos mandos de la policía y COBRAS junto con sus subordinados, cuándo se iniciará ese proceso?, queda la pregunta para la Fiscalía.

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Rectora ya solicitó órdenes de captura: Estudiantes irían a la cárcel

Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Moisés David Cáceres, Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Armando Velásquez, están con un pie en la cárcel después de que la rectora Julieta Castellanos solicitara ante el Ministerio Público órdenes de captura contra ellos y dos estudiantes más, una que está fuera del país por persecución dentro de ese centro de estudios.

En esta semana los estudiantes de la UNAH de la capital mantuvieron tomas exigiendo un diálogo dentro de la UNAH, pero la fuerza policial se hizo presente.

Sin embargo las aspiraciones de la rectora Castellanos se cumplirán con la ejecución de estas órdenes de captura contra los jóvenes y los cuatro antes mencionados irían directo a la cárcel pues tienen medidas sustitutivas en el proceso anterior y no podrían aplicarles otra vez la misma medida.

En el caso de Dayanara Castillo, ella está en el exilio, la persecución la sacó de sus clases, la desarraigó de su país y la separó de su familia. Aún sin estar en Honduras desde hace un año, fue incluida en los requerimientos fiscales lo que evidencia la persecución estudiantil y la criminalización de la protesta social.

Vea notas relacionadas:

Represión este 07 de junio 2016

http://goo.gl/8fmMVw

Persecusión contra Dayanara Castillo

http://goo.gl/Gt2cIn

Origen: Rectora ya solicitó órdenes de captura: Estudiantes irían a la cárcel

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A prisión empresario hondureño Benjamín Bográn

Un juez con jurisdicción nacional dictó auto de formal procesamiento al empresario Benjamín Bográn, acusado por lavado de activos y cohecho pasivo impropio.

La audiencia inicial se realizó este jueves desde muy temprano en los Tribunales de Justicia, con la ausencia del encausado, quien se recupera de una cirugía que le fue practicada de emergencia el pasado martes en el Hospital Escuela Universitario (HEU).

En la parte final de la audiencia inicial el juez determinó dictarle el auto de formal procesamiento con prisión preventiva, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en la aldea de Támara, una vez que le den el alta médica.

La resolución le fue notificada a los abogados defensores del exintegrante de la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), quien representaba al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Bográn está acusado por la supuesta comisión de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo impropio, por haber recibido un soborno de 692 mil dólares para acelerar un proceso en la institución de seguridad social.

El exdirectivo se entregó el pasado lunes a la justicia hondureña, luego de permanecer prófugo por un año, tras conocer que había un requerimiento fiscal en su contra.

Origen: A prisión empresario hondureño Benjamín Bográn – Noticias Cholusat Sur

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Vuelven los infantes de marina de EE. UU. a “ayudar” a Honduras

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn  Tegucigalpa.-A invitación del Gobierno de Honduras, otro contingente de Infantes de Marina de la Fuerza de Tarea Sur de Propósito Especial Aeroterrestre (SPMAGTF-SC, por sus siglas en inglés) llegará a Honduras para realizar una serie de proyectos de construcción en Gracias a Dios, incluyendo una escuela y restauraciones a un hospital,  así […]

Origen: Vuelven los infantes de marina de EE. UU. a “ayudar” a Honduras – CRITERIO

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Estado y poderosos conspiran para despojar de sus tierras a campesinos de Valle y Choluteca

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- La lucha por la tierra y por los medios de subsistencia mantiene en el presidio de Nacaome, departamento de Valle, a dos miembros de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), publicó el Cofadeh en su pagina de facebook. La publicación relata que, un […]

Origen: Estado y poderosos conspiran para despojar de sus tierras a campesinos de Valle y Choluteca – CRITERIO

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Honduras: “Tarifazo” de la ENEE aumentará unos Lps. 1,200 la canasta básica

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/06/honduras-tarifazo-de-la-enee-aumentara.html

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