Archivos para 3/06/16

Necesario Sancionar a los Autores Intelectuales de Crímenes Contra defensores y defensoras en Honduras

Las capturas de los supuestos autores materiales del crimen de Bertha Cáceres, lideresa indígena lenca, defensora de los derechos de su pueblo, se concretó el pasado 02 de mayo, a un mes de su asesinato, a casi nadie le extraño las detenciones porque en mi país casi siempre aparecen este tipo de cosas, detienen a los supuestos “gatilleros” y nunca se da con el paradero de quienes ordenaron las muertes, eso pareciera un pacto negro porque a los pocos meses o años, los capturados salen libres por falta de pruebas y a veces ni siquiera es público.

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Abiertamente nacionalistas piden la reelección de JOH mediante encuesta – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- El Partido Nacional anunció con bombos y platillos que realizaría una encuesta para consultarles a sus simpatizantes si están de acuerdo con la reelección del actual presidente, Juan Hernández. El fondo de la estrategia va orientado a buscar la reglamentación en el Congreso Nacional. La encuesta se realizó el pasado […]

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EE.UU. rechaza conceder asilo político a “la palillona del IHSS”

Primer auditor Social de Honduras.

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Ministerio Público no requiere a policías depurados por actos de corrupción – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- A pesar que al Ministerio Público le llueve sobre mojado, los fiscales que lo conforman ni se inmutan ante los señalamientos de parsimonia y hasta de complicidad en sus actuaciones frente a los actos de corrupción que se denuncian en el país. En los últimos dos meses se han depurado […]

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Aumenta la criminalización en comunidades indígenas Lencas de La Paz

En los últimos días se ha incrementado la criminalización de parte del Estado y autoridades locales a raíz de que la población se está empoderando de sus derechos y reclaman la liberación del territorio de las empresas transnacionales mineras, hidroeléctricas y eólicas, ya que al no consultar al pueblo lo consideramos como una intervención, represión o criminalización, y salimos a las calles a decirles que se retiren, que ahí no tienen nada que hacer, y vienen los conflictos, denunció Martín Gómez Vásquez, sub coordinador del Movimiento Indígena Lenca de La Paz- Honduras, MILPAH.

“Por ejemplo en Chinacla –municipio de La Paz- la presidenta del Partido Nacional y diputada  Gladys Aurora López  y su esposo Arnold Castro, pretenden la construcción de una represa hidroeléctrica, por ese proyecto hay personas a favor y en contra del Consejo indígena”, denunció Vásquez.

Entre las inseguridades es que, hace dos semanas, personas encapuchadas dispararon en cuatro ocasiones con arma de fuego, durante la noche en la casa de la lideresa Ana Iris Romero y su esposo Rosalío Vásquez. Cabe mencionar que días después Ana Mirian, viajó a Irlanda a recibir el reconocimiento “Defensores en Riesgo” que otorga Front Line Defenders, por su constante lucha en la defensa de los derechos del pueblo indígena Lenca en Honduras.

Esta familia ha sufrido varios intentos de asesinato, incluso a inicios de este año, les quemaron su vivienda, y por temor los niños debieron dejar la escuela;  pero eso no es suficiente ya que hay personas extrañas viviendo en su misma comunidad, y se les toma como infiltrados de parte de quienes apoyan los proyectos sin consulta previa, que afecta nuestro territorio, manifestó Martín.

Nos han dicho que hay demandas contra grupos indígenas, esto se origina por un enfrentamiento de parte de las autoridades del municipio de Aguanterique, quien demandó al Consejo Indígena que lucha por sus derechos y la defensa a los derechos humano, a nosotros nos protegen convenios y Tratados Internacionales.

Otro caso donde el alcalde ha atacado arbitrariamente a comunidades indígenas es en San Pedro de Tutule, a quienes los acusan de “roba tierras” pero nosotros vivimos ahí desde siempre, ellos, los que llegan son los roba tierras.

Cuando hay empresarios y gobiernos que no respetan ni a su familia, son hechos de unos sistema capitalista que racista, etnocida y ecocida, incapaz de respetar los derechos humanos.

“Nosotros tenemos que fomentar la defensa de los bienes comunes y tener en cuenta que los ricos sólo buscan que los pobres desaparezcan, hay que levantar una misma voz, que nos unamos, porque los ricos nunca van hacer un proyecto que nos favorezca, solo les interesa el montón de dólares que vienen del extranjero”, afirmó el defensor indígena Lenca.

El pueblo lenca que ha sido invisibilizado ahora tienen compañeros criminalizados, presos, asesinados y desaparecidos, para el caso en el municipio de Santa Elena, La Paz, a raíz de la construcción de la represa hidroeléctrica Los Encinos hubo cinco muertos solo en el mes de diciembre ya aproximadamente 20 en el departamento el año 2015 por la defensa de su territorio.

La realidad Lenca está llena de pobreza, constante violación de derechos humanos, indignación, una vida que no se le desea a nadie,  “si bien es cierto que somos Lencas, pobres y humildes, que ellos no crean que solo somos para ser parte de una exposición, sino que tenemos derechos ya establecidos, no les pedimos ningún regalo,  sino algo ya establecido2 reiteró el representante de MILPAH, quien ha documentado estos hechos en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.

Aunque el pueblo Lenca de La Paz, al centro-occidente de Honduras, aspira a la vida que los “ladinos o allegados” les han arrebatado por siglos, en paz y armonía, con sus ideales y creencias, hasta los líderes religiosos católicos y evangélicos, los atacan siguiendo órdenes de los políticos o interés privados, ya que el sacerdote Ángel Galeano de la parroquia de Santa Elena y otro de nombre Ronal, no parecen pastores sino técnicos municipales o un técnico en investigación criminal; hasta puede ser que hasta las confesiones de la feligresía lo transfieren a otro lado, porque lo que hacen es un trabajo de investigación.

Ellos los han sentenciado con excomulgarlos si siguen en afiliados a grupos de defensa de los bienes comunes, y en ese municipio el trabajo de MILPAH es plenamente visibilizado, explicó Martín.

Por lo tanto, nos sentimos desprotegidos, aunque haya personas que tienen medidas  cautelares no se ven efectivas, el caso claro es el de Berta Cáceres, quien fue asesinada en su casa de habitación hace tres meses y no se le brindó protección, igual que Ana Mirian y Rosalío Vásquez que tienen medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y son atacados en su propia vivienda.

En La Paz, hay 12 municipios afiliados en MILPAH, en cada uno hay aproximadamente 1000 personas, lo que podríamos llegar a ser 12 mil integrantes, ya que la organización llega a comunidades de forma directa, siendo así fácilmente identificar a las personas ajenas a nuestra lucha.

Si el gobierno quiere hacer algo, que respete nuestros derechos ancestrales

MILPAH ha buscado acercamiento para exponer sus problemas a través del Consejo Indígena de Simpinula, La Paz, con personas de toma de decisión desde el poder político, y es que esas entidades son las encargadas de brindar asistencia técnica, educativa y financiera a las comunidades indígenas lecas, declaró Martín.
Las comunidades están reprimidas, excluidas, criminalizadas, abandonadas y sin ninguna ayuda, por lo tanto queremos exponer nuestras preocupaciones, por ejemplo hay una comunidad que no tiene energía eléctrica, si quieren solucionar el problema pues que empiecen a poner la energía.

Si hay medidas en los pueblos indígenas, son represivas e imponiendo sin previa consulta a las comunidades, como lo establece el marco jurídico internacional y ya están claros los derechos individuales y colectivos,  patrimoniales, indígenas y los de los bienes comunes, en esa parte solo nosotros podemos tomar decisiones, pero se nos está imponiendo un catastro municipal en cuanto a los territorios.

Las comunidades indígenas no necesitan títulos ni personería jurídica para hacer que se respete su territorio, es un derecho ancestral porque nosotros no hemos venido de ningún lado, hemos, vivido aquí, nacimos aquí, nuestros ancestros nacieron, crecieron y murieron aquí, por lo tanto los únicos dueños de nuestros bienes comunes somos nosotros.

Hay un servicio de energía eléctrica a cambio de que los compañeros den permiso a la medición catastral y el pago de impuestos, por lo que ese proyecto viene a dividir la comunidad, territorio, la organización, unidad comunitaria, cosmovisión y su organización, por eso no aceptamos ese proyecto, además que no lo consultaron con nosotros y no aceptamos esa ley.

Los causantes de las divisiones son los alcaldes municipales, así mismo hay una represa hidroeléctrica generando energía que se construyó sin nuestra aprobación, por lo que hemos demandado y esperamos que en cinco o diez años pase a poder de nosotros y decidiremos si sigue o no, porque cada uno de esos proyectos están violentando nuestros derechos ancestrales, así como las 11 empresas mineras en el departamento de La Paz: Cane, La Paz, Yarumela y la zona de San Antonio del Norte que son las que tienen más agua, puntualizó el defensor.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4140:aumenta-la-criminalizacion-en-comunidades-indigenas-lencas-de-la-paz&catid=71:def&Itemid=166

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Según informe de FIAN: Operadores de Justicia se parcializan en el Bajo Aguán

La situación en el bajo Aguán no ha cambiado, si bien es cierto que las ejecuciones extrajudiciales han bajado, el conflicto por el derecho a la tierra continua, al grado que es un caso emblemático a nivel internacional, donde sus habitantes viven expuestos a cualquier violación de derechos humanos, manifestó Marlon Ochoa, director ejecutivo de FIAN Honduras.

Lo expresado fue en la publicación del informe “El papel de los Operadores de Justicia en la Violación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán”, donde la criminalización persiste la justicia se ve parcializada en favor de los terratenientes y en contra del campesinado.

Un caso muy conocido es José Isabel Morales, conocido como “Chabelo” quien estuvo casi siete años en prisión, acusado tres veces por un mismo delito, y al final se le dio sobreseimiento definitivo al no podérsele comprobar los hechos de asesinato contra Carlos Manrique Osorto, robo agravado e incendio agravado en perjuicio de la familia Osorto Canales, en Silin, Colon, en el 2008.

Mientras Chabelo estuvo preso, se le murió el papá, una hija, sufrió un derrame cerebral, y accidentes que dañaron su rostro, en el 2015 salió en libertad, y el Estado no pudo aportar ninguna prueba en su contra, declaró el representante de FIAN-Honduras.

Además hay casos de criminalización contra defensores de derechos humanos, hostigamiento, persecución, asesinatos y desapariciones forzadas, en lo que las autoridades judiciales pese a recibir las denuncias en tiempo y forma, no dan respuestas.

En el Bajo Aguán es una constante violación de DDHH de parte de policías, militares, el Poder Judicial y autoridades políticas locales, sus actuaciones están plasmadas en el informe que hemos trabajado a raíz del acompañamiento que hemos hecho a las empresas y grupos campesinos de la región, afirmó Ochoa.

Vemos un trato desigual de parte de las autoridades estatales con los que brinda a las organizaciones campesinas, quienes son criminalizados y no tienen ninguna garantía para resguardar su vida.

Por su parte, Irma Lemus, coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán,  OPDHA, expuso que las violaciones varían, pero no cesan, ya que en el marco del conflicto agrario se registra 330 campesinos procesados judicialmente en 25 casos que ellos han regsityardo, pero hay casos en otras organizaciones que no han proporcionado datos.

De estos procesados, 256 son hombres, 38 mujeres y 36 son menores de edad, muchos de ellos, por diferentes motivos han dejado de ir a firmar como parte de las medidas sustitutivas a la prisión que se les han impuesto, por lo que se han librado órdenes de captura contra ellos y deben andar huyendo acusados de delitos que no han cometido.

Hay violaciones de ddhh en hostigamientos, persecuciones, atentados contra la vida, difamaciones, exilios, asesinatos y desapariciones y acosos sexuales de parte de los operadores de justicia quienes le dicen a las defensoras cuando van a solicitar información que si fueran sus novias o esposas si les darían lo que solicitan.

Pese a las denuncias de estos hechos, al no tener respuesta en Tocoa, Colón, van a las instancias en las ciudades de La Ceiba, departamento de Atlántida o en Tegucigalpa, la capital hondureña que dista a unos 500 kilómetros u 10 horas de viaje, pero la respuesta es la misma, silencio, complicidad e impunidad, expuso Lemus.

El tema de las violaciones de DDHH del Bajo Aguán, es constante en la palestra pública a nivel nacional e internacional, en las audiencias anteriores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se expuso con la participación de defensoras de Derechos Humanos de la región acompañadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, y Cejil.

A inicios de mayo, una misión internacional de observadores de derechos humanos de al menos 12 países de América y Europa, viajaron al Bajo Aguán, acompañados por el COFADEH, para escuchar y documentar testimonios de las víctimas de violaciones a DDHH y hacer acciones de incidencia a nivel internacional, entre ellos había representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, periodistas de Francia, Italia, Costa Rica, y la Oficina de DDHH de la Arquidiócesis de Guatemala.

En febrero un grupo de defensores de la tierra del Bajo Aguán, realizaron un intercambio de experiencias por las recuperaciones de tierras, desalojos violentos y lucha contra poderosos,  con defensores indígenas Queq’chi´, organizado por el COFADEH y el Comité Unidad Campesina, CUC.

Estas actividades se han dado en el marco del proyecto “poyo y protección a los defensores de derechos humanos que trabajan en conflicto por la tierra y los bienes de la naturaleza”, que ejecuta COFADEH, FIAN Internacional y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC.

Entre las conclusiones del informe “El papel de los Operadores de Justicia en la Violación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán”, se expone que:
Los organismos privados de derechos humanos hayan develado el colapso del sistema de protección oficial de derechos humanos.

Los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han jugado un papel significativo en la visibilización del conflicto en el Bajo Aguán, contribuyendo a la clarificación de las complejas causas que los han provocado.

Las políticas públicas e institucionales por parte del Estado han sido orientadas de forma abierta a privilegiar los procesos de concentración de la tierra en manos de las élites empresariales agrarias y han profundizado el latifundio.

La reforma agraria en el país es una tema pendiente en cuanto a las perspectivas de su enfoque que debería abordar transversalmente la seguridad y soberanía alimentaria del país, la afectividad generalizada, el cambio de estructura agraria, y privilegiar políticas de equidad y de desarrollo económico y social.

Los órganos administradores de justicia han orientado sus actuaciones oficiales a dirimir asuntos de carácter social que tienen otro espacio de solución en otras instancias administrativas.

La Corte Suprema de Justicia ha callado de forma sospechosa la declaración de inconstitucionalidad de leyes secundarias como la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector  Agrícola, que por razones de orden fáctico se antepone a la supremacía de la Constitución de la República, Esto sin duda explica las limitaciones que implica que un poder del Estado (Poder Judicial, que administra justicia) sea nombrado por otro poder del Estado (Poder Legislativo, que hace las leyes).

El Ministerio Público se ha instrumentalizado para paralizar las reivindicaciones sociales que siendo legítimas se penalizan.
La impunidad es generalizada y los mismos órganos encargados de luchar contra ella, la reproducen en sus ejecuciones oficiales.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4141:segun-informe-de-fian-operadores-de-justicia-se-parcializan-en-el-bajo-aguan-&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Tras el atentado que casi cobra su vida, el periodista Félix Molina sigue firme en sus propósitos

http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/honduras-renacer-para-continuar-en-favor-de-la-verdad

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Se llevaron sus vidas, pero no sus palabras: 25 Mayo

Un nutrido grupo de periodistas protestaron este 25 de mayo en la capital hondureña, por el asesinato de 62 profesionales de la comunicación en Honduras, desde el 2003.

http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/se-llevaron-sus-vidas-pero-no-sus-palabras-25-mayo

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Dirigente magisterial criminalizado por supuesto apoyo a protestas estudiantiles

El Ministro de Educación, Marlon Escoto, a través de autoridades de esta dependencia, inició el proceso para la destitución del presidente del Colegio de Profesores de Educación Media (COPEMH), Jaime Atilio Rodríguez.

http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/dirigente-magisterial-criminalizado-por-supuesto-apoyo-protestas

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