Archivos para 11/04/16

“Cuartel de la muerte” hondureño será transformado en parque

El vetusto Cuartel Casamata ha sido por más de 50 años la oficina principal de la Policía Nacional, ahora el Gobierno anuncia la destrucción de la mole de cemento para dar paso a un centro de recreación –en una ciudad carente de áreas verdes— para quizá “enterrar los fantasmas” de cientos hondureños asesinados con y sin permiso del Estado cuyos planes se tejieron en esas terribles paredes.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. De la muerte nace la vida. Eso pasará si se cumple el anuncio del gobierno hondureño de transformar el histórico cuartel general policial de Casamata de esta ciudad en lugar de esparcimiento familiar mediante la construcción en ese sitio de un megaparque para uso de los capitalinos que habitan contiguo a esa instalación y que en toda la capital carecen de verdaderas áreas verdes.

 

El edificio de Casamata sirvió de sede a la Guardia Civil del gobierno liberal de Ramón Villeda Morales y fue testigo de la muerte de decenas de guardias la madrugada del 3 de octubre de 1963 en el marco del golpe de Estado que las Fuerzas Armadas dieron al presidente constitucional.- Lo mismo ocurrió con el golpe de Estado de 2009 contra el Presidente Manuel Zelaya, esta vez los muertos fueron civiles opuestos a la ruptura del orden constitucional.

 

En la década de 1980, Casamata también fue centro de operaciones de los altos mandos militares y policiales, que cumpliendo órdenes de Estados Unidos y en franca traición al pueblo hondureño pusieron en práctica la Doctrina de Seguridad Nacional a través del temible escuadrón 3-16, que capturó, torturó y desapareció a decenas de dirigentes populares.- Cientos de hondureños fueron asesinados simplemente por el rumor de que eran “comunistas” o por participar en protestas pacíficas como pasó durante la dictadura en 2009.

 

Con esta decisión, dijo ayer el presidente de la República, Juan Hernández: “nos borramos de la historia eso (la historia de traición y de asesinatos organizados contra hondureños y hondureñas desde el Gobierno de Honduras, los crímenes planificados en Casamata por la propia Policía Nacional contra ciudadanos opuestos al delito organizado, los operativos de represiones salvajes contra movilizaciones pacificas de la ciudadanía, etc.).

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El 4 de febrero anterior a un costo de 141 millones de lempiras, el gobierno de Hernández construyó un nuevo edificio para la Policía Nacional ubicado donde operaba la Academia Policial, en la aldea Ocotal, jurisdicción del Distrito Central. Y en el presente Casamata prácticamente solo sirve de hospedaje para policías.

 

En Casamata “el parque se haría rápido, en cuatro a cinco meses” ha dicho el gobernante y ha anunciado la posibilidad que el centro recreativo lleve el nombre del extinto general Julián Arístides González, denominado “Zar Antidrogas”, asesinado en 2009 mediante un crimen que fue planificado por oficiales de la Policía Nacional en las instalaciones de Casamata.

 

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1217-cuartel-de-la-muerte-hondureno-sera-transformado-en-parque

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Dos secretarios de seguridad “controlan rutas” del narcotráfico en Honduras

El comisionado de Policía hondureño Henry Osorto denunció que un secretario de seguridad y un subsecretario tomaron control de rutas para transportar drogas rumbo a Guatemala y denunció la partidización del cuerpo armado.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. El comisionado de Policía, Henry Osorto, denunció que la partidización de la seguridad ciudadana ha degradado a la Policía Nacional de Honduras y que altos funcionarios hayan aprovechado la institución para la distribución de drogas.

 

Sobre el tema, lamentó que haya “injerencias o que vengan líneas que no se sabe de dónde vienen, porque tal vez un policía en un departamento está haciendo buena labor, está agarrando los gatilleros de los narcos y es ahí donde viene el problema que no se sabe por qué lo quitaron; porque no hay una explicación lógica, no hay un informe que sustente el por qué lo quitan”.

 

En una comparecencia en televisión fustigó a dos exfuncionarios que tomaron la secretaría de seguridad como “hacienda”.

 

“Creían que era hacienda, que cuando aquí vinieron unos ministros llegaron en taxi a Casamata, después uno se fue para San Pedro Sula y el otro se quedó en Tegucigalpa, pero no para combatir el delito sino para repartirse el corredor de todo el litoral Atlántico y el centro”, dijo el comisionado.

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1210-senalan-a-dos-exsecretarios-de-seguridad-de-controlar-rutas-del-narcotrafico

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Pobladores indignados castigan a militares represores en Honduras

El incidente ocurrió la tarde del viernes cuando los pobladores de Limón, Colón, se enteraron del tiroteo provocado por militares contra un automóvil repleto de personas y procedieron a quemar la posta donde se alojan.

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1213-pobladores-indignados-castigan-a-militares-represores-en-honduras

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Bayan slams Honduras government for killing IP leader

Press Statement April 7, 2016   The umbrella organization Bagong Alyansang Makabayan or Bayan (New Patriotic Alliance)  today picketed  the consulate of Honduras in Ortigas Park over the killing

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Miembros de Maccih llegan la próxima semana a Honduras

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro y el Canciller hondureño, Arturo Corrales, se reunieron hoy.

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Tres policías fueron separados de sus cargos, según Ministro de Seguridad – Tiempo.hn

El ministro de Seguridad, Julián Pacheco dijo que los policías destituidos entrarán en un proceso de investigación por parte de la Fiscalía.

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La Tasa de Seguridad recibe un promedio de 170 millones de lempiras mensuales – Tiempo.hn

El Gobierno recibe mensualmente por tasa de seguridad 170 millones de lempiras

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COMUNICADO COPINH del 08 de abril del 2016

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, a la comunidad nacional e internacional informa, comunica y denuncia lo siguiente:

  1. Agradecemos la solidaridad nacional e internacional para que haya una investigación objetiva, imparcial, no racista, que esclarezca los hechos en torno al asesinato político de nuestra compañera y Coordinadora General Berta Cáceres, que lleve a la verdad y la justicia de manera que se aplique la ley a los verdaderos asesinos tanto materiales como intelectuales, así como que se conozcan los hechos y móviles por los cuales se planificó y realizó su asesinato, sin embargo reiteramos que el Estado de Honduras sigue incumpliendo sus obligaciones a este respecto. Sin aceptar nuestras peticiones como la comisión  internacional independiente  de  investigación y  de  plena   confianza  a  nuestra   organización, razón por   la  cual  no  hemos   confiado,  no  confiamos  ni  jamas  confiaremos   en  las  leyes   jurídicas   nacionales  y   denunciar   la  manipulación de   investigación del  vil  y   horrendo  asesinato   de  nuestra   compañera   Berta  Caceres   por  las   autoridades  jurídicas  de  nuestro  país.   Y   que   el   señor   Juan   Orlando   Hernandez   no  ha  mostrado   su   verdadera   voluntad   política en  agilizar   el   proceso    de  investigación  y   a un   mes del   asesinato,  ni  los    familiares   de  la   compañera , ni   el  COPINH  han    recibido  un  informe    oficial      por  parte  del  gobierno sobre  como   va  el  proceso   de investigación  de  los  hechores  tanto   materiales  como  intelectuales
  1. Informamos que el retorno del compañero Gustavo Castro Soto a su casa,
    en ningún modo significa que el Estado de Honduras este liberado de su responsabilidad por daños morales, jurídicos y económicos hechos a Gustavo Castro Soto durante su cautiverio.
  1. Según los principios y estatutos del COPINH, el compañero Tomas Gomez Membreño que actualmente ha desempeñado el cargo de Coordinador de Organización, oficialmente asume el cargo de Coordinador General de nuestra organización, teniendo la responsabilidad para firmar todo tipo de convenios de cooperación con organizaciones fraternas, tanto nacionales como internacionales que sean de suma interés exclusivamente para el COPINH.
  1. Denunciamos que hay organizaciones y personas que estan utilizando el nombre de nuestra compañera Berta Cáceres, para gestionar financiamiento   para el COPINH, que no tienen por objetivo fortalecer nuestra organizacion sino beneficiarles a ellos mismos.

En vista de lo cual queremos hacer de conocimiento publico que los enlaces oficiales exclusivos para  que toda persona u organización nacional o internacional que tenga interés de ayudar y apoyar al COPINH son: Tomas Gomez Coordinador General Interino de COPINH y Lilian Lopez de la Coordinación de finanzas. El contacto directo con los enlaces oficiales de COPINH son: telefono (504) 2783 0817 y correo electrónico es administracion@copinh.org

Cualquier financiamiento o apoyo solidario que no se haga por medio de los enlaces oficiales no son reconocidos por COPINH.

BERTA VIVE!!!

Intibucá 08 de abril del 2016

 

Con la fuerza ancestral de Iselaca, Etempica y Mota se levantan nuestras voces llenas de Vida, Justicia, Paz, Dignidad y Libertad.

http://copinhonduras.blogspot.ch/2016/04/comunicado-copinh-del-08-de-abril-del.html

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El fiscal espera momento oportuno para presentar requerimientos en caso Berta Cáceres, dice directora de MF

San Pedro Sula – La titular de la Dirección General de Medicina Forense (DGMF), Julissa Villanueva, dijo este viernes -36 días después del asesinato de Berta Cáceres- que el fiscal general del Estado espera el momento oportuno para presentar las primeras acciones judiciales en torno al crimen contra la dirigente indígena.

Origen: El fiscal espera momento oportuno para presentar requerimientos en caso Berta Cáceres, dice directora de MF

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CIDH presenta informe sobre industrias extractivas y derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”. El informe destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano aplicables a este tema.

Las actividades extractivas y de desarrollo, que están en aumento en la región, son generalmente implementadas en los territorios ocupados históricamente por los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes, áreas que albergan una gran cantidad de recursos naturales. La CIDH no desalienta estos proyectos y reconoce la importancia que tales emprendimientos pueden tener para la prosperidad y el desarrollo económico de los países de América. Sin embargo, el desarrollo económico de los Estados Miembros no puede realizarse en detrimento de sus obligaciones fundamentales de respetar y garantizar derechos humanos.

http://movimientom4.org/2016/04/cidh-presenta-informe-sobre-industrias-extractivas-y-derechos-humanos/

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Azacualpa, otra víctima de la industria extractiva

Uno de tantos ejemplos del daño, dolor y persecución que deja la minería es el que se vive en el occidente hondureño en la comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán.

En 1983 el Estado otorgó a la empresa Minerales de Occidente (Minosa) más de 300 hectáreas de tierra para extraer metales, principalmente oro, el permiso fue entregado bajo un convenio de compromiso de la empresa con las comunidades el que hasta el momento no se ha cumplido.

Como en muchas zonas del país, las comunidades enfrentan problemas habitacionales y Azacualpa no es la excepción, el pueblo está ubicado en un bordo de un cerro, panorama que dio paso a que la empresa prometiera la construcción de 300 viviendas a cambio de extraer metales de la tierra.

Desde entonces las comunidades han estado en lucha permanente exigiendo el cumplimiento del convenio, y esto ha derivado en persecución contra líderes ambientalistas y comunales.

Al pasar los años la población de la zona se ha dado cuenta que nada puede suplantar el grave daño que la minería deja a los bosques, ríos y ambiente.

Lucha y persecución

La lucha contra la empresa Minosa se agudiza cada vez más en Azacualpa, a inicios de semana la población se tomó varias carreteras pidiendo la salida de esta empresa de la comunidad debido al daño ocasionado y a la falta de cumplimiento de las promesas acordadas.

A cambio el Estado les ha respondido con militarización y persecución judicial, hasta la fecha hay 23 pobladores en proceso de criminalización por oponerse a la industria extractiva.

Asimismo las denuncias de amenazas siguen en aumento, para el caso durante las protestas de la semana la población de Azacualpa aseguró que son vigilados por militares y guardias de seguridad de la empresa.

Genaro Rodríguez del Comité Ambientalista de Azacualpa dijo: “estamos siendo perseguidos por la minera, policía y militares, cualquier cosa que nos pase los responsabilizamos a ellos, porque nos están persiguiendo por todos lados de forma permanente”.

Origen: Azacualpa, otra víctima de la industria extractiva

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Militarización sería fin principal de crisis en seguridad, aseguran analistas

En Honduras, tuvo que filtrarse un informe a la prensa nacional señalando a la Policía Nacional involucrada en crímenes de alto impacto para que se vuelva a hablar de depuración policial, aunque este tema estaba en deuda desde hace muchos años. Ya se aprobó en el Congreso Nacional un decreto de emergencia en materia de seguridad que deja en manos del presidente Juan Orlando Hernández la depuración policial, y él mismo podrá hacer despidos de agentes policiales.

Analistas coinciden en que detrás de la crisis en la policía existe una estrategia para desaparecerla y fortalecer los entes militares y represivos. Una apuesta clara del presidente, incluso desde que era presidente del Congreso Nacional de cara a su proyecto continuista.

Aunque la policía, desde su inicio es conocida como una institución violenta y represiva, y escándalos de corrupción y vinculación con el crimen organizado ya se habían develado desde que la comisionada en condición de retiro María Luisa Borjas era jefa de asuntos internos en el gobierno de Ricardo Maduro, los gobiernos han dado largas a la situación hasta llegar al punto de perder el control sobre esta institución.

En 2011, se destapó de nuevo la podredumbre de la Policía cuando el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos y el hijo de Aurora Pineda fueron asesinados por policías en Tegucigalpa que operaban casi como un cartel de sicariato y narcotráfico. Sin embargo, cinco años después la depuración, en ese entonces prometida por el mismo Juan Orlando Hernández como titular del Congreso Nacional, sigue siendo una deuda.

Aldo Oliva, comisionado de policía en condición de retiro, recuerda que en su momento la policía fue investigada pero los secretarios de seguridad hicieron caso omiso, los propios periodistas, empresarios y hasta políticos se opusieron a la verdad que tenían en sus manos cuando estaba María Luisa Borjas a cargo de Asuntos internos.

“La depuración no ha funcionado porque no han querido, tenemos una ley orgánica en estos momentos que va a ser cambiada aduciendo que esta nueva si se va a cumplir ¿Por qué la anterior no? Nunca han querido aplicar la ley orgánica. Lo que va a pasar es que separarán a unos que después van a reintegrar porque no tendrán pruebas suficientes”, expresa este policía quien fue retirado por no pasar las pruebas de confianza en 2014 cuando él mismo denunció a su jefe, el entonces director de la Policía, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.

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La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, víctima directa de la Policía corroída por el crimen, asegura que la filtración de información a un medio de comunicación nacional que vincula a la policía con crímenes de alto impacto es señal de que la gente está hastiada y no haya más que hacer para que los temas avancen en Honduras. “Este informe debe ser sustantivo como para generar acciones posteriores. Veamos lo que hizo Alfredo Landaverde, quien al dar declaraciones señalando culpables, prácticamente se inmoló”, dijo.

VEA esta historia de jóvenes asesinados por policías

 

Esto pasa mientras la Policía Militar sube su perfil

El abogado penalista Celso Alvarado asegura que en la coyuntura actual, en que la sociedad puede estar tan indignada con la Policía que apoyaría desaparecerla, hay que tomar en cuenta el contexto general.

“Las policías militares creadas por el actual gobierno han tenido participación fuerte en las masacres, ha habido una evidente intención de levantar el perfil a éstas y bajarle el perfil a la Policía Nacional, esto debe servirnos para intuir algo que va más allá planeado por las estructuras del poder del Estado. Ya vemos el ausente proceso de depuración, con ello se presenta que no ha habido ni la más mínima intención de poder depurar el órgano policial que es a lo que se debe apuntar en la coyuntura actual y no fortalecer el militarismo que se ha venido dando desde el golpe de 2009”, Celso plantea que todo esto fue planificado.

Pese a la inversión de 159 millones de lempiras recibidos de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial- DIECP- para el periodo 2013-2015, la depuración ha sido un proceso fallido, así lo reveló un informe de la cooperación internacional. Y la situación se agrava cuando el Ministerio Público revela que de cada 100 casos donde se investiga la actuación de policías, solamente el 4% cuentan con requerimiento fiscal, el 60% se encuentra en etapa de estudio, investigación o cierre, 6% en remisión a otras fiscalías por ser casos civiles.

En una entrevista en marzo de 2015, la analista en temas de seguridad, Leticia Salomón decía que desaparición de la policía estaba calculada. LEA la entrevista

“Somos un pueblo que olvida su pasado muy fácilmente y no aprende las lecciones y seguimos repitiendo y repitiendo los errores como eliminar la Policía Nacional. Lo que necesita el país es una policía democrática, constitucional y de derecho. Ahora tenemos tantos cuerpos policiales y militares pero ni licuados hacen uno solo bueno”, expresa Alvarado.

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“Con el tratado marco de seguridad centroamericana se dijo no a la militarización de las policías, sino civilizar las policías en 1995 allí tenemos un marco para tener una policía nacional de corte diplomático, y eso es justamente lo que el actual presidente quiere tirar al cesto de la basura”, concluyó.

La Policía Militar del Orden Público ha sido una apuesta clara de Juan Orlando Hernández, a pesar que la población ha rechazado que este ente se eleve a rango constitucional. Es por eso que la coyuntura actual podría permitir esta apuesta y hasta que la misma gente la acepte.

A criterio del director del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, esta estrategia le funcionó bien al actual presidente.

“Primero quisieron elevar a rango constitucional la policía militar y en ese sentido no lo pudieron hacer pero vinieron y se metieron al tema de seguridad pública y el gobierno no depuró a la policía, dejó a los miembros vinculados con el crimen todavía allí. Había una estrategia de profundizar la crisis dentro de la Policía, una instancia necesaria en un estado de derecho”, expresó.

El actual gobierno presume de reducir la violencia como en ningún país del mundo se ha podido en tan poco tiempo. Esto, debido a sus políticas de seguridad militaristas.

Ebal Díaz, asesor de gobierno asegura que el gobierno quiere que la Policía Nacional recobre la confianza y que los policías se sientan orgullosos de pertenecer a esta institución prestigiosa.

“No hemos resuelto la inseguridad pero bajar de 86 muertos por cada 100 mil a menos de 60 no lo han hecho en ningún país del mundo. Hasta el presidente de Colombia lo ha reconocido, claro que sigue habiendo el problema y por eso debemos fortalecer las instituciones, la tarea es enorme, en ninguna parte del mundo en 2 años se resuelve un problema como este. Yo aspiro como hondureño que cuando logremos alcanzar estos problemas las portadas de los medios invitarán a la gente a venir a invertir al país”, dijo a Radio Progreso.

Por su parte el exministro de Seguridad, señalado por la comisionada María Luisa Borjas como uno de los que daba órdenes a escuadrones de la muerte, dice que se ha tergiversado lo que el presidente Juan Orlando ha dicho sobre la posibilidad de eliminar la policía.

“Están equivocados quienes piensan que es para militarizar, lo que se busca es potenciar la PN y con una depuración se va a poyar a los policías honestos. El trato a lo que él dijo no fue bueno, él dijo que nos unimos todos para solventar el problema. La idea es fortalecer la institución, sacando los malos policías. La policía militar va a continuar los espacios donde la PN no puede. Con este decreto de emergencia será más eficiente y podríamos tener una PN operativa y con mayor confianza en el menor tiempo posible”, dijo el actual diputado por el departamento de Francisco Morazán.

¿Un decreto de emergencia a beneficio de quién?

Gabriela Núñez, diputada por el partido Liberal e integrante de la comisión de finanzas, dijo que la depuración estaría costando alrededor de 300 millones de lempiras, tomando en cuenta que hay un aproximado de 1500 a 3000 policías que estarían siendo despedidos. Cada policía despedido podría costar entre 150 mil y 200 mil lempiras en promedio.

Lo que no queda claro en la ley es si los policías separados, lo son por cometer actos ilícitos, seguirían gozando de los mismos derechos laborales.

Walter Banegas, diputado del Partido Anticorrupción (PAC) asegura la emergencia en materia de seguridad pública data de hace muchos años pero no ha dado resultado por la incapacidad del presidente, los ministros y los altos mandos porque sería auto incriminarse.

“El problema de este decreto es que se le conceden facultades excesivas al Poder Ejecutivo de despedir sin tomar en consideración garantías constitucionales  como el derecho a la defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia. La ley orgánica de la policía ya contempla las causas de despido de un miembro de la carrera policial pero no se cumple por la incapacidad y la autoincriminación, no aplican los despidos que están implicados en actos criminales”, explicó.

Por su parte el diputado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Jari Dixon asegura que si con toda la información que emitió El Heraldo sobre asesinatos perpetrados por la Policía, el MP no redacta un requerimiento fiscal y lo presenta en los tribunales para solicitar órdenes de captura, el objetivo no era desenmascarar a estos altos oficiales de la policía sino eliminar la Policía Nacional para sustituirla por la Policía Militar. “Esto es algo absurdo porque la PM no es un ejemplo a seguir. Hay que ver los incontables procesos penales que tienen también en sus filas, asesinatos, violaciones, secuestros, etc”.

Aracely Leiva, diputada del Partido Liberal afirma que crear un instrumento para la depuración de la policía amerita decisiones adecentadas y no unilaterales. Que sea un equipo que le permita a la PN alcanzar la depuración.

“Nosotros hemos acompañado los procesos que han llevado a la legislación con temas de seguridad, pero consideramos que sea dentro de la constitución de la república y por eso hemos hecho observaciones al Ejecutivo para que permita las responsabilidades y roles que tendrán para deducir responsabilidades. Nosotros creemos que debe establecerse en la ley quienes van a integrar la comisión y qué instituciones lo harán. Este es un proceso que no se ha conseguido en seis años y no se debe delegar a una sola persona”, dijo.

Darío Banegas, diputado liberal por su parte resaltó que el decreto de emergencia  permitirá que haya un mecanismo de protección a personas que contribuyan con la depuración policial (incluyendo periodistas, Ong’s, particulares, etc).

La diputada del PAC, Fátima Mena dijo que  “el único mal sabor es la falta de voluntad política de querer transparentar la tasa de seguridad, era pertinente el debate de este tema de tan alto impacto para la sociedad ya que son unos fondos específicamente para seguridad pública. Eso fue lo único que quedó allí incluso se violentó el proceso parlamentario al no aprobarse aunque había mayoría de acuerdo. Sabemos que esto no es una varita mágica y estamos en la discusión para que deje de existir inseguridad no solamente es la policía, hay que también poner los ojos sobre la policía militar, el MP y otros entes”.

LEA además: “PATRULLAZO”: NUEVO POSIBLE ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN DEL ACTUAL GOBIERNO 

El analista en temas de seguridad, Omar Menjívar quien además fue candidato para dirigir la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial en 2014, dijo a Radio Progreso que nunca se ha hecho algo con la depuración de la policía y que esta policía ya no tiene solución.

“Yo soy un convencido que la actual policía no es posible depurarla, lo que procede es la eliminación de esa policía, crear una nueva que tenga 4 cualidades: altamente profesional, eminentemente civil, respetuosa de los derechos humanos, y fundamentalmente que esté sometida a control ciudadano. Es la única manera que se garantizará el proceso permanente de vigilancia, control, de una nueva policía que es la que debemos crear, no se puede depurar la actual definitivamente”, expresó.

Por su parte el analista político Hermilo Soto afirmó que está comprobado que el gobierno no tiene voluntad política de adecentar la policía y esto lo demuestra el hecho que el gobierno reacciona a ciertas denuncias pero no toma iniciativa propia, no es coherente y no llega a la profundidad de esta situación.

“La ciudadanía está inconforme, indefensa, ya que al más alto nivel de la cúpula policial se está cometiendo crímenes como los mencionados en los medios, eso da una sensación de total indefensión, a nadie pueden convencer que ese informe no se conocía. La apuesta del presidente JOH es la militarización de la sociedad hondureña. En conclusión, la población hondureña no confía en las intenciones del presidente de la república alrededor de este tema, porque si no se actuó en su momento, ahora que se están planteando unas reformas se despiertan sospechas porque está ligado a su proyecto político de 50 años que ya lleva a anunciando”, culminó.

Ante la emergencia en materia de seguridad nos preguntamos ¿será solución a la crisis de una policía corrupta o solo un respiro al actual gobierno en su proyecto militarista?

 DECRETO DE EMERGENCIA

ARTÍCULO 1. Declarar situación de emergencia por razones de seguridad nacional y de interés público la depuración de la Policía Nacional por el término de doce meses.

La relación legal que los miembros de la misma tienen con el Estado, es de confianza, en virtud de que se les otorga en nombre de este el uso de la fuerza para el mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y sus bienes.

La idoneidad, pérdida de confianza y demás términos establecidos en el presente decreto se aplicaran según las definiciones establecidas en la Ley de Superintendencia para la aplicación de pruebas de confianza y su reglamento.

ARTÍCULO 2. Autorizar al Poder Ejecutivo para que, mediante el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, proceda a cancelar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía Nacional en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración con la responsabilidad de pagar los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda.

Son justas causas de cancelación por despido de cualquiera de los miembros de la Policía Nacional la falta de idoneidad para el ejercicio de su función o la pérdida de confianza.

El Poder Ejecutivo, en el caso de retiro voluntario, procederá al reconocimiento y pago de derechos laborales y prestaciones sociales siempre que el solicitante no sea objeto de investigación formal o tenga denuncia por la supuesta comisión de un delito, para los cuales podrá establecer convenios de pago.

ARTÍCULO 3. El Poder Ejecutivo nombrará una comisión especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, la cual estará integrada por personas de reconocida honorabilidad y trayectoria, y presidida por el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad en esta tarea.

El secretario de Estado en el Despacho de Seguridad cancelará el acuerdo de los miembros de la Policía Nacional que no cumplan cualquiera de las condiciones establecidas en el presente decreto, al tenor de lo dispuesto en el artículo cinco (5).

ARTÍCULO 4. La comisión especial en el proceso de depuración tiene las atribuciones siguientes:

Determinar la idoneidad en el servicio, como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial.

Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados.

Remitir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito.

Rendir informes trimestrales al Congreso Nacional sobre los avances del proceso de depuración.

ARTÍCULO 5. La comisión especial de depuración presidida por el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley, debe conceder a los miembros de la Policía Nacional audiencia de descargo para que hagan, en el marco de la Constitución y los convenios internacionales y leyes especiales, ejercicio del derecho de defensa, previa notificación de los cargos, denuncias o medidas disciplinarias que se le imputen.

Debe establecerse el mecanismo de notificaciones de manera personal, por tabla de avisos o medios electrónicos.

Las acciones de la comisión no acarrearan responsabilidad patrimonial, administrativa y penal en ningún tiempo.

ARTÍCULO 6. Autorizar al Poder Ejecutivo para que, en el cumplimiento del pago de los derechos laborales de los miembros de la Policía Nacional, cuando proceda, pueda suscribir empréstitos, emitir bonos soberanos en el mercado doméstico o internacional, titularizar en condiciones de mercado por medio de la banca estatal o privada, flujos de efectivo propiedad del Estado de Honduras y colocarlos en el mercado por medio de la bolsa de valores o en forma directa, así como contratar el banco o ente estructurador y el banco pagador y en general a suscribir los contratos que sean necesarios para obtener los recursos financieros que se requieran para garantizar dicho pago.

ARTÍCULO 7. Autorizar a la Secretaría de Finanzas crear las partidas presupuestarias correspondientes para el registro del pago de los pasivos laborales que se deriven de la ejecución del presente decreto.

Para el cumplimiento del pago de los derechos laborales, la Secretaría de Finanzas lo cargará al límite de crédito interno autorizado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

ARTICULO 8. Durante la vigencia del presente decreto, se procede a la suspensión de la vigencia de los artículos 114 del capítulo V, contentivo de la “Terminación de la carrera policial”; artículos 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del capítulo VI, que contiene “Las medidas disciplinarias y del régimen del despido”, ambos capítulos del título IV de la “Carrera de servicio policial”, contenidos en el decreto legislativo No. 67-2008 y sus reformas, contentivo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, así como de la Ley del Servicio Civil, contenida en el decreto 126, y todas sus reformas, a fin de permitir de manera expedita realizar la destitución de miembros de la Policía Nacional, sin menoscabo de las garantías constitucionales.

ARTÍCULO 9 (NUEVO). Se establece un mecanismo especial de protección a los ciudadanos, a los familiares de las víctimas directas y los testigos que hayan intervenido en las denuncias que originaron esta emergencia. También a las personas que aporten pruebas a lo propósitos de la depuración que incluye también a los mismos policías.

ARTÍCULO 10 El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

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Oficiales coludidos con la delincuencia son protegidos por políticos y funcionarios, asegura María Luisa Borjas (+VIDEO)

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“Queremos justicia, Berta era como nuestra madre”: mujeres lencas

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Aprueban norma para “depurar de emergencia” a policías hondureños

Tegucigalpa. El Parlamento hondureño aprobó este jueves, un decreto orientado a declarar “emergencia” en la depuración de la Policía Nacional, por un término de 12 meses y da facultades al presidente Juan Hernández de hacer despidos masivos de agentes y oficiales.

 

En el decreto se establece que la relación legal que los miembros del cuerpo armado tienen con el Estado, “es de confianza, en virtud de que se les otorga en nombre de éste el uso de la fuerza para el mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y sus bienes”.

 

Agrega que “la idoneidad, pérdida de confianza y demás términos establecidos en el presente decreto se aplicarán según las definiciones establecidas en la Ley de Superintendencia para la aplicación de pruebas de confianza y su reglamento”.

 

En el artículo dos, se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante el secretario de Seguridad, proceda a cancelar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía Nacional en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración con la responsabilidad de pagar los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda.

 

El Poder Ejecutivo –en el caso de retiro voluntario– procederá al reconocimiento y pago de derechos laborales y prestaciones sociales siempre que el solicitante no sea objeto de investigación formal o tenga denuncia por la supuesta comisión de un delito, para los cuales podrá establecer convenios de pago.

 

Mientras tanto, el artículo tres establece que el Poder Ejecutivo nombrará una comisión especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, la cual estará integrada por personas de reconocida honorabilidad y trayectoria, y presidida por el secretario de Seguridad en esta tarea.

 

El ministro de Seguridad cancelará el acuerdo de los miembros de la Policía Nacional que no cumplan cualquiera de las condiciones establecidas en el presente decreto.

 

A iniciativa del diputado nacionalista Renán Inestroza, se incluyó un párrafo para eximir en el futuro de responsabilidades patrimoniales, penales y civiles a los miembros de la comisión en virtud de su trabajo de depuración.

 

Por su parte, el artículo cuatro señala que la comisión especial en el proceso de depuración tiene las atribuciones siguientes:

 

  1. Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial.

 

  1. Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados.

 

  1. Remitir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas, los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito.

 

Por sugerencia del diputado César Agurcia se agregó el inciso cuatro en el sentido que la comisión especial rendirá informes trimestrales acerca del proceso de depuración policial

 

En el artículo cinco se establece que la Comisión Especial de Depuración presidida por el ministro de Seguridad, para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley, debe conceder a los miembros de la Policía Nacional audiencia de descargo para que hagan, en el marco de la Constitución y los convenios internacionales y leyes especiales, el ejercicio del derecho de defensa, previa notificación de los cargos, denuncias o medidas disciplinarias que se le imputen.

 

Debe establecerse el mecanismo de notificaciones de manera personal, por tabla de avisos o medios electrónicos.

 

Entretanto, mediante el artículo seis, se autoriza al Poder Ejecutivo para que en el cumplimiento del pago de los derechos laborales de los miembros de la Policía Nacional, cuando proceda, pueda suscribir empréstitos, emitir bonos soberanos en el mercado doméstico o internacional, titularizar en condiciones de mercado por medio de la banca estatal o privada, flujos de efectivo propiedad del Estado de Honduras y colocarlos en el mercado por medio de la bolsa de valores o en forma directa, así como contratar el banco o ente estructurador y el banco pagador y en general a suscribir los contratos que sean necesarios para obtener los recursos financieros que se requieran para garantizar dicho pago.

 

Sin embargo, por iniciativa de la diputada liberal por Francisco Morazán, Gabriela Núñez, este artículo quedó así: Autorizar a la Secretaría de Finanzas a crear las partidas presupuestarias correspondientes para el registro del pago de los pasivos laborales que se deriven de la ejecución del presente decreto.

 

Para el cumplimiento y pago de los derechos laborales, la Secretaría de Finanzas lo cargará al límite del crédito interno autorizado en el Presupuesto General que es de 17 mil millones de lempiras.

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1207-aprueban-norma-para-destituir-de-forma-discrecional-a-policias-hondurenos

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Familia Jiménez – Martínez Comunica lo siguiente:

Hoy 8 de abril se cumple un año de la desaparición forzada de DONATILO JIMÉNEZ  EUCEDA, dentro de los predios del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA).

A un año de este abominable hecho, la familia del ex presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) seccional #3, no nos cansamos de exigir justicia y que se  aclare este hecho de lesa humanidad, perpetuado en contra de DONATILO JIMÉNEZ EUCEDA, por el simple hecho de defender a los trabajadores sin distinción alguna; y el constante señalamiento a las arbitrariedades y violaciones a los  derechos laborales que son sujetos por parte de las autoridades del CURLA.

Defensores en linea

Origen: Familia Jiménez – Martínez Comunica lo siguiente:

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Case History: Jlo Córdoba

Attempted killing of LGBTI rights defenders Juan José Zambrano and Jlo Córdoba amidst escalating violence against LGBTI rights defenders in Honduras

On 29 March 2016 human rights defender and transgender woman Ms Jlo Córdoba was shot and wounded in Tegucigalpa, which followed the attempted killing of LGBTI rights defender Mr Juan José Zambrano in Ceiba, on 24 March 2016.

Jlo Córdoba is a member of Asociación LGTB Arcoíris (LGBT Rainbow Association), an organisation which works on equality and justice for the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) community in Honduras. Juan José Zambrano is the nephew of prominent human rights defender Ms Sandra Zambrano, director of the Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH/SIDA en Honduras – APUVIMEH (Association for a Better Life for People Infected with and Affected by HIV/AIDS in Honduras), of which Juan José Zambrano is also a member. APUVIMEH works with the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex community and those affected by HIV/AIDS in Honduras. It operates a shelter for people with HIV/AIDS and those of the LGBTI community called Casa Renacer and runs several projects including a program for prevention of HIV/AIDS and sexual infections, and a gay youth project.

On 29 March 2016, at approximately 8pm, Jlo Córdoba suffered an assassination attempt in the Central District in Tegucigalpa. An unidentified man approached her and fired at her twice. The human rights defender was was shot in the hand and in the chest. She was hospitalised because of her wounds and is now recovering.

On 24 March 2016 Juan José Zambrano was fired upon several times by a group of unidentified men in the city of Ceiba, Honduras. One of the bullets hit him in the rear, going straight through him and leaving him wounded in the genital area also. The human rights defender lost a lot of blood and was left for dead. This attempted assassination occurred some days after the human rights defender was kidnapped by a group of unidentified men in Tegucigalpa, on 20 March 2016. He was later released on the same day. While in captivity, the human rights defender was threatened and warned to cease with his human rights work. Juan José Zambrano’s family made the decision to send him to Ceiba on 24 March 2016, where they thought he would be safer, it was at this point that the human rights defender suffered the attempted assassination.

After the incident Juan José Zambrano was taken to Hospital Atlantida, Ceiba, and on 27 March 2016 he was transferred to the hospital Instituto Hondureño de Seguridad Social, Tegucigalpa, where he is currently receiving medical attention.

LGTBI rights defenders in Honduras have continued to conduct their human rights activities in spite of increasingly extreme levels of violence faced by them. Since 23 June 2015 six LGTBI rights defenders working in country have been killed; Juan Carlos Cruz Andara, Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina Hernández Vásquez (also known as Génesis Hernández), Jorge Alberto Castillo and Paola Barraza, with several more subjected to physical assault, intimidation and threats.

The killings and violence against members of APUVIMEH have occurred in spite of precautionary measures granted to them by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) in 2013. Many members of Asociación LGTB Arcoíris, including its director, Mr Donny Reyes, are also beneficiaries of precautionary measures taken by the IACHR.

Front Line Defenders strongly condemns the assassination attempts against Juan José Zambrano and Jlo Córdoba, and expresses its deep concern at the climate of extreme violence facing defenders of LGTBI rights in Honduras.

Front Line Defenders urges the authorities in Honduras to:

1.Carry out an immediate, thorough and impartial investigation into the attempted killings of Juan José Zambrano and Jlo Córdoba, with a view to publishing the results and bringing those responsible to justice in accordance with international standards;

2.Take all necessary measures, in consultation with the human rights defenders or their representatives, to guarantee the physical and psychological integrity and security of Juan José Zambrano, Jlo Córdoba and all members of APUVIMEH and Asociación LGTB Arcoíris;

: Case History: Jlo Córdoba

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Ante jueza exigen a periodista revelar sus fuentes informativas

Alerta 57-16 | Honduras, jueves 7 de abril de 2016 Por medio de una querella penal, el abogado Luis Enrique Escaño exigió al periodista, Selvin Euceda, que le revele sus fuentes de información, según relató la víctima.

Origen: Ante jueza exigen a periodista revelar sus fuentes informativas

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PRONUNCIAMIENTOS DE LAS MUJERES DEL COPINH

Las mujeres del Consejo Cívico De Organizaciones Populares E Indígenas de Honduras nos pronunciamos en el dia de hoy acerca de la toma que estamos realizando en el Ministerio Público en la ciudad de Tegucigalpa.

Estamos protestando ante esta institución para exigir justicia en el asesinato de nuestra compañera, hermana y lideresa, Berta Cáceres. Queremos que dejen de jugar con nosotras y que dejen de revictimizarnos al negarnos la verdad y al pretender manipularnos.

Exigimos una respuesta clara en este caso y por eso demandamos que el gobierno hondureño habilite la entrada de un comisión internacional e independiente para que lleve  a cabo una investigación que realmente de con los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestra compañera.

Nosotras las mujeres indígenas Lencas, organizadas en el COPINH, exigimos el cierre inmediato y definitivo del proyecto hidroeléctrico ¨Agua Zarca¨ de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) por ser responsable de tantas muertes, amenazas e insultos a la comunidad de Río Blanco y al pueblo Lenca.

Nosotras las  mujeres del COPINH decretamos que el estado hondureño está obligado a respetar nuestras decisiones dentro de nuestros territorios indígenas. Más de 500 años de opresión hacia nosotras y saqueo de nuestros territorios son una responsabilidad que el estado debe asumir. Más de 500 años de resistencia y miles de años siendo cuidadoras de la madre tierra, nos dan la legitimidad para decidir sobre nuestros territorios.

Agradecemos la solidaridad de compañeros y compañera que han venido a expresarnos su apoyo nuestra exigencia de justicia.

Esta es una protesta pacífica, al igual que las cientas de protestas que se realizan alrededor del mundo,  y están el marco de la lucha por la justicia, contra la impunidad y en defensa de la vida, por tanto demandamos que las fuerzas represivas, provocadoras de confrontación, salgan de este lugar de protesta y de nuestras comunidades, y que se respeta nuestra integridad y seguridad.

Policías, militares y guardias de seguridad de esta institución agredieron brutalmente a nuestros compañeros, quienes se encontraban colgando una manta con la imagen de nuestra compañera, Berta Cáceres. Estas acciones ya están siendo denunciadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que son una violación de nuestras medidas cautelares. Nos preguntamos ¿Cuál es el miedo de las autoridades a la imagen de nuestra compañera Bertha? ¿Cuál es el miedo a la voz de las mujeres del COPINH? ¿Por qué los militares y policías?

Nosotras las mujeres indígenas Lencas organizadas en el COPINH llamamos a los hombres y mujeres del mundo a cerrar filas contra la misoginia, la discriminación, el racismos, el extractivismo y el patriarcado.

Tegucigalpa,  7 de Abril del 2016

http://copinhonduras.blogspot.ch/2016/04/pronunciamientos-de-las-mujeres-del.html

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Ministros se repartían corredores de la droga en Honduras

El comisionado Osorto Canales dijo que políticos contaminan la Policía.

Origen: Ministros se repartían corredores de la droga en Honduras

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Honduras Police Under Fire Following Drug Czar Murder Scandal

Honduras President Juan Orlando Hernández is taking swift action against the National Police force following an explosive report on how high-level officials were involved in the 2009 assassination of the country’s drug czar.

Origen: Honduras Police Under Fire Following Drug Czar Murder Scandal

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