Archivos para 31 marzo 2016

Desaparecido periodista hondureño

Alerta 49-16| Honduras, 29 de marzo de 2016 El comunicador Luis Delgado cumple este martes 21 días de estar desaparecido mientras, su esposa, también periodista, dejó de asistir al canal por miedo a las amenazas en contra de su integridad.

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Líder Indígena de MILPAH es atacado por activista político – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Por oponerse a proyectos de desarrollo sin previa consulta, Juan Vásquez, miembro del Consejo Indígena Lenca de la comunidad de Simpinula, municipio de Santa María, departamento de La Paz, fue agredido en su propia casa por Segundo Castillo, quien en estado de ebriedad entró a la vivienda cuando solo estaba […]

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Fiscalía de Derechos Humanos y Mecanismo de protección reciben denuncia de seguimiento y vigilancia contra estudiante de la UNAH

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, recibió este 28 de marzo en horas de la mañana, la denuncia sobre la vigilancia y seguimiento de que es objeto Moisés Cáceres, estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Él es uno de los líderes estudiantiles que ha sufrido diferentes formas de represión en la UNAH por parte de las autoridades, entre ellas la expulsión, un proceso penal hasta ahora, por hacer uso de la protesta social, vigilancia, seguimientos y campañas de desprestigio.

Acompañado de la abogada Kenia Oliva, de la iniciática Periodismo y Democracia, Cáceres relató a ante la Fiscalía en mención  que durante la semana santa se intensificaron los seguimientos y que un hombre desconocido llegó a preguntar por él a su colonia, señalando que “a este ya lo pelaron”, lo que significa “ya lo mataron”, cuando preguntó por Cáceres.

Por la tarde de este mismo 28 de marzo, se solicitó ante la Dirección General del Sistema de Protección, que es parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Descentralización,  que se le protegiera la vida , petición realizada invocando la Ley de Protección a defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, puesta en vigencia desde mayo de 2015.

El estudiante relató en ambas instancias los detalles de las acciones que ponen en peligro su vida y que las vincula directamente a su lucha por la democratización en la UNAH.

Se espera que se implementen medidas de protección a la mayor brevedad por parte del Estado de Honduras, mientras tanto hay algunas acciones que se están realizando.

En los últimos días se ha informado que se estaría produciendo un nuevo proceso judicial contra Cáceres, Ulloa y Padilla, las cosas han llegado a tal nivel contra ellos para tratar de afectarles su imagen. Llama la atención el escrito presentado por la fiscal Diana Elizabeth Guzmán en la que solicita a la Juez que señale fecha para audiencia preliminar por los delitos de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, esta última imputación causa graves preocupaciones puesto que se ha solicitado información en el Ministerio Público para saber si existe alguna línea de investigación por estos delitos.

Hay contradicciones dentro del Ministerio Público cuando se ha solicitado información, por un lado dicen que sí existe el proceso y que se librará requerimiento fiscal y otros funcionarios manifiestan que es una equivocación.

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Denunciamos la falta de respuesta y atención de la SRE al caso de Gustavo Castro

Desde Otros Mundos Chiapas A.C. expresamos nuestra preocupación por la falta de respuesta y atención de la Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu al caso de Gustavo Castro Soto.

A más de tres semanas de que la jueza Victorina Flores de Honduras decretara una alerta migratoria por treinta días para Gustavo Castro, sin un marco legal adecuado y contradiciendo el derecho a ser protegido como víctima de un atentado fuera de su país, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no hace valer el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal firmado por ambos países, en el cuál indica como primera medida de protección la salida inmediata del país del testigo y la consecuente colaboración en la investigación.

La Secretaria de Relaciones Exteriores tiene conocimiento pleno de la situación de Gustavo Castro: sabe de las irregularidades en el procedimiento de investigación del caso de parte de la Fiscalía, de las excesivas medidas tomadas por la Jueza en Honduras (que incluso cesó a la abogada Ivania Galeano, dejando en indefensión al testigo), conoce las medidas que ha solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras para la protección de Gustavo Castro y la ampliación de medidas también solicitadas para el equipo legal y su hermano Oscar Castro quien se encuentra acompañándole.

Durante estos días, la Fiscalía de Intibucá y la Corte de Apelaciones de Acomayagua, deberán dar respuesta a los recursos legales que interpuso el equipo legal de Gustavo Castro: recurso ante la Fiscalía para revocar la alerta migratoria por treinta días, amparo que denuncia la medida violatoria de derechos del testigo protegido, Habeas Corpus que protege a Gustavo Castro en su calidad de víctima y testigo. Es necesario que estos tengan una respuesta favorable.

Todos los recursos han sido avalados y apoyados por redes, universidades, organizaciones, movimientos nacionales e internacionales, quienes a través del envío del Amicus Curie y cartas dirigidas a la Juez y al Fiscal General de Honduras actúan de forma inmediata a favor de la protección de derechos del ciudadano mexicano.

Todo esto cobra mucha más fuerza ante los señalamientos que los familiares de Bertha Cáceres, el COPINH, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y la Articulación Popular Berta Cáceres hacen acerca de las irregularidades en el caso del asesinato de Berta y de la violación de derechos humanos a Gustavo Castro.

Ante este escenario la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, debe actuar para salvaguardar la seguridad física y psicológica de nuestro compañero Gustavo Castro, recibir a la familia Castro Soto y garantizar las medidas necesarias para su pronto regreso. Garantizar su integridad y poner el más alto nivel de acciones para que esto suceda.

OTROS MUNDOS A.C / Amigos de la Tierra México

 

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Honduras es el país más peligroso para defender DDHH: Amnistía Internacional

En una conferencia de prensa Amnistía Internacional en su informe dio a conocer que existió una incapacidad por parte de los entes investigativos del Estado, para dar resultados sobre las causas del crimen de Berta Cáceres y dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales del hecho.

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Una hondureña asesinada a diario durante los últimos diez años

La movilización fue enmarcada con las fotografías de las mujeres que fueron asesinadas por femicidios, crímenes de género y misóginos.

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En los últimos diez años en Honduras murieron 4,400 mujeres de forma violenta, denunciaron las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”.

El ocho de marzo es recordado por los movimientos de mujeres, por las 129 trabajadoras que murieron abrasadas por las llamas de fuego en 1908 en la fábrica “Cotton” de Nueva York por defender sus derechos.

A pocos días del asesinato Berta Cáceres y a dos años del vil asesinato de la campesina Margarita Murillo, ambas feministas, las organizaciones integrantes de la Plataforma 25 de Noviembre continúan con su jornada de lucha feminista.

Hoy se dejaban ver los rostros consternados de tristeza, los cariñosos abrazos de condolencias entre ellas, las miradas hacia el horizonte, los suspiros de recuerdos, las lágrimas de las feministas se veían a flor de ojos al pronunciar los discursos y las exigencias al gobierno hondureño y a los entes encargados de impartir justicia, por las muertes de sus compañeras y mujeres que aún permanecen durmiendo el sueño de los justos en la impunidad.

http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/mujeres/una-hondure%C3%B1a-asesinada-diario-durante-los-%C3%BAltimos-diez-a%C3%B1os

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Necropolítica, narcotráfico y la república mafiosa.

Sambo creek, 29 de marzo de 2016.- Las 390 masacres y más de 40 mil muertos que se han dado en Honduras a partir del año 2009, demuestran que el país se encuentra en una guerra no declarada, en la

que es incierto identificar enemigo o bando alguno.

A partir del golpe de Estado impulsado por la administración Obama-Clinton, el narcotráfico acabó de apoderarse de Honduras, país que suplantó a Guatemala como la bodega de estupefacientes en Centroamérica. La costa norte se convirtió en un feudo de los cárteles de la droga, los que fueron apoderándose paulatinamente de enormes franjas de territorio, además de municipalidades y registros de la propiedad.

La utilización de la violencia como una forma de control social y político, es lo que Achille Mbembe, filósofo oriundo del Camerún, denomina necropolítica, pesadilla que se ha sido oficializada en Honduras desde el 2009. Las estadísticas de las muertes son irrefutables, y han colocado a nuestro país deplorablemente como el más violento del planeta.

La fusión entre empresarios, políticos y narcotraficantes, ha dado lugar a lo que se puede denominar la república mafiosa. La endeble cutícula que separaba el crimen organizado de la administración pública se diluyó, al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad fueron sucumbiendo ante los cañonazos de millones de dólares surgidos del pingue negocio del trasiego de estupefacientes.

Para el año 2012, la violencia llegó a su más alto nivel, al mismo tiempo que los “nacionalistas” emprendieron la subasta de franjas territoriales del país, bajo el nombre de ciudades modelo. A pesar que las estadísticas maquilladas emitidas por la administración de Juan Orlando Hernández tratan de minimizar el número de homicidios, en lo que va del año se han dado trece masacres y un sinnúmero de asesinatos  selectivos, destinado a mantener la zozobra entre los hondureños.

La farsa de la guerra contra las drogas.
Desde 1971, durante el mandato de Richard Nixon, los Estados Unidos asumió una guerra contra los estupefacientes que se remonta al Acta Harrison (1914), cuando el gobierno federal impuso restricciones a los opiáceos y la cocaína, sustancia que eran ampliamente utilizada en los medicamentos de consumo popular. Con el surgimiento de la contracultura en la década de los años 60 del siglo pasado, se dio inicio a una masificación del consumo de estupefacientes, situación que generó un enorme problema de salud pública al cual se le dio una respuesta militar.

Después de 40 años de guerra, miles de millones de dólares malgastados, las cárceles de Estados Unidos repletas de negros  y latinos; los estupefacientes son de mayor pureza, menor precio y con el agravante del aumento descontrolado de acceso a la  heroína. Estos hechos ponen en cuestionamiento la efectividad de la farsa de la guerra contra las drogas, que en América Latina ha implicado la ocupación militar de territorios en su mayoría indígenas y el desplazamiento de pueblos y comunidades.

El cinco de mayo del año 2012 apareció un artículo en el New York Times, intitulado  “Lecciones de Irak ayudan a Estados Unidos en su guerra contra las drogas en Honduras”. Unos días después helicópteros de la Drug Enforcement Administration (DEA) arremetieron contra un grupo de Miskitos, asesinando cuatro personas, entre ellas dos mujeres en estado de gravidez.

El repentino cambio de actitud de los Estados Unidos en relación al tráfico de drogas, no altero la putrefacción estatal en Honduras. En las elecciones del 2013,
las que fueron alabadas por la OEA y la embajada de Estados Unidos, se perpetró además de un descarado fraude, un asalto del crimen organizado a la gobernabilidad al apoderarse de muchas de las alcaldías del país, las que fueron ocupadas por siniestro personajes.

Para muchos, el contubernio que se ha dado entre la narco política y la estrategia de control imperial de los Estados Unidos, demuestra que realmente el trasfondo de la supuesta guerra contra las drogas va más allá de la supresión del trasiego de estupefacientes y el trasfondo es el control territorial. Basta Pensar en la relación del ex presidente colombiano Alvaro Uribe, señalado por la DEA como aliado de Pablo Escobar y posteriormente convertido en la mano derecha de Washington en Sudamerica.

La Desmilitarización del territorio Garífuna
El asesinato de dos jóvenes Garífunas en la barra de Iriona, acontecido en diciembre de 2015, conllevó a la OFRANEH a demandar una desmilitarización inmediata de nuestro territorio, ya que el ataque perpetrado a un grupo de Garinagus  totalmente inocentes, forma parte de una estrategia para despoblar la costa Garífuna, donde ya de por sí el crimen organizado se apropió de algunas de las municipalidades

El pueblo garífuna está convencido de la urgencia de impulsar nuevas estrategias en la problemática de las drogas, y  reafirmar la importancia de los derechos humanos, haciendo en un enfoque de salud, abandonando la visión militar. Es urgente la desmilitarización de nuestras comunidades, evitando la criminalización de la población, al mismo tiempo que se erradique las estructuras de poder económico y político contaminadas por el narcotráfico, de las cuales las fuerzas de seguridad y agencias extranjeras poseen suficiente información.

Es por eso que nos plegamos a la Caravana por la Paz la Vida y la Justicia, que se encamina hacia Estados Unidos, para hacer escuchar nuestra voz en la reunión de la UNGASS, en las Naciones Unidas, donde los Estados debatirán el futuro de las nuevas estrategias sobre las  drogas, reunión que se llevara a cabo entre los días 19 al 21 de abril próximo.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

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Embajador Nealon realiza “visita de apoyo” al presidente de la Corte de Justicia

Tegucigalpa – El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Edgardo Argueta Pérez, recibió en su despacho al Embajador de Estados Unidos, James Nealon, en una “visita de apoyo” efectuada la tarde de este martes.

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2015, un año de impunidad y violencia contra estudiantes hondureños

La Asociación para una Ciudadanía Participativa ACI-Participa presentó un informe con el título “Violencia Contra el Movimiento Estudiantil, un año de impunidad”, en el marco de las protestas contra la extensión de la jornada educativa, durante los meses de marzo y abril del 2015.

El evento se realizó en el emblemático instituto “Central Vicente Cáceres” y alumnos de la Normal Mixta “Pedro Nufio”, Hedme Castro subdirectora de la organización explicó que el motivo por el cual la socialización de la investigación se hacía en este colegio fue en honor a Soad Nicol Ham de trece años estudiante de dicho centro educativo, raptada y asesinada después de una protesta.
El informe procura ofrecer un panorama amplio sobre la situación que enfrentó el movimiento estudiantil de secundaria en el Distrito Central, pretende sensibilizar a funcionarios a cargo de instituciones relacionadas con el acceso a la justicia; Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Poder Judicial y Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización, acerca de su responsabilidad y deuda histórica que tienen con las víctimas.
En las protestas de esos meses  participaron personas menores 18 años, las medidas adoptadas por la Secretaria de Educación desencadenaron la reacción de los jóvenes, la respuesta de las autoridades era enviar miembros de la Policía Nacional y Policía Militar para reprimir a las y los jóvenes.

Contraviniendo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el articulo 3 cita: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
El motivo por el cual los educandos protestaban era que el Secretario de Educación Marlon Escoto anunció que se moverían los horarios de clases, lo que implicaba que los niños de la jornada de la mañana debían salir de sus casas en horas muy tempranas de la mañana y los de la tarde saldrían de sus centros educativos al caer la noche; el argumento de los jóvenes fue la inseguridad ciudadana que impera en el país y el peligro que correrían con estos horarios.
Método
Jorge Hernández, uno de los investigadores indicó que la investigación se formuló y desarrollo desde el enfoque cualitativo, se utilizaron técnicas de recolección de datos visitando varios colegios de la capital, con el fin de conocer la situación específica que enfrentó la comunidad educativa.
Previo a la recolección, la identificación de personas, instituciones gubernamentales y organizaciones de Sociedad Civil que tienen relación con el fenómeno que se investigó.
Origen de la protesta
El Reglamento General del Estatuto del Docente hondureño establece en su artículo 81 que las horas clase debe tener una duración de 45 minutos, lo mismo está establecido en el artículo 158 del Reglamento de la Carrera Docente.
Pero con la aprobación de la Ley Fundamental de Educación, la Secretaria de Educación emitió un oficio donde se instaba a extender la duración de las jornadas de clase, esta situación generó una tensión entre estudiantes, padres de familia y autoridades educativas.
Peticiones estudiantiles
Los más afectados fueron los estudiantes de las jornadas vespertinas y nocturnas, quienes se manifestaron de manera inmediata por la preocupación por la inseguridad que se vive en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El informe indicó que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, entre enero a mayo del 2015 hubo un total de 15,787 personas asesinadas.
A criterio de la investigación de la muestra (estudiantes, docentes, autoridades, autoridades de centros educativos, la Secretaria tenía que analizar la viabilidad de su cumplimiento mediante pruebas para poder visualizarlos diferentes escenarios y contrastarlos con la realidad nacional.
Respuesta autoridades 
El 16 de marzo del mismo año mediante un comunicado que emitió la Secretaria de Educación a que presentaran sus propuestas por escrito para entender la extensión de las jornadas de clases. Una de las salidas es que hubiera clases los sábados, la dificultad es que unos trabajaban los fines de semana y otros se trasladaban a su lugar de origen.
Mientras el ministro de educación Marlon Escoto obligó a los directores y directoras a levantar listados de alumnos que abandonaron las aulas de clases para protagonizar protestas y disturbios.
Violación a derechos humanos
Se dieron grandes violaciones a los derechos humanos de las y los estudiantes de secundaria entre ellos el derecho a la protesta, libertad de expresión y el de petición.
Por un lado la limitación de las autoridades de la Secretaria de Educación y por otro el uso desmedido de la fuerza de los uniformados de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público PMOP.
Docentes en distintos colegios afirmaron que funcionarios de la Secretaria se hicieron presentes en los distintos centros educativos para exigirles que levantaran listados de los que participaron en manifestaciones, los directores no solo dieron nombres sino que procedieron a la expulsión de alumnos (Escuela Normal Mixta y José Pineda Gómez); a dos directores los suspendieron temporalmente de sus puestos por no obedecer la orden de exponer a sus estudiantes. ACI-PARTICIPA se hizo cargo de la representación legal de los expulsados.
Represiones
Las represiones por parte de los uniformados al servicio del gobierno de Juan Orlando Hernández generaron violaciones a los derechos de las y los estudiantes que participaron en las protesta.
A la estudiante Maira Martínez pretendían expulsarla, pero le arrancaron el compromiso de no volver a participar en protestas, solamente le hicieron un llamado de atención, aun así perdió el años escolar.
Asimismo, cuatro educandos de la Escuela Normal mixta fueron expulsados por ocho días, los afectados aseguraron que el director Ángel Fugon ejecutó la acción en semana de exámenes.
El día siguiente a las expulsiones, un abogado de ACI-PARTICIPA interpuso un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo emitió sentencia, ordenando la incorporación de los estudiantes.
La Constitución de la Republica en su artículo 68 cita: “Toda persona tiene derecho a su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En alusión a esta garantía constitucional el 16 de marzo la Policía Militar y Policía Nacional ejecutaron un desalojo con uso excesivo de la fuerza en el cual fueron hospitalizados siete estudiantes cuatro (15 años), uno (17), 1(16) y 1(21) todos ellos con golpes, esguinces y problemas respiratorios por los gases lacrimógenos.
En consecuencia el artículo 65 constitucional cita: “El derecho a la vida es inviolable”, en el mismo desalojo dos jóvenes de 18 años de edad ingresaron al hospital con heridas de bala.
El 24 de marzo en horas de la noche asesinaron a tres estudiantes del Instituto Jesús Aguilar Paz (Elvin Antonio López, Darwin José Martínez y Diana Yareli Montoya).
“Puta, hey, puta, ni sillas tenemos. Compren sillas, viejo hijuelagranputa” fueron las palabras que expresó en su indignación Soad Nicole Ham (13 años), fue raptada y asesinada, apareció dentro de un costal el mismo día que mataron a los otros tres estudiantes. Su cuerpo presentaba signos de tortura, sus pies y manos estaban atados, sectores indignados de la población y organizaciones de derechos humanos vincularon el horrendo asesinato con la represión desplegada por entes del Estado.
Igualmente el 25 de marzo en la manifestación frente a la UNAH  fue brutalmente reprimida en donde detuvieron a 11 estudiantes del “Movimiento Estudiantil Normalista Morazánista (FERNO) y de la Normal Mixta Pedro Nufio, los transportaron a la Posta Policial de la Kennedy, después de unas horas los entregaron a sus padres, madres o tutores.
El coordinador del FERNO denunció que el mismo director Luis Fugon solicitó a la Policía Nacional que ejecutara el desalojo, esto fue el 08 de abril, a raíz de eso se saltaron los muros y al menos a 5 estudiantes los uniformados les propinaron golpes con toletes.
Agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a bordo de patrullas se enfrentaron a los estudiantes, lanzando una cantidad excesiva de bombas lacrimógenas, resultaron intoxicados varios niños, maestros y personal de mantenimiento de la Escuela Roberto Sosa (cercana a la cámara de gas) hecho sucedido el 13 de abril.
Nuevamente un abogado de ACI-PARTICIPA acompañó a los jóvenes detenidos a las audiencias, esta vez el profesional del derecho fue sometido a vigilancia, hostigamiento y amenazas a muerte por desconocidos con características militares y fuertemente armados, le dieron un ultimátum de 24 horas para salir del país, obligándolo a emigrar temporalmente.

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Honduras: Criminalization and Threats to Community Cemetery in Copán Persist

Today, Tuesday March 29, the Azacualpa Environmental Committee in Copán, Honduras issued the following alert regarding the continuing criminalization of dissent in their communities and the ongoing threat they face from the expansion of Aura Minerals’ San Andrés mine into their 200-year old cemetery.

On Monday March 28, nineteen community members traveled to the city of Copán for a hearing over charges that the state laid against them for illicit association following a peaceful protest at the San Andrés mine in 2014. For some community members, getting to Copán requires hours of walking and travel time.

Upon arriving, the nineteen learned that the courthouse had suspended the hearing, with no future date to reschedule. From the community’s perspective, this is a way to prolong the tiring process of criminalization against their peaceful struggle in opposition to the expansion of the San Andrés mine into their cemetery.

As a result, community members are protesting today against the criminalization of dissent and against Aura Minerals’ efforts to destroy their community cemetery. Given the presence of national policy, military and private security guards at their protest, they are deeply worried about their own security.

Please respond by sending an email to Aura Minerals with a copy to your member of parliament urging that no one be hurt or harassed, that the criminalization stop, and that the company respond in good faith to the community’s demands. The Committee is also specifically calling on Aura Minerals to send its general mine manager together with the mayor of Union to the protest to talk with the people. See the community’s Janury 24, 2016 statement for their full list of demands.

Aura Minerals
155 University Avenue, Suite 1240
Toronto, ON, M5H 3B7
Tel:  (416) 649-1033
info@auraminerals.com

Find the address for your member of parliament here.

Context

The Canadian government took advantage of the increasingly deadly conditions for people fighting for their land and a healthy environment in Honduras in order to improve conditions for mining companies immediately following the June 28, 2009 military-backed coup.

Months after the coup, Canadian authorities began lobbying for an end to a seven-year mining moratorium on new mining permits through the development of a new mining law. Canadian overseas development aid was granted for technical assistance on the law, which was approved in January 2013.

Since its approval, two legal challenges have been presented against the law, which fails to incorporate the demands that affected communities and civil society organizations had been fighting for for many years prior to the coup.

Between 2010 and 2014, over 100 people fighting for land and a healthy environment have been murdered in Honduras, with many more threatened or criminalized. Most recently, the murder of Lenca Indigenous and environmental activist Berta Cáceres has drawn international attention on the nightmarish situation for communities all over the country.

Following Berta’s murder, many Canadian organizations have been demanding that the Canadian government take concerted action to address this situation.

http://miningwatch.ca/blog/2016/3/29/honduras-criminalization-and-threats-community-cemetery-cop-n-persist

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Acción Urgente: UMVIBA coloca en riesgo vida de defensora del Aguán

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ante la comunidad nacional e internacional expresa su preocupación por los últimos acontecimientos en contra Martha Ligia Arnold, Presidenta del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán (OPDHBA), beneficiaria de la Medida Cautelar otorgada por la CIDH No.MC65-15.

H E C H O S

El 16 de marzo del 2016, Martha Ligia Arnold, recibió una comunicación de parte del Coordinador Local de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), Javier Guzmán,  una Unidad especializada   del Ministerio Publico en la que le manifiestan la decisión de las autoridades centrales de esta Unidad de no brindar ningún tipo de información que la defensora en representación de Observatorio Permanente de Derechos Humanos solicite sobre avances investigativos de casos que se han presentado a la UMVIBA, por considerar que la defensora de derechos humanos tiene nexos con miembros de una banda de delincuentes que operan en el departamento.

Textualmente le manifiestan lo siguiente:  “Que según investigaciones realizadas por esta unidad existe demasiada fuga de información por parte de ese organismo que usted preside aunado a esto la estrecha relación que su persona tiene con varios miembros de una banda de delincuentes que opera en este departamento, y que también están involucrados en delitos que nosotros investigamos es por esa razón de que se tomó la decisión consensuada con las autoridades centrales de no seguir brindando ningún tipo de información de las investigaciones que llevamos a cabo para tratar de esclarecer dichos casos; se les brindará únicamente datos estadísticos que se manejan de manera concreta por escrito”.

Esta aseveración coloca en riesgo a la defensora, al vincularla a bandas del crimen organizado, especialmente porque la declaración procede de altos funcionarios del Estado obligados a respetar  y garantizar los derechos de los ciudadanos y en forma especial a los que defienden derechos. Así mismo genera estigmatización para los defensores organizados en el Observatorio.

En el pasado Martha ha enfrentado persecuciones, amenazas, amenazas a sus hijos,  campañas de desprestigio que le han obligado a mantenerse de bajo perfil a fin de proteger y salvaguardar su vida y la de sus hijos. Hechos que fueron sido denunciados el 26 de febrero del 2015 ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, solicitando se ordene una investigación inmediata de los hechos denunciados y se gestione protección para la defensora y sus hijos.

Estos acontecimientos se dan  en momentos cuando otros defensores y líderes locales enfrentan sistemáticas amenazas a muerte y persecución como los hechos del domingo 20 de marzo del 2016, cuando Vitalino Alvarez, Vocero de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán, Región del Aguán, ha tenido que salir del país por la persecución, amenazas constante en contra de su vida y la de sus hijos.   Igual situación enfrenta Jaime Cabrera, Coordinador  de la Plataforma Agraria Región del Aguán, quien el 12 de marzo del 2016, a eso de la 1:30 de la tarde al salir de una reunión, fue objeto de persecución por un vehículo color rojo, doble cabina, vidrios polarizados, sin placas, cuando él se trasladaba en una motocicleta hacia su residencia ubicada en la Aldea Panamá, Trujillo, Colón. Días anteriores denunció la presencia de dos motociclistas que merodeaban su vivienda en actitud de vigilancia.  Ambos defensores son beneficiarios de la Medida Cautelar No.MC50-14, otorgada por la CIDH.

En el último mes  fue asesinada Bertha Isabel Cáceres y Nelson García defensores del territorio y de los pueblos indígenas. La Organización indígena Milpha a reportado la muerte de 20 miembros de su organización, los últimos cinco en el mes de diciembre de 2015.

Todos estos hechos no pueden valorarse en forma aislada  demuestran que el ataque a Martha Arnold, obedece  a un ataque sistemático en contra de defensores  de derechos humanos  que es tolerado e impulsado por agentes del Estado. Preocupa aun más porque el ente investigador, lejos de desmantelar las estructuras que generan la inseguridad contra de Martha Arnold, la convierte en blanco de ataque directo, Y a la denunciante en investigada.

PETICION:

El COFADEH solicita a la comunidad internacional y nacional exigir al Estado de Honduras tome las medidas necesarias  para garantizar el derecho a defender los derechos humanos universalmente reconocido, como lo establece la Declaración Universal de los Defensores  de las Naciones Unidas, aprobada en 1998 y las Resoluciones de la OEA de 1999 y 2000.

•    Recordarle al Estado de Honduras su obligación de proteger a los ciudadanos de su país agotar todos los medios a su alcance para investigar las amenazas en contra de los defensores y en forma especial la situación de Martha Arnold.
•    Exigir al Estado  implementar en forma efectiva las medidas cautelares otorgadas por  la CIDH a favor de Martha Arnold y sus hijos.
•    Implementar la Ley de Protección de Defensores Periodistas y Operadores de Justicia.
•    Garantizar que Martha Arnold y los  defensores que integran el OPDHBA  puedan realizar su labor de defensoría en un ambiente de seguridad.
•    Exigirle el desmantelamiento de las estructuras de inseguridad en contra de Martha Arnold y  los defensores del derecho a la tierra y el territorio.
Hacer llamamientos a las siguientes autoridades.

Abog. Rolando Argueta  
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Tel (504) 2269-3000  2269-3069
Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

Abogda. Karla Cueva
Sub Secretaria de Estado en los Despachos de
Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización
Tel(fax) (506) 2232-7800

 Oscar Fernando Chinchilla     
Fiscal General de la República.
Fax (504) 2221-5667
Tel (504) 2221-5670  2221-3099

Abog. Soraya Morales
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Ministerio Público

Abog. Javier Guzman
Coordinador Local UMVIBA
Tocoa, Colón,
Tel(fax) (506)2444-3992

Tegucigalpa, MDC., 28 de marzo de 2016.

C  O  F  A  D  E  H

Defensores en linea

Origen: Acción Urgente: UMVIBA coloca en riesgo vida de defensora del Aguán

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NO MÁS FINANCIAMIENTO A PROYECTOS DE MUERTE EN TERRITORIO INDIGENA

La familia de Berta Caceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), La Plataforma de Movimiento Social y Popular de Honduras y la Articulación Popular Berta Caceres, nos presentamos hoy frente a las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica a los 27 días del vil asesinato de nuestra compañera y hermana Berta Isabel Caceres Flores.
Estamos exigiendo a las y los representantes del BCIE que detengan definitivamente el financiamiento que ha realizado este Banco al proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, responsable de la división comunitaria de esta zona, conflictividad y violencia que ha cobrado la vida de compañeros del COPINH y a quienes hacemos parte de los responsables del asesinato de la compañera Bertha Caceres Flores.
Este y otros proyectos que promulgan un supuesto desarrollo son promotores del derramamiento de sangre, porque se presentan con toda su arrogancia, maquinaria, promesas y millones para aplastar la cultura, la espiritualidad, el tejido social, la organización comunitaria, hablando de un bienestar que sólo mejora la vida de los empresarios y dueños transnacionales de estas acciones.
Por siglos las comunidades están en estos territorios haciendo ejercicio de su autonomía y relación con los ríos, la tierra, todos los seres vivos. Ahora las empresas como DESA acusan a grupos de las comunidades de ser violentos, sin embargo hasta que ellos no llegaron no había la muerte y destrucción que ahora nos llena de luto y dolor, ahora donde hubo palabras, hay sangre.
El BCIE no puede alegar inocencia, ni ignorancia de que estos acontecimientos están directamente relacionados con sus intereses e inversiones, tienen las manos llenas de sangre de la gente de esta tierra. Por eso les decimos que están a tiempo de detener los negocios que seguramente les traerán ganancias, que es por lo que existen los bancos, pero además va a acarrearles un gran desprestigio internacional por ser cómplices de la muerte y el horror en este país. Ustedes como personas que hacen parte de estas instituciones tienen que estar concientes que son parte del hilo fino que nos une a todos los seres humanos, y si creen que están lejos de recibir cualquier tipo de impacto negativo de los que sus proyectos promueven se equivocan. La vida es una sola, el agua es una sola, la tierra solo es una, destruirla es un suicidio colectivo.
Queremos decirles que quienes luchamos contra los proyectos de muerte como los que financian, vamos a denunciar en todos los espacios sus actuaciones y proyectos, que la memoria de los pueblos no olvida, y que Honduras, Berta Càceres, el COPINH son patrimonio del mundo, que la lucha nuestra està respaldada por la movilización internacional desde donde millones de personas les están mirando, conociendo sus actuaciones y custodiando que bajo ningún discurso de desarrollo se esconda el crimen, la mentira, el despojo.
Fuera DESA del territorio sagrado del Gualcarque
Fuera todas las empresas que destruyen las comunidades indígenas y negras de Honduras
Basta de financiar a la muerte en nuestras comunidades
Tegucigalpa, 29 de marzo, 2016

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Denunciamos la falta de respuesta y atención de la SRE al caso de Gustavo Castro

Desde Otros Mundos Chiapas A.C. expresamos nuestra preocupación por la falta de respuesta y atención de la Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu al caso de Gustavo Castro Soto.

A más de tres semanas de que la jueza Victorina Flores de Honduras decretara una alerta migratoria por treinta días para Gustavo Castro, sin un marco legal adecuado y contradiciendo el derecho a ser protegido como víctima de un atentado fuera de su país, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no hace valer el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal firmado por ambos países, el cuál indica como primera medida de protección la salida inmediata del país del testigo y la consecuente colaboración en la investigación.

La Secretaria de Relaciones Exteriores tiene conocimiento pleno de la situación de Gustavo Castro: sabe de las irregularidades en el procedimiento de investigación del caso de parte de la Fiscalía, de las excesivas medidas tomadas por la Jueza en Honduras (que incluso cesó a la abogada Ivania Galeano, dejando en indefensión al testigo), conoce las medidas que ha solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras para la protección de Gustavo Castro y la ampliación de medidas también solicitadas para el equipo legal y su hermano Oscar Castro quien se encuentra acompañándole.

Durante estos días, la Fiscalía de Intibucá y la Corte de Apelaciones de Acomayagua, deberán dar respuesta a los recursos legales que interpuso el equipo legal de Gustavo Castro: recurso ante la Fiscalía para revocar la alerta migratoria por treinta días, amparo que denuncia la medida violatoria de derechos del testigo protegido, Habeas Corpus que protege a Gustavo Castro en su calidad de víctima y testigo. Es necesario que estos tengan una respuesta favorable.

Todos los recursos han sido avalados y apoyados por redes, universidades, organizaciones, movimientos nacionales e internacionales, quienes a través del envió del Amicus Curie y cartas dirigidas a la Juez y al Fiscal General de Honduras actúan de forma inmediata a favor de la protección de derechos del ciudadano mexicano.

Todo esto cobra mucha más fuerza ante los señalamientos que los familiares de Bertha Cáceres, el COPINH, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y la Articulación Popular Berta Cáceres hacen acerca de las irregularidades en el caso del asesinato de Berta y de la violación de derechos humanos a Gustavo Castro.

Ante este escenario la Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu, debe actuar para salvaguardar la seguridad física y psicológica de nuestro compañero Gustavo Castro, recibir a la familia Castro Soto y garantizar las medidas necesarias para su pronto regreso. Garantizar su integridad y poner el más alto nivel de acciones para que esto suceda.

OTROS MUNDOS A.C / Amigos de la Tierra México

http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/article/36-otros-temas/36-derechos/2289-comunicado-preocupacion-por-la-falta-de-respuesta-y-atencion-de-la-secretaria-de-relaciones-exteriores

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Baltasar Garzón interpone recurso amicus curiae ante CSJ por caso de Berta Cáceres – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-El reconocido juez internacional de origen español, Baltasar Garzón, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras un recurso amicus curiae, en cuyo escrito alega parsimonia en el proceso de investigación y juicio sobre el asesinato de la líder indígena y ambientalista, Berta Cáceres. La misiva fue enviada por […]

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BCIE se niega a suspender financiamiento para proyecto hidroeléctrico Agua Zarca – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-De última hora CRITERIO  informa que personeros del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se negaron a recibir un pronunciamiento suscrito por organizaciones del movimiento popular, social y de la familia de Berta Cáceres,  que demandan suspender definitivamente la asignación de recursos para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado en el […]

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Carta Pública: TENEMOS DERECHO A CREER QUE USTEDES SON PARTE DEL CRIMEN Y QUE OCULTAN LA INVESTIGACIÓN A LAS VICTIMAS PARA GARANTIZARSE IMPUNIDAD

Señor Presidente de la República, Juan Orlando Hernández,
Señor Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla,
Los familiares de Berta Cáceres, El COPINH, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y la Articulación Popular Berta Cáceres, a oídos de la sociedad hondureña y de la comunidad internacional, nos dirigimos a ustedes para expresar y exigir lo siguiente:
I. Está por cumplirse un mes del crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro. Hasta esta fecha, lo que sabemos con certeza es que ustedes como figuras principales del gobierno y Estado hondureño, no cumplieron con su deber de proteger la vida de Berta, a pesar de sus reiteradas denuncias de amenazas a muerte y que desde 2009 la CIDH les indicó que estaba en graves y reales riesgos y solicitó que la protegieran. Es decir que ustedes ya son responsables de este crimen y esperamos que un día sean juzgados.
II. Posterior al crimen contra Berta y Gustavo Castro se han suscitado varios eventos que corresponde a ustedes explicar y aclarar, pero esto debe hacerse primero a las víctimas y después a quienes ustedes consideren. Entre los principales puntos que deben aclarar están:
a. ¿Quiénes idearon la hipótesis (la única que ustedes han hecho pública), que el crimen contra Berta está relacionado a un conflicto de orden personal o por asuntos internos del COPINH?, ¿qué acciones se han tomado en relación con aquellos funcionarios públicos que fallaron o incumplieron con su obligación de proteger a Berta Cáceres?, ¿Qué acciones han iniciado contra policías, fiscales, testigos y otras personas que en las primeras horas del hecho ya habían resuelto el caso, con notorias falsedades, e insistían en acusar a cualquiera con el propósito de generar impunidad y bajar la presión nacional e internacional que el crimen ha ocasionado?, ¿Qué acciones han iniciado ante la manipulación de la escena del crimen y del proceso investigativo que ha sido denunciada públicamente por varios actores, entre ellos la victima Gustavo Castro? ¿Por qué insisten en retener en el país y seguir violando los derechos humanos de Gustavo Castro, cuando él ha colaborado en la investigación y está dispuesto a seguir colaborando desde su domicilio en México?
b. ¿Por qué ustedes no atienden las peticiones hechas por las  hijas, hijo, madre y demás familiares de Berta?,  ¿Por qué no aceptan una comisión independiente rectorada por la CIDH, para que ayude a investigar el crimen?, ¿Por qué niegan la participación activa de las víctimas en la investigación, a través de sus representantes legales?
c. ¿Qué ocultan,  qué temen a quiénes encubren, por qué insisten en seguir violando los derechos de las víctimas?
d. ¿Qué rol juega el FBI en la investigación del crimen?, ¿en qué ha intervenido este órgano?, ¿quiénes y qué tipo de competencias y experiencias tienen las personas que están supuestamente colaborando con las autoridades hondureñas?, ¿estos agentes del FBI participan de la investigación para asegurar impunidad a DESA a la USAID, a la Embajada de USA en Honduras y a ustedes como gobierno?, ¿cómo se explica y en qué términos está redactado un acuerdo de cooperación entre la USAID y DESA la concesionaria del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y principal sospechosa de idear y ejecutar el crimen contra Berta?
e. ¿Cómo van a explicar el nivel de independencia en la investigación, cuando el actual director de fiscales, Arturo Duarte, participante activo en el proceso investigativo ha sido socio del bufete que representa a DESA y que acusó a Berta en los tribunales de La Esperanza, en 2013?, ¿Ustedes creen que se puede ocultar que el Abogado de DESA, Juan Sánchez Cantillano, ha sido socio y amigo personal del actual director de fiscales Arturo Duarte y que esto constituye una clara fuente de contaminación y manipulación de la investigación?

Señor Presidente y Señor Fiscal General,
Su actitud y las dudas planteadas anteriormente nos dan el derecho a creer que ustedes no solo dejaron de proteger a Berta, sino que pudieron conocer el plan para asesinarla y hoy son parte del plan para que el crimen quede en la impunidad. Es decir que, todas las acciones y omisiones estatales en torno al caso de Berta Cáceres nos permiten afirmar que existe una voluntad expresa del Estado para que no se haga justicia.

Queremos ratificar que, como victimas: familia, COPINH, PMSPH y Articulación Popular Berta Cáceres, estamos determinados a buscar y obtener verdad y la justicia ante este crimen.
Es por eso que les urgimos para que resuelvan las peticiones que las víctimas ya les han hecho llegar a sus escritorios:
a. Que se acepte la intervención de Comisión Independiente de personas expertas internacionales rectorada por la CIDH, para que contribuya de forma activa a la investigación y esclarecimiento del crimen contra Berta y Gustavo Castro;
b. Que se respete el derecho de las víctimas a participar activamente de la investigación que ya adelanta el Ministerio Público;
c. Que se respete y garantice la vida y demás derechos de las víctimas, del COPINH y del equipo jurídico que les acompaña; en particular que se permita continuar con la legítima defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas
d. Que se respete el derecho de la victima Gustavo Castro a retornar a su país, lugar desde el cual seguirá contribuyendo a la investigación, si fuere necesario;
e. Que se revierta y si deje sin ningún valor la concesión sobre el Río Gualcarque a la concesionaria DESA y todas las demás concesiones que afectan, ilegítimamente, el territorio hondureño.
Les exigimos que paren la campaña en contra de la familia de Berta, del COPINH y del Movimiento Social hondureño. Los culpables del fracaso económico y humano que vive el país, son ustedes, junto a una clase política-económica que ha estado al frente del país a punta de corrupción, violencia e ineptitud.
Finalmente, les ratificamos nuestro compromiso inquebrantable de seguir demandando y contribuyendo a que en nuestra Honduras tenga cotidiana presencia la justicia y la dignidad para las víctimas que somos la gran mayoría de hondureños y hondureñas.
Marzo, 2016

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El asesinato de Berta es responsabilidad del Estado y del gobierno de Juan Orlando Hernández

Origen: El asesinato de Berta es responsabilidad del Estado y del gobierno de Juan Orlando Hernández

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En primeras 72 horas se debió entregar informe sobre asesinato de Berta Cáceres: Dennis Castro Bobadilla –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-El reconocido médico forense hondureño, Dennis Castro Bobadilla, cuestionó este lunes la lentitud con la que se está manejando la investigación sobre el asesinato de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres. Castro Bobadilla dijo que la Dirección de Medicina Forense debió entregar el informe forense entre las primeras 72 horas […]

Origen: En primeras 72 horas se debió entregar informe sobre asesinato de Berta Cáceres: Dennis Castro Bobadilla – CRITERIO

 

y programa Frente a Frente: http://televicentro.hn/videos/tvc-frente-a-frente-lunes-28-de-marzo

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Denis Castro desenmascara al gobierno de Honduras – NotiBomba

El reconocido médico forense Denis Castro Bobadilla, alertó que el crimen de la ambientalista Berta

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‘The Honduran Government Wants to Incriminate Us’

Family members of Berta Cáceres, General Coordinator of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH), and the leadership of the organization, accompanied by national and international human rights defenders, held a press conference last Wednesday morning in Tegucigalpa expressing their growing concerns over the Honduran government-led investigation of Cáceres’ assassination.

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Sole witness to Berta Cáceres murder fears he might be framed, lawyer says

Attorney for Gustavo Castro Soto calls on Mexican government to intervene and secure client’s release from Honduras amid growing concern for his safety

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Callejas podría recibir 40 años de prisión – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-Al haberse declarado culpable por dos de los cinco delitos, el expresidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, podría recibir una pena máxima de 40 años de reclusión en los Estados Unidos. Callejas, de 72 años de edad y quien  gobernó a Honduras durante el período 1990-1994, se declaró culpable este lunes […]

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Arranca en Tegucigalpa, la Caravana por la Vida, La Paz y la Justicia – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO Redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Con una conferencia de prensa inició este lunes en Tegucigalpa,  la caravana por la Paz, la Vida y  la Justicia y recorrerá Honduras, El Salvador, Guatemala, México para culminar el próximo 18 de abril en la ciudad de Nueva York frente a la sede de la Organización Naciones Unidas (ONU), […]

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Expresidente de Honduras se declara culpable por pago de sobornos

Rafael Callejas admitió que se apropió de recursos de la FIFA para sobornar a los diputados de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), para reelegirse en el cargo.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. El expresidente hondureño y otrora hombre fuerte del fútbol Rafael Callejas se declaró culpable por conspiración por delincuencia organizada y fraude electrónico en el megaescándalo llamado “Fifagate”.

 

Callejas llegó al tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, para declararse culpable ante el juez que lo citó; llegó vestido de traje negro, camisa blanca, corbata azul y anteojos negros y acompañado por sus dos abogados.

 

Admitió que se apropió de recursos de la FIFA para sobornar a los diputados de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), para reelegirse en el cargo.

 

El expresidente forma parte de una fuerte red de corrupción que involucra a 42 personas más acusadas de soborno, que fue revelada por la secretaria de Justicia de EE.UU., Loretta Lynch.

 

El extitular de la Fenafuth podría enfrentarse a fuertes penas de prisión; no obstante, podría pasar unos cinco años tras las rejas tras admitir dos delitos ante el juez federal.

 

Cabe recordar que Callejas fue enviado a una cárcel de Nueva York, hasta que presentó una fianza superior a los cuatro millones de dólares para quedar en libertad.

 

En la actualidad, es controlado con un grillete electrónico que sólo le permite moverse de manera limitada por la urbe.

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1167-expresidente-de-honduras-se-declara-culpable-por-pago-de-sobornos

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Honduras: muere hijo de exgerente del IHSS preso por corrupción

Las autoridades informaron que Juan Bertetti, hijo del exgerente del IHSS, José Ramón Bertetti (foto), fue ultimado a inmediaciones del complejo deportivo Villa Olímpica, al oriente de la capital de Honduras.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Mientras pretendía asaltar a varios transeuntes, falleció Juan Bertetti, hijo del exgerente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), José Bertetti, encarcelado por corrupción.

 

Las autoridades informaron que Bertetti fue abatido a inmediaciones del complejo deportivo Villa Olímpica, al oriente de la capital de Honduras en el momento que se encontraba junto a otros presuntos compinches asaltando personas que se encontraban en la zona.

 

Efectivos policiales que transitaban por el lugar se percataron del incidente por lo que procedieron a neutralizar la acción delictiva, resultando muerto en el acto Bertetti, de 27 años.

 

Cabe recordar que José Bertetti fue detenido y apresado por estar vinculado al megafraude contra el IHSS que asciende a unos siete mil millones de lempiras.

 

El exgerente administrativo del IHSS permanece detenido en una unidad militar capitalina mientras se le juzga por varios delitos relacionados con el robo de dinero de la institución, dirigida por Mario Zelaya, que se encuentra en prisión.

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1168-honduras-matan-a-hijo-de-exgerente-del-ihss-preso-por-corrupcion

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