Archivos para 20/03/16

ONU certificará investigación en crimen de Berta Cáceres

El fiscal general de Honduras Oscar Chinchilla aseguró que la ONU certificará la investigación sobre el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres.

Origen: ONU certificará investigación en crimen de Berta Cáceres

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Tercera nota de prensa 19 de marzo 2016: Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres” expresa preocupación en relación al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

“MISION INTERNACIONAL JUSTICIA PARA BERTA CÁCERES”

Tercera nota de prensa 19 de marzo 2016

La Esperanza, 19 de marzo de 2016

Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres” expresa preocupación en relación al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres” que mantiene sus actividades estos días en Honduras, expresa su onda preocupación por la incorrecta utilización del nombre del Alto Comisionado  de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte del Gobierno Hondureño en relación a la investigación del Ministerio Fiscal del asesinato de Berta Cáceres.

Desde hace varios días, el Fiscal General de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, ha anunciado que ha solicitado a la oficina hondureña del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que certifique la investigación del Ministerio Fiscal en el caso de la dirigente indígena. Según la información recabada por la Misión Internacional, la oficina del Alto Comisionado no tiene capacidades técnicas ni operativas para poder acompañar las indagaciones del Ministerio Público.

Por otra parte, el Alto Comisionado tampoco tiene un mandato para certificar un proceso de investigación de la Fiscalía de un crimen político como el que se cometió contra la coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), Berta Cáceres. Lo que ha expresado la oficina del Alto Comisionado es que abre la oficina para acompañar a Honduras en temas de derechos humanos a raíz de una solicitud del 2014. Sin embargo, en los medios de comunicación, se afirma que Naciones Unidas esta verificando las actuaciones de la Fiscalía en esta etapa del levantamiento de pruebas y otras diligencias de la investigación fiscal.

La misión tenia previsto reunirse con la oficina del Alto Comisionado en Tegucicalpa el día 18 de marzo a las 12:00 para interesarse por el caso de Berta Cáceres y las afirmaciones del Gobierno hondureño sobre el papel del Alto Comisionado en relación a dicho caso. Lamentablemente la cita fue cancelada 20 minutos antes de llegar a la oficina por razones desconocidas. La misión internacional tenia un interés muy especial en esa reunión después de haber estudiado el importante análisis del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, “Una cuestión de respeto – evitar la complicidad en violaciones de derechos humanos en proyectos de desarrollo” del 17 de marzo.

La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres” se quedará en el país hasta el 20 de marzo, manteniendo reuniones con diversas autoridades y organizaciones del movimiento social.

La delegación está conformada por :

Miguel Urbán Crespo– Europa, Eurodiputado PODEMOS – Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL

Nora Cortiñas– Argentina, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora

Pedro Arrojo– España, Diputado de PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España

José Olvera – México, UNT-CSA México, Unión Nacional de Trabajadores / Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas

Beverly Keene   – Argentina, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina,  integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las  Transnacionales y  poner fin a la Impunidad.

Mirna Perla Jiménez– El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador

Brian Finnegan– Estados Unidos, AFL/CIO – CSA. Federación estadounidense del trabajo y congreso de organizaciones industriales

Zulma Larin– El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia

Natalia Atz Sunuc  – Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC),  integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las  Transnacionales y poner fin a la Impunidad.

Gustavo Lozano  – México, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales  por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA) en articulación con el  movimiento centroamericano.

Tom Kucharz  – España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento  Europeo, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de  las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.

Miguel Ángel de los Santos– México, Abogado de la Red Iberoamericana de Jueces.

 

Segunda nota de prensa 18 de marzo 2016

Noticias de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”

Tegucigalpa, 18 de marzo de 2016

Durante la Rueda de Prensa del día de ayer, 17 de marzo, convocada por el Consejo Cívico de  Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Red de Defensoras y la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”, se subrayó que es evidente que el asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres, acaecido el pasado 3 de marzo es un crimen político. Por ello, se reforzó la necesidad urgente de contar para su esclarecimiento con una comisión internacional de investigación, independiente, imparcial y transparente y se resaltó la obligación del Gobierno de Honduras de facilitar las labores de investigación y evitar cualquier medida que dilate el proceso o aporte confusión. A la vez, la Misión Internacional afirmó que las autoridades, la Presidencia de la República y el Ministerio Fiscal están en la obligación de facilitar toda la información posible y la participación de la familia de Berta Cáceres y de Gustavo Castro, respetando sus derechos como víctimas. Por ejemplo, se reportó que a la familia de Berta Cáceres se le negó el derecho que tiene de nombrar un perito independiente para la autopsia.

Uno de los integrantes de la Misión Internacional, Brian Finnegan, miembro de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL/CIO – CSA) planteó la urgencia en contar con medidas de protección que garanticen la seguridad de Gustavo Castro Soto, de la familia de Berta Cáceres y de lo/as miembro/as de COPINH.

Asimismo, se explicó que el día de ayer tuvo lugar una reunión con el Ministerio Fiscal, en la que la Misión  trasladó su preocupación por que se investigue en base a las sospechas que pesan sobre la propia empresa DESA, responsable del Proyecto Agua Zarca contra la que luchaba la organización de Berta Cáceres, COPINH, por su presunta implicación en el crimen. Otra preocupación que se ha expresado se refiere a la falta de claridad sobre el papel del FBI en la investigación.

Miguel Urbán, Eurodiputado de PODEMOS y representante del Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL, denunció la responsabilidad, por omisión, de la Unión Europea y del Gobierno español en el crimen contra Berta Cáceres, la violencia política en el país y los más 110 asesinatos de defensores/as de derechos humanos. Dado el nivel de impunidad en el caso de las violaciones de Derechos Humanos en Honduras y los abusos y hostigamientos de las Fuerzas Públicas contra miembros del COPINH y otros Movimientos Sociales, planteó la urgencia de que la UE actúe ante la violación de diversos  artículos del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica. Asimismo, recordó que se deben cumplir las cláusulas de derechos humanos de los fondos de cooperación y convenios de cooperación y Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la Unión europea y de sus países miembros. En el caso en que el Gobierno de Honduras incumpla de manera reiterada y sistemática las cláusulas de respeto de los Derechos Humanos, los convenios deben ser cancelados.

Lo/as integrantes de la Misión enfatizaron su preocupación por el estado en que se encuentra retenido el mexicano Gustavo Castro Soto. Demandaron a las autoridades hondureñas que garanticen la vida, integridad personal, seguridad y retorno inmediato de Gustavo Castro Soto a México. En este sentido y con relación al caso particular de Gustavo Castro Soto, la Misión manifestó la urgencia de  que el Estado hondureño a través del Poder Judicial asuma el compromiso de resolver inmediatamente los recursos de amparo y hábeas corpus presentados a favor de Gustavo Castro Soto como respuesta a la medida impuesta de manera ilegal que le prohíbe salir del país. Expresó también la preocupación de que la Corte Suprema a través de la sala de lo Constitucional, teniendo por recibidos los informes de los recursos interpuestos, termine el periodo laboral y entre en el periodo de vacaciones de Semana Santa sin resolver estos recursos. De acuerdo a la propia normativa constitucional, éstos deben resolverse con preminencia y urgencia por referirse a personas que se encuentran privadas de su libertad.

Asimismo, la Misión Internacional expresó su deseo y voluntad de colaborar con los movimientos sociales en Honduras para que los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson Noé García sean los últimos asesinatos que se tengan que condenar.

Finalmente, la Misión anunció ante los medios de comunicación su esperanza de poder concertar una reunión con el Presidente de la República, y con el Fiscal General.

La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres” se quedará en el país hasta el 20 de marzo, sostendrá reuniones con diversas autoridades y organizaciones del movimiento social. Del mismo modo, visitará a la familia de Berta Cáceres y a la coordinación del COPINH en La Esperanza, Intibucá. Las redes de la sociedad civil internacional que apoyan el trabajo de la Misión Internacional llaman la atención sobre la extrema vigilancia en lo que concierne al respeto de los Derechos Humanos, que se debe tener durante el día de hoy, 18 de marzo, ante las múltiples movilizaciones que tendrán lugar en Honduras en protesta por el asesinato de Berta Cáceres, en contra del Proyecto Agua Zarca y en defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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Si esta CSJ avala actuación de la anterior en tema de la reelección, es cómplice de los mismos delitos: Mel Zelaya

Tegucigalpa.-El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Manuel Zelaya Rosales,  presentó este viernes en horas del mediodía, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un reclamo de pronta respuesta para que se pronuncien sobre el recurso que presentaron hace 4 meses, en el cual exigen que se anule la sentencia ilegal que violentó la Constitución sobre la reelección.
Conferencia MEL
El también expresidente de Honduras,  señaló de manera enérgica que, “si esta nueva CSJ avala el crimen que cometió la corte anterior, serán cómplices de ese acto inconstitucional e ilegal que no prescribe y que constituye delito de traición a la patria”.
El reclamo presentado hoy,  está basado en principios constitucionales de soberanía popular que fue usurpada por la sala constitucional de la corte pasada. Además de la usurpación de funciones que no les competen han cometido un delito y un crimen denunciado en ese mismo documento y “aquí mismo llamamos a la Fiscalía General del Estado para que se proceda de forma inmediata”, acotó Zelaya.
Zelaya apuntó que, el argumento espurio que están usando algunos leguleyos hondureños que dicen que el caso de la reelección “es cosa juzgada”, es totalmente arbitrario. No se puede asumir que la justificación de un delito, que la acción criminal que significa violar la Constitución se pueda calificar como cosa juzgada.
La sala constitucional de la Corte anterior, cometió un delito que debe ser juzgado y sancionado y si esta Corte recién electa, desconoce los principios democráticos del concepto más fundamental del sistema hondureño, que es el respeto a la soberanía popular y permite la usurpación de ese concepto,  serán igualmente responsables de los mismos delitos que la anterior.
Zelaya recalcó que,  si esta nueva corte viene a absolver a la Corte anterior en el crimen del Golpe de Estado, en el crimen de usurpar las facultades que no le competen al reformar los artículos irreformables de la Constitución, esta nueva corte se constituirá en cómplice de estos delitos y de estos crímenes que son identificados como crímenes imprescriptibles y de alta traición a la patria.
Si esta Corte engaveta esta pronta respuesta que le estamos pidiendo y actúa a espaldas del pueblo, estará ratificando que hay una complicidad para mantener este tipo de violaciones a los derechos humanos y perderíamos totalmente la confianza que en algún momento el pueblo hondureño ha querido depositar en ellos.
 Zelaya Rosales, recordó que hace 4 meses presentaron junto a un grupo de diputados un recurso de inconstitucionalidad, pidiendo la anulación del fallo de la Sala de lo Constitucional sobre la reelección, citando el artículo 4 de la carta Magna que manda que la alternabilidad en el poder es parte esencial de la Constitución y este artículo está vigente.
Finalmente,  el presidente de la bancada de Libre en el Congreso Nacional manifestó que,  los artículos pétreos solo pueden ser reformados por una Asamblea Nacional Constituyente,
 http://criterio.hn/esta-csj-avala-actuacion-la-anterior-tema-la-reeleccion-complice-los-mismos-delitos-mel-zelaya/

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Mel’ Zelaya: ‘Sala de lo Constitucional cometió un crimen

El coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya pidió este viernes que se anule el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que permite hablar de reelección presidencial en Honduras.
“La Sala de lo Constitucional anterior cometió un delito y un crimen, debe ser sancionada y debe ser considerarse como alta traición a la patria”, demandó el expresidente.
El expresidente recordó que se presentó ante la secretaría de la Sala de lo Constitucional un recurso para la anulación del decreto que aprueba la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución de la República.
Ese artículo prohíbe hablar de reelección en el país y establece las sanciones para los funcionarios que la promuevan, pero el mismo es inaplicable, a raíz de la resolución de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y esa decisión da luz verde a la reelección.

Zelaya explicó que se está cuestionando el procedimiento por el que se cambió los artículos 4, 239 y 374 de la Constitución de la República, considerados pétreos y todos referentes a la alternabilidad en la presidencia de Honduras.

“Voy a ser más claro, si esta Corte de Justicia nueva viene a absolver a la Corte anterior en el crimen de usurpar las facultades que no le competen, al reformar los artículos irreformables de la Constitución, se convertirá en cómplice de estos delitos”, sentenció el exmandatario.

El coordinador de Libre fue consultado sobre la posibilidad que tendría a optar por la reelección en los próximos comicios presidenciales, a lo que respondió: “el concepto de la reelección está prohibido” en la legislación hondureña.

A su criterio, para esa posibilidad, deben seguirse los mecanismos que establece la misma Constitución de la República, que son el plebiscito y el referéndum.

“Hay una forma para que se puede hablar de la reelección, y por eso hay que pedirle a  Juan Orlando Hernández, que proceda con el plebiscito, que proceda con el referéndum, para que cambie la Constitución”, pidió Zelaya.
Zelaya recordó que fue el actual mandatario, durante su gestión como titular del Congreso Nacional, quien aprobó la aplicación de esos mecanismos  de consulta en Honduras.

Agregó que este es el momento para hacer la consulta popular, “ya no con la intención”, si no con el objetivo de hacer una verdadera reforma.
http://www.latribuna.hn/2016/03/18/mel-zelaya-sala-lo-constitucional-cometio-crimen/

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Honduras: Presentan recurso de Habeas Corpus a favor de Gustavo Castro

La Tribuna.hn/ 18 Mar, 2016 – 11:01 am

Miembros de organismos de derechos humanos de Honduras presentaron este viernes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso de Habeas Corpus a favor del ambientalista mexicano Gustavo Castro.  El recurso fue presentado por el abogado Edy Tabora, en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
El abogado señaló que desde el miércoles anterior se presentó el recurso de Habeas Corpus, por lo que solicitó que el juez ejecutor emita una resolución a favor del ambientalista.

“El juez ejecutor ya compareció en la ciudad de La Esperanza y en Tegucigalpa, entrevistó al señor Gustavo Castro”, explicó el abogado

Tabora informó que se espera una resolución favorable para Castro este mismo viernes, antes que los empleados de la CSJ se tomen las vacaciones de Semana Santa.

Asimismo consideró que la retención de Castro es una medida ilegal, que no está contemplada en la legislación hondureña, porque se restringe un derecho fundamental.

“No existe una norma que permita la retención de la víctima y testigo, ya que se establece que este tiempo, solo es de seis horas”.

Agregó que ya pasaron 14 días del crimen, por lo que si había elementos para considerar a Castro sospechoso, la acusación debió presentarse el mismo día del hecho.

Castro es considerado testigo clave en el caso del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el pasado 3 de marzo en su vivienda en La Esperanza, Intibucá, al occidente de Honduras.

El ambientalista se encuentra en Honduras desde que fue retenido el pasado 6 de marzo cuando intentó dejar el país para viajar a México.

Los familiares de Castro y varias organizaciones de derechos humanos han elevado un clamor a nivel nacional e internacional solicitando que se le permita salir de Honduras, ya que consideran que la vida del ambientalista corre peligro.

El recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal, es una garantía constitucional que promueve que se restituya de inmediato el derecho a la libertad, en este caso de Gustavo Castro.
http://www.latribuna.hn/2016/03/18/presentan-recurso-habeas-corpus-favor-gustavo-castro/

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Comunidades en Atlántida arrecian lucha ante instalación de mineras e hidroeléctricas

Ejerciendo el derecho a decidir sobre el uso de sus bienes naturales comunes, a través de un cabildo abierto  la ciudadanía del municipio de La Másica, Atlántida, declaró al río Zapote, exclusivo para consumo humano.  Esta acción se enmarca en el trabajo de organización e incidencia que realiza el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en esta zona.

En el departamento de Atlántida, la población San Francisco, Arizona y ahora La Másica, se han autoproclamado  defensoras de la madre tierra al decir NO a la intenciones que tienen las empresas mineras e hidroeléctricas de instalarse en sus comunidades sin el desarrollo de la consulta previa, libre e informada.

Actualmente más del 35% del territorio nacional está concesionado para la extracción minera, sumándole a esto las concesiones de los ríos, se podría decir que cerca del 50% del territorio se encuentra en manos de la industria extractiva para la explotación de los bienes naturales comunes.

La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras (PMSPH), ha denunciado que existen más de 300 nuevas concesiones mineras, 68 concesiones de ríos para la instalación de represas hidroeléctricas y varias concesiones para la construcción de proyectos turísticos.

Según el ambientalista Juan Mejía, Santa Bárbara, Atlántida y Yoro  son los departamentos  donde existe el mayor número de concesiones mineras, sin olvidar otras regiones del país, como la zona sur, el departamento de Colón y el resto los departamentos del occidente.

Origen: Comunidades en Atlántida arrecian lucha ante instalación de mineras e hidroeléctricas

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Pueblos indígenas de Honduras se juntan para exigir justicia

Origen: Pueblos indígenas de Honduras se juntan para exigir justicia

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Gobierno sigue politizando la justicia en Honduras

Declarar inconstitucional el nombramiento de los concejales del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial es la nueva pieza que movió el gobierno de Juan Orlando Hernández para seguir concentrando poder, así analizó la decisión de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia-CJS-, el abogado Omar Menjivar.

Esta semana la Corte, por unanimidad de votos, otorgó al presidente del poder Judicial, Rolando Argueta, toda autoridad para gobernar. Lo anterior después de que los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional declararan inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura.

“Lamentablemente todo lo que tiene que ver con justicia en el país ha sido evidentemente politizado y esto es una nueva ocasión para que los políticos, especialmente los que están el poder, aprovechen la coyuntura. Esta decisión se convierte en la oportunidad de retomar el gobierno del poder Judicial.  Hoy que el Partido Nacional tiene la Corte Suprema con mayoría nacionalista, sin ningún problema ha declarado inconstitucional el nombramiento de los titulares del Consejo de la Judicatura, lo ha hecho con anticipación, el mismo presidente de la Corte sin que haya ido a discusión a la Sala Constitucional y entonces uno no sabe si lo declara inconstitucional porque efectivamente es inconstitucional o porque le conviene políticamente al poder. Todo esto nos demuestra que la Corte se está politizando”, dijo Menjívar.

El abogado Omar Menjivar asegura que es necesario el funcionamiento del Consejo de la Judicatura porque mantiene separadas las funciones jurisdiccionales y las administrativas. “Este Consejo se debe encargar de las funciones administrativas para que el pleno de la CSJ se dedique a aplicar la ley a los casos concretos, resolver los recursos de casación, amparo y de inconstitucionalidad”.

El abogado Mario Díaz, presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia dijo que la ciudadanía debe entender que no es la ley la que fracasó, fueron sus miembros que actuaron contra la ley. “Es necesario que se mantengan separadas las funciones jurisdiccionales y administrativas”, dijo Díaz.

Se deroga la ley

La Corte Suprema de Justicia mediante su vocero Melvin Duarte leyó el documento que deroga de forma total el decreto 19-2011 que dio vida al Consejo de la Judicatura.

Se deroga por efecto extensivo el artículo 90 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que establece que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto legal, podrá también declarar inconstitucionales aquellos preceptos  de la misma ley u otras con las que tenga una relación directa necesaria.

Este pleno igualmente se pronuncia abrogando por efecto extensivo según el artículo 90 de la Ley de Justicia Constitucional, el decreto 103, número 14 que contiene el nombramiento general de tribunales e inspectoría adjunta de tribunales.

Duarte siguió leyendo que se declaró no a lugar lo peticionado en el recurso consistente en dejar sin valor ni efecto las reformas a los artículos 313 y 317 constitucionales. Debe interpretarse que el Consejo de la Judicatura, como figura continúa y debe continuar existiendo como órgano.

En la declaratoria de a lugar sobresalen los siguientes puntos:

Por la iniciativa de ley que le confiere la Constitución de la Republica, será la Corte Suprema de Justicia la que redacte el anteproyecto de la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.

En la nueva ley y por el principio de respeto pleno a la independencia judicial, este pleno ha establecido que los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial deben ser nombrados por la Corte.

La Abrogación del decreto 219-2011 que contiene la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, implica la puesta en vigencia nuevamente de la anterior Ley de la Carrera Judicial de 1980, mientras se pone en vigencia la nueva ley.

En atención al decreto 5-2011 que ratificó a su vez el 282-2010 que es el que se refiere a las reformas de los artículos constitucionales 313 y 317 donde se estableció además de organizar, dirigir el Poder Judicial y en atención a este fallo, volver a idéntica situación que cuando se emitió la ratificación mediante el 5-2011 al 282-2010 y evitando crear un vacío en la administración de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial, el pleno por unanimidad de votos, decidió estar de acuerdo con el articulo numero 3 transitorio de ese decreto número 5-2011 que es precisamente que el presidente de la CSJ tendrá el manejo de los recursos materiales y humanos conforme a la ley y no de manera arbitraria.

En la nueva ley debe quedar sumamente claro que el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial se constituye en un órgano auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y en general del Poder Judicial en ocasión que el órgano principal de este poder del Estado es precisamente la Corte Suprema de Justicia.

Despolitizar la justicia

El Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial es un proceso de modernización en el mundo, Honduras ha estado a la saga. Por iniciativa de la Asociación de Jueces por la Democracia se empieza a implementar el concepto de Consejo de la Judicatura  como un órgano del gobierno de los jueces, como un ente que va a regular la función administrativa de la Corte, dijo el abogado Luís Chevez, de la AJD.

“Desde su creación se pretendía que el Consejo de la Judicatura fuera amplío y democrático, en donde no debía tener participación el presidente de la CSJ, mucho menos que ocupara la presidencia del mismo, porque lo que se buscaba era un órgano verdaderamente independiente e imparcial, pero en la práctica eso se adulteró por la injerencia de los políticos”.

El abogado Chevez asegura que el Consejo de la Judicatura debería servir para estabilizar el Estado de derecho, pero en Honduras se pasó a intervenir políticamente cuando establecen que es el Congreso Nacional quien debe elegir a los concejales, y peor aún, cuando deciden que sea el mismo presidente de la Corte quien debe presidir este órgano.

El miembro de la AJD recuerda que en el año 2013 en horas de la madrugada el Congreso Nacional eligió a los miembros del Consejo de la Judicatura, en una clara muestra de la intervención de los políticos, lo que llevó a que los concejales fueran los fieles representantes de los grupos de poder que ahora mantienen secuestrada la justicia en Honduras.

Origen: Gobierno sigue politizando la justicia en Honduras

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FMO estaba advertido de la tragedia en comunidad Lenca

Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca y defensora de la Madre Tierra, luchó contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el Río Gualcarque.

Berta se opuso contra las intenciones de la empresa Desarrollo Energético S.A (DESA), y le costó su vida.

A 15 días de su vil y cobarde asesinato, y después de la sangre derramada en la comunidad de Río Blanco -zona del Río Gualcarque- y las constantes violaciones a los derechos humanos, el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), decidió cancelar las  actividades en Honduras.

“Dada la presente situación, y la continua violencia, FMO ha decidido suspender todas sus actividades en Honduras, con efecto inmediato. Esto quiere decir que no comenzaremos nuevos proyectos o compromisos, ni se realizarán desembolsos, lo cual incluye el proyecto de Agua Zarca”.

El anuncio del FMO, que financia el proyecto Agua Zarca de la familia Atala y que levanta a costa de la vida de los defensores el proyecto extractivista, se da un días después del asesinato Nelson García, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Según el comunicado los ejecutivos del FMO piden “al gobierno de Honduras, que emplee todas las herramientas para garantizar que las personas defiendan sus derechos”.

La suspensión no significa alegría

Al igual que Berta Cáceres las organizaciones indígenas y garífunas, el COPINH y su familia ha demando la salida inmediata de DESA de la zona de Río Blanco, por lo tanto Víctor Fernández, integrante de la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares, dice que  suspender las actividades “no es un hecho de alegría”.

“Pero además porque ya conocían de esta conflictividades, porque Bertita no es la primera asesinada en este conflicto, ellos son responsables de la sangre que ha corrido en nuestros pueblos” añadió Fernández.

Le recuerda al FMO que no solo quieren su salida de los territorios ancestrales lencas y del país, sino que “paguen por todo lo que han generado a partir del financiamiento de estos proyectos”.

************VICTOR FERNANDEZ – Paran Trabajos en Agua Zarca ************

Violaciones  a derechos humanos ahuyentan a inversionistas extranjeros

A la noticia del FMO se le que une que el Fondo de Inversión Finlandés (Finnfund) también canceló el destino de fondos para los proyectos en la zona.

Hugo Noé Pino, reconocido economista, ha manifestado  que aún queda la duda si ese retiro es definitivo o solamente mientras duran las investigaciones por el asesinato de Berta Cáceres.

Al tiempo que asegura que una decisión como la que tomaron los bancos inversionistas es reflejo que a nivel internacional “nuestro país se conoce como un Estado violador de derechos humanos y eso ahuyenta a los inversionistas extranjeros”.

“Obviamente que para la mayor parte del pueblo hondureño la suspensión debería de ser realmente definitiva por un proyecto que atenta contra los recursos naturales, contra los pueblos indígenas de nuestro país”.

El exdirector del Banco Central de Honduras, debate que en países donde “verdaderamente” existe Estado de derecho la violación a derechos humanos, la asociación a la muerte de Berta Cáceres “preocupa seriamente a empresarios privados “.

“El impacto que tiene en los inversionistas nacionales o extranjeros es una situación más complicada. Ninguno de los dos bancos opera formalmente en el país, es decir no tienen agencias, no tiene representaciones, ellos solo se han encargado de financiar a la compañía constructora, pero el hecho de que no operen en el país no quiere decir que no tenga un impacto, recorre a los inversionistas financieros y pone en entre dicho realmente el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho en Honduras”, remarcó Pino.

El pueblo lenca de Río Blanco ha cumplido  tres años  de lucha defendiendo su autonomía sobre el Río Gualcarque, territorio ancestral donde la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA),  pretende adueñarse por 30 años las instalando  arbitrariamente el proyecto hidroeléctrico  “Agua Zarca”.

Comisión Internacional de Justicia

Mientras en las calles las organizaciones garífunas, sociales y populares se movilizaban en exigencia de justicia en el asesinato de Berta Cáceres, la misión de justicia internacional, en conferencia de prensa denunció que las autoridades del Ministerio Público no los recibieron, tal como ya lo habían confirmado, para brindar detalles de la investigación del asesinato de Cáceres, denunció la ex magistrada Salvadoreña Mirna Perla, quien es parte de esta comisión internacional de justicia.

El Eurodiputado español Miguel Urban Crespo manifestó el repudio por el asesinato contra Berta Cáceres los trajo a Honduras. También dijo públicamente que están apoyando las acciones de la familia de Cáceres, del COPINH y denunciando a nivel internacional la situación de indefensión y violencia que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

Además del eurodiputado español Miguel Urbán, de Podemos; también son parte de la misión Pedro Arrojo; los miembros del ParlaSur Daniel Caggiani y Lilian Galán; la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador, Mirna Perla y otros activistas latinoamericanos.

Origen: FMO estaba advertido de la tragedia en comunidad Lenca

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¿Quién está detrás del cierre de la DEI?

Era cuestión de tiempo para que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en Honduras siguiera el camino de las demás instituciones estatales. Ésta semana se consumó el cierre de la entidad junto al despido de más de mil 500 trabajadores y trabajadoras.

Meses atrás la DEI sufrió depuraciones. Desde el nombramiento de Mirian Guzmán como directora ejecutiva se implementaron medidas contra los trabajadores, como las pruebas de confianza, investigaciones y despidos, la nómina laboral bajó de 2500 trabajadores a 1500 en un par de meses.

Las determinaciones en la DEI se dieron bajo el ritmo del Fondo Monetario Internacional (FMI) quienes luego de sus reiteradas visitas al país sugirieron al Estado la depuración y privatizaciones de las empresas estatales a cambio de financiamiento; para el caso la Empresa Nacional de Energía Eléctrica sufrió la suspensión de más de 2 mil empleados, destino similar vivió la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel), la Empresa Nacional Portuaria (ENP), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y en la actualidad todas se encuentra en procesos de transición a través de inversiones público-privadas.

Bajo tal tendencia el gobierno de Juan Orlando Hernández propone un nuevo ente regulador en sustitución de la DEI, bajo el argumento que la entidad estaba llena de empleados corruptos, que eran sobornados y que incluso tenían nexos con el crimen organizado, por lo tanto se nombró una junta de transición que liderará la abogada Ángela Madrid exdirectora de la DEI en San Pedro Sula.

Golpe a los trabajadores

“Tengo más de diez años de trabajar en la institución, desde que asumió este gobierno me acostumbré a ver militarizada la oficina, fiscalizándonos como si los empleados fuéramos delincuentes, ese era solo el inició de lo que ya se consumó, el cierre de la DEI.
Ahora quedamos en la calle, tenemos que conseguir prestado para viajar a Tegucigalpa a gestionar nuestras prestaciones, es un duro golpe contra los trabajadores y trabajadoras de la institución”, dijo una ex empleada a Radio Progreso, quien prefirió ocultar su identidad por miedo a represalias de las autoridades gubernamentales.

Así como los demás sindicalistas del sector público, los empleados de la DEI son los que sacan la peor parte del descalabro del ente tributario, aproximadamente mil 500 quedaron en la calle y ahora deben iniciar un proceso de gestión para recibir el pago de sus derechos laborales.

En este último año la clase trabajadora en Honduras ha sido golpeada salvajemente, ejemplos de la situación son las víctimas del cierre forzoso que hizo la BNBS al Grupo Financiero Continental que dejó a más de 25 mil nuevos desempleados en el país, en su mayoría aún sin recibir el pago de sus prestaciones.

“Todo inició con un ataque sistemático a las organizaciones de trabajadores. Por una parte el gobierno le apostó a sobornar a cambio de cuotas de poder a las centrales obreras, ahora ellas bailan al ritmo del gobierno, luego el Estado asentó toda su fuerza contra los sindicatos más beligerantes hasta que a través de los despidos los desarticuló y luego ubicó a sus activistas al frente de las estructuras, todo para evitar acciones de resistencia ante lo planificado”, dijo el analista político Domingo Godoy.

Godoy considera que en este momento hay una oposición de diente a labio de las centrales obreras, que en el pasado salían de forma permanente a las calles para defender sus derechos. Hoy en día la situación cambio, la clase trabajadora ha sido exprimida a vista y paciencia de las organizaciones laborales.

¿Quién está detrás de todo?

“omingo Godoy asegura que el sistema económico impulsado desde los organismos internacionales es el principal responsable de las modificaciones, cierres y privatizaciones de lo público.

El economista Wilfredo Flores dijo que el Fondo Monetario Internacional en las visitas posteriores al golpe de Estado del 2009 orientó su política de fortalecer al gobierno y apostarle a su financiamiento a cambio de varias condiciones.

Algunas de esas condiciones son reducir a través de despidos el número de trabajadores públicos, destruir las organizaciones sindicales y apostarle a las inversiones público privadas, todo eso a cambio de financiar al Estado.

“Cuando los organismos internacionales financian al Estado lo atan de pies y manos y eso permite que ellos puedan dirigir la política del gobierno, de esa forma imponen su política neoliberal en la región que ya ha tenido ejemplos claros como el de Colombia y otros de América del Sur”, manifestó Flores.

Flores cree que los organismos internacionales son los principales precursores de lo que pasa en las entidades estatales, pero también considera que detrás de esta determinación dentro de la DEI hay otro grupo interesado y es que en contubernio con el gobierno cree que toda la transición servirá para borrar algunos datos en torno a sectores empresariales que en este momento deben cantidades ostentosas al régimen tributario hondureño.

“Quisiera no pensar que detrás de todo también hay mafias empresariales, ligadas al gobierno de Juan Orlando Hernández quienes se podrían aprovechar de este proceso de transición para desaparecer montos y sustituirlo por otros, todo a cambio de apoyo político durante la próxima campaña electoral de Hernández.

Con esto el oficialismo amarra y se fortalece en el marco de sus pretensiones reeleccionistas”, concluyó Flores.

Nuevo ente tributario

A partir de este proceso de transición el gobierno elaborará un nuevo código tributario que será administrado a través de la nueva entidad administradora y que incluso aplicará pruebas de confianza para contratar a los empleados.

“Tiene que cerrarse (la DEI) para abrir una nueva institución con personal altamente calificado que pase las pruebas de confianza y que sea altamente profesional”, expresó el presidente Juan Orlando Hernández a los medios de comunicación.

Además expuso que habrá buenos sueldos y a la vez ese personal tendrá asegurado su sistema de vivienda, todas sus necesidades como familia y como persona. “Como quien trabaja en la nueva administración tributaria del país, que tenga resueltos esos problemas y que no esté pensando en que si le va a pedir dinero a un empresario o va a aceptar un soborno”, aseguró.

Con esta dinámica el gobierno modificará la forma de recaudación tributaria e implementará un nuevo sistema del que hasta la fecha saltan más dudas que respuestas.

Origen: ¿Quién está detrás del cierre de la DEI?

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