Seguro social: dos años de intervención, misma corrupción

Una nueva página de la novela trágica del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) salió a la luz pública esta semana. La Unidad de Apoyo fiscal junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) allanaron las oficinas del IHSS ubicadas en Barrio Abajo en Tegucigalpa para recopilar información sobre un nuevo acto de corrupción.

Agentes de la ATIC recogieron documentación sobre la compra de repuestos de vehículos que al parecer están sobrevalorados y que la Junta Interventora aprobó su adquisición durante el año 2015.

Héctor Morales de Apoyo Fiscal dijo que la recolección de información se hace para saber si hay indicios de irregularidades y proceder a interponer requerimientos fiscales a las personas que podrían estar vinculadas con este nuevo acto de corrupción en una institución intervenida desde hace dos años en uno de los actos de corrupción más sonados en Honduras.

Sin dar mayores detalles de la investigación Morales dijo que con esta acusación suman 30 líneas de investigación que se siguen en el desfalco del Seguro Social-unos 7 mil millones de lempiras, 350 millones de dólares-. “En este caso hay 52 personas que están siendo investigadas, 10 están en prisión, incluido su ex director Mario Zelaya y hay otras 12 órdenes de captura por ejecutar”.

Ante las investigaciones, German Leizelar de la Comisión Interventora, salió al paso asegurando que ellos tienen toda la documentación que respalda las compras y cada una de las acciones que han desarrollo en estos dos años de intervención.

Antecedentes 

Fue en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa que se intervino el Seguro Social. En ese momento se destituyó a su director Mario Zelaya y se nombró una Junta Interventora  debido a la crisis que se tradujo en falta de medicamentos, mala atención y otros temas que han puesto en precariedad la institución.

La comisión interventora fue integrada por la presidenta de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) Vilma Morales; el comisionado de esa institución, Roberto Salinas, y el ex diputado German Leitzelar.

Los objetivos de la Comisión era mejorar la calidad de los servicios, reestructurar la administración y gestión del personal, y garantizar el abastecimiento de medicamentos, realidades que luego de dos años siguen igual y peor.

El sociólogo Elvin Hernández cree que el trabajo que la Junta Interventora en estos dos años se enmarca en la labor de otras intervenciones que están relacionadas a brindar protección a las cúpulas de políticos y empresarios que participaron en el saqueo.

“Los integrantes de la Junta Interventora son hombres y mujeres con una fuerte lealtad a las cúpulas del bipartidismo hondureño. Tanto Vilma Cecilia Morales como German Leizelar, sirven de apaga fuego en varias instituciones, como personajes fichas que están allí para defender los intereses de los poderosos. Pero eso no nos extraña que aparezcan y hayan conformado Juntas Interventoras en varias instancias”, dijo Hernández.

“El mensaje fundamental que se quiere dejar, es que no hay voluntad política de acatar la corrupción en Honduras. En este momento el principal obstáculo para investigar es la misma Junta Interventora, que llegó para tapar la corrupción del IHSS”, concluyó diciendo el sociólogo.

Más denuncia 

Esta nueva línea de investigación se suma a la denuncia que iniciando el año hizo el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sobre una sobrevaloración de aproximadamente quince millones de lempiras por la instalación y suministro de red exterior, reguladores de voltaje, tableros de media/ baja tensión y construcción de obras civiles periféricas en el hospital regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por parte de ex servidores públicos con participación de particulares durante la administración 2010-2014.

El informe presentado por el CNA reveló actos irregulares relacionados con el contrato número 038-2011 que el IHSS suscribió por medio de su director ejecutivo el 8 de septiembre de 2011, con una sociedad mercantil privada con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, dicho contrato tenía por objeto la instalación y suministro de red, reguladores de voltaje, tableros de media/ baja tensión y construcción de obras civiles periféricas para el hospital regional del Norte del IHSS.

Tal como lo mencionó en su momento, el abogado Dagoberto Aspra, encargado de las investigaciones del CNA, el proceso se tramitó a través de contratación directa por un monto de cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y un mil quinientos dieciocho lempiras, monto que de acuerdo a los hechos denunciados presentaba una sobrevaloración.

Como producto de la investigación, se logró determinar que existe una sobrevaloración en los costos de obras civiles por un valor de dos millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos once lempiras y una sobrevaloración del contrato en los costos del rubro de instalaciones eléctricas por un valor de doce millones quinientos ochenta mil seiscientos sesenta y siete lempiras.

Según inspecciones de campo se logró constatar que 16 obras que debieron ser instaladas no existen o no fueron ejecutadas por la empresa contratada, monto que representa en el contrato pagado una suma de doscientos sesenta mil seiscientos sesenta y siete lempiras con ochenta y tres centavos (L. 260,667.83), obteniendo como resultado del avaluó practicado un valor final por sobrevaloración de catorce millones novecientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y seis lempiras.

La denuncia fue presentada al Ministerio Público, por parte de la abogada Gabriela Castellanos y el doctor Dagoberto Aspra Iglesias, directora ejecutiva y jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos respectivamente del CNA.

Para Elvin Hernández el caso del Seguro Social es la muestra que aunque se instalen y firmen acuerdos internacionales, llámese CICI-H o MACCIH,  para luchar contra la corrupción no avanzará ni hará que paguen los corruptos e impunes si no hay voluntad de la clase política de dejar sus prácticas de abusos e irregularidades.

Origen: Seguro social: dos años de intervención, misma corrupción

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