Archivos para 25/01/16

Un nuevo crimen, una nueva fechoría del crimen organizado hecho Estado –

Por: Ricardo Arturo Salgado Las claves parecen simples, se va a elegir una CSJ por la sacrosanta voluntad de los Estados Unidos, cuya injerencia en Honduras es hoy más grande y avasalladora que nunca; ellos, han dado luz verde a este proceso, que además de vil es irreversible. Ahora bien, eso era previsible hace […]

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Elección CSJ: Bipartidismo pelea por magistrados y no por la justicia

Hoy por la tarde se elige la nueva Corte Suprema de Justicia por un periodo de 7 años. Las negociaciones (…)

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Congreso cierra legislatura sin reformas electorales

El Congreso Nacional cerró este día la segunda legislatura quedando en deuda con mas de 1 millón de (…)

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Diputado Esdras Amado López presenta reforma constitucional para que LIBRE tenga representante en el Tribunal Supremo Electoral

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

El Congreso Nacional conoció hoy domingo una iniciativa de reforma del artículo 52 de la Constitución de la República para ampliar a cinco los magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), minutos antes del cierre de la segunda legislatura.

La iniciativa fue presentada por el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Esdras Amado López, a su nombre y en del compañero de la misma agrupación Dennys Sánchez, quien dijo que se necesita una mayor equidad en el ente electoral.

La reforma constitucional pedida por el diputado Amado López busca que los partidos Libre y PAC logren tener un puesto titular en el TSE.

Actualmente el tribunal lo dirigen tres magistrados propietarios y de aprobarse la reforma constitucional ampliaría otros dos, además de sumarle dos magistrados suplentes.

Con ello quedarían los siete partidos con representación en el Congreso Nacional con un magistrado en el TSE.

La propuesta de los diputados de Libre se turnó a dictamen de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y debe ser aprobada en la tercera legislatura y ratificada en la subsiguiente.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dijo que la iniciativa debe ser discutida en la siguiente legislatura y rechazó que la misma esté vinculada a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que se realizará mañana lunes.

Oliva indicó que se requerirá de un “enorme proceso” de diálogo, de conversaciones entre los diferentes bancadas y partidos para que pueda ser aprobada por el pleno de la cámara legislativa.

El titular del Congreso Nacional recordó que la iniciativa de ampliar el TSE, vía reforma constitucional del artículo 52, debe ser analizada previamente por la comisión dictaminadora.

Indicó que él le ha reiterado al expresidente y jefe del partido Libre, Manuel Zelaya, que está abierto al diálogo para lograr un consenso.

Los partidos Libre y PAC han venido reclamando que uno de sus miembros debe integrar el Tribunal Supremo Electoral, ya que son la segunda y cuarta fuerza política del país y también del parlamento.

Actualmente los partidos Nacional, Liberal y Democracia Cristiana tienen representantes propietarios ante el referido tribunal, con la adición de Libre y PAC quedarían cinco fuerzas políticas en el TSE. Se espera que los partidos Unificación Democrática (UD) y PINU nombren los magistrados suplentes.

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Vergonzoso: Magistrado Víctor Lozano admite que fallo fue un error y pide perdón

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Con aparente calma y de manera natural, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) calificó como un “error” el sobreseimiento definitivo que se dictó a favor de siete exmiembros de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), acusados penalmente por trasladar 1,500 millones de lempiras entre los regímenes de Enfermedad y Maternidad (EM) e Invalidez Vejez y Muerte (IVM).

 “Tengo que pedir perdón al pueblo si he cometido un error y rectificar mi error porque tengo la oportunidad con una reposición”, dijo el funcionario, quien en noviembre pasado  también pidió perdón por unas escuchas telefónicas que salieron a la luz pública y que evidencian la forma en la que se ponía de acuerdo con el vicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla, para traficar con influencias y hacer negocios con el presupuesto del Poder Judicial, desde sus puestos.

Al dictar sobreseimiento definitivo “realmente cometí un error”, expresó Lozano, quien a la vez se justificó en cometer la aberración jurídica “por la presión que tenía de varios trabajos y no hice lo que tenía que haber hecho, hincapié en estudiar ese fallo”, remarcó.

El también descalificado por la Junta Nominadora para ser reelecto como magistrado a la CSJ, reconoció que “ese fallo no es cualquiera porque están involucradas personas en el latrocinio que se ha cometido al Seguro Social”.

También dijo que  “el hecho de habernos pronunciado, dos o tres días antes que concluir nuestras funciones, realmente el pueblo tiene razón en ver extraño y pudiera decirse o verse como alguna intención de esconder cosas al pueblo”.

PIDE PERDÓN

Convencido en que cometió un error dijo: “tengo que pedir perdón al pueblo si he cometido un error y rectificar mi error porque tengo la oportunidad con una reposición”.

“Yo tengo que aceptar verdaderamente que si el pueblo hondureño no reacciona, yo hubiera creído que lo que había hecho estaba perfectamente bien”, prosiguió

Finalmente manifestó que desea ponerse de acuerdo con la Corte de Apelaciones para resolver el recurso de reposición y no dejar problemas a la Corte que será electa este 25 de enero en el Congreso Nacional.

El 22 de enero pasado  la Corte de Apelaciones, integrada por Víctor Lozano, Edith María López y Jorge Rivera Avilés, decretaron sobreseimiento definitivo a favor de  los exdirectivos del IHSS.

En la lista de los favorecidos con la medida, se encuentra el exsecretario de Salud, Arturo Bendaña Pinel, Leonardo Villeda Bermúdez, Carlos Montes Rodríguez, José Hilario Espinosa Herrera, José Humberto Lara Enamorado, Luis Alonso Mayorga Gálvez y Odessa Del Carmen Henríquez.

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Peaje aumentará dos lempiras a partir de mañana en Honduras

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El cobro del peaje en Honduras sufrirá mañana lunes 25 de enero un nuevo incremento de dos lempiras, asestando así un duro golpe contra los bolsillos de los conductores de vehículos que transitan por la carretera CA-5, donde hasta la fecha se han instalado tres casetas.

El nuevo aumento, lo estableció desde diciembre pasado la  Concesionaria Vial (Covi), sin embargo inicialmente se había dicho que sería de un lempiras, pero este domingo se oficializó que será de dos lempiras.

El nuevo aumento aplicará para todas las tarifas diferenciadas de acuerdo a los ejes del automotor y en las tres casetas: Zambrano, Siguatepeque y El Lago de Yojoa.

TARIFAS

Las tarifas que actualmente paga la población por vehículo liviano es de 17 lempiras; el de dos ejes, 69 lempiras; el de tres ejes, 103 lempiras; el de cuatro ejes, 138 lempiras; el de cinco ejes, 172 lempiras y el de seis ejes, 207 lempiras.

El cobro de canon entró en vigencia el 26 de junio de 2014, comenzando en el kilómetro 37 en  comunidad de Zambrano, Francisco Morazán y luego en Yojoa, en la explanada de  la Barca, departamento de Cortés. La tercera caseta entró en vigencia el 15 de noviembre pasado, en el sector de Siguatepeque, Comayagua.

Actualmente se construyen otras casetas de peaje en el municipio de San Manuel, en el departamento de Cortés y otras a la altura de Campín, en la carretera que de El Progreso conduce hacia la ciudad de San Pedro Sula.

También se anuncia la construcción de más puntos en el municipio de Tela, Atlántida, entre la aldea El Guano y el kilómetro 13, carretera a El Progreso

POLÉMICO CONTRATO

El contrato establece que la tarifa será reajustada en forma ordinaria a partir del 15 de enero de cada año, tomando como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Departamento de Estadísticas de Estados Unidos y del Banco Central de Honduras.

La concesión estuvo rodeada de polémica porque la empresa COVI recibió la carretera CA-5 en perfecto estado y sin invertir un solo dólar en la obra, tras la ampliación y mejoras financiadas con dineros de la Cuenta del Milenio.

La concesión fue otorgada por 20 años prorrogables y, durante ese tiempo, COVI Honduras, se supone, invertirá más de $100 millones en obras de puesta a punto de 161 kilómetros y ampliación a cuatro carriles de 84 kilómetros en todo el Corredor Logístico.

Desde que se firmó el contrato, la concesión se estableció en dólares, cuando la moneda en curso en Honduras es el lempira.

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Elección de nueva Corte supone cambios en el sistema judicial de Honduras

Por: Redacción  AGENCIAS redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.

Tegucigalpa.-Un artículo de la agencia de noticias ACAN EFE, titulado “Elección de Magistrados en Honduras: Una gran oportunidad”, devela el criterio de varios representantes de sociedad civil que consideran que la elección de los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia—prevista para el lunes—supone una oportunidad para mejorar el sistema de justicia y reducir la impunidad en el país.

El Parlamento de Honduras elegirá el próximo lunes de una nómina de 45 candidatos, propuesta por una junta externa, a los nuevos 15 magistrados que integrarán el Supremo hondureño por siete años, para lo que requiere el voto de al menos 86 de sus 128 miembros.

La elección de los nuevos magistrados es “una extraordinaria oportunidad para generar ese gran cambio que el pueblo reclama en el sistema de justicia”, dijo a Acan-Efe Omar Rivera, coordinador de la ONG Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

“Es el momento de generar un cambio y ese cambio se inicia renovando el liderazgo del Tribunal Supremo”, indicó Rivera, quien dijo que espera que el Congreso Nacional elija profesionales “competentes, decentes e independientes”.

El coordinador de la APJ instó a los diputados hondureños a “no traicionar” la aspiración generalizada de la población de llegar a tener un poder Judicial “independiente”.

Resaltó además que el Parlamento de Honduras, en el que están representados siete partidos, tiene el “deber ineludible” de elegir magistrados capaces de administrar justicia para todos los ciudadanos.

Rivera señaló que una Corte Suprema de Justicia integrada por profesionales influenciados por el poder político podría ser “un verdadero obstáculo a todos los esfuerzos internacionales para luchar contra la impunidad” en Honduras.

“Ocupamos funcionarios judiciales que no se conviertan en lacayos o escuderos de los grupos de poder político, económico o criminal”, enfatizó.

Destacó además la necesidad de “romper la tradición” de que los funcionarios judiciales “le rinden pleitesía a los partidos políticos, la empresa privada y las bandas del crimen organizado”.

Para generar ese cambio, Rivera considera necesario que los futuros magistrados del Supremo hondureño sean “honestos, capaces e independientes de cualquier influencia perversa”.

Además llamó la atención al Congreso Nacional para que se abstenga de “cometer el error de seleccionar a los (candidatos) que no tengan el perfil de idoneidad y un compromiso con la población y el respeto a la ley”.

Rivera apuntó que muchos hondureños no creen en la Corte Suprema de Justicia por la corrupción que ha salpicado a jueces y magistrados desde hace varios lustros.

“La ineficiencia, la politización, la corrupción del poder Judicial es uno de los principales obstáculos para vencer la impunidad en el país”, subrayó.

El exfiscal hondureño de Derechos Humanos Edy Tábora coincidió con Rivera, y dijo a Acan-Efe que el poder Judicial “es uno de los responsables” de la impunidad que impera en el país centroamericano.

La institucionalidad hondureña “no funciona” y el poder Judicial tiene “poca credibilidad”, indicó Tábora, quien se mostró “muy escéptico” respecto a la transparencia en el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo.

“Hay intereses de los grupos políticos, no van a salir candidatos independientes, no tenemos muchas expectativas positivas, pero esperamos que una vez instalada la Corte Suprema la ciudadanía presione y exija un desenvolvimiento de los funcionarios para que respondan a los intereses de la población”, enfatizó el exfiscal.

Honduras requiere de “una institucionalidad fuerte e independiente”, resaltó Tábora, al considerar que el camino será difícil, pero espera que el proceso finalice con un sistema que proteja los derechos humanos.

Hasta ahora la elección de los magistrados se la han repartido los Partidos Nacional, en el poder, y Liberal, ambos conservadores, pero en la presente legislatura, en la que ambas instituciones políticas suman 75 escaños, tendrán que negociar con las nuevas fuerzas de oposición surgidas en las elecciones de 2013.

El partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que coordina el expresidente Manuel Zelaya, obtuvo 37 escaños, pero seis de sus diputados ahora conforman una bancada independiente, mientras el partido Anticorrupción alcanzó 13, y los tres restantes son de partidos minoritarios.

Para el analista político hondureño Raúl Pineda será “difícil” lograr un poder Judicial independiente, pero consideró que si los magistrados muestran “independencia, sabiduría y eficacia”, será “irrelevante” que pertenezcan a un partido político.

Honduras requiere “una justicia autónoma, aplicada con sabiduría y prontitud” y que “no violente la libertad y las garantías” de sus ciudadanos, enfatizó Pineda en declaraciones a Acan-Efe.

Destacó que el principal reto de Honduras estará en lograr una mayor independencia de ese poder del Estado y “desmilitarizar” la justicia.

Los nuevos magistrados tendrán el deber de actuar “en función de los intereses de la nación y los principios que orientan la equidad y la justicia”, subrayó el analista. ACAN-EFE

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En el Día del abogado amenazado: Europa se moviliza por los profesionales asesinados, amenazados y acosados en Honduras

Este 22 de enero de 2016 se realizó en  Alemania una protesta frente a la Embajada de Honduras en Berlin y se entregó una petición en solidaridad con abogados, jueces y otros profesionales que están en peligro, que están amenazados, atacados o son asesinados por defender los derechos humanos de personas pobres, sindicalistas o campesinos.

El Día del Abogado Amenazado se estableció desde el año 2010 en memoria de cuatro abogados y un sindicalista asesinados en 1977,  por facistas españoles en Atocha,  Madrid. Se conmemora todos los 24 de enero de cada año.

En Honduras decenas de abogados, abogadas, defensores y defensoras de derechos humanos están amenazados por defender derechos fundamentales de víctimas Este acoso en la mayoría de los casos culmina con la vida de los profesionales, tal es el caso de Dionisio Díaz García, llamado el “abogado de los pobres”.

Él defendía los derechos laborales de guardias de compañías de seguridad que no cumplían con sus obligaciones de pagar los derechos por el trabajo de sus empleados. Díaz fue  asesinado el 04 de diciembre de 2006, cuando iba a revisar un expediente de varios guardias de seguridad de la empresa SETECH, pues a la una de la  tarde se realizaría una audiencia sobre el caso en el Juzgado de Trabajo. Su crimen está impune.

Otro profesional del derecho que sufrió las consecuencias de las balas fue Antonio Trejo, apoderado legal del Movimiento Campesino del Ahguán, MUCA, y uno de los abogados que presentó una denuncia por los delitos de Traición a la Patria contra el Congreso Nacional por haber aprobado la legislación sobre las ciudades modelo, o Zonas Especiales de Desarrollo, que compromete la soberanía Nacional.

Su asesinato ocurrió el 23 de septiembre de 2012 cuando salía de una iglesia en Tegucigalpa. Él había denunciado reiteradamente que tenía amenazas a muerte y responsabilizó antes de su muerte de que si algo le ocurría era responsabilidad del extinto terrateniente Miguel Facussé, su denuncia nunca tuvo eco en el Ministerio Público que pudo haber evitado su muerte.

La Protesta en Alemania

dia abogado amenazado

Jueces y magistrada despedidos. Abogado Dionisio Díaz García y el abogado Antonio Trejo es

llevado capturado antes de su asesinato en el 2012.

La manifestación pública tuvo como objetivo denunciar la impunidad en que se encuentran los casos y entregar una carta .La gerente de la Asociación de Abogadas y Abogados Republicanos, Ursula Groos, entregó la petición al embajador Ramón Custodio, donde le señalan que era en solidaridad con los abogados hondureños, jueces y otros profesionales del derecho y que las protestas serían en toda Eutopa con entrega de documentos a a los embajadores y cónsules.

 

“El objetivo es poner de relieve la ola actual de violencia dirigida a los abogados y otros profesionales del derecho en Honduras. La situación que afrontan en Honduras es grave. Entre el año 2010 y marzo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró 91 muertes de abogados como consecuencia de asesinatos selectivos”, destaca la nota.

Agrega que la violencia afecta negativamente la vida pública de Honduras y que las  principales razones de esta violencia son la pobreza, el desempleo, el narcotráfico, la misoginia y los déficits graves en la investigación y persecución de estos delitos, donde también hay involucramiento de funcionarios del Estado.

Denuncia además que existen pruebas de que la intimidación de testigos, fiscales, jueces y abogados. Suman la protesta por el despido de los jueces que protestaron contra el golpe de estado en 2009 fueron despedidos ilegalmente y por lo cual el estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015.

En la carta entregada al embajador Custodio le subrayan que otra de las graves consecuencias de esta situación es la presión política de las autoridades de alto rango, incluyendo la Fiscalía General del Estado, que sufren fiscales y jueces que llevan casos contra policías implicados en delitos.

En su parte final la misiva dice que “Los abogados Europeos Demócratas AED-EDL, la Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo ELDH y la Fundación del Día del Abogado Amenazado, así como las organizaciones de abogados y juristas que apoyan la iniciativa, mencionados al pie, condenan en los términos más enérgicos posibles la responsabilidad del Gobierno de Honduras por el estado de las cosas descrito anteriormente”.

Las Demandas:

interior aboga amen

Integrantes de abogados Europeos Demócratas AED-EDL, la

Asociación Europea de Juristas  por la Democracia y los Derechos

Humanos en el Mundo ELDH  y la Fundación del Día  del Abogado

Amenazado, protestan ante embajada hondureña en Berlín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se debe permitir a los abogados, los fiscales y los jueces en Honduras desempeñar sus funciones profesionales sin intimidación, y con la adecuada protección proporcionada desde el Estado, sobre todo cuando hay vidas en peligro como consecuencia del ejercicio profesional.

2. Se deben establecer las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los profesionales de la justicia y los abogados, según lo dispuesto en los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

3. La impunidad tolerada por el Estado para los que violan los derechos humanos debe terminar.

4. Un mecanismo debe garantizar que los responsables de las amenazas, los ataques y los asesinatos de abogados, jueces y fiscales rindan cuentas, independientemente de su posición política, social o económica.

5. El Gobierno debe reconocer públicamente la legitimidad de la labor realizada por los defensores de derechos humanos, incluidos los abogados y demás juristas.

6. La nueva ley para la protección de defensores de los derechos humanos requiere una aplicación adecuada y efectiva.

7. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el despido ilegal de los jueces debe ser cumplida por el gobierno de Honduras, y los jueces despedidos debe ser reintegrados inmediatamente con una indemnización completa. Exigimos asimismo una investigación internacional independiente en relación a las acciones antes mencionadas con el objetivo de monitorear quienes son responsables de violaciones de los derechos humanos básicos de los abogados, jueces y fiscales.

Origen: En el Día del abogado amenazado: Europa se moviliza por los profesionales asesinados, amenazados y acosados en Honduras

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As Honduras’ MACCIH Aims High, Judicial Reform Still A Concern

Honduras’ new anti-impunity body will make its debut investigating high-profile corruption in the country’s social security administration and police forces, but questions regarding the transparency of the country’s judicial nomination and selection process cast a shadow over the commission’s hopes for success.

A source linked to the Organization of American States (OAS) has confirmed the newly constituted Support Mission Against Corruption and Impunity in Honduras (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras – MACCIH) will begin its work investigating the corruption scandal that rocked the country’s Social Security Institute (Instituto Hondureño de Seguridad Social – IHSS), along with investigating the broader problem of police corruption, reported La Tribuna.

The final agreement to operationalize MACCIH, a joint project between the Honduran government and the OAS, was signed on January 19. In a statement made during the agreement signing, Honduran President Juan Orlando Hernández and OAS Secretary General Luis Almagro made specific reference to the IHSS scandal, while also making the case for broader reforms to Honduras‘ justice system.

On the heels of the MACCIH launch, Honduras‘ congress is preparing to select 15 new supreme court justices on January 25. In anticipation of the selections, the American Bar Association (ABA) has released a report calling for increased transparency and greater emphasis on qualifications in Honduras‘ judicial nomination process. After looking closely at the past rulings and records of the justices who made it through the first filter of congressional consideration, the ABA found among them: justices who had been formally denounced for abusing power and falsifying public documents, justices whose rulings contradicted international norms, and justices whose rulings had been overturned by superior courts.

InSight Crime Analysis

The news that MACCIH will make its debut investigating the IHSS scandal and the broader problem of police corruption comes as both welcome and unsurprising. The IHSS scandal catalyzed much of the anti-corruption groundswell in Honduras that prompted calls for a new anti-impunity body in the first place, and police corruption has been a long-recognized problem in the broader Honduran judicial landscape. The choice to immediately tackle high profile investigations will likely prove popular. However, it does raise the stakes of those investigations, and leaves the newly formed and relatively inexperienced MACCIH with little room for error.

SEE ALSO: Honduras News and Profiles

The ABA’s concerns about the qualifications of judges being considered for supreme court nomination also cast a shadow over the excitement surrounding MACCIH’s launch. Ultimately, the anti-impunity mission will only be as effective as the judicial system it is charged with accompanying, assessing, and overseeing.

Origen: As Honduras’ MACCIH Aims High, Judicial Reform Still A Concern

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EUA: Empeora situación de hondureños que piden asilo por la violencia

ESTADOS UNIDOS. Cientos de menores centroamericanos entre ellos hondureños,  podrían perder sus pedidos de asilo y ser obligados a abordar vuelos de deportación si no se resuelven el problema.

Algunas organizaciones locales sin fines de lucro se han comprometido a ayudar a menores que huyen de la violencia de pandillas en Honduras, proporcionándoles servicios legales en los tribunales para que puedan evitar la deportación.
Pero esos esfuerzos podrían quedar bloqueados en el sur de la Florida debido a una disputa contractual que ha alarmado a abogados de inmigración y líderes comunitarios, entre ellos el arzobispo de Miami, Thomas Wenski.
Si no se resuelve la situación, según personas familiarizadas con el asunto, cientos de niños podrían perder sus casos en la corte de inmigración y terminar abordando vuelos de deportación a Honduras.
Por razones que no han sido completamente explicadas, dos respetadas organizaciones que desde hace años han prestado servicios legales a niños centroamericanos que han llegado sin sus padres, fueron recientemente notificadas de que su financiación terminaría y que los servicios que otorgaban serían transferidos a diferentes grupos, de acuerdo a personas familiarizadas con el tema.
Los abogados de Americanos pro Justicia Inmigrante y Servicios Legales Católicos (CLS) todavía tienen fondos para cubrir servicios por unos cuantos meses, pero si su financiación no se restaura en abril, tendrían que dejar de representar a los 500 niños cuyos casos estaban en curso en el momento que la situación surgió. Además, en ese momento, Americanos pro Justicia Inmigrante y CLS tenían más de 400 niños en listas de espera, pero para ahora esas listas han crecido a más de 800 niños.
Miami tiene el tercer expediente más concurrido en el país del tribunal de inmigración para casos de deportación de niños catrachos.
Debido a esto, Americanos pro Justicia Inmigrante y CLS crearon un sistema por virtud del cual ambos garantizaban que todos los días habría un abogado presente con cada niño que compareciera ante la corte.
Sin representación legal, es probable que los menores que comparezcan ante un juez tendrán más probabilidades de recibir una orden de deportación que aquellos que tienen un abogado, de acuerdo a personas familiarizadas con los tribunales de inmigración.
“Esto es inaceptable”, dijo el arzobispo Wenski recientemente en una carta a Sylvia Burwell, Secretaria de Salud y Servicios Humanos (HHS) el departamento federal que supervisa la unidad que se encarga de los servicios para niños hondureños. “Y lo que está sucediendo es sólo en Miami. En muchos de estos casos, si no reciben atención inmediata, se verán los niños afectados y enfrentarán a la deportación inminente”.
En una declaración a el Nuevo Herald, Wenski dijo: “La situación que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados ha creado es preocupante. Lo que debería estar a la vanguardia es simplemente ‘¿Qué es en el mejor interés de los niños?’”
Funcionarios de HHS dijeron que las preocupaciones expresadas en Miami son, en gran medida, infundadas porque la agencia proyecta continuar los servicios y financiación para los menores centroamericanos, ya sea a través de las organizaciones no lucrativas existentes o grupos nuevos.
Andrea Helling, portavoz de HHS, dijo que la situación volverá a la normalidad una vez adjudicado un nuevo contrato.
“Nos hemos comprometido con la adjudicación de este contrato de representación directa [de los niños] tan pronto como sea posible”, dijo Helling.
Cómo americanos pro Justicia Inmigrante y CLS llegaron a perder su financiación es una historia complicada, pero una que sugiere un posible conflicto de interés que involucra a dos ex funcionarios federales, de acuerdo a personas familiarizadas con el asunto. El Huffington Post informó primero sobre el tema en un artículo publicado a principios de semana.
El problema surgió el verano pasado, cuando la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la unidad de HHS que se encarga de los menores centroamericanos, anunció planes para solicitar propuestas para una licitación competitiva de contratos, y para fusionar los contratos por servicios en los albergues y en los tribunales.
En el año anterior, ambos grupos  Americanos pro Justicia Inmigrante y CLS  habían recibido fondos del gobierno a través de un programa piloto de un año de duración para ayudar a cientos de niños en sus casos en los tribunales, dijeron personas familiarizadas con el asunto. En conjunto, estos dos grupos tenían un total combinado de 20 abogados y ocho asistentes de abogados dedicados a ayudar a los menores dentro del marco de un contrato que expiró en septiembre.
Vera, la organización que durante 10 años había subcontratado con americanos pro Justicia Inmigrante para proporcionar servicios legales a los menores en los refugios del sur de la Florida, solicitó el contrato combinado. CLS también se incluyó en esa propuesta.
A Americanos pro Justicia Inmigrante y CLS se les notificó que proporcionarían los servicios si Vera ganaba el nuevo contrato. Otra organización, Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes (USCRI), también solicitó el contrato.
En septiembre, ORR adjudicó el contrato a USCRI. La decisión sorprendió no sólo a Americanos pro Justicia inmigrante y CLS, sino también al personal de los refugios donde los niños son atendidos porque la organización que ganó el contrato  USCRI  luego seleccionó como subcontratista a Youth Co-Op que inicialmente no tenía abogados de inmigración entre su personal. Youth Co-Op ha proporcionado en gran medida servicios sociales, dijeron las personas familiarizadas con la situación.
“Youth Co-Op ha estado al servicio del sur de la Florida por más de 42 años’, dijo María Rodríguez, presidenta de Youth Co-Op. “Fue fundada con el propósito de promover el bienestar social de los niños inmigrantes en el año 1973. Desde entonces, ha operado con éxito numerosos programas que apoyan a los niños, jóvenes y familias a convertirse en miembros productivos de la comunidad”.
Mientras que algunos dicen que esto es principalmente una disputa en la adjudicación de un contrato, otros perciben un motivo más nefasto.
Helling, la portavoz de HHS, negó que exista un conflicto de interés. Dijo que Limón dejó ORR “hace muchos años, mucho antes de que se anunciara la solicitud de propuestas” para un nuevo contrato.
Negash salió de ORR antes de que fuese publicada la solicitud de propuestas, dijo Helling. Partió en enero del 2015, cinco meses antes del pedido de propuestas, explicó Helling.
Por otra parte, agregó, las propuestas están siendo evaluadas por un panel de expertos técnicos que seleccionan a los proveedores y contratistas por sus habilidades, no sus vínculos al gobierno federal. Funcionarios de USCRI reconocieron que el problema se centra sobre una disputa contractual, pero expresaron sorpresa por la hostilidad de los que apoyan a Americanos pro Justicia Inmigrante y CLS.
“Obviamente hay una disputa sobre el contrato, pero lo que si es una sorpresa para nosotros es ¿por qué se ha convertido esto en quejas de mal perdedor y ataques personales despiadados?”, dijo Stacie Blake, directora de relaciones gubernamentales y comunitarias. “USCRI ha estado sirviendo a los refugiados y los inmigrantes por más de cien años y tiene más de una década de experiencia en otorgar representación legal a los niños centroamericanos que llegaron sin sus padres”.

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/01/eua-empeora-situacion-de-hondurenos-que.html

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