Archivos para 21/01/16

Locatarios indígenas son criminalizados por Alcalde de Intibucá

De más de 300 locatarios del Mercado histórico de Intibucá, el que se quemara en el 2004 y fuera rehabilitado por los propios locatarios, 46 de ellos enfrenta acusación penal en los Tribunales de Justicia de La Esperanza, por oponerse a ser desalojado de ese lugar.

El alcalde Municipal de Intibucá, Javier Eusebio Martínez, incoó un proceso judicial por los delitos de usurpación y desobediencia contra 46 comerciantes del Mercado histórico de Intibucá, departamento del mismo nombre.

La acción penal se debe a que los comerciantes se oponen a un desalojo que el alcalde ha ordenado mediante ordenanzas municipal, misma que no ha sido avalada por toda la corporación municipal.

Ante la negativa de los comerciantes de dejar sus cubículos, el alcalde Javier Eusebio Martínez y la Fiscalía del Ministerio Público procedió legalmente contra 46 locatarios, los más visibles en esta lucha por evitar ser desalojados del mercado histórico de Intibucá, donde hay comerciantes que tienen más de 45 años de trabajar en ese lugar.

La semana anterior se llevó a cabo en los Tribunales de Justicia de La Esperanza la audiencia inicial contra los 46 locatarios que han sido acusados por los delitos de usurpación y desobediencia, donde la juez escuchó a los testigos por la parte demandante y demandada.

“Espero que la juez le dé sobreseimiento definitivo a mis representados porque en este caso no existe delito”, expresó Santos Ortiz, apoderado legal de los locatarios imputados.

Indicó que en su declaración ante el juez, el alcalde Martínez expresó que los 46 locatarios imputados ya trabajaban en el mercado y que quienes lo invadieron fue un grupo liderado por una persona identificada por Margarito Gonzáles y que eso le da la pauta que sus representados no han cometido el delito de usurpación.

El togado agregó que el edil también expresó en su declaración que se libró una ordenanza y que la misma fue impugnada dentro de las 24 horas, pero que todavía no se ha resuelto e incluso  no existe la desobediencia porque está en trámite administrativo la impugnación de dichas ordenanzas, por lo tanto hasta la fecha se ha demostrado que sus representados en ningún momento han cometido el delito de usurpación y desobediencia a la autoridad.

Asimismo señaló que las declaraciones testificales de Salvador Zúniga, así como la de los otros testigos  y la del director Municipal de Justicia han dejado claramente establecido que ellos autorizaron para que estuvieran en el mercado, entonces la usurpación dónde está se preguntó el abogado Santo Ortiz.

El representante de los locatarios denunció que en la audiencia la Fiscal del Ministerio Público, ante sus representados, le dijo a Cindy Vanesa Mejía Ponce, una de las imputadas, que no se preocupara que a “vos ya te voy a pedir el sobreseimiento definitivo” y decirlos ante mis clientes es peligroso  y atentatorio, dijo ante sus representados.

“Ha quedado mal parada la parte acusadora al presentar un requerimiento fiscal en contra de Cindy Vanesa y ha dejado a mis clientes sorprendidos porque los está criminalizando; creo que el caso está mal conducido por la fiscalía”.

Señaló que de acuerdo a la Ley en que nos regimos hay pruebas suficientes para que sobresean el caso no provisionalmente sino definitivamente.

El apoderado legal de los locatarios imputados solicitó una inspección a los libros de la Alcaldía Municipal y a los libros de la Gobernación Departamental para probar que el caso de la impugnación no ha sido resuelto todavía.

El Alcalde Municipal ha criminalizad este caso, no quiso utilizar la vía civil porque creía que era más larga, pero actualmente nuestro sistema la vía criminal es más larga todavía, y creo que han equivocado el camino, señaló el abogado Ortiz.

El líder indígena de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), Salvador Zúniga, que actuó como testigo en el juicio, señaló que es una situación grotesca que a la gente se le criminalice por defender el derecho a la vida y el derecho al trabajo y que es increíble que el Ministerio Público capaz de llevar una acusación contra personas que están protegidas por el convenio 169 por el hecho de ser población indígenas.

Parte de los locatarios que han sido imputados por los delitos de usurpación y desobediencia

Asimismo expresó que en este caso se ha violentado la Ley de Municipalidades porque no se ha respetado el cabildo abierto que se desarrolló donde se acordó que el mercado se iba a construir y que iba a seguir funcionando en la Plaza donde se quemó y sigue siendo Mercado.

El dirigente indígena denunció que en ese lugar la Alcaldía que preside Javier Eusebio Martínez, pretende construir una plaza para vehículos y para la venta de cervezas y “eso nos parece una cosa tremenda y aberrante”.

Asimismo cuestionó que una corporación municipal haya procedido criminalmente contra las personas que han aportado con sus impuestos, con lo cual los funcionarios electos tienen dietas, tienen salarios,  y que no se tome en consideración la situación de prioridad cuando el ganarse la vida en un país golpeado por la crisis y por el desempleo, la gente tenga la posibilidad de ganarse la vida.

“Lo más grotesco en este juicio es haber escuchado a la fiscal al hacer un planteamiento que no son indígenas  la gente que está ahí, eso no es una atribución que tiene una fiscal y ella debería consultar el convenio 169 donde habla de la auto identificación”.

Indicó que lo que han visto es una persecución para violar el derecho a la vida, el derecho al trabajo y el derecho a las libertades y “confiamos que en este caso va a prevalecer el derecho”.

Por su parte José Rufino García, uno de los locatarios demandados y presidente de los microempresarios que trabajan en el mercado quemado, explicó que en ningún momento el alcalde socializó con todos los locatarios su proyecto, solo con un grupito y no con la mayoría.

Indicó que la ordenanza de desalojo no fue entregada a todos los locatarios y que la misma no estaba firmada por toda la corporación municipal, porque cuatro regidores se oponían al desalojo.

Dijo que el alcalde ha mentido porque ha expuesto que la hoja solo era una advertencia y no un desalojo, cuando está claro en la nota que recibieron los locatarios donde se les dice que serían desalojados del predio que ocupan.

Entre las personas imputadas están:
1.- Eliodoro Gómez; 2.- Pablo Briones; 3.- Gustavo Díaz; 4.- Octavio Domínguez; 5.- Ana Ruth Domínguez; 6.- Lucila Domínguez; 7.- José santos Gutiérez; 8.- Juan Paz; 9.- María Amaya; 10.- José Rufino García; 11.- José Rosa Flores; 12.- Lourdes Urquía; 13.- Roger Amaya; 14.- José Gardiano Díaz; 15.- Sebastián Amaya; 16.- Geremías Díaz; 17.- Daniel Díaz; 18.- Franklin Omar Domínguez; 19.-  Adelina García; 20.- Francisco Meza; 21.- Marco Antonio Parada; 22.- Amado Bustillo; 23.- Carlos Emilio Gaitan; 24.- Rachel Díaz; 25.- Manuel Domínguez; 26.- Wilmer Renato Díaz; 27.- Faustina Díaz; 28.- Dinora Elizabeth Bonilla Romero; 29.- Antonio Murillo; 30.- Olmer Josué Díaz Urquía; 31.- Celina Flores; 32.- Mariela Villanueva; 33.- Dilcia Aracely Díaz; 34.- María Luisa Argueta; 35.- Elizabeth Delcid Ramos; 36.- Mirna Pineda Villanueva; 37.- Wilson Hernández; 38.- Daniel Argueta; 39.- Cindy Vanesa Mejía Ponce

Origen: Locatarios indígenas son criminalizados por Alcalde de Intibucá

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MP desconoce por qué motivo a la fecha el Juzgado de Letras no ha remitido expediente de empresario Schucri Kafie a la Corte de Apelaciones Penal

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

El Ministerio Público pidió nuevamente a la Corte Suprema de Justicia “mayor celeridad para resolver Recursos de Apelación en caso DIMESA-IHSS”.

Luego que la Corte de Apelaciones Penal negara la existencia de un expediente judicial contra Shucri Kafie, el Ministerio Público sentencio mediante su cuenta oficial en Twitter que los “recursos impugnativos fueron interpuestos en tiempo y forma por las partes, muchos de ellos, desde hace más de 180 días”.

Razón por la que “El #MP desconoce por qué motivo a la fecha el Juzgado de Letras no ha remitido expediente DIMESA-IHSS a la Corte de Apelaciones Penal de FM”.

“En ese caso, el #MP solicita la intervención de Inspectoría de Tribunales a efecto de determinar el por qué la no remisión del mismo”, prosiguió la serie de publicaciones.

Finalmente, el MP reafirmó su compromiso de luchar frontalmente contra la corrupción y la impunidad.

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Origen: MP desconoce por qué motivo a la fecha el Juzgado de Letras no ha remitido expediente de empresario Schucri Kafie a la Corte de Apelaciones Penal – Noticias Cholusat Sur

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Proceso de selección de magistrados es ilegitimo: defensores de DD.HH.

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-A juicio de la Alianza por los Derechos Humanos, el proceso de selección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es ilegítimo porque las representaciones en la Junta Nominadora no representaron los intereses del pueblo sino de grupos que pretenden imponer un Poder Judicial  para que no opere contra la impunidad.

La instancia de sociedad civil, integrada por el Centro para la Investigación, Protección y Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH), el Centro de Prevención de la Tortura (CPTRT) y el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), expuso su posición este miércoles mediante un pronunciamiento que resume el proceso que se ha llevado a cabo en Honduras para integrar la CSJ para el período 2016-2023.

Los defensores de los derechos humanos hicieron una sinopsis de lo ocurrido en Honduras durante el golpe de Estado y el papel que jugó la CSJ en ese oscuro capítulo de la vida democrática hondureña, lo que según ellos, ha validado la concentración de poder del que goza en la actualidad  el Presidente de la República, Juan Hernández.

Amparados en ese contexto, apuntaron que el nuevo proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia se está llevando a cabo con las mismas normas de los dos últimos procesos que evidenciaron no funcionar para fortalecer la independencia judicial y la democracia.

“Este proceso se hay llevado a cabo por con la participación de un grupo de instituciones, organizaciones y un sector de la iglesia evangélica, que no han cumplido con el principio democrático de publicidad y transparencia, al no abrir el proceso al escrutinio social, así como desobedeciendo resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública”, cuestionaron.

Asimismo, indicaron que les preocupa que los aspirantes a magistrados/as hayan cedido al derecho a la integridad física y psicológica cuando no se opusieron a las pruebas de confianza relacionadas con el polígrafo y los exámenes físicos humillantes y que la Dirección de Inteligencia, que está bajo la jerarquía del Presidente de la República, haya realizado las pruebas en una clara injerencia de un poder del Estado sobre otro.

“Denunciamos que este proceso no es legítimo porque las representaciones en la Junta Nominadora no representaron los intereses del pueblo sino de grupos que pretenden imponer una Corte Suprema para que no opere contra la impunidad. En estas condiciones, la nueva Corte Suprema de Justicia obedecerá el plan de consolidación de la concentración de poder en el Poder Ejecutivo, así como para proteger los intereses contrarios a la justicia”, expusieron.

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Movimientos indignados llaman a estar alerta ante posible maniobra en elección de nueva Corte

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn

Tegucigalpa. La coalición de movimientos indignados de la ciudad capital de Honduras, hacen un llamado a todos sus miembros y simpatizantes de los movimientos a permanecer alertas ante una posible maniobra de la junta directiva del Congreso Nacional para manipular la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.

Indignados

Dice el comunicado que en el poder legislativo, la bancada y directiva nacionalista está acostumbrada a realizar convocatorias en horarios inhábiles, convocatorias a último momento,  e inclusive desplazar del hemiciclo a las diputadas y diputados para proceder a hacer sus jugadas en contra del pueblo hondureño.

Hacen un llamado a estar alertas a la convocatoria que se hará el día de la elección por medio de las redes sociales y medios alternativos para presentarse al lugar donde se pretenda realizar la elección y mostrar su descontento y protesta.

A continuación el comunicado de la Coalición de Movimientos Indignados de Tegucigalpa

ÚLTIMA HORA-Comunicado urgente

Debido a la gran expectativa latente a nivel nacional ocasionada por la próxima selección de la nueva Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso Nacional en una reunión que supuestamente se llevará a cabo el lunes 25 de enero, todavía sin una hora determinada, llamamos a todo el pueblo hondureño a estar en permanente alerta.

Basados en las acostumbradas y malintencionadas sorpresas ocasionadas por la Junta Directiva del Congreso Nacional como ser: convocatorias en horarios inhábiles, convocatorias a último momento,  e inclusive desplazar del hemiciclo a las diputadas y diputados,  forzosamente se debe establecer una activa alerta de toda la población que indudablemente está indignada, inconforme, golpeada, desplazada, enardecida, marginada y afectada; lo cual vuelve moral y éticamente obligatoria dicha alerta para evitar cualquier intento de engaño.

Ya no podemos ni debemos dejarnos sorprender por las deshonestas jugadas que permiten negociaciones a oscuras y a puerta cerrada que solamente benefician a los grupos de poder y riegan migajas a sus politiqueros de turno, pero que perjudican de manera enorme y duradera al resto de la población que sufre las consecuencias en todos los aspectos de su vida debido a la impunidad que impera en todo el territorio y que ha subsistido por décadas debido a estas negociaciones disfrazadas tras la política para engañar a la ciudadanía.
Los Movimientos Indignados del Distrito Central no estamos de acuerdo y RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE todo este proceso de nominación y selección de candidatas y candidatos a magistraturas, por ser desde su origen ilegal, no representativo ni participativo del pueblo,  y viciado de tinte bipartidista.
POR TANTO, convocamos a toda persona y organización consciente a que esté pendiente de los medios de comunicación alternativos, sus redes sociales, sus teléfonos, vecindad y miembros de sus organizaciones para que al haber señal definitiva del lugar y la hora de la selección, se desplacen hacia la plaza central de su localidad; y desde ahí se movilicen en conjunto con toda la dignidad y energía hacia cualquier lugar donde se vaya a establecer la Asamblea Legislativa y hacerle sentir la presión popular que clama justicia y transparencia en la labor que gracias a todos y todas nosotras realizan y por la cual reciben un cuantioso sueldo.  Sus ocupaciones deben responder a nuestros intereses y no a una minoría.

Señoras y señores del Congreso, ¡Este pueblo ya no se dejará engañar ni manipular! ¡Ahí estaremos!

Coalición de Movimientos Indignados del Distrito Central

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Libre no votará por nómina de 15 magistrados impuesta por el Partido Nacional

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), reiteró este miércoles  que no votará por una nómina de 15 candidatos que pretende imponer el Partido Nacional.

El Partido Libre esta en sesión permanente dijo su coodinador, Manuel Zelaya Rosales

El Partido Libre está en sesión permanente dijo su coodinador, Manuel Zelaya Rosales

“No nos vamos a prestar a elegir una corte confeccionada a la medida del presidente Juan Hernández”, dijo esta noche el diputado de ese instituto político por el departamento de Francisco Morazán, Jorge Cálix, tras una reunión que sostuvo la bancada en su sede.

El parlamentario ahondó que quieren 15 magistrados independientes, una nueva corte que esté al servicio del pueblo hondureño y no del presidente Hernández y en consecuencia no apoyarán la nómina que envíe el mandatario.

Cálix dijo que,  siguen reclamando que les entreguen las hojas de vida de los aspirantes a magistrados que ya entregó la Junta Nominadora y donde se incluyen los resultados de las pruebas de confianza, las pruebas patrimoniales y los perfiles profesionales de cada uno de ellos.

Consultado sobre sí no van a votar, ¿entonces para que quieren esos resultados?  y el diputado explicó que ellos se van a oponer a la nómina que pretende integrar el Partido Nacional, porque el gobierno quiere que voten por una candidata (Gaudy Bustillo) que fue aspirante a diputada en las elecciones pasadas o por otra postulante (Lidia Álvarez), que fue miembro del tribunal de honor de ese partido o por Miguel Alberto Pineda Valle, hermano del ministro de IDECOAS, Mario Pineda Valle,  que fue además subgerente de campaña del actual presidente.

También apuntó que no votarán por Edwin Francisco Ortez Cruz, quien fue asistente de la magistrada María Elena Matute, cuñada de Juan Hernández y que además es el autor de la resolución para que el actual mandatario fuese diputado,  aun y cuando la ley se lo prohibía.

Finalmente, Cálix dijo que tampoco están dispuestos a votar por Rolando Argueta que es un nacionalista reconocido y que engaveta los juicios de sus amigos nacionalistas.

No están ponderando su formación académica ni sus aptitudes y ejecuciones profesionales sino su filiación política, que es de activismo fuerte dentro del Partido Nacional, sostuvo Cálix.

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PAC mantiene firme su posición de no votar por nómina impuesta de magistrados

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El Partido Anticorrupción (PAC) sigue firme en su posición de no votar por una nómina impuesta para elegir a los 15 magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2016-2023.

Lo anterior lo confió a CRITERIO el diputado del PAC por el departamento de Cortés, Walter Banegas, quien refirió además que su partido propugna por una nómina consensuada que reúna varias condiciones o criterios.

Walter Banegas

Walter Banegas

“Nosotros vamos a participar en la construcción de una nómina, siempre y cuando ellos (Partido Nacional y Partido Lliberal) cedan espacios a algunos criterios que nosotros queremos prevenir, si ellos no aceptan esas condiciones no participamos en la construcción de la nómina”, advirtió Banegas.

Refirió que las condiciones son: que no se incluya en la nómina a candidatos que fueron incluidos en la lista de la embajada de los Estados Unidos por estar señalados en actos reñidos con la ley y aquellos que de una u otra forma estén vinculados con el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El parlamentario, también insistió que el PAC tampoco votará “por una nómina impuesta” y que en caso de no haber consenso y de irse a la votación individual y secreta, el voto de la bancada será público.

Asimismo aclaró que si no hay elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia no será por culpa  de los partidos de oposición sino que por la intransigencia de los nacionalistas.

Agregó, además que el PAC tampoco está impulsando nombres, sino que criterios para la elección y acortando la lista de los candidatos que el Partido Nacional quiere imponer.

Banegas pidió a la clase política tradicional que abra los espacios a fin de que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional participen en la construcción de la nómina.

“Lo que queremos finalmente es llegar a una nómina consensuada por todas las fuerzas políticas o los que se quieran involucrar”, dijo el diputado quien además aseguró que el PAC tampoco negociará cuotas de poder en la CSJ.

De momento, aseguró que la bancada de su partido está trabajando en una matriz de evaluación a fin de analizar el perfil de cada uno de los 45 aspirantes a magistrados que fueron seleccionados por la Junta Nominadora e identificar los hombres y mujeres con mayor integridad.

VOTO SECRETO

El parlamentario también cuestionó la postura asumida por el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, en cuanto a insistir en que esa institución política no votará en la elección de magistrados, porque “lo que quiere es el voto individual y secreto”, acusó.

“Hay que tener cuidado porque en el voto secreto van a imponer una nómina y van a lograr la nómina”, advirtió.

Los diputados de Libre han montado una campaña en las redes sociales pidiendo que el voto sea público, e incluso han asegurado que esa postura la demostrarán el día de la elección, es decir el 25 de enero.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, convocó a una sesión para mañana jueves a las 3:00 de la tarde para integrar una comisión de dictamen, que según él, se encargará de buscar un consenso para la elección.

La elección de magistrados se llevará a cabo en horas de la tarde del lunes 25 de enero, tras la instalación de la tercera legislatura.

Origen: PAC mantiene firme su posición de no votar por nómina impuesta de magistrados –

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Casa Alianza: Gobierno maquilla cifras de violencia contra niños, niñas y jóvenes

Representantes de Casa Alianza consideran que 2015 fue un año trágico para la niñez y la juventud hondureña porque continuó la violencia contra este sector de la sociedad, en sus distintas manifestaciones, por lo que la institución demanda al gobierno que haga un replanteamiento de su estrategia militarista, cara, ineficiente e ineficaz por una estrategia de seguridad humana.

La organización señala en un informe que 66 de cada 100 adolescentes no lograron cupo para estudiar en secundaria; más de siete mil niños y niñas que huían de la violencia del país, fueron deportados, y miles de niños, niñas y jóvenes fueron asesinados impunemente.

Y frente a la realidad, agrega, el gobierno se empeña en maquillar las cifras al grado que el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), registró en Francisco Morazán solo un asalto a autobús y una violación.

ninos migras

Foto : laprensa.hn

Pese a esta situación, con el apoyo de la cooperación solidaria, en 2015 Casa Alianza brindó protección y acceso a oportunidades de desarrollo a mil 500 niños y niñas en desamparo.

Esta institución ratifica la continuación de su labor para el 2016, y es con el afán de mantener viva la conciencia colectiva sobre la deuda que el Estado tiene con la niñez hondureña que se presentó el informe al cual se alude.

Casa Alianza es una organización no gubernamental con una trayectoria de 28 años en la atención de los niños, niñas y jóvenes que viven en grave riesgo y desamparo en Honduras.

La institución también realiza una labor continua de incidencia ante las autoridades de gobierno y participa en la elaboración de políticas públicas, orientadas a mejorar las condiciones de respeto a los derechos fundamentales de la población infanto-juvenil.

El informe presentado por los representantes de Casa Alianza incluye los escenarios sociales más actuales en los que se encuentra la población infantil hondureña, mediante diversas situaciones detectadas por el observatorio en las que se atenta contra los derechos fundamentales de niños y niñas, y que son reportadas por los medios masivos de comunicación y las propias investigaciones.

Ejecuciones arbitrarias y/o muertes violentas

En el caso de las muertes violentas, o provocadas por la acción voluntaria de otros, se analizan los datos de la niñez entre 0 y 17 años y jóvenes de los 18 a los 23, y se fundamenta en los casos publicados en medios de comunicación social escritos y organizaciones de la sociedad civil.

Es así como para el mes de diciembre, los medios de comunicación escritos del país reportaron la muerte en forma violenta de 189 personas, lo que representa una cifra de seis muertes violentas diariamente.

Del total de las muertes, 169 corresponden al sexo masculino, 20 al sexo femenino, 81 casos corresponden a niños, niñas y jóvenes menores de 30 años, representando el 43% de las víctimas. Los casos reportados están en edades entre 12 y 84 años.

Es de hacer notar la incidencia de homicidios múltiples ocurrida durante el mes de diciembre. En total se registró en los medios de comunicación escrita la muerte de forma violenta de ocho personas, las que ocurrieron en dos matanzas.

En este mismo mes la principal causa de las muertes violentas fue la provocada por armas de fuego con el 67% de los casos, seguido por las producidas por arma blanca con el 13%, siguen las provocadas por asfixia con el 5% y finalmente las producidas por objeto contuso con el 2%. En un 13% no se determinó la causa de muerte.

En lo relacionado a las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, los datos indican que para diciembre se registró un total de 51 casos, de los cuales 47 corresponden al sexo masculino y cuatro al sexo femenino.

Las cifras registran entre enero y diciembre, 900 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.

No obstante, si se compara el registro de muertes de noviembre (66 casos) con el de diciembre (51 casos) se constata que hay una disminución de 15 casos.

Las muertes violentas de menores de 17 años disminuyeron tres casos en relación a noviembre, de igual forma, las muertes de jóvenes entre los 18 y los 23 años disminuyeron seis casos con respecto al mes anterior.

Presuntos responsables

La información recopilada durante diciembre muestra que en el 78% de los casos se desconoce la identidad del responsable de las muertes, lo que significa casi siempre impunidad para los autores materiales. Solamente en el 6% de los casos se ha identificado a los supuestos responsables.

Es por eso que existe la percepción ciudadana que la policía de investigación solamente hace la labor de levantar el cuerpo y entregarlo a sus familiares si estos lo reclaman, mientras que la muerte del niño o la niña solamente representa un expediente más en los archivos judiciales.

Hechos cometidos por las Fuerzas Armadas 

militares asesinos

Foto: honduprensa.wordpress.com

En los últimos seis meses, las Fuerzas Armadas de Honduras se han visto involucradas en el asesinato de al menos siete niños, niñas y jóvenes, tres de ellos en el transcurso de una semana.

En septiembre pasado, un adolescente de 16 años murió luego que autoridades militares y policiales ejecutaran un violento desalojo en la comunidad Regalo de Dios, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés.

Siempre en septiembre, un adolescente de 14 años y un joven de 20 años murieron en medio de un operativo ejecutado por elementos de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta (Tigres) y la Policía Nacional en la colonia Los Alpes, de Comayagüela.

Para el mes de noviembre, un niño de 11 años falleció en el sector de La Planeta, municipio de La Lima, departamento de Cortés. Según el padre del niño, “Los policías militares llegaron haciendo disparos como locos… no hubo ningún enfrentamiento con nadie… mi hijo no pudo correr y uno de los militares le puso la pistola en la cabeza y lo mató”.

En diciembre, elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras asesinaron a dos jóvenes con edades de 19 y 24 años, pertenecientes a un pueblo garífuna. Estos hechos ocurrieron en la comunidad de Iriona, departamento de Colón.

Además, a principios de enero, una joven de 19 años fue asesinada por elementos de la Policía Militar del Orden Público en la colonia Villa Franca del Distrito Central, Francisco Morazán.

Otro derechos violentados

El informe presentado por Casa Alianza también recoge los datos de irregularidades en educación, Salud y Protección a la niñez hondureña.

nino trabaja

En el caso de la educación, se deja ver cómo algunos logros de la administración pública se ven opacados por la falta de maestros, la inseguridad en los centros educativos y las precarias condiciones en las que se encuentra la infraestructura educativa, siendo directamente afectadas las y los alumnos y maestros del sistema educativo público.

Dentro de todos los males que padece el sistema educativo nacional, se encuentra la falta de maestros para atender la demanda estudiantil, que todos los años aumenta en los centros educativos nacionales. Entre las más comunes desde el año 2010 a la fecha se encuentran: las cancelaciones por sanciones a 68 maestros; por defunción, 1,158 y por jubilación 2,257.

La problemática de esta situación es que debido a procesos legales o burocráticos muchas de estas plazas o no son cubiertas o los nombramientos son tardíos, lo que repercute en la calidad educativa de las y los estudiantes.

En lo relacionado con la salud destacan los accidentes por quemaduras de pólvora que se repiten todos los años, los hospitales nacionales, principalmente los públicos, se ven “obligados” a atender estas emergencias durante las celebraciones navideñas. Ni el gobierno central ni los locales adoptan las medidas necesarias para su prevención.

Esta situación provoca pérdidas al Estado Hondureño, ya que un quemado por pólvora le cuesta al menos 25 mil lempiras pero lo más grave son las secuelas que dejan en los que la sufren.

Según informes de la Secretaría de Salud, en las fiestas navideñas del 2015 se registraron 21 pacientes quemados por pólvora, de ellos cinco son niñas y niños y uno de ellos con graves heridas en sus genitales debido al estallido de un mortero.

Crisis

La crisis por la que atraviesa el sistema hospitalario del país es de carácter permanente y las autoridades de gobierno continúan demostrando incapacidad o indiferencia para garantizar este derecho a la población, principalmente a la de escasos recursos económicos.

Un ejemplo de lo mal que se encuentra el sistema de salud en el país es el Hospital Gabriela Alvarado, del municipio del Danlí, El Paraíso, que enfrenta déficit de personal, situación que mantiene al borde del colapso a dicho centro asistencial.

Embarazos

Por otra parte, a pesar de las campañas que realizan el gobierno y algunas organizaciones no gubernamentales para la prevención de los embarazos en adolescentes, estos continúan incrementándose, según cifras de hospitales públicos y privados.

“Este año se registró un incremento del 5% en comparación al 2014”, según declara la Coordinadora de redes integradas de los servicios de salud, Maritza Ulloa.

Las ciudades del país con mayor incidencia de embarazos en adolescentes son Tegucigalpa y San Pedro Sula, por ser las más populosas refieren los especialistas en esta materia.

Según las estadísticas del Registro Nacional de las Personas (RNP), en los dos últimos años han llegado 50 mil niños y niñas a registrar a sus recién nacidos.

Protección, niñez y migración

Las estadísticas registran que entre enero y diciembre del 2015 se dieron 67,734 eventos de deportación de migrantes hondureños desde los Estados Unidos y México, de las cuales, 48,398 fueron por vía terrestre y 19,336 por vía aérea.

En ese mismo período, se registraron 7,109 eventos de deportación de niñas, niños y adolescentes migrantes, lo que representa el 10% del total de las deportaciones.

En el mismo documento Casa Alianza demanda al gobierno de la república el cese de los asesinatos de niñas, niños y jóvenes en el país, y reitera al gobierno, en aras del bienestar de la población, que haga un replanteamiento de su estrategia militarista, cara, ineficiente e ineficaz por una estrategia de seguridad humana; que contemple la recuperación pacífica de territorios mediante el involucramiento, la organización y participación de todos los sectores.

Origen: Casa Alianza: Gobierno maquilla cifras de violencia contra niños, niñas y jóvenes

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Alianza por los Derechos Humanos: Elección de la CSJ no es un proceso legítimo

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Las representaciones de la Junta Nominadora no representaron los intereses del pueblo sino de grupos que pretenden imponer una Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que no opere contra la impunidad, denunció este miércoles la Alianza por los Derechos Humanos en Honduras.
La organización integrada por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTRT), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) en conferencia de prensa indicó que “en esas condiciones, la nueva CSJ obedecerá el plan de consolidación de la concentración de poder el Poder Ejecutivo, así como para proteger los intereses contrarios a la justicia.
En declaraciones a la prensa los miembros de la Alianza lamentaron también que “los aspirantes a magistrados/as hayan cedido el derecho a la integridad física y psicológica# cuando no se opusieron a la aplicación de las pruebas de confianza relacionadas con el polígrafo y otros exámenes físicos a los que calificaron de “humillantes”.
Del mismo modo, criticaron que este proceso se haya llevado a cabo con la participación de un grupo de instituciones y un sector de la iglesia evangélica, que no han cumplido con el proceso al escrutinio social, así como desobedeciendo resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El IAIP ha anunciado que se podrían establecer multas a los miembros de la Junta Nominadora hasta por tres salarios mínimos por no presentarse a la citas con esa institución y no cumplir con la petición de grupos organizados de dar a conocer el resultado de las pruebas de confianza a los aspirantes a integrar el máximo órgano de justicia de Honduras.
El artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene sanciones administrativas, civiles y penales.
Las mismas normas no funcionan
“El Estado hondureño ha sometido al pueblo hondureño a un nuevo proceso de elección de la CSJ, con las mismas normas de dos procesos que evidenciaron no funcionar para fortalecer la independencia judicial y la democracia”, indica el comunicado divulgado este día.
Desde 2009,-señalaron- todas las instituciones del Estado han tenido una transición no democrática, hablamos de la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Superior de Cuentas. Para completar la transición institucional sólo hace falta la elección de los magistrados de la CSJ, pero está elección, de este Poder del Estado, es vital para la vida del pueblo hondureño en la aplicación de justicia.
Para la Alianza, “existe una deuda jurídica de una nueva Constitución de la República, puesto que se produjo el rompimiento del orden constitucional” por lo que “la actitud displicente hace suponer que los diputados y diputadas del Congreso Nacional dan por sentado que en esto no hubo rompimiento constitucional, pues no se ha planteado que hacer con una Constitución que fue rota”.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/alianza-por-los-derechos-humanos-elecci%C3%B3n-de-la-csj-no-es-un

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Periodista querellado por presidente de Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El periodista, Selvin Euceda, está siendo coaccionado, mediante el derecho penal, para revelar su fuente de información.
Según el testimonio dado a C-Libre, el comunicador fue querellado penalmente porque los días 10 y 26 de septiembre de 2015, divulgó que en la estatal Dirección Policial de Investigaciones (DPI), hay una denuncia por supuesto desfalco en contra del señor Javier Amador. La noticia fue transmitida por el programa Sin Censura, del Canal 45, en el departamento de Choluteca, al sur del país.
Amador es el presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras y lo que “yo dije es que debe haber una investigación profunda del record laboral de cada persona que va a dirigir” una organización, contó Euceda a C-Libre.
La primera audiencia de conciliación de la querella se realizó el 15 de enero pasado.
Amador solicitó una disculpa pública en todos los medios, más 50, 000 lempiras. Además, exige que el periodista le entregue los documentos que sustentan su denuncia y que revele su fuente y las grabaciones de los programas de los días 10 y 26 de septiembre de 2015. Euceda tiene, ahora, su programa en Televictoria.
La próxima audiencia de conciliación será el 8 de febrero. Si no hay conciliación, el caso pasará a juicio oral y público.
El comunicador reveló que ha recibido el apoyo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
C-Libre está pendiente de este nuevo caso de acoso judicial, como modalidad de silenciar las voces críticas, durante los últimos dos años el Poder Judicial ha hostigado a varios comunicadores por revelar irregularidades.
A finales de 2015, un juzgado de ejecución, basado en la ley penal, inhabilitó al periodista Julio Ernesto Alvarado, por una querella, desafiando una medida cautelar otorgada a su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, finalmente el gobierno retrocedió en esta decisión ante las repercusiones legales que puede traer para el país.
C-Libre recomendó enviar cartas al Poder Legislativo y a la Corte Suprema de Justicia para recordarle al Estado hondureño que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH urgió a los Estados de América a “abstenerse de usar el derecho penal para silenciar las voces críticas”. /Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/periodista-querellado-por-presidente-de-asociaci%C3%B3n-nacional-de

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Honduras: Postura indiferente marca acciones de Defensa y Seguridad en temas de DD.HH.

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  Las fuerzas de Seguridad y Defensa del Estado de Honduras muestran desconocimiento o la falta de apropiación de conocimientos sobre el respeto de los derechos humanos especialmente en lo relacionado con el uso de la fuerza en protestas sociales, desalojos o disturbios.
La Policía Nacional de Honduras manifiesta además una actitud hermética al ser consultada sobre diversos temas relacionados con su accionar diario, sobre como respetar los derechos humanos, qué hacer en caso de disturbios o cómo debe ser el relacionamiento con la prensa nacional.
El objetivo de estas consultas se en marcan en el marco del cuestionario de consulta para los Estados y la sociedad civil para la elaboración del Panorama Anual sobre la situación de derechos humanos en el hemisferio, que por las respuestas dadas por el propio Estado dejan muchas más vacíos sobre el accionar de nuestras fuerzas de Seguridad y Defensa.
El artículo 59 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica, que en el Informe Anual de la CIDH, la Comisión incluirá en su Capítulo IV “la sección
A” que consiste en describir , “un panorama anual sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, derivado de la labor de monitoreo de la Comisión, destacando las principales tendencias, problemas, desafíos, avances y buenas prácticas respecto tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales”.
El objetivo es recopilar información de los Estados y la sociedad civil a fin de que sea considerada en la elaboración de Capítulo IV.A del Informe Anual de la CIDH del 2015. Los temas sobre los cuales versa el cuestionario son i) Acceso al Agua (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y ii) Uso de la fuerza.
Estas fueron las respuestas enviadas a CONEXIHON por escrito, en respuesta a la solicitud de información pública presentada. Al Director General de la Policía Nacional, Félix Villanueva Mejía y firmada por el Comisionado General, Héctor Ivan Mejía Velásquez, Director de Organización, Operaciones, Adiestramiento y Doctrina, bajo el oficio DGPN (emp-D3) N° 934-2015. Mientras que por parte de las Fuerzas Armadas fueron enviadas al entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División Fredy Santiago Díaz Zelaya, bajo el  registro AJMFFAA-23-015, Expediente N° 1514, firmado por Mario Alberto Ramírez Gómez, auditor jurídico militar de las FF.AA.
1.- ¿Cuáles son las  principales normas aplicadas en el uso de la fuerza por parte de agentes estatales respecto a protestas sociales y manifestaciones públicas; control de disturbios y motines, centros de detención y otras instituciones bajo control del Estado,  desalojos de pueblos indígenas de sus hogares o territorios y  estados de emergencia?
FFAA R//Los miembros de la Institución aplican lo que establece la Legislación Nacional vigente al respecto; como ser: todas las garantías y derechos contenidas en la Constitución de la República, las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las de los Convenios de Ginebra, de la Ley Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas, las Reglas de Empañamiento de cada misión encomendada. Las mismas les son señaladas en las escuelas de formación y reforzadas en las escuelas de capacitación a la cual se les envía periódicamente.
Subinspector Leiva Desalojo de Mercado Artesanal en Intibucá./Fotografía Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras.

En lo relativo a los Centros Penitenciarios, existe una Ley del Sistema Penitenciario que es aplicada por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización a través del Instituto Nacional Penitenciario, donde no tienen participación directa las Fuerzas Armadas y únicamente restringen su labor de patrullajes de seguridad en la parte exterior de los mismos.

Sobre los desalojos de pueblos indígenas, cabe aclarar que en ningún momento se han desarrollado estas acciones de esta índole por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los desalojos en propiedad privada en los cuales se ha apoyado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad han sido en cumplimiento a órdenes judiciales emitidas por las autoridades competentes donde la función militar se ha restringido a dar seguridad perimetral en la áreas de desalojo.
Finalmente en cuanto a los estados de sitio o estados de excepción, anteriormente existía la Ley de Estado de Sitio (Decreto N° 6, de fecha 03 de abril de 1936), sin embargo este instrumento fue derogado y hoy en día de acuerdo a la Carta Magna y la Ley General de Administración Pública, corresponde al Consejo de Ministros decretarlos y los miembros de las
Fuerzas Armadas limitan su responsabilidad a brindar seguridad a las comunidades y colonias, cumpliendo las directrices emitidas por las autoridades competentes.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
2. Indicar cuáles son las autoridades encargadas del orden interno y de la seguridad ciudadana, su naturaleza (civil o militar) y órganos a los que están adscritas. 
R// FFAA: Es oportuno establecer que constitucionalmente quienes legalmente tienen atribuída la misión de brindar la seguridad a los bienes de las personas es la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (Policía Nacional); Sin embargo, a petición de esta, las Fuerzas Armadas en apoyo al Estado realizará funciones policiales dentro del marco de la Ley.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
3. Proporcionar información sobre el equipamiento de los agentes del Estado, particularmente el equipo de fuerza y auto protector con el que han sido equipados los cuerpos regulares y especializados para intervenir en protestas sociales y manifestaciones públicas. Detallar el equipamiento menos intrusivo y no letal con el que cuentan para lograr los fines de seguridad ciudadana y en qué circunstancias se utilizan los distintos tipos de equipamiento.
FF.AA. R// Resulta congruente establecer que más que equipo intrusivo o letal, los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes dicho sea de paso, son la última línea o recurso para calmar o controlar disturbios, solamente cuentan con equipo antimotines especializado para ese efecto. El desglose de este equipo está considerado como reservado por el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública mediante Resolución 73-2009.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
4.- ¿Cuál es el rol y funciones de las empresas de seguridad privada relacionadas con el uso de la fuerza en distintos contextos, sus métodos y medios utilizados, así como la supervisión que ejerce el Estado sobre las mismas?
FF.AA. R// No respondieron.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
5.- ¿Tienen información cuantitativa respecto al número de agentes de seguridad privadas en comparación con agentes estatales encargados de la seguridad ciudadana?
FF.AA. R// No respondieron.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
6. En relación con los contextos en que se haya utilizado la fuerza, proporcionar información cuantitativa para el último cuatrimestre de 2014 y en el transcurso de 2015 y proporcionar: a) fecha y lugar; b) métodos y medios empleados, y c) participación de autoridades estatales, y en su caso, de agentes privados. 
FF.AA. R// Tanto en el año 2014 como 2015 la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas se ha limitado a brindar seguridad a la ciudadanía y no ha habido empleo de uso de la fuerza u otros de esa índole.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.

7. En caso de que se hayan reportado incidentes de violencia indicar el contexto de los hechos, el número de personas lesionadas y/o muertas. Indicar si se registran estos datos desglosados según el sexo, edad, raza, origen nacional, identidad de género y orientación sexual, y en caso afirmativo, proporcionarlos. 
FF.AA. R// No respondieron a la prengunta.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
8. En las protestas sociales, ¿Qué medidas se implementan para garantizar que a los periodistas y comunicadores se les permita realizar su labor informativa, que no sean sujetos de detención o amenaza, y que su material y herramientas de trabajo no sean destruidos o confiscados?, ¿Tienen protocolos en esa materia?
FF.AA. R// Las Fuerzas Armadas ejercen un respeto absoluto a la libre emisión del pensamiento, brindando en las coberturas seguridad a los periodistas que directamente difunden los hechos y tratando que en el desarrollo de su labor no sean dañados de ninguna forma ni sus personas, ni sus equipos tecnológicos. En la actualidad se está trabajando con los protocolos para fortalecer esta materia y su aplicación, garantizando la labor periodística.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
9.- En el caso de personas migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana, señalar los procedimientos empleados, y que han implicado el uso de la fuerza, en operativos de control fronterizo, redadas, detención migratoria y deportaciones; así como las autoridades responsables de llevar a cabo dichos procedimientos. 
FF.AA. R// No respondieron.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
10. Indicar prácticas y normativa relacionada con el entrenamiento de los agentes estatales respecto al uso de la fuerza, basado en estándares relativos al uso de la fuerza y de derechos humanos. Al respecto, indicar si se habrían implementado medidas para analizar y prevenir el uso de la fuerza motivado por la estigmatización y/o discriminación de ciertos grupos, tales como: estudiantes, pueblos indígenas, mujeres, afrodescendientes y personas LGTBI, entre otros. 
FF.AA. R// Es importante destacar que desde que una persona ingresa a las filas de las Fuerzas Armadas, ésta recibe adiestramiento en materia de derechos humanos en cada categoría, cadetes tropa, suboficiales, estudiantes y personal auxiliar. Dicha capacitación se encuentra contemplada dentro de los pensum académicos que maneja cada Fuerza, cada Escuela y cada Centro de Formación y se va reforzando periódicamente a medida que se van produciendo los ascensos dentro de la carrera militar.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
11. ¿Describa que buenas prácticas se han adoptado en relación con el uso de la fuerza?
FF.AA. R// Las mismas se inician desde la etapa de capacitación constante a los miembros de las Fuerzas Armadas, continúa con la supervisión de la aplicación de las normas de derechos humanos y la inclusión de estas en todas las Reglas de Empeñamiento en las misiones desarrolladas.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
12. Proporcionar información sobre el número de denuncias relacionadas con un indebido uso de la fuerza por parte de agentes estatales recibidos durante 2014 y en el  2015. 
Fractura de hombro y golpes en la cara recibió la periodista Dunia Montoya durante el desalojo policial de una manifestación en Colón.

FF.AA. R// Corresponde al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía de Derechos Humanos y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos u otras ONG´s establecer el número de denuncias, cuáles han sido judicializadas y cuáles han emitido sentencias condenatorias, ya que la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, creada por las Fuerzas Armadas únicamente conoce de denuncias relacionadas al servicio.

Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
13. ¿Existe un listado de funcionarios públicos pertenecientes a las Fuerzas Armadas/ Policía Nacional que enfrenten y/o enfrentaron cargos de abuso de fuerza en el marco de las protestas públicas, desalojos, disturbios y motines en los últimos cinco años?
FF.AA. R// Cabe aclarar que ningún funcionario público de esta entidad estatal (Entendiéndose como aquella persona que rinde promesa de Ley ante el Estado por disposición de la Ley) mha sido procesado judicialmente por acciones relacionadas a disturbios civiles o por abuso de fuerza, figura que tampoco, de acuerdo al Código Penal vigente se encuentra tipificado como delito.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
14. Indicar la responsabilidad legal de los oficiales superiores por el uso de la fuerza/armas de fuego de agentes de seguridad bajo su comando. 
FF.AA. R// La misma se deslinda desde que se está en la etapa de planificación de una misión hasta la consecución de hechos que pudiesen tener efectos posteriores; el Estado y sus funcionarios son civil, administrativa, penal y solidariamente responsables con los hechos que atañen a la comunidad directa o indirectamente y ello está consignado en la Constitución de la República en su artículo… (No menciona el artículo).
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
15. Especificar si existen normas, procedimientos y mecanismos para facilitar y proteger al funcionario público que exponga o denuncie el uso excesivo de la fuerza y/o abuso policial, así como irregularidades en la investigación de este tipo de conductas dichos actos, con el objeto de que sean investigados.
FF.AA. R// No respondió.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/honduras-postura-indiferente-marca-acciones-de-defensa-y

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Instalación Contemporánea TraGdia

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).– El Instituto Hondureño de Cultura Interamericana IHCI y City Mall de Tegucigalpa comienzan este año sus actividades culturales presentando la Instalación Contemporánea “TraGdia” en el marco de la celebración del Día de la Mujer Hondureña.
TraGdia es obra de la artista nacional Teresa Silva y estará expuesta en el lobby de City Mall del 23 – 25 de enero del presente año para todos aquel que quiera visitarla.
Acerca de la autora
Teresa Silva nació en Tegucigalpa, es pintora, escultora, dibujante, fotógrafa, caricaturista y diseñadora gráfica, graduada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ENBA.
Desde el año 1996 comenzó a laborar   como catedrática de Artes Plásticas. Posteriormente realizo estudios en la Universidad Pedagógica Nacional obteniendo una licenciatura en Arte.
Ha participado en exposiciones colectivas en  Mujeres en las Artes, en el  IHCI, Museo para la Identidad Nacional, Alianza Francesa, Instituto Hondureño de Cultura Hispánica, Galería Nacional de Arte y la Biblioteca Nacional.
También en el  Banco Central de Honduras y en  Banco Atlántida en donde expuso su muestra “Bifrontismo”.
Próximamente dará  a conocer su primer libro de caricaturas llamado “La Alfombra Roja” Lluvia de Estrellas y la exposición de fotografía “Tras las puertas Cerradas”   .

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/cultura/instalaci%C3%B3n-contempor%C3%A1nea-tragdia

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Conozca a los aspirantes a magistrados del Poder Judicial de Honduras

EL LIBERTADOR publica los perfiles de los 45 candidatos a magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia en Honduras. Este periódico ha realizado una amplia investigación sobre quienes aspiran a presidir el máximo tribunal de justicia.  

Redacción Central / EL LIBERTADOR  / 20 Enero,2106

Tegucigalpa. Con la revelación del listado final de los 45 candidatos a magistrados de la próxima Corte Suprema de Honduras, este periódico publica los perfiles de cada aspirante a alto juez.

Estimado lector, lo invitamos a que conozca a profundidad los orígenes de cada notario que participó en el proceso de selección hecho por la liquidada Junta Nominadora y saque sus conclusiones.

1- Juan José Alcerro Milla

Poseedor de dos apellidos de familias que tradicionalmente han estado bien conectadas social y políticamente. Habla inglés e italiano, hizo estudios universitarios en Honduras, Guatemala y España. Es numerario del Opus Dei, la facción elitista de la iglesia Católica. Ha sido apoderado legal de Argos de Honduras (antes Lafarge Cementos) y de la firma panameña Serdan Business S. A. Es uno de los representantes en Honduras de la firma legal centroamericana “Aguilar Castillo Love”. Se ha desempeñado como árbitro de la Cámara de Comercio de Honduras. Su nombre aparece en la lista de referentes para hacer negocios en Honduras de la revista “Doing Business 2015” (Haciendo negocios 2015), editada por el Banco Mundial. En la puntuación #JudiLeaks que realizó la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), aprobó con 83.

2- José María Alemán Ávila

De 70 años de edad, es exjuez de Letras. Se autopropuso y es dueño del bufete “José María Alemán y Asociados”, con sede en Siguatepeque, Comayagua. Reprobó la puntuación #JudiLeaks con 67.

3- Rina Auxiliadora Alvarado Moreno

Originaria de San Pedro Sula y supuestamente nacionalista. Fue secretaria ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP), es magistrada de la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil y docente universitaria; fue integrada para conocer sobre la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional donde votó en contra. Esposa del comisionado de IAIP y militar retirado, Damián Álvarez. En la puntuación #JudiLeaks fue aplazada con 50.

4- Lidia Álvarez Sagastume

Originaria de Santa Rita, Yoro. Pertenece a la línea sectaria del Partido Nacional, fue miembro del Tribunal de Justicia Partidaria del Partido Nacional, y fue  nominada por la Confraternidad Evangélica. Fungió como secretaria ejecutiva del Instituto de la Propiedad y directiva de la Contraloría del Notariado de la Corte Suprema durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Además, fue asesora jurídica del Registro Nacional de las Personas (RNP), del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) y de la Empresa Nacional de  Energía Eléctrica (ENEE). Ya había sido postulada a magistrada en 2008 por las universidades. En la puntuación #JudiLeaks reprobó con 47.

5- Rolando Edgardo Argueta Pérez

Nacionalista, nacido en Lepaera, Lempira, fue propuesto por la Confraternidad Evangélica, pero las centrales obreras también lo llevan en su lista de candidatos. Sin tener carrera de fiscal, fue nombrado director de Fiscales del Ministerio Público (MP), pocos días después que Óscar Chinchilla asumiera el cargo de Fiscal General, este último mantuvo relaciones laborales con Argueta Pérez cuando ambos estuvieron asignados por el Poder Judicial en los conflictivos juzgados de Copán. Argueta fue juez de Paz de lo Criminal, juez de Letras del Tribunal de Sentencia y magistrado de la Corte de Apelaciones de Copán. Es catedrático universitario con estudios de postgrado en materia penal. El Congreso lo nombró consejero propietario de la Judicatura, cargo que no asumió porque días después fue nombrado coordinador de Fiscales. También compitió para ser Fiscal General del Estado.

Aseguran que  tiene mucha capacidad profesional, pero critican que no tiene el valor de iniciar procesos de investigación a sus amigos involucrados en acusaciones ilícitas. Después de que salió a la luz pública el cierre forzoso de Banco Continental y la intervención de las empresas del grupo económico de la  familia Rosenthal, Argueta afirmó que el MP no había hecho ninguna investigación por lavado de activos contra esa familia, pese a que durante el periodo comprendido del 25 de junio de 2012 al 28 de mayo de 2015, la Comisión de Bancos y Seguros (CNBS) envió once denuncias a la Fiscalía General contra el grupo Continental por concepto de “captaciones irregulares de fondos del público”, realizadas por Inversiones Continental Panamá, S. A. e Inversiones Continental, S. A. de C. V. La mayoría de las denuncias se presentaron en la gestión de Argueta. En la puntuación #JudiLeaks aprobó con 87.

6- Miriam Suyapa Barahona Rodríguez

Propuesta por el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), y de supuesta filiación nacionalista. Exjueza del Tribunal de Sentencias (2006) y expresidenta de la Corte de Apelaciones. Fue una de los cuatro jueces que suspendieron del ejercicio del periodismo a Julio Ernesto Alvarado, por los supuestos delitos de difamación e injurias “por haber servido de vehículo de denuncia por supuestas irregularidades cometidas por una catedrática universitaria”. Y fue una de los 13 jueces de apelaciones que declaró inadmisible los dos recursos de amparo presentados a favor de la restitución de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que perdieron el cargo en 2012. En la puntuación #JudiLeaks reprobó con 63.

7- Carlos Enrique Bueso Pineda

Originario de Copán y residente en San Pedro Sula. Es de filiación liberal. Es catedrático universitario, presidente de la Universidad Privada San Pedro Sula. En la preselección de  candidatos de 2008 también participó nominado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Es el presidente del Consejo de Administración de la Universidad de San Pedro Sula (USAP). Ha sido asesor de varias instituciones financieras. Fue presidente del Club Rotario de San Pedro Sula durante el periodo 2013-2014. Aprobó la puntuación #JudiLeaks con 93.

8- Jorge Alberto Burgos Córdova

Originario de Francisco Morazán y de militancia liberal. Es experto en Derecho Penal, exjuez de letras, exmagistrado de Apelaciones y actual asistente de la Sala de lo Penal. Su padre fue apoderado legal de la Licorera El Buen Gusto (Aguardiente Yuscarán).  En la puntuación #JudiLeaks obtuvo 100 por ciento.

9- Gaudy Alejandra Bustillo Martínez

Fue propuesta por la sociedad civil. Candidata a diputada en las elecciones de 2013 e integró planillas en el movimiento “Salvemos Honduras”, de Ricardo Álvarez. Goza de la simpatía de Casa de Gobierno. Con vínculos en las FFAA; su padre es el capitán de navío en retiro Óscar Bustillo. Se ha desempeñado como asesora legal de la Fuerza Naval; luego, como apoderada del Instituto de Previsión Militar (IPM). Tiene maestría en Defensa y Seguridad Centroamericana por el Colegio de Defensa. En España obtuvo máster en Derecho Internacional. En 1995, fue Miss Ocotepeque y representó al país en el concurso internacional “Nuestra Belleza Latina”, en Miami. Actualmente coordina el Movimiento Nacional Callejista (Monarca), que pretendía lanzar al expresidente Rafael Callejas al poder de la nación, pese a que las leyes prohíben la reelección y, además, Callejas está siendo procesado en Estados Unidos por el Caso FIFA. Aprobó el #JudiLeaks con 77.

10- Rafael Bustillo Romero

Fue candidato a fiscal general en la viciada elección de 2013. Es juez de la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Francisco Morazán. En 2008 se autopropuso para ser alto juez. Reprobó #JudiLeaks con 67.

11- Guillermo Arturo Caballero Castro

Nacionalista, fundador del consultorio Legal “G Caballero y Asociados”. Estuvo asociado con el Bufete Chang Castillo, surgió como producto del “oswaldismo” (Oswaldo Ramos Soto). Sus aspiraciones de ubicarse en cargos de relevancia se han frustrado: es la segunda vez que el Cohep lo nomina para magistrado, la primera fue en 2008 y pasó a la segunda etapa de la eliminatoria. Está casado con la economista Desiré Medrano, exfuncionaria del Banco Central de Honduras y directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera (Cohpetrol). Caballero es el presidente del claustro de profesores de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). El claustro de profesores pidió declarar nulo el fallo de la Sala de lo Constitucional que deja abierta la posibilidad de la reelección presidencial, y  pidió que se deduzcan responsabilidades a los magistrados que tomaron la decisión. Puntuación #JudiLeaks: 77.

12- Edgardo Cáceres Castellanos

Autopropuesto. Realizó estudios sobre Relaciones Laborales y Derecho Laboral Internacional en Costa Rica, España, Italia y Suiza. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (1994-1998), secretario de la Asesoría Judicial Centroamericana, presidente honorario de la Asociación Centroamericana y del Caribe de las Leyes Laborales y de Seguridad Social. Su experiencia académica y administrativa implica su labor como fundador y miembro de la Asociación Iberoamericana de Leyes de Seguridad Social y Trabajo, expresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras. Fue diputado por el departamento de Francisco Morazán de 1990 a 1994. Aprobó #JudiLeaks con 77.

13- Jacobo Antonio Cálix Hernández

Actual magistrado de la Corte Suprema, que avaló el golpe de Estado de 2009. Se autopropuso para continuar en el cargo. Pese a la experiencia que debería demostrar, apenas aprobó #JudiLeaks con 77.

14- Juan Wilfredo Castellanos Hipp

Catedrático universitario, de posible filiación liberal. Fue propuesto por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Aprobó #JudiLeaks con 73 por ciento.

15- María Fernanda Castro Mendoza

Fue propuesta por la Corte Suprema de Justicia. En 2014, aspiró a dirigir el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Apenas aprobó #JudiLeaks con 70 por ciento.

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/justicia/962-estos-son-los-aspirantes-a-magistrados-del-poder-judicial-de-honduras

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/01/conozca-los-aspirantes-magistrados-del.html

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Instan a Honduras a adaptar agricultura al clima para garantizar alimentación

Tegucigalpa – Un grupo de expertos reunidos en Tegucigalpa, alertaron hoy que Honduras afronta el reto de adaptarse desde el punto de vista tecnológico y agrario para resistir los efectos del cambio climático, aumentar su productividad, y así garantizar la alimentación de su población.

“Sin duda estamos viviendo una nueva agricultura que (nos) obliga a adaptarnos al cambio climático para garantizar los alimentos”, dijo a Efe el director para Centroamérica y el Caribe de la organización gremial internacional Croplife Latin América, Martín Zúñiga.

Los impactos del cambio climático, que en Honduras ya se evidencian en la actividad agropecuaria y disponibilidad de agua, solo se podrán afrontar con la ciencia y la tecnología, subrayó.

Para Zúñiga, el otro gran desafío que enfrenta Honduras es “la presión que ejercen las plagas sobre la agricultura” y, para ello, recomienda realizar “un combate más inteligente” contra esas pestes, que podrían destruir cerca del 70 % de las cosechas si no se combaten.

“Hay que permitir que el agricultor tenga acceso a nuevas tecnologías, como las semillas transgénicas y los protectores de cultivos, para que pueda impedir que las plagas destruyan las plantaciones”, sostuvo el ejecutivo de Croplife Latin América.

Además destacó la necesidad de “adaptar la agricultura tecnológicamente hacia el futuro en función de un nuevo clima” que, aunque se trata de un fenómeno de largo plazo, su dinámica de solución requiere actuar en lo inmediato.

Zúñiga señaló que la mayoría de los agricultores no tienen acceso a la tecnología, y resaltó que Honduras es uno de los dos países centroamericanos, junto a Costa Rica, que tiene cultivos con semillas transgénicas.

El uso de estas semillas es “fundamental para mejorar la productividad, los ingresos y disminuir la presión de las plagas”, enfatizó.

El ejecutivo instó a Honduras a poner en marcha políticas de adaptación al cambio climático que les permitan a los agricultores tener acceso a tecnología y créditos para garantizar alimentos a la población.

Zúñiga participó este miércoles en Tegucigalpa en un foro en el que se analizaron los desafíos y oportunidades para el sector agroalimentario, auspiciado por U.S. Grains Council, el consejo de grano norteamericano que se dedica a abrir nuevos mercados.

El ministro hondureño de Agricultura y Ganadería, Jacobo Paz, coincidió con Zúñiga en que el cambio climático y los bajos precios en el mercado internacional son los “principales desafíos” que enfrenta el sector agroalimentario.

El funcionario reconoció que en Honduras hay muchos productores que “no tienen acceso a créditos, ningún tipo de tecnología, ni educación”.

Los pequeños productores tienen que “convertir la agricultura en algo más especializado y más productivo” porque de lo contrario “vamos a tener siempre pobreza en el sector rural”.

Paz anunció que el Gobierno de Juan Orlando Hernández ha aprobado cerca de 20 millones de dólares para construir alrededor de 300 pequeñas “cosechadoras (almacenadoras) de agua” en el país centroamericano.

Agregó que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó 50 millones de dólares para financiar varios proyectos de riego agrícola.

Para el director de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), Celeo Osorio, las estrategias públicas deben ir dirigidas a comprender mejor a qué riesgos se enfrentan los agricultores y cómo coordinar mejor su gestión.

“Los productores deben tomar ciertas precauciones en términos de hacer reservas de agua y otro tipo de estructuras que permitan la captación de agua”, subrayó.

Lo anterior se suma al rápido aumento de la demanda local de alimentos para hacer frente al crecimiento de la población y de los niveles de ingresos, precisó el director de la Fenagh.

Origen: Instan a Honduras a adaptar agricultura al clima para garantizar alimentación

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Hernández habla del Plan Alianza y migración con senadores de EUA

Washington, Estados Unidos.

Una jornada de reuniones tuvo el presidente Juan Orlando Hernández en su visita a la capital estadounidense, donde el punto toral fue la firma del convenio que dio vida a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

El mandatario llegó al Congreso estadounidense para reunirse, por separado, con los senadores Tim Kaine y Ron Johnson, y dar su agradecimiento por sus gestiones a favor del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, así como la confianza en el país.

El senador Tim Kaine es miembro de los comités de Presupuesto, Relaciones Exteriores y Servicios Armados, mientras que Ron Johnson es presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado de los Estados Unidos de América.

Además, conversaron sobre temas migratorios y avances de Honduras en seguridad y economía.

Ahí, los congresistas reconocieron los avances que se están haciendo en Honduras en seguridad, reducción de la pobreza y los esfuerzos para mejorar el futuro de los habitantes.

Hernández solicitó el apoyo para dar seguimiento a todos los esfuerzos que en se realicen después para que el Plan Alianza tenga un buen resultado en los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador).

El Plan Alianza tiene su base en las líneas estratégicas del Plan de Gobierno 2014-2018: Plan de Todos para una Vida Mejor, el que a la vez se fundamenta en los objetivos, metas y lineamientos de la Visión de País y el Plan de Nación.

Visitas semestrales

Producto del trabajo que está logrando Honduras en materia económica, las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional(FMI) ya no serán trimestrales, sino que semestrales, por lo que se espera que la próxima evaluación será en mayo y la siguiente en octubre, dijo Marlon Tábora, representante de Honduras ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tábora participó en la reunión que el mandatario hondureño tuvo una reunión con el director del Hemisferio Occidental de ese organismo, Alejandro Werner; el jefe de la Misión para Honduras, Roberto García, y el miembro del Hemisferio Occidental y revisor del programa vigente con el país, Robert Renhart.

Detalló que los personeros del FMI destacaron la lucha del mandatario hondureño para combatir la corrupción y la impunidad, y consideraron que la Maccih fortalecerá de manera importante la institucionalidad que se requiere para atraer inversión extranjera directa, generar estabilidad y confianza en el país.

El mandatario también se reunió con los directores de centros de pensamiento, donde promovió el país y exteriorizaron la satisfacción por la firma de la Maccih.

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