La nueva Corte Suprema: ¿Consenso público a gritos?

El Congreso de la República se apresta a elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia,  responsable de impartir justicia en el país por un periodo de 7 (siete) largos años. Existe gran expectativa en la población ya que los actuales magistrados se le consideran golpistas y apañadores de la corrupción; incluso violadores de la Constitución de la República al permitir la figura de la reelección presidencial. Las expectativas se extienden a los dirigentes de los partidos políticos de oposición  que, en el caso particular del Partido Anticorrupción (PAC), apuestan por una Corte Suprema independiente cuyos miembros tengan altos valores morales; también la Embajada Americana está pendiente de la elección, ya que no está dispuesta a que un nuevo ciclo de corrupción e impunidad se repita en Honduras que favorezca un clima  para la narcoactividad y  lavado de activos.

Para la próxima semana se espera que la Junta Nominadora,  nombrada por organizaciones e instituciones de sociedad hondureña, proponga al Congreso de la Republica a 45 candidatos seleccionados de una nómina de 200 aspirantes. En esta junta nominada hay representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Colegio de Abogados y Oficina del Comisionado de los Derechos Humanos. La selección de los candidatos de la nomina se basa en criterios no públicos, cuyo proceso adolece de grandes fallas ya que en las audiencias  a ningún de los aspirantes se le preguntó sin estaba de acuerdo con el golpe de Estado, o con la reelección presidencial que está prohibido por la Constitución. El Congreso escogerá a 15 de ellos, pero nadie del pueblo-pueblo espera que se elijan con voto en plancha.

La oposición formada por el PAC, Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Social Demócrata (PINU-SD) son del criterio que el proceso está viciado desde el momento en que se eligió y aprobó las nominas de candidatos en forma antidemocrática (caso de los candidatos del Colegio de Abogados y el COHEP),  y por la evidente vinculación de los posibles elegidos con los partidos tradicionales y sus dirigentes; igual, porque antes de someterse a la consideración del Congreso Nacional para su aprobación, se sabe cuales serán los elegidos ( reparto entre los partidos liberal y nacional), manteniendo el control el partido en el poder.

Frente a ello, una propuesta alterna de la Oposición Política, es que los 45 candidatos se sometan a un audiencia pública en el Congreso de la República donde los diputados les pregunten directamente sobre su vida privada, declaración de impuestos, bienes, negocios del narcotráfico y valores morales; caso contrario, son del criterio que los magistrados actuales sigan en sus cargos hasta que se encuentre a  nuevos candidatos que no necesariamente deben tener militancia política o pertenecer a un partido tradicional como requisito. Esta iniciativa  gana terreno ya que todavía el partido en el poder no cuenta con los suficientes votos para elegir a la nómina afín, faltándole tres (3) diputados que debe buscarlos en PAC y LIBRE ya que los demás partidos (menos la diputada del PINU-SD) están alineados con el Partido Nacional y votan con la cabeza agachada por la vergüenza que significa para sus familiares y población de sus municipios que los eligieron. Se habla de la compra de diputados y de presiones para que se apoye la nomina oficialista; incluso de sobornos bajo la mesa muy en boga en la Honduras de siempre, aunque el precio del diputado haya subido más que el de una mula.

El Embajador James Nealon también ha estado pendiente de esta elección. Además de reunirse con los miembros de la junta nominadora, presidencia del Congreso de la Republica y de la Corte Suprema, ha proporcionado información acerca de las vinculaciones de aspirantes a magistrados que trabajaron en casos judiciales de Narcotraficantes.  No es para menos, si se impone una nueva Corte Suprema de Justicia proclive a la corrupción e impunidad, puede generar una crisis política mucho mayor que la de  junio de 2009, afectando los intereses de EEUU en la región, especialmente en temas de lucha contra el narcotráfico, migración, comercio, derechos humanos y seguridad regional.

Las organizaciones de sociedad civil están divididas. Por un lado, están aquellas que avalan el proceso y esperan una elección limpia aunque afín  a los intereses del gobierno; por el otro, organizaciones que denuncian el proceso y esperan que el pueblo participe más ya que están en juego sus intereses y recursos como el destino de sus impuestos que pagan religiosamente.

Lo cierto es que llegó la hora para que el presidente Juan Orlando Hernández se siente con lideres de los partidos de oposición y organizaciones sociales excluidas, para llevar a buen termino este proceso; igualmente acelerar las reformas electorales y la depuración de los listados del Registro Nacional de las Personas, ya que al parecer se decidió usar en las próximas elecciones la misma tarjeta de identidad. Mientras tanto, un alegría enorme manifiestan los lideres de los partidos “bisagra” ya que la Corte Suprema actual les autoriza prácticamente a participar de nuevo en elecciones cuyos costos (cerca de 300 millones de lempiras) los asumirá el pueblo  hondureño. Un partido bisagra no tiene ideario propio, creado y utilizado por otros para fines electoreros ( representación en las mesas, venta de  credenciales, disgregación del voto, etc.), por lo que este anuncio de la Corte Suprema hecha más leña al juego.

Catacamas, Honduras,  14 de enero de 2016

Origen: La nueva Corte Suprema: ¿Consenso público a gritos?

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