Archivos para 8/01/16

Julieta Castellanos pierde la cordura ante queja de alumno de la UNAH

Origen: Julieta Castellanos pierde la cordura ante queja de alumno de la UNAH

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Rectora aseguró que O’Hara no era alumno de la UNAH y quedó mal parada

Origen: Rectora aseguró que O’Hara no era alumno de la UNAH y quedó mal parada

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Rectora vuelve armar polémica por no saber como se matícula en la UNAH

Origen: Rectora vuelve armar polémica por no saber como se matícula en la UNAH

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Honduras devastada

Honduras está desbastada  en materia económica por el Partido Nacional a dos años de gobierno de juan Orlando Hernández.

A dos años de la segunda administración nacionalista, encabezada por el señor Juan Orlando Hernández, Honduras se encuentra devastada y sumida en una situación calamitosa que hace dudar de su mera existencia como nación, y somete a toda la sociedad al más grande sacrificio social y económico de su historia a cambio de más incertidumbre y penurias.

Estamos en un callejón sin salida del que solo se benefician unos pocos, con el entreguismo vil, la ambición ilimitada y el saqueo criminal de todos los recursos naturales, instituciones y bienes nacionales que se están privatizando.

Para la mayoría del pueblo hondureño, 2016 será la continuación del mal gobierno del 2015, que ha deteriorado las condiciones de vida de los trabajadores, debilitado aún más la frágil institucionalidad, entregando los bienes nacionales al mejor postor y con casos de corrupción sin precedentes en la historia nacional.

La institucionalidad casi ha dejado de existir y ha convertido al gobierno en una mera administración de lo que deja la corrupción y la impunidad que reinan a su antojo. El gobierno del presidente Hernández, miente constantemente, manipula los datos, y hace de las estadísticas una herramienta de falsedades, de escenarios mágicos que nadie puede ver ni entender.

La involución económica; descalabro, incertidumbre y agudización de la pobreza

El actual gobierno, ha sido incapaz de generar una política económica coherente con la realidad nacional, que resuelva los problemas de Honduras por el contrario los ha profundizado. Su único programa económico es el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional que privilegia la estabilización económica por encima de la reactivación del aparato productivo, y lo más grave no se ven señales de rectificar.

Este programa ha tenido como principal característica una gran cantidad de impuestos, algunos de ellos confiscatorios, para la mayoría de la población, mientras minorías económicas privilegiadas siguen gozando de exoneraciones o defraudando al fisco. Al mismo tiempo los hospitales carecen de medicinas para la población más pobre, las escuelas y colegios se deterioran en sus instalaciones físicas, no hay pupitres, ni merienda escolar, se eliminó la matricula gratis, se desconocen los derechos del magisterio, no se construyen nuevas carreteras y el mayor gasto lo constituye el pago de la onerosa deuda que los gobiernos nacionalistas han venido acumulando desde el golpe de Estado de 2009 y los exagerados gastos en seguridad militar que siguen en aumento.

El efecto derrame del pretendido crecimiento económico y estabilidad macroeconómica es una falacia

El mediocre crecimiento estimado para el 2016, entre 3% y 3.4% del PIB, apenas representa un crecimiento per cápita de 1.2% o 1.4%. Esto es totalmente insuficiente para reducir el desempleo y pobreza. Prueba de ello es que en la actualidad 1 de cada 2 hondureños tienen problema de empleo, o se encuentran en desempleo abierto o subempleo. El 2016 no traerá cambios económicos y sociales para el pueblo hondureño, si acaso, un mayor deterioro es previsible.

La explicación de esto se encuentra en que los sectores que están modestamente creciendo son el sector financiero, telecomunicaciones, energía y una parte del comercio; dichos sectores contratan muy poca mano de obra. Sin embargo, a sectores generadores de empleo como la construcción, la agricultura y la industria no se les presta ningún apoyo para generar empleos.

Las finanzas pública tampoco han hecho su tarea de ayudar a mitigar los efectos de la crisis en Honduras, al contrario la han agudizado. Diez paquetazos, el aumento del impuesto sobre ventas de 12% al 15% y el aumento del impuesto a los derivados del petróleo representó un incremento de los ingresos del Estado en cerca 11,000 millones de lempiras en 2014 y 9,000 millones en 2015.

Estos recursos sacados de los bolsillos de los consumidores han servido para pagar los enormes déficits fiscales de 2012 y 2013 que significaron un aumento del endeudamiento en más de 50,000 millones de lempiras. En los últimos tres años, Honduras ha pagado cerca de 90,000 millones de lempiras en servicio de deuda, mientras ha contratado nueva deuda por un monto similar.

Simultáneamente los niveles de inversión pública en infraestructura se han mantenido al mínimo y han oscilado, para la Administración Central, entre 1% y 2% del PIB cuando los estándares internacionales señalan que debería ser entre 5% y 6%. Las concesiones públicas de infraestructura concedidas a través de COALIANZA han estado llenas de opacidad, entregando bienes públicos por 20 y 30 años y con contratos que pueden representar desventajas futuras para Honduras.

Adicionalmente, el gobierno ha puesto cuantiosos recursos en las asociaciones público-privadas con la justificación de que este tipo de alianzas se deben a que el Estado no tiene capacidad financiera para emprender estos proyectos.

Un ejemplo es el caso de la terminal de Palmerola en la cual el gobierno anuncia que invertirá más de 1,000 millones de lempiras por anticipado, mientras la empresa privada lo hará hasta después.

Un elemento adicional que agrava todo el desarrollo humano es la política social donde se le niega y cercena los derechos a los trabajadores expoliando con masivos despidos que contradicen las promesas de generar estabilidad y empleo.

En este sentido en los últimos años el presupuesto de educación y salud se han mantenido prácticamente congelados, mientras que los mayores aumentos han ido a los programas de asistencia social que maneja el Presidente Hernández en su afán reeleccionista.

En los actuales momentos casi 10,000 millones de lempiras, equivalentes más del 2% del PIB se dedican a estos programas. Estas acciones debilitan la política social ya que no es realizada desde un marco integral y se hacen aparecer que programas asistencialistas, más que un derecho, son una dádiva del presidente de la República. Además, estudios recientes muestran que la inversión en niñez y adolescencia se ha disminuido dentro del presupuesto general de la República.

Sin embargo, el gobierno ha asignado cuantiosos recursos a defensa y seguridad desde 2010. Según un estudio del Instituto Centroamericanos de Estudios Fiscales (ICEFI) el presupuesto de Defensa aumentó entre 2010 y 2016 en 160%, el de Seguridad 102%, pero el de Salud tuvo un bajo aumento y incremento apenas un 11% en Educación.

Nadie cuestiona que la seguridad es una necesidad de la población hondureña, pero la inseguridad no sólo se combate con represión, sino también con prevención y el desbalance entre los aumentos al gasto social y las de seguridad y defensa, reflejan una visión de corte claramente represivo.

Podemos afirmar que la situación económica de la mayoría de hondureños y hondureñas está en estado de precariedad, sin acceso a empleo ni servicios sociales básicos como educación y salud, mientras el gobierno carece de una política de empleo en beneficio de los trabajadores hondureños. Esto agudiza la situación de pobreza y obliga a cientos de miles de compatriotas a emigrar a EEUU , huyendo de la falsa “vida mejor” que ofrece el gobierno.

Entrega de bienes nacionales

La falta de una política económica propia ha hecho que el gobierno del Partido Nacional adopte las recomendaciones del FMI y que considere que la entrega de los bienes del patrimonio nacional, a través de las alianzas público- privadas, son el mecanismo ideal para el crecimiento económico. Sin embargo, dichos contratos han estado llenos de opacidad, sin tomar en cuenta las pérdidas que en el futuro puedan causar al Estado hondureño.

Un ejemplo ya mencionado es el caso de los fideicomisos y las concesiones de carreteras y aeropuertos como el de Palmerola. Estos bienes dados en concesión por períodos que van de 20 a 30 años, con más costos adicionales que beneficios para el país. El despojo asume su nivel máximo con las denominadas Zonas Especiales de Desarrollo que entregan el territorio nacional con inauditas concesiones.

El deterioro institucional, es una tragedia

El estado de ilegalidad que ha vivido Honduras desde 2009, con la ruptura del orden constitucional, se ha visto agudizado con la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia; con la elección anticipada e irregular del fiscal general y del fiscal adjunto; con la elección anticipada del Tribunal Supremo

Electoral para manejar a antojo de los partidos tradicionales las próximas elecciones; con el nombramiento de un Consejo de la Judicatura con fines políticos como lo han denunciado varios jueces de sentencia; con acciones ilegales desde el Congreso Nacional como es el caso de la elección de la nueva Junta directiva antes de lo que la ley indica.

El deterioro institucional no solamente habla del mal tipo de gobierno sino también del deterioro de la democracia hondureña, que también perjudica la inversión nacional y extranjera, dado que desaparece la seguridad jurídica, fundamental para un clima de negocios adecuado. Es por ello que el crecimiento se basa en actividades ya existentes y no en nuevas inversiones (60% de la inversión extranjera en Honduras es reinversión de utilidades y no capital fresco).

Por si esto fuera poco, las extradiciones ejecutadas a pedido del gobierno de los Estados Unidos durante el 2015, ponen en relieve otra arista de la colapsada institucionalidad de los entes operadores de justicia, contralores, fiscalizadores y del propio sistema judicial que parecen ajenos a lo que está ocurriendo dentro de las fronteras patrias.

Claro ejemplo de lo anterior se ve reflejado en la reciente aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de US 750 millones para la iniciativa de la “Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte” en cuyo documento de aprobación se establecen no menos de 16 CONDICIONES específicas para acceder a los fondos y una vez que el Departamento de Estado acredite que los gobiernos de los países beneficiarios han tomado acciones efectivas para cumplir con las mismas.

En el caso específico de Honduras estas condiciones de salvaguarda exigen el establecimiento de medidas efectivas para contrarrestar el deterioro institucional imperante, los altos niveles de corrupción, las débiles garantías en materia de seguridad jurídica y Derechos Humanos, la alta tolerancia de los poderes del Estado a la corrupción de “cuello blanco”; la falta de voluntad política para reconocer y concertar las necesarias reformas con los sectores representados en la oposición partidaria que aseguren y fortalezcan el libre ejercicio democrático de la población.

En adición se condiciona el desembolso de los recursos mientras no se tomen medidas efectivas para contrarrestar los flujos migratorios de indocumentados, para enfrentar la criminalidad, la falta de transparencia en la gestión pública, la persistente impunidad en el sistema judicial y organismos contralores y fiscalizadores del Estado, así como se exige detener la creciente militarización de la sociedad, entre otros.

Se acredita también la necesidad de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo económico y social de estos países. Condiciones que conocemos JOH se niega a cumplir.

Inseguridad, impunidad y militarización

Honduras ha sido militarizada aceleradamente para aumentar la capacidad represiva contra el pueblo hondureño, no para resolver el tema de la inseguridad. La inserción de la llamada Policía Militar, no solo ha mostrado ser inútil, sino que ha socavado la credibilidad que en el reciente pasado llegaron a construir las Fuerzas Armadas de Honduras.

La implementación de FUSINA, lejos de servir a la ciudadanía, ha servido para violar la individualidad de cada hondureño, pues nos han convertido en uno de los pueblos más asediados del planeta, y usada muchas veces con el propósito de atacar a la oposición política, (se cuentan innumerables casos de persecución) y dar seguimiento, sin resultados evidentes, a la creciente industria del crimen organizado en el país ( como las masacres perpetradas por escuadrones de la muerte) El aumento de las tasas para financiar estos organismos solo se ha traducido en un cerco temible contra la población, incluidas destacadas personalidades que hoy son vigiladas en todos su pasos, incluso en su ámbito familiar.

El clamor popular es inequívoco; nadie en su sano juicio confiara hoy su seguridad o la de su familia a los cuerpos de seguridad del estado; al contrario el pueblo les teme y los visualiza como la matriz misma de la enorme capacidad operativa del crimen en el país, ya sea en el sicariato, en el secuestro, la extorsión, la trata y tráfico de personas y el tráfico ilegal de narcóticos. Todas estas actividades florecen y prosperan en Honduras a la supuesta sombra de los organismos que pagamos para que nos den seguridad.

No podemos llamar solo “fracaso” a la mal llamada estrategia de seguridad del gobierno de Juan Orlando Hernández, pues da la impresión que ha sido diseñada y aplicada deliberadamente para fomentar todos los tipos de violencia y con ello mantener a la sociedad sumida en una situación de terror extremo, fomentada por las señales mixtas, convenientemente manipuladas por expertos de la desinformación, y la propaganda, que por un lado nos hablan de grandes éxitos contra la criminalidad, que nosotros no podemos percibir, y por el otro, nos muestran todos los días escenas repugnantes de seres humanos mutilados, encostalados, asesinados con todo lujo de sadismo, esto es conocido en todo el mundo como “la Doctrina del Schock”.

Esa nueva doctrina de la seguridad nacional o el parcial combate al crimen organizado, permite a quienes gobiernan, mantener aterrorizada la población, paralizada mientras se implementan las políticas de saqueo, se incrementa la corrupción, se vende todo el patrimonio común, y se obliga a los ciudadanos a pagar literalmente por los todos los actos criminales cometidos en su contra.

El infundir terror afecta por igual a pobres que a empresarios; mientras el Estado solo protege algunos, y destruye o dejan de existir las garantías individuales y colectivas que ahuyentan la inversión e incrementan la migración de jóvenes y niños hacia los Países del NORTE

Corrupción; paradójicamente se “combate” con más impunidad, y se ignora al pueblo indignado

El saqueo descomunal del Instituto Hondureño de Seguridad Social, es una expresión monstruosa de la vileza del aparato de corrupción sostenido por el gobierno; no solo por la dramática sustracción de sus recursos, los pingües negocios hechos con esos fondos, sino porque todo parece indicar que esta acción se ha producido como parte de la consolidación del modelo de explotación neoliberal, que impone el debilitamiento de los institutos de pensiones y seguridad social. Así, el colosal saqueo del IHSS no ha sido la acción de una banda de delincuentes avorazados, sino un acto planificado para provocar la privatización del sector salud en Honduras.

La ciudadanía hondureña no había sido testigo, hasta ahora, de casos de corrupción tan grandes como es el del Instituto Hondureño de Seguridad Social en donde se jugó con la salud de los trabajadores hondureños para canalizar recursos a las arcas del partido actualmente en el gobierno.

La montaña de la corrupción pasa por una bien aceitada maquinaria propagandística que maximiza el escandalo para borrar de la mente de la opinión publica todo rasgo de racionalidad que lo lleve a identificar la acción en su contra de forma contextual.

Los medios siguen con la historia de la ineficiencia estatal, aunque saben que la misma se ha debido a que el sistema vive de esta estructura de corrupción, que se repite mil veces y que hoy nos tiene ya sin empresas estratégicas en los sectores de comunicaciones, energía eléctrica, instituciones financieras, o suministro de agua.

Esta es una conexión inequívoca: la corrupción está vinculada entrañablemente con el sistema y este con la privatización.

La sociedad entiende que no puede obtener justicia de los mismos que cometen las fechorías, y por eso ha expresado sin cesar su demanda por un organismo multinacional de las Naciones Unidas (CICIH tipo Guatemala) para que investigue a fondo y arroje verdades sobre la podredumbre en todos los niveles.

Clientelismo político o la construcción de una dictadura

La demagogia de los programas “VIDA MEJOR” contrasta con los altos niveles de pobreza, el deterioro de la clase media, el desempleo y la profundización de la crisis migratoria. Adicionalmente, las pretensiones continuistas del Presidente Hernández profundizan la idea de la formación de un gobierno autoritario y absolutista, porque además de ser ilegal, se está construyendo bajo la premisa de que no se harán reformas a las leyes electorales, si acaso algunas cosméticas para engañar al pueblo, y que se mantendrá el sistema de ventajismos que le permitiría al gobernante, preparar un nuevo fraude electoral.

Está claro no se puede llevar adelante su pretensión continuista en medio de un ambiente transparente y democrático, por esa razón no muestra ninguna voluntad para modificar las condiciones actuales, arbitrarias y obsoletas de la actual ley electoral de la cual LIBRE es el único partido que ha presentado reformas completas y democráticas que son ignoradas paladinamente por el régimen .

Para ilustrar esta aseveración, vemos plasmado en el presupuesto aprobado para el 2016 las decisiones unilaterales de la élite gobernante y NO las prioridades de un pueblo que está urgido de generación de empleo, reactivación del agro y de otros sectores claves para dinamizar la economía; servicios de Educación y Salud de calidad así como el acceso a una red de protección social integral. A última hora, en forma inconsulta el presupuesto general de ingresos y egresos se aumentó en 2,000 millones de lempiras para ser utilizados en forma indiscriminada por el gobierno de la república, exigimos explicación sobre este abuso.

El programa que sostiene la maquinaria clientelar conocido como VIDA MEJOR absorberá ingentes montos de dinero que aún a sabiendas que esto provocará la continuación de un bajo crecimiento económico y sin ningún impacto positivo en la población pobre, ampliamente mayoritaria en el país.

Honduras está a punto de constituirse en la Nación con mayor pobreza en la región Latinoamericana, y un estudio reciente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales reportaba la reducción en inversión en niñez y adolescencia que lleva el presupuesto 2016.

En la misma dirección el FOSDEH ha venido destacando las contradicciones en que caen los altos funcionarios del Ejecutivo en su afán de manipular indicadores Económicos y Sociales para esconder el fracaso de sus programas y la superficialidad de sus compromisos; es una contradicción por ejemplo que destaquen un ritmo de crecimiento sólido cuando se reporta una baja en el crecimiento de las exportaciones en el 2015 con respecto al año anterior y también las importaciones decrecen.

Igual contradicción se observa en los indicadores de Pobreza y Empleo donde se destaca que el gobierno ha generado miles de empleos, no obstante, según la Encuesta de Hogares del 2014 la situación del empleo se ha deteriorado y la tasa de desempleo abierto urbano alcanzó un 7.5% ( en el 2013 fue de 6.0% ).

Esta visión amañada que permea a toda la institucionalidad pública contrasta con la realidad que percibe la población; para ilustrar lo anterior una encuesta reciente de CID Gallup registraba en base a los encuestados que los tres principales problemas del país al 2015 eran en orden de prioridad: Desempleo; Crimen, Violencia/Narcotráfico; Corrupción en el gobierno.

Violaciones a los derechos humanos, la libertad de expresión y la oposición política

Existen pruebas abundantes de violaciones a los derechos humanos; pruebas de esta aseveración hay múltiples y variadas, (feminicidios, torturas, asesinatos de niños, jóvenes, campesinos, masacres), las que se destacan por su clara intención en función de consolidar las aspiraciones del Ejecutivo:

• El fallo de la Sala Constitucional dictando una sentencia ilegal que favorece el CONTINUISMO;

• Una Junta Nominadora de candidatos a Magistrados y Lista de Candidatos seleccionados, integrada en su mayoría por activistas y afines políticos del Presidente;

• La Elección anticipada de la Directiva del Congreso;

• Una escalada de persecución y ataque contra las fuerzas de la oposición partidaria desde la cual se le pretende deslegitimizar, desconocer su representatividad ganada en las urnas de un 70% de los electores que votaron en contra del partido Nacional y de Juan Orlando Hernández;

La situación política se torna grave y peligrosa

LIBRE DENUNCIA que ha sido informada por fuentes no oficiales que se prepara una campaña de calumnias y difamación en contra de candidatos opositores e inclusive el asesinato selectivo de aspirantes políticos en diferentes niveles de elección, con vistas a generar terror y disminuir el ánimo de más del 70% de la población en contra del actual régimen.

Diariamente se producen decenas de ejecuciones por escuadrones de la muerte; extradiciones que reflejan las enormes falencias del sistema judicial y del estado de derecho en Honduras e innumerables VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, encubiertas o disfrazadas como delincuencia común y lucha contra el crimen organizado.

En materia de migraciones indocumentadas el gobierno y sus voceros se ufanan de que las deportaciones desde Estados Unidos han decrecido, ocultando que ahora los migrantes indocumentados son detenidos y retornados desde México y Guatemala.

En los últimos días del 2015 el periódico Washington Post filtró las redadas masivas de indocumentados centroamericanos que planifica el gobierno de Obama para el 2016, los migrantes hondureños serán de los más afectados con esta medida.

En adición, el Presidente Hernández prometió ser respetuoso de la Libertad de Expresión, pero ejerce un control casi total de medios de comunicación.

Instrumentaliza y usa el TERROR y la INTIMIDACIÓN en todas las formas posibles, para controlar las opiniones, los medios y los periodistas; hasta llegar al extremo de tener con un pie en la cárcel al periodista David Romero Ellner y amenazar con cerrar CHOLUSAT SUR y Radio y GLOBO TV, por denunciar las ejecuciones, masacres, persecuciones, saqueos, abusos, arbitrariedades y en general la corrupción que priva en el Estado.

Cercado por sus propias ejecutorias, el presidente Juan Orlando Hernández durante 2016, seguirá mintiendo cobijado por unos poderes legislativos y judicial acomodados y plegados a su agenda personal.

Ante esta situación el Partido Libertad y Refundación “LIBRE” reitera su compromiso con el pueblo hondureño por la Refundación de Honduras y plantea una lucha frontal hasta derrotar la inseguridad la ilegalidad y el abandono en que vive nuestro país, no vamos a descansar hasta derrotar el gobierno Nacionalista, y las pretensiones continuistas de JOH y llamamos a la militancia a cumplir las siguientes tareas, consideradas agenda política impostergable:

  1. La derogación de todas las leyes inconstitucionales y violadoras de nuestros principios y nuestros derechos fundamentales, como son las leyes de: Secretos, poderes extraordinarios al Presidente Hernández, leyes militares que invaden ámbito civil, ley de Escuchas Ilegales, ley de ZEDES, que entregan nuestra patria en pedazos y las nuevas y onerosas cargas tributarias que afectan nuestra economía .
  1. Crear un nuevo proceso para los organismos operadores de justicia que garantice imparcialidad en su aplicación, incluyendo elección de fiscales jueces, Consejo de la Judicatura, Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que elimine los vicios de corrupción y politización que han contaminado ese poder del estado hasta la fecha.
  1. Estructurar una estrategia jurídica y social para desmontar el latrocinio contra el sector salud y educación, investigar, descubrir, sin privilegios de ninguna índole, a todos los responsables del saqueo contra el IHSS y otras instituciones del estado, incluyendo las altas esferas del Gobierno que todavía están impunes y encubiertos.
  1. Exigir Reformas urgentes y profundas a la Ley Electoral que garanticen elecciones trasparentes, libres y justas. ( ya presentadas por LIBRE ante el Congreso Nacional ).
  1. Demandar la Anulación inmediata de la sentencia ilegal de la Sala Constitucional para favorecer el continuismo del Presidente Juan Orlando Hernández ya presentada en la corte de justicia en nombre del partido libre por el Coordinador Zelaya Rosales.
  1. CONVOCAR A UNA CONSULTA POPULAR que tenga por objeto que el pueblo decida si está de acuerdo con una Nueva constitución y una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.
  1.  Exigir la Depuración efectiva y a profundidad de las instituciones y órganos operadores de Justicia y Seguridad.
  1. Fortalecer la Policía Civil y desmilitarización de las instituciones públicas, entre ellas la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), los Hospitales y Centros Educativos, los entes fiscalizadores y contralores del Estado.
  1. Demandar una Auditoría internacional para los fondos del tazón, del bono 10 mil, subsidios de los diputados y gastos en publicidad del gobierno.
  1. Exigir el cese a la persecución fiscal y su criminalización por parte del estado, lo cual tiene en franca extinción a las pequeñas y medianas industrias; y en general afecta al empresariado local que no goza del auspicio de Incentivos y Privilegios Fiscales.
  1.  Respaldar plena y activamente la movilización social, y el derecho a la protesta, como derecho inalienable del pueblo hondureño.

Pedimos la unidad de todos los sectores para enfrentar la dura lucha que se avizora para los años 2016 y 2017

Se deben incrementar los niveles de organización unitaria de la oposición, para recuperar nuestra seguridad, la democracia y el estado de derecho.

Alertamos a la Empresa Privada sobre el plan estructural que se aplica en Honduras que provocará la quiebra de miles de empresas, e irá deteriorando aceleradamente la posibilidad de inversión, provocando enormes pérdidas de capital, y propiciando la confiscación de sus bienes, incluso por vías entendidas legales.

Los empresarios deben ser parte de esta cruzada democratizadora que busca un país justo, en el que se multipliquen las oportunidades para todos, en un marco de justicia. No se dejen engañar con el argumento del crecimiento, pues este no es lo mismo que desarrollo, y es en este último en el que ustedes pueden encontrar ambiente para ver crecer su iniciativa creadora.

Por una Honduras LIBRE, SOBERANA y JUSTA para todos sus hijos e hijas, llamamos a la unidad del pueblo para conquistar la democracia, hoy destruida y vilipendiada por el bipartidismo.

Tegucigalpa M.D.C. 5 de enero del año 2016

 

José Manuel Zelaya Rosales

Coordinador General

Libres

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Origen: Honduras devastada

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Ya no viene la Maccih

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

El presidente Juan Orlando Hernández informó que la firma del convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) para la instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) esta cancelada.

El mandatario dio a concoer que “el presidente del Poder Judicial en su momento solicitó al Consejo Nacional de Defensa que le pidiera a la OEA esperara un poco mientras ingresaran o fueran electos los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia y eso entiendo que la OEA lo vio razonable”.

Pese a la llegada de la Maccih, sentenció que “quiero dejar algo claro que creo que miles de hondureños pueden reconstruir la institucionalidad del país y que lo podemos hacer nosotros, porque es nuestro propio interés”.

El 28 de septiembre de 2015 se propuso este ente por parte de la Organización de Estados Americanos como resultado de un proceso de diálogo nacional promovido por el gobierno para reformar el sistema de justicia.

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Algunos empresarios norteños se dedican a lavar activos: Marvin Ponce

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

El asesor presidencial, Marvin Ponce, reveló hoy miércoles que muchos empresarios de la zona norte de Honduras, se han dedicado a lavar activos.

Dijo tener conocimiento y haber “escuchado fuertemente” que varios industriales norteños, han sido señalados en privado por lavar dinero del narcotráfico.

Refirió que también hay políticos vinculados en ese tipo de ilícitos, sin que hasta la fecha hayan sido llevados a los Tribunales de Justicia.

“En San Pedro Sula hay mucha gente que se dedica a lavar activos y están ahí en la Cámara de Comercio (e Industria de Cortés); y se volvieron ricos de la noche a la mañana”.

“Van a pagar sus errores con el tiempo… No es porque yo lo diga, por eso no digo nombres porque no los tengo certero”.

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Acusan a la rectora Castellanos de deberle favores a JOH

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-De actuar a favor del gobierno y de equiparar la tasa de homicidios con la secretaría de Seguridad porque le debe favores al presidente de la República, Juan Hernández, fue acusada la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos. La fuerte imputación la hizo el diputado por […]

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Tardanza en aprobación de la MACCIH se debe a negligencia del gobierno de Hernández

Si se maneja bien, puede comenzar a romper el poder del crimen organizado y los funcionarios corruptos en Honduras, que a su vez será una buena causa para la celebración. Desperdiciar esta oportunidad al no establecer un cuerpo significativo “con  dientes”,  sería un error. Simplemente firmar un vago acuerdo con la esperanza de algún pago futuro […]

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Astropharma usó cinco registros sanitarios falsos y expendió medicamento adulterado

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-La empresa farmacéutica de la familia Gutiérrez, Astropharma utilizó cinco registros sanitarios falsos para participar en los procesos de licitación  y expandió medicamento adulterado para surtir las farmacias de los hospitales públicos de Honduras, confirmó este miércoles el Ministerio Público (MP). La acusación  contra la empresa propiedad de la familia de […]

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Junta Nominadora confirma espionaje telefónico en Honduras: Asesor presidencial revela nombres de próximos magistrados

Un día después de trascender el espionaje en contra de la Junta Nominadora, el asesor presidencial Marvin Ponce reveló que los actuales magistrados Jacobo Càlix y German García, podrían lograr la reelección en el Congreso Nacional.

La aspiración de reelección de ambos togados sería una realidad en caso de resultar cierta la revelación de Ponce de que forman parte de la lista de 45 candidatos a magistrados y que cuentan con el aval de la cúpula política del país. El asesor del presidente hondureño no aclaró cómo se enteró de la eventual escogencia de los dos actuales funcionarios judiciales.

En las últimas horas tomó fuerza el “secreto a voces” de que en Honduras existe intervención telefónica en detrimento de la privacidad de organizaciones ciudadanas, periodistas, funcionarios, empresarios y otras personas que manejan información estratégica y de interés para los grupos de poder.

La denuncia inicial de la Junta Nominadora no identificó con exactitud si los responsables de las escuchas telefónicas son instituciones del Estado o del crimen organizado, pero uno de sus integrantes, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), José Luis Valladares, manifestó que la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado les informó que esta dependencia no ha realizado ninguna intervención de sus comunicaciones.

Alfredo Ponce, representante de los trabajadores en la Junta Nominadora, dijo que “estoy muy preocupado de que tengan mi teléfono intervenido, ya no se puede ni hablar con la familia. Deben de respetar nuestras cosas, no he podido platicar nada con nadie”.

Siempre sobre el espionaje de las comunicaciones, el representante del Claustro de Profesores de Ciencias Jurídicas en la Junta, Jorge Herrera, consideró que “esto lo están haciendo para controlarnos el pensamiento y la agenda. No hay respeto por la intimidad porque hay algunas conversaciones que son eminentemente privadas y no es agradable saber que nos están escuchando. Esto genera inseguridad jurídica y debe de erradicarse, está prohibido”.

Por su parte el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres, indicó que “hay una preocupación, no solo estamos como participantes sino como supervisor del cumplimiento del Estado de derecho. Esto nos preocupó y estamos investigando los elementos de que todos los teléfonos podrían estar intervenidos. Pero la intervención no solo puede provenir de autoridades, también de sectores particulares”.

Al respecto, el presidente de la Junta Nominadora, Ricardo Rodríguez, informó que la Dirección de Inteligencia les explicó que no es fácil realizar las intervenciones telefónicas ya que siguen el proceso legal conforme a la “Ley de Escuchas” que necesariamente involucra la resolución de un juez y la presencia de un fiscal del Ministerio Público.

Refiriéndose al derecho a la privacidad comentó: “esperamos entonces de que las supuestas intervenciones no sean reales porque se estaría distorsionando el proceso de armonía y tranquilidad, que hemos tenido como nominadores de los candidatos a magistrados, que serán enviados al Congreso Nacional para la selección de los 15 magistrados”.

Rodríguez continuó diciendo: “y qué es lo que pueden escuchar, el nombre de algún candidato o aspirante, o fíjate que se hizo la nota de fulano, porque cada uno tiene un resultado distinto porque evaluamos diferente, pero eso es lo que podrían estar escuchando, por eso esas cuestiones nos tiene sin cuidado, pero puede ser incómodo claro”,

Sobre el espionaje el dirigente de sociedad civil, Omar Rivera, dijo que desde 2012 está vigente la Ley sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas como una herramienta para la lucha contra la criminalidad organizada, y no para perseguir a dirigentes sociales, organizaciones políticas legalmente constituidas, ni a los miembros de organismos constituidos para la selección de los magistrados de la CSJ”. Pidió investigar la denuncia.

Antes del 20 del presente mes, la Junta Nominadora enviará al Congreso Nacional  la lista de los 45 candidatos a magistrados que hasta el momento es confidencial, sin embargo, Ponce confirmó el nombre de dos de los 15 togados del Pleno de la CSJ periodo 2016-2023, que  tomarán posesión el 25 de este mes luego de la escogencia diputadil.

En septiembre del año anterior el Congreso Nacional juramentó a los integrantes propietarios y suplentes de la Junta Nominadora que seleccionó, de un universo de 140 profesionales del Derecho, a 45 aspirantes a magistrados de la CSJ.

La revelación de Ponce coincide con la denuncia de la Junta Nominadora de que es víctima de la violación del derecho a la privacidad a través de intervenciones telefónicas y cámaras ocultas, que envía el mensaje negativo de inseguridad jurídica en Honduras.

La intervención telefónica ilegal vulnera el derecho a la intimidad, a la imagen  y a una serie de derechos humanos”, y la legislación nacional establece para este delito un castigo con reclusión de  6 a 10 años.

Legislación internacional prohíbe injerencias arbitrarias en la vida privada

Frank LaRue Catalina Botero

Frank La Rue-Relator Libertad de Expresión ONU-2013           Catalina Botero-Relatora Libertad de Expresión CIDH-2013           

La normativa internacional en materia de derechos humanos, prohíbe injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, incluidas las comunicaciones, y demanda la protección del Estado contra ese tipo de injerencias.

En junio de 2013, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión,  y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, publicitaron la Declaración Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su Impacto en la Libertad de Expresión.

Se refirieron al alcance de algunos programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA – por sus siglas en inglés) sobre metadatos de comunicaciones telefónicas y contenido de informaciones digitales, programas que estarían amparados en la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA – por sus siglas en inglés) y la Ley Patriota (Patriot Act), contarían con supervisión de una corte independiente que opera de manera reservada y estarían sometidos al control reservado de comités especiales del Congreso de los Estados Unidos

El alcance de estos programas pone de presente los riesgos que su implementación apareja para el derecho a la intimidad y a la libertad de pensamiento y expresión de las personas, así como la necesidad de revisar la legislación correspondiente y de establecer mayores mecanismos de transparencia y discusión pública de dichas prácticas.

De la misma manera, agrega la Declaración, según la información recogida en informes temáticos y de país de las relatorías especiales, autoridades de otros Estados americanos, amparados por leyes de inteligencia, o al margen de la regulación legal existente, habrían interceptado las comunicaciones de particulares, en muchos casos con criterios o finalidades políticas e, incluso, las habrían difundido masivamente, sin autorización de su titular, en medios de comunicación estatales. Los relatores especiales habrían conocido también de importantes avances en las investigaciones judiciales de algunos de estos casos de espionaje ilegal.

En este contexto, los relatores especiales reiteraron su preocupación por la existencia de programas y prácticas de seguridad que puedan generar un perjuicio serio a los derechos a la intimidad y a la libertad de pensamiento y expresión.

Instaron a las autoridades a revisar la legislación pertinente y modificar sus prácticas, con la finalidad de asegurar su adecuación a los principios internacionales en materia de derechos humanos.

Recordaron que en su reciente informe sobre vigilancia de comunicaciones y sus implicancias en el ejercicio de los derechos a la privacidad y libertad de expresión (A/HRC/23/40) el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión reconoce que la protección de la seguridad nacional puede justificar el uso excepcional de vigilancia en las comunicaciones privadas.

En el documento establecen que existe una necesidad urgente de que los Estados revisen su legislación para establecer los límites a la potestad para vigilar las comunicaciones privadas, su necesidad y proporcionalidad, de conformidad con los derechos de las personas y los principios de derecho internacional que han sido recogidos, entre otros, en el informe sobre vigilancia de comunicaciones y sus implicancias en el ejercicio de los derechos a la privacidad y libertad de expresión (A/HRC/23/40) del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y el informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre la necesidad de limitar los programas de vigilancia, las relatorías indicaron que los derechos a la privacidad y a la libre circulación del pensamiento e información se encuentran protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre reconocen de manera expresa el derecho de toda persona, sin discriminación, a manifestar libremente su pensamiento y a buscar y recibir informaciones de toda índole. Asimismo, prohíben injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, incluidas las comunicaciones, y a obtener la protección del Estado contra ese tipo de injerencias.

Recomendaron a  los Estados garantizar que la intervención, recolección y uso de información personal, incluidas todas las limitaciones al derecho de la persona afectada a acceder a información sobre las mismas, estén claramente autorizadas por la ley a fin de proteger a la persona contra interferencias arbitrarias o abusivas en sus intereses privados. La ley deberá establecer límites respecto a la naturaleza, alcance y duración de este tipo de medidas, las razones para ordenarlas, las autoridades competentes para autorizar, ejecutar y supervisarlas y los mecanismos legales para su impugnación.

Pidieron sanciones drásticas para la vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas. Esta injerencia ilegítima incluye aquellas realizada por motivos políticos contra periodistas y medios de comunicación independientes.

Origen: Pasos de Animal Grande – Junta Nominadora confirma espionaje telefónico en Honduras: Asesor presidencial revela nombres de próximos magistrados

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Defensa de Kevin Solórzano pide celeridad a Corte de Apelaciones para iniciar juicio oral

Tegucigalpa – La defensa del joven Kevin Solórzano, acusado de asesinar a un exfiscal del Ministerio Público, demandó celeridad a la Corte de Apelaciones para que pronuncie su veredicto sobre quien conocerá el juicio oral y público que se sigue por esta causa.
El joven universitario tiene más de un año de estar recluido en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, luego de la celebración de la audiencia preliminar en la que se le mantuvo la orden de reclusión por ser considerado uno de los autores materiales del asesinato del abogado Edwin Eguigure.

El abogado Jair López dijo que esperan la resolución de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, que definirá el tribunal competente que conocerá el juicio oral y público del joven Kevin Solórzano.
“Esperamos que la decisión sea pública en estos días”, declaró el profesional del derecho para luego agregar que los plazos pertinentes ya fueron alterados.
Explicó que lo que sigue es la audiencia de proposición de pruebas; “ahí demostraremos que Kevin no participó en este hecho”, refirió.
De su lado la abogada Celeste Cerrato citó que visitaron a su cliente recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara durante las fiestas de Navidad. “Lo encontramos ya diferente, siempre con la fe puesta en Dios en torno a la resolución de su juicio”.
Declaró que su cliente goza de un excelente trato en la Penitenciaría Nacional e incluso los propios privados de libertad lo protegen, al grado que cuando lo visitan lo hacen en el área de Diagnóstico del centro carcelario y no donde lo hacen los abogados generalmente.
Cerrato señaló que desde que tomaron la defensa del caso estaban conscientes que el proceso judicial era defendible porque las pruebas así lo indicaban.
“Las evidencias que hemos tenido desde un inicio es que Kevin es inocente de los hechos que lo acusan”, finalizó.

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/01/defensa-de-kevin-solorzano-pide.html

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Parlacen pide a Estados Unidos terminar con redadas de migrantes

Guatemala.- El Parlamento Centroamericano (Parlacen) expresó hoy su preocupación por las capturas de centenares de migrantes realizadas por Estados Unidos en su territorio y pidió al país norteamericano que cese en su intento.

“(Instamos) al Gobierno de los Estados Unidos de América (a) que detenga las redadas y que los niños, niñas y adolescentes centroamericanos migrantes no acompañados no sean deportados a sus países de origen, pues sus vidas corren peligro por la acción de las maras”, manifestó la entidad en una declaración pública.

Organizaciones defensoras de los inmigrantes llevan semanas protestando en contra de la campaña de redadas masivas desvelada por el diario The Washington Post para deportar a miles de familias de inmigrantes centroamericanos indocumentados.

Según el Parlacen, todo apunta a que esta “ola masiva de detenciones” podría llegar a las 3.000 personas deportadas.

Las causas de las migraciones que sufre Centroamérica son, de acuerdo con el Parlacen, la crisis económica, la violencia de las maras, el crimen organizado, el narcotráfico y los desastres naturales.

Esta semana han llegado a Guatemala dos vuelos con inmigrantes deportados desde EE.UU. Uno con 131 personas, que aterrizó el martes, y otro, que llegó ayer, con 14: cuatro madres y diez menores de edad.

Honduras, otro de los países afectados junto con El Salvador, también recibió ayer al primer grupo de 19 menores deportados de Estados Unidos, todos ellos acompañados de sus madres.

Origen: Parlacen pide a Estados Unidos terminar con redadas de migrantes

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Maccih se anula si el Estado no permite investigaciones

De acuerdo con el convenio que se firmará, se estipularon cuatro rigurosas condiciones para que la misión no se suspenda.

Tegucigalpa, Honduras
El gobierno y toda la institucionalidad del Estado deberán cumplir las recomendaciones para reformar el sistema jurídico planteadas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Honduras (Maccih), porque de lo contrario este ente de la Organización de Estados Americanos se retirará.

El acuerdo de aplicación de la Maccih impone cuatro rigurosas condiciones para que la misión se mantenga en Honduras para cumplir su plan de adecentamiento institucional.

En el capítulo titulado “Retiro de la cooperación” se indica que se suspenderá el acuerdo “si la Maccih no puede ejercer plenamente su función de seleccionar, certificar, supervisar, evaluar y asesorar el grupo de fiscales, investigadores y especialistas forenses del Ministerio Público”, y en los capítulos III y VI del convenio se estipulan las diferentes funciones que tendrá este equipo de agentes.

En ese sentido, la Maccih deberá tener la libertad plena de conformar este equipo de fiscales que se encargará de “recabar información y que ejerzan la acción penal pública contra casos de corrupción que involucren redes de corrupción”, de acuerdo con el capítulo III del convenio que se deberá firmar a finales de enero.

De igual manera, es requisito para que la Maccih continúe que se le preste colaboración para que se conforme el grupo de fiscales, jueces y especialistas anticorrupción de la Fiscalía, Consejo de la Judicatura y Secretaría de Seguridad que conformarán unidades especiales.

En el caso de que el Estado “deje de cooperar de manera fundamental” a la Maccih, está también dejará de funcionar.

Otra causal de disolución del acuerdo es que el Estado se declare incapaz de poner en práctica las reformas jurídicas e institucionales que se plantean para combatir la corrupción.

La falta de apoyo financiero de la comunidad internacional para apoyar la Maccih es la causa de retiro de ese ente también.

Los gastos de la Maccih serán cubiertos por contribuciones de la comunidad internacional.

La creación de la Maccih fue el resultado del proceso de diálogo nacional entre el gobierno y diferentes sectores de la sociedad para crear un sistema de mejoramiento del sistema de justicia, que contó con la mediación de la Organización de Estados Americanos en 2014.

EL HERALDO dio a conocer en exclusiva que este ente contará con una unidad de investigación de casos emblemáticos de corrupción similar a la que tiene la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La Maccih estará integrada por un vocero, que será el responsable de las actividades de la misión, y coordinadores de divisiones, entre otros, y tendrá una duración de cuatro años.

Funcionarios nacionales e internacionales, así como contratistas independientes, también conformarán la Maccih.

La conformación del grupo de fiscales anticorrupción y su asesoramiento no implica que se violen las atribuciones del Ministerio Público si no que esta labor representa un acompañamiento para fortalecer al ente acusador, según reconocieron autoridades de la Fiscalía General.

El Ministerio Público, por medio de los fiscales certificados, continuará con la función exclusiva de presentar requerimientos fiscales en casos de corrupción.

La participación de la Maccih en los procesos penales será la de asesorar las investigaciones y mejorar las técnicas jurídicas que usan los fiscales en los juicios, entre otras asistencias.

Inmunidades

Los miembros de la Maccih y sus bienes gozarán de la inmunidad establecida en el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades de la Organización de Estados Americanos.

Por su lado, al personal extranjero contará con la inmunidad que se da a agentes diplomáticos en aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

En consecuencia, la inmunidad de los funcionarios de la Maccih será contra arrestos y detenciones.

Habrá inmunidad contra toda acción judicial en materia penal, civil y administrativa por palabras habladas o escritas durante y después del período de la Maccih.

Observatorio penal

Para analizar en detalle el funcionamiento del sistema penal, la Maccih contempla tener un observatorio que estará conformado por organizaciones académicas y de la sociedad civil.

Este organismo veedor deberá elaborar una matriz para estudiar el funcionamiento de estamento jurídico en general.

Según esta matriz, se hará una evaluación cualitativa y cuantitativa cuyos resultados se plasmarán en informes periódicos para que los operadores del sistema puedan identificar problemas estructurales y aplicar medidas correctivas.

Seguridad pública

Las instituciones de seguridad deberán, según las recomendaciones de la Maccih, crear mecanismos para mejorar la seguridad de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales u operadores de justicia.

De igual manera se realizará un seguimiento al informe de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana de Honduras.

Supervisar y apoyar técnicamente a los jueces y fiscales internacionales es otra de las funciones de la Maccih.

Solución de conflictos

Todo conflicto generado por la aplicación de convenio deberá de ser resuelto mediante arreglo entre el gobierno y la Misión.

Para resolver problemas o controversias, la Maccih deberá abocarse en primera instancia ante la persona encargada de la dependencia estatal respectiva y, si no se solventa el impasse, entonces tendrá que recurrir al titular de la institución.

Si ninguna de estas instancias resuelve el asunto, la Maccih tendrá que señalar la problemática en su informe semestral al secretario general de la OEA.

De no llegar a un acuerdo, el punto en discordia será discutido en un proceso arbitral que para tal efecto se cree.

Entre los objetivos de la Maccih se encuentra el de apoyar a las instituciones del gobierno en el cumplimiento de las Mesa de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Asimismo, proponer reformas al sistema de justicia de Honduras que incluyan cambios legales en materia penal para atacar la corrupción pública y privada.

Cambios

Las modificaciones al convenio se realizarán mediante un acuerdo entre la OEA y el gobierno hondureño.

De igual manera se podrá dejar sin efecto por cualquiera de las partes mediante comunicación escrita.

También se contempla mejorar sistemas de rendición de cuentas desde la sociedad civil

Origen: Maccih se anula si el Estado no permite investigaciones

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