Archivos para 22/12/15

Protestas paralizarían actividades del Instituto de la Propiedad

El presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de la Propiedad (Sitraip), Jack Uriarte, señaló el domingo que las autoridades los han obligado a trabajar tiempo extra para cumplir con la mora en el Registro Vehicular (placas), pero no les han pagado todo ese tiempo extra.
Indicó que el jueves los empleados de Registro Vehicular dejaron de atender a los ciudadanos y cerraron los portones por una hora, debido a que van a cumplir un año de trabajar fuera de su horario pero no se los pagan.
“Los compañeros trabajan hasta los sábados y domingos y no les pagan horas extras ni les dan tiempo compensatorio y a pesar que se han mandado notas exigiendo sus derechos, nadie les da una respuesta y ni las vacaciones les quieren dar para cumplir con la mora de placas”, denunció.
Uriarte dijo que están esperando una respuesta ya que se están haciendo los acercamientos con las autoridades, de lo contrario la próxima semana se podrían presentar paros a nivel nacional. (YB)
http://www.latribuna.hn/2015/12/20/protestas-paralizarian-actividades-del-ip/

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2015/12/honduras-protestas-paralizarian.html

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La nueva cúpula asume el mando de las Fuerzas Armadas de Honduras

Tegucigalpa – La nueva cúpula de las Fuerzas Armadas de Honduras asumió hoy, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Francisco Isaías Álvarez, en una ceremonia que presidió el presidente Juan Orlando Hernández en una academia militar de Tegucigalpa.

Álvarez fue nombrado el día 14 por Hernández y recibió este lunes el bastón de mando de parte del saliente jefe del Estado Mayor Conjunto, el máximo cargo militar en Honduras, general Fredy Santiago Díaz.

También ejercen sus cargos los otros cinco nuevos miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, designados por el mandatario.

Estos otros oficiales son el subjefe del Estado Mayor Conjunto, general Carlos Rolando Discua; el inspector general, general Otilio Javier Sabillón, y los jefes del Ejército, general René Orlando Ponce; de la Fuerza Aérea, general José Luis Sauceda, y de la Fuerza Naval, contraalmirante José Humberto Benítez.

En su discurso, Álvarez se comprometió a “defender y cumplir” las instrucciones del alto mando relacionadas con el combate del narcotráfico, delincuencia común y crimen organizado, con el fin de “recuperar la paz y la tranquilidad” en el país centroamericano.

“Agradezco por ese apoyo que el pueblo hondureño tanto necesita, asumo esta responsabilidad con valor, lealtad y sacrificio para hacer frente a las actividades a futuro”, subrayó.

El nuevo jefe militar indicó que su tarea será “difícil”, pero que trabajará “incansablemente” en el acompañamiento de misiones de seguridad y combate al narcotráfico que, según las autoridades hondureñas, es una de las causas de los altos índices de violencia en el país, que a diario registra un promedio de catorce muertes.

“Prometemos hacer el mayor esfuerzo, entregándonos con dedicación y compromiso, para servir a mi patria y permitir que nuestras Fuerzas Armadas sea la institución más querida y respetada por el pueblo hondureño”, subrayó el nuevo jefe castrense, quien era el comandante del Ejército de Honduras.

Díaz ocupó el cargo desde el 19 de diciembre de 2013, cuando el expresidente hondureño Porfirio Lobo lo nombró a pocos días de concluir su cuarto año de mandato, que finalizó el 27 de enero de 2014.

“Honduras es un país bello, con una excelente posición geográfica, su población no debe de salir de su territorio a buscar nuevos horizontes, solamente aquí no somos extranjeros, y es aquí donde debemos de tener mejores oportunidades, tenemos que construir un mejor país para que no se nos siga condenando como un país corrupto”, subrayó el saliente jefe militar al entregar el cargo.

Destacó que ningún país de “oriente, del norte o del sur va a venir a solventar nuestros problemas, solamente nosotros podemos hacerlo, pero eso se realizará con entrega, pasión y anteponiendo los intereses personales por los del país”.

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Diputados y funcionarios con temor de viajar a Disney World para navidad

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Firma hondureño-alemana inicia en seis meses obras en Palmerola

Después de casi un año que duró el proceso, el gobierno logró encontrar empresa para la construcción del aeropuerto.

Tegucigalpa, Honduras

En alianza con el Aeropuerto Internacional de Múnich, Alemania, la firma hondureña Inversiones Emco S.A. de C.V. construirá la terminal aérea de Palmerola.

Ayer el gobierno finalmente adjudicó el millonario proyecto mediante una concesión por 30 años, en un proceso de licitación con un solo participante. Emco fue la única empresa que presentó la semana anterior las ofertas técnicas y financieras después de que al menos nueve firmas habían adquirido las bases de la licitación. El proyecto de 136.4 millones de dólares (L 3,041 millones) fue adjudicado, por segunda vez, a través de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza).

En la administración del expresidente Porfirio Lobo, el proyecto había sido licitado y adjudicado, pero más tarde el contrato fue declarado nulo por las autoridades de gobierno. La empresa ganadora del contrato se encargará del diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del nuevo Aeropuerto Internacional de Palmerola, el cual funcionará en la base Enrique Soto Cano.

Dicha base actualmente es ocupada por la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos, que compartirá la instalación una vez construida la terminal. Coalianza anunció que el proyecto generará al menos 1,000 empleos directos y unos 5,000 puestos de trabajo indirectos en la parte central del país.

Anunció además que la obra comenzará a ser construida entre los meses de junio y julio del próximo año y se tiene prevista su edificación en un plazo máximo de 24 meses.

“Hoy (ayer) se adjudicó licitación de la terminal y otras obras de Palmerola. Más de 6 mil nuevos empleos en su construcción”, celebró a través de las redes sociales el presidente Juan Orlando Hernández. Según el gobierno, la empresa favorecida reúne los requisitos técnicos y financieros para llevar a cabo el proyecto y además cuenta con experiencia en la construcción y manejo de aeropuertos.

Palmerola se comienza a construir entre el mes de junio y julio y generará unos 1,000 empleos directos y cinco mil indirectos, afirmaron los directivos de Coalianza durante la audiencia pública en la que se adjudicó el contrato de construcción de la obra.

Terminal

Entre los trabajos a realizar en la base de Palmerola destacan su adaptación del campo de vuelo actual y sus sistemas para el cumplimiento de las normativas de la Organización Internacional de la Aviación Civil (OACI, por sus siglas en inglés).

Además se construirá una nueva torre de control para el uso civil y se habilitarán nuevos espacios para el estacionamiento de las aeronaves para la aviación general, regional y comercial, así como los hangares y edificios auxiliares. La longitud de la pista será de 2,440 metros con capacidad para la operación de aeronaves comerciales de fuselaje estrecho sin restricciones y de fuselaje ancho con bajas restricciones a destinos de largo radio

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Presentan denuncias para inhabilitar a los 10 diputados liberales “traidores”

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A Diario La Prensa no le gustó que Miss Honduras pidiera la CICIH

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Congreso EE.UU. condiciona US$750 millones a lucha de corrupción en Triángulo Norte

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

Los fondos acordados para el Triángulo Norte de Centroamérica representan un recorte de US$250 millones respecto de la solicitud formulada por el presidente Barack Obama para enfrentar la oleada de niños de la región que llegaron en 2014 a la frontera estadounidense sin documentos ni acompañantes adultos.

El Gobierno estadounidense expresó en junio su preocupación ante la posibilidad de que el Congreso, de mayoría republicana en ambas cámaras, no aprobara los US$1.000 millones. El senador Tom Carper, principal demócrata en la Comisión de Seguridad Nacional, dijo que el proyecto satisface una de sus prioridades.

Un resumen del proyecto de ley señala que los fondos servirán para implementar una estrategia estadounidense que busca “la seguridad fronteriza, la reintegración de migrantes y la atención de las causas de los flujos migratorios a través de programas para mejorar la educación, generar empleo, apoyar a las familias, enfrentar a las pandillas y profesionalizar las fuerzas policiales en América Central”.

El documento agrega que un 75% de los fondos destinados para El Salvador, Honduras y Guatemala están sujetos a certificación, por lo que deben cumplir ciertos parámetros relacionados con la gobernabilidad, la corrupción y los derechos humanos. Ambas cámaras planean votar esta semana el proyecto para que Obama pueda sancionar la ley antes del receso navideño.

Las condiciones de EE.UU.

Ninguno de los respectivos gobernantes del Triángulo Norte podrá acceder a esos fondos si no muestra resultados concretos en la lucha anticorrupción o si no es capaz, entre otras cosas, de establecer condiciones para el funcionamiento de fiscalías generales independientes que puedan perseguir y encarcelar a funcionarios corruptos, publicó La Prensa Gráfica.

“(Los fondos solo serán puestos a disposición) luego de que el Secretario de Estado certifique y reporte a los comités pertinentes del congreso que esos gobiernos están tomando medidas efectivas para combatir la corrupción, incluida la investigación y persecución penal de funcionarios en ejercicio sobre quienes pesen acusaciones verificables de corrupción”, dice el texto acordado en Washington.

Son 16 las condiciones específicas que impone el proyecto de ley de presupuesto consensuado el pasado martes en ambas cámaras del Congreso estadounidense, un documento de 2,009 páginas que será votado mañana y que, en su sección 745, establece las condiciones para erogar fondos a los tres países centroamericanos.

En total, el desembolso del 75% de los $750 millones está condicionado a que los gobiernos de Jimmy Morales, de Guatemala; Juan Orlando Hernández, de Honduras; y Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, sean capaces de mostrar avances en políticas públicas relacionadas con la

transparencia, la persecución del crimen organizado, la disciplina fiscal o la regulación de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, entre otros.

 

Motivos de suspensión

El mismo proyecto establece los mecanismos para la suspensión o retención de esta ayuda en caso de que los Gobiernos no cumplan con las condiciones establecidas por el Congreso. Para empezar, el secretario de Estado tendrá que revisar los progresos realizados por los tres gobiernos del Triángulo Norte en sus esfuerzos por cumplir cada uno de los 16 condicionantes y deberá, a más tardar el 30 de septiembre de 2016, someter un reporte de avances al Congreso en Washington.

Si el Congreso o el mismo Departamento de Estado determinan que los avances no son suficientes los fondos estarán en riesgo. “Si se determina que un gobierno central no está mostrando suficiente progreso, el Secretario deberá suspender, por completo o en parte, la asistencia a ese gobierno en las materias en cuestión, e informar por escrito a los comités pertinentes del Congreso”, establece el proyecto de ley.

La única manera en que los fondos volverían a ser desembolsados, una vez suspendidos, es que los comités del Congreso lo aprueben tras certificar que los gobiernos centroamericanos han tomado “las medidas correctivas pertinentes”.

Presión creciente

La presión sobre los tres gobiernos de Centroamérica en materias de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de instituciones estatales empezó en noviembre de 2014, cuando la administración de Barack Obama negoció, a través del vicepresidente Joseph Biden, los términos de la Alianza para la Prosperidad.

Desde el principio, Washington insistió, sobre todo a través de voceros del Departamento de Estado, pero también a través de las oficinas de influyentes senadores relacionados con los comités judiciales, de relaciones exteriores o de adjudicaciones, en que los tres países debían mejorar sus prácticas de transparencia y combate a la corrupción.

En concreto, para el caso guatemalteco, la Casa Blanca y el Departamento de Estado presionaron al gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina para que renovara el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La comisión, a la postre, participó en las investigaciones que terminaron en un proceso judicial contra el expresidente Otto Pérez Molina, quien hoy guarda prisión acusado de corrupción.

Desde mediados de este año, Estados Unidos también ha influido para que Honduras establezca

un mecanismo internacional anticorrupción parecido a CICIG, algo a lo que el Gobierno de Juan Orlando Hernández se ha resistido. Y en el caso salvadoreño las condicionantes impuestas por el Congreso a la cooperación para la Alianza por la Prosperidad llegan en momentos en que seis congresistas han pedido la elección de un fiscal independiente y horas después de que el partido en el Gobierno propuso limitar las facultades de investigación a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que ya pidió juicios por enriquecimiento ilícito contra el diputado Reynaldo Cardoza y contra el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Leonel Flores.

Origen: Congreso EE.UU. condiciona US$750 millones a lucha de corrupción en Triángulo Norte – Noticias Cholusat Sur

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EE.UU. dará fondos a Honduras si instala Comisión Antiimpunidad

Si Honduras no cumple con lo estipulado, el gobierno de EE.UU. detendrá hasta el 75 por ciento de la asistencia financiera, que asciende a unos 93 millones de dólares que han sido asignados para evitar la migración masiva de personas al país del norte.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El gobierno de EE.UU. ha condicionado la donación de 750 millones de dólares a Honduras, Guatemala y El Salvador, si hacen más eficiente la lucha contra la corrupción.

En el caso de Honduras, según Washington, deberá instalar la Comisión Internacional Contra la Impunidad, similar a la que opera en Guatemala que ha desarticulado redes criminales dirigidas por altos funcionarios.

El Congreso estadounidense ha dispuesto que la condición para liberar fondos a Honduras, es que la Comisión Antimafias, patrocinado por la ONU, sea instalada a la brevedad.

Uno de los apartados del decreto que da recursos, en el marco del programa denominado “Alianza para la prosperidad”, determina que en Honduras se debe “promover y reforzar la democracia” y consideran que la llegada de la Comisión “es apropiado”.

Si la nación centroamericana no cumple con lo estipulado, el gobierno de EE.UU. detendrá hasta el 75 por ciento de la asistencia financiera, que asciende a unos 93 millones de dólares que han sido asignados para evitar la migración masiva de personas al país del norte.

Cabe recordar que los presidentes del denominado Triángulo Norte de Centroamérica pidieron a Estados Unidos una partida de mil millones de dólares (22 mil millones de lempiras) para asistir en la reducción de migraciones, control del crimen organizado y programas sociales.

Barack Obama se comprometió con los mandatarios de Guatemala, Honduras y El Salvador a gestionar los fondos; no obstante, la promesa fue trastocada por los legisladores estadounidenses, quienes quitaron 250 millones de dólares y lo aprobado será supervisado por Washington para que sean utilizados de manera correcta.

A la fecha, el presidente Juan Hernández se ha resistido a implementar la Comisión Antiimpunidad, por considerarla que no dará los resultados y apuesta por el Mecanismo de Acompañamiento Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), auspiciado por la OEA y rechazado por la oposición política e integrantes del movimiento Indignado.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/856-ee-uu-dara-fondos-a-honduras-si-instala-comision-antiimpunidad

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MACCIH se suspendió porque JOH no quiere una unidad de investigación y juristas internacionales

Por: Redacción CRITERIO/FACTum redacción@criterio.hn

La firma del convenio que daría vida a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la MACCIH se suspendió porque el Gobierno de Hernández envió, poco antes de la firma del convenio, un último paquete de observaciones que excluían definitivamente la posibilidad de crear, dentro de la MACCIH, una unidad independiente de investigadores y juristas internacionales que apoyarían el Ministerio Público hondureño en investigaciones de corrupción y dejaban a la misión como una simple asesoría técnica.

El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández suspendió la semana pasada un evento que había programado en Washington para firmar el acuerdo con la Organización de Estados Americanos que da vida a una misión especial anticorrupción.

A última hora, la embajada hondureña en la capital estadounidense suspendió el acto “por fuerza mayor”. Fuentes del Gobierno de Estados Unidos, cuyo Congreso estudia la asignación de fondos de cooperación al Triángulo Norte de Centroamérica, aseguran que la firma ha quedado en suspenso porque Tegucigalpa insiste en “quitar los dientes” a la misión. El Gobierno de JOH lo niega.

Una misión especial de la Organización de Estados Americanos viajó de emergencia el domingo 13 de diciembre a Tegucigalpa para volver a hablar con el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández sobre la instalación en el país centroamericano de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la MACCIH.

El presidente Juan Hernández con Luis Almagro y el facilitador John Biehl

El presidente Juan Hernández con Luis Almagro y el facilitador John Biehl

De lo que pase en las próximas horas depende el futuro de una comisión internacional pensada para combatir la corrupción que agobia al Estado hondureño, y que quedó de manifiesto a inicios de 2014 tras las revelaciones sobre desvíos de fondos del Seguro Social a la campaña que llevó a Hernández a la presidencia. De lo que pase depende también la asignación de los fondos de cooperación que Washington piensa otorgar a Honduras, según han confirmado a Factum fuentes legislativas en la capital estadounidense.

“El Senador Leahy fue fiscal antes de ser elegido para el Senado y él cree firmemente en la importancia de la independencia judicial, y apoya con firmeza a la CICIG en Guatemala. Él cree que para que el Gobierno de los Estados Unidos apoye la MACCIH esta debe de tener la integridad investigativa y de persecución del crimen, y la independencia de las autoridades comparables a la que tienen la CICIG. Dada la prevalencia de la corrupción, la violencia y la impunidad en Honduras, el pueblo hondureño merece esto y nada menos que esto.”

-Tim Rieser, asesor de política exterior del Senador Patrick Leahy.

Se suponía que todo estaba listo para que el Presidente Juan Orlando Hernández y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, firmaran el pasado jueves 10 de diciembre el convenio que daría vida a la MACCIH. Sin embargo, 72 horas antes del evento, la cancillería hondureña suspendió la firma por eventos de “fuerza mayor” que nunca explicó.

Tres fuentes que han participado en las negociaciones para establecer la misión, dos en Washington y una en Tegucigalpa, aseguraron que el evento se suspendió porque el Gobierno de Hernández envió, poco antes de la firma del convenio, un último paquete de observaciones que excluían definitivamente la posibilidad de crear, dentro de la MACCIH, una unidad independiente de investigadores y juristas internacionales que apoyarían el Ministerio Público hondureño en investigaciones de corrupción y dejaban a la misión como una simple asesoría técnica.

Miembros de Oposición Indignada, el grupo ciudadano que impulsó las marchas multitudinarias que desde junio pasado, y que ha acusado abiertamente de corrupción al Gobierno y ha pedido a la comunidad internacional que presione a Hernández para que permita la instalación de un organismo independiente, confirmaron el mismo lunes que se reunirían en Tegucigalpa con la misión de la OEA para insistir en que no permita una misión “sin dientes”.

Indignados y otras Instituciones no oficiales que conocen de cerca la propuesta y las negociaciones ya habían advertido, tanto en Honduras como en Estados Unidos, sobre la posibilidad de que MACCIH no tuviese la cintura política necesaria para emplazar a los funcionarios del Gobierno que resulten embarrados en actos de corrupción.

“Hay una creencia generalizada en Honduras de que la MACCIH es simplemente un intento del Gobierno hondureño para evitar la formación de un ente anticorrupción y anti impunidad similar a la CICIG”, escribieron el mes pasado Eric Olson y Katherine Hyde del Wilson Center, uno de los tanques de pensamiento de política exterior más respetados de Washington.

La CICIG es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente autónomo, financiado por Naciones Unidas, Estados Unidos y otros países, que tiene capacidades de investigación y que, entre otros, ha trabajado con la fiscalía guatemalteca los casos de corrupción que terminaron en la destitución de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y del expresidente Otto Pérez Molina.

En un reporte titulado “Nueve preguntas y observaciones sobre el nuevo mecanismo anticorrupción de Honduras”, Olson y Hyde también destacan el tema de la independencia que la MACCIH tendrá del Gobierno hondureño, así como de su credibilidad. “Muchos en el país creen que un cuerpo investigativo es necesario para lidiar con la corrupción generalizada, pero el Presidente Hernández prefiere ‘una solución hondureña’ caracterizada por un rol muy limitado de los investigadores internacionales”.

En una carta que enviaron a la OEA el 7 de diciembre pasado, tres días antes del evento programado para la firma del convenio MACCIH, cuatro miembros de Oposición Indignada expresaron varias “preocupaciones” sobre la naturaleza de la Misión; entre ellas: “que la propuesta no incluya un ente independiente de investigación…; el gobierno está solicitando a la OEA que no haya un coordinador o jefe de misión, (lo que) nos parece un error grave y una estrategia del gobierno para que no exista un responsable directo que asuma la responsabilidad del éxito o fracaso de la misión…”

Los Indignados dicen haberse reunido ya con fiscales del Ministerio Público que les han dicho que, tal como está la propuesta, el asunto terminaría siendo una simple asesoría técnica y, aseguran, “el resultado de las asesorías es que los casos siguen sin avanzar y que no dan los resultados esperados…”

Los juristas recomiendan a los facilitadores de la ONU y de la OEA, que tomen en consideración las condiciones de la oposición.

La abrupta suspensión

Consultada respecto a las razones de la suspensión repentina del acuerdo entre la OEA y el Gobierno hondureño que dará vida a la MACCIH, y a los motivos que empujaron al ente interamericano a enviar una misión de última hora a Tegucigalpa, una diplomática hondureña en Washington remitió a un comunicado de prensa de la cancillería hondureña que intenta quitar calor al asunto:

“El Gobierno de la República recibirá en los próximos días un equipo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para acordar y programar los detalles de la fecha de suscripción del Convenio, las actividades y protocolo de los actos de firma y la instalación de la MACCIH, el cual será suscrito en enero de 2016, en la ciudad de Washington, DC…”, dice un comunicado de prensa fechado en Tegucigalpa el de diciembre pasado.

Ni esa ni ninguna de las comunicaciones oficiales anteriores explican por qué la firma se suspendió.

El primer correo electrónico había llegado el 1º. de diciembre. Lo enviaba Sofía Cerna, primera secretaria de la Embajada de Honduras en Washington. Como anexo venía la invitación: Arturo Corrales Álvarez, el Secretario de Estado para Asuntos Externos y Cooperación Internacional, requería “el placer de su compañía en la firma del acuerdo para establecer la Misión Anticorrupción y Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH). El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el Secretario General, Luis Almagro, firmarán el acuerdo”. La cita era el jueves 10 de diciembre de 2015 de 10 a 10:30 de la mañana en el Salón de las Américas de la OEA.

El 7 de diciembre, Sofía Cerna envió otro correo; en este venía como anexo una nota en la que el Gobierno de Honduras, a través de sus embajadores ante la Casa Blanca y la OEA, comunicaba que la firma del convenio MACCIH se había suspendido “por motivos de fuerza mayor”, y anunciaban que programaría un nuevo acto en enero próximo “cuando se convenga una nueva fecha con todos los actores involucrados”.

No es raro, en el mundo de la diplomacia, que estas cosas sucedan. Tampoco es raro que explicaciones tan vagas como “fuerza mayor” o “motivos de agenda” intenten justificar asuntos mucho más complicados.

Lo complejo en este caso es, según todas las fuentes consultadas y los análisis realizados en Washington respecto a la MACCIH por tanques de pensamiento, la naturaleza misma del mecanismo anticorrupción. La MACCIH que el Gobierno del Presidente Hernández quiere es una que sirva, solo, para asesorar, no para investigar y mucho menos para montar casos específicos contra funcionarios corruptos en los tribunales; mientras que la MACCIH que pide la sociedad civil representada por Oposición Indignada y ONG’s en Washington es una que, sin esas capacidades de investigación, no tiene sentido.

“Los niveles endémicos de corrupción e impunidad han contribuido a la incapacidad del Estado de Honduras de satisfacer las necesidades de la población y de construir instituciones transparentes”, dice, por ejemplo, Adriana Beltrán, encargada del programa de seguridad ciudadana en WOLA, otro influyente tanque de pensamiento en Washington. “La MACCIH requiere que se le otorgue poder, autoridad y un fuerte liderazgo si quiere tener éxito en generar las reformas profundas necesarias para combatir la corrupción y la impunidad en el país”, añade.

El dinero en juego

Y está, además, el asunto de los fondos para financiar el mecanismo anticorrupción. En el proyecto de presupuesto para operaciones en el extranjero que el comité de adjudicaciones del Senado aprobó en junio pasado hay $673.5 millones reservados para financiar la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, y, en específico, $2 millones de dólares reservados para dotar de fondos a la creación de un mecanismo anticorrupción similar a CICIG.

Esa adjudicación, cuya aprobación definitiva sigue pendiente en el Congreso en Washington, está sujeta a que los países del Triángulo Norte cumplan con algunas condiciones, como mejorar el combate a la corrupción que es, según el Departamento de Estado, una de las principales causas de violencia e irrespeto a los derechos humanos en El Salvador, Honduras y Guatemala. Si los países no cumplen con eso, y si el Secretario de Estado no certifica ese cumplimiento, el Senado puede congelar los fondos.

Tim Rieser, uno de los asesores legislativos del influyente senador demócrata Patrick Leahy, comparte la visión de que una MACCIH que merezca el apoyo de Estados Unidos debe parecerse mucho a la CICIG.

“El Senador Leahy fue fiscal antes de ser elegido para el Senado”, dijo Rieser, asesor del senador en asuntos política exterior, “y él cree firmemente en la importancia de la independencia judicial, y apoyo con firmeza a la CICIG en Guatemala. Él cree que para que el Gobierno de los Estados Unidos apoye la MACCIH esta debe de tener la integridad investigativa y de persecución del crimen, y la independencia de las autoridades comparables a la que tienen la CICIG. Dada la prevalencia de la corrupción, la violencia y la impunidad en Honduras, el pueblo hondureño merece esto y nada menos que esto”.

Patrick Leahy es miembro del comité de adjudicaciones del Senado, que es donde la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos decide a quién le da dinero de los contribuyentes estadounidenses y bajo qué condiciones.

Pero antes de que todo eso pase, por ahora, en el caso de Honduras, la cooperación depende, en parte, de lo que finalmente firmen el secretario general Almagro y el Presidente Hernández respecto a MACCIH: para que el Gobierno de Estados Unidos lo apoye, dijo el Senador Leahy a través de su asesor, la misión debe ser “independiente” y tener “integridad investigativa y de persecución del crimen”.

Las marchas de las antorchas siguen exigiendo la instalación de la CICIH

Las marchas de las antorchas siguen exigiendo la instalación de la CICIH

La respuesta del Gobierno de Juan Orlando Hernández, por ahora, es una: que la propuesta de creación de MACCIH, tal como existe, representa “la voluntad política del gobierno en su lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras”.

La misión de la OEA regresa el miércoles 16 de diciembre a Washington. Según el comunicado de la cancillería hondureña del 7 de diciembre, de la visita a Tegucigalpa saldrá una nueva fecha para la firma del convenio MACCIH en Washington. Y de acuerdo a quienes siguen las negociaciones desde Washington, de esa visita depende el futuro mismo de MACCIH, el prestigio de la OEA y del Gobierno de Juan Orlando Hernández.(Tomado de la revista Factum)

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EE.UU condiciona fondos y sugiere a Honduras una CICI tipo Guatemala

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EE.UU: Sí Honduras pide la CICIH, apoyaremos con 2 millones de dólares

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Matan a dirigente campesina en el norte de Honduras

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Honduras fue nuevamente escenario de la muerte violenta de  una dirigente campesina. Se trata de Abilia Sánchez, quien fue asesinada a balazos en la aldea Oropéndolas, Santa Cruz de Yojoa, en el departamento de Cortés, a unos 140 kilómetros al norte de la capital Tegucigalpa.

El hecho violento se produjo la noche del sábado en el mismo lugar donde a finales de octubre pasado, Sánchez y sus compañeros de un grupo campesino perteneciente a la empresa asociativa Unión y Esfuerzo, fueron desalojados por una empresa de capital chino.

El cadáver de la víctima fue encontrado a la orilla de la carretera, dijeron miembros de la Policía Nacional quienes fueron alertados por vecinos a través de la línea de emergencia 911.

Hasta el momento no se ha informado sobre quiénes son los responsables de la muerte, que enluta nuevamente al sector campesino organizado que constantemente es atropellado por las fuerzas militares y policiales, que los desalojan violentamente de las tierras e incluso ya se registran varias muertes.

Información preliminar indica que Sánchez fue ultimada producto de la lucha por la tierra que desempeñaba, ya que en el sector hubo varios desalojos.

Familiares y miembros del grupo campesino al que pertenecía condenaron el vil asesinato y exigieron al Estado capturar a los autores intelectuales y materiales del crimen.

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Partido de gobierno estaría comprando parlamentarios para lograr una Corte Suprema de Justicia sometida

Al menos 10 millones de lempiras se estarían pagando a parlamentarios  por elegir a las 15 personas que ocuparían las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia bajo el esquema de la bancada del Partido Nacional, según lo expresó el diputado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE),Bartolo Fuentes, este lunes 21 de diciembre de 2015.

En declaraciones a una estación radial de la zona norte del país, Fuentes, diputado por el Departamento de Yoro, aseguró que incluso la cifra podría ampliarse a 15 millones ya que no se cuenta con la mayoría calificada  que suman 86 votos para lograr elegir  a su manera los magistrados”.

Cuestionó que en el Congreso Nacional no existe el debate político y con argumentos “sino que se compran votos y la gran batalla que tenemos es evitar que se apruebe en la sesión la conformación de una planilla como lo pretende el Partido Nacional, es decir que un diputado mocione los 15 nombres y nos hagan votar a favor”.

Lo que exigen como partido de oposición es el respeto al artículo 311 de la Constitución de la República, el cual hace referencia a la incompatibilidad en la calidad del juez o magistrado con la de un funcionario o empleado de otros poderes públicos.

Debe prevalecer la elección de los aspirantes en base a una terna e ir votando de forma individual hasta que alcance los 85 votos que se exigen, y continuar bajo esta lógica hasta elegir los 15 magistrados y magistradas, de acuerdo a Fuentes.

Detalló que hasta el momento el nacionalismo representado en el parlamento hondureño solo cuenta con 83 votos, a la espera de tres restantes. Mostró desconfianza de un sector de la oposición parlamentaria representada en el Partido Liberal, el cual aseguró que sus representantes “están plegado a ellos, si no fueran afines a los intereses del nacionalismo se podría cambiar la situación del país”.

Junta Nominadora se compromete a entregar listado de aspirantes el 12 de enero

La Junta Nominadora se comprometió a entregar el listado de los 45 aspirantes propuestos por este sector al Congreso Nacional en la segunda semana del mes de enero del año próximo.

Santiago Ruíz, uno de los integrantes de la Junta en mención aseguró que “la idea es tener el listado en el momento que lo señala el cronograma y evitar tener algún contratiempo”. Como siguiente paso sería la presentación de este listado ante la Secretaría del Congreso Nacional que preside el diputado nacionalista Mario Pérez.

Reafirmó el hecho de que no existen vicios de irregularidad en este proceso ni injerencias y que en todo momento la ciudadanía ha tenido acceso a observar a través de los medios de comunicación el desarrollo del mismo, sin embargo las demandas por transparencia en este proceso deja claro que no hay tal participación ciudadana.

Organizaciones de sociedad civil y de derechos Humanos, aglutinados en la Coalición contra la impunidad exigieron a la Junta nominadora que entregara el listado durante este mes de diciembre, con el objetivo que la ciudadanía pudiese conocer a quienes aspiran a ocupar un lugar en el Poder Judicial y que  los parlamentarios dispusieran de un tiempo prudencial para evaluar el perfil de cada una de las propuestas.

Esta Junta ha sido duramente cuestionada por su falta de transparencia en el proceso. Un ejemplo son  las diferentes opiniones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que divulguen los resultados de las pruebas de confianza realizadas en octubre pasado de  más de 200 aspirantes y que aún no ha sido publicado por este ente, desconociendo incluso una resolución del 28 de noviembre de este año.

La elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe realizarse a más tardar el 25 de enero del próximo año, en el inicio de otro periodo de sesiones en el hemiciclo legislativo y donde las diferentes bancadas de oposición en el país tienen un papel importante para que se elijan personas por su capacidad y lejos del vicio partidario de quien ostenta el control del poder.

Origen: Pasos de Animal Grande – Partido de gobierno estaría comprando parlamentarios para lograr una Corte Suprema de Justicia sometida

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Presidente de Escritores en Prisión Pen Internacional: Esperamos que el Estado de Honduras está finalmente tomando en serio sus responsabilidades internacionales

El presidente del Comité de Escritores en Prisión, Salil Tripathi, al conocer de la notificación de la suspensión de la restricción del ejercicio periodistico a Julio Ernesto Alvarado dijo que ” Esperamos que esto sea un indicio de que el Estado de Honduras está finalmente tomando en serio sus responsabilidades internacionales en lo que respecta a derechos humanos”, sus declaraciones fueron difundidas la semana anterior en un comunicado de Pen Internacional.

Este es el comunicado íntegro de Pen Internacional:

Honduras: Después de 13 meses, el estado hondureño finalmente cumple con la orden de la CIDH de suspender la inhabilitación del ejercicio periodístico de Julio Ernesto Alvarado

El estado hondureño ha suspendido finalmente la inhabilitación profesional impuesta por la corte que ha impedido que el periodista de Globo TV y miembro de PEN Honduras, Julio Ernesto Alvarado, presentara su noticiero nocturno desde el 30 de octubre de 2015, según ha declarado hoy PEN International, con lo que finalmente reconoce su obligación de cumplir con unfallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de noviembre de 2014.

Convencer al gobierno de Honduras de que cumpla con la sentencia de la CIDH ha llevado más de 13 meses, y supone el último paso en una batalla legal de nueve años que partía de una demanda por difamación penal contra Alvarado en 2006 por parte de un funcionario público acusado de irregularidades.

‘Estamos muy contentos de que Julio Ernesto Alvarado sea ahora libre para volver a las ondas y a sus espectadores después de un período de seis semanas de hiato —aunque nunca se le debió impedir que trabajase como periodista,’ dijo Jennifer Clement, Presidenta de PEN International.

‘A pesar de que PEN International acoge con satisfacción la suspensión de la inhabilitación profesional de Alvarado, es inaceptable que le hayan hecho pasar 13 meses de incertidumbre y estrés innecesario. Esperamos que esto sea un indicio de que el Estado de Honduras está finalmente tomando en serio sus responsabilidades internacionales en lo que respecta a derechos humanos,’ agregó Salil Tripathi, Presidente del Comité de Escritores en Prisión de PEN International.

La inhabilitación del ejercicio periodístico de 16 meses, impuesta formalmente a Alvarado el 29 de octubre como parte de una condena penal de 2013 por supuesta difamación, ha sido suspendida formalmente tras una audiencia en el juzgado de la capital de Honduras, Tegucigalpa, el 11 de diciembre de 2015. Estaba previsto que la audiencia tuviera lugar el 17 de noviembre, pero se retrasó, al parecer, debido a una muerte en la familia del juez. El tribunal también dictaminó que se informara de la suspensión de la prohibición a todos los organismos estatales y profesionales pertinentes. Alvarado volvió a presentar su programa Mi Nación el 13 de diciembre.

De acuerdo con documentos del tribunal, todas las partes en la audiencia celebrada el 11 de diciembre reconocieron plenamente el carácter jurídicamente vinculante en derecho interno de los compromisos internacionales de Honduras con los derechos humanos, y, por lo tanto, de la orden de la CIDH de suspender la inhabilitación del ejercicio periodístico de Alvarado como parte de las ‘medidas cautelares’ del 5 de noviembre de 2014. En consecuencia, tanto el Ministerio Público como el abogado de la demandante aceptaron la solicitud del 2 de noviembre de la Procuraduría General de suspender la inhabilitación profesional. A la Procuraduría General no le quedó más remedio que actuar de esa forma después de una reunión convocada por la CIDH el 21 de octubre a petición del PEN —una reunión a la que se negó asistir al mismo Julio Ernesto Alvarado.

‘Si la voluntad política mostrada en la audiencia del 11 de diciembre se hubiera producido desde antes de la suspensión del ejercicio profesional a Julio Ernesto Alvarado, se hubiera evitado que el Estado hondureño quedara evidenciado internacionalmente como irrespetuoso de los compromisos internacionales, y la arbitrariedad de suspenderlo no sería un hecho consumado,’ dijo Dina Meza, presidenta de PEN Honduras, que ha acompañado a Alvarado a lo largo de su experiencia penosa.

‘Desafortunadamente ante la falta de justicia en Honduras, debemos seguir este caso en el sistema interamericano, esperamos que se siente un precedente para que nunca más se repita este episodio lesivo a la libertad de expresión.’

La suspensión de la inhabilitación profesional es temporal, hasta que la CIDH haya investigado una petición hecha por Alvarado en julio de 2014 alegando violaciones de sus derechos a la libertad de expresión, un juicio justo y a la protección judicial a raíz de su condena por el delito de difamación. Se espera que la CIDH decida sobre la admisibilidad de la petición de Alvarado a principios de 2016.

‘El sistema judicial de Honduras tiene que darse cuenta de que no puede violar los derechos fundamentales y descuidar sus compromisos internacionales de derechos humanos,’ dijo Kenia Oliva, abogada de Alvarado y miembro de PEN Honduras. ‘El caso de Julio Ernesto Alvarado es solo uno de los cientos de casos en los que el poder político y económico prevalece y donde los jueces usan sus resoluciones para favorecer a sus “amigos” y olvidan su deber de hacer justicia.’

PEN International acoge con satisfacción la aplicación por parte del Estado de Honduras de las medidas cautelares y le insta a que coopere de forma plena con la CIDH en su investigación sobre la petición de Alvarado.

Antecedentes

Director y presentador del noticiero Mi Nación en la cadena independiente Globo TV, Alvarado fue condenado originalmente en apelación en diciembre de 2013 a 16 meses de prisión y a la inhabilitación del ejercicio periodístico durante el mismo período, como resultado de una demanda penal por difamación interpuesta por Belinda Flores, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Alvarado había cubierto la presunta implicación de Flores en el tráfico de influencias y falsificación de títulos universitarios en tres ediciones de Mi Nación en 2006.

Alvarado y dos profesores universitarios que habían aparecido en su programa para discutir las acusaciones fueron absueltos de los cargos en marzo de 2011. Sin embargo, Flores apeló la decisión y en diciembre de 2013 la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa condenó a Alvarado por difamación penal —a pesar de que a los dos profesores confirmaron el veredicto de no culpabilidad y de que la Corte aceptó por probado que Flores estaba implicada en algún delito.

Tras su condena, Alvarado fue objeto de hostigamiento y amenazas a principios de 2014, incluyendo una amenaza de muerte contra él y su familia realizada a través de las redes sociales. Previamente, había soportado meses de amenazas y hostigamiento que culminaron en un presunto atentado contra su vida, lo que lo llevó a suspender su programa de radio en Radio Globo en marzo de 2013. Estos ataques aún no han sido investigados, y mucho menos procesados.

Como resultado de esta intimidación y falta de fe en la imparcialidad del sistema de justicia, Alvarado decidió no apelar su condena, optando en su lugar por pagar una multa para evitar el encarcelamiento. Como resultado de esto también se suspendió la inhabilitación del ejercicio periodístico en abril de 2014. Sin embargo, el abogado de Flores apeló con éxito contra la suspensión de la inhabilitación profesional.

A mediados de 2014, PEN Honduras y PEN International acudieron a la CIDH para solicitar la protección de Alvarado. El 5 de noviembre de 2014, la CIDH otorgó medidas cautelares que obligaban al Estado de Honduras a suspender la aplicación de la inhabilitación profesional hasta que la CIDH hubiera investigado la petición de Alvarado, que alegaba la violación de sus derechos por parte del Estado.

Sin embargo, a pesar del fallo de la CIDH, la prohibición de trabajo entró en vigor el 30 de octubre 2015, después de que Alvarado perdiera su última apelación ante la Corte Suprema de Honduras en septiembre.

Vea el comunicado en la página de Pen Internacional.

Origen: Pasos de Animal Grande – Presidente de Escritores en Prisión Pen Internacional: Esperamos que el Estado de Honduras está finalmente tomando en serio sus responsabilidades internacionales

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