Archivos para 11/12/15

DECLARACIONES SOBRE EL JUICIO DEL CASO DE ASESINATO DEL COMPAÑERO TOMAS GARCIA

Origen: http://copinhonduras.blogspot.it/2015/12/declaraciones-sobre-el-juicio-del-caso.html

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Callejas el único extraditable que se ha defendido en libertad

Origen: Callejas el único extraditable que se ha defendido en libertad

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El monumento a la corrupción testigo silencioso de las denuncias de Argeñal

Tegucigalpa. Han pasado dos años del asesinato del Comunicador social Juan Carlos Argeñal Medina, tiempo en que la familia y amigos insisten ante las autoridades competentes para que esclarezcan el hecho ocurrido en una pequeña ciudad, Danlí, a 83 kilómetros al oriente de Tegucigalpa, la capital de Honduras.

Al no poder esclarecer el crimen ocurrido el sábado 7 de diciembre del 2013, en la casa de Argeñal Medina, donde también operaba su canal de televisión Vida Tv, la Fiscalía del Ministerio Público de Danlí, remitió el expediente al  Tegucigalpa, a la fiscalía de Delitos contra la Vida, donde a más de un año, no hay avances en la investigación, por lo que situación continua igual, en la impunidad, en el silencio y en la complicidad de parte de autoridades que conocen el hecho, ha denunciado el hermano de la víctima, Mario Argeñal.

Nos reunimos aquí, frente al monumento de la corrupción en Danlí –dice Mario, refiriéndose al hospital público “Gabriela Alvarado” ubicado en la  carretera panamericana  salida al municipio de El Paraíso- porque mi hermano murió por denunciar los actos de corrupción que aquí sucedían, porque lo asesinaron por decir la verdad, si, por defender los derechos de miles de personas que asisten a consulta médica, por eso lo asesinaron, asegura.

Y es que el día lunes, para conmemorar el segundo aniversario del asesinato de Juan Carlos, y exigir justica y resultados en la investigación, de la Red de Red de Defensores/as de Derechos Humanos y la Red de Comunicadores/as Sociales del Departamento de El Paraíso, acompañadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) realizaron un plantón  frente al hospital “Gabriela Alvarado”, porque desde ese lugar, según su familia, se originó su muerte.

A la manifestación pública, acudieron defensores de derechos humanos de Morocelí, Trojes, San Matías, Jacaleapa, El Paraíso y Danlí, así mismo miembros del Sindicato de Trabajadores de la Medicina y Similares (SITRAMEDYS), Sindicato de Trabajadores  de las Bebidas y Similares (STIBYS), Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Danlí (SITRAMUD), Sindicato de Trabajadores de Salud (SITRASAH) y docentes que se solidarizaron con la familia Argeñal Medina.

En el plantón se expusieron mantas y mensajes alusivos a que se investigue el crimen, porque es un atentado contra la libertad de expresión, libertad de prensa, libre emisión del pensamiento y daños contra la vida, donde las autoridades se convierten en cómplices por no dar con los responsables, manifestaban a través de alto- parlantes los presentes.

Los defensores de Derechos Humanos hicieron público un pronunciamiento, además para exigir que se esclarezca la quemas de varios millones de lempiras en medicamentos hace unos ocho meses, en el hospital viejo de Danlí, situación que abona a los actos de corrupción que denunciaba el compañero Argeñal. Expresó Agustín Díaz, coordinador de la Red, apoyada por  el COFADEH.

Vale señalar que durante el plantón, la entrada del hospital fue custodiada por policías que llegaron a bordo de patrullas motorizadas, uno de los agentes con su teléfono móvil fue a tomar imágenes del grupo,  y a través de los parlantes se le dijo que esas imágenes “ojalá ese video y fotos sean para llevárselas a sus jefes y que hagan su deber de investigar”.

Después el grupo de movilizó a la oficina del Ministerio Público, en el centro de Danlí, donde se entregó la copia de una nota solicitando información sobre los avances de investigaciones referentes al caso Juan Carlos Argeñal. La solicitud original será enviada a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, en Tegucigalpa.

No van acallar la verdad

Juan Carlos Argeñal era un hombre comprometido con la verdad, su delito fue denunciar actos de corrupción, no callar y defender los derechos de la población, de los que por temor  no denuncian, afirma Mario Argeñal, dirigente magisterial y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), quien no se detiene en búsqueda de justicia.

Su hermano era deño del canal Vida Televisión, y corresponsal en Danlí para el canal de  Globo TV, fue asesinado. En los meses previos a su asesinato, fue amenazado, incluso de muerte, que se relacionaban con sus reportajes sobre la corrupción de un hospital y un gobierno local.

Juan Carlos Argeñal sacó a la luz el caso de corrupción del hospital regional de “Gabriela Alvarado” en Danlí. En este se detallaba un gran desfalco de fondos y un hurto mayor de los suministros del mismo hospital que se realizaron por parte de un administrador interno junto con un líder político local.

Una semana antes de su muerte en diciembre de 2013, Juan Carlos Argeñal le dijo a su familia que había recibido amenazas de muerte de personas que estaban relacionadas con la administración del hospital. Argeñal contactó con el coordinador general del Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos en Honduras (COFADEH) para informarle de estas amenazas el 14 de noviembre de 2013.

La familia de Juan Carlos Argeñal entregó a la policía toda la información sobre estas amenazas en el momento de su muerte. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de su hermano, ocho meses después, las autoridades siguen sin realizar petición de verificar las grabaciones del teléfono del periodista, a pesar de que los testigos atestaron que, el día que fue asesinado, alguien lo llamó para firmar un contrato de publicidad en su casa. Según se informa, la policía también ha fracasado a la hora de investigar la declaración de un testigo que escuchó, una semana antes de su muerte, a un sicario conocido admitiendo que le habían pedido asesinar al periodista.

El 1 de abril de 2014, el ministro de seguridad, Arturo Corrales, prometió enviar a un equipo especialista de Tegucigalpa a investigar el asesinato de Juan Carlos Argeñal que tendría base en Danlí. Según se informa, tanto el fiscal regional como el investigador del caso sugirieron que se pidiera ayuda externa ya que ellos están muy asustados para investigar por sí solos, puesto que en el caso hay gente involucrada con un poder político y económico significativo que hace que la investigación esté parada.

“Como defensoras y defensores de derechos humanos estamos atentos y denunciando las violaciones que vienen de parte de las autoridades del Estado, civiles y militares, en un departamento que históricamente ha sido ultrajado por ellos”, afirman la Red de defensores del Oriente, así mismo el compromiso del COFADEH de dar acompañamiento y documentación del caso, para que se haga justicia.

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Falta de voluntad política agrava situación de migrantes centroamericanos

Tegucigalpa.

“Antes se les podía ver sobre la bestia, ahora las rutas y modos han cambiado, no sabemos cómo emigran, si van hacinados en una troca hasta por 15 horas, o dónde se van” hna. Leticia Gutiérrez.

Hoy se presentó el Informe de la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de DDHH de migrantes hondureños, el cual ya fue expuesto en Ginebra, Estados Unidos y México.

La visita de verificación fue en julio pasado. En esta ocasión, participaron las integrantes de la Misión Internacional Patricia Montes y la Hermana Leticia Gutiérrez con el acompañamiento de Sergio Blanco y Mayra Alarcón representante de Consejería en Proyectos (PCS) para Centroamérica y México.

El documento contiene recomendaciones para el Estado hondureño, en cuanto al tema migratorio que afecta a más de 60 mil compatriotas que son retornados desde México, sin embargo las autoridades gubernamentales, desde hace un mes, no habían confirmado la cita para recibir el informe.

“Desde el mes de noviembre se ha estado solicitando un espacio de diálogo con el alto gobierno de Honduras, solicitud tramitada a través de la Vicecanciller María Andrea Matamoros, sin que a la fecha se haya tenido respuesta favorable. Se espera que para hoy se logre una reunión con la Sra. Vicecanciller y la primera dama de la nación”, dijo Mayra Alarcón, en horas de la tarde, apenas unos momentos antes de volver a su país.

El tema de migración y las violaciones a derechos humanos lleva a que se ejecute desde la voluntad política, pues las personas que emigran son motivadas por el desempleo, inseguridad, falta de alimentación, falta de educación, en general, porque no tienen oportunidades que deberían surgir desde políticas públicas implementadas por los gobierno, y no al contrario, ya que se dan casos donde las autoridades gubernamentales preguntan a los ciudadanos ¿Qué va a suceder con la migración en los próximos años?

La respuestas es lógica, seguirá la migración, entre 150 mil y 400 mil centroamericanos atraviesan el estado de México, sin ninguna garantía a que se les respete la vida, expresó la hermana Leticia Gutiérrez, de la Pastoral de movilidad humana, Guatemala.

La Misión intentó visitar las instalaciones provisionales del Centro de Atención a niños, niñas y adolescentes migrantes retornados “El Edén” pero no fue posible su ingreso, logrando sí conocer el nuevo Centro de Atención al Migrante Retornado de Omoa, abierto por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras a finales de septiembre de 2015 y gestionado en la actualidad por Cruz Roja Hondureña. El responsable del Centro de Omoa reportó que actualmente están recibiendo entre unos 1000 y 1250 personas migrantes deportadas a la semana.

Recomendaciones en el tema de derechos de los migrantes retornados

Al gobierno de Honduras se le recomienda que, para dar respuesta a las causas que generan la migración forzada en Honduras, recomendamos al gobierno que desde lo municipal y nacional se implementen políticas que enfrenten las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que viven importantes sectores de su población, a fin de garantizar la vida digna y el respeto a los derechos humanos. Reconociendo y respetando los derechos ancestrales de las comunidades afro-hondureñas e indígenas.

Y que para prevenir el desplazamiento por violencia, el Estado hondureño debe mejorar y ampliar sus estrategias y programas de atención a la niñez, a los jóvenes y otras poblaciones vulnerables. Asimismo, sus estrategias de seguridad deben estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos y deben ser implementadas por instituciones civiles de seguridad.

Es así que el gobierno de Honduras debe establecer, ampliar y mejorar sistemas y mecanismos de atención para las personas desplazadas por violencia, que involucren la creación de casas de refugio y el establecimiento de programas sociales para la reubicación y reinserción en condiciones de dignidad de las personas y familias que se ven obligadas a abandonar sus casas y comunidades.

Para quienes se ven obligados a desplazarse más allá de sus fronteras, el gobierno de Honduras debe ampliar y fortalecer el trabajo de la red consular en el extranjero, mediante la asignación de recursos financieros acordes a las necesidades de la población migrante; la contratación de más personal y su profesionalización en materia de derechos humanos y atención consular, que les permita brindar una atención oportuna y adecuada que incluya el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes y sus familiares.

Para la atención de la población migrante hondureña que es retornada al país, el gobierno de Honduras debe abrir lo antes posible un centro de atención a la población migrante retornada en la frontera entre Honduras y Guatemala que garantice la recepción digna. Para las niñas, niños y adolescentes que retornan se debe asegurar una atención integral que trascienda a la recepción y entrega a sus familiares en los centros de recepción.

El gobierno de Honduras debe fortalecer sus mecanismos de monitoreo, seguimiento y atención para los niños, niñas y adolescentes que han sido deportados, especialmente para aquellos que están en riesgo de sufrir violencia, los cuales deben aplicarse desde su recepción, integración familiar y reinserción en su lugar de destino.

Urge que el gobierno de Honduras establezca y amplíe servicios de atención en programas de reintegración social para la población migrante retornada, tales como: acceso a fuentes de empleo, acceso a becas para la niñez y adolescencia, oportunidades de capacitación laboral, acompañamiento y atención psicosocial. Poniendo especial atención a las condiciones de vulnerabilidad, falta de protección e seguridad que puedan enfrentar en sus comunidades aquellos que se vieron obligados a migrar por razones de violencia y que fueron retornados de la ruta migratoria.

El gobierno de Honduras debe pronunciarse ante los gobiernos de los países de la ruta migratoria en la región en defensa y protección de los derechos humanos de su población, quienes por razones estructurales, de violencia y reunificación familiar han migrado y sus derechos les han sido violentados.

Al gobierno de los Estados Unidos

En el diseño e implementación de sus políticas para la región en materia migratoria, el gobierno de los Estados Unidos debe tener en cuenta las causas estructurales y las situaciones de violencia que están originando la migración forzada en Honduras. Por lo que la cooperación de los EE.UU hacia los países del Triángulo Norte, deben estar dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, asegurando el respeto a sus derechos humanos.

La presencia y cooperación de los EE.UU. hacia los países del Triángulo Norte y México debe estar basada en una amplia visión de seguridad humana y no en la militarización de sociedades y fronteras. Para lo cual el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de la región debe implementar mecanismos de protección internacional para toda la población migrante que ha sido vulnerada en sus derechos humanos, con especial énfasis en la niñez y adolescencia.

El gobierno de los Estados Unidos debe garantizar que los niños, niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en un proceso legal migratorio en su país, tengan acceso a un asesoramiento jurídico eficaz y oportuno, que tenga en cuenta los factores expulsores que les llevaron a migrar. Garantizando condiciones dignas para las y los migrantes adultos que se encuentran en los centros de detención para migrantes.

Que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) además de otras autoridades migratorias garanticen que todas las personas migrantes que soliciten asilo sus casos sean debidamente evaluados, a fin de asegurar y proteger su derecho a acceder a la protección internacional. Brindando la debida ayuda humanitaria a las necesidades urgentes y protección de las y los migrantes.

Que el gobierno de los Estados Unidos de inmediato ponga fin a la detención de familias migrantes.

Que el Congreso de Estados Unidos tenga la voluntad política para aprobar una reforma migratoria justa.

Al gobierno de México

Al gobierno de México se le recomienda que en la detención y traslado de la población migrante hondureña, se deba tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurar su retorno en condiciones dignas y seguras.

La MIV recomienda que las mujeres embarazadas y la infancia que está siendo retornada por tierra en viajes de 12 hasta 30 horas, sea retornada al país por la vía aérea, que los autobuses en los cuales regresan las y los migrantes se encuentren en condiciones adecuadas y cuenten con servicios básicos para el recorrido que estarán haciendo.

El gobierno de México debe implementar políticas públicas dirigidas a prevenir, proteger y sancionar los delitos y las graves violaciones a los derechos humanos que son víctimas la población migrante hondureña y centroamericana. Brindando una atención adecuada a las víctimas y sus familiares, reconociendo su derecho a una adecuada reparación del daño causado.

El gobierno de México debe garantizar la protección a las y los defensores de los derechos humanos de la población migrante. Se deben incluir medidas de protección, además de la investigación y sanción de amenazas y/o ataques contra defensores/as; el reconocimiento y respeto a la labor que ellos realizan.

Las autoridades mexicanas de inmigración deben garantizar el debido proceso para las solicitudes de asilo de las personas migrantes. Deben proporcionar información veraz que explique a las y los migrantes que solicitan refugio, que durante el proceso de su solicitud no tienen que estar en centros de detención y pueden hacer este trámite desde las casas del migrante.

En la búsqueda y localización de la población migrante, el gobierno de México debe garantizar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos el acceso a los centros de detención y de recepción de migrantes.

A los gobiernos de los países de región

Los gobiernos de los países de la región deben escuchar y atender las demandas de las madres y familiares de las y los migrantes desaparecidos y no localizados en la ruta migratoria. Es urgente y necesario crear e implementar un mecanismo transnacional y regional de búsqueda, localización, retorno y repatriación de las y los migrantes desaparecidos. Este mecanismo transnacional debe ser establecido en cada país y coordinado con los comités de familiares.

Para avanzar en el establecimiento del mecanismo transnacional de búsqueda de los migrantes desaparecidos, es imperativo que el gobierno de México implemente lo más pronto posible el acuerdo suscrito por la Procuraduría General de la República (PGR) que permite nombrar agregados consulares en Centro América que respondan en los países de origen a las demandas de las familias con migrantes desaparecidos.

Urge que con el apoyo de los gobiernos de México y Estados Unidos, el gobierno de Honduras garantice una atención amplia e integral para los migrantes que han retornado mutilados y discapacitados en su paso por la ruta migratoria.

Que los gobiernos de la región implementen de forma integral la carta de entendimiento para una repatriación digna, ordenada, ágil y segura de ciudadanos centroamericanos vía terrestre.

Integrantes de la Misión Internacional de Verificación:

Lisa Haugaard, Directora Ejecutiva de Latin American Working Group; Amalia García Medina, Diputada federal de México y Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados; Patricia Montes, Directora Ejecutiva del Centro Presente en Boston, EEUU; Padre Juan Luis Carbajal, Misionero Scalabriniano y Secretario Ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala; Hermana Leticia Gutiérrez, Misionera Scalabriniana y Secretaria Técnica del Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados de México-CODEMIRE; Pilar Trujillo Uribe, Directora Ejecutiva de Consejería en Proyectos-Project Counselling Service.

Esta misión será la encargada de dar seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones, para que se respete el derecho a migrar o no migrar, que a las personas se les trate con respeto de forma que sea dignificada su vida por donde quiera que transite.

Origen: Falta de voluntad política agrava situación de migrantes centroamericanos

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Gobierno hace caso omiso a sentencia de la Corte

Tegucigalpa. El gobierno de Honduras ha mantenido el silencio para cumplir la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en el caso de los tres jueces despedidos por pronunciarse en contra del golpe de Estado del 28 de junio del 2009.

El proceso fue presentado en julio del 2010 por los despidos ilegales y arbitrarios contra Adán Guillermo López (juez de sentencia), Luis Alonso Chévez (juez contra la violencia domestica), y la magistrada Tirza Flores Lanza (magistrada corte de apelaciones), acción efectuada por la Corte Suprema de Justicia lo que evidencio que no existe independencia jurídica en Honduras.

Tom Pantign de la Asociación de Jueces por la Democracia AJD dijo que “Se deben tomar en consideración por las sentencias en materia de Derechos Humanos en el caso de los tres jueces despedidos versus Honduras, donde se condena al Estado y se establece claramente la independencia judicial en el país y cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta para una justicia independiente.

Por su parte Emilio Álvarez representante de la CIDH manifestó que la sentencia fue emitida el cinco de octubre en donde por primera vez la Corte señala con claridad el golpe de Estado y que los jueces y la magistrada cumplieron con su obligación de defender la democracia, remarca la responsabilidad de Honduras en el incumplimiento de obligaciones internacionales.

“Ahora la Junta Nominadora y el Congreso tienen una oportunidad de explicarle a la CIDH, sería bueno saber que han utilizado esa sentencia como un criterio orientador, que la consideración de esta sentencia sea como un ejemplo de cumplimiento de obligaciones internacionales” indico el jurista.

Tirza Flores magistrada informo que el 10 de noviembre el Estado de Honduras fue notificado del resultado de la sentencia que en la parte resolutiva contempla el reintegró de ellos y ella, es de cumplimiento obligatorio y se debe cumplir a la brevedad posible.

“Todavía no hemos hecho gestiones, el Estado no se ha pronunciado ni ha hecho ningún acercamiento con nosotros, debemos ser reintegrados en los mismos cargos que teníamos cuando fuimos despedidos en el 2010”, adujo la profesional del derecho.

Para Guillermo López Long no ha habido ningún avance en relación con el Estado solo  tuvieron un acercamiento con el procurador de la republica “nos demuestra que el Estado actuara de manera desinteresada en el cumplimiento de la sentencia”.

López adujo que es una sentencia de carácter vinculante en el cumplimiento de la responsabilidad internacional, las actuaciones del Estado en este caso es como el de todas las victimas que han obtenido sentencias condenatorias contra Honduras, “es una nueva re victimización en cuanto al modo que pudiera traer como consecuencia en el cumplimiento inmediato de la sentencia”.

El plazo para que Honduras responda a la sentencia de la corte es de un año, contado desde el día de la notificación de la CIDH, pero no existe un mecanismo para contactar a las víctimas para iniciar con ellas un mecanismo de cumplimiento sino que son las víctimas las que ven la manera de iniciar el proceso de cumplimiento, “como en nuestro caso nos apersonamos a la procuraduría y nos hemos encontrado con evasivas con respuestas a medias”.

“El poder judicial está involucrado en nuestra sentencia y no nos han invitado, ni el presidente del consejo de la judicatura ni de los otros integrantes del consejo, eso denota por parte del Estado una situación de re victimización”, finalizo López.

La sentencia contempla el reintegro de los tres jueces, una indemnización monetaria y la publicación de la sentencia en medios de comunicación (las disculpas estarían demás viendo el texto de la sentencia, porque deja claro que todo lo que hicieron fue en defensa de la democracia).

Origen: Gobierno hace caso omiso a sentencia de la Corte

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Asesinan al futbolista Arnold Peralta

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

El futbolista hondureño Arnold Peralta (26 años) fue asesinado este jueves en el parqueo de un centro comercial de La Ceiba, norte de Honduras.

El hecho se produjo en el centro comercial Uniplaza, frente al Hospital Vicente D´Anthony, cuando un sujeto desconocido que se transportaba en motocicleta disparó contra el jugador.

El cuerpo del jugador quedó en el suelo, junto a un vehículo.

El lateral derecho, actualmente militaba en el Club Deportivo Olimpia, que fue eliminado en semifinales del presente Torneo Apertura, había sido parte de varias convocatorias de la Selección Nacional de Honduras.

Hasta el momento se desconocen la causas por las que se produjo el crimen. Preliminarmente se supo que el jugador estaba acompañado por su amigo y compañero del Club Deportivo Vida, Marcelo Canales.

El crimen enlutó el mundo del fútbol que ha manifestado sus condolencias.

Arnold Peralta era un jugador fuerte. Se desempeñaba como mediocampista y anotó un golazo a Hungría en el Mundial Sub-20. Irrumpió en el fútbol profesional con el Vida de La Ceiba, luego fue fichado por el Rangers de Escocia.

En el proceso al mundial rumbo a Brasil 2014 fue titular de la Selección Mayor bajo la dirección de Luis Suárez, quien lo hizo jugar de lateral derecho.

Fue titular con Honduras en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Tras salir del fútbol escocés fue fichado por el Club Olimpia.

Origen: Asesinan al futbolista Arnold Peralta – Noticias Cholusat Sur

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Escándalo FIFA: Ministerio Público no descarta asegurar bienes a Callejas y Hawit en las próximas horas

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

El director de fiscales del Ministerio Público, Rolando Argueta, informó este jueves que los aseguramientos de bienes al expresidente hondureño, Rafael Leonardo Callejas y al suspendido presidente de la Concacaf y la Fenafuth, Alfredo Hawit, no se han realizado porque están en proceso de investigación.

“No se ha actuado con favoritismo en el caso de Callejas y Hawit, estamos esperando más información de parte de las autoridades estadounidenses”, dijo Argueta.

Agregó que la poca información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos hasta el momento ha sido de mucha importancia para el Ministerio Público y si en el caso de existir algún tipo de irregularidades este ente se encargará de realizar el proceso conveniente.

Indicó que los procedimientos en el tema de privación de dominio no se dan de forma inmediata, la investigación requiere de ubicar las propiedades y realizar un proceso y verificar si los bienes provienen de forma ilícita.

Señaló que en el caso de la familia Rosenthal, el proceso fue más avanzado que el que se está llevando al expresidente Rafael Leonardo Callejas.

En ese sentido, dijo que los procedimientos se mantienen tanto en el caso de Callejas como en el de Alfredo Hawit.

Al ser consultado si se realizarán aseguramientos al expresidente Callejas y Hawit, dijo que “no se descarta”.

Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la empresa Media World realizó un pago de 600 mil dólares a los hondureños Alfredo Hawit y Rafael Leonardo Callejas como soborno para ceder los derechos de comercialización y televisión de la Selección Nacional de Honduras.

Hawit se encuentra detenido en Suiza y fue pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos.

Igualmente, el gobierno hondureño recibió una solicitud de extradición contra el expresidente de Fenafuth Rafael Leonardo Callejas.

Las Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), tomo posesión esta semana de tres cuentas bancarias ligadas al caso FIFA.

Origen: Escándalo FIFA: Ministerio Público no descarta asegurar bienes a Callejas y Hawit en las próximas horas – Noticias Cholusat Sur

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Gobierno de Honduras pretende imponer Ley Indígena para diluir el convenio 169 de la OIT

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn

Los pueblos indígenas aunados en el observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH) denunciaron el pasado 5 de diciembre en la ciudad de El Progreso, Yoro, que el actual gobierno de Juan Hernández, pretende imponer una ley indígena con el propósito de diluir el Convenio 169 de la OIT.

En la reunión participaron los pueblos indígenas Pech, Maya-Chortí, Lencas, Garífunas, Miskitos y Tolupanes.

Un padre Pech junto  a su hija

Un padre Pech junto a su hija

En un comunicado emitido este jueves, han denunciado que la Ley no fue consultada y ha sido rechazado su contenido en múltiples ocasiones, ante su esencia colonialista y la entrega de sus derechos a un Estado cuyas administraciones gubernamentales, se encuentran atrofiadas por la corrupción y el clientelismo político.

La ODHPINH rechaza la violencia con que el Estado y sus secuaces, responde a las demandas de los pueblos indígenas y garífunas, tal como es el caso del atentado contra el defensor del territorio Garífuna de Trujillo, Vidal Leiva el pasado 27 de noviembre.

También solicitan a los operadores de justicia, específicamente al Juzgado de Letras de Trujillo apegarse a derecho y hacer prevalecer la justicia en el caso del despojo perpetrado por Randy Jorgensen, el que asociado a otros inversionistas canadienses se apoderó de gran parte de los territorios de las comunidades Garífunas de la Bahía de Trujillo.

El Observatorio además exige la condena de los militares implicados en el asesinato del compañero Lenca, Tomas García y el intento de homicidio contra el menor Allan García, hecho perpetrado por el Ejército de Honduras en julio del 2013, producto de la represión del gobierno frente a la defensa pacifica del pueblo Lenca del Río Gualcarque contra la empresa DESA y el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en Río Blanco.

Mujeres tolupanes

Mujeres tolupanes

Denunciaron también la militarización que se viene dando en las comunidades indígenas a lo largo del continente en nombre de la supuesta guerra contra las drogas, tras décadas donde las mismas autoridades tanto militares como civiles han estado al servicio del crimen organizado.

En su comunicado además denunciaron la falta de cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado desde hace más de 20 años con el pueblo Maya Chorti, quienes hoy día han sido amenazados con la represión si continúan exigiendo la entrega y reconocimiento de sus territorios ancestrales a través de la ocupación pacífica del Centro Ceremonial de Copan.

Rechazaron rotundamente la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) conocidos también como “ciudades modelo”, y la entrega del territorio nacional a inversionistas extranjeros.

Los garifunas han sido desalojados de sus tierras en el caribe hondureño

Los garifunas han sido desalojados de sus tierras en el caribe hondureño

En el caso del pueblo Garífuna, las ZEDE en la Bahía de Trujillo, nunca fueron consultadas con las comunidades, encontrándose los pobladores de Puerto Castilla a punto de ser relocalizados como lo señalan las amenazas proferidas por personajes relacionados con el proyecto neoliberal.

ODHPINH hiso un llamado a los estados participantes en la COP21 para que de una vez por todas emitan una Convención vinculante, en la cual se fije como tope del aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados centígrados, y se logre el financiamiento necesario para la implementación de medidas concretas de mitigación y adaptación que no sean regidas por el mercado.

Finalmente El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas de Honduras, ODHPINH, manifiesta un reconocimiento a la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, la que en su informe preliminar sobre su visita a Honduras, señaló la grave situación por la que atravesamos los pueblos indígenas ante la dictadura civil que enfrenta el país.

Origen: Gobierno de Honduras pretende imponer Ley Indígena para diluir el convenio 169 de la OIT –

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Comunicado del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras, ODHPINH

Reunidos representantes de los pueblos indígenas, Pech, Maya-Chorti, Lencas, Garifunas, Miskitos y Tolupanes, para analizar y discutir la situación que enfrentan nuestras comunidades y pueblos en el escenario actual, Concluimos:

La actual administración gubernamental pretende imponer una Ley Indígena la cual se encuentra en el Congreso Nacional, diseñada por el Banco interamericano de Desarrollo (BID) con el propósito de diluir el Convenio 169 de la OIT. La Ley no fue consultada y ha sido rechazado su contenido en múltiples ocasiones, ante su esencia colonialista y la entrega de nuestro derechos a un Estado cuyas administraciones gubernamentales, se encuentran atrofiadas por la corrupción y el clientelismo.

Señalamos que el Capitulo V  de la Ley sobre  Recursos Naturales, sienta las bases para la explotación de los bienes comunes desde una perspectiva neoliberal, atribuyéndose el estado el control, uso y dispensa de concesiones. No obstante mencionar el requerimiento de la Consulta previa, conociendo la corrupción imperante socavará las buenas intenciones, tal como sucedió con la concesión de petróleo de la plataforma continental en la Moskitia.

ODHPINH rechaza la violencia con que el Estado y sus secuaces, responde a las demandas de nuestros pueblos, tal como es el caso del atentado contra el defensor del territorio Garífuna de Trujillo, Vidal Leiva el pasado 27 de noviembre. De paso solicitamos a los operadores de justicia, específicamente al Juzgado de Letras de Trujillo apegarse a derecho y hacer prevalecer la justicia en el caso del despojo perpetrado por Randy Jorgensen, el que asociado a otros inversionistas canadienses se apoderó de gran parte de los territorios de las comunidades Garífunas de la Bahía de Trujillo.

El Observatorio además exige la condena de los militares implicados en el asesinato del compañero Lenca Tomas García y el intento de homicidio contra el menor Allan García, hecho perpetrado por el Ejército de Honduras en julio del 2013, producto de la represión del gobierno frente a la defensa pacifica del pueblo Lenca del Río Gualcarque contra la empresa DESA y el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en Río Blanco.

Denunciamos la persistencia en la destrucción de los ríos del territorio Lenca, promovida por los bancos FICOSAH, DMO, incluyendo los Mecanismos Desarrollo Limpio del Fondo de Carbono de Naciones Unidas, situación que ha generado violencia y represión contra las comunidades indígenas a las que se les ha denegado su derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada.

En relación a la Tribu Locomapa del pueblo Tolupan, exigimos el respeto a las medidas cautelares emitidas a favor de líderes amenazados y perseguidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de la aplicación de justicia en relación a los homicidios cometidos por el crimen organizado ante el rechazo a la minería ilegal.

Señalamos la manipulación por parte de la Embajada de los Estados Unidos en cuanto al caso de la masacre de Ahuas (11 mayo de 2011), la que ha permanecido en la impunidad, sin que las autoridades hondureñas o estadounidense hayan asumido ninguna responsabilidad.

Denunciamos la militarización que se viene dando en las comunidades indígenas a lo largo del continente en nombre de la supuestas guerra contra las drogas, tras décadas donde las mismas autoridades tanto militares como civiles han estado al servicio del crimen organizado.

Denunciamos la falta de cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado desde hace mas de 20 años con el pueblo Maya Chorti, quienes hoy día han sido amenazados con la represión si continúan exigiendo la entrega y reconocimiento de sus territorios ancestrales a través de la ocupación pacifica del Centro Ceremonial de Copan.

Denunciamos los mapeos en territorios indígenas como una estrategia de contrainteligencia disfrazados de proyectos académicos y ambientalistas, los que además de poner en riesgo los bienes comunes de nuestro pueblos facilitarían la represión dirigida a quienes se oponen a las políticas nacionales e imperiales.

Rechazamos rotundamente la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) conocidos también como “ciudades modelo”, y la entrega del territorio nacional a inversionistas extranjeros. En el caso del pueblo Garífuna, las ZEDE en la Bahía de Trujillo, nunca fueron consultadas con las comunidades, encontrándose los pobladores de Puerto Castilla a punto de ser relocalizados como lo señalan las amenazas proferidas por personajes relacionados con el proyecto neoliberal

Los pueblos indígenas de Honduras somos el segmento poblacional más afectado por el cambio climático y sus severas consecuencias, sin embargo la Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, además de no haber sido consultada con nuestros pueblos, su supuesta implementación ha sido municipalizada. De paso denunciamos las falsas soluciones al cambio climático promovidas por Naciones Unidas y el Estado, tales como los Mecanismo de Desarrollo Limpio (MLD) y el programa de Reducción de la Deforestación y Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés).

ODHPINH hace un llamado a los estados participantes en la COP21 para que de una vez por todas emitan una Convención vinculante, en la cual se fije como tope del aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados centígrados, y se logre el financiamiento necesario para la implementación de medidas concretas de mitigación y adaptación que no sean regidas por el mercado.

Finalmente El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas de Honduras, ODHPINH, manifiesta un reconocimiento a la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, la que en su informe preliminar sobre su visita a Honduras, señaló la grave situación por la que atravesamos los pueblos indígenas ante la dictadura civil que enfrenta el país.

Dado en la Ciudad de El Progreso a los cinco días del mes de diciembre del 2015

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Mora judicial, MACCIH, Zedes y extradición marcan interrogantes en segundo día de audiencias

Tegucigalpa – Los miembros de la Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) basaron sus interrogantes a los candidatos a magistrados en los temas de mora judicial, la implementación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en la primera jornada del segundo día de audiencias públicas que se realiza en las instalaciones del Auditorio Jesús Aguilar Paz de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Asimismo, se les consultó a los exponentes sobre su opinión en casos hipotéticos sobre cómo debería actuar en relación a las Zonas Especiales de Desarrollo conocidas como Zedes y en temas más controversiales como la extradición.

Fueron nueve los aspirantes con quienes se inició esta primera etapa de audiencias que continúa esta tarde con la comparecencia de otros nueve profesionales del derecho que aspiran a conformar la nueva Corte Suprema de Justicia.

Durante la mañana se sometieron a la audiencia pública: Rolando Argueta, Delmy Banegas, Mirian Barahona, Carlos Bueso, Jorge Alberto Burgos, Gaudy Bustillo Martínez, Gustavo Enrique Bustillo, Rafael Bustillo Romero y Guillermo Caballero Castro.

En ese orden, en horas de la tarde lo harán: José Roberto Espinal, Alejandro Hernández, Edgardo Cáceres Castellanos, Rosa de Lourdes Paz, Jacobo Antonio Cálix, Yolany Isabel Cambar, Claudina Cecelia Cantarero, Liliam Maldonado y José Francisco Quiroz.

Todos los aspirantes contaron con tiempo de 20 minutos de los cuales se distribuyeron tres para una auto presentación, doce para interrogantes de un miembro de la Junta Nominadora y cinco para preguntas de otros miembros de la mesa principal.

Rolando Argueta Pérez (Director de fiscales
del Ministerio Publico de la República)

Su comparecencia inició con el cuestionamiento sobre el voto disidente que puede emitir un juez en una decisión a los que resumió “Si uno de los tres integrantes -como fue su caso en el pasado- no está de acuerdo, la ley le permite emitir un voto disidente”.

Seguidamente se le consultó sobre su opinión en cuanto a la creación de tribunales contra la corrupción a lo que respondió de forma más explicativa que si está de acuerdo con crear más tribunales.

“Estoy de acuerdo con la creación de juzgados con jurisdicción a nivel nacional contra la corrupción”, refirió.

Argumentó que actualmente el Poder Judicial está compuesto por 20 categorías de juzgados por lo que es importante modernizar la estructura de los mismos.

En el mismo tema indicó que si tuviese la oportunidad de contratar más jueces lo haría ya que la especialización de los mismos no debe dejarse de lado.

Entre otros temas finalizó su alocución sobre su propuesta si llegara a ser nombrado magistrado. “Ser juez no es fácil, yo me centraría en el cumplimiento de las normativas que ya tenemos”, dijo.

Delmy Anarda Banegas Padilla
(Magistrada de la Corte de Apelaciones)

Luego se leerse parte de su hoja de vida en la que se señala experiencia como agente titular de la Procuraduría de la República se le consultó su opinión sobre la alta cantidad de demandas que pierde el Estado de Honduras.

“El problema es que los agentes titulares carecen de experiencia”, señaló.

A renglón seguido consideró que los Procuradores no le dan la debida importancia a los caso y por eso el Estado Pierde las demandas.

Basada en su experiencia estimó que los abogados pierden esas demandas por negligencia.

En cuanto al tema de mora judicial su propuesta se basó en que los jueces y magistrados trabajen ya que dijo conocer casos en los que solo llegan a marcar en la mañana luego salen a los diferentes centros comerciales de la capital, regresan y vuelven a salir a almorzar y antes de las tres de la tarde abandonan sus oficinas.

No obstante, exteriorizó que si existen jueces que hacen sus trabajo.

Miriam Suyapa Barahona Rodríguez
(Magistrada de la Corte de Apelaciones)

Se le presentó un caso hipotético sobre si rechazaría un recurso de hábeas corpus a lo que de forma precisa dijo no se puede rechazar porque la ley llama a darle tramite a dicho recurso jurídico.

Seguidamente se le consultó sobre su criterio de los derechos humanos de las personas privadas de libertad a lo que respondió que el papel que juega la rehabilitación es importante ya que se trata de seres humanos y como tal les asiste como a cualquier otra persona los derechos humanos.

Sobre sus propuestas de ser elegida en el cargo exteriorizó que su conducta estaría basada en la independencia. “Es una garantía para los ciudadanos, las decisiones deben ser imparciales”.

En cuanto a su experiencia en el Poder Judicial destacó que nunca ha tenido mora judicial.

Finalmente se le preguntó sobre cómo mejorara el Consejo de la Judicatura a lo que precisó con transparencia.

Carlos Enrique Bueso Pineda

Como los anteriores expositores también fue consultado sobre el tema de mora judicial lo que a su criterio “si no se tiene la conciencia y la entereza un juez no se va a poner al día en su trabajo”.

Destacó la importancia de saber seleccionar a los colaboradores del Poder Judicial para poder llevar a cabo las tareas.

En ese contexto se le preguntó cómo se debe elegir a un juez para que conozca los casos de las Zonas Especiales de Desarrollo (Zedes). “En primera instancia hay que deslindar que van a ser esas zonas para asignar personas adecuadas”.

Estimó que esas personas deben tener un entrenamiento sobre el trabajo que se va a realizar en las Zedes.

En otro tema también vertió sus consideraciones sobre la separación de magistrados. Enfatizó que tras ocupar ese cargo solo se puede salir por renuncia, incapacidad o muerte.

En ese sentido, resaltó la importancia del Poder Judicial al que a su criterio en ciertos casos es más importante que los dos poderes restantes (Legislativo y Ejecutivo).

“La grandeza de un país es posible cuando todos los poderes cumplen las normas establecidas”, citó.

Jorge Alberto Burgos Córdova
(Juez de Sala de lo Penal)

Luego de referir que cuenta con 25 años de experiencia el Poder Judicial se le consultó sobre las debilidades del mismo a lo que dijo “en toda mi carrera judicial he reconocido debilidades inherentes en el Poder Judicial.

Ejemplificó que la influencia de criterios externos es una de las principales debilidades que enfrenta este poder en la actualidad.

“Desde quienes eligen a los mismos empieza la politización”, acotó al tiempo que indicó que prueba de ello es que en el actual Consejo de la Judicatura no existe un representante de la Asociación de Jueces por la Justicia cuando la ley manda a que exista una representación.

También se le consultó sobre la libertad de expresión y la despenalización del delito de injurias y calumnias. “No podemos negar que nuestro mundo es de comunicaciones y estamos siendo observados por instancias internacionales por lo que debemos abrirnos a la libertad de comunicación siempre y cuando no choque con la ley”, apostilló.

En otro tema también se refirió a la instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) -dijo- “debido a la situación de ingobernabilidad y a que no somos una isla han tenido que intervenir organismos internacionales”.

Acto seguido, señaló que la llegada de la MACCIH será para consolidar no para sustituir la administración de la justicia.

Gaudy Alejandra Bustillo Martínez
(docente UNAH)

Entre varios temas opinó sobre la creación de más cárceles en el país con lo que expresó no estar de acuerdo.

“No es creando más cárceles que se van a reducir los delitos”, arguyó.

En ese tema destacó la importancia de la educación proveniente desde el seno de la familia.

También opinó sobre la protección legal de parte del Estado hacia los discapacitados a lo que aseguró que existe una factura pendiente del parte del Estado para ese sector de la sociedad.

“Honduras se ha quedado corta, tenemos una ley sobre discapacidad pero la pregunta es se está cumpliendo”, cuestionó.

Gustavo Enrique Bustillo Palma
(magistrado destituido)

Entre otros temas se requirió su opinión sobre el matrimonio entre personas de ambos sexos con lo que manifestó no estar de acuerdo.

“No procede ese tipo de matrimonio”, enfatizó al tiempo que dijo se debe seguir el mandato bíblico.

Además, indicó que la ley y los estatutos que rigen el Estado no reconocen la unión de dos personas de ambos sexos como matrimonio.

También se pronunció en contra de todo tipo de aborto.

Aunque ambas acciones son legales en otros países sin prejuicio dijo como magistrado no lo aplicaría en Honduras.

Rafael Bustillo Romero
(Magistrado de la Corte de Apelaciones)

Tras exponer sobre proyección social de los operadores de justicia y sobre las demandas que en ocasiones enfrentan los mismos se le pidió verter su criterio sobre el contraste de la ley de secretos y el marco normativo de la ley de transparencia e información pública.

“El acceso a la información es un derecho que todos tenemos, todo lo que contribuye a la transparencia es bueno y debe ser regulado para el beneficio de todos”, aludió.

Confesó que para contribuir a la transparencia como magistrado está dispuesto a realizar públicamente su declaración jurada de bienes.

En otro orden se refirió a las facultades de la Sala de lo Constitucional la cual estimó es quien tiene la potestad de interpretar la Constitución de la Republica.

Guillermo Arturo Cabalero Castro
(docente UNAH)

Centro su participación sobre el derecho al trabajo que tienen todos los hondureños aunque no dejó de lado la despolitización que se debe emprender en cuanto al Poder Judicial se refiere.

En ese sentido, arguyó que la destitución de jueces y magistrados “a todas luces es improcedente”.

En cuanto a la mora judicial dijo se solucionaría con la creación de juzgados especializados.

En otro orden se refirió a la extradición de la cual se limitó a opinar que si es legal hay que cumplirla.

“El artículo 102 de la Constitución fue reformado por lo que lo hace un tema legal y como tal hay que cumplirla”, expresó.

También se le consultó sobre la legalización de la marihuana a la que tajantemente manifestó su desacuerdo.

“Todo lo que va en contra de la humanidad hay que ponerle un paro”, finalizó

Origen: Mora judicial, MACCIH, Zedes y extradición marcan interrogantes en segundo día de audiencias

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Gobierno hace caso omiso a sentencia de la Corte IDH

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El gobierno de Honduras ha mantenido el silencio para cumplir la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso de los tres jueces despedidos por pronunciarse en contra del golpe de Estado del 28 de junio del 2009.

El caso fue presentado en julio del 2010 por los despidos ilegales y arbitrarios contra Adán Guillermo López (juez de sentencia), Luis Alonso Chévez (juez contra la violencia domestica), y la magistrada Tirza Flores Lanza (magistrada corte de apelaciones), acción efectuada por la Corte Suprema de Justicia lo que evidenció que no existe independencia jurídica en Honduras.

Tom Pantign de la Asociación de Jueces por la Democracia AJD dijo que “Se deben tomar en consideración por las sentencias en materia de Derechos Humanos en el caso de los tres jueces despedidos versus Honduras, donde se condena al Estado y se establece claramente la independencia judicial en el país y cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta para una justicia independiente.

Por su parte, Emilio Álvarez representante de la CIDH manifestó que la sentencia fue emitida el cinco de octubre en donde por primera vez la Corte señala con claridad el golpe de Estado y que los jueces y la magistrada cumplieron con su obligación de defender la democracia, remarca la responsabilidad de Honduras en el incumplimiento de obligaciones internacionales.

“Ahora la Junta Nominadora y el Congreso tienen una oportunidad de explicarle a la Corte IDH, sería bueno saber que han utilizado esa sentencia como un criterio orientador, que la consideración de esta sentencia sea como un ejemplo de cumplimiento de obligaciones internacionales” indicó el jurista.

Tirza Flores magistrada informo que el 10 de noviembre el Estado de Honduras fue notificado del resultado de la sentencia que en la parte resolutiva contempla el reintegró de ellos y ella, es de cumplimiento obligatorio y se debe cumplir a la brevedad posible.

“Todavía no hemos hecho gestiones, el Estado no se ha pronunciado ni ha hecho ningún acercamiento con nosotros, debemos ser reintegrados en los mismos cargos que teníamos cuando fuimos despedidos en el 2010”, adujo la profesional del derecho.

Para Guillermo López Lone no ha habido ningún avance en relación con el Estado solo  tuvieron un acercamiento con el procurador de la republica “nos demuestra que el Estado actuara de manera desinteresada en el cumplimiento de la sentencia”.

López Lone explicó que la sentencia de carácter vinculante en el cumplimiento de la responsabilidad internacional, las actuaciones del Estado en este caso es como el de todas las victimas que han obtenido sentencias condenatorias contra Honduras, “es una nueva re victimización en cuanto al modo que pudiera traer como consecuencia en el cumplimiento inmediato de la sentencia”.

El plazo para que Honduras responda a la sentencia de la corte es de un año, contado desde el día de la notificación de la CIDH, pero no existe un mecanismo para contactar a las víctimas para iniciar con ellas un mecanismo de cumplimiento sino que son las víctimas las que ven la manera de iniciar el proceso de cumplimiento, “como en nuestro caso nos apersonamos a la procuraduría y nos hemos encontrado con evasivas con respuestas a medias”.

“El Poder Judicial está involucrado en nuestra sentencia y no nos han invitado, ni el presidente del consejo de la judicatura ni de los otros integrantes del consejo, eso denota por parte del Estado una situación de re victimización”, finalizó López.

La sentencia contempla el reintegro de los tres jueces, una indemnización monetaria y la publicación de la sentencia en medios de comunicación (las disculpas estarían demás viendo el texto de la sentencia, porque deja claro que todo lo que hicieron fue en defensa de la democracia).

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/gobierno-hace-caso-omiso-sentencia-de-la-corte-idh

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Las FFAA son ejemplo de fortalecimiento institucional; Presidente Hernàndez

El mandatario agregó que las Fuerzas Armadas también son un ejemplo de que las cosas pueden cambiar para bien y que se puede servir con patriotismo a un pueblo que ha estado necesitado de paz y tranquilidad.

El presidente Juan Orlando Hernández afirmó en la graduación de 159 nuevos cadetes de las tres academias militares y en el ascenso de nuevos oficiales de las Fuerzas Armadas, que estas constituyen un ejemplo de fortalecimiento institucional.

“HoyFuerzas Armadas es ejemplo del fortalecimiento institucional”, aseveró Hernández en su discurso y apuntó que “hoy Honduras, gracias a la participación de los buenos policías, jueces y fiscales y Fuerzas Armadas, es ejemplo de cómo las fuerzas del Estado se unen para proteger a su pueblo”.

El mandatario agregó que las Fuerzas Armadas también son un ejemplo de que las cosas pueden cambiar para bien y que se puede servir con patriotismo a un pueblo que ha estado necesitado de paz y tranquilidad.

El gobernante resaltó que “la patria que se llama Honduras somos todos, pero debe de llevar un sello de principios, de valores, de anhelos, de tener un norte claro de saber a dónde queremos ir como nación”.

Agregó que en la construcción de esa patria se tiene que trabajar todos los días y que allí están todos los sueños y anhelos de lo que le queremos heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.

“En cada uno de estos oficiales hay una historia de vida y de sacrifico, de empeño, de esperanza, de no doblegarse ante las adversidades, y les digo a todos, que sus padres están orgullosos de lo que ustedes han hecho”, acotó.

Hernández, junto a autoridades civiles y militares, entregó los títulos a los graduandos, así como reconocimientos a los cadetes graduados con honores y que ocuparon los primeros tres lugares durante sus cuatro años de estudio.

El mandatario se hizo acompañar en la ceremonia de graduación y ascensos por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Fredy Díaz Zelaya; el ministro de Defensa, Samuel Reyes; la Junta de Comandantes, y el representante de la Corte Suprema de Justicia Sevino Aguilera.

Reconocimiento al apoyo del presidente Hernández

El ministro de Defensa, Samuel Reyes, agradeció al presidente Hernández por el apoyo que le ha brindado a las Fuerzas Armadas en sus dos años al frente del país.

“Le agradezco, Presidente, porque siempre ha estado pendiente de la formación del personal de Fuerzas Armadas, siempre ha estado pendiente de que se cuente con el equipamiento necesario, con el adiestramiento necesario para que tengamos el personal debidamente entrenado y preparado para cumplir cualquier misión”, apuntó.

Por su parte, el general Díaz Zelaya le aseguró al mandatario que las Fuerzas Armadas están debidamente preparadas para cumplir la misión de defender la soberanía nacional y cumplir las actividades que la sociedad requiera.

En la ceremonia se graduaron 159 cadetes: 103 del Ejército, 27 cadetes de las Fuerza Aérea Hondureña y 29 guardias marinos de la Fuerza Naval de Honduras.

Al finalizar los cuatro años de estudios, los cadetes ascienden al grado de subteniente y obtienen el título académico de educación a nivel superior, como un reconocimiento al sacrificio, conducta, estudio y superación durante su formación.

Origen: Las FFAA son ejemplo de fortalecimiento institucional; Presidente Hernàndez

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Northern Triangle Asylum Seekers Up 400% Since 2010: UN

The number of asylum seekers from El Salvador, Honduras and Guatemala in the United States shot up 410 percent between 2010 and 2014, drawing attention to the relationship between growing violence in Central America and the critical number of migrants heading to the US border.

Statistics from the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) show that requests for asylum in the United States by displaced people from the Northern Triangle region (El Salvador, Honduras, Guatemala) rose from 8,052 in 2010 to 41,124 in 2014.

The first eight months of 2015 alone saw over 107,000 Central Americans deported from Mexico, while 46,000 more were deported from the United States, according to the UNHCR.

The UNHCR attributed the displacement to alarming rates of homicide, extortion, kidnapping and armed theft, as well as the recruitment of children by gangs.

One woman from El Salvador decided to leave the country along with 14 family members after her teenage daughter started receiving threats from a local gang. “We couldn’t go to another neighbourhood because if they saw us in a place controlled by other gangs they would kill us,” she told UNHCR. “And if you don’t pay the extortion fees, they kill you as well. There’s no way out.”

InSight Crime Analysis

The Central American exodus has been paralleled by a significant rise in murder rates in the Northern Triangle. Since 2010, Honduras has been the most violent country in the world not at war. Gang violence has also caused homicide levels to rise in neighboring Guatemala and El Salvador.

While gangs are a significant contributor to violence in the Northern Triangle, their impact on security goes beyond simply driving up murder rates. A recent field investigation by InSight Crime found that most gangs in Honduras rely on extortion of local businesses and shop owners as their primary source of revenue.

SEE ALSO: Special Report: Gangs in Honduras

In El Salvador, the murder rate has spiraled out of control over the past year, reaching levels unseen since the brutal civil war that ended in 1992. Government data suggests that gangs could be responsible for two out of every three murders in the country, although police statistics seem to contradict those figures.

As the UNHCR notes, children are gravely affected by gang violence. The amount of unaccompanied minors heading north reached critical levels in 2014, with tens of thousands trying to find their way into the United States from Central America.

Origen: Northern Triangle Asylum Seekers Up 400% Since 2010: UN

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La impunidad exacerba la repetición de agresiones y amenazas contra los defensores de derechos humanos

Diferentes ataques y el uso de la penalización de la labor de defensa de derechos humanos , son las estrategias de  los perpetradores para intimidar y perturbar el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en momentos cruciales para obligarles a dedicar recursos y tiempo a su propio caso, señaló una declaración pública de expertos de la ONU, la CIDH y la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, este 09 de diciembre Día Internacional de los defensores y defensoras de derechos humanos.

A continuación el texto completo del documento:

La situación crítica de los defensores de los derechos humanos y la urgente necesidad de proteger y reconocer sus contribuciones

Declaración conjunta sobre el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos

9 de diciembre de 2015

Ginebra / Banjul / Washington, D.C. – En este decimoséptimo aniversario de la adopción de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (“Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos”), de las Naciones Unidas, un grupo de expertos internacionales* dedicados a la promoción de los derechos de los defensores de los derechos humanos hacen este importante llamamiento conjunto a los Estados para que refuercen la protección de los derechos a la vida y la integridad personal de todos los defensores de los derechos humanos.

Los expertos, alarmados por la intensificación de los ataques y las represalias sufridos por los defensores de los derechos humanos en todo el mundo como consecuencia de su trabajo, instan a todos los Estados a que tomen medidas eficaces para aumentar la comprensión social del importante papel que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la construcción de sociedades tolerantes y en la consolidación de la democracia. Asimismo, diariamente se denuncian actos de acoso, amenazas y asesinatos de defensores, muchos de los cuales no se investigan debidamente.

Los expertos desean recordar a los Estados la importancia de asegurar el acceso efectivo a la justicia. Reine Alapini-Gansou, Relatora Especial sobre los defensores de los derechos humanos en la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, explicó: “La impunidad sirve únicamente para exacerbar la repetición de agresiones y amenazas contra los defensores de los derechos humanos. Es absolutamente indispensable que las violaciones de derechos humanos de los defensores se investiguen con seriedad, eficiencia y prontitud, que se sancione a los perpetradores y que se otorgue reparación a las víctimas. Los Estados deben asegurar, por todos los medios que sea posible, que haya acceso efectivo a la justicia”.

Durante el último año, los expertos han observado también un aumento de la penalización de los defensores por razones vinculadas a su trabajo. Esta penalización se manifiesta en el inicio de procesos penales injustificados contra ellos con varios fines, entre ellos intimidar a los defensores, así como a sus familiares y amigos, y perturbar el trabajo del defensor en momentos cruciales al obligarle a dedicar recursos y tiempo a su propio caso. Otra finalidad es convencer a las víctimas de violaciones de derechos humanos de que desistan de buscar justicia y de efectuar reclamos similares en el futuro. Los expertos consideran que es importante que los Estados actúen con la debida diligencia para poner fin a todas las formas de penalización del trabajo de los defensores de los derechos humanos y tomar medidas a fin de abordar los contextos de riesgo en los cuales los defensores promueven su causa.

“Los defensores de los derechos humanos se enfrentan actualmente con varios retos”, dijo José de Jesús Orozco, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “En mi trabajo con defensores en las Américas, he notado un aumento de su estigmatización y penalización por agentes estatales y no estatales. Esta situación es sencillamente inaceptable, no importa dónde se produzca. Los defensores de los derechos humanos son cruciales para construir sociedades tolerantes y abiertas, libres de toda forma de discriminación y violencia. Cuando no se respetan los derechos de un defensor a la vida y la integridad personal, se transmite un mensaje social cuyo efecto es disuadir del trabajo en defensa de los derechos humanos en general.”

En el marco de este aniversario, Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, dijo: “Insto a los Estados que cuentan con mecanismos de protección a que vigilen las violaciones cometidas contra defensores, a que mejoren continuamente el funcionamiento de estos mecanismos y a que adopten medidas de protección integrales que sean puestas en práctica eficazmente y en colaboración por todos los sectores pertinentes del gobierno”. Agregó: “Los Estados que todavía no cuentan con mecanismos de protección deberían crearlos de inmediato porque está en juego la vida y la seguridad de muchos defensores de derechos humanos”.

Por último, los expertos pusieron de relieve la especial vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan ciertos grupos de defensores de los derechos humanos, como los defensores de los derechos humanos de la mujer y los que promueven y protegen los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGBTI, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos al territorio y los derechos ambientales. Con respecto a estos grupos, instan enfáticamente a los Estados a que aseguren su protección y a que reconozcan y apoyen su trabajo públicamente. Asimismo, exhortan a los Estados a que establezcan espacios en los cuales estos defensores puedan participar en la adopción y el seguimiento de leyes, políticas públicas y programas nacionales de protección, elaborados con ellos en mente como beneficiarios, a fin de aumentar su efectividad.

(*) Expertos: Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; Relatora Especial sobre los defensores de los derechos humanos en la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, Reine Alapini-Gansou; y Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco.

Michel Forst fue nombrado Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos. Michel Forst tiene amplia experiencia con asuntos relacionados con los derechos humanos y, en particular, la situación de los defensores de los derechos humanos. Fue Director General de Amnistía Internacional (Francia) y Secretario General de la primera Cumbre Mundial sobre Defensores de Derechos Humanos, realizada en 1998. Más información.

Reine Alapini-Gansou fue nombrada Relatora Especial sobre los defensores de los derechos humanos en la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, en 2011. Es miembro de la Comisión desde 2005. Anteriormente fue Relatora Especial sobre los defensores de los derechos humanos en África (2005-2009). Es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de las Naciones Unidas desde 2011. Recientemente integró la Comisión Internacional de Investigación sobre la violencia postelectoral en Côte d’Ivoire (mayo y junio de 2011). Fue admitida en el Colegio de Abogados de Benín en 1986. Más información.

José de Jesús Orozco se hizo cargo de la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en la CIDH, en la cual permaneció en calidad de Relator cuando la CIDH decidió convertir la Unidad en Relatoría en 2011. José de Jesús Orozco es investigador sobre el derecho de los derechos humanos, entre otros temas, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Anteriormente fue magistrado de la máxima autoridad jurisdiccional electoral de México durante 16 años. Más información.

Origen: Pasos de Animal Grande – La impunidad exacerba la repetición de agresiones y amenazas contra los defensores de derechos humanos

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Secretario Ejecutivo de la CIDH : No se puede restringir o sacar periodistas del aire

Un mes y 11 días se cumplieron este 10 de diciembre, desde que se suspendió al periodista Julio Ernesto Alvarado dedl ejercicio de su profesión, el Estado de Honduras se hace de la vista gorda para aplicar la Medida Cautelar MC 196/14, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), al afectado, lo que ha generado diferentes reacciónes entre ellas las del Secretario de esa instancia, Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.

En su visita a Honduras efectuada el pasado martes 08 de diciembre para aportar opiniones sobre el actual proceso de elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia, Álvarez Icaza se mostró en contra de las medidas que adopten los Estados para cerrar espacios en medios de comunicación a periodistas.

“No puede haber una condición de restricción o sacar a periodistas del aire”, afirmó en referencia a la suspensión de la que es objeto el periodista Alvarado, quien desde el pasado 29 de octubre está oficialmente privado de presentar el Noticiero “Mi Nación” –del cual es también su director-, a través del Canal Globo TV.

El Secretario Ejecutivo de la CIDH, aseguró que su visita es también para recoger insumos para la próxima publicación de un informe sobre Honduras en el que se hace énfasis sobre  que la necesidad que las autoridades cumplan con la adopción de medidas cautelares, entre ellas la de Julio Ernesto.

El organismo regional, por medio de la Relatoría para la Libertad de Expresión monitorean constantemente la situación de los periodistas en el país, en este punto, Icaza que también sociólogo, manifestó que–– junto con México, Honduras es uno de los países con más riesgo de ejercer este derecho.

“Nos parece que el Estado hondureño debe disponer de todas las medidas necesarias, en particular su sistema de justicia, para investigar a los y las responsables de cualquier tipo de amenaza hacia un periodista”, recalcó.

Desde el mes de diciembre de 2013 Julio Ernesto Alvarado fue condenado por difamación a raíz de una denuncia presentada por Belinda Flores Mendoza, ex decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), porque el periodista permitió en su espacio televisivo,  a miembros de la Asociación de Docentes de la UNAH, (ADUNAH),que denunciaran el involucramiento en la falsificación de títulos universitarios, en el año 2006.

En noviembre de 2014, la CIDH emitió las medidas cautelares a favor del Periodista julio Ernesto Alvarado, donde este organismo solicita al Estado de Honduras suspenda la sentencia en su contra hasta que la CIDH decida la admisibilidad o no de una denuncia sobre el caso presentada desde el año pasadpo, sin embargo hasta hoy el comunicador social, continúa a la espera de su cumplimiento.

Durante su estadía el pasado martes, el sociólogo de origen mexicano mostró la preocupación de la Comisión por el hecho de que el estado hondureño no asistiera al periodo de audiencias realizadas el pasado mes de septiembre. “Es un hecho que nos preocupó, es una señal contraria al principio de cooperación”, sostuvo.

Igualmente comentó que en base al principio de cooperación y respeto a los derechos humanos, espera que las autoridades hondureñas sigan en colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Origen: Pasos de Animal Grande – Secretario Ejecutivo de la CIDH : No se puede restringir o sacar periodistas del aire

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Aspirante a magistrado se jacta de ser nacionalista durante audiencias públicas

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Enrique Alvarado Casco se jactó este miércoles durante las audiencias públicas desarrolladas por la Junta  Nominadora que se siente orgulloso de pertenecer desde hace más de 45 años al Partido Nacional de Honduras.

Alvarado Casco reveló su militancia y activismo político al ser interrogado por el representante de la  empresa privada ante la Junta Nominadora, Santiago Ruíz, quien consideró a bien preguntarle sobre ese punto, en virtud en que en su hoja de vida se devela su inclinación y los puestos políticos que ha ocupado dentro del partido de la estrella solitaria.

Manuel Enrique Alvarado Casco, mientras participa en las audiencias públicas de este miércoles.

Manuel Enrique Alvarado Casco, mientras participa en las audiencias públicas de este miércoles.

Al ser entrevistado por CRITERIO, el  profesional del derecho, quien ya fungió como magistrado de la Sala de lo Penal de la CSJ durante el periodo 1998-2002, reafirmó el amor a su partido.

Precisó que ha pertenecido y ha activado dentro del Partido Nacional por más de 45 años, porque “todos somos políticos aquí, el ser humano por ser humano es un hombre político, por lo tanto nadie me puede decir a mí de que no pertenece a uno o XY (partido) o que tiene simpatía por un partido político”.

“Yo no lo puedo negar”, dijo al tiempo que precisó que pertenece al partido de gobierno  desde que obtuvo  la ciudadanía como hondureño, es decir desde que cumplió 18 años. Alvarado Casco tiene actualmente 71 años, por lo que su militancia “cachureca” es de 53 años.

“He sido muy conocido dentro del Partido Nacional, he ocupado cargos de directriz de partido y fui y he sido asesor del Comité Central”, refirió.

Aseguró que si llegara a ser electo magistrado terminaría su “participación de activismo político”, porque la ley se lo prohíbe.

A FAVOR DE LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL

Además de su militancia partidista, Santiago Ruíz le preguntó que qué valoración hace sobre la  reelección presidencial, a lo que respondió: “por un período la veo saludable”.

Posteriormente entrevistado por CRITERIO insistió en  que la reelección presidencial es saludable y que el pueblo es quien tiene que decidir.

Consultado sobre el  fallo emitido el pasado 5 de abril por la Sala de lo Constitucional, que dejó abierta la posibilidad a la reelección presidencial, respondió que ahora le toca al Congreso Nacional emitir la reglamentación para que la sentencia surta efecto.

Pese a que evadió responder de manera directa sobre cuál hubiese sido  su postura en un caso hipotético que él hubiese sido parte de la Sala de lo Constitucional, dejó entrever que hubiera dado un voto favorable. “Yo ya le dije en que estoy de acuerdo en cuanto a la reelección, ya se lo dije, eso no es delito”.

BREVE PERFIL

MANUEL ENRIQUE ALVARADO CASCO: Fue aspirante a ser reelecto como magistrado de la CSJ en 2002, pero fue desestimado por haber sido denunciado por el entonces fiscal general de la República, Roy Medina, quien lo incluyó en una lista de magistrados y jueces que tenían denuncias y juicios en su contra en los órganos jurisdiccionales del país.

También figuró en el 2013 en la lista de candidatos para ocupar el puesto de fiscal general de la República. Ha sido propuesto por el Colegio de Abogados de Honduras y el claustro de maestros de las universidades. Es hermano del abogado Godofredo Alvarado, exasesor jubilado del Banco Central de Honduras (BCH). Actualmente  es maestro universitario.

Origen: Aspirante a magistrado se jacta de ser nacionalista durante audiencias públicas –

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Los tratados de extradición los firmaron los nacionalistas, ahora que se aguanten”: Mel Zelaya

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, expresó hoy jueves que los tratados de extradición con Estados Unidos (E.E.U.U.) fueron firmados por los nacionalistas y que ahora lo que les queda es “aguantarse”.

Manuel Zelaya Rosales, presidente de Honduras 2006-2209

Manuel Zelaya Rosales, presidente de Honduras 2006-2209

Tal aseveración de Zelaya, expresidente de Honduras, sacado por un golpe de Estado en el 2009, son en referencia al caso de extradición del expresidente nacionalista Rafael Leonardo Callejas quien es solicitado por la justicia de E.E.U.U. acusado por los delitos de lavado de activos entre otros.

Zelaya quien también es diputado al parlamento hondureño, comentó que él no se puede gozar del dolor de la familia Callejas, pero que si el cometió un error tiene que presentarse ante los tribunales imparciales a rendir cuentas.

A manera de recordatorio dijo que, “los nacionalistas aprobaron todas esas leyes, ellos les dieron el poder a Estados Unidos, ahora se están sentando en los clavos”.

“Honduras firmó tratados de extradición, lo firmaron los Liberales y Nacionalistas, ellos reformaron la Constitución, ahora que aguanten, de que se quejan”, reiteró el exmandatario.

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Expedientes de aspirantes a magistrados señalados de corruptos deben ir al MP y proceder de oficio

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn

Los miembros de la Junta Nominadora deben pasar esos expedientes entregados por la Embajada Americana a los entes operadores de justicia para que procedan de inmediato  a hacer las investigaciones y presentar las acusaciones para levantar los cargos contra los involucrados, dijo Omar Rivera, director ejecutivo de la Alianza por la Paz y la Justicia.

omar rivera

“Creo que si la junta nominadora tiene en su poder información que involucra a candidatos a la Corte Suprema de Justicia a delitos de narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos y otros delitos, debe consolidar un perfil de aquellos que no pueden continuar en este proceso”, apuntó Rivera.

Señaló que, si una persona que transgrede la ley, que comete delitos que violenta la normativa vigente y ejecuta actos de corrupción,  no puede continuar siendo candidato a formar parte del máximo tribunal de justicia.

“Creo que bien haría la junta nominadora en consolidar esos expedientes y remitirlos también a los órganos operadores de justicia para que actúen de inmediato”, sentenció Rivera.

Lamentó que esta información haya llegado hasta hoy porque “imagínese el riesgo que sería terrible que alguno de estos señalados pudieras ser electo como magistrado de la CSJ, realmente estaríamos transitando por el camino opuesto al camino que queremos transitar”, señaló Rivera

Qué papel debe jugar el Ministerio Público (MP) con esta información? Se le consultó a Rivera,  quien respondió que ya los miembros de la Junta Nominadora han manifestado que tienen información que les ha entregado la Embajada Americana, la fiscalía, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) o el Tribunal Superior de Cuentas, lo primero que tienen que hacer es excluir esas personas de seguir participando en un proceso que va encaminado a conformar una buena CSJ que le permita a Honduras, revitalizar un poder judicial que ha generado desconfianza en todos los hondureños.

La Embajada Americana presentó al menos 24 expedientes de aspirantes vinculados a actos reñidos con la ley

La Embajada Americana presentó al menos 24 expedientes de aspirantes vinculados a actos reñidos con la ley

Rivera reiteró que,  el MP, los órganos contralores del Estado y las autoridades competentes  deben proceder de inmediato a investigar rigurosamente todas esas declaraciones que hay en torno de que existen listas de personas que están participando en este proceso y que están participando en actividades del crimen organizado y del narcotráfico.

Finalmente expresó que, “en las audiencias pudimos ver tristes episodios donde algunos candidatos no tenían respuestas a las preguntas más elementales y otros que se expresaron como fieles seguidores de partidos políticos,  que claramente demuestra que no podrían actuar con independencia si llegaran a asumir una magistratura.

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Estados Unidos calienta proceso de selección de la junta nominadora

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Desde el inició la selección de candidatos a ocupar 15 magistraturas de la corte suprema de justicia, lleva consigo la crítica de sectores sociales y gremiales al que hoy se agrega el gobierno de estados unidos cuya embajada en este país entregó un listado de aspirantes cuestionados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La Embajada Americana presentó al menos 24 expedientes de aspirantes vinculados a actos reñidos con la ley

La Embajada Americana presentó al menos 24 expedientes de aspirantes vinculados a actos reñidos con la ley

Al momento de juramentar a delegados de siete entes sociales que integran la junta nominadora, el presidente del congreso nacional, Mauricio oliva, dijo que ese poder del estado figura en dos momentos del proceso, cuando notifica a las organizaciones la obligación de nombrar a sus representantes y cuando recibe la nómina de los 45 aspirantes propuestos

Sectores gremiales y entes de derechos humanos cuestionan la injerencia de intereses de políticos y posibles estructuras criminales en la justicia que continúan afectando la independencia del poder judicial.

De igual forma debaten la transparencia de las evaluaciones, aunque la junta nominadora reconoce el principio amplio de publicidad, en la práctica carece de un lugar fijo y cómodo para sus sesiones, en donde la sociedad en general y medios de comunicación nacionales e internacionales, ejerzan su derecho de supervisar y observar las audiencias.

Pese al esfuerzo de la junta nominadora por hacer de este un proceso minucioso y abierto, a lo largo del mismo diversos sectores han criticado el mecanismo de selección y ponen en duda la transparencia y equidad del mismo

Con ese panorama el miércoles anterior dieron inicio las audiencias públicas para los 97 precandidatos que franquearon el primer filtro.

Hace pocos días la legación de las barras y las estrellas impulsó el histórico e inédito proceso de extradición de un mandatario hondureño, por presuntos delitos de corrupción ligados al fútbol hondureño e internacional.

Asimismo, la junta nominadora recibió de la embajada americana una lista con nombres de entre 20 y 25 profesionales del derecho que forman parte de los 97 aspirantes, investigados por el gobierno estadounidense.

El registro fue entregado con la recomendación de excluir a los citados del proceso de selección de magistrados, indicó Santiago Ruíz, miembro de la junta nominadora por el sector empresarial.

Los nombres señalados trascendieron al conocimiento público en medios electrónicos y concitó reacciones de aprobación y cuestionamientos por la injerencia extranjera en asuntos internos del país.

Con el escenario de mala aplicación de la justicia, mora judicial y  acciones puntuales, como es el pedido de extradición del ex presidente Rafael Leonardo callejas, la decisión estadounidense no es extraña a problemas actuales del país.

Ruíz sostuvo que se quiere deslegitimar la labor de la junta y generar una repartición de magistrados del poder judicial, en referencia a exigencias de que se publiquen toda acción de la junta nominadora.

Otra arista es el recurso de amparo que 20 aspirantes del colegio de abogados de honduras interpusieron en la sala constitucional ante resoluciones de la junta, que también buscan deslegitimar el proceso, según Ruíz.

Delegados de la comisión interamericana de juristas que  acompañan la etapa de selección, concluyeron que el proceso lleva un mal camino por vicios de nulidad y falta de transparencia por parte de la junta nominadora.

Los juristas extranjeros advirtieron, entre otras observaciones, que el envío de la lista de 45 candidatos  nominados al congreso nacional tendrá lugar  el 11 de enero de 2016, lo que no permitirá que el parlamento reciba la lista con suficiente  antelación para un escrutinio a fondo de los candidatos propuestos.

Origen: Estados Unidos calienta proceso de selección de la junta nominadora –

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Presentan impugnación contra tres aspirantes a magistrados

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn

El periodista Andrés Molina presentó hoy jueves ante la Junta Nominadora una impugnación contra tres aspirantes a magostados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y solicitó que sean declarados no elegibles.

Periodista hondureño y defensor de DD.HH.

Andres Molina Zelaya, Periodista hondureño y defensor de DD.HH.

Los denunciados son Rosa de Lourdes Paz Haslam, Víctor Manuel Martínez Silva, Raúl Antonio Henríquez Interiano

De acuerdo a  la denuncia presentada por Molina manifiesta que estas personas actualmente detentan los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, según la copia del acta que adjunto, en fecha 5 de enero de 2010, votaron a favor del despido arbitrario de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado y de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.

Según sentencia de fecha 5 de octubre de 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver en www.corteidh.or.cr) los despidos de los operadores de justicia arriba mencionados constituyen violaciones a los derechos a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a los derechos de participación política, al derecho de asociación, a las garantías judiciales, al principio de legalidad y a la protección judicial, dice el documento presentado ante la Junta Nominadora.

El comunicador presentó además, una copia del acta de la reunión del cinco de enero del 2010 del Pleno de Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia en la que consta el nombre de los integrantes de ese Pleno que votaron a favor de estos despidos ilegales, entre los cuales se encuentran las personas a quienes impugno mediante este escrito.

A Continuación el escrito presentado por el periodista Andrés Molina

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de diciembre de 2015

Señores

JUNTA NOMINADORA

Tegucigalpa, M.D.C.

Por este medio me dirijo a ustedes con el propósito de presentar formal impugnación en contra de tres de los(as) candidatos(as) que se encuentra en el listado de 97 personas que han sido designadas por ustedes para continuar en el proceso de selección de magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia, publicado el pasado 3 de diciembre del presente año.

Las personas que considero que no reúnen los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia son:

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

Estas personas actualmente detentan los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, según la copia del acta que adjunto, en fecha 5 de enero de 2010, votaron a favor del despido arbitrario de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado y de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.

Según sentencia de fecha 5 de octubre de 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver en www.corteidh.or.cr) los despidos de los operadores de justicia arriba mencionados constituyen violaciones a los derechos a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a los derechos de participación política, al derecho de asociación, a las garantías judiciales, al principio de legalidad y a la protección judicial.

En razón de lo anterior, estimo que las personas mencionadas en este escrito son responsables directas de violaciones de derechos fundamentales y asimismo, de la condena que el Estado de Honduras ha recibido por parte de la Corte IDH, por lo que han dejado de manifiesto su falta de compromiso con la independencia judicial y el Estado de Derecho.

Adjunto a este escrito copia del acta de la reunión del cinco de enero del 2010 del Pleno de Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia en la que consta el nombre de los integrantes de ese Pleno que votaron a favor de estos despidos ilegales, entre los cuales se encuentran las personas a quienes impugno mediante este escrito.

En razón de haber apoyado esos despidos que han sido considerados de carácter ilegal y violatorios de derechos humanos, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia PAZ HASLAM, MARTINEZ SILVA y HENRIQUEZ INTERIANO, han incurrido en responsabilidad en su condición antes expresada, por lo que no pueden ser considerados idóneos para integrar nuevamente la Corte Suprema de Justicia.

Por todo lo manifestado, solicito que ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO sean declarados como no elegibles para ser reelectos como Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que según la sentencia en mención, son directamente responsables de las violaciones de derechos humanos en contra de la Magistrada y los Jueces antes relacionados

ANDRES MOLINA

Tarjeta de Identidad No. 1509-1975-00002

Origen: Presentan impugnación contra tres aspirantes a magistrados –

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