Archivos para 19/09/15

ZEDE (Ciudad Modelo), y el desalojo de la comunidad Garifuna de Puerto Castilla.

Sambo Creek, septiembre 18 de 2014.- El pasado 10 de septiembre se llevó a efecto un desalojo en la comunidad Garífuna de Puerto Castilla, promovido por el Sr. Dennis Weizemblut Oliva, el cual aduce ser propietario de un terreno de una extensión aproximada de cinco manzanas, dentro del casco urbano de la comunidad

El tracto sucesivo de la posesión del terreno en litigio se convirtió en un laberinto jurídico, donde José Mauricio Weizemblut le vende a Dennis Weizemblut Oliva. El primero aparentemente se convirtió en propietario cuando logro obtener el pago de sus prestaciones como ejecutivo de Intermar compañia propiedad del japonés Satoshi Sasaki.

El empresario Sasaki logró sin el aval de la comunidad de Puerto Castilla, apropiarse de un terreno en el año de 1997, para la instalación de su empresa, la que supuestamente produciría harina de pescado además de la comercialización de productos marinos.

Los habitantes de Puerto Castilla sufren una enorme carencia de tierra, como consecuencia del despojo cometido por el estado de Honduras a favor de la Empresa Nacional Portuaria (EPN) en detrimento de la comunidad. De acuerdo a los mapas cartográficos, el terreno del cual aduce ser propietario Weizemblut Oliva está ubicado dentro del mar en la bahía de Trujillo.

La promoción de Puerto Castilla como uno de los parajes que pretenden convertir en una supuesta ciudad modelo (ZEDE), ha dado lugar a un sinnúmero de especulaciones inmobiliarias y despojos en la Bahía de Trujillo impulsando un apetito voraz por parte de inversionistas para apoderarse de terrenos ubicados en lugares estratégicos.

Cabe recordar que el 29 de agosto de 2014, se efectuó un desalojo promovido por los Weizemblut, y previamente en mayo del mismo año, un contingente de policías y soldados, con el pretexto de disolver una manifestación comunitaria, atacaron a la comunidad de Puerto Castilla, utilizando gases lacrimógenos como una arma ofensiva.

Historia de un despojo
La Puntilla, nombre con que se le conocía a Puerto Castilla, fue concedida a la comunidad Garífuna de Cristales y Río Negro, el 18 de mayo de 1889, por el General Luis Bogran, reconociéndole tres millas de ancho por doce de largo.

El 9 de abril de 1921 La Truxillo Railroad Company adquirió 239 hectáreas del terreno conocido como La Puntilla, perteneciente a la comunidad de Cristales y Río Negro. La compañía retornó el terreno en cuestión a la comunidad de Cristales y Río Negro en julio de 1942

El 2 de abril de 1912, Manuel Bonilla firmo el Decreto No 99, aprobando la contrata entre el Estado de Honduras y Juan Glynn, en representación de Victor Camors, el que resultó ser el representante de la Truxillo Rail Road Company. Fue hasta el mes de abril de 1921 cuando la comunidad accedió a ceder 239 hectáreas del terreno de la Puntilla, por un término de 99 años

El 17 de noviembre de 1977 se decretó la cancelación del asiento que constaba el antecedente de dominio útil a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro, procediendo el Estado a otorgar las tierras de la Puntilla a favor de La Empresa Nacional Portuaria. Según testimonios de los habitantes de la comunidad de Cristales, el General Alvarez Martinez, pistola en mano, obligó a la comunidad a ceder las tierras de la Puntilla en el año de 1976.

En el año de 1996 la Empresa Nacional Portuaria (ENP) supuestamente vendió o cedió cinco manzanas de tierra a la compañía Intermares, la que pretendió la construcción de una procesadora de harina de pescado, proyecto supuestamente apoyado por la cooperación japonesa. Este terreno es el que actualmente figura como propiedad de Weizemblut Oliva.

La ilegalidad de las ZEDES y la Corrupción de COALIANZA
Las ciudades modelo, nombre con el que se ha dado a conocer tanto la Ley de regiones Especiales para el Desarrollo (RED) como la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), han sido denunciadas desde un inicio como iniciativas que atentan contra los derechos humanos de los habitantes de las áreas escogidas para subastar al capital extranjero; además de socavar el concepto de soberanía.

Las ZEDES se han convertido en el pilar de la actual administración de Juan Orlando Hernández, personaje íntimamente ligado a ese experimento político económico, desde las reformas constitucionales del año 2011. Para el mes de junio Hernandez planeaba participar en una conferencia en San Francisco, promovida por los libertarios de ultraderecha del Silicon Valley, denominada “Interrumpiendo la democracia: nuevas formas de gobernanza para Honduras. Su participación se suspendió ante la denuncia efectuada pro la OFRANEH y el inicio de las marchas de las antorchas, protestando por la corrupción endémica que ha plagado al estado de Honduras, especialmente a partir del golpe de estado.

La visión autocrática del actual régimen y su visible desprecio por la democracia, nos hace temer que el desalojo anunciado para Puerto Castilla, será efectuado de una manera violenta sin respetar los derechos territoriales del pueblo Garifuna y mucho menos efectuar una consulta, previa, libre e informada; precepto que es totalmente desconocido por los nacionalistas en el poder.

COALIANZA ente encargado de las ZEDE ha sido denunciado en múltiples ocasiones por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), por la ausencia de transparencia y la versatilidad para ocultar información sobre los proyectos adjudicados y los salarios de miembros de ese ente.

Desafortunadamente los golpes efectuados a la Corte Suprema de Justicia -por haber declarado inconstitucional las RED- el asalto al Ministerio público y el fraude electoral cometido y avalado por la comunidad internacional, que dotó de una aplanadora en el Congreso Nacional al actual gobernante, han dado lugar a una dictadura perfecta, cuyo objetivo es saquear las instituciones del país y subastarlo por retazos al capital extranjero.

Según el resumen ejecutivo de las ZEDE Trujillo-Santa Fe, los más de 3000 habitantes de Castilla serán reubicados en San Martín y Santa Fe, aunque algunos funcionarios les han manifestado a los pobladores que serán reubicados en el paraje conocido como Plan Grande.

Hasta al momento no se ha efectuado ninguna reunión con los miembros de la comunidad y mucho menos realizado una consulta previa, tal como lo señala el Convenio 169 dela OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Los habitantes de Puerto Castilla han manifestado en diversas ocasiones, un repudio total a su relocalización, situación que indudablemente conllevará ante la ausencia de respeto a los derechos humanos por parte del Sr, Juan Hernandez a un enorme conflicto social.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2015/09/18/zede-ciudad-modelo-y-el-desalojo-de-la-comunidad-garifuna-de-puerto-castilla/

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Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles

Entre las plantaciones de monocultivos de árboles para uso industrial – principalmente eucalipto, pino, caucho, acacia y palma aceitera – promovidas en varios países y continentes, las de palma aceitera son las que se han expandido más rápidamente en las últimas décadas. En el período 1990-2010 se triplicaron a escala mundial, especialmente en Indonesia y Malasia.

Hasta no hace mucho, los proveedores locales de aceites y grasas – incluido el aceite de palma en muchos países africanos – eran quienes dominaban los mercados nacionales de aceites vegetales, y las políticas y reglamentaciones nacionales protegían a los productores locales de aceite vegetal de las importaciones baratas. Pero en los últimos 15 años, una serie de tratados de libre comercio eliminó la mayoría de esas protecciones en varios países, abriendo las puertas a productos más baratos. Y en este momento, es el caso de la palma aceitera. Esta situación está provocando la última tendencia expansiva de las plantaciones industriales de palma aceitera, no sólo en Indonesia y Malasia sino también en países de África y América Latina cercanos al Ecuador, donde las condiciones climáticas son propicias para el crecimiento de la palma aceitera. Otra tendencia que promueve la expansión proviene sobre todo de Europa, y tiene que ver con la creciente demanda europea de agrocombustibles. La expansión exponencial de las plantaciones industriales de palma aceitera tiene un precio muy alto: un creciente número de impactos económicos, sociales, culturales y ambientales que causan importantes pérdidas de biodiversidad y afectan a las comunidades de los países y regiones donde se expanden.

A partir del sistema de certificación de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés) – con su falsa promesa de “sostenibilidad” de productos de las plantaciones industriales de palma aceitera – y de nuevos sistemas de certificación similares, promovidos especialmente en Indonesia, la tendencia más reciente de la política de “responsabilidad empresarial” en el sector de la palma aceitera es el compromiso para con una política llamada “deforestación cero”. Los principales actores de un sector dominado por empresas transnacionales y grandes instituciones financieras ya han hecho esas promesas de “deforestación cero”, promovidas también por las grandes ONG conservacionistas que colaboran estrechamente con las transnacionales del sector. Sin embargo, se trata de compromisos voluntarios y no de normas vinculantes. En segundo lugar – y quizás lo más importante -, los informes desde el terreno ya revelan que, a posteriori de haber formulado esos compromisos, existen numerosas denuncias de violaciones ambientales y sociales de las empresas. Un ejemplo son las denuncias sobre Wilmar y sus actividades en Uganda, donde la expansión de sus plantaciones de palma aceitera ha provocado el desplazamiento de campesinos. Lo más inquietante, tal vez, de estos “compromisos” publicados por las empresas de aceite de palma, es que no tienen como objetivo poner fin a la expansión industrial de la palma aceitera. Peor aún, esas promesas sugieren que la deforestación es el único y principal problema de las plantaciones industriales de palma aceitera.

Por supuesto que la expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera y de árboles en general es responsable de millones de hectáreas de deforestación. Los bosques son cruciales y es imperioso detener la deforestación, entre otros motivos también porque los bosques proporcionan los medios de vida y sustento, y constituyen el hogar de las comunidades que de ellos dependen. Pero el interés de las empresas en proteger a los bosques no es por el bienestar de las poblaciones locales o la genuina conservación de los hábitats y especies; con una lógica orientada al lucro, lo crucial para ellas es que los bosques – y especialmente los árboles – han cobrado importancia para el “capitalismo verde” por su condición de almacenar carbono y biodiversidad, una fuente potencial de créditos de carbono y biodiversidad que pueden venderse a países y empresas contaminantes.

Las políticas REDD+ y similares a REDD+, que promueven el financiamiento de la conservación de los bosques a través de la venta de créditos de carbono y biodiversidad de zonas de bosque, pueden beneficiar a las empresas brindándoles acceso a dichas zonas a través de concesiones o títulos de tierras para el establecimiento de plantaciones. Los mercados de carbono y biodiversidad pueden, así, canalizar dinero a las empresas de palma aceitera para la conservación de esas zonas de bosque que tienen un llamado “alto valor de carbono”, y que las grandes compañías palmícolas han estado identificando en sus concesiones de tierras a través de consultores contratados en todo el mundo. Pero conservar áreas con “alto valor de carbono” no resuelve los problemas fundamentales de un sector basado en las plantaciones industriales a gran escala, que requieren un uso importante de agua, agrotóxicos, fertilizantes químicos y energía fósil, y ocupan enormes territorios en los que vivían o de los que dependían numerosas personas. Y con proyectos de expandirse cada vez más, lejos de ofrecer una solución real al cambio climático, el sector palmícola continuará contribuyendo a la alteración del clima. Los más afectados por este tipo de políticas serán los pueblos de los bosques y las comunidades campesinas, que verán cómo las plantaciones de palma aceitera se incrementarán, restringiéndoles cada vez más el acceso a sus tierras y bosques. Para ellos, que no son responsables en absoluto del actual problema del cambio climático, no sólo es importante el bosque con “alto valor de carbono” sino que todas las áreas que ocupan y controlan son de vital importancia para sus medios de vida y su futuro.

Los gobiernos de los países productores de aceite de palma, junto con las empresas transnacionales del sector, han reclamado activamente, además, que las plantaciones de palma aceitera sean recategorizadas, de forma que de cultivo agrícola pasen a ser “bosques”, no solamente en sus propios países sino también a escala internacional. De acuerdo con la actual definición de la FAO, un bosque es básicamente un área con una cobertura arbórea. El objetivo es garantizar el acceso a la “oportunidad” que representa un potencial acuerdo REDD+ en el marco de las negociaciones de la ONU sobre el clima a celebrarse en París a finales de este año, para poder vender créditos de carbono en el futuro, utilizando los absurdos argumentos de promover la “deforestación neta cero” o “reforestación”.

Además, el énfasis en la deforestación tiende a prestar menos atención a toda la gama de impactos que causan las plantaciones industriales de palma aceitera en numerosos países, como por ejemplo:

– Destrucción de medios de vida locales y desplazamientos. Las regiones en las que se están promoviendo las plantaciones de palma aceitera constituyen el hogar de campesinos y pueblos indígenas, y son zonas de bosques tropicales de los que estas comunidades dependen económica, social, espiritual y culturalmente. Es por eso que las plantaciones industriales de palma aceitera provocan la pérdida de tierras y por lo tanto de los medios de vida de las comunidades, y dentro de ellas especialmente de las mujeres debido a su relación específica con el bosque, dando como resultado el desplazamiento de estas comunidades. Los casi 20 millones de hectáreas ocupados actualmente por plantaciones industriales de palma aceitera en América Latina, África y Asia, han quitado perspectivas de futuro a numerosas personas cuyos territorios han sido invadidos y sus bosques destruidos. Esta destrucción ha afectado gravemente la soberanía alimentaria no sólo de las comunidades sino de regiones enteras.

– Madereo destructivo y violaciones de los derechos humanos. En numerosos casos, estas plantaciones son también un resultado del madereo devastador que en el pasado allanó el camino para la entrada de las plantaciones de palma aceitera. Se estima que sólo en Sabah y Sarawak (los dos estados de Malasia en Borneo), el tamaño de las plantaciones de palma aceitera – que seguramente implicaron conversiones de bosques y/o violaciones de derechos indígenas consuetudinarios sobre la tierra – alcanzó en 2014 un total de 1,5 millones de hectáreas: 1,1 millones de hectáreas en Sarawak y 0,4 millones de hectáreas en Sabah. Por otra parte, hace más de una década que se continúa con el procedimiento de desmonte mediante la quema para el establecimiento de plantaciones de palma aceitera en, lo que ha provocado una bruma que se mantiene casi todo el año en el sudeste de Asia. Esta práctica no sólo daña el ambiente sino también la salud de millones de ciudadanos.

– Acceso privilegiado a la tierra para las empresas, no para las comunidades. La introducción del modelo de cultivo industrial de la palma aceitera en un determinado país o zona a través de concesiones de tierras, garantiza a las empresas un acceso privilegiado a tierras agrícolas durante largos períodos, aumentando su poder e influencia. En el caso de América Latina, en que el Estado brinda incentivos para la adquisición titulada de la tierra y la propiedad individual de tierras estatales – dando pie a la especulación financiera -, el proceso promueve una mayor privatización y concentración de la tierra. En todos los casos, las luchas para garantizar los derechos colectivos de las comunidades sobre sus territorios y una agricultura diversificada y agroecológica controlada por estas comunidades, tienden a ser cada vez más difíciles. Los gobiernos y las organizaciones internacionales que apoyan el desarrollo de la agricultura industrial no suelen escuchar las demandas de las comunidades, y en general argumentan que las plantaciones de palma aceitera las beneficiarán porque generarán empleo.

– Condiciones de trabajo miserables. Los puestos de trabajo terminan resultando ser pocos, y las condiciones de trabajo en las plantaciones de palma de aceite son a menudo similares a la esclavitud. Por otra parte, en numerosos casos se ha documento la existencia de trabajo infantil, así como abuso de drogas entre los trabajadores, y prostitución. Los trabajadores también se ven especialmente afectados por la obligación de aplicar agrotóxicos en las plantaciones de monocultivos, incluso productos prohibidos en varios países. Dadas las pesadas condiciones climáticas de altas temperaturas en las que puede crecer la palma aceitera, el uso de equipo de protección resulta muy incómodo. Pero aun utilizando adecuadamente el equipo, hay testimonios que revelan que los trabajadores no tienen seguridad de que no quedarán expuestos a dosis que son una amenaza para su salud. Muchos se enferman por el resto de sus vidas, sin poder contar con ningún tipo de compensación. La situación de los trabajadores se vuelve aún peor en la actual crisis económica mundial, en la que las empresas procuran mantener sus ganancias gastando mucho menos en lo que llaman “costos laborales”.

-Aumento de la criminalización de los movimientos sociales y la oposición local. Un aspecto muy preocupante también es que las comunidades y las organizaciones que las apoyan, así como los trabajadores de las plantaciones de palma aceitera, deben enfrentar una creciente tendencia mundial a la violación de los derechos humanos, entre ellos la criminalización. En Honduras solamente, en los últimos 10 años cerca de 140 personas – principalmente integrantes de comunidades – resultaron muertas como consecuencia de los conflictos entre las comunidades y las empresas de palma aceitera. También en otros países hubo asesinatos, detenciones y persecuciones de quienes tan solo luchaban en defensa de los derechos colectivos de las comunidades sobre sus territorios y se oponían a la invasión de sus territorios por las empresas palmícolas. Por otro lado, las empresas pueden contar con todo tipo de protección brindada por las fuerzas de seguridad del Estado, como la policía y hasta el ejército.

Desde 2006, se ha establecido el 21 de setiembre como el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, con el objetivo de aumentar la visibilidad del creciente número de pueblos y comunidades, a menudo los más marginados, y entre ellos en especial las mujeres y los jóvenes, que están luchando en diferentes lugares y países en contra de los monocultivos industriales de palma aceitera y otras plantaciones de monocultivos de eucaliptos, pinos, acacias y caucho. Este Día es una manera de romper el círculo de silencio en torno a las violaciones enfrentadas por las comunidades cuyos territorios son invadidos y rodeados por estos monocultivos.

Los actuales intentos de “maquillar de verde” al sector industrial de la palma aceitera y también a otras plantaciones a gran escala con los compromisos de “deforestación cero” o de “mejorar” las plantaciones a través de sistemas de certificación como la RSPO y nuevos sistemas relacionados, manteniendo al mismo tiempo la lógica de la expansión ilimitada, son otra amenaza de que más comunidades pierdan sus tierras y medios de vida. Es por eso que condenamos el modelo de crecimiento a gran escala orientado a la exportación, que actualmente impulsa la expansión de la palma aceitera en todo el mundo. No hay manera de que los monocultivos de árboles a gran escala sean aceptables, ni para las comunidades locales ni para un mundo que enfrenta una severa crisis con síntomas múltiples, entre ellos el cambio climático, el deterioro económico y ambiental, y el aumento de la militarización y las violaciones de los derechos humanos.

En los países donde las plantaciones industriales de palma aceitera ocupan grandes extensiones de tierra, los gobiernos deberían dar prioridad absoluta a las demandas de las comunidades, apoyar su control sobre las tierras y los bosques de los que dependen, en lugar de adoptar políticas que faciliten la entrega de esos territorios a empresas transnacionales. Exhortamos, además, a los gobiernos a invertir en la producción local diversificada de alimentos y en la soberanía alimentaria, como la mejor forma de apoyar a las comunidades y también a las economías locales y nacionales, a la vez de promover una mayor justicia social y ambiental.

“¡Las plantaciones no son bosques!”

 

– Acción Ecológica, Ecuador
– Brainforest, Gabon
– CALG – Coalition against Land Grabbing, Philippines
– Censat Agua Viva, Colombia
– Centre pour l’Environnement et le Développement – CED, Cameroon
– COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica
– Colectivo de Reservas Campesinas y Comunitarias de Santander, Colombia
– Consumers’ Association of Penang, Malaysia
– ERA/FoE Nigeria
– FASE/ES, Brasil
– Friends of the Earth International
– Fundaexpresión, Colombia
– GRAIN
– JA! / FOE Moçambique
– Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
– Organización Ambiental Chinampa, Colombia
– Organización Fraternal Negra Hondureña – OFRANEH, Honduras
– Otros Mundos, México
– People Common Struggle Centre – PCSC, Pakistan
– Red latinoamericana contra los monocultivos de árboles – RECOMA
– Sahabat Alam Malaysia / FOE Malaysia
– SAVIA, Guatemala
– Sawit Watch, Indonesia
– School of Democratic Economics – SDE, Indonesia
– Third World Network, Malaysia
– World Rainforest Movement – WRM

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2015/09/20/dia-internacional-de-lucha-contra-los-monocultivos-de-arboles/

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Por defraudación fiscal capturan a empresario y político del Partido Liberal

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio

Fernando Antonio Fortín Macías

Tegucigalpa.-Por el supuesto delito de defraudación pública en perjuicio de la administración pública, fue capturado la noche de este viernes el empresario y político del Partido Liberal, Fernando Antonio Fortín Macías.

La captura se llevó a cabo en la capital hondureña, Tegucigalpa, por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), informó el departamento de Relaciones Públicas del Ministerio Público. El detenido es representante legal de la empresa EFES Comercial S. de R.L.

Momentos en que el empresario y político ingresaba a las instalaciones de la ATIC.

Se detalló que el empresario y política liberal, será presentado ante los tribunales competentes donde se ventila su caso por evasión.

El caso tiene relación con las capturas que la ATIC ejecutó ayer en San Pedro Sula, contra el oficial de aforo y despacho asignado a la aduana de Puerto Cortes, Orlando Mauricio Calderón Rosales y la agente aduanera Nohemi Carolina Rodríguez Estrada.

Fernando Fortín postulo su candidatura como vicealcalde en la f´rmula de la ahora regidora liberal, Marcia Villeda, durante las elecciones de 2013.

El oficial de aforo, es acusado de violación a los deberes de los funcionarios y Rodríguez Estrada  de sustracción de documentos públicos y privados en prejuicio de la Fe Pública

Fortín Macías figuró como candidato a vicealcalde a la alcaldía capitalina, en la planilla de la actual regidora liberal, Marcia Facussé, durante las elecciones de 2013.

Fuente: http://criterio.hn/por-defraudacion-fiscal-capturan-a-empresario-y-politico-del-partido-liberal/

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Pequeños grupos buscan inestabilidad del país para crear mártires


  • Sábado, 19 Septiembre 2015 12:45

El comisionado policial Héctor Iván Mejía Velásquez. El comisionado policial Héctor Iván Mejía Velásquez.

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – El director de Organización, Adiestramiento y Operaciones de la Policía hondureña, comisionado Héctor Iván Mejía, dijo este sábado que existen pequeños grupos que le apuestan a la inestabilidad para buscar mártires y exponer al país internacionalmente.

– Existen organismos al acecho para aprovechar la situación de confrontación y poner al país en una situación de riesgo, dijo Mejía.

“Estos individuos lo que buscan es provocar la inestabilidad del país, enfrentamientos y justificar y crear mártires porque universalmente siempre van a tener grupos que los van a apoyar”, acusó.

Dijo que el 60 por ciento de los efectivos policiales son destinados a cuidar que estos grupos que constantemente realizan protestas no incendien el país, situación que distrae las labores del cuerpo del orden para salvaguardar a la ciudadanía en general.

El oficial pidió a la población que denuncie a las personas que únicamente generan el caos y dijo que estos grupos no representan a la mayoría.

Con respecto a los ataques de estos grupos a la propiedad privada, Mejía señaló que los manuales internacionales mandan primero a disipar estas manifestaciones y luego proceder a capturas para individualizar las acusaciones.

“Si tenemos una manifestación de cinco mil personas y queremos capturar a una persona, las acciones de nuestros agentes se vuelven complejas por el ambiente que existe en estos eventos y muchas veces las soluciones en ese momento pueden resultar más graves”, manifestó.

La tarde-noche del viernes un pequeño grupo de simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), provocaron daños a las instalaciones de la Corporación Televicentro en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa.

Fuente: http://www.proceso.hn/nacionales/item/110293-peque%C3%B1os-grupos-buscan-inestabilidad-del-pa%C3%ADs-para-crear-m%C3%A1rtires.html

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Alrededor de 100 policías han sido destituidos en Honduras en lo que va del año

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Leonel Sauceda, dijo a periodistas que la destitución de los agentes, entre enero y agosto pasado, se debe al “desempeño irregular” de sus obligaciones.

Al menos un centenar de agentes de la escala básica de la Policía de Honduras han sido destituidos en ocho meses como parte de un proceso de depuración de la institución iniciado en 2011, informó hoy una fuente oficial.

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Leonel Sauceda, dijo a periodistas que la destitución de los agentes, entre enero y agosto pasado, se debe al “desempeño irregular” de sus obligaciones.

Agregó que el agente que participe en actividades ilícitas será “capturado porque no se va a permitir, no se va a tolerar una actividad ilícita en la institución”.

El portavoz policial subrayó que la detención de policías implicados en actividades ilícitas es una forma de “mostrarle” a la sociedad que la institución esta cambiando.

“La sociedad hondureña nos ha estado pidiendo y exigiendo que cada día nos profesionalicemos, certifiquemos y qué mejor que mostrarle que al interior de la institución estamos capturando a los que están cometiendo actividades ilícitas”, explicó.

Además, indicó que otros 700 policías están en “proceso de separación o cancelación de sus acuerdos” en la institución, por razones que no precisó.

La Policía hondureña está en proceso de depuración desde noviembre de 2011 debido a las múltiples denuncias contra agentes y oficiales involucrados en delitos como homicidios, narcotráfico, extorsión, secuestros y robo de vehículos, entre otros.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/alrededor-de-100-polic%C3%ADas-han-sido-destituidos-en-honduras-en-lo-que-va-del-a%C3%B1o

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