Se violentó el debido proceso de joven imputado por crimen del abogado Montes

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  La Policía Nacional cometió irregularidades durante al arresto, custodia y traslado del ingeniero Rigoberto Andrés Paredes Vélez, supuesto responsable de la muerte del abogado Eduardo Montes. La muerte violenta ocurrió el miércoles 16 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, según declaraciones de la Policía Nacional.
Sin embargo, fue hasta dos horas después que presentaron al imputado aunque el Código Procesal Penal establece que “se le debe permitir comunicar de manera inmediata  su detención y ser asistida, desde que sea detenida, por un Profesional del Derecho, si los familiares no designan a alguien, debe cumplir la función un defensor público”.
Policía lo presentó a los medios
La presentación del imputado fue realizada por la Policía Nacional una vez que los medios de comunicación hondureños se encontraban fuera del moderno edificio Torre Metrópolis.
No obstante, la ley establece que todo imputado será tratado como inocente mientras no se haya declarado su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente. “En consecuencia, hasta esa declaratoria, ninguna autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentarla como tal ante terceros”.
La Policía Nacional obtuvo la supuesta confesión del imputado en condiciones que violentaron sus derechos, pues no tenía asignado ningún defensor público.
De acuerdo con el Código Procesal, los actos que se realicen sin la presencia de un defensor son nulos.
“Toda persona deberá contar con la asistencia y defensa técnica de un profesional del Derecho desde que es detenida como supuesto partícipe en un hecho delictivo o en el momento en que voluntariamente rinda declaración,  hasta que las sentencia haya sido plenamente ejecutada. Su violación producirá la nulidad absoluta de los actos que se produzcan sin la participación del defensor del imputado”, manda el Código Procesal Penal.
Primeras horas perdidas
El imputado no fue sometido o examinado a ningún perito médico forense en las primeras horas del hecho, fue hasta las 7:00 de la noche, es decir, nueve horas después del suceso que un psiquiatra forense analizó su estado mental.
Según muestran las fotografías divulgadas en los medios de comunicación, el joven fue reducido por la fuerza por guardias de seguridad que le quitaron su camisa y le amarraron con sus manos a la espalda.
El Código Procesal Penal establece que entre sus garantías, la persona detenida tiene derecho a “no ser sometida a técnicas o métodos que alteren sus capacidades de conocimiento y comprensión del alcance de sus actos o su libre voluntad, tales como: malos tratos, amenazas, violencia corporal o psíquica, torturas…a que no se empleen medios que impidan su movilidad durante la realización de las actuaciones procesales”
De acuerdo con el Artículo 10  de la Declaración Universal de Derechos Humanos, “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.
Una vez presentado como supuesto responsable del crimen, Paredes Vélez, fue mostrado con un chaleco antibalas, los agentes policiales lo ingresaron al edificio durante al menos una hora más.
Finalmente, fue trasladado a la colonia Kennedy. Ya puesto en la patrulla policial el chaleco, puesto al inicio para proteger su integridad física fue retirado, por razones desconocidas.
La misma Declaración en su Artículo 11 indica: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.
Vocero policial violenta principio de inocencia
Pese a que la declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en su Artículo XXVI, dice “Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas”, el vocero policial, Leonel Sauceda, en declaraciones a los medios de comunicación aseguró que el joven se había declarado culpable, y que los videos también lo inculpan.
Pruebas médicas realizadas tardíamente
Cerca de siete horas después de su captura, Paredes Vélez aún no contaba con un abogado defensor designado por la defensa pública, pese a que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se presentó a verificar la situación.
Luego de ser trasladado nuevamente por tercera ocasión y siete horas después de ocurrido el hecho, el joven fue sometido a un exhaustivo examen físico y psicológico por parte del Medicina Forense.
El accionar podría ser considerado como atentatorio contra derechos o garantías individuales contentivos en la Constitución de la República como ser el estado de inocencia contentivo en el artículo 89 y el debido proceso, establecido en el artículo 90 del mismo cuerpo legal; ya que basta con observar la valoración de la prueba y los hechos declarados probados.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)

 Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
ART 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
El principio de legalidad y el debido proceso legal / 343
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.
Estado de inocencia
ART. 2
Los imputados tienen derecho a ser tratados con el respeto debido a todo ser humano y a que se respete su libertad personal.
ART 3
La finalidad del proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal.

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