Archivos para 9/09/15

Directora del CNA rechaza denuncia de corrupción contra Mauricio Oliva

Por: Redacción CRITERIO

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Periodista Jairo López de Choluvisión en Choluteca.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción CNA, Gabriela Castellanos, fue puesta en evidencia por el periodista Jairo López de la ciudad de Choluteca, al presentarle una denuncia sobre actos de corrupción en el Hospital de esa ciudad, que vinculan al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y que la funcionaria se negó a recibir.

El comunicador le consultó previamente sobre quienes pueden presentar denuncias de corrupción ante el CNA, a lo que Castellanos respondió: “cualquier ciudadano y ciudadana puede denunciar, de hecho el periodista y los medios de comunicación tienen una responsabilidad importantísima y lo que si hay que decir es que el periodista y el medio de comunicación debe ser también responsables, no decir las cosas solo por decir, sino tener algún tipo de respaldo”.

Más adelante expresó que la Constitución de la República señala que todo ciudadano tiene la responsabilidad y la obligación de denunciar algún acto de corrupción.

Acto seguido el periodista López le dijo que, él le había formulado esa pregunta porque le iba a entregar un documento que contiene la partida 121 del Hospital del Sur, “donde gente que aparece en esa nómina, no trabajó y fue a cobrar el sueldo, tomando en cuenta al publicista del doctor Mauricio Oliva, “entonces yo se lo entrego aquí está”, le dijo el comunicador social mientras le entregaba el legajo de documentos que supuestamente vinculan al presidente del Congreso Nacional en las irregularidades.

Castellanos, sin tomar el documento, preguntó “¿usted ha llevado esta información a las autoridades correspondientes? Y el comunicador respondió, “yo se lo entregó a usted porque es del Consejo Nacional Anticorrupción”.

Fue así como la directora del CNA, procedió a decir: “nosotros llevamos un mecanismo claro y contundente de este tipo de documentos, el CNA no recibe por recibir, por supuesto que recibe a cualquier persona, sea periodista sea abogado o doctor”.

Gabriela Castellanos directora del CNA.

Ante la negativa, el periodista le consultó ¿para qué me lo reciba usted que tendría que hacer?. Castellanos, entonces, le contestó, “esa es una página” y que ellos (CNA) requieren de mayor información y hay diferentes mecanismos para interponer denuncias, “donde con el mayor de los gustos vamos a recibir eso; como directora ejecutiva del CNA le dijo lo siguiente: está la denuncia vía móvil, vía teléfono fijo, la plataforma de hecho esta para adjuntar documentos de alguna situación”.

“Nosotros no descartamos nada, siempre y cuando sean actos de corrupción, no todo es corrupción y el día de hoy nosotros estamos socializando la información que es corrupción, los delitos de enriquecimiento ilícito de cohecho de fraude de malversación de fondos, hay un número importante y hay que sabe que se denuncia, así que nosotros estamos abiertos, en la plataforma, presencial, por teléfono de recibir la denuncia”, y acto seguido se marchó.

OTRA DENUNCIA

La misma situación del periodista Jairo López, la ha vivido el director de Radio y Globo TV, David Romero, quien públicamente reta constantemente a la directora del CNA a entregarle toda la documentación que tiene en su poder sobre diversos actos de corrupción del gobierno, entre ellos cheques provenientes del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social que fueron a parar a la campaña política del ahora presidente Juan Hernández.

La insistencia de Romero lo ha llevado a marcar, mientras trasmite su programa “Interpretando la Noticia”, la línea telefónica de denuncia ciudadana que publicita el CNA mediante una campaña pagada a través de los medios de comunicación, pero tampoco ha podido comunicarse con nadie porque no le responden.

Fuente: http://criterio.hn/directora-del-cna-rechaza-denuncia-de-corrupcion-contra-mauricio-oliva/

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Recomiendan aplicar polígrafo a junta nominadora de la Corte Suprema de Justicia

Por: Redacción CRITERIO

redacción@criterio.hn

 

La junta nominadora para elegir la nueva Cortye Suprema de Justicia ha sido fuertemente cuestionada.

Recomiendan además realizar otras pruebas para comprobar la integridad de los futuros magistrados del Poder Judicial. Tanto aspirantes como Junta Nominadora debe pasar por el polígrafo.

La Barra de Abogados señaló este miércoles que si la Junta Nominadora (JN) determina que los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben pasar por el polígrafo, entonces los candidatos deben hacerlo voluntariamente.

Sin embargo, un representante del organismo consideró que así como los concursantes se someterían al mecanismo de investigación también los miembros de la JN deberían hacerlo.

“No debe haber privilegios en este sentido, tanto los que serán seleccionados como los que los harán la elección deberían someterse al polígrafo”, apuntó.

Son del criterio que esta medida no debe ser la única, “se debería considerar la exhaustiva indagación de la vida profesional y financiera de los candidatos”.

En una ocasión anterior, recordó el representante de la Barra de Abogados, una persona aprobó las pruebas del polígrafo pero poco después se le descubrieron varias anomalías, por lo que no considera que la prueba del polígrafo deba ser la única a aplicarse.

“Una persona con buen entrenamiento puede perfectamente superar al polígrafo”, apuntó.El lunes, la titular del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) señaló que el polígrafo debe aplicarse sí o sí.

Recientemente, la Comisión Internacional de Juristas recomendó hacer pública las elecciones de magistrados de la CSJ.

Fuente: http://criterio.hn/recomiendan-aplicar-poligrafo-a-junta-nominadora-de-la-corte-suprema-de-justicia/

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El diplomático John Biehl se reunió con representantes de la oposición y la comitiva nacionalista

Publicado: 09 Septiembre 2015

En el marco de la segunda parte del Diálogo Nacional, el diplomático chileno, John Biehl se reunió con los dirigentes de la oposición y la comitiva del Partido Nacional, para comenzar los acercamientos entre las partes en pugna.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El facilitador de la Organización de Estados Americanos (OEA), John Biehl del Rio, se reunió con los representantes de la oposición y el Partido Nacional para comenzar los acercamientos en la segunda etapa del Diálogo Nacional entre las partes en pugna.

Biehl, visitó en su casa de habitación al expresidente, Manuel Zelaya, quien expresó que “la negativa de una comisión internacional que investigue la corrupción impide prácticamente todo ejercicio de buena voluntad para sentarnos en este dialogo, quieren mantener la impunidad de los actos de corrupción que han sido denunciados”.

Además, aseguró que las pláticas sostenidas con los representantes de la OEA y la ONU, no pueden considerarse como el Diálogo Nacional, porque deberían ser entre el gobierno y la oposición para desarrollarlo en igualdad de condiciones.

“Ellos (autoridades de la gestión pública) tienen todas las pistolas, carabinas, AK-47 apuntadas en todo el Estado, con todas las arbitrariedades que han cometido persiguiendo a la oposición”, afirmó el también coordinador general del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

De igual forma, el diplomático John Biehl se reunió con el presidente del Partido Anticorrupción (PAC), Salvador Nasrralla, quien al terminar el dialogo con el facilitador, declaró que “ fui  citado por el señor Biehl para platicar sobre lo que traen ellos y lo que hablamos en las tres reuniones que tuvimos -como parte de la primera ronda del díalogo-”.

 

Por parte del Partido Nacional, quien se reunió con el parlamentario fue nacionalista, Oscar Álvarez, que expresó al terminar la conversación ““Al final la conclusión no fue cuál va a ser la solución a este tema, pero sí que podríamos aportar nosotros y dijimos que estamos totalmente abiertos al diálogo.

Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/500-el-diplomatico-john-biehl-se-reunio-con-representantes-de-la-oposicion-y-la-comitiva-nacionalista

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Sindicalistas del Hospital Escuela protestan por cierre de oficina gremial

Publicado: 09 Septiembre 2015

El plantón inició después de las 7:00 de la mañana, cuando un grupo de miembros del denominado Sindicato de Empleados Públicos del Hospital Escuela (SEPHE), se apostaron en los accesos al centro asistencial, criticando el cierre de la oficina gremial.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Un grupo de sindicalistas del Hospital Escuela Universitario (HEU) protestaron este miércoles, en rechazo al cierre de las oficinas donde se concentraba el gremio.

El plantón inició después de las 7:00 de la mañana, cuando un grupo de miembros del denominado Sindicato de Empleados Públicos del Hospital Escuela (SEPHE), se apostaron en los accesos al centro asistencial, criticando el cierre de la oficina gremial.

Acusaron a la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, de ser la responsable de haber ordenado el cierre de la sede, porque se realizó sin previo aviso, por lo que aseguraron que sus derechos fueron violentados.

Los afectados señalaron que la extinta sede, se convirtió en la sala de atención de la fiebre reumática chikungunya, no se les dijo nada y por eso decidieron emprender acciones de protesta para condenar la medida.

Advirtieron los miembros del SEPHE que la toma puede durar varias horas, hasta que sean atendidos por las autoridades del HEU para que les den explicaciones del porqué fue clausurada la sede, que estaba construida con madera plywood, que se encontraba en pésimo estado.

A pesar de la protesta, no se reportan paralizaciones de labores por los miembros del sindicato, acusado de no defender las condiciones laborales de los empleados del hospital, bajo control de la UNAH.

Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/504-sindicalistas-del-hospital-escuela-protestan-por-cierre-de-oficina-gremial

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Sindicalistas se toman las afueras del Hospital Escuela

Miembros de organizaciones sindicales y Centrales Obreras se reunieron en las afueras del Hospital Escuela para denunciar los atropellos a los que son sujetos en el actual Gobierno.

La acción fue realizada como medida de presión por las nuevas disposiciones de las autoridades que los dejan sin espacio físico para sus reuniones.

Los protestantes desde las 7:30 de la mañana obstaculizaron el ingreso al centro asistencial colocando banderas y apostándose en la entrada del Materno Infantil.

La acción se llevó a cabo por la determinación de las autoridades al desalojarlos de sus oficinas y utilizarlas como áreas para atender a personas con chikungunya y dengue.

Según los empleados de ese centro asistencial, la rectora universitaria, Julieta Castellanos, hizo la ordenanza sin previo consenso.

La acción fue tomada como un atropello a los derechos laborales y en especial el fuero sindical.

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=12088

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Ante deteriorada imagen, JOH ahora busca sensibilizar a padres de familia burlándose de la niñez

Confites JOHEn una pose de un gobernante populista, Juan Orlando Hernández se ha visto obligado a tener que montar toda una campaña utilizando a la niñez para tratar de sensibilizar a los padres de familia ante la situación crítica que vive Honduras en todos los órdenes.

Durante lo que va de la semana, Juan Orlando Hernández, junto con el Presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, manipularon el Congreso Infantil que año con año se lleva a cabo para impulsar iniciativas y leyes de parte de los pequeños que representan a la niñez hondureña.

Es tal el descaro, que durante las deliberaciones del Congreso Infantil, los menores fueron obligados a tener que resaltar los fracasados programas impulsados desde Casa de Gobierno, como la desprestigiada Bolsa Solidaria, el politizado Bono 10 Mil y otras ayudas con las que el mandatario compra las conciencias de los más pobres en Honduras.

Para rematar, no bastándole que en cada bolsa que entrega a las familias va el nombre membretado y su firma, ahora también ha gastado una millonaria cantidad de dinero para mandar a elaborar confites, galletas y churros cuyos envoltorios también llevan de manera ridícula su firma y sello, con el objetivo de sensibilizar a los padres de familia y que se expresen bien del Gobierno aún en medio de la crisis económica, la falta de seguridad, precaria atención a los centros educativos y las muertes violentas de cientos de niños y niñas como han denunciado organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

Descarado JOH

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=12091

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Oswaldo Ramos Soto le reclama a Mauricio Oliva por no permitirle acceso a la Junta Directiva

Este miércoles, mientras se desarrollaba la sesión en el Congreso Nacional (CN), el diputado Oswaldo Ramos Soto pretendió subir al punto donde se encontraban los miembros de la Junta Directiva del CN, entre ellos el Presidente Mauricio Oliva.

Oliva giró órdenes a su numeroso grupo de guardaespaldas para que evitaran el acceso de esta connotada figura del Partido Nacional.

Indignado por lo ocurrido, el parlamentario presentó una manifestación donde hizo un fuerte reclamo a la junta directiva que dirige Mauricio Oliva, por no permitirle conversar con la vicepresidenta del Congreso y Presidenta del Comité Central del Partido Nacional, Gladis Aurora López, lo que consideró como un atropello y algo que no debe ocurrir en la cámara legislativa contra ninguna diputada o diputado.

Ramos Soto aseguró que ningún miembro del legislativo puede atentar contra alguno de sus compañeros, por lo que criticó de manera frontal la excesiva seguridad con la que cuenta Mauricio Oliva, ya que cuando Él tuvo oportunidad de ocupar diferentes cargos importantes en el país, jamás permitió andar con cuerpos de seguridad como los que hay en el Congreso Nacional.

El mandatario del pueblo confesó que en una reunión donde estaba la Presidenta del Comité Central del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso, Gladis Aurora López, le solicito, debido a que no había llegado su conductor, le permitiese la oportunidad de trasladarse en el vehículo de la diputada hacia el Congreso Nacional y para su sorpresa, la señora López lo dejó literalmente “botado”, por lo que se vio obligado a tener que contratar los servicios de un taxi para poder llegar al hemiciclo legislativo, lo que causó sorpresa entre sus compañeros de todas las bancadas, dada su figura como ex presidenciable por el Partido Nacional.

El pleno del Congreso Nacional escuchó con mucha sorpresa los reiterados atropellos en contra del abogado Ramos Soto.

Aquí la manifestación del diputado Oswaldo Ramos Soto

 

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=12096

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La lucha incansable contra las desapariciones forzadas en Honduras, de los 80 al presente.

El 30 de agosto pasado se conmemoró el Día Nacional del Detenido-Desaparecido en Honduras. En un foro organizado por el COFADEH en este marco, su coordinadora Bertha Oliva destacó que la elección de esta fecha de conmemoración surgió de una reunión de la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en América Latina (FEDEFAM) en 1984 en Venezuela, en la cual se constató que precisamente agosto era el mes en que se produjeron mayores desapariciones forzadas ejecutadas por agentes de los diferentes Estados latinoamericanos en obediencia a un plan macabro impulsado por Estados Unidos contra dirigentes y defensores de derechos humanos de los movimientos sociales.

Bertha Oliva agregó que “Por eso en ese congreso, declaramos que las organizaciones íbamos a luchar para que en cada país se pudiera lograr el Día Nacional del Detenido Desaparecido. En 1984 proponernos ese objetivo era muy difícil; porque estábamos en plena implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional”.

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El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), fue creado en 1982 por 12 familias de víctimas de desapariciones forzadas, para lograr un claro objetivo: recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado. Desde esa fecha, el COFADEH sigue luchando incansablemente contra la impunidad y por la justicia y el respeto a los derechos humanos. La organización logró que en 2002, el 30 de agosto sea reconocido oficialmente como el Día Nacional de Detenido Desaparecido en Honduras, mediante decreto legislativo.(1)

El COFADEH registra 184 casos de desapariciones forzadas desde finales de los años 70 hasta principios de 90; a éstas se deben agregar decenas de desapariciones que nunca fueron reportadas. La desaparición de James («Guadalupe») Carney, un sacerdote jesuita de origen estadounidense, nacionalizado hondureño, es uno de los 184 casos registrados, y su rostro aparece con los desaparecidos en la sede de COFADEH y en las vigilias que se realizan cada mes.

COFADEH, en coalición con otras organizaciones, ha acompañado estos casos que ha documentado, acudiendo al sistema de justicia nacional e internacional. Varias de sus denuncias por asesinatos y desapariciones forzadas de dirigentes sociales llegaron hasta el sistema interamericano de derechos humanos.

El Estado de Honduras condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el crimen de desaparición forzada:

Las dos primeras sentencias contenciosas que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su creación, resultaron ser justamente condenas al Estado de Honduras, por desapariciones forzadas. En 1988, en su primera sentencia, la Corte interamericana condenó al Estado hondureño por la tortura y desaparición forzada del joven estudiante Manfredo Velázquez Rodríguez. Esta sentencia afirma que «ha sido probada en el proceso la existencia de una práctica de desapariciones cumplida o tolerada por las autoridades hondureñas entre los años 1981 y 1984 ». Luego, en el caso Saul Godínez Cruz, en 1989, nuevamente el Estado es condenado por la desaparición forzada del joven, por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado. Que la Corte declare culpable a un Estado por secuestro, tortura y desaparición forzada, es algo histórico para América Latina, es el reconocimiento legal de lo que ya se sabía en Honduras, y que las autoridades negaban : a partir del año 1981 la desaparición forzada se convirtió en una política de Estado enmarcada en la Doctrina de Seguridad Nacional.

En estos casos, la Corte condenó al Estado a indemnizar a los familiares de las víctimas, a investigar los hechos y a castigar a los responsables. En el año 2003 el Estado de Honduras volvió a ser condenado en la misma Corte por la desaparición seguida de muerte de Juan Humberto Sánchez, en 1992. Sin embargo, a pesar de estas sentencias condenatorias, en ninguno de estos casos se ha investigado y llevado ante un tribunal a los supuestos responsables de estos crímenes.

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Impunidad

Existe total impunidad en casos de asesinatos políticos y desapariciones forzadas de la «década perdida». En los 80 hubo investigaciones judiciales pero todos los presuntos culpables fueron sobreseídos. Luego, entre 1995 y 2000, se abrieron nuevos casos, pero de todos los casos de los 80, hubo una sola sentencia condenatoria en el caso de la desaparición forzada temporal de seis estudiantes, en la cual el Ex-Director de la Dirección Nacional de Investigación Juan Blas Salazar Meza fue sentenciado a dos años de cárcel (2).

Hoy en día, los autores de violaciones a derechos humanos de los 80, lejos de sentir temor por ser algún día encarcelados, siguen en libertad, varios de ellos trabajando en asesoría en temas de seguridad.

16 casos nuevos de desaparición forzada

Además de todos los crímenes del pasado que quedaron en absoluta impunidad, el espectro de este crimen de lesa humanidad volvió recientemente a la realidad de los hondureños. Después del Golpe de Estado de 2009, el COFADEH ha documentado 16 casos de desapariciones en el país. Esta práctica resurgió como una estrategia para imponer el terror y reprimir a la protesta social.

Un ejemplo emblemático es el caso de Reynaldo Cruz Palma, un caso de desaparición forzada que tristemente sucedió el mismo día en que se conmemora al Detenido Desaparecido, el 30 de agosto de 2011.

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José Reynaldo Cruz Palma era un líder comunal, el Presidente de Patronato de la Colonia Planeta de San Pedro Sula. Apenas dos días antes de su desaparición, él y su esposa habían realizado acciones en favor de 10 personas detenidas ilegalmente en su colonia. También, dos meses antes Reynaldo había denunciado en la televisión los abusos de la policía durante un operativo en su colonia, lo cual se concluyó con la muerte de siete supuestos pandilleros.

Ese día 30 de agosto, fue raptado por hombres armados, cuando se encontraba en un bus cerca de San Pedro Sula, junto a su esposa. Se lo llevaron por la fuerza en dos carros, incluso uno de la policía preventiva. Desde ese día, no se supo nada de él. Sus familiares se presentaron a la policía el mismo día pero ésta se negó a tomar la denuncia. Pidieron el apoyo del COFADEH y juntos han hecho todas las denuncias legales, pero no han recibido ninguna respuesta. La única respuesta es que el caso «está en investigación» pero no se han emitido ni una orden de captura, ni tienen nombres de los supuestos responsables. Los familiares de Reynaldo responsabilizan a la Policía por la desaparición de su ser querido. Debido a la persecución que recibieron luego e haber denunciado su desaparición, que incluyen amenazas y atentados, su esposa Nubia Carbajal tuvo que abandonar el país en 2013 (3).

Reapertura de casos de los 80 ?

El 28 de agosto, la Coordinadora de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, Soraya Morales, anunció la reapertura de la investigación de las muertes ocurridas en la década de los 80, con el fin de retomar las averiguaciones para la investigación de 184 expedientes. Anunció que “se ha abierto una unidad para dar respuesta a estos casos que han estado en la Fiscalía de Derechos Humanos y que no han tenido un impulso procesal; ya tenemos casos judicializados, otros sin judicializar y se ha destacado un equipo fiscal para ese hecho”.

El anuncio de la Fiscalía de reabrir investigaciones de casos de los 80 ha sido recibido con cautela por COFADEH y otros defensores de derechos humanos. No parece casualidad que este anuncio se haya hecho precisamente el mismo día que tuviera lugar una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado hondureño (4). Además, se da justamente mientras el Estado hondureño está apurado para entregar un informe al Comité de la ONU sobre las desapariciones forzadas, por lo cual tiene retraso. En un contexto de impunidad extrema, defensores de derechos humanos se preguntan si este anuncio de reapertura de casos no responde más a una estrategia del gobierno para dar una imagen de respeto a los derechos humanos frente a los organismos internacionales, que a un compromiso real con la justicia y contra la impunidad.

Mientras los casos de desaparición forzada del pasado quedan en total impunidad, y nuevos rostros de personas desaparecidas aparecen en las paredes y vigilias de COFADEH, la organización sigue más que nunca su lucha por la verdad, la justicia y contra la impunidad.

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Para saber más sobre las desapariciones forzadas en Honduras:

El sitio de COFADEH: cofadeh.hn o www.cofadeh.org/html/desaparecidos/index.htm
El informe del ex-Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares, “Los hechos hablan por sí mismos” , informe sobre los desaparecidos en Honduras, 1980-1993.
Sobre la desaparición de Reynaldo Cruz Palma, artículo de Daniel Valencia Caravantes publicado en Sala Negra: “Los desaparecidos no existen en el país más violento del mundo

1 Y a nivel internacional, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
2 Ver su caso en http://www.cofadeh.org/html/violadores%20ddhh/juan_blas_salazar.htm
3 Ver este artículo de defensoresenlinea.com describiendo varios casos de desapariciones después del Golpe.
4 Ver este artículo en Conexihon : Honduras rinde cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Fuente: https://proah.wordpress.com/2015/09/09/la-lucha-incansable-contra-las-desapariciones-forzadas-en-honduras-de-los-80-al-presente/

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Embajada de EE.UU. lanzará proyecto GENESIS “ Generando Emprendedores y Sinergias Sostenibles”

Esta alianza establecida entre USAID y un socio local como FUNADEH implica una fuerte participación y compromiso del sector privado hondureño.

El Embajador de los EE.UU James D. Nealon, acompañado de otros funcionarios de esa oficina diplomatica y ejecutivos hondureños inaugurarán este jueves el denominado proyecto “Génesis” con el cual se promueven nuevos emprendimientos, es decir, pequeños negocios.

El titular de la embajada norteamericana se hará acompañar del director de la Agencia de los EE.UU para el Desarrollo Internacional, (USAID James Watson; del director del Proyecto GENESIS-FUNADEH, Fernando Ferrera y del director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras, (FUNADEH) José Carlos Morales.

En el salón “Mario Belot”, de la sede de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, (CCIC), se efectuará a partir de las 2 de la tarde el lanzamiento del proyecto “GENESIS; Generando Emprendedores y Sinergias Sostenibles”.

Con el lanzamiento del proyecto Generando Emprendedores y Sinergias Sostenibles (GÉNESIS) la USAID y la Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) forman una alianza global de desarrollo.

Esta alianza establecida entre USAID y un socio local como FUNADEH implica una fuerte participación y compromiso del sector privado hondureño.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/embajada-de-eeuu-lanzar%C3%A1-proyecto-genesis-%E2%80%9C-generando-emprendedores-y-sinergias-sostenibles

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A audiencias defensores por el derecho a la tierra en Amapala y Danlí

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Tegucigalpa.

Campesinos criminalizados por el derecho a la tierra en Honduras, deben presentarse estos días ante los juzgados correspondientes tanto en el sur y oriente del país, acusados por usurpación en predios que corresponden al Estado, sin embargo la justicia se balancea de lado de los supuestos terratenientes.

Hoy a las dos de la tarde, deberán presentarse a los juzgados de Ampala, Valle, en el sur del país, Abel Pérez, Santos Hernández Ortiz y Santos Tomás Cruz, quienes fueron puestos a la orden de las autoridades por hacer un parqueo público en la comunidad de Playa Blanca, península de Zacate Grande, con lo que perjudicaron al supuesto dueño Jorge Luis Cassis, en la Semana Santa del 2014.

Era un parqueo comunitario con lo que tendríamos algunos ingresos y promover el turismo, pues la gente ya no puede ir a playas en Amapala, después del cierre total de la playa Guayaba Dorada, del supuesto dueño Marco Tulio Gutiérrez, y el cierre al público la playa La Gaviota- del supuesto dueño Fredy Nasser (yerno del fallecido Miguel Facussé), explicó Abel Pérez, quien es miembros de la Asociación para el Desarrollo del Península e Zacate Grande, ADEPZA, e integrante de Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur del país, apoyada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.

En la audiencia anterior el pasado 11 de agosto, a los imputados  se les dictó las medidas cautelares de presentarse en el juzgado cada 15 días para firmar el libro de registro, tiene prohibido salir del país, no pueden acercarse al lugar que está en litigio ni al supuesto dueño de las tierras Jorge Casis . Por lo que la audiencia de este día es para revisión de las medidas.

Para los imputados, este tipo de criminalización, además de injusta les dificulta su quehacer, pues viven de un jornal, y el día que no trabajan no generan ingresos económicos ni alimenticios a su hora, Santos Tomás Cruz tiene 63 años, Santos Hernández Ortiz, 51 años, y Abel Antonio Pérez de 32 años, en las audiencias anteriores han omitido sus declaraciones, interviniendo su apoderada legal la abogada Denia Castillo.

Hasta la isla de Amalapa se han trasladado este día miembros de la REDEHSUR, como observadores y acompañantes en el proceso de defensa de los derechos humanos y en solidaridad con su compañero de la red, Abel Pérez.

Asimismo, para hoy estaban citados cinco campesinos de la comunidad de Rancho del Obispo, Yuscarán, en el departamento de El Paraíso, quienes tienen un proceso judicial desde el año 2012, por iniciar un proceso de recuperación de tierras para hacerlas productivas.

Pero la audiencia se pospuso para mañana jueves 10 de septiembre a las ocho de la mañana en los juzgados de la ciudad de Danlí, El Paraíso. Ellos son acusador por Ramón Rosa Flores,  supuesto dueño de las tierras.

Al inicio de este proceso, eran once los campesinos criminalizados, incluso en la lista habían personas que no viven en la comunidad. Ahora continúan con medidas cautelares Felipe de Jesús  Eguigure, Raymundo Eguigure, José Antonio Obando, Alex Fernando Flores y Francisco Suazo quien es miembro de la Red de Defensores de Derechos Humanos de El Paraíso, acompañada por el COFADEH, al igual que la REDEHSUR.

Para exigir la libertad definitiva de estos campesinos, la empresa asociativa campesina Hermanos Unidos, a la cual pertenecen, realizan acciones diversas, como plantones, reuniones informativas y la última fue una toma de carretera a finales de julio.

En relación a la comunidad de Rancho del Obispo, hace 1meses, la red de defensores de DDHH de El Paraíso, denunció ante el Ministerio Público de Danlí a la Fiscal Nidia Marisol Sevilla Flores y agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), asignado al municipio de Yuscarán, por los delitos de abuso de autoridad y homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de José Antonio Obando, Baudilio Adolfo Laínez, Oswaldo Flores, José Manuel Pacheco, Denis Arturo Laínez, Pablo Godoy y William Alexander Eguigure.

Los hechos sucedieron “el 28 de Noviembre de 2013 a esos de la 11:30 de la mañana, cuando la Fiscal Nidia Marisol Sevilla Flores y agentes de la DNIC de Yuscarán, se presentaron al sitio denominado Aldea  Rancho del Obispo a desalojar a las 7 personas antes mencionabas, quienes estaban trabajando la tierra, limpiando sus sembradíos”, dice el escrito.

Sin mediar palabra, la Fiscal Sevilla Flores y los agentes de la DNIC procedieron a cortar el alambrado y ordenándoles con voz amenazante a los campesinos que abandonaran el lugar, expresándoles que eran unos ladrones y que no tenían nada que hacer en ese lugar. Los campesinos, sin hacer caso, siguieron con sus labores, mientras la fiscal los seguía agrediendo verbalmente.

Ante las agresiones, los campesinos preguntaron porque les hacían daño, ya que sus cosas les costaban y por el reclamo, la fiscal se molestó y sacó el arma que portaba y la disparó en tres ocasiones, lo mismo hicieron los agentes policiales. Cabe señalar que el MP no ha emitido respuesta alguna ante la solicitud de investigación de los y las defensoras de derechos humanos.

En Honduras más de ocho mil campesinos están criminalizados por el derecho a la tierra, cerca de 700 son mujeres y 11 de ellos están privados de libertad en diferentes centros penales a nivel nacional.

Y cerca de 300 mil familias campesinas no tienen acceso a una parcela de tierra para cultivarla, y si inician procesos de recuperación son criminalizadas, aunque las tierras sean de carácter nacional o ejidal, generalmente aparecen terratenientes adjudicándoselas como propias.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3726:a-audiencias-defensores-por-el-derecho-a-la-tierra-en-amapala-y-danli-&catid=54:den&Itemid=171

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En agonía la libre expresión en el país por persecución penal contra periodistas y reformas legislativas

Wednesday, 09 September 2015 03:27 Written by  Published in Amenazas a la Libertad de Expresión Read 60 times
Ronnie Huete y Juan Carlos Zelaya Ronnie Huete y Juan Carlos Zelaya

“Las leyes son hechas por los ricos, para que las cumplan los pobres”, escribió hace más de 40 años el poeta salvadoreño Roque Dalton y parece tener vigencia en pleno 2015 cuando nuestro país se debate en condenar a la prisión a una defensora de los derechos de las mujeres, inhabilitación del ejercicio profesional a un periodista de televisión, presiones para seguir con una querella contra otro  y una serie de reformas al código penal que atentan contra la protesta pacífica, son tres escenarios que vulneran el ejercicio de la libertad de expresión.

La penalización de los delitos que atenten contra la imagen, en especial la de un funcionario público, ha creado un panorama hostil en contra de los y las periodistas y comunicadores sociales, así como de defensores y defensoras de derechos humanos, quienes forman el blanco perfecto del silencio que imponen los administradores del gobierno hondureño.

El estamento jurídico en el país tiene la finalidad de garantizar los derechos de la ciudadanía, sin embargo el mismo presenta una serie de contradicciones que dejan en indefensión a los unos por favorecer a los otros.

Para el caso, en materia de libertad de expresión la Constitución de la República en su artículo 72 garantiza el derecho a la libertad de expresión por cualquier medio y contempla penalizar a quienes atenten contra este derecho. Igualmente se incluye el derecho al honor en su artículo 76.

Sin embargo, cuando la misma ley primaria enuncia el goce de una gama de derechos a nivel individual y colectivo, no siempre se tiene el cumplimiento de los mismos, ya que a la hora de sopesar en la balanza de la Diosa Temis, los funcionarios públicos y personas acobijadas a los grupos de poder político y económico en nuestro país, tienen primacía al momento de sentirse supuestamente vulneradas en sus derechos.

El Código Penal vigente establece desde el artículo 155 al 167 todo el abordaje hacia los delitos contentivos de injuria, calumnia y difamación. Sin embargo no se establece el procedimiento cuando se abuse por parte de los funcionarios públicos de estos enunciados.

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Ejemplo actuales son las sentencias en contra de la reconocida defensora de derechos humanos Gladys Lanza, Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” ,  quien en el mes de marzo de este año,  fue condenada a un año y seis meses de prisión , producto de una querella interpuesta en el año 2010 por el director del Fundación para el Desarrollo de la Vivienda, (FUNDEVI),  Juan Carlos Reyes.

Reyes querelló a Lanza al ser mencionado como responsable de acoso sexual y laboral en contra de Lesbia Pacheco, una ex empleada de FUNDEVI y quien interpuso la denuncia ante la organización de defensa de las mujeres.Ejemplo actuales son las sentencias en contra de la reconocida defensora de derechos humanos Gladys Lanza, Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” ,  quien en el mes de marzo de este año,  fue condenada a un año y seis meses de prisión , producto de una querella interpuesta en el año 2010 por el director del Fundación para el Desarrollo de la Vivienda, (FUNDEVI),  Juan Carlos Reyes.

De igual forma, el periodista Julio Ernesto Alvarado, fue condenado en el año 2013 a 16 meses de prisión, e igual tiempo de inhabilitación en el ejercicio de la profesión, por una querella presentada por la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas Belinda Flores de Mendoza.

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Alvarado prestó su espacio para que un grupo de docentes denunciara a Flores de Mendoza por

tráfico de notas que ocurrió cuando ella fungía como secretaria del decanato en mención., según los denunciantes.

Contrario a la lógica de “igualdad en los derechos para todos y todas”, en una conferencia de prensa, el entonces director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, (IHSS), Mario Zelaya, increpó al periodista de Globo TV Cesar Silva y lo acusó de quererlo chantajear dado que el comunicador le preguntaba sobre el supuesto excesivo costo de unas ambulancias adquiridas durante la gestión del funcionario. Silva procedió a querellar a Zelaya por sentirse difamado al colocarlo como un corrupto, pero hasta el sol de hoy no se le ha dado trámite a su acción.

El ex director del IHSS fue capturado en septiembre de 2014 y encontrado culpable por una serie de delitos, entre los cuales destacan  malversación de caudales públicos, fraude, abuso de autoridad, cohecho, incumplimiento de los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con la función pública.Cesar Silva fue curiosamente el primer periodista en denunciar este caso y con ello comenzó una persecución en su contra.

Voces hondureñas opinan sobre control del poder con procesos de la injuria y calumnia

Es en este escenario en donde ya se habla casi a gritos en el continente, sobre la despenalización de los delitos contra el honor, dado el abuso que persiste desde el poder gubernamental en contra de quienes ejercen control sobre su accionar.

Dos voces desde sus respectivas profesiones comentaron a pasosdeanimalgrande.com su opinión acerca de que actualmente en Honduras se hable de la injuria y calumnia como delitos penales, incluso de un derecho como a la protesta social como “delito” y no como ejercicio de sus derechos por el pueblo.

Una de ellas es la del periodista independiente Ronnie Huete, quien desde su exilio forzado producto de la poca oportunidad para quienes ejercen el periodismo sin línea oficialista, se pronunció al respecto y evaluó la situación de libertad de expresión en nuestro país.

Este periodista sufrió amenazas de muerte en el marco del golpe de Estado de junio de 2009 debido a su labor de difundir en redes de prensa a nivel internacional y sus fotografías de cada acción represora en el clima de violación a los derechos que se vivía y vive en contra la población que se pronunció contra la toma violenta del poder por parte del dictador Roberto Micheletti y  las Fuerzas Armadas con el apoyo de  la empresa privada y los Estados Unidos.

Huete afirmó que los tres poderes del Estado son los menos interesados en mantener un clima de fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país. “Son ellos quienes están ligados a la corrupción que impera en el país, son ellos quienes están ligados a la violación constante de los derechos humanos”.

Destacó que quienes manejan los asuntos referentes al gobierno y el sistema jurídico es una “clase oligopólica”, representada por al menos cinco familias y quienes ejercen control sobre medios de comunicación, empresas y el sistema político en Honduras.

Asimismo señaló que el mantener bajo la tutela penal estas figuras y sumada la criminalización hoy de la protesta social es una muestra de ataque directamente a periodistas, defensores y defensoras del ambiente, de la tierra, de los pueblos originarios y afrodescendientes. Son estos grupos a criterio del comunicador, quienes protestan  por medio de canales de expresión como las radios comunitarias, cadenas de prensa internacionales y el uso del internet, la difusión de sus ideas.

“Ahora fácilmente con la consolidación de la protesta como delito y sumado lo anterior, podrán meter preso a alguien que proteste sin distinción. Puede ser un abogado, un campesino, una mujer o un periodista y esto viene a generar vulnerabilidad de quienes estén dentro de estos grupos”.

Por su parte, el abogado y escritor Juan Carlos Zelaya es del criterio que el monitoreo ciudadano hacia la labor de un funcionario público no debe ser conculcado ni mucho menos ser sometido a intereses y con ello escudarse en la injuria y la calumnia.

“No debe de existir limitaciones por parte del Estado para expresar el comportamiento de un funcionario público, es el Estado el obligado a comprobar si este funcionario tiene un mal actuar, nosotros como ciudadanos y ciudadanas no tenemos los mecanismos para probarlo ante un sistema de justicia coludido con el poder mismo”.

En referencia al hecho de que en varios países se contemple la derivaración de estos delitos a la vía civil y no penal, el profesional del derecho se refirió a que  el Estado cada día presenta obstáculos producto de una estrategia para silenciar la oposición y la de utilización  de  mecanismos del Estado para garantizar la impunidad y “para tenernos en un cerco mediático de propaganda oficial de decirnos que todo está bien”.

Zelaya es en la actualidad un perseguido por quienes controlan el sistema judicial del país, ya que hace unos días fue suspendido de su cargo como juez en el departamento de Comayagua por ser parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, (AJD), misma que ha denunciado en conjunto con otras organizaciones de sociedad civil la intromisión del Partido Nacional en la elección de magistrados al Poder Judicial.

Estado le da la espalda a las recomendaciones del EPU 2015

Después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se incrementó el clima de represión al trabajo de los comunicadores sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, específicamente en el ejercicio del derecho a la libre expresión.

Honduras ha sido sometida a dos revisiones, una en 2010 y la última en mayo de 2015, sobre la situación de derechos humanos, a través del Examen Periódico Universal, (EPU), realizado por el Consejo de Derechos Humanos, adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En la última revisión del EPU 2015, se contemplan recomendaciones que llevan a la defensa de la libre expresión. Por ejemplo Australia recomendó “asegurar la libertad de expresión y tomar pasos para eliminar las amenazas y ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos”.

Sin embargo, el gobierno continúa examinando la implementación una serie de recomendaciones, curiosamente una de ellas es la formulada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la cual dice: “Modificar la legislación nacional para despenalizar la difamación y la calumnia y convertirlos en materias reguladas por las normas de derecho civil establecidos por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana (CIDH)”.

A manera de aporte, PEN Internacional, PEN Canadá y el Programa Internacional de derechos Humanos de la Universidad de Toronto, Facultad de Derecho (IHRP), presentaron un informe en el marco de 22ª sesión del Grupo de Trabajo de la presentación del EPU a  Honduras, en las cuales destacan una serie de apartados que destacan el clima de libertad de expresión, entre los cuales se aborda Las leyes y prácticas que afectan el derecho a la libertad de expresión, incluido el Acceso a la Información, Vigilancia, Difamación Penal y los Derechos Culturales.
El punto número 67 del citado informe, menciona que la normativa penal hondureña contempla penas de hasta cinco años de prisión. En el año 2012, de 37 casos constitutivos de querella por ambos delitos, 20 fueron desestimados. Sin embargo el informe denuncia que desde aquel momento “las amenazas de encarcelamiento siguen existiendo, incluidas aquellas dirigidas a los periodistas, contra los que tales demandas por difamación criminal a veces se llevan a cabo con el objetivo de silenciarlos”.

Congreso Nacional cabildea penalizar el derecho a la protesta

Por si todo lo anterior fuera poco, a finales del recién pasado mes de agosto, en la sede del Poder Legislativo se comenzó a discutir una serie de reformas al Código Penal, vigente desde 1906. Lo grave de estas discusiones es que la bancada del oficialista Partido Nacional, introdujo la penalización de la protesta ciudadana.

Según declaraciones de Mario Pérez, diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Dictamen de este anteproyecto de ley, serán penalizadas “la obstaculización de vías públicas, la toma de edificios estatales y de carreteras”.

Este anteproyecto discutido desde este poder del Estado contrasta con las acciones de la ciudadanía agrupadas en el movimiento de los indignados e indignadas contra la corrupción, a través de las cuales demandan  la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, (CICIH),  efectividad de los operadores de justicia en el caso del saqueo del instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por más de siete mil millones de dólares, que según denuncias el dinero fue a parar a las cuentas del Partido Nacional durante la campaña electoral del año 2013. Esas demandas son reiteradas  desde una serie de movilizaciones que se han desarrollado en los últimos 14 viernes de este año.

El parlamentario aduciendo que este tipo de acciones en realidad son delitos, aseguró que “ya no quedarán en la impunidad y se contempla un capítulo de delitos contra la paz y tranquilidad pública; entonces podría ser que ahí se encaje alguna figura”.

Conociendo el panorama sobre el ejercicio de libertad de expresión, como función colectiva, es decir el ejercicio ciudadano por medio de la protesta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “La protesta social ¿un derecho en las Américas?” establece que un Estado se vuelve renuente a la proliferación de opiniones y acciones de los ciudadanos y ciudadanas y recurre a limitaciones a este derecho.

“Para censurar a sus opositores, los gobiernos, cuya legitimidad o decisiones políticas son públicamente discutidas en manifestaciones populares, recurren a veces supuestamente para proteger la seguridad nacional y el orden público, a las derogaciones justificadas por un peligro público excepcional”, cita el informe.

En ese sentido, el abogado Juan Carlos Zelaya expresó que este tipo de medidas son parte de una transformación hacia un “Estado policial y perseguidor de quienes protestan”. “El derecho es una ciencia que se utiliza desde la clase dominante en contra de los oprimidos, y se puede ver cuando la maquinaria del Partido Nacional se presta para crear y aprobar leyes de este tipo” mencionó.

El profesional del derecho acotó que lo que logra un Estado represor con estas acciones de criminalización es sentar un ambiente de estigma hacia la persona que protesta “es un vago, un delincuente” procede a procesarla  y con ello se muestra a la sociedad como ejemplo de miedo para reducir el ejercicio ciudadano a estar en contra de las políticas de su gobernante.“Es una aberración que hoy se hable de una movilización ilícita” dijo Zelaya.

Con dos sentencias en contra de quienes en sus diferentes profesiones hacen uso para denunciar los abusos cometidos del poder, sumada esta iniciativa de reformar al Código Penal sin una amplia participación ciudadana, el gobierno hondureño se muestra renuente a despenalizar los delitos de injuria y calumnia y con ello deja en agonía la garantía de la libre expresión en el país.

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Honduras: Un asesinato y estigmatización tras participar en protesta

miércoles, 9 de septiembre de 2015

Alertas sobre violaciones a la libertad de expresión en Honduras
 Alerta 154-15 
Honduras, 9 de septiembre de 2015
Comité por la Libre Expresión, (C-Libre). El campesino Eliseo Rodríguez fue asesinado dos días después de participar en una toma de carretera, en el valle del Bajo Aguán, en el departamento de Colón.
Según el secretario de la Plataforma Agraria y relacionador público del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), el comunicador Vitalino Álvarez, el cadáver de Rodríguez fue encontrado el 3 de septiembre pasado, en la Finca de la Empresa Eben Ezer, perteneciente al Movimiento Campesino de Recuperación del Aguán (MOCRA).

“Lo mataron a las 7:00 de la mañana, andaba trabajando en la finca y lo rafaguearon (disparos en ráfaga) con armas de grueso calibre. Él siempre andaba en las movilizaciones. Hacía dos días había participado en las protestas”, indicó Álvarez. El joven de 33 años dejó dos hijos, menores de edad, informó Álvarez a C-Libre.
Estigmatización
Al mismo tiempo, mientras en un sector reconocían legalmente el cadáver, en otra zona del Bajo Aguán, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, René Jovel Martínez, inició una campaña de desprestigio en su contra, dijo el portavoz del MUCA.
Es falso que los campesinos hayan disparado, más bien cuando se realizó la toma, el 1 de septiembre pasado, organizada por las Mesas de Indignación,  los militares tiraron gases lacrimógenos y bala viva, golpearon a personas de la tercera edad y a 10 compañeros, señaló.

De acuerdo con una nota informativa del periódico Defensores en Línea, Martínez acusó a los dirigentes de la Plataforma Agraria, Vitalino Álvarez, Jhonny Rivas y a Jaime Cabrera de ser los promotores de las recientes manifestaciones de protesta en Colón.
“El oficial de alto rango incluso dijo que los dirigentes dispararon contra las instalaciones del XV Batallón de Infantería localizado en Río Claro, Trujillo”, reveló el periódico Defensores en Línea.
Álvarez dijo que en los últimos años se ha  encargado de divulgar las denuncias de los asesinatos de los campesinos en el Aguán, y que debido a eso, el anterior comandante de la Fuerza de Tarea Xatruch III, coronel Germán Alfaro levantó una campaña de desprestigio en su contra y ahora las campañas son realizadas por su sucesor, cita la publicación
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre). 
C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.
Colonia Palmira, primera calle contiguo Centro Cultural España, 25 metros al norte del redondel de Los Artesanos, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Teléfono (504) 2237-9966, fax (504) 2237-9966, Alertas (504) 3229-6241, (504) 9777-9053

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Honduras: Más préstamos internacionales para financiar el programa de bonos para una vida mejor

miércoles, 9 de septiembre de 2015

: Miércoles, 09 de septiembre de 2015

¿Es el endeudamiento para el financiamiento del programa de bonos para una vida mejor, del gobierno de Juan Orlando Hernández, una medida para disminuir o erradicar la pobreza en Honduras?
El informe del Banco Mundial denominado: “Gasto Público Social y sus Instituciones”, presentado el 17 de agosto, resalta los limitados logros obtenidos por Honduras en la lucha contra la pobreza. Este informe precisa que en el 2013 el “64,5% de la población, casi dos terceras partes de los 8,5 millones de hondureños, vivía por debajo de la línea oficial de pobreza y 42,6% en pobreza extrema”.
En un cuadro estadístico del informe se detalla que la pobreza en Honduras “alcanzaba 58% en 2007, subió a 66,5% en 2012 y posteriormente bajó levemente en 2014. Entre tanto, la pobreza extrema alcanzaba 37,5% en 2007 y 46% en 2012, mientras que en 2013 bajó levemente”.
Según el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), el gobierno de Honduras ha gastado como presupuesto público más 343 mil 416 millones de lempiras en los últimos 14 años. Pero es un hecho que la pobreza no se reduce, en todo caso se mantiene estancada en términos porcentuales, pero en cifras reales cada año que pasa es mayor el número de personas afectadas por la pobreza.
Pese al contexto anterior, el actual gobierno de Juan Orlando Hernández avanza con su política de fortalecimiento al programa de bonos para una vida mejor. Se trata de un programa en el cual se invierten muchos fondos del Estado e incluso, mantiene un alto endeudamiento del país con organismos de crédito internacional.
Desde el CESPAD les compartimos algunas valoraciones al respecto, en el siguiente documento.

Más préstamos internacionales para financiar el programa de bonos para una vida mejor

www.cespad.org

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Caso Julio Ernesto Alvarado: un serio revés para la libertad de información y la CIDH

Publicado el Miércoles 9 de septiembre de 2015.

RSF y PEN International condenan que la Corte Suprema de Justicia de Honduras no haya respetado las directivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que protegen el derecho de Julio Ernesto Alvarado de seguir ejerciendo el periodismo. El viernes 4 de septiembre la justicia hondureña rechazó el último recurso legal del periodista de Radio Globo y Globo TV, lo que crea un precedente funesto para la libertad de expresión en el país.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras rechazó el recurso de amparo presentado por Julio Ernesto Alvarado en octubre de 2014 –última injusticia en un largo proceso por difamación contra el periodista de Radio Globo y TV–. Esto, pese a que en noviembre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado medidas cautelares para el periodista, así como suspender la ejecución de la sentencia condenatoria dictada por la justicia hondureña mientras que la CIDH estudiaba su caso. Es la primera vez que la CIDH solicita suspender una sentencia que prohíbe ejercer su profesión a un periodista, lo que constituye un fuerte mensaje para los gobiernos de la región.

Estas medidas cautelares no fueron respetadas por la justicia hondureña, pues semanas más tarde confirmó la condena que prohíbe a Alvarado desempeñar cualquier actividad relacionada con la difusión de información durante 16 meses. No obstante, estas medidas permitían al periodista continuar desempeñando su labor profesional el tiempo que la CIDH examinaba su dossier. El hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya decidido confirmar la sentencia este 4 de septiembre constituye una nueva burla a la organización del pacto de San José. Ya no existe ningún recurso en el país para luchar contra la prohibición de que ejerza su oficio y ahora concierne a la CIDH actuar para que el gobierno hondureño respete las medidas cautelares.

Reporteros sin Fronteras (RSF) protesta contra esta decisión de la Corte Suprema de Justicia”, expresó Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF. “Pedimos que se retiren todos los cargos presentados contra Julio Ernesto Alvarado. Esta decisión judicial crea un precedente funesto para la libertad de expresión en el país y va en contra de las solicitudes de la CIDH, que las autoridades hondureñas deberían respetar. Este largo proceso es una farsa y una herramienta de represión contra el periodista, que pertenece a uno de los medios de comunicación críticos con más audiencia en el país”, añadió.

Desde 2013 Alvarado es juzgado por difamación debido a una denuncia presentada por Belinda Flores Mendoza, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ésta le reclama haber difundido en 2006 en su programa “Mi Nación”, de Globo TV, información sobre los cargos presentados por la Corte Suprema de Justicia contra ella (por la falsificación de títulos universitarios). Este proceso legal se suma a numerosos actos de intimidación contra el periodista. Víctima de preocupantes medidas de vigilancia desde 2012, Alvarado decidió en 2013 suspender su programa “Medianoche” debido a las constantes amenazas que había padecido durante más de un año.

Seamos claros. Honduras se comprometió legalmente a tratar las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como su última corte de apelaciones. Así que debe respetar su compromiso jurídico. Por ello, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en el caso de Julio Ernesto Alvarado no es válida“, aseveró John Ralston Saul, Presidente Internacional de PEN International.

El encarnizamiento judicial contra Julio Alvarado refleja las presiones que padecen todos los periodistas críticos y los medios de comunicación de oposición en el país. Radio Globo y TV se encuentra en el punto de mira de las autoridades desde el golpe de Estado de 2009. Desde 2011 han sido asesinados cinco colaboradores de la radio sin que las autoridades lleven a cabo ninguna investigación a fondo.

Honduras se encuentra en el lugar 132, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF publicada en febrero de 2015.

Fuente: http://es.rsf.org/honduras-caso-julio-ernesto-alvarado-un-09-09-2015,48325.html

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