Archivos para 8/05/15

Estados Unidos desarrollará ejercicios militares con Honduras

08 May 2015 / 10:40 PM /

Según el embajador James Nealon, “la cooperación y la integración entre los países socios es la mejor manera de enfrentar los desafíos de seguridad”.

Durante el desarrollo de los ejercicios se observarán aeronaves de EUA sobre territorio hondureño.
Durante el desarrollo de los ejercicios se observarán aeronaves de EUA sobre territorio hondureño.

Tegucigalpa, Honduras.

El embajador de Estados Unidos, James Nealon, anunció el desarrollo de un “ejercicio cívico-militar” que se desarrollará este mes en Honduras en conjunto con las Fuerzas Armadas (FF AA).

La actividad, denominada Respuesta rápida, se llevará a cabo en la coordinación bilateral e involucrará a personal civil y militar de ambos países.

Según un comunicado de la Embajada de Estados Unidos, “como parte del programa Respuesta rápida, el personal estadounidense estará operando con sus homólogos hondureños para mejorar nuestros respectivos procedimientos de respuesta rápida a crisis y aprender de las mejores prácticas de cada uno”.

Según el embajador Nealon, “la cooperación y la integración entre los países socios es la mejor manera de enfrentar los desafíos de seguridad transnacionales”.

“Este ejercicio cívico-militar dejará tanto a Estados Unidos como a Honduras mejor preparados para los desafíos que enfrentan,” dijo el diplomático estadounidense.

El personal de Honduras y los Estados Unidos estuvo más de un año preparándose para el ejercicio. “Este es otro ejemplo de las muchas maneras en que Honduras y Estados Unidos trabajan juntos para enfrentar nuestros retos de seguridad compartidos, incluido el crimen organizado, el tráfico de drogas, lavado de dinero y la trata de personas”, declaró el ministro hondureño de Defensa, Samuel Reyes.

Para evitar que la población no se alarme se anunció que producto de estos ejercicios combinados habrá en el horizonte aéreo un aumento en el número de aviones y helicópteros estadounidenses a medida que estos participen en el ejercicio.

El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, dijo que todos “los aspectos del programa Respuesta rápida se han coordinado con los funcionarios competentes”.

El ministro no precisó los lugares adonde se realizarán estos ejercicios conjuntos, que tienen como finalidad hacerles frente a los problemas de inseguridad.

“Respuesta rápida es uno de los varios ejercicios cívico-militares de apoyo a los esfuerzos conjuntos que nuestros dos países estarán llevando a cabo en el transcurso de este año”, dice el comunicado de la embajada.

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/838579-417/eua-desarrollar%C3%A1-ejercicios-militares-con-honduras

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La ATIC retoma búsqueda de dirigente del Sitraunah

Viernes, 08 Mayo 2015 21:09
Los soldados de la Fusina, acompañados por miembros de la Atic, buscan minuciosamente a Donatilo Jiménez  en los predios cercanos al Curla. Los soldados de la Fusina, acompañados por miembros de la Atic, buscan minuciosamente a Donatilo Jiménez en los predios cercanos al Curla.

LA CEIBA- Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina), iniciaron desde ayer viernes una intensa búsqueda del expresidente del Sitraunah, Donatilo Jiménez, desaparecido desde el pasado 8 de abril, cuando se encontraba en los predios del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, (Curla).

La búsqueda se concentra en las montañas aledañas al centro universitario, sin embargo hasta hora no se han encontrado indicios que lleven a las autoridades a encontrarlo.

Familiares del dirigente sindical, denunciaron a los medios de comunicación que Donatilo fue raptado del Curla, mientras se encontraba realizando labores agrícolas junto a tres compañeros.

Su vehículo fue encontrado por la policía horas después, abandonado en la colonia Las Delicias de esta ciudad. Elementos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, (DNIC), comenzaron con las interrogaciones al personal del alma mater, la información brindada manifiesta que el ahora desparecido abandonó su trabajo sin decir a donde iba.

“Estamos trabajando en las investigaciones para dar con el señor Donatilo Jiménez, el caso fue retomado por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal que están apoyando en la búsqueda. Pronto tendremos respuesta a este caso porque las investigaciones van bien avanzadas”, manifestó Celin Cáceres, jefe de la DNIC.

Los parientes denunciaron que días antes de desparecer, Donatilo había recibido amenazas a muerte de dos compañeros, además luego que desapareció el tractor que estaba utilizando para laborar se encontró chocado.

“No hay razón para pensar que mi hermano haya desparecido así por así, sin decir nada, él  nunca haría eso de hacer sufrir a la madre y a toda su familia. Él fue raptado por gente del Curla, porque ahí la seguridad no funciona y responsabilizo a las autoridades del Curla porque están promoviendo que regrese la época de los desaparecidos”, apuntó Yaqui Jiménez, hermana de Donatilo.

 

Busqueda 2
La búsqueda por ríos y quebradas cercanas seguirá hasta segunda orden.

Fuente: http://www.tiempo.hn/sucesos/item/30210-la-atic-retoma-busqueda-de-dirigente-del-sitraunah

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Fuerte verano provocaría crisis alimentaria en el sur de Honduras

May 08, 2015

Producto del cambio climático y del fenómeno del Niño en nuestro país durante la temporada de verano, se han presentado altas temperaturas que dejarán como resultado graves problemas por falta de agua en la región sur del país. En el año 2014 el impacto de la sequía en los municipios del sur dejó como resultado devastación en al menos 70% de los cultivos de maíz y aproximadamente 45 % en el cultivo de frijoles.

Departamentos como Valle, La Paz, Choluteca, Lempira, Intibucá, la parte sur de Francisco Morazán y El Paraíso son los más afectados por las altas temperaturas y la falta del recurso hídrico.

Las pocas lluvias preocupan mucho a la población de esa región, Nahún Moreno coordinador de proyectos de la Cruz Roja en el departamento de Valle asegura que la perspectiva climática señala que la cosecha de primera podría perderse y de seguir esa tendencia podría hacerse una declaratoria de emergencia por sequía.  El principal problema es la falta de agua, las personas tienen que recorrer grandes distancias para conseguir agua. Caminar más de cinco  kilómetros para asegurar agua para el consumo, ríos como Nacaome, Choluteca prácticamente se han secado en esta temporada.

A pesar que la semana anterior cayeron  algunas lluvias, esto no es sinónimo de buenas noticias para los campesinos, muchos cometen el error de hacer las siembras con las primeras lluvias del mes de mayo pero al final pierden sus cosechas, porque la temporada de invierno aún no ha comenzado, ocasionando con esto escasez de granos básicos. Nahún Moreno, señala, que esta situación se viene presentando los últimos cinco años, dice que en la región sur, la cosecha de primera ya no funciona, porque todos los años se pierde.

Moreno, dice que aunque la situación que vive en el sur es grave, las autoridades gubernamentales no hacen nada para hacerle frente a esta situación, todo queda en puro dialogo, pero el campesino no está recibiendo nada, no hay asesoría, no hay declaratoria de emergencia, señala el miembro de la Cruz Roja.

Alternativas

Según Wilson Herrera, presidente de la Mesa de incidencia de gestión de riesgos aunque el invierno iniciará en periodo normal, desde el mes de junio existirá una baja en la precipitación y ese es el periodo donde los cultivos necesitan más agua para producir, ante esa situación, se está trabajando con los campesinos  para buscar alternativas de cultivos con ciclo más corto y que necesiten menos agua para producir,  crear bancos comunitarios de granos, y alternativas que permitan a la población asegurar alimento en sus hogares. También se están haciendo acercamientos con organizaciones, comunidades para prepararse y hacerle frente a la crisis por falta de agua y alimentos que se avecina.

La falta de agua, la pérdida de cultivos, pone en riesgo la seguridad alimentaria, lo que trae consigo otra serie de problemas que afectan a la población como aumento en la desnutrición infantil, aumento de la migración en busca de alternativas financieras, pérdida de medios de vida.

Las fuertes temperaturas y la falta de agua, no solo afectan a los agricultores, también afectan a los ganaderos y productores de leche. A la fecha ya se reporta baja en la producción de leche, los representantes de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Choluteca (AGACH) se muestran preocupados por la falta de pasto para las vacas lecheras, aseguran que la producción de leche ha bajado de una producción de 200 mil litros diarios a solamente 50 mil.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2057-fuerte-verano-provocar%C3%ADa-crisis-alimentaria-en-el-sur-de-honduras

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Recomendaciones del EPU se orientaron a violencia contra mujeres, menores migrantes y comunidad LGTBI

May 08, 2015

Ginebra, Suiza. Este viernes se desarrolló en la sede de Naciones Unidas el Examen Periódico Universal (EPU) al Estado de Honduras, en la que se expuso la realidad sobre la situación de los Derechos Humanos en la nación centroamericana.

“Comparecemos ante este segundo ciclo del EPU, imbuidos de un espíritu constructivo porque reconocemos que el EPU ofrece un espacio invaluable para el diálogo con la sociedad civil y con la comunidad internacional. El Estado de Honduras actúa con todas sus instituciones en materia de Derechos Humanos y por esta razón ha enviado a Ginebra una delegación del más alto nivel” dijo en su presentación el jefe de la misión diplomática, Jorge Ramón Hernández Alcerro.

Honduras fue examinada en el marco de la vigésima segunda reunión del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU junto a otros 13 Estados más. Cada Estado es revisado cada cuatro años y medio de acuerdo a lo resuelto por los propios Estados. Ahora se aplica la segunda revisión o Examen Periódico Universal.

“El Examen es una obligación ética moral pero también se convierte en un referente para la comunidad internacional, por lo tanto el Examen Periódico Universal, los resultados que salgan de acá, las recomendaciones por parte del Estado, son muy importantes para la población” expresó en Ginebra el Director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Ciprodeh, Wilfredo Méndez.

La delegación del Estado estaba encabezada por Jorge Ramón Hernández Alcerro como jefe de la misión, Abrahán Alvarenga, Procurador General de la República, Jorge Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el diputado Yuri Sabas como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, Anaminta Madrid, ministra del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Rigoberto Chan Castillo, secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, entre otros.

Informe

El Estado de Honduras destacó que de las 129 recomendaciones hechas en el primer Examen Periódico Universal, EPU, el país cumplió con 106 que representan el 82%, y de las que restan, unas 20 están en proceso de cumplimiento, según Ramón Hernández Alcerro.

Unas 190 recomendaciones, en un conteo preliminar, recibió Honduras en su segunda revisión. En el segundo EPU desarrollado en Ginebra, Suiza, las recomendaciones las hicieron 60 países que decidieron participar de un total de 192.

“Bueno yo creo que fue un ejercicio importante el que se hizo para hacer una evaluación del Sistema Nacional de protección de los Derechos Humanos y sobre todo para valorar el avance que se ha hecho, los esfuerzos realizados en el curso de los últimos cinco años” expresó Alcerro.

Por su parte el director de la Red de Instituciones por los Derechos de la niñez, Coinproden, Wilmer Vásquez, expresó que “por un lado hablan mucho de la actual administración del presidente Juan Orlando Hernández, pero por el otro lado, lo que más se logró evidenciar frente a las naciones y que las naciones felicitaron al Estado de Honduras fue por los avances alcanzados en el periodo de gobierno anterior y que tenía mucho que ver con la creación de una secretaría de justicia y derechos Humanos y toda interrelación que existió entre el Estado y la sociedad civil hondureña”.

Sorprendió la presencia del diputado liberal Yuri Sabas y hasta la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.

“Nuestro país hoy expresó ante las naciones del mundo el anhelo que tenemos por mejorar. Hoy de todas las naciones que se expresaron, en su gran mayoría, dieron calificativos buenos para el país, vamos por la ruta correcta, sigamos trabajando juntos” expresó Sabas.

Por su parte el director de Ciprodeh, Wilfredo Méndez aseguró que el gobierno de la República ha definido una acción de poder ganar algún nivel de voluntades alrededor de lo que ha venido haciendo en materia de Derechos Humanos. “Pero el problema es cuando quieren presentar informes que sean coherentes y existentes” expresó Méndez.

“El señalamiento en algunos aspectos que tenemos mejorar son naturales, nosotros tenemos que seguir trabajando fuertemente para fortalecer el respeto a los Derechos Humanos en el país” justificó el jefe de la misión diplomática, Hernández Alcerro.

Aumentan recomendaciones

“De los sesenta países que participaron, solo dos no hicieron recomendaciones, para nosotros es significativo ya que en la primera comparecencia que hizo el Estado de Honduras tuvo 129 recomendaciones, y el día de hoy fueron más de 190 recomendaciones, sin duda alguna son significativas y deberá tener el Estado sus respectivas preocupaciones para poder crear las estrategias y poder avanzar en el marco del cumplimiento de las mismas” dijo el activista Wilmer Vásquez.

Pero para el gobierno son menos recomendaciones. “No las he contado. El número de las recomendaciones realmente no es lo importante, creo que casi todas ellas coincidieron en los mismos temas, vamos hacer, durante el fin de semana, una tabulación para poder agruparlas” dijo Hernández Alcerro.

“Muchas de esas recomendaciones ya fueron logradas por nuestro país. Pero son menos recomendaciones, son reiterativas pero hay países que hacen menos recomendaciones” expresó el diputado Yuri Sabas.

“Ellos dicen que 190 recomendaciones no es muy importante porque algunas se repiten y que hay otras en la que ya han avanzado, eso lo veremos en el momento en que ellos acepten las recomendaciones o no, recordemos que es facultad del Estado aceptarlas o no, lógicamente negarlas podría hablar muy mal del Estado, y en ese sentido tienen que hacerlo” aseguró Wilfredo Méndez.

Recomendaciones

“Entre los grandes temas reflejados en las demandas de las Naciones Unidas están la discriminación a indígenas, afro hondureños, comunidad LGTBI (Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual), discapacidad, la violencia doméstica, la niñez migrante ha sido una de las preocupaciones más fuertes, la ratificación del protocolo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la no militarización, fortalecer la Policía Nacional, lamentar que se reduzca el ministerio de Derechos Humanos a viceministerio, la independencia judicial, entre otros temas” resumió el director de Ciprodeh.

Estas recomendaciones insisten en los mismos temas, de los cuales el Estado aseguró tener resuelto en un gran porcentaje. Por ejemplo, el Estado presentó como un gran logro la creación de albergues para los niños migrantes retornados, sin embargo la ONU insistió que la migración masiva de menores se da por el irrespeto, en primer lugar, de sus derechos.

“No tengo una preocupación por lo que se dijo pero sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo en el tema de mujer que se ha pedido insistentemente en la ratificación del protocolo facultativo de la protección a las mujeres, también el caso de acciones de discriminación contra la comunidad LGTBI, y también se mostró una fuerte preocupación por la muerte de periodistas” aseguró el representante del Estado de Honduras, Jorge Ramón Hernández Alcerro.

El Protocolo Facultativo  de la Cedaw, es un instrumento de la Convención de Derechos Humanos, que permite reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para examinar las denuncias de particulares.

Esta es la normativa a la que Honduras ha rehuido ratificar durante doce años, pese a que desde el 2005 hasta el 2013, la muerte violenta de mujeres en Honduras aumento en un 263.4%, pasando de 2.7 en el año 2005 a 14.6 en el 2013; una cifra mayor que las tasas totales de homicidios de países que actualmente están oficialmente en guerra o conflicto armado.

Además la ONU instó al Estado de Honduras a aceptar que los crímenes contra mujeres y comunidad LGTBI son crímenes de odio y que deben ser resueltos.

Sin embargo, el diputado liberal Yuri Sabas también se regresa tranquilo a su casa. “Me voy alegre, no llevo preocupaciones sino que lo que llevo es un sinnúmero de observaciones que debemos de tratar de estructurarlas y ponerlas en práctica. Si usted logró escuchar la participación de todos, la legislación del Congreso ha sido positiva, y eso como diputado me pone muy contento” aseguró Sabas.

Futuro inmediato

“Este EPU es un punto de partida para poder tomar decisiones claras y concretas por parte del gobierno de la república pero sobre todo el compromiso que la sociedad civil podamos también asumir, de poder trabajar de manera conjunta: Estado, Sociedad Civil y Cooperación Internacional. A la larga lo que nos interesa es que el Estado pueda avanzar, ofrecer mejores condiciones de vida para el pueblo hondureño” aseguró Wilmer Vásquez de la organización Coiproden.

Para Wilfredo Méndez es importante que el Estado haya acudido a presentar su informe, que aunque es cuestionable en algunas cosas, lo han presentado.

“Creo que Honduras necesita un compromiso mayor en el cumplimiento de las recomendaciones, creo que lo que ha hecho hasta ahora el Estado sería muy mal visto que digan que no me importan mucho algunas recomendaciones y por lo tanto no las tomo, porque ellos ya han expresado que si hay un nivel de interés en las recomendaciones” dijo Méndez.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2058-honduras-sale-del-epu-con-m%C3%A1s-recomendaciones-que-en-a%C3%B1os-anteriores

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Ley Marco de Protección Social: un puente para privatizar sistema de salud

May 08, 2015

Luego de meses de discusión sobre once propuestas, el Congreso Nacional aprobó la  Ley Marco de Protección Social, que fue enviada  por Juan Orlando Hernández y dictaminada por una comisión especial multipartidaria. Dicha legislación había sido aprobada el 13 de enero en primer debate y el 24 de febrero en segundo debate, sin embargo, esta semana, tras las presiones del mandatario hondureño, los diputados del oficialismo mocionaron para sustituirla por una nueva propuesta.

Mauricio Oliva, presidente del Legislativo, dijo que el nuevo dictamen, es decir, la nueva Ley Marco de Protección Social, fue consensuado en un 95 por ciento con los distintos actores. Carlos H. Reyes, integrante de la comisión que representó a las Centrales Obreras, declaró que el dictamen les fue entregado media hora antes de iniciar el tercer debate.

Por su parte, Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada -COHEP-, aseguró que el nuevo dictamen sí establece la reserva laboral que es el cuatro por ciento y  que el patrono depositará en una cuenta individual a nombre del trabajador o trabajadora para garantizar cada una de las indemnizaciones, derechos, cesantías y prestaciones laborales.

El Congreso Nacional, a través de un resumen de la Ley Marco de Protección Social, apunta que “los hondureños somos muy dados a ver las cosas a corto plazo, es tiempo de que todos pensemos qué sucederá cuando ya lleguemos a la tercera edad. Esta ley prepara el terreno para que todos tengamos una vejez digna, con un pago de jubilación suficiente para cubrir gastos médicos y alimentación, y no ser carga para nuestros hijos”.

Al estilo de la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, la ley establece un Régimen de Piso de Protección Social, es decir,  “todos los beneficios sociales del gobierno: Bono de Vida Mejor, Bolsa Solidaria, Sepelio Digno y planes recreativos”.

Una ley que privatiza el sistema sanitario

La Ley Marco del Sistema de Protección Social da luz verde para la creación de gestores o administradores de la salud  de carácter privado y mixto.

El artículo 22, referente a las redes de unidades de servicios salud, establece que “con el propósito de brindar la adecuada administración, provisión, seguimiento, monitoreo, vigilancia y control de los servicios y los mejores estándares de calidad del Sistema, se autoriza al Instituto Hondureño de Seguridad Social a suscribir contratos, convenios o acuerdos con Administradoras y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, sean éstas públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro”.

Lo anterior, a criterio de la diputada del Partido Innovación y Unidad –PINU-, Doris Gutiérrez, es una forma de privatización de los servicios de salud, que violenta las disposiciones constitucionales que señalan que los servicios de seguridad social deben ser prestados y administrados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social –IHSS-.

“Hay artículos que lógicamente se ven favorables, por ejemplo lo que tiene que ver con protección social; con lo que nosotros no estamos de acuerdo es con la administración de ese sistema de protección social que prácticamente va a caer a manos privadas. Yo puse un ejemplo, lo que está pasando con Proheco – Centros de Educación Comunitaria-, lo pusieron en manos de sector mixto y muchas de esas instituciones se quedaron con la mitad del dinero de los maestros y a estas alturas les deben cinco meses, entonces nosotros no estamos de acuerdo con los procesos de privatización”, dijo Gutiérrez.

El diputado de Libertad y Refundación –LIBRE-, Rasel Tomé, denunció en el hemiciclo legislativo que las unidades prestadoras de salud ya tienen nombre y apellido, y afirma que dos de los más grandes grupos económicos del país estarán a cargo de los servicios contratados por el IHSS.

“Lo dije en la Cámara y lo puedo decir ante estos medios, va dedicado a dos grupos: el Grupo FICOHSA que está impulsando Por Su Salud y está adquiriendo hospitales privados, y el Grupo de Seguros Atlántida, entonces esos dos grupos son los que van a tragarse todo el Sistema de Seguridad Social”, detalló Tomé.

No hay privatización, asegura junta interventora del IHSS

German Leitzelar, miembro de la junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social- IHSS-, manifiesta que las declaraciones del diputado de LIBRE, Rasel Tomé, no tiene sustento jurídico y fundamento de ley.

Leitzelar asegura que las unidades prestadoras o gestoras de salud son parte de la estructuración del sistema de salud para garantizar los derechos y los beneficios de los trabajadores y trabajadoras, y no de un mecanismo privatizador.

“Eso son meras elucubraciones y planteamientos que no tienen sustentación. Yo le voy a poner un ejemplo concreto, el Seguro Social, en este momento, opera a nivel nacional con subrogación, con tercerización de los servicios a nivel nacional en donde el Seguro no tiene instalaciones y eso no ha privatizado al Seguro Social; lo que ha habido son mecanismos  inadecuados de esa subrogación y mecanismos inadecuados con falta de controles, de supervisión adecuada y de contratación definida a través de requisitos que garanticen los derechos de los trabajadores”, aseguró Leitzelar.

Leitzelar dijo a Radio Progreso que la actual Ley del Seguro Social dicta la subrogación, “por lo tanto lo que estamos haciendo es estructurándola de tal manera que garantice los beneficios”.

Se busca “tapar” el desfalco del Seguro Social

La sub coordinadora de la bancada del partido LIBRE, Scherly Arriaga, también deja en claro que la normativa busca privatizar el sistema de salud, pero además “tapar” el desfalco de siete mil millones de lempiras en el Instituto Hondureño de Seguridad Social –IHSS-, durante la administración de Mario Zelaya Rojas.

“Nosotros defendemos las garantías constitucionales del pueblo hondureño, y son la educación y salud gratuita, este gobierno está violentando esos derechos. Sobre todo, lamentamos que los grandes actos de corrupción los tenga que pagar el pueblo con una privatización, es una estrategia del Partido Nacional el haber quebrado el Instituto Hondureño de Seguridad Social para implementar una ley que privatiza los servicios”, manifestó Arriaga.

“Liquidan” el Régimen de Aportaciones Privadas

La cotización del tres por ciento  del sueldo que cada empleado y empleada realiza al Régimen de Aportaciones Privadas –RAP- , ahora pasará al cuatro por ciento de la reserva laboral que dicta la nueva Ley Marco del Sistema de Protección Social.

Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores –CGT-, explica que dicho dictamen “liquidará” o desaparecerá el RAP al  crearse la Ley Administradora de Fondos de Pensiones –AFP-.

“Mire, con un decreto de transición que metieron, en donde le quitan el tiempo para que se pueda readaptar o reformular el RAP, que eran 18 meses, lo liquidan; o sea, no está en condiciones competitivas, se quedaría sin recursos frescos. Estamos hablando con los diputados para que ver qué posibilidad hay de que nos den un tiempo que nos podamos adaptar y volvernos competitivos frente al sector privado”, detalló el dirigente obrero.

La comisión que dictaminó y sustituyó once veces el proyecto la Ley Marco de Protección Social afirma que  el RAP tendrá “el monopolio en el manejo de estos fondos mientras se aprueba la nueva ley AFP, cuando eso pase el trabajador va a poder llevar su cuenta a cualquier banco o dejarlo en el RAP, esto obligará al RAP a competir en beneficios para que nadie se lleve su cuenta a otro lado, pero esta ley no se aprobará en el futuro próximo”.

Por su parte la coordinadora de la bancada del Partido Anticorrupción –PAC-, Fátima Mena, opina que ante la deuda histórica del Estado hondureño con la seguridad social era necesario crear un nuevo marco regulatorio para un sistema sanitario que ha colapsado.

Mena espera que la Ley Marco de Protección Social no sea un instrumento para captar fondos y vuelvan a repetirse los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

La Ley Marco de Protección Social se aprobó horas después que la Secretaría de Salud anunciara que diez hospitales serán administrados por Organizaciones No Gubernamentales, para garantizar la eficiencia y transparencia de los presupuestos.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2059-ley-marco-de-protecci%C3%B3n-social-un-puente-para-privatizaci%C3%B3n-del-sistema-de-salud

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¿Inició la privatización del sistema de salud pública en Honduras?

May 08, 2015

La incapacidad del Estado de sostener a los hospitales públicos del país abrió el camino a una nueva política de transición en el sistema de salud pública.

La estrategia consiste en implementar un proceso donde el gobierno dejará de administrar diez hospitales públicos y los traspasará a manos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S) para que sean ellas quienes dirijan su funcionamiento y financiamiento.

El anuncio fue realizado por la Subsecretaria de Estado en el Despacho de Salud, Sandra Pinel en el que dijo que el Hospital de San Lorenzo, Hospital La Esperanza, el de Gracias, Lempira y el Leonardo Martínez de San Pedro Sula junto a otros cinco centros se someterán al experimento que busca mejorar la administración y gestión de los hospitales.

La iniciativa fue aprobada después del golpe de Estado, justo en diciembre del 2009 mediante la Ley 286-2009.

El viacrucis de un enfermo

Eran las once de la noche en San Pedro Sula y María Chapas sufría de presión alta, de inmediato llamó a un familiar para que la trasladara al hospital público de la zona.

Afortunadamente el familiar contestó y pudo llevarla al hospital. Ella no tenía un lempira para pagar un taxi a esa hora de la noche.

Al llegar al sitio con la esperanza de ser atendida con prontitud y recibir un tratamiento para bajar su presión arterial vio un escenario que desvaneció su ilusión de inmediato. La sala estaba tan llena como una fila de hinchas del fútbol a punto de entrar a un estadio a ver un juego decisivo de su selección en las eliminatorias mundialistas.

Para rematar, en el centro solo había dos doctores al servicio de la gran demanda de pacientes.

Para salvar su vida y evitar que su presión superará los “190” y así prevenir un derrame cerebral o un paro cardiaco, sus familiares buscaron a un “conocido” que la ingresara a la sala de atención.

Con la suerte que no todos cuentan, porque no tienen “contactos” lograron ubicar a un amigo que es empleado y agilizó su ingreso a consulta y al ser atendida  el médico le dijo que: “debe comprar dos medicinas, acá en la farmacia del hospital no hay, así que vaya busque en una farmacia afuera y regrese en dos horas para ver si la presión baja. Hágalo rápido porque su presión está demasiado alta”.

En su desesperado camino por conseguir los medicamentos observó en la Sala de Emergencia a niños llorando por dolor, señores de la tercera edad con fiebre y así a muchas personas que esperaban desde hace muchas horas para ser atendidos.

Al final logró conseguir las medicinas que a sus familiares les costó más de 300 lempiras y logró sobrevivir.

El episodio de María muestra las estrategias que un enfermo debe seguir en el sistema público y también el calvario que viven muchos que sin dinero, ni contactos no pueden acceder a un doctor con prontitud. Mucho menos podrán adquirir los medicamentos gratuitos.

Crisis total

En el sistema sanitario las alarmas están encendidas, el desabastecimiento de medicamentos e insumos generaron protestas en la última semana de abril por parte de los empleados de salud.

Un ejemplo de la calamidad es el Hospital Mario Catarino Rivas, quien hasta la fecha tiene solo un 25% de medicinas.

Otro ejemplo concreto son los pacientes de enfermedades crónicas, específicamente los de Esclerosis Múltiple quienes en el centro tienen más de dos años de no recibir medicinas, porque no forman parte del cuadro básico.

Suyapa Mejía, presidenta de la Fundación Esclerosis Múltiple Amor dijo a Radio Progreso que ellos no pueden pagar su tratamiento porque mensualmente supera los 65 mil lempiras, cifra que para una persona pobre es inalcanzable.

En medio de esa crisis las autoridades de salud anunciaron esta semana que se perdieron más de 600 millones de lempiras en medicinas producto de vencimiento, situación que ha generado la exigencia de la sociedad civil para que se investigue a los responsables de la situación.

Traspaso a ONG´S: ¿Es la solución?

El fracaso de la administración estatal sobre el sistema sanitario que ha sido ratificado por sus principales autoridades, permite aplicar una nueva estrategia que consiste en desprenderse de su responsabilidad por sostener a los centros médicos y entregársela a las ONG´S.

En palabras de la directora del Hospital Mario Rivas, la doctora Ledy Brizzio el nuevo procedimiento dejará las siguientes ventajas:

“El propósito del gobierno es eficientar el manejo de los hospitales y que las necesidades sean resueltas de forma inmediata y que no tengan que llegar a una instancia a nivel central para que se tomen decisiones importantes.

Es una buena oportunidad para los hospitales porque habrá respuestas administrativas de forma inmediata de contratación, medicinas; es decir se puede tomar decisiones a través de la junta directiva de quien lo maneje”.

Son gestiones compartidas, el Estado a través de un fideicomiso entregará fondos para el hospital, pero las organizaciones administradoras también son gestoras y podrán conseguir fondos para los gastos operativos de los hospitales” finalizó Brizzio.

Por su parte el Presidente de la Junta Directiva del Rivas, el doctor Merlin Fernández dijo que:

“La transición tiene más ventajas que desventajas, porque de una u otra forma permite autonomía para contratar y hacer compras de medicinas”

Asimismo la Subsecretaría de Salud Sandra Pinel declaró a medios de comunicación que: “no importa a quien se los entreguen los hospitales, sean ONG´S o empresas privadas, lo que visualizan es que quien los tome tenga la capacidad de una buena gestión”.

El debate se abre porque la sociedad ve el proceso como el inicio de la privatización.

María Manzano dirigente de las enfermeras en San Pedro Sula acusó al gobierno de buscar implementar un proceso de privatización.

En ese sentido manifestó: “para todo el personal de enfermería esto es una privatización, no estamos de acuerdo con esta medida del gobierno.

Es obligación de todo gobierno darle salud a su pueblo.

El gobierno está haciendo esto porque quieren implementar una privatización de los hospitales que deben ser públicos por derecho constitucional.

Prueba de ello es que seguimos sin medicinas ni insumos para trabajar.

Nosotros tenemos el derecho a protestar y exigir que esto no suceda y defender el derecho de todo el pueblo hondureño”, concluyó.

Merlin Fernández desmintió la caracterización explicando que:

“No es una privatización lo que se hace con esta medida, cuando se habla de privatización es otro concepto, es cuando el Estado se desaparta totalmente y transfiere todo a la empresa privada y este no es el caso

Acá se descentraliza a organizaciones locales que son de servicio que pueden apoyar en el proceso para hacer más efectiva la gestión de los recursos, pero no es un proceso de privatización”.

Pero no todos los profesionales de la medicina piensan como el doctor Fernández, para el caso el médico Efraín Fajardo explicó: “cuando el Estado relega su responsabilidad directa de sostener los centros médicos a otras organizaciones, incumple con su deber y por consiguiente se le violenta el derecho constitucional de recibir salud a la gente.

Mediante eso ya se prepara el terreno de la privatización y el más afectado será el pueblo hondureño”, siguió argumentando.

Por su parte el analista político Allan Núñez retoma la caracterización de  Fajardo afirmando que con la nueva disposición el Estado se libra de su responsabilidad de sostener los centros médicos, porque responde a las presiones de los organismos internacionales de entregar todo a manos privadas.

“Hay un proceso de mercantilización de la salud pública en el país que se consolida con esta nueva propuesta de descentralización.

La gente ahora debe comprar todo para ser atendido, desde medicinas hasta insumos, eso es un proceso de privatización indirecta que fortalece la medida hasta concretarla en su totalidad”, puntualizó.

Sobre el costo que la población paga en los hospitales públicos, Merlin Fernández continuó diciendo: “hay una tarifa voluntaria de contribución que se maneja como una cuota de recuperación, eso no es una privatización”.

En el marco de los derechos humanos, el integrante de la Convergencia por los Derechos Humanos en el Valle de Sula, Luis Chévez concluye que: “se va privatizar totalmente la salud, imagínese que nunca se ha contado con un buen sistema de salud y ahora con esta dinámica la situación empeorará porque la gente que no tiene recursos no puede acceder a salud privada.

Hemos perdido la institucionalidad que nos está llevando al caos y que es promovido por los organismos internacionales”.

Futuro inmediato

Con las transiciones el primer paso es conformar juntas administradoras de los hospitales dirigidas por las ONG´S, significa que estas entidades serán las encargadas de contratar personal, gestionar dinero ante los organismos nacionales e internacionales para medicinas e insumos y responder por todo lo que suceda en los centros médicos.

Merlin Fernández dice que una de las desventajas que ve es que: “podría ser que estemos amarrados con normas y procedimientos y que eso se constituya en trámites engorrosos”.

También: “se corre el riesgo que todo el peso de administración caigan en las organizaciones que los maneje, es el riesgo que tenemos, por eso digo que la capacidad de acción depende del nivel de descentralización que se tiene”.

Para el doctor Efraín Fajardo el siguiente escenario es muy latente: “cuando las instituciones no puedan sostener los hospitales, entonces es ahí donde las grandes instituciones empresariales y bancarias saldrán al rescate y bajo el argumento que el gobierno es incapaz de administrar la salud y que también las organizaciones no gubernamentales lo son, entonces vendrán las propuestas de intervención y administración privada de los centros.

Esto no contribuye a garantizar que los centros hospitalarios mejoren, sino todo lo contrario los somete a un proceso de debilitamiento, porque ahora las organizaciones deberán gestionar para sostener los centros y eso es impredecible.

A la gente le quedará alistar dinero, porque para acceder a los hospitales deberá pagar consulta, que ahora la llaman contribución, deberá pagar exámenes, medicinas y todo lo que tiene que ver con la atención.

La meta final de los grupos de poder es llevar esto a la privatización mediante procesos indirectos como ahora son pagos por compra de insumos porque no hay en hospitales, medicinas, entre otros”.

Privatización y destrucción de organizaciones obreras

Desde la implementación del neoliberalismo en el país a inicios de los 90´s con la administración de Rafael Leonardo Callejas inició un proceso de acuerdos y condicionamientos de los organismos internacionales, quienes a través de sus principales estructuras (Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo) pactaron financiamiento a cambio de varias políticas de Estado.

Una de ellas es la aplicación de programas privatizadores que se lleven de encuentro a las instituciones estatales y también que destruyan las organizaciones de obreros que resisten a las medidas.

El analista político Martín García habló sobre el contenido de las políticas neoliberales que forman parte de los proyectos privatizadores que atrapan mediáticamente a las poblaciones con poco nivel educativo y hacen creer que las transformaciones privatizadoras son mejores y por ende se tiende a crear una cultura en la gente de menospreciar lo público.

“El neoliberalismo se interesa en que el Estado intervenga lo menos posible en los servicios públicos, es decir, le interesa que los servicios se vayan privatizando cada vez más, bajo la premisa de que lo privado produce más y mejor.

El problema es que se trata de una competencia injusta y excluyente.  Porque en nuestros países no todas las personas tienen las mismas oportunidades en este caso en salud.

Una alternativa a este sistema egoísta es considerar una visión más comunitaria: pensar y sentir que, si a la comunidad le va bien, a mi va bien.  Entonces no compito por lo “mío”, sino que colaboro por lo “nuestro”, concluyó García.

En ese contexto el analista Allan Núñez afirma que es un error creer que el proceso que vive la salud pública es aislado.

Él afirma que lo sucedido con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la Empresa Nacional Portuaria (ENP) no se diferencian de lo que pasa en la actualidad con el sistema sanitario.

“Estos procesos que se han implementado a nivel de las organizaciones estatales donde se han descentralizado y tercerizado responden a una política de ataque a la clase trabajadora, que es parte de las exigencias de los organismos internacionales como parte de la implementación del neoliberalismo en la región”

En su análisis manifiesta que estas instituciones también fueron sometidas a un mecanismo de transición y tercerización de servicios; es decir que el Estado dejó de administrarlos para pasarlos a la empresa privada.

Asimismo se refiere a que las políticas van dirigidas a la privatización pero también a un ataque sistemático a la clase obrera.

“Los trabajadores y trabajadoras también se verán afectados porque se deberán regir a los fundamentos de contrato que impongan las organizaciones administradoras y ya no existirán los contratos de plazas permanentes, significa que con esa medida también se afecta directamente a la clase trabajadora.

Por lo tanto se limitará la libre organización sindical y aparte de privatizar los servicios de salud pública esto será un ataque directo a todo intento de organización laboral que pretenda no solo defender sus derechos sino la salud pública y de calidad para las personas”.

 Intentos de oposición

Las medidas han generado acciones de resistencia, tal es el caso de La Esperanza, Intibucá donde varias organizaciones se han opuesto a la descentralización del Hospital Enrique Aguilar Cerrato.

Eva Sánchez integrante de la Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas, afirma que ellas no comparten la propuesta por muchas razones.

“Nosotras nos oponemos, porque se habla que con esa transición la salud sería auto sostenible eso indica que el centro debe ver cómo consigue el dinero para su funcionamiento y eso no es correcto.

Eso significa que deben buscar la forma para obtener ingresos mediante cobros para comprar medicinas, insumos, exámenes de laboratorio, entre otros servicios. Por ahora el gobierno tiene abandonado los hospitales, es incapaz de sostenerlo por eso busca iniciar este proceso para luego privatizar los servicios”.

El defensor de derechos humanos Luis Chévez cree que: “nos queda  organizarnos y movilizarnos en contra de las medidas privatizadoras que se están dando en el país”.

“Se debe hacer un llamado a todas las organizaciones para crear una agenda en común de lucha en contra de todo esto que sucede”.

Mientras que Allan Núñez comparte que: “los sectores populares deben organizarse pronto y salir en conjunto a las demás demandas a protestar en defensa de los hospitales y la salud pública”.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2060-%C2%BFinici%C3%B3-la-privatizaci%C3%B3n-del-sistema-de-salud-p%C3%BAblica-en-honduras?

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Violencia una tarea pendiente que mantiene en zozobra a población hondureña

May 08, 2015

“Cuando salgo de mi casa me despido de mi familia  como si fuera la última vez que los voy a ver, ya que en nuestro país uno nunca sabe si va a regresar a la casa vivo o en un ataúd”, indicó Víctor López, habitante de El Progreso, Yoro, calificada la tercer ciudad más violenta de Honduras, después de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

En tono molesto dijo que la factura de los malos y corruptos  gobiernos la está pagando el pueblo hondureño con sangre y luto. “Y lo peor  de todo es que uno no observa por donde esto pueda cambiar. Hay militares y policías en algunas calles pero la violencia sigue imparable, uno ve a gente honrada que la están matando y eso es preocupante”, indicó.

Pese a la reducción de 12.2 por ciento en la tasa de homicidios de acuerdo al Observatorio de la Violencia (OV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la ciudadanía vive envuelta en un ambiente de asaltos, robos, amenazas, extorsiones, desapariciones y asesinatos. En cifras, según el OV la tasa de homicidios es de 69 por cada 100 mil habitantes y se estima que se cometieron 5,936 homicidios en el 2014, 495 al mes y en promedio 16 víctimas diarias.

“La distribución espacial de los homicidios en el año 2014, refleja tres zonas diferenciadas según el nivel de intensidad del fenómeno que mantiene año con año. Entre las zonas en las que se mantienen los homicidios están los departamentos de la zona norte (Cortés, Atlántida, Yoro y Colón) y Francisco Morazán, son los que presentan más violencia homicida del país con tasas entre 106.3 a 73.2 por cada cien mil habitantes”, de acuerdo a Migdonia Ayestas  del OV de la UNAH.

Esta impresionante cantidad de muertos ubica al país como el más violento del mundo. Prueba de ello es que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estándar debe ser 9 homicidios por 100,000 habitantes, sin embargo, en Honduras la tasa en 2011 alcanzó los 86.5 muertos (hasta noviembre).

Violencia en ascenso 

Informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, señalan que antes del 2006, la violencia se logró mantener durante tres años por debajo de los 40 homicidios por 100,000 habitantes.

La escalada de violencia, que se ha logrado frenar de manera mínima, comenzó en el año 2006. Para el caso, se establece que en el año 2000 hubo 3,176 homicidios (es decir, una tasa de 49.9, lo que equivale a un promedio de 8.7 homicidios por día). Ya en el 2011, es decir, una década después, se registran 7,104 homicidios (tasa de 86.5, es decir, un promedio de 19.4 homicidios por día).

¿Qué pasa?

“Sin duda alguna la tasa de homicidios se ha reducido y lo dice una institución respetable como los es el Observatorio de la Violencia de la UNAH,  sin embargo hay muchas situaciones que se tienen que estudiar a profundidad”, indicó el doctor Joaquín Mejía, especialista en derecho internacional y miembro del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ).

Manifestó que para el caso solo este año se han encontrado cinco cementerios clandestinos y siguen desapareciendo personas. En Honduras podría estar pasando lo que está pasado en México y Colombia donde se ha reducido el número de asesinatos pero se incrementa el número de desaparecidos, según Mejía.

“En el caso de los cementerios clandestinos y las personas desaparecidas no son tomados como asesinatos porque no aparecen los cadáveres. Aquí se tiene que ampliar el análisis y ampliar el tipo de fuentes para recabar otros datos”, indicó Mejía.

Pero aseguró que al mismo tiempo hay que apostarle a mejorar la calidad de vida de la población esto significa  que la gente tenga espacios donde poder convivir y trabajar dignamente y no solo apostarle a la represión.

Impunidad 

“En Honduras de 100 homicidios solo cinco  son condenados en promedio. Por lo que el 95  por ciento de impunidad motiva a cualquier persona a convertirse en criminal porque saben que no serán castigados”, indicó el abogado Ramón Barrios, de la Asociación de Jueces por la Democracia.

Honduras es el séptimo país del mundo con mayor impunidad, superado en el continente únicamente por Nicaragua, Colombia y México. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, un estudio practicado por investigadores de la Universidad de Las Américas, Puebla, México.

En Honduras, al igual que en otros países ubicados al centro del continente americano, la violencia así como la desigualdad económica son factores que se han identificado como obstáculos para la construcción de un Estado democrático. Ambos fenómenos minan la capacidad de las instituciones del Estado para procurar seguridad y justicia a la población.

Armamento

El Informe sobre Desarrollo Humano para América Central del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, indica que en Centroamérica circulan alrededor de 3 millones de armas de fuego y que dos de cada tres serían portadas en forma ilegal.

Honduras es uno de los tres países de la región donde estaría circulando gran parte de ese armamento. Se estima que en el país hay más de 800 mil armas en poder de diversos sectores de la ciudadanía, de las cuales 650,000 estarían circulando ilegalmente.

La mayor parte de las muertes violentas que ocurren en Honduras no son causadas por armas como: tanques, artillería y aviones de guerra sino por armas como la AK-47, rifle de asalto, ametralladora, pistola, revólver, machete y puñal.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2061-violencia-una-tarea-pendiente-que-mantiene-en-zozobra-a-poblaci%C3%B3n-hondure%C3%B1a

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Retos y desafíos de Ley de protección a defensores y defensoras

May 08, 2015

Un defensor o defensora  de Derechos Humanos es toda persona que ejerza el derecho, individual o colectivamente, de promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Así define en su artículo 3, ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de la justicia, el papel de la persona u organización que defiende derechos humanos.

La creación y aprobación de la ley es un paso positivo, es una forma de comenzar a darle seguimiento a muchas de las recomendaciones que se dieron al país en la primera revisión del Examen Periódico Universal, EPU, dice el abogado Alfredo Ortega, responsable de los asuntos de Honduras en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil.

Luego de un análisis realizado a la legislación, Ortega menciona que su aprobación se convierte en un mecanismo de protección para todas aquellas personas que defienden derechos en Honduras, además valora positivamente los contenidos que contemplan la legislación.

La ley otorga varias atribuciones a los defensores y defensoras de derechos humanos: la participación  individual o colectivamente, en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales; formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, a afiliarse, a participar en ellos y retirarse libremente de los mismos; protección eficaz por parte del Estado, a través de las autoridades competentes, al protestar u oponerse por medios pacíficos, a los actos u omisiones imputables al Estado que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales; denunciar y exigir el cese de los actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales; difundir, publicar y emitir libremente sus opiniones, informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección; estudiar y debatir sí los derechos y libertades fundamentales se observan en la práctica, a formarse y mantener una opinión al respecto, y a instar la atención del público por todos los medios posibles, entre otras.

Historia 

El ex comisionado nacional de los derechos humanos en Honduras, el doctor Leo Valladares Lanza dice que desde el año 2010 varias organizaciones de derechos humanos se juntaron para trabajar un legislación que brindara protección a los hombres y mujeres que se dedicaban a la defensoría de derechos humanos.

Fue hasta el año 2013, cuando la ministra en aquel momento, Ana Pineda juntó lo trabajado por  las organizaciones en un propuesta que envió al Congreso Nacional. “Sabemos que la aprobación de esta legislación es una respuesta a las exigencias que desde la revisión del EPU se hicieron al Estado de Honduras el año 2010. Es un tema de vital importancia, donde el Estado a través de sus titulares está obligado a resolver el problema de violaciones de derechos humanos a todos los niveles.

Reconocemos que se han realizado algunas acciones, que no es fácil, pero creemos que la legislación se convierta en una garantía para la vida de periodistas, comunicadores, comunicadoras, defensores de dddhh y operadores de justicia”, dice Lanza.

Ortega abona que el objetivo de la ley está en el reconocimiento que toda persona tiene de promover, protección y realización de los derechos humanos. Es una ley de derecho público y de interés social y se basa en el cumplimiento de los derechos y libertades reconocidas a toda persona natural y jurídica. Y de alguna manera cada una de las personas son defensoras de derechos humanos.

Deberes del Estado 

La ley  exige a las autoridades civiles y militares la obligación de proporcionar información de forma expedita, además de brindar toda la colaboración requerida por parte de las diversas instancias encargadas del cumplimiento de la presente Ley para la consecución de sus fines. Además en su artículo 6 menciona la adopción de medidas necesarias para la prevención de las violaciones a los derechos humanos.- El Estado tiene la responsabilidad primordial a través de sus autoridades, de prevenir cualquier acto u omisión constitutivo de violaciones a los derechos humanos. Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de violaciones a los derechos humanos.

Leo Valladares dice que es necesario comenzar a exigir al Estado el cumplimiento de su responsabilidad a través de la Secretaría de Seguridad, de la adopción de mecanismos de protección y de seguridad personal necesarios en coordinación con la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales, conforme a una evaluación del riesgo de las personas beneficiarias de la ley. Además las instituciones del Estado en el marco de sus competencias deben prestar la colaboración que se requiere para el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la legislación.

Consejo Nacional de Protección 

En su artículo 16 la ley menciona la creación del Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, que estará adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, como órgano consultivo y de asesoría para garantizar los derechos consignados en la ley y en el proceso de implementación de las medidas de prevención, protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos o de la recta aplicación de la justicia, del ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información.

Este Consejo deberá estar integrado por representantes propietario y suplentes de instancias gubernamentales como la Secretaría de Seguridad; Secretaría de Derechos Humanos,  Secretaría de Relaciones Exteriores, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ministerio Público, Poder Judicial, Procuraduría General de la República, Colegio de Abogados de Honduras, Colegio de Periodista y 2 representantes de las organizaciones de Derechos Humanos de la sociedad civil.

Retos 

Alfredo Ortega dice que el reto recae en la implementación de la ley. “Por muy positivo que sea el texto es necesario ver cómo darle seguimiento, qué presupuesto se le asignará y cómo se reglamentará”.  Si esto no avanza únicamente se quedará en una bonita ley, pero no generará ambiente de garantías para los defensores y defensoras de derechos humanos.

Ortega menciona que el Estado hondureño tiene la prueba de fuego al saber manejar el caso de Gladys Lanza, defensora condenada por su lucha en defensa de los derechos de las mujeres en Honduras. “No es aceptable que el gobierno hable de defender los derechos humanos en la práctica se convierte en un violador. Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2063-retos-y-desaf%C3%ADos-de-ley-de-protecci%C3%B3n-a-defensores-y-defensoras

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Un mes de silencio, búsqueda e impunidad, ante la desaparición de sindicalista

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Hace un mes que la familia de Donatilo Jiménez Euceda ya no duerme tranquila, dedica cada instante que puede a su búsqueda en lugares como hospitales, postas policiales y morgue judicial, incluso así lo hizo el día de su cumpleaños el pasado 23 de abril.

Jiménez Euceda, quien ha sido presidente por dos periodos del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, SITRAUNAH,  seccional número 3, de La Ceiba, desapareció el 8 de abril del 2015, de su lugar de trabajo y en horas laborales, con más de 22 años de ser empleado ahí, no resulta ser desconocido, sin embargo nadie da información que aporte a su regresarlo con su familia.

Donatilo Jiménez Euceda, quien arribó a sus 52 años, siendo víctima de desaparición forzada, es motorista al departamento de Mantenimiento del Centro Universitario Regional del Norte, CURLA, sufrió un accidente leve con el tractor que manejaba junto a sus compañeros Miguel Meza, Alirio Argueta y Ramón Antúnez, razón por la que caminó hacia los edificios principales por la “vereda del cacahuatal”, indicando que regresaría pronto.

No volvió. Sus compañeros tomaron la decisión de reportar lo sucedido tres horas después a la oficina de Mantenimiento; por su parte, el personal de vigilancia del Centro indicó que el vehículo de Donatilo, un Toyota 22R, año 88, color Azul, cabina y media, polarizado, salió del estacionamiento a alta velocidad, sin esperar la revisión respectiva, conducta que nunca antes fue exhibida por la víctima. Igualmente a su hermana que también trabaja ahí, no le informaron de los hechos, sino muchas horas después.

El mismo día de su desaparición, por la noche, el vehículo de Donatilo fue encontrado por la Policía Preventiva, abandonado, con las puertas abiertas, en la Colonia Las Delicias de La Ceiba, frente la escuela pública de ese vecindario.

El desaparecido había confiado a su familia que tenía hostilidades de altas autoridades de la UNAH,  en la sede de Tegucigalpa, y también de la seguridad interna del CURLA.

Una acción urgente emitida por el COFADEH, el día del cumpleaños de Donatilo Jiménez, denuncia los siguientes antecedentes:

El 04 de Agosto de 2011, se denunció públicamente que el Señor Donatilo Jiménez y tres personas más, miembros del SITRAUNAH, en diferentes seccionales, eran víctimas de amenazas a muerte de parte de sicarios de la zona atlántica.

En aquella fecha, el Sindicato denunció que miembros del personal de Seguridad de la UNAH, que  no pertenecían a la empresa de seguridad privada contratada, Bacilides Baca y  Javier Brooks, fueron asesinados en circunstancias no esclarecidas. Y  Rafael Arambú Rico, supervisor de vigilancia, fue víctima de  amenazas  a muerte.

El 10 de marzo de 2011, la Directora del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), de ese entonces Magda Hernández, fue víctima de un atentado criminal, según los medios de comunicación dos sujetos en motocicleta le dispararon  al rostro.

Acción solicitada

Ante este nuevo hecho, el Cofadeh pide a todas las personas, a los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, que expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten a las autoridades a:

    Que localicen a Donatilo y de inmediato sean restituidos sus derechos, para que pueda regresar a su casa con su familia.
    Que se abra una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos denunciados ante el Ministerio Publico y que el resultado de la investigación se haga público, con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
    Que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento y amenazas.
    Que se asegure la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

“A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional, a reunirse o manifestarse pacíficamente”;

Hacer sus llamados a:
Abogado JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
Presidente de la República de Honduras
Antiguo Edif. de Cancillería, Edif. José  Cecilio del Valle Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504)  2221-4545
Fax: (504) 2221-4570
Sitio web:  http://www.presidencia.gob.hnMail:
Facebook.com/Juan Orlando Hernandez
Twiter.com/Juan Orlando H

Abogado JORGE ALBERTO RIVERA AVILES
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Tel (504) 2269-3000/ 2269-3069
Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA
Fiscal General de la República
Tel (504) 2221-5670/67
Mail: fg@ministeriopublico.gob.hn
Facebook.com/Ministerio Publico Honduras
twiter.com/MP_Honduras
http://www.mp.hn   (sección contáctenos)

Y copia a:
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301
Apartado Postal 1243
Tegucigalpa, HONDURAS
Fax:+504 2220-1528
Correo mail@cofadeh.hn

Favor enviar copia a la representación diplomática de Honduras acreditada en sus países

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3499:un-mes-de-silencio-busqueda-e-impunidad-ante-la-desaparicion-de-sindicalista&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Gasto militar de Honduras subió en más del 400 por ciento

De acuerdo a datos oficiales, en el período 2013-2015, de los mas de cinco mil millones de lempiras, recursos distribuidos por el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Defensa Nacional se le asignaron 2,381,790,000 de lempiras lo que corresponde a un 44 por ciento del total.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Demandando equidad en la distribución de los recursos del presupuesto nacional destinado a las entidades operadoras de justicia, y exigiendo la formulación e implementación de políticas públicas integrales que reviertan los elevados niveles de impunidad, violencia, delincuencia y criminalidad en el país, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), presentó un informe sobre “Evolución histórica del presupuesto del Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras (2006-2015)”.

Según el informe, en la última década, las instituciones del Sistema de Seguridad y Justicia que más han recibido recursos son la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa Nacional; de los 82 mil 955 millones de lempiras asignados por el Congreso; el 37 por ciento fue destinado a la Secretaria de Seguridad, mientras que el 34 por ciento a la Secretaría de Defensa Nacional.

Mientras a las operaciones de Seguridad y Defensa se fijó más de dos terceras partes del presupuesto total del sistema, al Ministerio Público y al Poder Judicial, se le transfirió únicamente el 10 y el 19 por ciento, respectivamente, del total de los recursos aprobados por la asamblea legislativa, en el período de análisis.

De acuerdo a datos oficiales, en el período 2013-2015, de los más de cinco mil millones de lempiras recursos distribuidos por el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Defensa Nacional se le asignaron unos 2 mil 300 millonesde lempiras lo que corresponde a un 44 por ciento del total.

A la Secretaría de Seguridad se le asignaron únicamente mil 386 millones lempiras lo que representa un 28 de la totalidad de la tasa de Seguridad Ciudadana.

Situación grave, en términos de las reducidas asignaciones aprobadas, es el caso del Ministerio Público (156.3 Millones) y el Poder Judicial (116.7 Millones), a quienes únicamente se les asignaron el tres y dos por ciento, respectivamente, de los recursos del popularmente conocido “Tasón”.

En un consolidado de los recursos asignados por el Estado, que incluyen el presupuesto ordinario y las asignaciones de la Tasa de Seguridad Ciudadana, establece que La Secretaría de Defensa Nacional recibió en los últimos tres años 15 Mil 863 Millones y a la Secretaría de Seguridad se le asignaron 13 Mil 350 Millones; mientras tanto, al Poder Judicial únicamente se le adjudicaron 5 Mil 756 Millones y al Ministerio Público solamente 3 Mil 384 Millones.

En la etapa concluyente del estudio, la APJ, recomienda a las autoridades la formulación e implementación de políticas públicas integrales que reviertan los elevados niveles de impunidad, violencia, delincuencia y criminalidad en el país y una distribución equitativa de los recursos del presupuesto nacional destinado a las entidades operadoras de justicia.

Al igual que los provenientes de la tasa de Seguridad Ciudadana; de igual forma, la APJ, recomienda fortalecer las instituciones operadoras de justicia que están bajo la egida civil, esencialmente la Policía Nacional, unidades de investigación criminal, fiscalías especiales del Ministerio Público y las diferentes instancias del Poder judicial; si bien es cierto, consideran importante el papel que las Fuerzas Armadas pueden desempeñar en un momento de crisis en el país, no es la participación de militares en operaciones de seguridad ciudadana, un opción ideal para obtener resultados sostenibles a mediano y largo plazo.

Finalmente, se vuelve indispensable que, en el marco de las políticas públicas de buen gobierno y en fiel cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las autoridades correspondientes rindan cuentas respecto al uso, destino e impacto de los gastos e inversiones realizadas con el presupuesto ordinario y extraordinario asignado al Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/gasto-militar-de-honduras-subi%C3%B3-en-m%C3%A1s-del-400-por-ciento

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Conadeh recomienda consultar a la población sobre la reelección

8 de Mayo de 2015

03:49PM  –   Redacción  

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos insta al Congreso Nacional a plasmar las reformas correspondientes en la Constitución y a promover un diálogo político.

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Tegucigalpa, Honduras

Reformas constitucionales sobre la reelección presidencial deben ser discutidas por el Congreso Nacional de Honduras, tomando en cuenta mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, recomendó este viernes el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

En conferencia de prensa, el titular del organismo, Roberto Herrera Cáceres, leyó un pronunciamiento en el que recordó que la Corte Suprema de Justicia de Honduras tiene a través de la Sala Constitucional la potestad de conocer recursos de inconstitucionalidad e interpretar la carta magna.

Herrera Cáceres abogó porque mediante “el entendimiento y diálogo se preserve la armonía y la paz social” y consideró “sensato y oportuno manifestarse para informar y expresar consideraciones” en torno al fallo mediante el cual la CSJ dio luz verde a la reelección presidencial en Honduras.

“Normas y principios que sin figurar directamente en el articulado constitucional han sido normativamente integradas a la misma por mandato y revisión de la Constitución para garantizar el cumplimiento y promoción de derechos humanos y libertades fundamentales de todos los habitantes y asegurar una sociedad justa que posibilite una vida digna y el bienestar de las personas sin discriminación en Honduras”, expresó.

En ese contexto, recordó que existen normas complementarias en el ordenamiento jurídico y que por ello la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que únicamente la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Constitucional es el intérprete último y definitivo en casos concretos sometidos a su conocimiento, tal como los recursos presentados por el expresidente Rafael Leonardo Callejas y los diputados al Congreso Nacional de Honduras.

Además, recalcó que las normas jurídicas internas deben adecuarse a lo establecido por convenciones internacionales, tal como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como estándares interpretativos elaborados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo las particularidades propias de Honduras.

“Conadeh respeta la referida sentencia de la honorable Corte Suprema de Justicia y en ejercicio permanente de su independencia y atribuciones en el fortalecimiento del estado democrático y social de derecho formula a los poderes públicos y pueblo hondureño”, manifestó Herrera Cáceres.

Aunque la sentencia “declara que no se puede aplicar la prohibición de reelección y deja ya posibilitada la misma”, destaca que “no reforma ni deroga formalmente” el articulado constitucional correspondiente, lo que es atribución del Congreso Nacional, “espacio para el diálogo político”.

Con el objetivo de buscar un consenso nacional sobre la regulación de la reelección, “el Congreso Nacional debe adecuar la Constitución actual de acuerdo a lo que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional”.

Finalmente, consideró primordial que sean utilizados de forma efectiva los medios que la Constitución de Honduras garantiza en procedimientos de reformas y mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, referéndum e iniciativa de ley ciudadana.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/inicio/838407-331/conadeh-recomienda-consultar-a-la-poblaci%C3%B3n-sobre-la-reelecci%C3%B3n

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Voluntarios de Japón apoyarán en el área de salud y desarrollo comunitario

En esta misión de voluntarios se encuentran profesionales de la salud en el área de control y prevención de enfermedades infecciosas, enfermería en obstetricia, fisioterapeuta, enfermería en salud pública; así como también en el área de desarrollo comunitario.

La Cooperación Internacional del Japón (Jica) presentó a seis nuevos voluntarios que apoyarán en temas de desarrollo humano y salud en los diferentes municipios en el interior del país.
Por tal razón, se realizó una ceremonia de la entrega oficial del grupo que arribaron a Honduras desde hace un mes para incorporarse al equipo de trabajo del Programa de Voluntarios Jóvenes (JOCV).

Los japoneses son Takumi Sakabe, Mayumi Hanawa, Yurika Rakuma, Chihiro Hada, Toshihiko Setsuda y Kaori Katsumata; quienes permanecerán por un lapso de dos años en Honduras.

En esta misión de voluntarios se encuentran profesionales de la salud en el área de control y prevención de enfermedades infecciosas, enfermería en obstetricia, fisioterapeuta, enfermería en salud pública; así como también en el área de desarrollo comunitario.

Durante la ceremonia el Coordinador de la Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz (MAMCEPAZ), Eli Nicolás Morales, expresó que “las expectativas que tenemos son muy grandes porque la Mancomunidad tiene 11 años de estar trabajando en áreas rurales y la llegada del voluntario japonés va ser de mucho beneficio para poder desarrollar de manera más eficiente los procesos que hasta ahora hemos encaminado”.

Agregó que “la Mancomunidad aglomera alrededor de 80 mil familias que corresponden a ocho municipalidades que están muy agradecidas con JICA porque es la primera vez que tendremos un voluntario en nuestra comunidad”.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/voluntarios-de-jap%C3%B3n-apoyar%C3%A1n-en-el-%C3%A1rea-de-salud-y-desarrollo-comunitario

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Revelan trama del multimillonario desfalco al Seguro Social hondureño

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Documentos en poder del Ministerio Público, en el expediente de investigación de la Fiscalía Contra la Corrupción, revelan a varios responsables de la quiebra del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entre ellas, empresas y personajes políticos, que no han sido requeridos fiscalmente.

Esta revelación la hizo hoy el director de Radio Globo, David Romero, tras haber obtenido información clave que compromete a dirigentes del Partido Nacional, altos funcionarios públicos y expresidentes. Asimismo, aseguró que fueron “mentes brillantes” de la institución azul, quienes crearon un complejo entramado de saqueo de recursos hasta dejar en quiebra al IHSS.

Añadió que del desfalco, tenía conocimiento el presidente Juan Hernández; el titular del Congreso, Mauricio Oliva; el exmandatario Porfirio Lobo y el expresidente del Comité Central del Partido Nacional, Ricardo Álvarez. De hecho, Lobo reveló tras haber salido de la presidencia que “tenía conocimiento” del saqueo, pero que no quiso decir nada para “no afectar la democracia”.

El comunicador aseguró que son “cómplices” el fiscal general Óscar Chinchilla; el jefe de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana; autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y en el caso de Ramírez “sabe bien de esa información (…) y por qué no han acusado al Partido Nacional como lavador de activos”.

Han querido extraviar evidencias –advirtió–, por lo que varias personas se han quedado con ellas para, tenerlas como evidencias. Además, el hecho de no requerir a los señalados y permitir que algunos salpicados accedan a ser testigos protegidos, para evadir la cárcel, que ya establece la legislación penal.

Aseguró que también son responsables del saqueo la secretaria de Comunicaciones, Hilda Hernández; el secretario de Infraestructura, Roberto Ordóñez y el jefe del colectivo parlamentario nacionalista, Óscar Álvarez.

Todos los contratos de prestación de servicios, venta de equipo médico quirúrgico, fueron aprobados por el Congreso dirigido por Hernández; todos ellos fueron avalados en la madrugada, “sabiendo que era inmoral”, expresó Romero.

Respecto al drenaje, explicó que se crearon alrededor de diez empresas concebidas para desfalcar al IHSS, entre ellas, como Cointer, Farinter, Agencia Matamoros, una entidad privada del hondureño Héctor Padilla y otras empresas, cuyos cheques fueron sustraídos del expediente y colocadas como respaldo para otras personas. Estas empresas sustrajeron unos dos mil millones de lempiras, señaló.

Cada empresa debía aportar a la campaña electoral del Partido Nacional en las elecciones generales de 2013 y en una auditoria forense hecha al IHSS, revela que la mayoría son “de fachada” y debían trasladar un porcentaje de dinero al Partido Nacional.

Mostró evidencias de cheques depositados al Partido Nacional, que revelan cómo el dinero sustraído vía actividades ilícitas, fueron a parar a la institución política. También las empresas formales de servicios médicos tenían que hacer aporte al nacionalismo.

Los operadores de esta estrategia, prosiguió, fueron el exdirector Mario Zelaya y el exgerente administrativo Ramón Bertetti. Además, está involucrado el exjefe de compras del IHSS, José Zelaya y la tesorera impuesta por el exalcalde Ricardo Álvarez. La dama organizó el entramado de sustracción de dinero sin dejar evidencias que comprometieran a los autores intelectuales.

En la trama, participaron Edith López Matamaoros, esposa de Bertetti; Michelle Rojas e Ilsa Aguirre, esposa y amante de José Zelaya, respectivamente. Carlos Corrales, John Charles Bográn, José y Maribel Cardona, eran cómplices porque sabían que debían hacer transferencias al Partido Nacional, para llevar a cabo la campaña electoral, detalló el periodista.

Cabe mencionar que Edita fue oficial de transparencia y acceso a la información pública en el Instituto Hondureño de Turismo (IHT).

Por ejemplo, se emitieron varios cheques a favor del partido de gobierno. Se libró un cheque por 100 mil lempiras, depositado el 27 de febrero de 2013, a la cuenta 1100265154 del Partido Nacional de Honduras. Hubo otro cheque por 550 mil lempiras, depositado a la misma cuenta. Otro cheque fue ingresado a las arcas azules, con registro 282, bajo la leyenda “páguese a la orden del Partido Nacional; era de 75 mil lempiras exactos, depositados en la cuenta 1100265154 del Banco Atlántida.

Días después, la empresa Insumedic depositó varios cheques que ascienden a 650 mil lempiras, Hay un cheque de 75 mil lempiras, depositado el 24 de abril en la 1100265154, a nombre del Comité Central del Partido Nacional. Sólo Insumedic entregó al Partido Nacional unos 17 millones de lempiras.

Además, otras empresas aportaron hasta 325 millones de lempiras a la campaña electoral, Coinser entregó tres cheques: uno por 442 mil lempiras, otro por 465 mil lempiras y un tercero por 112 mil lempiras. Una empresa constituida dio 400 mil lempiras para el Partido Nacional.

En el megafraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social, destacó el director de Globo, participaron empresas de maletín; en la mañana, ejemplificó, eran ingresados al almacén central cinco cajas de jeringas, en la noche, una mafia entraba a la bodega y sustraía las cajas. Se hacía pasar el lote como utilizado por los médicos, se emitía requisición de material, era comprado y se volvía a repetir el acto delincuencial.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/revelan-trama-del-multimillonario-desfalco-al-seguro-social-hondure%C3%B1o

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Presidente Hernández visita Nicaragua y conoce moderna forma de crianza de ganado

En primera instancia, el mandatario hondureño visitará la finca El Escobillal, donde se realiza la crianza de ganado a través de una avanzada tecnología.

El Presidente Juan Orlando Hernández se encuentra en Managua, Nicaragua, donde sostendrá una serie de reuniones con autoridades del vecino país.

En primera instancia, el mandatario hondureño visitará la finca El Escobillal, donde se realiza la crianza de ganado a través de una avanzada tecnología.

Seguidamente visitará las nuevas instalaciones del Hospital Militar y cerrará su agenda con una reunión de trabajo con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/presidente-hern%C3%A1ndez-visita-nicaragua-y-conoce-moderna-forma-de-crianza-de-ganado

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Gobierno de Honduras expone en Ginebra programas sociales

Adicionalmente y como muestra de la clara voluntad del Estado de Honduras en favor de acciones afirmativas para las personas con discapacidad, se subscribió el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las personas con Discapacidad.

Ginebra.- La subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social de Honduras, Olga Alvarado, manifestó hoy que el gobierno del presidente Juan Hernández desarrolla una política de protección social mediante el Programa Vida Mejor dirigido a personas en condición de pobreza y pobreza extrema.

Añadió que se están desarrollando los componentes de vivienda saludable tales como filtros de agua, letrinas, estufas ecológicas, construcción de pisos de cemento, pilas de almacenamiento de agua, techos y bolsas con alimento solidario, los cuales han beneficiado a más de 100,000 familias.

Los beneficios de los programas sociales que impulsa el gobierno de Hernández fueron expuestos en un resumen hecho por Alvarado en Ginebra, como parte de las exposiciones de la delegación hondureña ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La funcionaria dijo que se ejecutan programas de apoyo a micro-emprendimientos productivos y a la agricultura familiar, dirigidos particularmente a las mujeres.

Recientemente inició el Programa de microcrédito “Tu Banca Solidaria”.

Alvarado señaló que como parte de la política de protección social se creó el Programa “Desarrollemos Honduras” y “Chamba Comunitaria” para la ejecución de proyectos dirigidos a generar trabajo a familias pobres.

Existe además el Programa Presidencial Bono Vida Mejor, dirigido a madres de familia en condición de pobreza y pobreza extrema.

Este programa consiste en transferencias monetarias condicionadas que llegan a 270,000 hogares para el cumplimiento de corresponsabilidades en salud, educación y nutrición, igualmente para el adulto mayor y personas con discapacidad.

A través del Programa Merienda Escolar en escuelas públicas se atienden 1.4 millones niñas y niños, garantizando su retención en el sistema de educación y mayor aprendizaje.

En relación a los pueblos indígenas y afrodescendientes, se está consensuando la Política Publica contra el Racismo y la Discriminación Racial para garantizar su participación social, política y el ejercicio de la ciudadanía intercultural, derecho a la educación intercultural bilingüe, a la salud, a la tierra y recursos naturales.

En materia de derechos humanos a favor de las personas con discapacidad se aprobó la Política Pública y el Plan Estratégico, mediante una consulta participativa e incluyente.

El objetivo de esa política es “garantizar a todas las personas con discapacidad el goce pleno de sus derechos humanos, facilitando las condiciones para su ejercicio y propiciar transformaciones sociales necesarias para lograr el respeto a su dignidad inherente, y el acceso a las oportunidades sociales, en condiciones de igualdad.

Adicionalmente y como muestra de la clara voluntad del Estado de Honduras en favor de acciones afirmativas para las personas con discapacidad, se subscribió el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las personas con Discapacidad.

Asimismo, se trabaja en el censo nacional para las personas con discapacidad y se impulsa una alianza con la Asociación de Municipios de Honduras para promover que los gobiernos locales cuenten con oficinas de atención a este sector.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/gobierno-de-honduras-expone-en-ginebra-programas-sociales

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DEL COFADEH A LA UE

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El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, ha leído con atención el comunicado público de la Delegación de la Unión Europea en Honduras sobre la apertura de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Tegucigalpa.

Nos deja la clara impresión que por el “respeto a la soberanía nacional de la República de Honduras” no dice lo que debe, obviando que las violaciones a los derechos humanos no están sujetas a ese lenguaje.

Reconocemos absolutamente el interés de la delegación local de la UE por conocer y atender los casos específicos y la situación general del país, pero nos cuestiona su lenguaje colaborativo con la estrategia oficial.

Nuestro análisis coincide con la relevancia política que se otorga a la apertura de la Oficina, pero difiere absolutamente del tono apologético que otorgan a dicha decisión los propagandistas del target Marca País.

¿Por qué no decir que la petición del Estado de Honduras a la ONU para abrir esta instancia nacional es por el predecible escenario de quiebre social y de nueva ruptura política que se avecina?

La comunidad internacional mejor informada sabe bien el alto riesgo que supone la perspectiva hondureña en el corto plazo y debería, en coherencia, hablarle claro a la opinión pública internacional en vez de utilizar diplomacia para apuntalar el discurso oficial.

Aupar la “Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia” antes del Examen Periódico Universal  en Ginebra es contribuir a una falsa sensación de cumplimiento estatal, sin reparar en el amasijo burocrático que dicha ley supone  para incumplir precisamente lo que buscaría proteger.

Nosotras también deseamos continuar el “trabajo conjunto, constructivo e incluyente, con participación de todas las partes relevantes, desde el Estado a la sociedad civil hondureña” y la cooperación internacional.

Pero deseamos, igualmente, que hablemos el lenguaje de los derechos humanos y no el de la política inter estatal, ni mucho menos el idioma de los acuerdos de asociación.

De los Hechos y de los Hechores

!!!Ni Olvido,  Ni Perdón!!!

C  O  F  A  D  E  H

Tegucigalpa, MDC., 06 de mayo del 2015

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Se adoptan nuevos cambios a favor de la Mujer hondureña.

La ministra del Instituto Nacional de la Mujer, Ana Aminta Madrid, dijo que el estado de Honduras ha implementado cambios muy importantes que favorecerán a la mujer.

Campañas contra el acoso sexual, ley de equidad en los salarios y oficinas municipales de la Mujer, son algunos de las nuevas reformas que se han creado así lo manifestó la titular del Instituto Nacional de la Mujer.

La ministra del Instituto Nacional de la Mujer, Ana Aminta Madrid, dijo que el estado de Honduras ha implementado cambios muy importantes que favorecerán a la mujer.

Ante los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la funcionaria expuso los logros alcanzados por el país mediante el II Plan de Igualdad y Equidad de Género (PIEGH), el que instruye a todas las dependencias de la administración pública a coordinar esfuerzos y asignar recursos técnicos y financieros para alcanzar sus objetivos.

Mediante este mismo se conforman las Unidades de Género en el Poder Judicial, secretarías de Salud y Seguridad, así como comisiones de género en diversos municipios.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/se-adoptan-nuevos-cambios-favor-de-la-mujer-hondure%C3%B1a

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Honduras sostiene que ha cumplido con recomendaciones en DDHH

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Estado de Honduras asegura que ha cumplido 106 de las 129 recomendaciones hechas en el primer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) en noviembre de 2010.

A juicio de los representantes del país ante el Consejo de DDHH de la ONU, se ha “cumplido el 82 por ciento de las recomendaciones y 20 de ellas, que corresponden al 16 por ciento, están en proceso de ser cumplidas”.

Afirman que sólo el tres por ciento de las sugerencias hechas por el organismo especializado de la ONU no se han cumplido.

“Estos números hablan del compromiso del Estado de Honduras con los derechos humanos y se han logrado por medio de una serie de esfuerzos”, manifestó el coordinador del gabinete y jefe de la misión, Jorge Ramón Hernández Alcerro.

Lo anterior lo expresó el funcionario en el marco de la 22 Sesión del Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde el Estado hondureño mostró los cumplimientos a las recomendaciones que le hicieron en 2010 los países miembros del organismo mundial.

El Estado de Honduras presentó su primer informe del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos, en 2010.

Entonces, se formuló una serie de recomendaciones, las cuales el Estado hondureño ha venido cumpliendo en el curso de los últimos cinco años.
En 2013, como una muestra de su compromiso con los derechos humanos, Honduras presentó un informe voluntario de medio término.

Adicionalmente, con la asistencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, el Gobierno condujo un extenso proceso de consulta para la elaboración de la Política Pública y el Plan Nacional de Acción de los Derechos Humanos, los cuales fueron aprobados.

Las recomendaciones para Honduras se dieron un año después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, en el que se reportaron más de 200 personas muertas en toques de queda; 54 mujeres violadas por policías y militares; 3,033 violaciones a derechos humanos y más de 100 personas que se exiliaron.

El actual informe cubre del último trimestre de 2010 al primer trimestre de 2015. El mismo coincide con una parte importante del gobierno de Porfirio Lobo y el primer año de Juan Hernández.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-sostiene-que-ha-cumplido-con-recomendaciones-en-ddhh

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Lo ratifica la ONU: Centroamérica lo sabe y lo sufre… ¿qué hacer?

Honduras (90,4 muertos por cada 100.000 habitantes), considerado el país más peligroso del mundo por la ONU, y Venezuela (72,2 muertos por cada 100.000 habitantes) están respectivamente en el número 2 y 3 de la lista de los países que registraron un aumento más fuerte de violencia en 2012.

Agencias / EL LIBERTADOR

San Salvador. Este informe, que publica cada 3 o 4 años el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), contabiliza todas las muertes violentas, estén o no relacionadas con un conflicto armado.

Entre 2007 y 2012, Centroamérica registró una tasa de muertes violentas de 33,6 por cada 100.000 habitantes, una cifra que sitúa a la región por delante de África Meridional, El Caribe y América del Sur.

La región ya ocupaba el primer lugar en el informe anterior, que cubría el periodo 2004-2009, con una tasa que era entonces de 29 muertos por cada 100.000 habitantes.

Honduras (90,4 muertos por cada 100.000 habitantes), considerado el país más peligroso del mundo por la ONU, y Venezuela (72,2 muertos por cada 100.000 habitantes) están respectivamente en el número 2 y 3 de la lista de los países que registraron un aumento más fuerte de violencia en 2012.

Siria, inmersa en una guerra civil desde marzo de 2011, encabeza la lista, con 180,2 muertos por cada 100.000 habitantes en 2012.

A nivel mundial, el informe refleja una disminución continuada de la media anual de muertes violentas: 508.000 entre 2007 y 2012 frente a 540.000 entre 2004 y 2007.

En paralelo a esta disminución, que se explica por una caída de los homicidios voluntarios, el número de muertes relacionadas con conflictos aumentó considerablemente, pasando de 52.000 muertes entre 2004 y 2007 a 70.000 entre 2007 y 2012.

En ese mismo periodo 2007-2012 hubo una media anual de 377.000 homicidios voluntarios, 42.000 homicidios involuntarios y de 19.000 muertes provocadas por intervenciones legales.

El informe también muestra que las armas de fuego provocan el 44,1% de todas las muertes violentas. Ese porcentaje es particularmente alto en América Central, el Caribe y América del Sur.

Por otra parte, entre 2007 y 2012, una media de 16% de las víctimas de homicidios fueron mujeres, lo que representa 60.000 muertes.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/lo-ratifica-la-onu-centroam%C3%A9rica-lo-sabe-y-lo-sufre-%C2%BFqu%C3%A9-hacer

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CIDH oficializó salida de Honduras de la Lista Negra

La noticia fue oficializada este día fue oficializada por el órgano internacional.

Cuba y Venezuela repiten un año más en la “lista negra” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que retiró a Honduras por primera vez desde la crisis política de 2009.

Aunque las autoridades gubernamentales hondureñas ya habían adelantado esta medida fue hasta hoy que la CIDH, oficializo la noticia.

El capítulo IV del informe anual divulgado hoy de la CIDH, conocido como la “lista negra”, señala los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una “atención especial” por parte de este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.

Honduras salió de esta lista, correspondiente a 2014, al aceptar una visita de la Comisión centrada en las consecuencias del golpe de Estado, tras la que el organismo elabora ahora un informe de país con recomendaciones que se publicará el próximo año.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita “in loco” a Honduras del 1 al 5 de diciembre de 2014, con el objetivo de monitorear la situación general de derechos humanos en el país.

La Comisión sostuvo reuniones con autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil y otras personas que se acercaron a presentar información sobre la situación de derechos humanos en el país. También se realizaron visitas sin restricciones a diversas regiones, incluyendo La Ceiba, Tocoa, El Progreso, San Pedro Sula y el Bajo Aguán, y recorrió centros de atención a migrantes y a niños migrantes, comunidades garífunas y comunidades campesinas, así como varios centros penitenciarios del país.

Una reforma de la Comisión de 2013 establece la posibilidad de eximir del Capítulo IV a los países que permitan ese año una visita del organismo, algo que ha rechazado Venezuela, que se niega a recibir a la CIDH desde 2002.

Este es el mecanismo por el que Colombia quedó fuera de esta lista en 2013, en la que aparecía ininterrumpidamente desde el año 2000.

Tras esa visita, la Comisión envió al Gobierno colombiano un documento con recomendaciones, cuyo cumplimiento examina en su informe de este año.

La CIDH reconoce los “esfuerzos” de Bogotá en materia de derechos humanos, especialmente para lidiar con las consecuencias derivadas del conflicto armado, pero pide solucionar situaciones que persisten como el hacinamiento en las cárceles y las agresiones a los defensores de derechos humanos.

Sobre Venezuela, en la lista cada año desde 2005, la CIDH pide garantías de seguridad ciudadana, independencia de la Justicia, respeto a los derechos políticos, soluciones para las personas que están encarceladas sin condena firme, así como protección para periodistas y defensores de los derechos humanos.

“(Venezuela debe) abstenerse de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política y garantizar la pluralidad de espacios para el ejercicio democrático, incluyendo el respeto a las movilizaciones y protestas que se llevan a cabo en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica”, señala el informe.

“(Venezuela debe abstenerse de) promover la modificación de las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión de manera desproporcionada, como aquellas destinadas a proteger la honra de ideas o de instituciones o las que pretenden proteger la seguridad nacional o la paz pública”, añade.

Respecto a Cuba, que ha figurado en la lista cada año desde 1984, la CIDH volvió a señalar “las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones al derecho de residencia y de tránsito”.

La Comisión instó al Gobierno cubano a adoptar las medidas necesarias para “prevenir y erradicar las distintas formas de hostigamiento contra quienes ejercen el derecho de asociación y de reunión con fines humanitarios y sindicales y contra quienes se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos”.

Asimismo, recomendó a La Habana que garantice a sus ciudadanos el derecho a determinar libremente su lugar de residencia, la libertad de movimiento en el territorio cubano y la de salir y entrar en el país.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/cidh-oficializ%C3%B3-salida-de-honduras-de-la-lista-negra

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Cifras oficiales develan que el 94% de los asesinatos de periodistas están en la impunidad en Honduras

Viernes, 08 Mayo 2015 05:18 Written by  Published in Investigacion Read 44 times

Con el Golpe de Estado Militar del 28 de junio del 2009 se debilitó la justicia y aumentó la criminalidad, una situación que se ve reflejada en la impunidad en que el Estado mantiene los asesinatos de 45 periodistas, a pesar de los compromisos que el gobierno asumió el 4 de noviembre de 2010, en la octava sesión del Examen Periódico Universal (EPU), realizado en Ginebra Suiza.

En esa ocasión diversos países del mundo le recomendaron a Honduras adoptar medidas para garantizar la vida y la integridad física de los periodistas, y aunque los representantes del Estado aceptaron las recomendaciones, cinco años después el 91%  de esos crímenes  sigue en la impunidad. De los 46 asesinatos, solo tres han sido resueltos parcialmente a través de sentencia condenaría para los actores materiales, no así para quienes ordenaron ejecutar los crímenes.

http://pasosdeanimalgrande.com/graphs/TablaperiodistasMuertos/

Cifras oficiales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reflejan que desde noviembre del 2003, en Honduras han muerto un total de 54 periodistas, de los cuales 51, equivalentes al 94% se encuentran en la impunidad y solo 3,  (6%), resueltos a través de sentencia condenatoria.

Lo anterior devela una vez más que las autoridades de este país centroamericano asumen compromisos internacionales, sin tener la suficiente voluntad política para cumplirlos.

En el marco de estos compromisos, el Ministerio Público (MP) creó la Unidad de Muertes de Alto Impacto,  adscrita a la Fiscalía Especial de Delitos contra Vida. Sin embargo, hasta hoy no se refleja que la entidad haya registrado avances en la investigación y judicialización de estos casos.

La Fiscalía tampoco ha brindado informes a la población y al gremio periodístico de las causas de la impunidad.

Infografia muerte de periodistas

Infografia basada en datos del CONADEH (2009-2015).
Realizada por Pasos de Animal Grande

Este medio digital trató de conocer la situación y el pasado 16 de abril solicitó al MP información del avance en las investigaciones y judicialización de los asesinatos ocurridos contra periodistas a partir del 5 de julio de 2009.  La comunicación fue directa con el fiscal Carlos Vallecillo, quién desde el inicio manifestó que no había problema y que le iba a solicitar un informe a la persona encargada.

La comunicación entre este medio y el fiscal era constante, pero siempre manifestaba haber solicitado la información y que la persona encargada estaba fuera de la oficina. “Por eso le digo, deme chanche”, dijo en una ocasión a través de un mensaje de Whatsapp. No obstante, el 5 de mayo recién pasado, 19 días después de la solicitud inicial, en una nueva comunicación dijo que para poder obtener la información debía de hacer una petición escrita.

Esta situación limita la libertad de prensa, pero tiene arraigo en la reforma a la Ley del Ministerio Público que el 12 de noviembre de 2014 aprobó el Congreso Nacional para prohibir que los fiscales den declaraciones a medios de comunicación, sobre avances de las investigaciones, sin contar con la aprobación del Fiscal General.

La disposición limita el derecho a la información de los familiares de las víctimas y el derecho a la verdad, contemplado en una resolución emitida en el año 2010 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  que declaró el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

Los departamentos que más se destacan por la muerte violenta de periodistas y comunicadores son, Francisco Morazán Cortes, Yoro y Atlántida.

http://pasosdeanimalgrande.com/graphs/PeriodistasAsesinatos_depto/
Los casos
Gabriel Fino Noriega

pPeriodista de Radio Estelar y corresponsal de Radio América,  asesinado  de siete impactos de bala, cuando salía de sus labores y fue interceptado por varios individuos, el 3 de julio de 2009, cinco días después del golpe de Estado que defenestró de la presidencia de Honduras a Manuel Zelaya .El crimen ocurrió en la comunidad de San Juan Pueblo, en el municipio de La Masica Atlántida y días antes de su asesinato el periodista estuvo  denunciando la corrupción en la adjudicación de permisos para juegos prohibidos en las plazas de ferias patronales de la región. El seis de julio la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la de la CIDH condenó el hecho y llamó a las autoridades a investigar y castigar a los responsables, pero el caso sigue en la impunidad.

Nicolás Josué Asfura

pPeriodista de profesión, laboraba para una compañía constructora y fue encontrado muerto el 17 de febrero de 2010, en el apartamento que habitaba en la colonia Santa Bárbara de Tegucigalpa. Su  cadáver se encontraba en estado de putrefacción en el interior de una bañera. Asfura estaba atado de pies y manos, la mitad de su cuerpo estaba tapada con una toalla. La DNIC solo ha informado que el caso está en investigación.

Joseph Hernández Ochoa

pPeriodista de Canal 51, murió a causa de varios disparos  cuando junto a la periodista Karol Cabrera, del estatal Canal 8, fueron atacados desde un vehículo en marcha. Hernández  falleció en el lugar del incidente, pero Cabrera solo recibió heridas heridas leves, fue llevada de urgencia al Hospital Escuela donde se recuperó para luego salir del país.

El hecho criminal se produjo a las 8:00 de la noche del 1 de marzo de 2010 en el barrio El Chile, de Tegucigalpa, los dos comunicadores se desplazaban a la colonia Cerro Grande.

Cabrera era conductora de polémicos programas de la televisión oficial en tiempos del gobierno de facto y además de defender el golpe de Estado del 28 de junio, incitaba a la población a agredir a los miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular y apología del odio en contra del ex presidente Manuel Zelaya y de sus seguidores.

La madre de Joseph culpo del crimen a la periodista Cabrera y exigió castigo para ella. Este asesinato jamás fue esclarecido por falta de investigación, a pesar de la progenitora  del comunicador, dijo que Cabrera había informado a los criminales del lugar por donde se conducían.

David Meza Montesinos

pEra corresponsal en La Ceiba Atlántida, del noticiero Abriendo Brecha y de Radio América. Fue ultimado a tiros la noche del 2 de diciembre de 2013, antes de llegar a su casa en la colonia Alameda de esa ciudad. Se informó que los asesinos lo seguían en otro vehículo y el ataque provocó  que perdiera el control y que su carro fuera a chocar con la residencia de un vecino.

Días después, la policía nacional capturó a Angel Adalberto Martínez Núñez, alias “Caballo Loco” sindicado de darle muerte a Meza Montesinos, el incriminado negó ser el responsable de este asesinato, pero un juez penal le dictó auto de prisión preventiva y lo envió a la Penitenciaría Nacional, en Támara Francisco Morazán.

Por este crimen también las autoridades acusaron a Thompson Ibans, Mario Roberto Guevara y Marco Joel Álvarez, este último fue absuelto por el Tribunal Penal de La Ceiba.

Meza Montesinos también laboraba para medios locales en La Ceiba, pero de la misma forma en que lo hacía en Abriendo Brecha, ocultó las violaciones a los derechos humanos que la dictadura de Roberto Micheletti cometió en el poco tiempo de su régimen de facto.

Nahúm Palacios

pEra el director de noticias de la televisora Canal 5 del Aguán y de un noticiero de Radio Tocoa. Fue ultimado a tiros a las 10:30 de la noche del 13 de marzo de 2010 por desconocidos cuando se dirigía a su casa de habitación en la colonia Los Pinos, de Tocoa, en el departamento de Colón.

En el marco del golpe de estado Palacios fue víctima de violaciones a su libertad de expresión por parte de militares. El 28 de junio de 2009, día  del  derrocamiento de Manuel Zelaya, elementos de la Base Naval de Puerto Castilla, al mando de tres coroneles se llegaron a la Televisora y  amenazaron al periodista, le decomisaron equipo del estudio y un capitán de apellido Tercero, ordenó a los soldados detener a cuatro empleados del medio de comunicación.

Un día después, el 29 de junio, el mismo capitán Tercero allanó la vivienda de Palacios y le ordenó solo difundir informaciones del gobierno de facto. Palacios fue detenido y acusado de llamar al desorden y a la insurrección, pero una hora después fue liberado por un juzgado penal de la zona.

La situación de riesgo en que se encontraba Palacios, provocó que Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara al Estado hondureño proteger la vida del periodista, pero esa petición  no fue atendida, nunca el Estado de Honduras implementó la medida cautelar al igual que sucede ahora con otros periodistas y defensores de derechos humanos. El crimen aún continúa impune.

José Bayardo Mairena y Manuel Juárez

pAsesinados el 26 de marzo de 2010,  ambos laboraban en el noticiero Así es Olancho del Canal 4 y Radio Excélsior, donde Mairena era el director. Fueron ultimados por hombres no identificados cuando regresaban en su  vehículo a Juticalpa, luego de transmitir un programa.

Los dos periodistas fueron atacados a tiros. Mairena murió en el vehículo y Juárez en un hospital de Juticalpa a donde fue llevado herido de gravedad.

Mairena trabajó en la estatal Radio Nacional de Honduras y al momento de fallecer cursaba estudios en un programa de  profesionalización.

Luis Chevez Hernández (el huevo)

pLocutor de la emisora radial W105 de San Pedro Sula, fue ultimado la madrugada del 9 de abril de 2010 frente a su casa, en la colonia FESITRANH. La víctima se transportaba con un primo, estudiante de la carrera de ingeniería electrónica y  cuando bajaron del auto fueron interceptados por desconocidos que tras de una breve discusión abrieron fuego contra ellos, causando la muerte instantánea de ambos.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida presentó requerimiento contra Kevin Geovanni Romero Figueroa alias “el Chino” y lo acusó del crimen, pero el 14 de febrero de 2013 el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula lo declaró inocente, porque según el fallo en la declaración la testigo protegido no logró identificar al imputado.

En el fallo, la terna de jueces indicó que lo absolvía de los delitos de homicidio y robo porque la Fiscalía de Delitos Contra la Vida del Ministerio Público no acreditó la participación del imputado.

Jorge Alberto Orellana

pEste periodista laboraba como catedrático de cine en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH-V/S) y conducía el programa, En vivo con Georgino, transmitido en el canal Cable TV Honduras. Fue ultimado el 20 de abril del 2010, en horas de la noche de un balazo en la cabeza que le  infirió un individuo cuando salía del canal de televisión donde laboraba en la norteña San Pedro Sula.

La policía capturó a Jonathan Joseph Cockborn Delgado y la Fiscalía lo responsabilizó de la muerte del periodista sampedrano.  En septiembre de 2012 el Tribunal de Sentencia lo halló culpable y lo condenó a 17 años y seis meses de prisión por el homicidio y a  seis años con ocho meses por robo agravado.

El 20 de junio de 2014, Cockborn Delgado, después de burlar la vigilancia de los custodios del penal y saltar el muro, cruzó sin ser visto por los militares del ejército que conforman los dos anillos de seguridad instalados en las afueras del penal y se fugó con cuatro individuos más. Hasta hoy  sigue prófugo y no se sabe que las autoridades hayan emitido la orden para recapturado.

Carlos Humberto Salinas

Fue acribillado junto a su nieto, Moisés Isaías Salinas Sánchez, el 8 de mayo de 2010. Salinas,  trabajaba de narrador deportivo en varios medios de comunicación de Tegucigalpa y vivía en la capitalina colonia Kennedy. Las víctimas fueron interceptadas por desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones. El caso está impune porque la DNIC solo había identificado a un testigo, que era hijo de Salinas, pero que también murió asesinado.

Luis Arturo Mondragón Morazán

pEra el director del Canal 19 y del programa de noticias Tele prensa, en la ciudad de El Paraíso, al oriente de Honduras. Fue ultimado a tiros la noche del 14 de junio de 2010, por desconocidos cuando salía de las instalaciones de la empresa televisora, ubicada en el barrio Santa Clara de esa ciudad.

El caso no ha sido investigado, pero en su momento, el entonces Ministro de Seguridad Oscar Álvarez, dijo que el asesinato de Mondragón no tenía nada que ver en nada con el ejercicio del periodismo e insinuó que el hecho podría estar ligado a otros problemas que el comunicador tuvo en el pasado. Indicó que la policía ya tenía las pistas para dar con el responsable, pero el crimen sigue impune.

Israel Díaz Zelaya

pConducía el programa Claro y Pelado en Radio Internacional de San Pedro Sula, fue ejecutado el 24 de agosto de 2010y su cadáver fue tirado desde un taxi en las cercanías de una plantación de caña en Villanueva, Cortés. El comunicador, conocido entre colegas y amigos como “Chacatay”, recibió tres balazos en el tórax y la cabeza.

En enero del 2011, el Ministerio Público anunció que tenía plenamente identificados a los  asesinos y que preparaba el correspondiente requerimiento fiscal. “Lo que falta es identificar algunas acciones que cada uno de ellos realizó al momento de asesinar al comunicador social”, refirió, Elvis Guzmán, Vocero de la fiscalía.  Sin embargo, el caso sigue impune.

Zelaya Díaz estaba casado y tenía tres hijos, dos de ellos menores de edad, residía en la colonia Satélite de San Pedro Sula y su cadáver fue encontrado con sus pertenencias, incluidos el teléfono celular y la cartera, el cuerpo presentaba tres impactos de bala en la cabeza.

Henry Orlando Suazo Santos

pLaboraba en la compañía Cable Visión del Atlántico y era corresponsal de HRN en La Ceiba. Fue ultimado de varios disparos el 28 de diciembre de 2010, cuando salía de su vivienda en la colonia Mario Amaya, en la comunidad de San Juan Pueblo, de La Masica Atlántida.  Se informó que días antes, el comunicador había denunciado ser víctima de amenazas a muerte, el crimen sigue impune por falta de investigación.

Héctor Francisco Medina Polanco

pEste comunicador social fue tiroteado el 10 de mayo de 2011 en el municipio de Morazán, Yoro, gravemente herido fue trasladado al hospital Mario Catarino  Rivas de San Pedro Sula, donde murió horas después. El 22 de agosto, agentes de la DNIC y de la Policía Preventiva capturaron a Roger Mauricio García Pineda.

El 18 de noviembre del 2013, el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, en juicio oral y público determinó la culpabilidad del imputado.

Medina Polanco era productor y conductor de un programa de noticia, en Alfa & Omega Vision, un canal local de Morazán, donde trataba temas relacionados a la corrupción de la alcaldía municipal y conflictos agrarios, entre otros. Para comprobar la culpabilidad del hechor, el Ministerio Público contó con el acompañamiento del departamento legal del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), de los jesuitas en Honduras.

Luis Mendoza

pEra el propietario de la compañía de cable Macro Sistema y canal 24 en Danlí departamento de El Paraíso, fue ultimado en la mañana del 19 de mayo de 2011 por hombres fuertemente armados que se conducían en una camioneta. El hecho ocurrió a media cuadra del canal en las cercanías de la escuela  Manuel Adalid Gamero. La DNIC informó que el caso está pendiente de investigación.

Adán Benítez

pFue interceptado el 5 de julio de 2011 por desconocidos que lo despojaron de sus pertenencias y luego le quitaron la vida con un disparo en la cabeza. Benítez transitaba  en horas de la noche por la calle principal, que da acceso al Hospital D’antoni de La Ceiba Atlántida con destino a su casa de habitación en el barrio Alvarado. De este caso no hay avances en la investigación y por lo tanto no han identificado a ningún sospechoso.

Nery Jeremías Orellana

pEra el director de la radio Joconguera, de Candelaria Lempira y corresponsal de Radio Progreso. Fue asesinado a las 9:30 de la mañana del 14 de julio de 2011 cuando recibió  un impacto de bala en la cabeza. La víctima se conducía  en su  motocicleta, sobre la carretera que conduce de la aldea San Lorenzo a la cabecera municipal.

Herido de gravedad fue trasladado al hospital público del municipio de Sensuntepeque, en la República de El Salvador, donde murió horas después. Es otro caso impune, porque hasta el momento la Fiscalía solo cuenta con la autopsia realizada por Medicina Forense de El Salvador.

Medardo Flores

pEra un comunicador popular que formaba parte del Colectivo Cultura y reportero voluntario de Radio Uno, de San Pedro Sula. Fue ultimado el 9 de septiembre de 2011 por desconocidos que le infirieron 9 balazos en diferentes partes del cuerpo. Flores murió en una emboscada en el sector de Río Blanquito, en comunidad de Bijao, Choloma Cortés cuando regresa de su hacienda hacia su casa. El caso sigue sin investigar.

Luz Marina Paz Villalobos

pConductora de un programa radial en la Cadena Hondureña de Noticias (CHN), murió del 6 de diciembre de 2011 de varios disparos que le propinaron desconocidos en motocicleta, cuando la periodista transitaba por la colonia San Francisco de Comayagüela.

La víctima se conducía en un vehículo en compañía del joven Delmer Canales quien también resultó muerto. Agentes de inspecciones oculares de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) recogieron en la escena del crimen varios casquillos de 9 milímetros, pero el caso sigue pendiente de investigar, porque el único testigo con que contaba la DNIC fue amenazado y tuvo que salir del país. Las autoridades no cuentan con las pruebas suficientes para castigar a los responsables.

Saira Fabiola Almendrares Borjas 

pEstudiante de comunicaciones  en la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH) fue asesinada junto a otras dos personas en la calle principal del caserío  Merilú, en Rio Blanquito,  Choloma Cortés.

El crimen se produjo el 10 de marzo de 2012. La victima trabajó en programas deportivos en Radio Cadena Voces y canal 30 de la ciudad capital hondureña. Y también colaboró como presentadora del programa que la Universidad Metropolitana de Honduras, transmitía en canal 8. El caso no ha sido investigado y se mantiene impune.

Fausto Elio Valle Hernández

pLaboraba como reportero y locutor de Radio Alegre  en  Sabá,  Colón y fue ultimado a machetazos en la colonia  Standard de esa ciudad, a las 10:30 de la mañana del 11 de marzo de 2012. El 17 de ese mes, la policía capturó a Santos Gabriel Menocal Vargas, como supuesto responsable de la muerte del comunicador, el caso sigue sin resolverse porque según la ccoordinadora de Fiscales en esa zona, Suyapa Rivera, “las investigaciones siguen su curso” porque hasta ahora solo han podido obtener declaraciones de testigos referenciales de del hecho.

Para ella, “la principal dificultad en el avance de estas investigaciones es el miedo por parte de los testigos presenciales”, indica un informe de la Redde Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (Rapcos).

Noel Alexander Valladares

pEra productor del programa “El Show del Tecolote” que se transmitía en Maya TV y fue acribillado junto a sus guardaespaldas, Marcos Adrián Gutiérrez y Renán Adonis Valladares, a las diez de la mañana, del 23 de abril del 2012, cerca de  la televisora. Esta es otra muerte marcada por la impunidad a falta de investigación.

Erick Alexander Martínez Ávila

pIntegraba la red de comunicadores “Los Necios” y era  relacionador público de la Asociación de Diversidad Sexual, Kukulcan. El 07 de mayo fue raptado y su cuerpo fue encontrado  con señales de haber sido estrangulado, en una cuneta de la aldea Guasculile, en la carretera que de Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho.

Por la muerte de este comunicador, el 12 de septiembre de ese año, agentes de la DNIC capturaron en la colonia El Pedregal de Comayagüela a Eduardo José López Gutiérrez, el Juzgado de Letras de la Niñez lo remitió al centro de menores Renaciendo, pero inexplicablemente apareció trabajando de conductor de un autobús de la ruta urbana.

El 28 de enero pasado se conoció que López Gutiérrez había sido raptado en la terminal de autobuses “rapiditos” de la colonia Los Laureles y que un día después apareció muerto.

Ángel Alfredo Villatoro Rivera

pEra el coordinador de prensa de HRN y fué secuestrado el 9 de mayo de 2012 en la colonia Florencia Norte  de Tegucigalpa, seis días después, el 15 de ese mes,  su cuerpo sin vida fue encontrado en la Residencial Las Uvas de la capital, con dos disparos en el rostro, vestido de policía cobra, vendado con una pañoleta roja y con calcetines rojos.

En un operativo realizado el 27 de mayo, en la colonia El Cacao No.1  de Cofradía, Cortés, la policía detuvo  a Osman Fernando Osorio, Edgardo Francisco Osorio y Marvin Alonso Gómez por suponerlos responsables del secuestro y posterior asesinato del periodista.

El 07 de junio, una jueza con jurisdicción nacional dictó auto de prisión contra los tres implicados  y los envió a prisión en las celdas de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional. Cinco días después, el 11 de junio, el Tribunal de Sentencia los encontró culpables del secuestro agravado y les dictó condena a prisión de por vida.

Adonis Felipe Gutiérrez Bueso

pFue ejecutado el 8 de julio de 2012 junto a dos parientes, luego de ser raptado por desconocidos al salir de un cibercafé ubicado en colonia Siboney de Villanueva, Cortés, para  después dispararles en repetidas  ocasiones. La víctima era locutor  de Radio Estéreo Naranja, en Sonaguera, Colón y la DNIC no registra avances en las investigaciones.

José Noel Canales Lagos

pReportero gráfico  del periódico digital Hondudiario y editor de noticias de la empresa Servicios Profesionales de Comunicación (SEPROC). Fue ultimado por desconocidos que se conducían en un taxi  y que, sin mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones.  El hecho violento ocurrió a las 3:30 de la tarde, del 10 de agosto de 2012,  cuando  la víctima se conducía en su vehículo por la calle principal del barrio Bella Vista de Comayagüela. Su caso sigue pendiente de investigar, según se informó.

Julio Cesar Cassaleno

pSubinspector de policía, abogado y periodista, quien laboraba como vocero de la Dirección Nacional de Tránsito en Tegucigalpa. Fue ultimado a balazos  el 28 de agosto de 2012, cerca de su casa de habitación en la colonia Cerro Grande de Comayagüela, donde vivía con su esposa  y sus hijos. El caso también se mantiene impune, a pesar de que formaba parte de la misma institución encargada de la investigación criminal. La DNIC informó que la esposa de la víctima también se negó a declarar.

Angel Edgardo López Fiallos

pEra estudiante de periodismo de la universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y fue ultimado a balazos el 8 de noviembre de 2012 en las gradas del barrio La Hoya, situadas cerca de un punto de taxis.

López Fiallos bajaba las gradas, cuando fue atacado a tiros por un sujeto  que le arrebató la computadora portátil, que llevaba en su maletín. El victimario salió corriendo para abordar una  motocicleta donde lo esperaba otra persona. El hecho sigue sin esclarecerse y está pendiente de investigación.

Celín Zelaya Acosta

pCronista deportivo asesinado a balazos en el barrio La Soledad, de Juticalpa, Olancho, por  individuos que lo atacaron cuando en compañía de su hija se dirigía a comprar a una pulpería. El hecho ocurrió a las 7:00 de la mañana del 31 de enero de 2013.

Los victimarios se transportaban en  un vehículo y sin mediar palabra abrieron fuego contra el comunicador. El caso está pendiente de investigar aseguran las autoridades.

José Alfredo Osorto Barahona

Locutor de la estación radial Furia 101.5 FM de Choluteca,  murió en el Hospital Escuela de Tegucigalpa luego de recibir un disparo en la frente cuando departía  con varias personas en una pulpería del barrio Suyapa de Choluteca.

El hecho ocurrió a eso de las 7:30 de la noche del 10 de febrero de 2013, en el momento en que se generó una discusión. De este caso informó la DNIC que ya ha sido judicializado, que los tribunales de justicia emitieron la correspondiente orden de captura, que está pendiente de ejecutar.

Aníbal Barrow

pRaptado por desconocidos en las cercanías del Estadio Olímpico  Metropolitano de San Pedro Sula a las 3.30 de la tarde del 24 de junio de 2013 cuando se conducía en su vehículo junto a tres parientes, que luego fueron dejados en libertad. La camioneta del periodista fue encontrada con restos de sangre, fragmentos de cráneo  y una prótesis dental, en las cañeras de Búfalo, en Villanueva Cortés, atrás del Ingenio Santa Matilde.

Barrow era el productor y conductor del programa “Aníbal Barrow y Nada Más” transmitido en Globo TV.

El 5 de julio de 2013, la policía capturó en la comunidad de Dos Caminos, a  José Hernán Díaz, Gustavo Armando Durán, Delmer Donael Durán y a Lauren Lara, por suponerlos responsables de los delitos de secuestro y tenencia ilegal de armas de fuego, cinco  días después, el Juzgado Unificado de lo Penal de San Pedro Sula les dictó auto de prisión.

En días posteriores, el cuerpo desmembrado del periodista fue encontrado, en el interior de la laguna Siboney, en medio de las cañeras, “Villa Elim”, cerca de la Colonia  Siboney. Barrow recibió dos impactos de bala en el rostro,  uno cerca de la boca y otro en la sien izquierda.

Los tribunales de justicia emitieron órdenes de captura contra Heber Natanael Mendoza, Dennis Omar Ramírez, Héctor Noel Baquedano  Galindo y un menor de edad, por suponerlos responsables del asesinato y robo agravado en perjuicio  de Barrow. El 23 de septiembre la policía detuvo a Gabriel Armando Castellanos Pérez, alias “El Chele”, de quien se supone que fue quien le infirió el primer balazo al periodista.

El 16 de noviembre, agentes de la Unidad de Muertes de Alto Impacto del Ministerio Público, en coordinación con la DNIC y los Cobras, capturaron en El Progreso Yoro, a Héctor Noé Baquedano Galindo,  alias “El Gordo”, quien fue acusado de asociación ilícita, robo agravado y secuestro en perjuicio del periodista. Tres días después un juez de lo Penal, con jurisdicción nacional, dictó auto de prisión y lo remitió al Centro Penal de San Pedro Sula.

Manuel de Jesús Murillo

pAcribillado a balazos por desconocidos en la colonia Altos de la Independencia de Comayagüela, a pesar de que desde febrero de 2010 gozaba de medidas cautelares, luego de haber denunciado que fue privado de su libertad y torturado junto a otro de sus compañeros, por supuestos policías.

Murillo era camarógrafo del canal Globo TV y su madre relató en el Comisionado Nacional delos Derechos Humanos,  que el reportero gráfico hacía dos meses de haber salido de prisión por problemas de drogas. Sin embargo, esta es otra muerte impune por falta de investigación.

Carlos Mauricio Flores

Laboró como camarógrafo en varios medios de comunicación y fue ultimado a balazos en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa, a las 8 de la noche del 21 de noviembre de 2013. El caso sigue pendiente de investigar y la Unidad de Muertes de Alto Impacto lo trasladó a la Unidad de Delitos Comunes.

Juan Carlos Argeñal

pPropietario  del Canal cristiano, Vida TV y corresponsal de Globo TV, murió luego de ser atacado a balazos por sujetos desconocidos en el interior de su vivienda localizada en la colonia Teodoro Rodas Valle, de Danlí, El Paraíso. El hecho violento ocurrió  a las 2:00 de la tarde, del 7 de diciembre de 2013, cuando sus victimarios lo atacaron por la espalda.

Se informó que  el comunicador social había recibido amenazas a muerte, luego haber denunciado que miembros de la Asociación de Apoyo del Hospital Gabriela Alvarado se estaban robando las medicinas.  La DNIC cuenta con declaraciones de los vecinos y de algunos miembros de la Asociación de apoyo del hospital, pero  se ha dificultado la judicialización porque los testigos se han negado a declarar. Los vecinos se han limitado a decir que escucharon los disparos, pero que pensaron que se trataba de cohetes.

José Roberto Ugarte

El locutor radial y productor de televisión fue asesinado a tiros en la Residencial San Juan, cerca del Hato de En Medio, de Tegucigalpa, el 5 de febrero de 2014. El caso está impune, por falta de investigación.

Carlos Mejía Orellana

pGerente de Mercadeo, Radio Progreso,  asesinado con arma blanca,  el 11 de abril de 2014. La policía no ha podido establecer el motivo del crimen, pero irresponsablemente desde el inicio de las investigaciones  lo manejaron  como un delito pasional.

Hernán Cruz Barnica

Era líder comunitario y comunicador social, en Radio Opoa, en San Juan de Opoa Copán, fundó en su comunidad el movimiento social, los chuñas de San Juan y era miembro activo del Frente Nacional de Resistencia popular. Fue asesinado  el 28 de mayo del 2014 y es otro caso impune por la falta de interés en las autoridades.

La DNIC recopiló las huella dactilares dejadas en el vehículo que manejaba el comunicador, pero “cuando hicieron la comparación, el sospechoso estaba enyesado y solo tomaron la de los dedos pulgares, y no se pudieron hacer las de las palmas de las manos”, dijo un investigador.

Radio Opoa funciona a lo interno del Instituto Ecuménico de Servicios a la Comunidad (INESCO), organismo que preside el Padre Fausto Milla, un eterno perseguido por las autoridades.

Oscar Antony Torres Martínez

pEra un visionario joven y con mucha motivación para crecer en los medios de comunicación, laboró en Radio Patuca y Doble M Stereo, donde  transmitía programas musicales de diversos géneros. Lo interceptaron en la madrugada del uno de junio de 2014, en la comunidad de Palestina, en la jurisdicción de Patuca Olancho donde murió de varios disparos.

Sin investigar el crimen la policía sigue creyendo que el crimen fue motivado por un supuesto robo y es por eso que se mantiene en la impunidad. Se informó que de este caso había un testigo, que también fue asesinado en días posteriores.

Luis Alonso Fúnez Duarte

pDe cinco disparos lo asesinaron en el barrio La Hoya, de Catacamas Olancho,  el 23 de junio de 2014, era locutor de la emisora Súper 10 de aquella región. Transmitía varios programas de música y dirigía un espacio humorístico de crítica política, denominado, barriendo y trapeando.

La fiscalía informó que los familiares no permitieron que el cadáver del locutor fuera trasladado a medicina forense en Tegucigalpa, para su respectiva autopsia.

Cabe mencionar, que por falta de credibilidad en las autoridades son muchos en el país los casos donde los parientes no permiten que las víctimas sean trasladadas a medicina forense.

Herlyn Iván Espinal Martínez

pPeriodista  del noticiero Hoy Mismo, de Televicentro, desapareció la madrugada del 20 de julio de 2014 y su cadáver fue encontrado dos días después en la comunidad de La Danta, en Santa Cruz de Yojoa en el departamento de Cortes.

El 25 de julio  la policía capturó a Rigoberto Zambrano Espinal, por suponerlo estar involucrado en el crimen y según la policía, al detenido le decomisaron un arma de fuego y el vehículo en que supuestamente lo trasladaron  al periodista y la camisa que vestía el comunicador al momento de su desaparición.  Zambrano es el único que guarda prisión por este delito, pero él, alega que es inocente.

La DNIC informó que la persona sospechosa de darle muerte al comunicador apareció muerto en Talanga Francisco Morazán.

Nery Francisco Soto Torres

pFue ultimado a tiros el 14 de agosto de 2014 cuando ingresaba a su casa luego de cumplir con su jornada laboral en canal 23 de Olanchito, Yoro. La policía descartó que el móvil haya sido el robo, porque con él estaban todas sus pertenencias.

El 28 de agosto de 2014 el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Yoro dictar prisión preventiva contra Carlos Javier Martínez Ponce por elasesinato del periodista Nery Francisco Soto,  el imputado había sido capturado tres días antes.

Martínez Ponce fue capturado y puesto a la orden de los tribunales por suponerlo responsable de asesinato y portación ilegal de armas. En el momento de su detención la policía le decomisó un arma de fuego calibre 9 milímetros. Al comunicador le sobreviven su esposa y dos hijos, uno de tres años y otro de meses de nacido. La DNIC informó que el caso está pendiente de juicio oral y público.

Dorian Argenis Ortez  Rivera

pEra Reguetonero y locutor del programa “El Mundo de los Pequeños Gigantes” en La Nueva 96.1, fue acribillado el 13 de octubre de 2014, entre la 6 y 7 calle, 3 avenida del barrio El Centro de San Pedro Sula. Su caso quedó en la impunidad.

Reynaldo Antonio Paz Mayes

pMurió violentamente el 15 de diciembre de 2014 en Comayagua y el 15 de marzo de 2015, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, a  través de la Unidad de Muertes de Alto Impacto, presentó Requerimiento Fiscal contra José Santos López Maldonado, por suponerlo responsable del delito de Asesinato en perjuicio del comunicador social.

Según el informe de la DNIC, a las 9:00 de la mañana de ese día, en un campo de fútbol, en las cercanías de la Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua,  Paz Mayes, mientras hacía ejercicios recibió varios impactos de bala que le segaron la vida.

El dictamen preliminar de Medicina Forense, detalló que el occiso presentaba lesiones por arma de fuego en parte lumbar con orificio de salida en abdomen y herida a la altura de espalda alta con orificio de salida en la parte frontal y lado izquierdo, mismas que le provocaron la muerte de forma instantánea.

La Fiscalía solicitó al Juez competente, admitiera realizar tres allanamientos, dos en la colonia 10 de Mayo y otro en la colonia 1 de Mayo, donde detuvieron López Maldonado, quien fue identificado como autor material del hecho. Este caso espera ser elevado a juicio oral y público.

Carlos Fernández

pEl 6 de febrero de 2015 fue asesinado en Roatán Islas de la Bahía, el periodista Carlos Fernández, quien dirigía un programa noticioso en canal 27 de esa localidad. El hecho ocurrió a las 10 de la noche, minutos después de salir de sus labores y mientras se dirigía a su casa de habitación.

Luego de varias diligencias ordenadas por un fiscal, la policía capturó por tráfico de drogas  a Gabriel Amador Moradel y una vez  capturado la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida presentó el Requerimiento Fiscal y lo acusó del asesinato del comunicador social. La DNIC informó que este caso está pendiente de ser elevado a juicio oral y público.

Últimos asesinatos

A nivel oficial no aparecen registradas las muertes violentas de los comunicadores sociales, Artemio Deras Orellana, asesinado a tiros en Valladolid Lempira y  Cristel Joctan López Bermúdez,  en la capital.

Deras Orellana era presentador de un programa católico de Radio 94.1 y  fue asesinado a tiros,  junto al Juez de paz, Jorge Pérez Alemán en Valladolid el 23 de abril de 2015,  cuando se dirigían a sus casas en el carro de Pérez. Al día siguiente en Tegucigalpa también murió tiroteado, Cristel Joctan, quien se desempeñaba como editor y camarógrafo de VTV Canal 9.

Nadie desconoce que los últimos años Honduras ha sido víctima de la violencia y que mayoría de crímenes son cometidos con arma de fuego, que en este país, las municiones se venden sin control alguno y que la Ley autoriza a que cada ciudadano pueda tener en su poder hasta cinco armas de fuego. Datos oficiales indican que de 283 mil armas con permiso, solo 48 mil  pasaron la prueba de balística para efectos de investigación criminal.

En muchas ocasiones organismos internacionales han calificado a Honduras como el país más violento del mundo y como el más riesgoso para el ejercicio del periodismo, pero las autoridades,   sin demostrarlo científicamente, argumentan que la muerte de los comunicadores sociales no tiene nada que ver con el ejercicio de su profesión, una posición que en lugar de beneficiar a la población incentiva a los criminales a seguir operando en plena libertad.

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Honduras debe demostrar genuino compromiso con la libertad de expresión en la revisión de la ONU

Viernes, 08 Mayo 2015 04:13 Written by  Published in Monitoreo de compromisos internacionales Read 14 times

El Estado de Honduras debe cumplir sus promesas a la comunidad internacional para proteger a los periodistas, combatir la impunidad de los ataques y proteger la libertad de expresión, dando un relato honesto de los avances y deficiencias en las Naciones Unidas en Ginebra el viernes, dijo PEN Internacional este 07 de mayo, a pocas horas de que Honduras sea sometido al Examen Periódico Universal, EPU, en Ginebra, Suiza.

El segundo Examen Periódico Universal (EPU) del historial de derechos humanos de Honduras se llevará a cabo en el contexto de la espiral de la violencia contra periodistas en el país y la creciente restricciones en su capacidad para trabajar con libertad, a pesar de las promesas hechas en sentido contrario en la revisión anterior en noviembre de 2010.

“El EPU de Honduras el 8 de mayo no debe ser sólo de hacer discursos para masajear la imagen internacional del país”, dijo Dina Meza, presidente de PEN Honduras. “Exigimos la acción y no palabras”.

“Además de la aceptación de las recomendaciones, el Estado hondureño debe presentar un cronograma de acciones planificadas que pueden ser monitoreados por la comunidad internacional con el objetivo de dar una respuesta rápida a las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto.”

Opinión de mañana es probable que incluya la discusión de la aprobación del Congreso de Honduras ‘el 15 de abril 2015 una ley para proteger a los periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y profesionales de la justicia, después de casi dos años en la tubería. La aprobación de una ley destinada a proteger a los periodistas es un paso positivo que PEN ha pedido en el pasado.

Sin embargo, el mecanismo oficial de protección establecido por la presente ley sólo se puede implementar de manera significativa si se asigna suficientes recursos financieros, humanos y técnicos, e incluye la plena participación de periodistas y otros organismos representativos de la sociedad civil.

Por otra parte, ningún mecanismo de protección puede mejorar la seguridad si se permite la impunidad de los ataques a los periodistas a persistir.

A pesar de los compromisos asumidos por el Estado de Honduras en el último UPR, las administraciones actuales y anteriores han mostrado una falta de voluntad política para investigar violaciónes de la libertad de expresión y proteger a periodistas, mientras que numerosas iniciativas para luchar contra la impunidad han dado escasos resultados concretos.

Al menos 30 periodistas han sido asesinados en Honduras desde el último examen periódico universal y al menos 48 desde 2003. Las condenas sólo se han obtenido para cuatro de estos asesinatos, con el 44 restante sin resolver – una tasa de impunidad de casi el 92 por ciento. Incluso en los casos de condenas, la justicia es sólo parcial y ninguno de los autores intelectuales han sido procesados.

Mientras tanto, nuevas leyes y prácticas introducidas desde la última UPR restringen cada vez más la capacidad de los periodistas e investigadores para trabajar libremente en Honduras.

La Ley Especial de 2011 sobre la interceptación de comunicaciones privadas ha sido criticado por ser contraria al derecho a la privacidad y potencialmente permitir la vigilancia arbitraria por el Estado.

La Ley 2014 de Secretos Oficiales y clasificación de la información abroga efectivamente el acceso de 2006 a la ley de información, prestación de dicho acceso arbitraria y depende del capricho de los funcionarios individuales.

Es preocupante que el actual gobierno ha priorizado también-des una promesa hecha por la administración anterior para despenalizar parcialmente la difamación, que todavía se castiga con hasta cinco años de prisión. Esto tiene un efecto amedrentador sobre periodistas, contra los cuales dichas demandas a veces son llevados con la intención de silenciar a ellos – como lo ilustra el caso de la periodista de TV Globo, Julio Ernesto Alvarado, miembro fundador del PEN Honduras.

Alvarado fue condenado a prisión y trabajos prohibición de 16 meses ‘en diciembre de 2013 para informar sobre las denuncias de corrupción por un decano de una universidad estatal. El Estado de Honduras ha ignorado hasta la fecha una sentencia noviembre 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de suspender la sentencia mientras se investiga el caso. El caso fue destacado por el Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión de World Press Freedom Day en 03 de mayo 2015 que subraya la importancia de la despenalización de la difamación en las Américas.

A pesar de los compromisos internacionales del Estado de Honduras a respetar y promover los derechos culturales, escritores en el país han lamentado la falta de inversión en el sector cultural y de una política a largo plazo para promover la formación, la producción y la investigación, sobre todo desde el golpe.

El estado también ha fallado en cumplir su promesa de 2010 para firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y, lo que daría hondureños el derecho a presentar quejas individuales ante la ONU acerca de la violación de estos derechos.

PEN Internacional pide a las autoridades hondureñas a:

· Mejorar las investigaciones de los crímenes contra periodistas mediante el desarrollo de recursos adecuados, protocolos especializados dentro de la Oficina del Fiscal Público (Ministerio Público) que priorizan cualquier vínculo con su profesión, y garantizando que todos los fiscales y policías que participan en este tipo de investigaciones tienen un conocimiento profundo de la labor periodística y los derechos humanos

· Asegúrese de que la nueva ley de protección al periodista se aplique con eficacia a través de suficientes recursos financieros, humanos y técnicos y la participación significativa de los periodistas y otros organismos representativos de la sociedad civil

· Despenalizar la difamación y que sea un delito civil

· Revisar la Ley de Secretos Oficiales y clasificación de la información para asegurarse de que no se puede utilizar para restringir ilegalmente el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a recibir información

· Derogar la Ley Especial de Interceptación de Comunicaciones Privadas y asegurar que se revisan que todas las prácticas actuales de vigilancia para garantizar que se cumplen las normas internacionales sobre el derecho a la privacidad y la libertad de expresión

· Desarrollar e implementar una política nacional adecuadamente financiado y no discriminatorio para fomentar la formación, la producción y la investigación en la cultura y las artes en plena consulta con todos los sectores de la sociedad civil

· Firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Para leer las recomendaciones completas del PEN, haga clic aquí

 

Para firmar una petición al Estado hondureño a suspender la sentencia de Julio Ernesto Alvarado en línea con la decisión de la CIDH, haga clic aquí (sólo en español)

 

Para leer una declaración del PEN Honduras, haga clic aquí.

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Versión Estatal: Honduras cumple el 82% de las recomendaciones del EPU

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Ginebra, Suiza, 8 de mayo.- “Honduras ha cumplido 106 de las 129 recomendaciones hechas en el primer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) en 2010, es decir, hemos cumplido el 82 % de las recomendaciones y 20 de ellas, que corresponden al 16 %, están en proceso de ser cumplidas. Únicamente tres recomendaciones, igual al 2 %, no se han cumplido. Estos números hablan del compromiso del Estado de Honduras con los derechos humanos y se han logrado por medio de una serie de esfuerzos”, manifestó el Ministro Coordinador del Gabinete y jefe de la misión, Jorge Ramón Hernández Alcerro.
Lo anterior lo expresó en el marco de la 22 Sesión del Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde el Estado hondureño mostró los cumplimientos a las recomendaciones que le hicieron en 2010 los países miembros del organismo mundial. El Estado de Honduras presentó su primer informe del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos, en 2010. Entonces, se formuló una serie de recomendaciones, las cuales el Estado hondureño ha venido cumpliendo en el curso de los últimos cinco años.
En 2013, como una muestra de su compromiso con los derechos humanos, Honduras presentó un informe voluntario de medio término. Adicionalmente, con la asistencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, el Gobierno condujo un extenso proceso de consulta para la elaboración de la Política Pública y el Plan Nacional de Acción de los Derechos Humanos, los cuales fueron aprobados.
En febrero 2015, después de una amplia discusión institucional y el acompañamiento de la sociedad civil, se presentó el informe nacional con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos. El actual informe cubre del último trimestre de 2010 al primer trimestre de 2015. El mismo coincide con una parte importante del Gobierno del expresidente Porfirio Lobo y el primer año del mandato del Presidente Juan Orlando Hernández.
Honduras vive una nueva etapa, un nuevo momento histórico. En el último lustro se han garantizado las libertades individuales y el ejercicio de los derechos políticos; se celebraron dos elecciones generales para presidente, diputados y alcaldes, con la participación de nuevas fuerzas políticas, con un amplio espectro ideológico. Actuamos plenamente en todos los foros internacionales; conducimos activas relaciones diplomáticas con más de cien países, y los intercambios comercial, financiero y de servicios nos han permitido tener un crecimiento positivo de nuestra economía. Los avances en materia de seguridad ciudadana y de los programas de protección social son muy importantes, explicó Hernández Alcerro.
En su exposición integra manifestó que Honduras ha cumplido 106 de las 129 recomendaciones hechas en el primer ciclo del EPU en 2010, “es decir, hemos cumplido el 82 % de las recomendaciones y 20 de ellas, que corresponden al 16 %, están en proceso de ser cumplidas”. “Únicamente tres recomendaciones, igual al 2 %, no se han cumplido. Estos números hablan del compromiso del Estado de Honduras con los derechos humanos y se han logrado por medio de una serie de esfuerzos, algunos de los cuales mencionaré a continuación.
Comparecemos pues a este segundo ciclo del EPU imbuidos de un espíritu constructivo porque reconocemos que el EPU ofrece un espacio invaluable para el diálogo con la sociedad civil y la comunidad internacional. El Estado de Honduras actúa con todas sus instituciones en materia de derechos humanos, por esa razón ha enviado una delegación del más alto nivel.
Permítanme presentar a sus distinguidos integrantes:  Jorge Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Yury Sabas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del  Congreso Nacional, Abraham Alvarenga, Procurador General de la República; Rigoberto Chang Castillo, ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Ana Aminta Madrid, Ministra-presidente del Instituto Nacional de la Mujer; Karla Cueva, viceministra de Derechos Humanos; Olga Alvarado, viceministra de Desarrollo e Inclusión Social; Ramón Carranza, viceministro de Trabajo y Previsión Social; Giampaolo Rizzo, Embajador representante permanente alterno, Chargé d’Affaires a.i.
“Algunos de ellos intervendrán después de mi declaración, a efecto de referirse a temas específicos bajo su responsabilidad”, refirió Hernández Alcerro.
Marco normativo e institucional
• Reformamos el Código Penal para tipificar el delito de desaparición forzada de personas.
• Adecuamos a los estándares internacionales el tipo penal de la tortura y los delitos de discriminación e incitación al odio.
• El Congreso Nacional eligió el nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) mediante un proceso competitivo, público y con la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. El CONADEH ejecuta su “Plan Vanguardia de la Dignidad Humana” en línea con los Principios de París y su presupuesto ha sido fortalecido.
• Por su parte, el poder Ejecutivo creó la Secretaría de Derechos Humanos en el Gabinete de Gobierno, a ella se adscribió el Despacho de Justicia y luego se integraron los Despachos de
Gobernación y Descentralización.
• Se creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y se cumplieron o están en vías de cumplimiento 69 de sus 84 recomendaciones.
• Se aprobó la Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, la cual incluye las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Solamente en el primer año de Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández se han ejecutado 269 acciones de las 1,200 que contiene el Plan.
Cumplimiento de compromisos e interlocución con organismos internacionales de derechos humanos
• En el Sistema de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Honduras hizo un esfuerzo serio por rendir los informes a los órganos de los tratados de los cuales somos parte. Los mismos fueron producidos en el marco de procesos de información y consulta con la sociedad hondureña.
• En el marco de la invitación abierta de Honduras a los procedimientos especiales de Naciones Unidas, se recibieron las visitas de cinco relatores especiales y grupos de trabajo. Sus recomendaciones fueron tomadas en cuenta en la Política Pública y el Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos. 
• También se han formulado invitaciones a los relatores especiales de Pueblos Indígenas y de Desplazados Internos.
• Por parte del sistema interamericano de derechos humanos, Honduras recibió otras cinco visitas de relatores especiales y de la Comisión IDH.
• En el ámbito jurisdiccional interamericano, el Estado de Honduras ha cumplido con las sentencias dictadas por la Corte IDH.
• La Secretaría de Derechos Humanos ha creado una Dirección de Investigación y Cumplimiento de Compromisos Internacionales.
• Desde el informe del primer ciclo, el Congreso Nacional ha ratificado seis instrumentos internacionales sobre personas con discapacidad; municiones en racimo; apátridas; discriminación en la enseñanza; promoción de la consulta tripartita; normas mínimas de seguridad social; y también retiró las reservas sobre el Estatuto de los Refugiados.
• Además se aprobó legislación complementaria a algunos de estos compromisos como: la Ley del Consejo Económico y Social; la nueva Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos; y la discusión de la Ley Marco de Previsión Social.
• A los actos legislativos hay que agregar el depósito por parte del Poder Ejecutivo de importantes instrumentos de protección de los derechos humanos sobre: la abolición de la pena de muerte; los derechos económicos, sociales y culturales; y la eliminación de la discriminación contra personas con discapacidad. También se depositó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
• Promoción y protección de los derechos humanos: reducción de homicidios, lucha contra la impunidad y disminución de la violencia.
• Honduras ha sido víctima de la agresión de la criminalidad organizada. Como consecuencia, sufrió de altas tasas de homicidios
• El gobierno del presidente Hernández ha tomado contundentes medidas para combatir el crimen organizado.
• Honduras es un territorio hostil para los narcotraficantes. Otorgó siete extradiciones de nacionales y tres de extranjeros. Dos hondureños extraditables se entregaron voluntariamente.
• Constituimos efectivos escudos aéreo, marítimo y terrestre para impedir e interceptar el paso de la droga.
Señor Presidente
Como resultado de esta decidida política, Honduras dejó de ser el principal puente del tráfico de drogas entre el sur y el norte de América.
• Las tasas de homicidios han caído dramáticamente de 86.5 a 66.4 por cada 100,000 habitantes y la tendencia sigue hacia la baja.
• Con ello Honduras ya no es el país más violento del mundo
• En poco tiempo hemos logrado hacer importantes avances en proteger el primero de todos los derechos humanos: el derecho a la vida.
• De 2012 a la fecha la Fiscalía de Derechos Humanos ha incoado 53 acciones penales relacionadas con malos tratos a personas detenidas y se han obtenido 16 sentencias
• Igualmente, la política de seguridad ciudadana combate la impunidad.
• Para ello se hemos reforzado el sistema de seguridad pública con la aprobación de un marco legal e institucional que ha permitido la disminución de los homicidios y de la violencia en general, aunque aún queda mucho por hacer.
• Se aprobó la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; la Ley de Seguridad Poblacional que prevé una tasa para financiar el esfuerzo en seguridad; la Ley Especial para la Depuración Policial; la Ley General de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza; y la Ley de la Policía Militar del Orden Público.
• La Policía Nacional ha sido sometida a un proceso de profunda reforma. Mediante la introducción de las pruebas de confianza, han cesado en su cargo 1,365 policías.
• En el primer trimestre de 2015 se han presentado 117 denuncias por supuestas violaciones a derechos humanos por agentes del orden, de las cuales se presentaron 16 requerimientos fiscales, 4 autos de formal procesamiento y seis sentencias.
• En tanto se concluye con el proceso de depuración y fortalecimiento de la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público cumplirá con una función temporal de apoyo a las labores de policía. Esperamos que ese proceso esté concluido en tres años.
• La Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad lleva a cabo inspecciones a las postas policiales sin previo aviso a fin de verificar que se siguen sanas prácticas en materia de derechos humanos. Sólo en el último año ha conducido inspecciones a un 23 % del total de las postas de la policía.
• Para fortalecer la lucha contra la impunidad, la Policía Nacional está en el proceso de cerrar las puertas de la actual Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y abrir un nuevo ente: la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). La nueva institución exigirá un nivel mínimo de educación secundaria a sus agentes. El ingreso se hará mediante la aplicación de pruebas de confianza. Se dará capacitación técnica especializada a los nuevos integrantes. Además, la DPI contará con laboratorios y medios tecnológicos modernos de investigación criminal.
• Entre 2011 y 2015, la Secretaría de Derechos Humanos capacitó en la materia, 9,331 servidores públicos, adicionalmente a 6,777 miembros de los cuerpos del orden público, 1,576 privados de libertad, 608 estudiantes y 213 padres y madres de familia, para un total de 18,505 personas.
• De una parte, las Fuerzas Armadas han formado 17,000 personas, entre aspirantes a soldados, policías militares del orden público, estudiantes de las academias militares, oficiales y personal auxiliar.
• De otra parte, de enero 2014 a 2015 la Secretaría de Seguridad ha formado en derechos humanos a 7,737 miembros de la carrera policial.
Señores Delegados
• Se ha hecho un esfuerzo especial para investigar los homicidios contra los colectivos. Para ello se creó la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Unidad de Investigaciones de Alto Impacto dedicada a conocer con exclusividad los casos de homicidios de la comunidad LGTBI, periodistas, operadores de justicia, niños y jóvenes.
• Se han judicializado 42 casos de homicidios contra personas de la comunidad LGTBI, 12 casos de periodistas y 11 de abogados.
• El Congreso Nacional creó la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) adscrita al Ministerio Público y encargada de investigar 21 delitos graves y de alto impacto social.
• En relación al homicidio de mujeres se presentaron 549 acusaciones y se han obtenido 203 sentencias condenatorias.
• Por otro lado, el poder Ejecutivo aprobó la Política Nacional de Prevención de la Violencia hacia la Niñez y la Juventud de Honduras a efecto de disminuir los factores de vulnerabilidad y victimización de menores, adolescentes y jóvenes. Además de la una nueva institución para la niñez, la adolescencia y la familia (DINAF); se creó el Gabinete de Prevención de la Violencia.
• Para ayudar a reducir la intensidad del conflicto en el valle del Bajo  Aguan, el Poder Ejecutivo creó la Fuerza de Tarea Xatruch, la Fiscalía abrió la Unidad de Investigación de Muertes Violentas del Bajo Aguan (UMVIBA) y la Secretaría de Derechos Humanos conformó la Comisión Interinstitucional para el abordaje integral al conflicto del Bajo Aguan, acciones que han favorecido el diálogo, la seguridad y la articulación de los operadores de justicia.
• Todas estas acciones han resultado en que entre 2014 y 2015 no se registró ningún homicidio ni muerte violenta vinculada a conflictos sociales.
• En cuanto a la protección de las personas en riesgo, el Gobierno de la República ha cumplido con las medidas cautelares aprobadas por la Comisión IDH y las medidas provisionales dictadas por la Corte IDH, las cuales han disminuido significativamente en número, por juzgar estos organismos que ya no existen las circunstancias que las motivaron, quedando ejecutadas apenas 35 medidas cautelares y una en proceso de ejecución; y 3 medidas provisionales ordenadas por la Corte IDH.
• El monitoreo de las medidas cautelares está a cargo de la  Secretaría de Seguridad la cual acordó con el Ministerio Público hacer el monitoreo de manera conjunta, ello asegurará mejores resultados en la investigación de los hechos que originaron dichas medidas.
• Es importante destacar también, que en la protección de las personas en riesgo, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia la cual está siendo reglamentada de forma participativa e incluyente. La ley prevé una serie de medidas preventivas, de protección y de urgencia según el tipo de riesgo de cada persona y la creación del sistema de protección adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos. Además contará con el Consejo Nacional de Protección de las personas beneficiarias de la ley.
• Aún antes de contar con esta ley, el Estado de Honduras ejecutó 71 medidas de protección a igual número de beneficiarios, entre ellos defensores de derechos humanos y periodistas.
• De la misma forma hay que resaltar las medidas contra la trata de personas, contenidas en la recientemente aprobada Ley contra la Trata de Personas, la cual le da fundamento legal a la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas, la cual tiene una amplia participación de la sociedad civil, gobiernos locales y autoridades nacionales.
• Una especial mención requiere la creación e integración del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV). El Comité se ha consolidado como una institución nacional, independiente, con autonomía administrativa, técnica y presupuestaria. Realiza una importante actividad. Sólo en 2014 llevó a cabo más de 200 visitas a diferentes centros de privación de libertad, la mayor parte sin previo aviso. Ha capacitado a operadores de justicia, policías, militares, privados de libertad y miembros de organizaciones no gubernamentales.
• La Fiscalía Especial de Derechos Humanos realiza semanalmente inspecciones in situ a los centros de detención velando por los derechos de los detenidos.
• El Ministro de Derechos Humanos y Justicia se referirá a los avances y retos en materia penitenciaria y migratoria.
Democracia y Participación
• El Congreso Nacional reformó la Constitución de la República a fin de permitir el plebiscito, el referéndum y la iniciativa ciudadana para presentar proyectos de ley.
• También se hizo una reforma constitucional para incluir la garantía del hábeas data como mecanismo de protección de los datos privados y los derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen.
• Se introdujo también una reforma constitucional de la figura del juicio político y se emitió la ley para regularlo.
• El Poder Legislativo aprobó una reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas y mediante una medida afirmativa, estableció una cuota obligatoria de participación para las mujeres del 50% para las elecciones primarias y generales de 2016 y 2017. Asimismo mandó que se destinara el 10% del financiamiento público a los partidos políticos para la capacitación y promoción política de las mujeres.
• El derecho de asociación está garantizado mediante la emisión de la Ley Especial de Fomento para las Organizaciones No-Gubernamentales de Desarrollo.
• Igualmente se fortaleció el derecho de asociación mediante la aprobación de la Ley de Patronatos y Asociaciones Comunitarias  la cual promueve las organizaciones de vecinos y pobladores.
Desarrollo y Equidad
• Los temas de Igualdad y Equidad de Género en Honduras y medidas contra la violencia doméstica e intrafamiliar, serán abordados por la Señora Ministra-Presidente del Instituto Nacional de la Mujer.
• En relación a los derechos de los pueblos indígenas, el Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández impulsa el acceso a la tierra. Han sido registrados y en los próximos treinta días serán entregados por el presidente, ocho títulos a Consejos Territoriales del pueblo misquito, con una extensión de 924,463.15 hectáreas. Estas tierras se suman las 107,323.77 hectáreas tituladas a otros dos Consejos Territoriales en el Gobierno del presidente Porfirio Lobo. Quiero destacar que esta es la primera experiencia de titulación indígena en América Latina.
• La Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) trabaja con la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (COMPAH) en la elaboración del proyecto de Ley de la Consulta Previa e Informada para Pueblos Indígenas.
• La Secretaría de Derechos Humanos ha reactivado la Comisión Nacional contra la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia.
• Debemos mencionar que el Poder Ejecutivo creó la Comisión Interinstitucional para la Atención de la Pesca por Buceo (CIAPEB) para proteger a los indígenas misquitos que se dedican a esta actividad y ejecutar un plan estratégico plurianual.
• Se han ejecutado 27 proyectos de desarrollo productivo y ambiente y 50 proyectos de obras comunitarias para pueblos indígenas y afro hondureños.
• Con respecto a la población de la diversidad sexual, este año se ha priorizado la ejecución de 20 acciones del Plan Nacional de Derechos Humanos a favor de este colectivo. Las acciones incluyen reformas legales para desalentar la discriminación, la sensibilización de servidores públicos, la subvención de programas de formación y la rendición de informes periódicos sobre avances en la materia por parte de las Secretarías de Estado. Se han judicializado 42 casos de homicidios contra personas de la comunidad LGTBI.
Derechos económicos, sociales y culturales y combate a la pobreza
• La política de protección social del gobierno del Presidente Hernández encuentra su mejor expresión en el Programa Vida Mejor. La Viceministra de Desarrollo e Inclusión Social hablará sobre el mismo después de mi intervención.
• En el área de la salud se destaca el Plan Nacional de Salud con base en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• Debe destacarse el nuevo procedimiento de adquisición de medicamentos que garantiza la transparencia en el sistema público de salud teniendo como veedor a la sociedad civil.
• El país ha alcanzado una cobertura de vacunación cercana al total de niños y niñas. La BCG reporta una cobertura de 99 %, la Pentavalente 3 de un 95 %, la Sabin 3 de un 96 %, y la SRP de 88 %.
• En enero de 2014 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Vacunas, que establece que son un derecho de la niñez y una obligación de los padres y del Estado.
• Se reformó la Constitución de la República para incluir el derecho al agua y saneamiento.
• Reforma a la Ley de VIH para incorporar a la misma el enfoque de derechos humanos. La Ley Nacional Renal, Ley de Fomento y Protección a la Lactancia Materna, Ley de Donación y Trasplante de Órganos Anatómicos en Seres Humanos, Ley para la Prevención y Control del Dengue y la Ley de Regulaciones para la Venta de Productos Agropecuarios con Distintos Grados de Toxicidad.
• Elaborado y puesto en marcha el Plan de Prevención del Embarazo en Adolescentes.
• En el área de la educación hay que señalar la emisión de la Ley Fundamental de Educación y la promulgación de sus 22 reglamentos. Se ha complementado la reforma educativa con la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y Participación Comunitaria  y la Ley de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad y Equidad de la Educación.
• Desde 2013 se ha dado cumplimiento a los 200 días de clase en el sistema educativo público, a ello ha contribuido la ley que obliga a mantener las escuelas abiertas.
• Como avances en educación debe ponerse en relieve la aplicación de las pruebas nacionales de rendimiento académico en Español y  Matemáticas y la primera evaluación censal del desempeño docente en Honduras.
• En el sector del ambiente se aprobó la Ley de Cambio Climático para dar continuidad a los esfuerzos de Honduras de dar cumplimiento a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1995, y la aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático en 2010.
• También se ha establecido el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.
• Se destaca la Política para la Gestión Ambientalmente Relacional de Productos Químicos en Honduras y la instalación de la Comisión para este fin.
• Se han aprobado además el Convenio Internacional de maderas Tropicales, la Enmienda de Gaborone al texto de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas en Fauna y Flora Silvestre.
• La Secretaría de Energía, Ambiente y Minas desarrolló el Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas para compartir elementos del enfoque de derechos en la conservación, modos de gobernanza inclusivos en la creación y manejo de áreas protegidas sobrepuestas en territorios de pueblos indígenas
• En la actualidad se realizan jornadas de socialización de acciones para la aplicación del Artículo 8 del Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a Recursos Genéticos y la Distribución Justa y Equitativa que deriven de su utilización  por medio del proceso de participación y consulta previa, libre e informada del Programa AVA FLEGT.
Niñez, adolescencia y familia
• El gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández creó la nueva Dirección en materia de niñez, adolescencia y familia: DINAF
• Está en proceso de ratificación el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional. Al mismo tiempo se terminó el Proyecto de Ley de Adopciones que será incorporado en la agenda legislativa 2015.
• DINAF ha celebrado un acuerdo con 34 Gobiernos Locales para iniciar el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez, articulando el nivel local y nacional por medio de las Mesas de Protección de la Niñez.
Justicia Restaurativa
• La DINAF ha creado el Programa de Justicia Penal Especial, retomando el subprograma de medidas alternativas. DINAF hace además el seguimiento a los programas de reintegración social.
• En asociación con la Orden de los Terciarios Capuchinos ha iniciado el diseño de la metodología reeducativa y el programa de medidas alternativas a la privación de libertad, con énfasis en la justicia restaurativa, esta consiste en trabajo comunitario con el apoyo de las iglesias, alcaldías y movimientos juveniles.
• La Gerencia de Justicia Penal Especial brinda atención integral a 304 niños y niñas infractores en 5 complejos pedagógicos.
• 189 niños son atendidos con medidas alternativas a la privación de la libertad.
• Los programas de Justicia Penal Especial han sido introducidos por Honduras en el Plan Alianza para la Prosperidad.
Maltrato Infantil
• La protección de niños y niñas contra el maltrato es un principio en la Constitución de la República de Honduras. El Congreso Nacional aprobó la reforma integral a los Códigos de la Niñez y de la Adolescencia, así como al de Familia.
• Se tomó en cuenta las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y se precisaron los tipos penales de hostigamiento sexual y maltrato por transgresión, se prohibió además utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante, degradante, cruel e inhumano, como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescentes.
• El primer trimestre de 2015, DINAF realizó 4,375 atenciones e intervenciones sobre el maltrato infantil a nivel nacional.
Explotación Sexual y Trata de Personas
• La Ley contra la Trata de Personas creó la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT).
• El 30 de marzo del 2014, el presidente Juan Orlando Hernández  reinstaló la CICESCT y asignó fondos gubernamentales para la Comisión.
• De 2009 a 2014 se contabilizaron 74 casos de Trata en investigación, 16 judicializado y 4 sentencias. Con respecto a la explotación sexual comercial se investigaron 127 casos, 39 judicializado y 31 sentencias.
• En  2013 y 2104 se atendieron 197 víctimas de Explotación Sexual Comercial y Trata.
Señor Presidente
Señoras y Señores Delegados
Apertura de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos
Para terminar quiero expresar la viva complacencia del presidente Juan Orlando Hernández por la próxima apertura en Tegucigalpa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Como todos saben, esta fue una iniciativa del propio Gobierno de Honduras. Creemos que la Oficina contribuirá a fortalecer el sistema nacional de protección de los derechos humanos. Además será un centro de diálogo con la sociedad hondureña y la comunidad internacional en esta materia. También su presencia in situ le permitirá monitorear la situación de derechos humanos en el país y reportar de manera objetiva. Asimismo, por medio de ella, el Alto Comisionado podrá apoyarnos con asistencia técnica a nuestras instituciones.
Honduras expresa su agradecimiento al Alto Comisionado por esta importante cooperación. De manera especial agradecemos el apoyo de países amigos que hizo posible la apertura de la Oficina. Vemos el futuro de manera muy promisoria para nuestro país. El inicio de este proceso cooperativo vendrá a fortalecer sin duda la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro país.
CONCLUSIONES
Señor Presidente 
Distinguidas señoras y señores delegados
Permítame concluir esta revisión de la situación de los derechos humanos en Honduras, agradeciendo la participación de los Estados miembros en la sesión de esta mañana. Igual agradecimiento a usted Señor Presidente y a los distinguidos miembros del Consejo que la han conducido con tanta objetividad y destreza. La Delegación de Honduras ha escuchado con el mayor interés y atención las participaciones, observaciones, recomendaciones y sugerencias. En los días que vienen las consideraremos con detenimiento porque entendemos que el diálogo que hemos sostenido genera una oportunidad de profundizar en estos temas, analizar nuestro progreso y los retos que tenemos enfrente. El EPU abre sin duda la oportunidad de una mejoría continua de los derechos humanos en el país.
El Estado de Honduras está comprometido en hacer un seguimiento permanente del proceso del EPU. Para ello estamos trabajando en el establecimiento de un Observatorio de Derechos Humanos. Fortaleceremos el papel de la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia para dar respuesta a los diferentes informes que el Estado está comprometido a rendir. Al mismo tiempo completaremos el sistema de monitoreo y evaluación de los indicadores de la Política y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y estimularemos la continuación del diálogo con la sociedad civil.
El balance que hemos hecho este día demuestra que Honduras ha realizado en el curso de los últimos dos gobiernos, un especial esfuerzo por mejorar las condiciones de seguridad ciudadana, lucha contra la impunidad, consolidación de un sistema de protección social, adelantar en la efectividad y eficiencia de la prestación de servicios de educación y salud, previsión social, derechos políticos, inclusión de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y avances en materia de equidad en nuestra sociedad.
Quedan sin duda muchos retos estructurales, culturales e institucionales que debemos vencer. Hay todavía demasiada pobreza, desigualdad e inequidad. Es por ello que estoy convencido que el país necesita que todas las fuerzas sociales, económicas y políticas mantengamos un compromiso de largo plazo para alcanzar nuestra Visión de País por medio del Plan de Nación. Que juntos los hondureños, con el apoyo de los amigos de la cooperación internacional, construyamos la Honduras que anhelamos: libre de pobreza extrema, educada, sana, democrática, con seguridad y sin violencia.
Muchas gracias”.
Declaración de Jorge Rivera Avilés: Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
“Buenos días para todos y todas.
El Poder Judicial de Honduras saluda muy respetuosamente al Señor Presidente, Miembros del Consejo de Derechos Humanos, y a las distinguidas delegaciones de los Estados Observadores.
En el año 2011 el Congreso Nacional aprobó la Ley que crea el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Este ente  separa la función de gobierno de la función jurisdiccional dentro del sistema judicial. Con el Consejo de la Judicatura se eliminaron los nombramientos a discreción o nombramientos políticos de nuestros juzgadores. Estamos orgullosos de que el 95 % de los funcionarios de los tribunales de segunda instancia, cúspide del sistema de carrera, tiene una antigüedad, de al menos, 20 años.
Para equilibrar el derecho de los ciudadanos a exigir rendición de cuentas por la conducta de los funcionarios judiciales y el derecho de éstos a su estabilidad, se garantiza que todas las decisiones del Consejo de la Judicatura sean revisables ante la jurisdicción ordinaria y lo constitucional.
Señor Presidente
El Estado de Honduras también ha avanzado en importantes medidas para proteger a los jueces de factores externos que amenazan su independencia tales como la violencia derivada de la criminalidad organizada, con este fin se creó la figura de los jueces nacionales quienes conocen de casos relacionados con criminalidad organizada.
En la esfera de la promoción del acceso a la Justicia, me complace informar que Honduras es parte, a través del Poder Judicial del “Programa Facilitadores Judiciales para fortalecer la Democracia en las Américas” de la Organización de los Estados Americanos. Este programa tiene como objetivo reforzar el acceso a la justicia al  ciudadano que habita en las áreas rurales más aisladas, estableciendo un servicio con cobertura nacional administrado por el Poder Judicial.
El Programa existe en 165 de sus 298 municipios, beneficiando a  733 mil personas. El Poder Judicial también ha puesto en marcha iniciativa estatal CAPRODEM, Centro de Atención y Protección de los Derechos de las Mujeres, con participación de la sociedad civil que pone en práctica acciones coordinadas para asistir y asesorar a mujeres víctimas de violencia.
La Defensa Pública, adscrita al Poder Judicial, también ha provisto recursos humanos especializados para atender de manera exclusiva a la mujeres. Los defensores y defensoras a cargo están comprometidos con actividades que van más allá de la defensoría, e  incluye capacitación y sensibilización para el empoderamiento de las mujeres privadas de libertad. Justicia de paz orientada a la promover la conciliación. También quiero destacar el nuevo enfoque adoptado por la justicia de paz en Honduras como un paso previo para implementar el paradigma de la justicia restaurativa.
También, quiero referirme al caso de los jueces separados de sus cargos en 2009, coincidiendo con la crisis político-institucional en Honduras ese mismo año. A este respecto quiero reiterar que las decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia se basó en la comprobación de la comisión de varias infracciones a las disposiciones disciplinarias a las que se encontraban sujetos  dichos ex funcionarios. En estos casos fueron impuestas las sanciones legales previstas para dichas infracciones. Los ex funcionarios tuvieron en su momento a su disposición todos los recursos legales, mismos que hasta la fecha no han agotado.
Concluyo compartiendo con este Consejo que en Honduras se abrió una discusión sobre la oportunidad de nombrar jueces especiales para casos de derechos humanos y en esa ocasión el Poder Judicial  reafirmó el principio de que la responsabilidad de garantizar y proteger los derechos humanos corresponde a todas y todos los jueces y Magistrados de la República.
Muchas gracias  Señor Presidente”.
Declaración de Yury Cristhian Sabas Gutiérrez,  Diputado del Congreso Nacional, Presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos
Señor Presidente
Señores y Señoras Miembros del Consejos Señoras y Señores Delegado de Honduras.
El Congreso Nacional de la República de Honduras tiene como todos los Parlamentos del Mundo la función legislativa pero también una función de control de las actuaciones de los poderes públicos.  El Congreso Nacional está sometido a la Constitución de la República, instrumento que contiene nuestra carta de derechos y que integra todos los tratados internacionales de derechos humanos de los que Honduras es parte como derecho interno. El Congreso Nacional está obligado a respetar los derechos humanos y desempeña un rol esencial en su promoción y protección.
Nuestra Carta Constitucional reconoce la iniciativa de ley ciudadana, por ende los ciudadanos pueden impulsar la actividad legislativa para promover sus derechos. El Congreso Nacional, por su parte, ha venido implementando un nuevo marco de interlocución con organizaciones de la Sociedad Civil, ONGs y otros grupos  interesados en las cuestiones de Derechos Humanos.
En el marco de la “Política de Congreso Abierto”, mantenemos consultas permanentes con estas organizaciones para acoger propuestas. Promovemos mesas de trabajo, jornadas de socialización y foros de discusión, esta práctica, basada en esta nueva política,  es observada en la mayoría de procesos de formación de ley, que han generado una cantidad considerable de decretos legislativos en materia de promoción y protección de derechos humanos, ya mencionados en la intervención del Ministro Coordinador General del Gobierno y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
A través de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional el Parlamento se integra, como un actor más, dentro del Sistema Nacional de Derechos con énfasis en la esfera de la promoción. Interlocutamos, cooperamos y manteemos un diálogo permanente con  las agencias y programas de las Naciones Unidas, tales como UNCTAD, FAO, UNESCO, UNICEF y la Comunidad Internacional en general.
Actualmente en el ámbito de nuestra competencia nos ocupamos de manera prioritaria de temas relacionados con el ejercicio pleno de los derechos de la Niñez, educación, seguridad, desarrollo, Grupos  LGTBI, Comunidades indígenas y afrodescendientes y medioambiente, en coordinación con la Comisión de Equidad de Género en asuntos de la Mujer. Hemos identificado como reto la construcción de una agenda legislativa concertada con las instituciones y la sociedad civil más comprensiva y con un enfoque integral.
Corresponde también al Congreso Nacional la función de velar porque las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar los derechos humanos, tales como: la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos cuenten con los recursos necesarios para cumplir con sus respectivos mandatos. El Congreso Nacional interviene en la elección de estos cargos a través de audiencias públicas y pruebas de confianza, y también tiene la atribución de recibir informes anuales sobre el desempeño  de cada uno de ellos y pronunciarse al respecto.
Deseo concluir, reafirmando ante este Consejo, como representante del Congreso Nacional, que: “la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que todos tenemos la obligación de respetarla y protegerla. Y que la dignidad del ser humanos es inviolable”. Muchas gracias Señor Presidente”.
Declaración de Rigoberto Chang Castillo
Secretario de Estado de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización
“En materia penitenciaria, se aprobó en 2012 la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la creación del Instituto Nacional Penitenciario, la construcción de cuatro (4) nuevos establecimientos penitenciarios, con una inversión de más de 60 millones de dólares de recursos nacionales, para disminuir notablemente el hacinamiento y  contribuir a la gobernabilidad en los 29 centros de privación de libertad.
Se ha formado un nuevo cuerpo de agentes penitenciarios, con énfasis en derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos ha coordinado junto al Instituto Nacional Penitenciario y con la Asesoría del Consejero del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Honduras, el diseño participativo de la primera Política Nacional Penitenciaria la cual está a punto de ser aprobada.
Se aprobó el Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y en la actualidad se diseña la Academia Penitenciaria Nacional. Se ha mejorado sustancialmente la alimentación a las personas privadas de libertad y el mejoramiento de los sistemas hidro-sanitarios y eléctricos de los centros de privación de libertad.
El presidente Juan Orlando Hernández creó en junio de 2014 el Instituto Nacional de Migración para aplicación de la Ley de Migración y Extranjería y para la ejecución de la política migratoria del Gobierno de la República. Uno de los principales logros ha sido la Tecnificación del Registro de Control Migratorio al Sistema Biométrico, y el establecimiento de un mecanismo para el combate de la trata y tráfico de personas.
El Estado de Honduras ha abordado de manera responsable la emergencia de los elevados flujos migratorios de menores de edad no acompañados hacia el norte de América. A través de la articulación institucional e intersectorial coordinada por la Primera Dama a través de la Comisión Especial del Niño Migrante, el Estado ofrece servicios integrales de recibo, revisiones de salud, apoyo psicológico, inserción laboral, capacitación para el trabajo, reinserción escolar, ayuda alimentaria de emergencia, y además ayuda económica para que los menores y las unidades familiares puedan regresar a sus lugares de origen.
La Secretaría de Educación ejecuta el Programa Nacional de Atención Educativa de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes “Porque cada hondureño y hondureña ¡cuentan!” para reinsertarlos al sistema educativo nacional inmediatamente a su retorno al país. Todas estas acciones han hecho posible una sustancial reducción de niños y niñas no acompañados ingresando a la Frontera Sur de Estados Unidos, registrándose 18,244 en 2014 y solamente 1,549 de octubre a marzo de 2015″.
Declaración de Olga Margarita Alvarado Rodríguez, Subsecretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social
“El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ejecuta su política de protección social mediante el Programa Vida Mejor, dirigido a personas en condición de pobreza y pobreza extrema, desarrollando los componentes de vivienda saludable, tales como filtros de agua, letrinas, estufas ecológicas, construcción de pisos de cemento, pilas de almacenamiento de agua, techos y bolsas con alimento solidario, los cuales han beneficiado a más de 100,000 familias.
Se ejecutan programas de apoyo a micro-emprendimientos productivos y a la agricultura familiar, dirigidos particularmente a las mujeres. Recientemente inició el Programa de micro crédito “Tu Banca Solidaria”. Como parte de la política de protección social se creó el Programa Desarrollemos Honduras y Chamba Comunitaria, para la ejecución de proyectos comunitarios dirigidos a generar trabajo a familias pobres. Existe además el Programa Presidencial Bono Vida Mejor, dirigido a madres de familia en condición de pobreza y pobreza extrema. Consiste en transferencias monetarias condicionadas que llegan a 270,000 hogares para el cumplimiento de corresponsabilidades en salud, educación y nutrición, igualmente para el adulto mayor y personas con discapacidad. A través del Programa Merienda Escolar, en escuelas públicas se atienden 1 millón 400,000 niñas y niños, garantizando su retención en el sistema de educación y mayor aprendizaje.
En relación a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes se está consensuando la Política Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial para garantizar su participación social, política y el ejercicio de la ciudadanía intercultural, derecho a la educación intercultural bilingüe, derecho a la salud, a la tierra y recursos naturales. En materia de Derechos humanos en favor de las personas con discapacidad se aprobó la Política Pública y el Plan Estratégico, mediante una consulta participativa e incluyente.  El objetivo de la citada Política es “Garantizar a todas las personas con discapacidad, el goce pleno de sus derechos humanos, facilitando las condiciones para su ejercicio y propiciar a la vez, transformaciones sociales necesarias para lograr el respeto a su dignidad inherente, y el acceso a las oportunidades sociales, en condiciones de igualdad.
Adicionalmente y como muestra de la clara voluntad del Estado de  Honduras en favor de acciones afirmativas para las personas con discapacidad, se subscribió el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las personas con Discapacidad. Asimismo se trabaja en el censo nacional para las personas con discapacidad y se impulsa una alianza con la Asociación de Municipios de Honduras para promover que los Gobiernos Locales cuenten con oficinas de atención a este sector para este sector”.
Declaración de Ramón Fernando Carranza Discua
Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social
“A fin de erradicar el trabajo infantil se ha aprobado el II Plan de Acción Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil que cuenta con el apoyo y responsabilidad compartida de los sectores gubernamental, empleador, trabajador y sociedad civil.
Contempla la conformación de estructuras nacionales, suscripción  de normas internacionales, adecuación de la normativa nacional,  fortalecimiento de capacidades, generación de conocimiento e incidencia política, entre otros; se adoptó la “Hoja de Ruta para hacer de Honduras un País libre de trabajo infantil y sus peores formas”. Para abordar dicho fenómeno el Gobierno suscribió  recientemente un Acuerdo con el de Estados Unidos de América, para ejecutar un Programa denominado: “Futuros Brillantes” con una inversión de 7.5 millones de dólares a cuatro años.
La gestión de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, es garantizar que las condiciones del empleo sean decentes. A través de la inspección el año pasado se beneficiaron 183,219 trabajadores con inspecciones de oficio y a petición de parte.
A través de la gestión de los inspectores y conciliadores para la resolución de conflictos, se recuperó más de mil millones de Lempiras (+ 1,000,000.000) en beneficio de los trabajadores.
Asimismo se realizan mayores esfuerzos en la profesionalización de la Dirección General de Inspección a través de propuestas normativas, entre las que destacan:
1. El Anteproyecto de la Ley de Inspección, el cual está en proceso de socialización con los sectores Obreros, Empresarios y Gobierno dentro del Consejo Económico y Social (CES).
2. Un proceso de auditoría el cual realizará la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Política de Autogestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, promueve la participación activa de las empresas y sus trabajadores para manejar de forma eficiente un programa de prevención de riesgos en el trabajo.
Se creó una comisión tripartita para dar seguimiento al plan de acción de cumplimiento con la denuncia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA). Se ha firmado un acuerdo para la promoción de la inversión, protección del empleo, la salud y el acceso a vivienda de las y los trabajadores del sector textil maquilador hondureño, con el que se beneficia a 130 mil empleados, fijando un salario escalonado por los próximos tres años, acceso a la vivienda de los trabajadores.
La Ley Marco del Sistema de Protección Social, ha sido aprobada por el Gobierno del presidente Hernández y entre otros beneficios, mejorara la cobertura de un 5 % existente, a un 90 %. Gracias al fomento de la inversión del sector privado y reactivación de los sectores agrícola y vivienda, se generaron 175,000 oportunidades de trabajo. Los datos de la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas, reflejan que después de 15 años, se ha tenido una rebaja sustancial en la Tasa de Empleo Autónomo Invisible, pasando del 40 al 34 %.
En el primer trimestre del presente año se han generado 53,000 trabajos mediante los programas de Inserción Laboral creados por el Gobierno: como “Con Chamba Vivís Mejor”, “Chamba Comunitaria”, “Chambita” y “Empléate Plus”. Se ha iniciado el fortalecimiento del Sistema Nacional del Empleo, esta herramienta ofrecerá nuevos y valiosos servicios de entrevistas, pruebas sicológicas, inserción efectiva en la ciudad de La Ceiba y posteriormente se replicará en todo el país. Se trabajó con el Congreso Nacional, el proyecto de Ley Mi Primer Empleo, un esfuerzo por mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
Se trabaja ampliamente con la Comisión Técnica designada por las Centrales Obreras y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y dentro del marco del Convenio 189 de OIT el proceso de socialización de la Ley de los trabajadores por cuenta propia y no asalariados, y para este 2015, se ha puesto como meta la generación de 200,000 oportunidades de trabajo”.
Declaración de Ana Aminta Madrid Paz
Ministra del Instituto Nacional de la Mujer
“El Estado de Honduras posee una enorme determinación para efectuar cambios estructurales en favor de la igualdad de las mujeres. El II Plan de Igualdad y Equidad de Género fue liderado por el Instituto Nacional de la Mujer mediante un proceso de consulta nacional. El PIEGH “instruye a todas las dependencias de la Administración Pública a coordinar esfuerzos y asignar recursos técnicos y financieros para alcanzar sus objetivos”. Se basa en los enfoques de género y de derechos. El Estado asume la función de titular de deberes en torno a la protección, garantía y restitución de los derechos violentados.
El INAM, implementa una estrategia de incidencia y acompañamiento a los poderes del Estado, para consolidar los mecanismos institucionales. Contamos con Unidades de Género en el Poder Judicial, las Secretarías de Salud y Seguridad así como Comisiones de Género en diversos municipios. También se coordinan procesos con los espacios locales en 245 Oficinas Municipales de la Mujer.
El poder Judicial con el INAM, abrió el Centro de Atención y Promoción de los Derechos de las Mujeres (CAPRODEM), para brindar un espacio a las mujeres sobrevivientes de violencia de género y permitirles romper el ciclo de la violencia. En materia de legislación para la igualdad de las mujeres y la garantía del derecho a una vida libre de violencia, el Estado hondureño incorpora la figura del femicidio (Art. 118), e impuso penas severas a los ejecutores de este delito, también se aprobó la Ley Contra la Trata de Personas. Otro avance significativo en materia de políticas de igualdad constituye el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer.
El INAM y la Secretaria de Seguridad forman parte de la Estrategia de Seguridad Centroamericana en el denominado Proyecto B. A. 1 de Prevención de violencia contra las mujeres. Este proyecto prioriza 10 municipios con altas tasas de violencia contra las mujeres, promoviendo la organización social y la participación comunitaria permanente en los procesos de prevención de violencia contra las mujeres y la creación de redes locales que la combaten.
El Estado de Honduras ha lanzado una fuerte campaña dirigida al sector público para erradicar las prácticas de acoso sexual laboral, abarcándose un 75 % de las oficinas públicas, la misma ha sido extendida al sector privado. Se cuenta con un Protocolo de Atención integral a Víctimas de la Violencia contra la Mujer en casos de violencia doméstica y de violencia intrafamiliar y una guía de adecuación técnica para su aplicación en la Secretaría de Salud y operadores de justicia y se han elaborado y validado protocolos de atención y actuación para las casas refugio.
Se han habilitado dos nuevas casas refugio en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula para brindar albergue temporal a mujeres. Los diversos procesos formativos abarcan diplomados universitarios sobre violencia de género, así como campañas de prevención de violencia con énfasis en la violencia en el noviazgo. A la fecha se han capacitado más de 4.000 personas de instituciones públicas en procesos formativos sobre género, violencia doméstica e intrafamiliar, trata y prevención de violencia contra las mujeres, incluyendo procesos de masculinidad no violenta.
Hemos aprobado la Ley de Equidad de salarios entre mujeres y hombres, con la que se elimina la discriminación de ese tipo en la contratación laboral hondureña. Para concluir, no podemos dejar de mencionar el acercamiento y diálogo con el movimiento feminista el cual nos permite generar un mejor impacto social y mayor credibilidad en la estructura estatal a fin de promover una mejor calidad de vida para las mujeres de Honduras”.
Declaración de Karla Cueva
Subsecretaria de Estado de Derechos Humanos y Justicia
Señor Presidente
Después del Primer Examen Periódico Universal, el Estado de Honduras condujo un amplio proceso de consulta para diseñar y finalmente aprobar la Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2013-2022 incorpora y transforma en acciones estratégicas más de 1200 recomendaciones de la sociedad civil, de los órganos de tratados de derechos humanos y de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
El presidente Juan Orlando Hernández, al asumir su mandato, adoptó íntegramente este instrumento, dándole continuidad e impulso sostenido a través de todas las secretarías de Estado e Instituciones Públicas, mediante la priorización y planificación operativa y presupuestaria de las acciones del Plan en 2014-2018. Con la adscripción de las carteras de Gobernación y Descentralización a la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia la perspectiva ha sido innovadora, al proyectar y articular el enfoque derechos humanos a todos los niveles de Gobierno instalando capacidades en cada uno de ellos.
Esta Secretaría ha capacitado a los 18 gobernadores del país sobre la Política y Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos y también lo está llevando a los niveles locales con proyectos pilotos en cooperación con ocho (8) alcaldías municipales. Mediante el accionar del Comité Técnico Interinstitucional ha sido posible que solamente en 2014 se ejecutaran 257 acciones y se han incorporado a la Agenda Estratégica 2015 el cumplimiento de 233 acciones, lo que permitirá que entre 2014 y 2015 el Estado logre un avance del 39 % en el cumplimiento del Plan de Derechos Humanos.
También se ha puesto en marcha la primera fase del Observatorio de Derechos Humanos para medir los avances en la materia y rendir cuentas de ello ante los órganos de tratados y la sociedad en general. Está en proceso el diseño del Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación para evaluar en 2016 el impacto en el terreno de la aplicación de la Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.
La promoción del diálogo con diversos sectores para fortalecer la participación ciudadana con el enfoque basado en derechos constituye un importante componente de nuestro trabajo. Es por eso un compromiso de parte del Estado el devolver a la sociedad en general los resultados de éste Segundo Examen Periódico Universal e impulsar el cumplimiento responsable de las recomendaciones que emanen de éste ciclo”.

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Examen Periódico Universal: Incrementa el número de recomendaciones al Estado hondureño

 

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Ginebra, Suiza.-  Unas 190 recomendaciones, en un conteo preliminar, recibió Honduras en el Examen Periódico Universal desarrollado hoy en Ginebra, Suiza. Las recomendaciones las hicieron 60 países que lograron participar en el EPU de Honduras.
Honduras enfrentó hoy su segundo Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo de evaluación de la situación de los derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU. En la vigésima segunda sesión del EPU, los Estados del Consejo de Derechos Humanos recomendaron al país centroamericano perseguir los ataques a la libertad de expresión, sobre todo aquellos que conllevan a crímenes contra periodistas, defensores de derechos humanos y jueces.
Tal fue el caso de Australia, Austria, Italia, Países Bajos, Eslovenia, Canadá, Sierra Leona, Colombia, Bélgica, Brasil y República Checa. Por su parte Suiza y Bélgica recomendaron la implementación de la nueva Ley de protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, aprobada este año por el Congreso de la República.
Violencia contra la mujer
Los países también manifestaron su preocupación en torno a la violencia contra la mujer, en especial los casos de feminicidio, por lo que recomendaron redoblar esfuerzos para perseguirla (Panamá, Ruanda, Australia, Noruega, Singapur, Bélgica, Ecuador). Además, Irlanda recomendó tomar medidas para asegurar la implementación efectiva del feminicidio en el Código Penal. La delegación de Suecia recordó que en la última década, más de 4 mil 500 mujeres han sido asesinadas, según datos oficiales.
Es por ello que muchos países recomendaron al país centroamericano ratificar el Protocolo opcional de la Convención para la eliminación de todas las formas de la discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés). Tal fue el caso de Timor Leste, Italia, México, Perú, Portugal, España, Turquía, Chile y Francia.
Discriminación
Otro grupo de países recomendó implementar medidas para reducir la exclusión social de la comunidad afro-hondureña (Trinidad y Tobago, Angola, Austria, Sierra Leona, Brasil y Guinea ecuatorial).
Asimismo, los países pidieron aplicar los principales instrumentos internacionales de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, como la Declaración Universal de derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre todo en el caso en que estos derechos estén en conflicto con los proyectos de explotación minera. Tal fue el caso de Perú y Brasil, entre otros.
Por otro lado, los países recomendaron implementar políticas y programas para promover la tolerancia y la no discriminación de las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales), entre estos se encuentran Uruguay, Austria, Noruega, Eslovenia, Brasil y Colombia.
Niños migrantes no acompañados
Otro punto de recomendación al estado hondureño consistió en implementar medidas para prevenir los casos de menores de edad que atraviesan el país sin compañía de sus padres o apoderados en su tránsito hacia Estados Unidos. Tal fue el caso de México, Paraguay, Polonia, Cuba.
Minutos antes de las preguntas de los países, la delegación hondureña, encabezada por Jorge Ramón Hernández Alcerro, secretario de Estado coordinador general de Gobierno, señaló con respecto al EPU anterior (2010), que 106 de las 129 recomendaciones habían sido tomadas en cuenta, y 20 de ellas están en proceso de ser cumplidas.
Entre estos avances se encuentran la reforma del código penal para tipificar el delito de desaparición forzada de personas, así como la adecuación del tipo penal de tortura y discriminación e incitación al odio. Hernández Alcerro también señaló que la tasa de homicidios ha bajado de 86.5 a 66.4 por cada 100 mil habitantes, aunque reconoció que sigue siendo una cifra alta./ Con información de http://panorama.ridh.org/

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Alerta: Intento de rapto de dirigente Garífuna en Nueva Armenia.

 

Sambo Creek, Atlántida, 8 de mayo de 2015– En horas dela mañana del día de hoy un grupo de hombres armados intentó raptar a Jésica García, integrante de la junta directiva de la OFRANEH, en las inmediaciones del río Papaloteca.

El delta del Papaloteca se encuentra ubicado en la comunidad de Nueva Armenia, Municipio de Jutiapa, y en los últimos dos año se ha convertido en el escenario de un conflicto territorial. Grupos de foráneos aparentemente asociados a la Municipalidad de Jutiapa han pretendido apoderarse del territorio ancestral de la comunidad de Armenia.

Las tierras que se encuentran en litigio, fueron ocupadas por la Standar Fruit Company a partir del año de 1924, compañía que removió la población Garifuna de la margen derecha del río Papaloteca, reubicándolos en la margen izquierda; paraje que se inunda periódicamente, convirtiendo a la Nueva Armenia en un lugar de alta vulnerabilidad.

A inicios de este siglo la Standar -conocida en la actualidad como la DOLE- abandonó la zona, iniciándose una recuperación de las tierras por parte de la comunidad Garifuna. No obstante, grupos asociados con el crimen organizado usaron parte del territorio como narcopistas, y hasta la fecha pretenden ejercer un dominio territorial, ante el insistente rumor de la existencia de yacimientos de hidrocarburos en los humedales adyacentes al delta del Papaloteca.

En un caso relacionado con el intento de rapto de la Sra. García, la Sra. Carolina Castillo fue confrontada horas después por un grupo de hombres armados que apuntándole, le impidieron el paso y la obligaron a retornar a Nueva Armenia.

Cabe señalar que en la cultura Garifuna, las mujeres son la encargadas de practicar la agricultura, de ahí que en la mayoría de los conflictos territoriales las mujeres son las víctimas de amenazas y extorsiones por parte de foráneos, los que en la mayoría de los casos están al servicio de terratenientes y figuras asociados al crimen organizado.

El caso de Nueva Armenia es parte de la estrategia no tan solapada de presiones para que el pueblo Garifuna abandone sus reivindicaciones sobre el territorio ancestral. Ciertamente el estado efectuó un proceso de titulación, sin embargo este solo reconoció los cascos urbanos de las comunidades, excluyendo el hábitat funcional de las mismas, dando lugar a una serie de conflictos que las autoridades eluden solucionar.

La ambigüedad asumida por el Ministerio de Seguridad en relación a la situación territorial de Nueva Armenia, ha dado lugar a dos desalojos y a una serie de órdenes de captura en contra de los miembros de la comunidad Garifuna; contraviniendo de esta forma la jurisprudencia emitida por el Sistema Interamericano de Justicia, el que se ha manifestado en múltiples ocasiones en relación al derecho que poseemos los pueblos indígenas en cuanto a la posesión del territorio ancestral.

Exigimos una inmediata intervención del Ministerio de Seguridad para que se proteja la vida de las mujeres y hombres Garinagu amenazadas y de paso efectúen en desarme en la zona.

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2015/05/08/alerta-raptados-dirigentes-garifunas-en-nueva-armenia/

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