Fuerzas Armadas imponen bloqueo informativo a periodistas hondureños

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 Fuerzas Armadas imponen bloqueo informativo a periodistas hondureños
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  Tres medios de comunicación fueron víctimas de un bloqueo informativo impuesto por los militares de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH). La violación al derecho fundamental de acceso a la información ocurrió el viernes 24 de abril, en Tegucigalpa, la capital de Honduras.
A los reporteros de Radio Globo, Canal 36 y del Canal HCH se les impidió el acceso a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía. En esa instalación pública, la cúpula castrense de Honduras celebraba los 84 años de fundación de la Fuerza Áérea. Los demás medios sí pudieron ingresar a la cobertura periodística de la ceremonia militar.
Canal 36 informó que “sigue la represión y el embargo contra Canal 36, Cholusat Sur de parte del gobierno de Juan Orlando Hernández al impedir que este medio de comunicación haga un periodismo libre”.
“Cuando un equipo periodístico intentaba cubrir un evento en la sede de la Fuerza Aérea Hondureña, militares impidieron el ingreso aduciendo que esto era por “Órdenes Superiores”.
El bloqueo informativo fue grabado en un ví­deo, producido por un equipo periodístico de Globo TV, encabezado por la periodista Lidieth Díaz.
Los corresponsales de Globo TV sufren constantemente amenazas, intimidación judicial y en los últimos dos años, fueron asesinados dos comunicadores de este medio de comunicación.
Por su parte, Cholusat Sur ha denunciado interferencia de su señal, bloqueos informativos, estigmatización, amenazas a muerte y el señalamiento directo del Secretario de Estado en el Despacho de Educación, Marlon Escoto, que acusó a la radiodifusora de promover las movilizaciones y manifestaciones hechas por los estudiantes de diferentes colegios e institutos del país. En esta jornadas de protesta fueron ejecutados cuatro dirigentes estudiantiles, incluyendo una niña que mostró su inconformidad a través de Canal 36 y unas horas después apareció ejecutada con saña.
Las amenazas -además- se han producido después que Canal 36 ha revelado supuestas irregularidades en las que estarían implicados el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, el mandatario Hernández y su hermana, Hilda Hernández, ministra de Comunicaciones y Estrategias.
“Las constantes denuncias de corrupción de Cholusat Sur contra Juan Orlando y su familia han llevado al gobierno a chantajear a miembros de la empresa privada para hacer un bloqueo”, denunció Canal 36.
Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento””, cita el Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia.
Al contrario de la realidad que atraviesa la prensa en este país de Centro América, en 2011 la Policía de Nueva York recibió órdenes de no interferir con periodistas que cubrían protestas en Wall Street.
La situación hondureña es comparable con lo ocurrido en África u Oriente Medio, pues, según el Informe de 2012 de Amnistía Internacional sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo “en febrero, el gobierno ordenó un bloqueo informativo sobre los acontecimientos que tenían lugar en el norte de África, Oriente Medio y Costa de Marfil”.
El acceso a la información es considerado un derecho humano. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión manda que “todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
“El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma”, cita un análisis de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
“Cabe destacar que el fundamento central del derecho de acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona a conocer la manera en la que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, mediante el acceso a esta información. La información pertenece a las personas. La información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno. Éste tiene la información sólo en cuanto representante de los individuos”./ Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre). 

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