Archivos para 8/04/15

Ministerio Público investigara a Aline Flores y a la Toyota

alineinvestigadampFiscales del Ministerio Publico estarían llegando en los próximos días a realizar un operativo al Grupo Flores, empresa que distribuye los carros Toyota en Honduras y estarían requiriendo a la empresaria Aline Flores debido a que hay indicios de que están cometiendo un supuesto acto de corrupción.

Los fiscales estarían exigiendo a la empresaria y actual presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada que explique a las autoridades el porque hay un total de 12 carros en la presidencial ya que se desconoce su situación actual de propiedad.

El Ministerio Publico investigara esta situación anómala ya que esta situación puede ocasionar la utilización de bienes que no cuentan con el debido sustento de su adquisición o donación.

Aquí el detalle de todos los 12 vehículos que La Toyota y Aline Flores han dejado en Casa PresidencialLISTADECARROS

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=10061

Fuente: http://cholusatsur.com/noticias/ministerio-publico-investigara-aline-flores-y-la-toyota/

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¿Quiénes financian a los mercenarios de la paz?

abr 8, 2015

De cómo el dinero de otros países entra para mantener a las organizaciones y personajes que prefieren mantener al país sumido en el conflicto. Se estima que en 2003 entró un promedio de US$10 millones 753 mil 565 de cooperación internacional para apoyar a organizaciones que trabajan en el área rural.

República.gt REPúBLICA.GT

Entre los cooperantes que dan recursos a organizaciones y asociaciones que participaron en el Conflicto Armado Interno, y ahora forman parte de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), hay entidades públicas. Es decir, que dependen de las embajadas de los gobiernos que trasladan recursos y allí están incluidas las agencias de cooperación, que también funcionan de acuerdo a las normas diplomáticas.

También encontramos fundaciones de tipo privado que manejan un discurso con tendencia hacia las ideas socialistas. Estas siempre operan como financistas y dan seguimiento a proyectos en los que trabajan como socios locales. Eso sí, según la afluencia de los recursos, así deben moverse las agendas de los beneficiarios.

Actualmente, los lineamientos van encaminados a imponer en la agenda los temas de derechos humanos, antimilitarismo, lucha social y otros. Las donaciones para influir en la opinión pública son menos costosas para los gobiernos extranjeros; ya no no lo son las guerras para imponer su pensamiento.

La forma de operar incluye una nueva modalidad que aprovecha la incursión en redes sociales, involucramiento en proyectos políticos y  coptación de espacios territoriales, entre otros. El malestar de las autoridades con estos grupos llegó a tal extremo que Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, ya había alertado sobre la manipulación de extranjeros en las protestas y de tal cuenta, advirtió que los forasteros incitadores serían expulsados del país en 2012.

La agenda que se pretende posicionar por medio de la dotación de los recursos en mención es de tipo ideológica y posiblemente no se puede imponer en los países que promueven estos cambios. Norfund, fondo noruego orientado en países en desarrollo financia la  Hidroeléctrica Santa Cruz, establecida en Santa Cruz Barillas en Huehuetenango.

De Noruega también proviene la organización Ayuda Popular Noruega (NPA) Norsk Folkehjelp, que aporta recursos a la Coordinación Nacional Permanente sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas. Esto para fomentar por medio de panfletos la resistencia contra el sistema de energía y apoya al Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), como se hace constar en la página 40 del informe sobre actividades de la organización 2008-2011. Sin darle importancia a que CODECA y varios de sus miembros han sido señalados legalmente como responsables del robo de energía eléctrica en varios departamentos del país.NORUEGA

El documento cita que entre sus proyectos está la “Lucha de los campesinos mayas por los derechos territoriales”, a través de la organización social CODECA y con el objetivo de “asegurar la tierra para los campesinos sin tierra en las comunidades rurales”.NPA ha trabajado con CODECA desde 2003 para el desarrollo de la organización, la participación popular y la formulación de demandas políticas y les apoya actividades educativas, reuniones, gastos de viaje y de la administración. Según personeros de Energuate, solo en el 2012 y 2013 el robo de energía dejó pérdidas de Q531 millones y señalan a dicha organización como la principal responsable.

Redes transnacionales

Son organizaciones compuestas por varias asociaciones que dotan de recursos provenientes de Europa para financiar proyectos en América Latina, las que nos conciernen son la Iniciativa Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA), International Cooperation for Development and Solidarity (CIDSE), la Asociación de Consejos Mundiales de Iglesias relacionadas con Organizaciones de Desarrollo en Europa (APRODEV) y el Grupo Sur.

Las donaciones, según los ejes establecidos de trabajo por estas redes, son la protección a defensores de los Derechos Humanos, recursos naturales, equidad, género y derechos de los pueblos indígenas, justicia y conflicto armado interno.

 

REDES

– CIFCA
CIFCA

La iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México -CIFCA- inició en 1991 para dar seguimiento e influir en las políticas de la Unión Europea en Centroamérica. Su objetivo es “promover políticas europeas participativas que contribuyan al respeto integral de los derechos humanos, la democratización y el desarrollo justo y duradero en América Central y México”. La integran 37 ONG de desarrollo y de derechos humanos, comités de solidaridad, institutos independientes de investigación, personas individuales (como académicos o consultores) y redes de cabildeo público con sede en Europa, como se puede observar en su página de web.

 

– CIDSE

CIDSEEs una alianza de 17 organizaciones católicas de desarrollo procedentes de Europa y Norteamérica. Su objetivo es coordinar el trabajo para garantizar ayuda al sur. El proyecto EPLA es su principal motivación de apoyo en el país, el cual significa “Extractivas y Pobreza en América Latina”.

Su ingerencia se observa, por ejemplo, durante una misiva enviada al presidente Otto Pérez Molina en donde manifestaban su preocupación “por los recientes ataques contra Monseñor Álvaro Ramazzini, Obispo de la Diócesis de Huehuetenango, aliado de CIDSE en pro de la justicia social y la opción preferencial por los pobres”.

Una revisión hecha a la página de Flickr de la organización, muestra la participación de extranjeros durante una visita hecha a La Puya, San José del Golfo, lugar en donde se observan mantas con la consigna “comunidad en resistencia” y la presencia de dirigentes de CIDSE en diversas actividades.

 

– APRODEV

APRODEV

La Asociación de Consejos Mundiales de Iglesias relacionadas con Organizaciones de Desarrollo en Europa (APRODEV) trabaja con organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica. Fue fundada en 1990 para fortalecer la cooperación entre los europeos de desarrollo y organizaciones de ayuda humanitaria que trabajan en estrecha colaboración con el Consejo Mundial de Iglesias.

En la actualidad reporta la presencia de 16 organizaciones con oficinas en 15 países europeos. Se estima que, juntos, los miembros tienen un ingreso anual de unos 720 millones de euros.

Su objetivo principal es influir en la toma de decisiones de las instituciones de la Unión Europea, ya que estos afectan a los países en desarrollo, “con el fin de promover la justicia, la paz y la erradicación de la pobreza”. Es una la mezcla entre ecologismo, izquierda y catolicismo (en su versión de cristianismo social) que encontramos en el discurso ideológico de las redes estudiadas.

 

– Grupo Sur

Es una red europea de incidencia entre la Unión Europea y América Latina junto a El Caribe. Entre las agencias que canalizan sus recursos está Oxfam y la asociación Acción Solidarité Tiers Monde de Luxemburgo, fundada en 1969 para el empoderamiento político, económico y social de los pueblos del Tercer Mundo. Uno de sus beneficiarios es el Comité de Unidad Campesina (CUC), este tiene previsto un proyecto que inició en 2013 y finalizaría a finales del presente año con un aporte consistente en 258 mil 917 euros provenientes de dicha entidad.

 

Organizaciones de acompañamiento

Integradas por la Iglesia Católica, movimiento indigenista, defensores de los derechos humanos y ambientalistas. También hay asociaciones formales y establecidas con estos fines, las cuales se detallan a continuación.

– Acoguate

La Coordinación de Acompañamiento Internacional en Guatemala está conformada por una red de 11 ACOGUATEcomités autónomos de 10 países de Europa y Norteamérica. Entre sus organizaciones operan ADA (Acompañamiento de Austria) – Guatemala Solidarität, CAREA (Cadena para un Retorno Acompañado), Comité Danés de Solidaridad con Centroamérica (CDSC), Proyecto Acompañamiento Québec-Guatemala (PAQG), Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Peacewatch Switzerland, Plataforma de Solidaridad con Chiapas, Oaxaca y Guatemala y Rompiendo el Silencio (Breaking the Silence, BTS).

 

Plataforma Holandesa contra la Impunidad

Este conglomerado de ONG holandesas que operan en el país, inicialmente enfocadas en la defensa de los derechos humanos, en los últimos años ha cambiado su temática principal. Se han enfocado en la lucha contra la industria extractiva.

El nombre oficial que manejan actualmente es Plataforma Internacional Contra la Impunidad y se le considera también una alianza de organizaciones de la sociedad civil del Reino de los Países Bajos para apoyar la lucha contra la impunidad a través de HIVOS, Impunity Watch, Mensen met een Missie y Amnistía Internacional- capítulo Holandés.

Los representantes de esta organización manifestaron de forma abierta su “preocupación” por el proceso de elección de fiscal general que se dio el año pasado. También aparecen en los créditos de los colaboradores del documental Burden of Peace, en el que se abordó la vida de la exjefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz.

Rights Action

Canaliza fondos y donaciones para organizaciones de comunidades, enfocadas en temáticas de desarrollo, medio ambiente, derechos humanos y proyectos relacionados a ayuda de emergencia. Opera en Guatemala, Honduras, el sur de México –Chiapas-, El Salvador y Haití.

RIGHTS ACTIONEn Guatemala, la organización Rights Action es una de las principales oponentes a la minería; anualmente organiza visitas con invitados de Canadá a los lugares que según ellos, son afectados por la industria extractiva.

Las actividades de esa organización tuvieron impacto en Honduras. El coronel German Alfaro exjefe de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), denunció en 2013 que Annie Bird, codirectora de Rights Action Annie Bird, provocó un trabajo desestabilizador en el sector conocido como Aguán, tras reunirse con varios líderes campesinos.

En dicha región, ubicada al norte de Honduras, se han dado disputas por cuestiones de tierra, algunos tras una reforma agraria implementada en 1992 y en medio de todo se da el cultivo de la palma africana. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) entre 2009 y 2012 se reportó la muerte de 92 personas en conflictos del área.

En Guatemala tanto en El Estor, Izabal como en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, Rights Action apoya a los comités locales para montar resistencia contra las empresas mineras. Dentro de estas acciones han capacitado a los principales activistas, los han llevado de visita a Canadá y al final les otorgan financiamiento para mantener la operación.

 Entwicklungdienst (DED)

ENTWICKLUNGSSDIENTSData de 1963 como entidad pública financiada por el gobierno alemán y forma parte de su sistema de cooperación externa. Es uno de los más destacados servicios europeos de envío de profesionales a nivel mundial con más de mil asesores en 45 países de América Latina, África y Asia. En Guatemala, el DED trabaja desde 1995 y asesora a contrapartes por medio de 20 cooperantes y una cantidad similar de expertos locales, prioritariamente en los departamentos de El Quiché, Sololá y Petén.

Desarrolla su trabajo con base en la estrategia de “gobernabilidad democrática con equidad”, que sirve de marco a toda la cooperación alemana y que se enfoca en la consolidación del proceso de paz y la transformación pacífica de conflictos. Critica los biocombustibles desde el punto de vista del daño ambiental, la destrucción de la seguridad alimentaria y la desposesión de los campesinos de subsistencia.

Action Aid Guatemala

ACTIONAIDCentra su actividad en equidad de género, seguridad alimentaria y gobernabilidad democrática. Formada en 1972 cuyo objetivo es “luchar contra la pobreza”. La organización internacional Action Aid expresa que atiende a 13 millones de personas en 42 países y en América Latina tiene presencia en Brasil, Guatemala, Haití y República Dominicana, aunque también financia el trabajo de organizaciones en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Perú a través de su organización hermana “Acción de Ayuda”.

Estas son las redes transnacionales y organizaciones donantes con mayor incidencia en el área, pero ¿Hacia dónde van esos recursos? No se pierda la cuarta y última entrega de la serie Mercenarios de la Paz, en donde haremos una descripción de los beneficiarios de estos recursos en el país.

Fuente: http://www.republicagt.com/en-profundidad/quienes-financian-a-los-mercenarios-de-la-paz/

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Giuliani in Central America: a Rebuttal to Fundesa’s Response

On March 18, InSight Crime published an article analyzing the implications of former New York Mayor Rudy Giuliani’s consultancy work in Central America. Juan Zapata, the Executive Director of Fundesa, an organization that hired Giuliani to perform consultancy work in Guatemala, responded to InSight Crime’s article here. Below is InSight Crime writer and researcher Michael Lohmuller’s response to Mr. Zapata commentary.

On behalf of InSight Crime, I would like to thank Juan Carlos Zapata for his input on my recent article on Giuliani’s security consulting work in Central America. Yet, in his response, Mr. Zapata seems to have missed the crux of my argument. That is, he never fully addresses the core question of whether or not Giuliani’s “broken windows” represents an opportunity for Central America to improve citizen security.

Additionally, it is difficult to clarify any assumptions in my article — of which Mr. Zapata’s asserts there are many — that may be misleading to the reader, as he also never fully articulates what those assumptions exactly are.

Initially, it would appear Mr. Zapata takes issue with how my article was sourced. And Mr. Zapata is correct: I used an article from a Salvadoran newspaper as a reference for Rudy Giuliani’s visit to Guatemala; an article that does indeed state an “empresa privada” (which could be translated as “private company”) in Guatemala hired Giuliani.

My linking to this article apparently highlights what Mr. Zapata calls “the poor references used” since, as he adroitly points out, Fundesa is not a “private company,” but a “private, non-profit organization.”

Semantics aside, it seems Mr. Zapata takes issue more with the fact I did not link to a Guatemalan newspaper than with the quality of the source, and leaps to the conclusion that “not even an effort was made to contact a Guatemalan newspaper.”

In an attempt to be transparent (since I do not want to assume Mr. Zapata has any knowledge whatsoever of the actual work that went into writing the article) multiple sources and news articles discussing Giuliani’s work in Central America were consulted. But, to be fair, Mr. Zapata is right in that no Guatemalan newspapers were directly contacted — though it is somewhat perplexing why this should have been done. However, several US-based experts on policing in New York City were contacted; people whose extensive level of experience hardly qualifies them as “poor references.”

Indeed, the point of my article was to serve as a complement to previous coverage InSight Crime has published from Plaza Publica (a Guatemala-based journalism group) covering Giuliani in Central America. These articles — which are written by a Guatemalan journalist and are as equally skeptical of Giuliani as my article — do take more of the Guatemalan perspective that I believe Mr. Zapata is seeking.

Additionally, the Plaza Publica articles elaborate upon the role of Fundesa — whose activities Mr. Zapata seems most interested in summarizing and advertising — providing more of “the context of the work done by the private sector” in Guatemala that Mr. Zapata invites us all to investigate. Nevertheless, in retrospect, perhaps my error lay in not explicitly spelling out for the reader the purpose of my article, which was to provide voice to US-based experts on the effectiveness of Giuliani’s policies in New York City; not revisit previous coverage already published by InSight Crime.

In contrast, Mr. Zapata makes a few misleading statements of his own. For instance, he states Guatemalan companies pay more income tax relative to GDP than their counterparts in European or OECD countries. While this may be true to an extent, he neglects to mention Guatemala has one of the lowest overall tax burden rates in all of Latin America.

Regardless, discussion of such information is somewhat tangential to the central topic at hand: whether or not Giuliani’s security policies from his time as New York City mayor will help Central America control spiraling violence. However, Mr. Zapata never fully arrives at answering this question.

Furthermore, his statement that I was “mistaken in assuming that Central America needs help from outsiders” left me completely flabbergasted. If anything, Mr. Zapata and I are in full agreement that Central America’s problems are best solved by Central Americans. Indeed, such a comment makes me question the extent to which Mr. Zapata comprehended my overall argument, as that was exactly the main point I was driving towards: Rudy Giuliani (and his attendant crime-reduction theories) has extremely little to offer Central America.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-analysis/rudy-giuliani-guatemala-rebuttal-to-fundesa

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En Honduras el terror se infunde con ¿falsos positivos?

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – El recorrido por encontrar la verdad de los asesinatos de dos jóvenes relacionados con un medio de comunicación en Honduras condujo a descubrir que en sus muertes hay acciones típicas de la delincuencia común y elementos que denotan una probable fabricación de escenas del crimen. La realidad alrededor de estas muertes se torna compleja, pues al analizar las escenas de los crímenes y sus formas de operar parecen orientados a intimidar a terceros.
Sin embargo, si se descartara que los crímenes tenían como objetivo mandar un mensaje de intimidación indirecta, la evidencia recabada en la presente investigación muestra que los mismos son aparentemente planificados para que parezcan comunes.
Allegados a las víctimas, expertos forenses, analistas sociales e incluso personas dedicadas al sicariato fueron consultados por Conexihon y coincidieron que en Honduras se están cometiendo crímenes para desviar la atención de la población sobre temas en particular o para culpar, de los hechos, a otras personas o sectores sociales y políticos.
Sobre la base de esta macabra estrategia, la investigación criminal es dirigida hacia personas inocentes que son asediadas intimidadas, amenazadas o asesinadas por parte de los verdaderos asesinos o, en su defecto, capturadas por agentes policiales, torturadas y puestas a la orden de los tribunales de justicia a donde se les juzga por delitos que no cometieron.
Estas dos muertes ocurrieron en el contexto de un patrón de aumento vertiginoso de asesinatos contra periodistas: 49 comunicadores y trabajadores de medios de comunicación perecieron entre 2009 y 2015; mientras de 2000 a 2009 únicamente habían ocurrido tres y en las décadas anteriores, esto ni siquiera sucedía.

Coincidencias entre los dos jóvenes ejecutados 

Erick Arriaga Casco, operador de Radio Globo.

Merelyn Abigail Espinoza Bustillo tenía 14 años, era hija de Rony Espinoza, periodista que labora en Radio Globo. Por su parte Erick Arriaga Casco, era un joven de 21 años, operador del mismo medio de comunicación. La adolescente apareció asesinada el 2 de noviembre del año anterior en un precipicio de la colonia San Francisco de Comayagüela; sólo cuatro meses después Arriaga fue ejecutado por sicarios, cerca de su casa, el 23 de febrero en la colonia 21 de Febrero, aledaña a la misma colonia.

Los dos casos no parecieran tener relación entre sí, pero los conectan coincidencias, la proximidad de los lugares de ejecución, el vínculo al periodismo de la capital hondureña y el lapso menor a cuatro meses en que ocurrieron.
Ambos fueron cometidos en horas de la noche, el de Erick, ante testigos y en el de Merelyn, aunque pudo haber sido cometido también a eso de las 9.00 de la noche, aparentemente nadie vio a los asesinos, porque en el lugar donde apareció -se supone- solo la fueron a botar.
A ella la mataron de un golpe contundente en la cabeza, a él, de al menos 12 balazos, según el informe preliminar de los policías que llegaron a la escena del crimen. En ambos hechos, hubo un compromiso público por parte de las autoridades de  encontrar a los responsables, pero lejos de eso, las investigaciones parecen dilatarse y no hay resultados concretos. El mejor testigo es el tiempo transcurrido.

Deficiencias investigativas 

En los dos sucesos, se observan enormes deficiencias investigativas, por ejemplo, en el caso de Merelyn, encontrada sin vida desde el 2 de noviembre del año pasado, ni siquiera se tiene la causa de muerte. Tampoco un esperado vaciado telefónico que los acercaría a los responsables del crimen, dio pistas contundentes.
Mientras, en el caso de Erick, transcurrido hace más de un mes, ni siquiera se le tomó declaraciones a su madre, su cónyuge o sus compañeros de trabajo, quienes pudieran tener información importante.
Las investigaciones parecieran estancadas; las autoridades policiales consultadas aún no tienen nombres de sospechosos de los crímenes y,  en los dos procesos, los detectives desvinculan totalmente las muertes del ejercicio periodístico.
La policía justifica los delitos con el estribillo de que “tienen que ver más con la conducta particular de cada una de las víctimas”.

Parece un crimen  planificado

El de Merelym es un crimen complejo, de la escena no se rescató toda la evidencia porque sus asesinos la tiraron en una zona de difícil acceso para los investigadores, la causa de su fallecimiento ha sido difícil de precisar porque sus asesinos la mataron con métodos que no dejaron evidencia. Además, la escena del crimen es múltiple, es decir, cometieron el delito en varios lugares, eso hace más difícil encontrar pistas y el crimen es publicitado con mentiras oficiales.
Aunque no hay crimen perfecto, este tiene detalles que lo vuelven un rompecabezas con piezas improbables.

Analistas explicaron que la escena del crimen, o al menos donde lanzaron el cadáver era muy estudiada. Expertos coincidieron en que la escena del crimen como que fue seleccionada, pues pese a ser una zona transitada en el día, durante la noche es oscuro y solitaria, no hay cámaras de vigilancia y tampoco hubo testigos aparentes, es un botadero de basura en una corriente de aguas residuales que llegan hasta el río Guacerique, una de las principales cuencas de agua potable de la capital.

Otros expertos que analizaron los perfiles de redes sociales y fotos de la menor, no hallan nada revelador en sus cuentas, aunque sí tenía muchos contactos, pero los manejaba ocultos. La encontraron muerta el 2 de noviembre del año pasado, las primeras hipótesis policiales la retratan como una niña que a sus 14 años era rebelde, desobediente de sus padres, con ejemplos de desorganización familiar, víctima de algún grupo organizado y una niña en condición de vulnerabilidad social porque habría recibido amenazas en algunos sectores de Comayagüela.
Pero ese escenario es aprovechado por la Policía no sólo para estigmatizar a la fallecida sino que algunas autoridades policiales casi obligan a sus parientes a desistir de la investigación “para que no les pase lo mismo”.
“No me importa pagar con mi vida, pero quiero saber quién fue y por qué la mataron”, dijo el periodista Rony Espinoza, al agregar que encontró otras debilidades en las investigaciones, que en su momento las hará públicas, porque por ahora tiene un compromiso de las instituciones encargadas para esclarecer el caso.
Pese a que la muerte de la menor fue a inicios de noviembre anterior, al finalizar marzo pasado no se había determinado la forma del deceso. Desde unos meses antes, se tuvo que enviar a la República de El Salvador muestras para aclarar al menos ese extremo. El dictamen ha permanecido misteriosamente, muchos días, en poder de autoridades del Ministerio Público que dicen tenerlo, pero no lo pasan a los detectives aunque los equipos que investigan la muerte han hecho reiteradas peticiones porque eso permitirá dar un paso más en la investigación criminal.
El padre de la menor descarta que la muerte haya sido por vínculos con el ejercicio de sus funciones, pero en todo caso, serán las autoridades las que desestimarán ese extremo.
En la investigación del caso se nota alguna especie de displicencia o lentitud, desde el momento mismo del levantamiento del cadáver, que pudieran ser típicas del sistema hondureño. Sin embargo, es destacable que aunque el hallazgo del cadáver, en una poza de agua entre la San Francisco y Los Laureles, en Comayagüela, fue reportado por vecinos desde las 9:00 de la mañana y fue hasta la 1:00 de la tarde que inició el levantamiento.
A eso hay que agregar que el personal forense no bajó al lugar donde estaba el cadáver, unos 40 metros debajo de la calle pavimentada, dejando a los bomberos la labor de rescate del cadáver, lo que pudo provocar pérdida de evidencias.

La opinión de un sicario 

Merelyn Abigail Espinoza Bustillo, hija del periodista Rony Espinoza,

de Radio Globo.

Este medio habló con un supuesto sicario e integrante de una red de trata de mujeres para que diera su versión sobre este caso en particular. En la plática sostenida, relató que ellos operan redes de menores de 13, 14 y 15 años para que presten servicios al crimen organizado, para comercio sexual, tráfico de drogas y extorsión.

Indicó que los carteles de Colombia y México solicitan mujeres bonitas desde Honduras. La tarea de ellos es reclutar menores que consigan mujeres, a quienes les ofrecen buena paga y si se resisten, las amenazan con matarlas a ellas, a sus padres y si no obedecen, cumplen las amenazas.
Agregó que en estas redes están involucrados muchos elementos policiales, quienes contribuyen para desviar la atención en las investigaciones, haciendo que casos típicos como pudo haber sido el de Merelyn, parezcan comunes ante la sociedad, ocultando evidencias o sembrando otras.
Si es posible pueden buscar inocentes como sospechosos, y al final, les aplican la misma dosis a los investigadores, se les ofrece dinero o la amenaza de acabar con la familia, por lo que finalmente terminan siendo cómplices.

Más mentiras y negligencias policiales 

Muy cerca del lugar donde apareció muerta Merelyn, fue liquidado Erick Arriaga la noche del 23 de febrero en la colonia 21 de Febrero, en Comayagüela pero casi cuatro meses después.
El joven regresó de trabajar de Radio Globo, ubicada en el bulevar Morazán, a las 10.00 de la noche. Fue dejado a unos pasos de su casa por un compañero de trabajo, pero extrañamente decidió alejarse de su casa y caminar al fondo de la colonia, a una pulpería, propiedad de una amiga. Estaban conversando, se reían y Erick le mostraba un video de vecinos.
Dos hombres en motocicleta llegaron, no dijeron nada y le dispararon en reiteradas ocasiones, matándolo de inmediato.
El caso también parecería común partiendo del principio que tanto la San Francisco como la 21 de Febrero son zonas dominadas por una pandilla, y que Erick, era un fanático del Motagua, acción que lo llevaba a vincularse a la barra deportiva de Los Revolucionarios “Revos”.
A más de un mes del hecho, la policía también mantiene empantanado el caso y la orientación que se le da es también por su vínculo a la barra del equipo de fútbol.
Sin embargo, se encuentran muchos detalles que hacen pensar en la displicencia para no esclarecer el caso y que en la sociedad y familia se quede la versión que fue por un hecho común, de barras, como lo relacionó el sicario consultado por Conexihon.
La policía estableció de manera preliminar que el joven recibió más de 40 balazos, pero su cuerpo presentaba 12. Luego se dijo que en el cadáver se encontró un papel que decía que lo mataban por “Revo”, pero este medio investigó y determinó que en la pared de la pulpería donde estaba Erick desde hacía mucho tiempo estaba el cartel relacionado a los “Revos”, y que producto de la balacera se desprendió y quedó en la escena del crimen.
Después se estableció que aún transcurrido más de un mes, la policía ni siquiera había tomado testimonio a la madre, ni a la esposa de la víctima, para saber si ellas tenían alguna información.
Tampoco conocieron el testimonio de periodistas que tuvieron relación estrecha con la víctima y que conocían alguna información, es más, fuentes consultadas descartan que el hecho tenga que ver con el gremio periodístico, vinculándolo al conflictos de maras.
Al consultar a la policía sobre los avances del caso, se limitan a informar que han avanzado todavía no se tienen identificados sospechosos con nombres, pero aun así descartan cualquier vínculo con la labor periodística.
Un joven sicario consultado sobre este caso, dijo que no tiene información al respecto, pero recordó que muchas veces le tocó ejecutar a personas vinculadas a personas públicos solo para intimidarlo y que luego, procedían con la policía a modificar las escenas del crimen y cambiarle el rumbo a las investigaciones para que aparentaran ser un hecho común.

Los “falsos positivos”

Los “falsos positivos” son muertes de personas supuestamente ligadas al crimen organizado o eliminadas en “ajustes de cuentas”, reportadas por la Policía Nacional como resultados de asesinatos en pleitos o hechos positivos de la acción contra grupos armados, especialmente, maras y pandillas.
Cuatro menores de edad, estudiantes de colegios públicos en Tegucigalpa fueron asesinados el 24 de marzo, en Honduras, en medio de una jornada de protestas estudiantiles.

A mediados de noviembre del 2011, el Comisionado de Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) solicitó a los representantes del Poder Legislativo la aprobación inmediata de la figura penal de ejecución extrajudicial y que la misma fuera sancionada con la pena de prisión de por vida. En Honduras hay ejecuciones extrajudiciales “como actos arbitrarios de agentes del Estado investidos de autoridad”, estableció Ramón Custodio en su informe sobre la situación de los derechos humanos remitido al Congreso Nacional.

Estas son acciones ejecutadas fuera de la ley que se estarían cometiendo en Honduras como parte de una campaña para infundir el miedo en la población. Esta campaña se estaría llevando a la práctica mediante diferentes operaciones, entre éstas, el arresto o ejecución de personas inocentes, particularmente de jóvenes, por parte de grupos con vínculos al poder político e incluso por elementos de las fuerzas del orden público, pasando dichos inocentes por criminales o por disociadores, incluso que sus muertes se deben a pleitos entre maras o barras de los equipos de futbol a las cuales supuestamente estaban vinculados.
Las autoridades hondureñas están dispuestas a pagar sumas de hasta 20.000 lempiras en recompensa a quienes den información que lleve a la captura de presuntos mareros, la llamada Ley de Recompensas fue aprobada en abril de 2014.
En el Derecho Internacional Humanitario a estos hechos se les conoce como ejecuciones extrajudiciales. “También son consideradas como tales las ejecuciones u homicidios extralegales, dado que esta privación de la vida se produce al margen del proceso judicial o legal y a la vez es ilegal con arreglo a las leyes nacionales e internacionales. La privación de la vida como resultado de homicidios perpetrados por orden de un gobierno o con su complicidad o tolerancia o aquiescencia, sin un proceso judicial legal”.
Para ejemplificar sobre los falsos positivos y en relación a los cuatro jóvenes estudiantes asesinados en Honduras en el mes de marzo, José Guadalupe Ruelas García director de Casa Alianza  expresó que estas muertes son “parte de un escenario mucho más amplio, donde, mensualmente, se ejecutan a 83 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años”.
“Si bien el gobierno intenta relacionar estos asesinatos con el crimen organizado que opera en el país, nosotros creemos que existe una relación directa tanto con la protesta estudiantil como con la coyuntura de violencia que están sufriendo los jóvenes”.
José Guadalupe Ruelas García,  director de la organización

defensora de la niñez, Casa Alianza.

Por otra parte, para Guadalupe Ruelas hay dos elementos que rescatar en estos crímenes. “El primero es que todos estos jóvenes estaban involucrados en la protesta estudiantil, y el otro tiene que ver con la actitud ambigua del gobierno que, por un lado trata de denigrar a los estudiantes asesinados y por el otro afirma, insistentemente y sospechosamente, que él no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido”.

“Además, en lugar de comprometerse con la investigación y la búsqueda de los culpables, se ha volcado con fuerza en atacar y criminalizar a otros sectores, tanto políticos como sociales. Todo esto genera un manto de dudas y sospechas”. Expresó el defensor de derechos humanos.
En los últimos días, diferentes sectores han denunciado la existencia de escuadrones de ejecución de menores. El gobierno, por su parte, ha dicho que “desde días anteriores, algunos dirigentes de partidos de oposición, en coordinación con ONG afines a ellos, comenzaron a montar una trama perversa y tendenciosa en donde se distorsiona la realidad de la muerte de menores…”.
De acuerdo con el último informe de Casa Alianza, durante los últimos 17 años, particularmente entre febrero de 1998 a febrero de 2015 se han registrado en el país 10,190 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.
En el transcurso de los primeros trece meses de gobierno de Juan Orlando Hernández, se han registrado 1,076 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país.
Entre enero de 2011 y noviembre de 2012, 149 civiles murieron a manos de policías, incluidas 18 personas de menos de 19 años, según surge de un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El entonces Comisionado de Policía Nacional Preventiva Alex Villanueva confirmó las conclusiones del informe e indicó que posiblemente haya habido muchos más asesinatos cometidos por policías que nunca fueron denunciados. El gobierno no respondió a reclamos del rector de la universidad de que informara cuántos de estos asesinatos habían sido investigados o permitieron la imposición de condenas.

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