Archivos para 27/03/15

Policías amenazan con sus armas a 10 periodistas

Versión para impresiónEnvia a un amigoPDF Alerta 043-15
Honduras, 27 de marzo de 2015

Comité por la Libre de Expresión (C-Libre). Un grupo de 10 periodistas de la ciudad de Catacamas, Olancho, recibió agresiones físicas, intimidación armada y destrucción de sus equipos periodísticos durante la cobertura de una jornada nacional de movilizaciones, convocada por varios sectores estudiantiles para rechazar las políticas gubernamentales que extienden la jornada educativa.

Los uniformados José Santos Ramos Mejía y José David Zúniga Amador accionaron las palancas del cerrojo de sus fusiles en medio de los 10 periodistas y de los manifestantes.

El hecho más grave se registró contra el reportero, Raúl Amador, de Canal 30, porque fue intimidado por el policía Ramos Mejía que le quiso apuntar con su arma de reglamento y lo amenazó con disparar si no dejaba de grabar la protesta de más de 1,500 estudiantes del Instituto Técnico 18 de Noviembre, el principal colegio de educación secundaria en la ciudad.

Antes de eso, Ramos Mejía había agredido al periodista Amador, de Canal 30, al arrebatarle su cámara, estrellándola contra el suelo, mientras el corresponsal intentaba grabar imágenes de la toma.

Durante la cobertura de las movilizaciones, iniciadas a las 8:00 de la mañana, la patrulla número 20-15, de Policía Nacional Preventiva, al mando del Inspector Zúniga Amador, irrumpió abruptamente embistiendo a los alumnos del Instituto Técnico 18 de Noviembre.

“Unos 1,500 muchachos entre 13 y 15 años, luego de congregarse en una cancha deportiva en el interior del Instituto, salieron a las calles. Estaban manifestándose pacíficamente y esperaban movilizarse hacia el centro de la ciudad, cuando los efectivos empezaron a amedrentar a la población estudiantil”, indicaron los periodistas que cubrían la manifestación. En medio de la protesta se produjo el ataque a la prensa.

Ante la arremetida policial, el periodista Gustavo Gallardo, de “Informativo La Verdad”, que se transmite por el local Canal 11 y José Luis Maradiaga Paz, corresponsal de canal 33 y Radio Globo pidieron al policía Ramos Mejía que se calmara, sin embargo, este lanzó un manotazo destruyendo una segunda cámara.

Policías sin preparación
Enseguida Ramos Mejía intentó apuntarle con su pistola al periodista de Canal 11 pero, “afortunadamente en medio del tumulto la pistola se cayó y fue recogida por un estudiante que se la entregó en sus manos”, indicó Gallardo en declaraciones al Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

Al ver la agresión, los estudiantes se enardecieron y se abalanzaron contra la patrulla, en la que se trasladaban cuatro elementos policiales, quienes se vieron forzados a irse de la escena, en medio de una lluvia de piedras.

A eso de las 10:00 de la mañana, los 10 comunicadores de radio y televisión afectados, acompañados por el presidente de la Red de Alertas y Protección a Periodistas (RAPCOS) en Olancho, Rolando Iscoa, denunciaron ante el Ministerio Público y responsabilizaron “al gobierno, al ministro de Educación, Marlon Escoto, y a la Policía Nacional, por cualquier cosa que le pase a alguno de los afectados”.

En reacción al ataque, los pobladores de Catacamas se pronunciaron “en diferentes espacios informativos donde se ha abierto los teléfonos y han repudiado esta acción de la Policía, pues, se trata del primer incidente de este tipo en la ciudad”, agregó Iscoa.

El presidente de RAPCOS también detalló que tras interponer la denuncia, el coordinador de fiscales del Ministerio Público en Catacamas aseguró que realizarían las investigaciones pertinentes.

Al respecto, el portavoz de la Policía Nacional, subcomisionado Leonel Sauceda, indicó que están en un proceso de investigación para precisar si los policías denunciados fueron los que participaron en este hecho y se les someterá a una audiencia de descargo. De encontrar que violentaron la ley, se les aplicarán las sanciones correspondientes, indicó.

Los jefes departamentales tienen instrucciones de respetar, servir, ayudar y ver como un amigo al periodista, sostuvo el oficial.

Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios indican que los encargados de hacer cumplir la ley “no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.

Fuente: http://clibrehonduras.com/main/noticias/polic%C3%ADas-amenazan-con-sus-armas-10-periodistas

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“Prefiero ir a la cárcel”, dice defensora condenada por divulgar denuncia de acoso sexual

Versión para impresiónEnvia a un amigoPDF Alerta 041-15
Honduras, 27 de marzo de 2015

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). “Aunque quedara firme la condena, nosotras preferimos ir a la cárcel que aceptar como correcta la aplicación de una ley que ha sido vista con ojos de hombre”, sostuvo la coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Gladys Lanza.

Si la Corte ratifica esta sentencia, Lanza tiene la opción de conmutar para evitar la privación de su libertad, pero le parece injusto admitir que la condenada sea ella, mientras el supuesto acoso sexual, cometido por el director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural (Fundevi), Juan Carlos Reyes Flores, quedó en la impunidad.

La Corte Suprema de Justicia deberá resolver el recurso de casación contra la condena de un año, con seis meses de prisión, más las penas accesorias, impuesta en su contra, el 26 de marzo, por el Tribunal de Sentencia de la Sala Uno de Tegucigalpa.

“Ya he estado en la cárcel, con el gobierno de Roberto Suazo Córdova (1982-1986) me tuvo presa por defender los derechos de los trabajadores, entonces, una vez más, me es indiferente”, agregó Lanza.

“En el gobierno de Suazo Córdova se implementó una política que negaba derechos de la población, derecho a la libertad de expresión y a la soberanía patria e igual estamos en este momento”, advirtió.

“El derecho a la libre expresión está siendo negado por parte de este tribunal, el hecho de que nos mande al silencio, de que no denunciemos a los agresores”.

Esto demuestra un pensamiento totalmente represivo y los recientes asesinatos muestran que siguen operando los escuadrones de la muerte que mataron y persiguieron valiosos compañeros en la década de los 80, indicó.

Este caso ya es conocido a nivel mundial. El Movimiento de Mujeres explicará a los organismos internacionales de derechos humanos cómo se aplica la justicia en Honduras.

C-Libre se solidariza con Gladys Lanza y condena el contexto de estigmatización, violencia sicológica e intimidación judicial en el que se produce esta decisión judicial por considerar que es una clara vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres y de la libertad de expresión.

De manera unánime, los jueces le impusieron esta pena como autora responsable del delito de injurias constitutivas de difamación en perjuicio de Reyes Flores.

Según los hechos probados ante el tribunal, el 15 de noviembre del año 2010, en horas de la mañana, el periodista Edgardo Escoto, de Canal 13 TVN Hondured, transmitía desde las afueras de Fundevi una protesta. Al ser entrevistada por el periodista, Lanza manifestó que el motivo del plantón en el lugar era para apoyar y acompañar a la ex empleada de la institución Lesbia Liliana Pacheco Kristoff, porque había denunciado ante el Movimiento feminista a Reyes Flores por acoso laboral y acoso sexual. En la manifestación, portaban pancartas en las que se leía: “Juan Carlos Reyes acosador de mujeres”.

Lanza también fue condenada a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena. La inhabilitación especial implica que no podrá ocupar cargos públicos ni ejercer el derecho político de elegir y ser electo, tampoco su profesión titular por el tiempo que dure la condena, entre otros. Mientras que la Interdicción Civil consiste en la suspensión de los derechos de patria potestad, tutela, guarda y administración de bienes, según un boletín del Poder Judicial.

En la sentencia, también, se establece la modificación de la medida cautelar de presentarse a firmar al Tribunal una vez al mes, antes lo hacía, una vez a la semana.

Fuente: http://clibrehonduras.com/main/noticias/%E2%80%9Cprefiero-ir-la-c%C3%A1rcel%E2%80%9D-dice-defensora-condenada-por-divulgar-denuncia-de-acoso-sexual

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HEU AHORRÓ MÁS DE TRES MILLONES DE LEMPIRAS POR CONTROL DEL PERSONAL

27 de Marzo del 2015

 

La Gerencia de Talento Humano del Hospital Escuela Universitario (HEU) informó que los procesos de monitoreo al personal, a través de las deducciones debidamente aplicadas, hizo que el Hospital ingresara en ahorro más de tres millones de lempiras.

Esta unidad se encargó de registrar las llegadas tardes de los empleados, el ausentismo y las deducciones por incapacidades, aplicando las normas internas del centro hospitalario.

En materia de llegadas tardes, el HEU se ahorró, al descontar de los salarios de los empleados, 590,115 lempiras; por ausentismo se dedujeron 34,514 lempiras y por incapacidades, 2, 510,508 lempiras, sumando en total 3,135,138 lempiras, apoyando de esta manera las finanzas de la institución.

Fuente: https://presencia.unah.edu.hn/salud/articulo/heu-ahorro-mas-de-tres-millones-de-lempiras-por-control-del-personal

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Centroamérica se acercará a Mercosur

Viernes, 27 Marzo 2015 23:00

El canciller argentino, Héctor Timerman, quien llegó a Guatemala el jueves, tenía previsto regresar a su país  ayer  viernes. El canciller argentino, Héctor Timerman, quien llegó a Guatemala el jueves, tenía previsto regresar a su país ayer viernes.

CIUDAD DE GUATEMALA – El canciller argentino, Héctor Timerman, acordó ayer viernes en Guatemala con sus homólogos centroamericanos iniciar un acercamiento de Mercosur con el istmo en áreas de política y comercio para promover la integración del continente.

La iniciativa surge luego de una reunión en la capital guatemalteca entre Timerman y sus pares o delegados de los países que integran el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

El Mercosur lo integran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, mientras que el SICA agrupa a El Salvador, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

“Uno de los temas que hemos discutido, debatido, es un acercamiento y un acuerdo entre Mercosur y SICA”, dijo Timerman en rueda de prensa junto con el ministro anfitrión Carlos Raúl Morales, al terminar el encuentro.

Timerman comentó que Argentina considera que “los países deben integrarse cada vez más, los mecanismos de integración como pueden ser SICA y Mercosur son las grandes vías por las cuales podemos transitar esa integración”.

Asimismo, dijo que la integración no debe ser solamente económica, sino política, social, ciudadana, migratoria y educacional.

Aclaró que en este momento Brasil y Guatemala deben iniciar el diálogo de acercamiento por ostentar la presidencia protémpore de cada mecanismo de integración.

Para el diplomático, hay que “trabajar de forma conjunta para defender los intereses no solo los de cada uno de los países, sino los intereses de la región toda frente a situaciones en las cuales muchas veces si vamos de forma separada no tenemos ninguna posibilidad de ser escuchados o mucho menos nuestras propuestas aceptadas”.

Unión
“La unión es lo único que nos va a fortalecer y nos va a permitir solucionar todos aquellos problemas de desarrollo económico, político, estabilidad de nuestros pueblos y por sobre todo bienestar para la gente de nuestros pueblos”:
Héctor Timerman, canciller argentino

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/item/25153-centroamerica-se-acercara-a-mercosur

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MP habría emitido opinión favorable a recurso de Callejas

27 de Marzo de 2015

10:56PM  –   Redacción  

El recurso presentado pide la inaplicabilidad del artículo 239, que prohíbe la reelección presidencial. CSJ aún no se pronuncia.

El Ministerio Público no se ha pronunciado oficialmente.
El Ministerio Público no se ha pronunciado oficialmente.

Tegucigalpa, Honduras

Una opinión a favor de la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución de la República habría sido emitida por el Ministerio Público.

El 11 de marzo de este año el expresidente de la República presentó ante la Sala de lo Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo pétreo.

Textualmente este dice: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado”.

En su segundo y último párrafo advierte que: “El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados”.

En ese momento Callejas aseguró que la normativa violentaba su derecho a elegir y ser electo y anunció que el mismo equipo político que lo llevó a la presidencia en 1990 estaba listo para iniciar una jornada política a su favor.

En ese sentido dijo que el derecho lo asistía para pedir a la Corte la inaplicabilidad del 239.

La tarde de ayer trascendió por los medios de comunicación radiales y televisivos que la Fiscalía para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público remitió su opinión a la Sala de lo Constitucional tal como fue solicitado el 17 de marzo, cuando la sala admitió el recurso.

Se conoció que en el documento, la Fiscalía sugería a la sala declarar a lugar la petición de Callejas ya que habían acuerdos comerciales con países en los que si se permitía la reelección y que no se podía limitar este derecho.

Ayer EL HERALDO consultó al departamento de relaciones públicas del Ministerio Público sobre la emisión de esta opinión, sin embargo, se informó que no se tenía acceso a la misma, por lo que no se confirmó ni se descartó la información trascendida.

Sin embargo, las dudas se generaron ya que el pasado lunes el director de fiscales, Rolando Argueta, dijo a los medios de comunicación que el plazo para verter esta opinión vencía el primer martes después de Semana Santa y que hasta esa fecha sería remitido el documento.

La misma interrogante la planteó ayer EL HERALDO a la oficina de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero no se obtuvo ninguna respuesta.

Pese a que la opinión del Ministerio Público no es vinculante, es decir que no generará repercusión ni cambios a la determinación de la Sala de lo Constitucional, es de vital importancia, ya que la misma Constitución estable sanciones para quien promueva la reelección.

Para evadir estos castigos, el pasado 8 de diciembre 16 diputados, 15 del Partido Nacional y uno de Unificación Democrática, presentaron un recurso de inconstitucionalidad para derogar el segundo párrafo de este mismo artículo que establece la inhabilitación de los cargos.

Además los diputados pidieron derogar el numeral 5 del artículo 42 que establece que la calidad del ciudadano se pierde “Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”.

Finalmente, los congresistas solicitaban derogar el artículo 330 del Código Penal.

Este artículo indica que “Será sancionado con reclusión de 6 a 10 años quien habiendo ejercido a cualquier título la Presidencia de la República, promoviere o ejecutare actos violatorios del artículo constitucional que le prohíbe ejercer nuevamente la Presidencia de la República o desempeñar de nuevo dicho cargo bajo cualquier título”.

“En la misma pena incurrirán quienes lo apoyaren o propusieren reformar dicho artículo. Cuando los autores de estos delitos fueren funcionarios, serán sancionados, además, con inhabilitación absoluta por 10 años contados desde la fecha de la violación o de su intento de reforma”.

Hasta el cierre de esta edición ninguno de estos dos recursos de inconstitucionalidad habían sido aprobados por la Coste Suprema de Justicia.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/826330-331/mp-habr%C3%ADa-emitido-opini%C3%B3n-favorable-a-recurso-de-callejas

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Alcaldía progreseña desacredita protesta por incremento al plan de arbitrios

Mar 27, 2015

Indignados por la dilatoria que las autoridades municipales están dando al reclamo de revisar el incremento al Plan de Arbitrios 2015, ciudadanos, ciudadanas y miembros de organizaciones populares y sociales del municipio de El Progreso, Yoro, al norte de Honduras, salieron en una protesta que llegó hasta la sede de la alcaldía.

Los caminantes aglutinados en el Comité contra el Plan de Arbitrios, iniciaron el recorrido desde la siete de la mañana del miércoles 25 de marzo, en la salida al municipio de Tela. Con la acción se buscan respuestas de las autoridades e invitar al resto de la ciudadanía a unirse al rechazo de este incremento, que según proyecciones supera el 500 por ciento.

Camilo Rivera, integrante del Comité, calificó la actividad como exitosa, ya que más de mil personas se movilizaron en reclamo a la aplicación de estos incrementos que no han sido socializados y aceptados por la ciudadanía de este municipio.

Rivera agrega que es el inicio de las movilizaciones que harán si el alcalde Alexander López y el pleno de regidores no acceden a revisar los incrementos aplicados desde diciembre de 2014.

Impugnaciones 

El pasado mes de febrero la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso (CCIP) inició con el proceso de impugnaciones al Plan de Arbitrios. Los empresarios se unen al rechazo de los ciudadanos y ciudadanas por el incremento de la vara cuadrada residencial, ya que antes costaba 252 lempiras y ahora deben pagar 900 lempiras, un incremento promedio del 300 por ciento.

Las alzas también se aplicaron a los permisos de operación y renovación.

Problema de raíz 

El conflicto inició desde inicios del mes de febrero, cuando de manera inconsulta un grupo de regidores aprobaron el nuevo presupuesto municipal que asciende a 420 millones de lempiras, partidas que son sustentadas a raíz de los incrementos a los impuestos.

La regidora Araminta Pereira del Partido Libertad y Refundación, una de las tres personas que votaron en contra del incremento al Plan de Arbitrios, dijo que el aumento es desconsiderado e injusto para la ciudadanía. Ella denunció que desde el alcalde y resto de regidores no se ha priorizado los intereses de la ciudadana.

Pereira acompañó a la ciudadanía en la protesta y junto a los representantes de Comité de rechazo al Plan de Arbitrios piden al pleno municipal iniciar un nuevo proceso de negociación, para lograr acuerdos en los incrementos que ya la Ley de Municipalidades avala en los años 0 y 5.

La caminata llegó hasta la alcaldía donde la representación del comité entregó al regidor Guillermo Galeas y a la secretaria municipal Jazmín Quiroz, un docuemtno que plantea la solicitud de derogar el Plan de Arbitrios actual e iniciar negociaciones para la aprobación de un nuevo documento que beneficio tanto a la municipalidad y la ciudadanía.

El regidor Galeas dice que recibieron el documento, y que lo evaluarán en los siguientes días para luego presentarlo ante el pleno de regidores y alcalde y así buscar dar respuesta a los protestantes.

Por su parte la secretaria municipal mencionó que Corporación acordó con los representantes de la Cámara de Comercio la conformación de una comisión que debe comenzar a revisar los valores que contiene el plan de arbitrios.

Promueven confrontación 

Contrario a la actitud conciliadora que mostraron tanto el regidor Galeas como la secretaria municipal; el alcalde Alexander López a través de su oficina de Relaciones Públicas acusaba a la ciudadanía que participó en la caminata pacífica de promover la confrontación y caos bajo bandera política.

En un comunicado, la municipalidad dijo que “pese a la campaña negativa promovida por ASICOMPRO, en la que se pretendió desinformar y confundir a la población progreseña, nuevamente queda comprobado que este pequeño grupo no logró sus objetivos, haciéndose acompañar de militantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), traídos del sector de Guaymas, El Negrito, Yoro; Mezapa, Atlántida; Santa Rita, Yoro; San Manuel y San Pedro Sula, del Departamento de Cortés”.

“Sumado a ello, movilizaron ciudadanos que actualmente mantienen en ocupación un predio municipal que han denominado Colonia Alemania, los que de manera ilegal pretenden posesionarse del mismo a pesar que ya les fue comunicado que este predio será destinado a la construcción del Hospital Regional, proyecto que fue aprobado en sesión de Consejo de Ministro por el Presidente de la República,  Juan Orlando Hernández. Quedó demostrado que los que participaron en esta marcha no tienen ningún interés en el Plan de Arbitrios, sino que protestaron por intereses propios e ideológicos- políticos jugando con la dignidad y la necesidad de quienes participan de buena fe y/o a cambio de una remuneración se prestan para este tipo de actos, que únicamente logran el repudio y el malestar de los ciudadanos que verdaderamente contribuyen al desarrollo del municipio”.

Como respuesta, el Frente Nacional de Resistencia de El Progreso dijo que el alcalde Alexander López infiltró un grupo disfrazado en marcha ciudadana para restar credibilidad a la lucha que tiene la población.

Mediante un documento dijeron que: “Alexander López, el Alcalde de El Progreso, sabe que el pueblo repudia el abusivo plan de arbitrios que pretende imponer porque aumenta los impuestos exageradamente en algunos casos hasta en un 500 por ciento, sin haber sido consensuado con los diferentes sectores sociales y con la oposición de dos regidores de Libre y una Regidora de la UD”.

Además agregaron que han sido presentadas las denuncias correspondientes en el Ministerio Público contra el Alcalde por su campaña difamatoria contra las organizaciones y las personas que se le oponen a sus autoritarias decisiones.

El Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, ratificó su posición en contra del abusivo plan de arbitrios 2015 en El Progreso y respalda totalmente a los compañeros Donaldo Bonilla y Araminta Pereira en la lucha contra esa imposición.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1957-alcald%C3%ADa-progrese%C3%B1a-desacredita-protesta-por-incremento-al-plan-de-arbitrios

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Muertes violentas son producto del estancamiento y mediocridad de operadores de justicia, según analistas

Mar 27, 2015

Esta semana se conocieron los resultados del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Según los datos, la tasa de homicidios en el 2014 fue de 68 por cada cien mil habitantes. Solo en el 2014 se reportaron cinco mil 936 homicidios lo que equivale a 16 asesinatos o muertes cada día.

Los datos del Observatorio reflejan un descenso mínimo en los homicidios en comparación al 2013 que fueron 79 homicidios por cada 100 mil habitantes, aunque es levemente mayor a los datos oficiales que ofrece la Secretaría de Seguridad, que es de 66.

“Yo creo que ha habido medidas importantes que ha tomado el gobierno, ha habido persecución del delito, muchas de las bandas han sido desarticuladas, ha habido captura y probablemente un mejor control en los centros penales” justificó la Rectora de la UNAH, Julieta Castellanos.

Los departamentos del denominado corredor seco que componen El Paraíso, Intibucá, La Paz, Valle y Choluteca, junto con Gracias a Dios presentan las tasas de homicidios más bajas que varían entre 28.6 a 19.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, sin embargo, éstas superan lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud que considera un problema de salud pública los países con tasas arriba de 8.8 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Honduras violenta

“Pese a que hay una tendencia a la baja, tener 68 homicidios por cada cien mil habitantes implica cuadruplicar la tasa promedio de América Latina y tener 11 veces más homicidios que el promedio mundial. La cosa avanza positivamente pero todavía hay retos y desafíos extraordinarios” reflexionó Omar Rivera de la Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ.

El observatorio detalla que se registraron durante el 2014 el asesinato de 536 mujeres. La Universidad sigue identificando el arma de fuego como el principal instrumento para cometer los homicidios, seguido de las armas blancas. Unos 33 municipios no presentaron homicidios o asesinatos durante el 2014 de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

El abogado Joaquín Mejía del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric de la Compañía de Jesús pide reflexionar más allá de las cifras que se han presentado.

“Creo que hay plantearse cuestiones interesantes como por qué en algunos municipios se ha reducido y en otros no. Por ejemplo, el observatorio plantea que en San Pedro Sula hubo una reducción del más del 20% en los homicidios y en Tegucigalpa fue de apenas un 4%. El gobierno podría decir que es por la Policía Militar pero la Policía Militar está en San Pedro pero también está en Tegucigalpa” dijo Joaquín Mejía.

Julieta Castellanos expresó que no hay coincidencia a plena con los datos de la Secretaría de Seguridad porque ellos se adelantaron a dar las cifras sin antes haber tenido un proceso de validación como siempre se había hecho con la Universidad.

“La diferencia en la tasa es de dos puntos. Yo creo que no hay un afán de ocultar la información, yo creo que la Secretaría creía que tenía toda la información y nosotros le demostramos que habían unos casos todavía que faltaban por verificar” aseguró Castellanos.

Estancamiento y mediocridad

El informe del Observatorio de la Violencia detalla que el 58.8% de los homicidios, unos 3,488, ocurrieron en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro. La mayoría de las víctimas, 79.6%, corresponden a las edades entre 15 y los 44 años.

“Por qué hay municipios en el país que son zonas blancas, es decir que durante el 2014 no se cometieron homicidios. Esto debería llamar la atención para analizar en esos municipios cuáles son las condiciones que provocan que no hayan homicidios y eso puede servir para poder aplicar esas condiciones en otros municipios del país” dijo Mejía.

Para Omar Rivera, hay un estancamiento y mediocridad en el desempeño de los operadores de la justicia en la capital de la República. “Hubo descensos del 40% de la tasa de homicidios en Juticalpa, 30% en La Ceiba, 25% de reducción en San Pedros Sula, sin embargo en Tegucigalpa y Comayagüela la tasa de homicidio tuvo una casi imperceptible reducción del 4%” expresó Rivera.

Tasa de seguridad sin resultados

Omar Rivera expresó que cuando se tienen 79 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2013 y la tasa pasa a 68 en el 2014, la gente no puede percibir ese tipo de cambio porque son modestos. “Es como que en la esquina de su barrio hoy maten 7 y el próximo fin de semana maten 6, obviamente allí no hay un cambio significativo” ejemplificó Rivera.

El representante de la Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ, cuestionó la utilización de los millonarios fondos que se recaudan con la llamada tasa de seguridad. “Da la impresión que la tasa de seguridad no rinde los resultados del caso. En algunos lugares en donde, lastimosamente, a diario usted observa la Policía Militar, los efectos son negativos” dijo Omar Rivera.

ASJ propone que para que las políticas públicas de combate a la criminalidad sean sostenidas en el tiempo se deben fortalecer las instituciones bajo la égida civil como son la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Criminal, el Ministerio Público, y avanzar en el proceso de despolitización del poder judicial y recuperar la gobernabilidad en los centros penales del país.

Puede leer el informe completo aquí: http://iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd36EneDic2014.pdf

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1955-muertes-violentas-son-producto-del-estancamiento-y-mediocridad-de-operadores-de-la-justicia-seg%C3%BAn-analistas

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Sulambiente: un fantasma del pasado que atormenta a San Pedro Sula

Mar 27, 2015

La extensión del contrato a la empresa Sulambiente para que recoja los desechos sólidos en la capital industrial ha causado diversidad de opiniones en todos los sectores de la población.

Muchos se atreven a decir que la determinación es un nuevo golpe a los intereses de la población sampedrana.

En la última semana, organizaciones populares, sociales y políticas hicieron un llamado a las diputadas y diputados para que la próxima semana no ratifiquen la ampliación al contrato.

“Hacemos un llamado a todos los diputados para que rectifiquen en su decisión y voten en contra de este contrato lesivo para los intereses de la gente”, manifestó Jimmy Sorto, dirigente popular.

“Hago un llamado a todos los diputados del Partido Anticorrupción (Pac) para que no ratifiquen la propuesta de ampliar un contrato que la municipalidad no tiene capacidad de pagar”, expresó la regidora municipal Gloria Millián.

Antecedentes

El tema de Sulambiente deja muchas dudas para quienes no conocen su historia. Para comprender el argumento de los críticos de la empresa es necesario conocer los hechos que marcaron el pasado económico y político de la comuna sampedrana.

Todo inició un  23 de mayo del año 2001, cuando al alcalde Roberto Larios Silva le faltaban solamente 8 meses para terminar su mandato, y siguiendo el esquema neoliberal de las privatizaciones iniciadas en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas 1990-1994,  decide privatizar publicando los pliegos de la  licitación  que regulaban la Concesión de los Desechos Sólidos de la ciudad de San Pedro Sula.

Antes ya había privatizado la Empresa División Municipal Ambiental (DIMA), el agua de los sampedranos, que él mismo creó en el año de 1976 y que había sido modelo de gestión en América Latina.

Todas las privatizaciones o concesiones eran parte de las exigencias de los organismos de crédito internacional y de esa forma hacerle factible el acceso a la municipalidad a fondos blandos para su desarrollo (ver decreto 303-98 de fecha 2 Enero de 1999).

Con la licitación de los desechos sólidos  participan y presentan oferta tres empresas, así el proceso incluyó pre y calificación simultánea en los siguientes términos: el Consorcio Resister EMCE, presentó una oferta de L. 69,283,508.00; la empresa italiana AGACC Y OTROS que ganó la licitación del agua (DIMA) que formalizó una oferta por L. 62,261,522.00; y la tercera empresa fue el CONSORCIO PROACTICA MEDIO AMBIENTE, S.A. que ofertó L. 114,657,944.00 y consistía en la limpieza de calles, recolección de desechos y operación del manejo del relleno sanitario.

La empresa ganadora fue la que presentó la menor oferta AGACC Y OTROS.

Sus precios en detalle fueron limpieza de calle a L. 94.08 por Km lineal, servicio de recolección por L. 211.63 la tonelada métrica y el Servicio de operación del relleno sanitario por L. 129.33 la tonelada métrica, el dólar americano en ese tiempo se cotizaba a L. 13.00 por un dólar pero la negociación se hizo en lempiras. En la cláusula N° 20 capítulo VI del régimen económico; se circunscribía a 14,000 toneladas métricas mensuales, es decir, unas 450 toneladas métricas diarias de recolección y manejo de desechos sólidos en esa época (año 2003) y barrido de calle de aproximadamente  5,300 metros lineales.

El 25 de Enero del 2002 toma posesión el nuevo gobierno dirigido por Oscar Kilgore  y en febrero de ese año la empresa ganadora AGACC Y OTROS, solicita al nuevo alcalde la firma del contrato que deriva de la licitación adjudicada de los desechos sólidos y así solicitar al Congreso Nacional, período 2002-2006, su aprobación porque  dicho contrato excede del período de gobierno municipal.

De esa forma se pretendía concluir con el proceso iniciado por el  alcalde Larios Silva. Si la nueva administración del 2002-2006,  hubiese considerado que ese contrato era lesivo a los intereses del pueblo sampedrano, no había mejor momento para anularlo y aprovechar que fuera en esa instancia superior que se lograra el propósito.

El 27 de Febrero del 2003, la Corporación Municipal del 2002-2006, decide violentar la Ley de Contracción del Estado que rige el proceso de licitaciones, según el acta N° 32 de sesión ordinaria y anulan el punto N° 2 del acta N° 90 de fecha 27 de Septiembre del 2001 donde se había adjudicado la licitación del concesionamiento de los desechos sólidos por unanimidad.

La única forma como podían anular esa licitación era mediante un dictamen legal donde la Procuraduría General de la República lo dictaminara pero no se agotó esa instancia.

Con la decisión  tomada por la comuna en pleno,  la  abogada Maribel Espinoza Turcios, a nombre de HOLDING ELECTRICA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD POR ACCIONES (HECA, S.P.A.), AGAC, SOCIEDAD POR ACCIONES (AGAC S.P.A.) ACEA SOCIEDAD POR ACCIONES (ACEA S.P.A.), AMA SOCIEDAD POR ACCIONES (AMA S.P.A.) Y ETERNA, S.A., las que conforman el consorcio AGAC Y OTROS, S.A., antes denominado SULAMBIENTE impugna primero ante el pleno corporativo  la resolución y obtiene respuesta negativa a dicha reclamación.

El 8 de Enero del 2004 mediante acuerdo corporativo según el punto 13 del acta Ordinaria N° 57; posteriormente,  presenta demanda con reclamación de daños  y perjuicios ante el  Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula el 4 de Febrero del 2004 reclamando lo siguiente:

-Que se anule el acto administrativo de fecha 27 de Febrero del año 2003, según el acta N° 32 punto N° 2 donde esa corporación municipal acuerda declarar fracasada la licitación adjudicada el 28 de septiembre del 2001 según el acta N° 90 de sesión extraordinaria de esa fecha.

-Al pago de daños y perjurios por la cantidad de $ 6,682,919.00, justificando dicha solicitud en que el consorcio AGAC Y OTROS, había pagado una comisión de éxito por dicho proceso licitado a un banco N+1 la cantidad de $1, 000,000.00 (Un Millón de Dólares)  y además habían inversiones en garantías bancarias por $ 1,500,000.00  (Un Millón Quinientos mil dólares )  y en compra de equipo.

-Pago de Costas y se obligue a la firma del contrato.

Con fecha 25 de Enero del 2005, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, presidido por el Abogado Mario Augusto Peraza Zelaya, emite sentencia sobre ese juicio donde se condena a la Municipalidad de San Pedro Sula, al cumplimiento de cuatro situaciones:

-A que se anule el acto administrativo de fecha 27 de Febrero del año 2003 donde la Corporación Municipal había declarado fracasado el proceso licitatorio en septiembre del año 2001.

-Al pago de daños y perjuicios que reclamó dicha empresa por  $ 6,615,794.00 (Seis millones seiscientos quince mil setecientos noventa y cuatro dólares). Con una diferencia de $ 67,125.00 (Sesenta y siete mil ciento veinte y cinco) entre lo solicitado y lo concedido por el juez Peraza Zelaya.

-Al pago de costas por un valor de $ 1,500,000.00 (Un millón quinientos mil dólares) y, A la firma del contrato original.

“Sulambiente sin recoger una hoja de papel recibió una millonaria cantidad de dinero de la comuna”, dijo a Radio Progreso el exregidor municipal Wilfredo Flores.

Confirmada la sentencia, los miembros corporativos presentan una moción el 19 de abril del año 2005 según el acta N° 105 del punto N° 19 donde autorizan al alcalde Oscar Kilgore a iniciar pláticas para resolver el conflicto por medio de una conciliación.

El 20 de Abril del 2005 notifican tanto el representante de  AGAC Y OTROS  y el alcalde  la formalización del inicio del arbitraje, proceso que se lleva a cabo entre el  5 de Mayo y 14 de Junio del 2005 sin llegar a acuerdos en una primera etapa y entre el 26 de Agosto y el 12 de Septiembre del 2005 en una segunda etapa, que es donde llegan a los acuerdos de pago.

Los aspectos fundamentales del acuerdo son los siguientes: la municipalidad se compromete a modificar las tarifas  y dolarizarlas, las tarifas se modifican de  L. 211.63 la recolección a $ 26.14 cuando se licitó el dólar se cotizaba a L. 13.00 por un dólar americano y en septiembre del 2005 el dólar se cotizaba a aproximadamente L. 18.60 por dólar y el relleno sanitario cambiaba de L. 129.33 a $ 15.95 y se eliminó el barrido de calle que había sido licitado en L. 94.08.

Las negociaciones no avanzaron y con la llegada de la nueva administración dirigida por Juan Carlos Zúniga, el proceso de negociación fracasó y al final la comuna sampedrana tuvo que pagar una demanda por daños y perjuicios a Sulambiente por una cantidad de Lps. 180 millones.

Vuelve el fantasma del pasado

El 17 de marzo, el Congreso Nacional aprobó en tercer debate el contrato suscrito entre la Municipalidad de San Pedro Sula y la sociedad Holding Eléctrica Centroamericano Sociedad por Acciones o Sulambiente, firmado por el alcalde Armando Calidonio.

Una comisión ad hoc nombrada para buscar una salida definitiva del problema determinó entregar al jefe edilicio cinco recomendaciones, entre las cuales figura la firma del contrato con la compañía.

“Hay que hacer un estudio de las finanzas de la Corporación Municipal, para saber si estamos en la capacidad de pagar las mensualidades a la empresa Sulambiente una vez que el contrato se apruebe”, caracterizó Antonio Rivera.

La pregunta del millón es ¿Cuál será el futuro de San Pedro Sula si se extiende el contrato a Sulambiente? El exregidor municipal Wilfredo Flores calificó la iniciativa de los congresistas como una atrocidad en contra de los sampedranos, manifestó que es un negocio de unos pocos en donde incluso está coludido el actual alcalde capitalino Nasri Asfura.

El diputado del PAC, Walter Banegas, manifestó en Radio Progreso que se debe revisar la propuesta y no aprobar algo que ha sido dañino para la economía municipal, todo basado en los hechos que marcan el pasado de Sulambiente quien sin prestar ningún servicio sangró las finanzas municipales.

Por el momento nadie sabe el contenido del nuevo contrato, los funcionarios municipales, analistas políticos ni diputados conocen el contenido del escrito, por lo tanto las cifras de pagos mensuales aún son un código indescifrable para la población.

El fantasma de Sulambiente parece cobrar vida con la acelerada aprobación de los diputados del Congreso Nacional la semana pasada, quienes aprobaron sin debate la propuesta de extensión de contrato a esa empresa.

“Quisiera pensar que no hay dinero de por medio, pero por la prisa que llevan los grupos de poder para aprobar este contrato, parece que hay algo oculto”, lamentó el dirigente popular sampedrano Ruy Díaz.

Las autoridades tampoco han dado a conocer quiénes son los empresarios ligados a tal empresa, todo se mantiene bajo un nivel de secretividad, a pesar de eso el Congreso está empecinado por aprobar el permiso a la mayor brevedad posible.

¿Diputados al servicio de quién?

El Congreso Nacional aprobó contrato entre la alcaldía de San Pedro Sula y la empresa Holding Eléctrica Centroamericana, antes Sulambiente, para la recolección de basura, en una sesión en la que no estaban muchos de los diputados del departamento de Cortés.

Diecisiete de los 20 diputados de Cortés representados en las diferentes bancadas del Congreso Nacional no votaron la decisión, varios diputados del departamento de Cortés votaron a favor del contrato, ellos son: Edgardo Castro, de Libertad y Refundación (LIBRE); Alberto Chedrani del Partido Nacional (PN) y Edwin Pavón de Unificación Democrática (UD).

“Es lamentable y condenable la actitud de los diputados que votaron a favor de este contrato, en particular de Edgardo Castro que pertenece al Partido Libre”, denunció Jimmy Sorto.

La esperanza de las organizaciones populares es que los funcionarios cambien su postura, pero curiosamente invitaron a los diputados y diputadas a una conferencia desarrollada la mañana del jueves 26 de marzo para ratificar su apoyo, ninguno de ellos llegó.

Ruy Díaz manifestó que a los diputados de Cortés se les debe exigir que no traicionen al pueblo, y que no se dejen llevar por las propuestas económicas a lo interno de la cámara legislativa.

“No tengo conocimiento de sobornos para aprobar la propuesta, pero creo que los diputados debemos pensar bien nuestra decisión y oponernos a la medida”, declaró sobre el tema el diputado Walter Banegas.

“Acá hay muchos traidores, empezando por los funcionarios municipales, el alcalde Armando Calidonio, diputados, empresarios. Le están dando un duro golpe a la gente”, caracterizó el periodista y analista político Santiago Serna.

La única esperanza de San Pedro Sula, para revertir la propuesta de ampliación del contrato a Sulambiente está en sus diputados, funcionarios que en la actual administración de gobierno han traicionado una y otra vez a la población de la capital industrial.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1954-sulambiente-un-fantasma-del-pasado-que-atormenta-a-san-pedro-sula

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En Honduras ser estudiante que exige sus derechos es merecedor de represión

Mar 27, 2015

Cuatro estudiantes asesinados, varios heridos y otros cuatro desaparecidos ha sido el recuento de una jornada de manifestaciones estudiantiles que se dieron esta semana en Honduras. Uno de los hechos que ha indignado a la población es que una de las estudiantes asesinadas apenas tenía 13 años de edad y había manifestado su descontento por la falta de mobiliario en su instituto, el Central Vicente Cáceres. Organizaciones como Casa Alianza en Honduras han condenado estos asesinatos y los vinculan con una política represiva del Estado en contra de la juventud.

Estudiantes de varios colegios públicos en Tegucigalpa,  durante dos semanas han realizado jornadas de manifestación en contra del nuevo horario de clases decretado por el ministro de Educación Marlon Escoto. Las y los estudiantes, que rechazan la nueva medida por los altos niveles de criminalidad en Honduras y que además exigen la mejora de la infraestructura escolar, han sido reprimidos con bombas de gas lacrimógeno, golpes y detenciones  por parte de elementos de la Policía Nacional.

“Cuando ellos empezaron a sacar el equipo antimotines nosotros le dijimos que era en paz, en paz y ellos llegaron, se acercaron demasiado a donde nosotros teníamos nuestra protesta; quemamos una llanta para que no se acercaran y empezaron a lanzar bombas lacrimógenas”, decía una estudiante del Central Vicente Cáceres, al momento en el que los policías decidieron parar la represión contra los más de 100 alumnos y alumnas.

Ese mismo día, 15 de marzo, dos jóvenes de dicho instituto resultaron heridos de bala, uno en el abdomen y el otro en el glúteo; un oficial de policía, quien se identificó como Turcios, que estuvo a cargo del operativo aseguró que los estudiantes, ingresados a la emergencia del Hospital Escuela Universitario, fueron heridos con el arma de un guardia de seguridad privada.

“Nosotros no hemos hecho uso de las armas de fuego, nosotros no hemos hecho uso de nuestras armas, usted mira que estamos replegando, vea la represión de que somos objeto”, declaraba vagamente el oficial Turcios.

A falta de bombas de gas lacrimógeno y después de arrestar a varios jóvenes, los policías determinaron parar la represión de esa tarde de lunes.

Horas después de la represión en el Instituto Central Vicente Cáceres, el ministro de educación, Marlon Escoto, emitía un comunicado en el que pide a la población estudiantil presentar sus propuestas por escrito para atender de forma diferenciada la ampliación de los horarios clase.

Represión en UNAH

La mañana del miércoles 25 de marzo, los alumnos de los institutos Técnico Honduras,  Jesús Aguilar Paz, Hibueras, Técnico en Administración de Empresas y la Normal Mixta Pedro Nufio se tomaron el bulevar Suyapa, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras –UNAH-, una vez más fueron reprimidos.

Los policías antimotines y militares  ingresaron hasta las instalaciones de Ciudad Universitaria para reprimir al grupo de jóvenes, que se refugiaron en dicho lugar, con una lluvia de gas lacrimógeno.

La manifestación era diferente, porque no solo exigían derogar la nueva ley de la Secretaría de Educación, demandaban justicia  por el asesinato de dos dirigentes estudiantiles del Instituto Jesús Aguilar Paz y una alumna del primer curso de ciclo común en el Instituto Central Vicente Cáceres.

Elvin García López y Darwin Josué Martínez Hernández, que estudiaban en la jornada nocturna, mientras conversaban, a inmediaciones del Instituto Jesús Aguilar Paz, fueron acribillados por sicarios.

Dentro de un saco blanco y con signos de estrangulamiento, de acuerdo a las declaraciones de Medicina Forense, fue encontrado el cuerpo de Soad Nicole Ham Bustillo, de 13 años, en las cercanías del Instituto Central.

“La comunidad estudiantil estamos de luto. Estamos demostrándole al gobierno que con los estudiantes nadie se tiene que meter, porque si nos mataron a los estudiantes ¿qué nos pasará como dirigentes?”, expresa Obed García del Instituto Mixto Hibueras, con la voz entrecortada, al recordar a sus “compañeros de lucha”.

Obed demanda del gobierno de Juan Orlando Hernández y su ministro de educación “seguridad en los institutos, en las calles y no represión”.

“Un oficial de la Policía Nacional me dijo que a mí no me iban a buscar en una posta sino que me iban a buscar en un cerro, directamente eso es una amenaza a muerte. Entonces yo no le tengo miedo a la muerte, pero no es lo que queremos, aquí en este país ya no queremos más muertes, solo por el derecho que nosotros nos hacemos valer como estudiantes”, denunció el dirigente estudiantil.

Miembros del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos –CIPRODEH- sirvieron de mediadores y lograron que los policías se alejaran para que los alumnos salieran de las instalaciones de la UNAH: “más allá de una cosa contundente, que los estudiantes puedan retirarse del centro educativo sin ninguna persecución y ningún requerimiento de parte de la Policía”, explicaba Dennis Muñoz del CIPRODEH.

El comité por la Libre Expresión –C-LIBRE-, emitió una alerta en la que destaca que Cuatro estudiantes del Instituto Héctor Pineda Ugarte -HPU- desaparecieron después de participar en una protesta frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

“Son cuatro compañeros del HPU que estaban ayer en la lucha cuando nos estaban reprimiendo en la UNAH, se suponía que estaban en la posta de Valle de Ángeles, se movilizaron y la posta estaba cerrada. La luz del fondo estaba encendida, tocamos, tocamos y nada que nos abrieron, no sabemos su paradero no han llegado a su casa a dormir y viendo la situación en que estamos, son compañeros que han estado al frente de la lucha, han dado su cara”, se detalló en la alerta.

Exigen que el Congreso Nacional interpele al ministro de educación

La tarde del jueves 26 de marzo estudiantes de diferentes carreras de la UNAH realizaron una manifestación para repudiar los actos de represión y el asesinato de Elvin, Darwin y Soad. No hubo represión, pero sí una fuerte militarización en los accesos a Casa Presidencial.

José Luis Somoza, estudiante de último de sociología, comenta que se solidarizan con los jóvenes de educación media porque “están siendo asesinados por reclamar un derecho; porque creen que el derecho a la educación es un derecho humano y que se deber de respetar y garantizarse, y en el país actualmente no se nos garantiza a ninguno de los niveles, solo se nos garantiza represión y desaparición”.

En la manifestación, que inició frente a la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán y finalizó en las cercanías de Casa Presidencial, los estudiantes y las estudiantes pidieron la pronta interpelación en el Congreso Nacional de Marlon Escoto, ministro de educación, ante la “falta de un diálogo y consensos” para la implementación del nuevo horario de clases.

“Como estudiante y como mujer exijo al Frente Nacional de Resistencia Popular –FNRP- retome el camino de la movilización nacional, porque si no nos van a matar a todos y todas. También exijo a la bancada de oposición que interpele al ministro Marlon Escoto, para exigir su renuncia”, manifestó Kelly Núñez, estudiante universitaria e integrante del Partido Socialista de los Trabajadores –PST-.

La jornada de manifestaciones culminó con los discursos estudiantes de varios estudiantes de los diferentes centros estudiantiles, los que también exigen la renuncia del titular de educación.

Marlon Escoto se ha limitado  emitir comunicados de prensa y a expresar que las protestas estudiantiles son impulsadas por el Partido Libertad y Refundación -Libre, dirigentes magisteriales, docentes y organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1960-en-honduras-ser-estudiante-que-exige-sus-derechos-es-merecedor-de-represi%C3%B3n

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“En Honduras hay gente organizada para ejecutar a niños y niñas pobres”

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Honduras vive un contexto de violencia generalizado, y en medio de este escenario, el país ha levantado su voz de alarma por la ejecución de cuatro estudiantes que suceden en un contexto muy especial, jóvenes en las calles exigiendo que el gobierno les escuche, les atienda y que se les proteja mientras cumple con su deber de asistir al colegio.

La noche del martes 24 de marzo, justo el Día Internacional del Derecho a la Verdad contra las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas, fueron asesinados dos estudiantes del Instituto “Dr. Jesús Aguilar Paz” de Comayagüela, y una joven quedó gravemente herida, falleciendo horas después en un centro asistencia público, los hechos fueron después de su jornada de clases.

En la mañana del miércoles 25 de marzo, fue encontrado envuelto en una sábana el  cadáver de una niña de 13 años que cursaba el primer curso de Ciclo Común en el Instituto Central “Vicente Cáceres” de Comayagüela, ella fue vista por última vez la mañana del martes 24 de marzo cuando salió de su casa rumbo al centro educativo al que asistía, relata un comunicado de Casa Alianza- Honduras.

Con respecto a estos hechos, el director de Casa Alianza en Honduras, José Guadalupe Ruelas García, dialogó con defensoresenlinea.com y dijo que no cabe duda que estos jóvenes estuvieron participando y reclamando sus derechos de una manera pública, y eso los ha expuesto.

Detalla que hay un patrón donde los jóvenes reclaman sus derechos, la autoridad responde con amenazas porque no hay un diálogo franco, los medios de comunicación los estigmatiza, la policía los reprime, luego son asesinados. Uno se da cuenta que hay dos actores: los estudiantes y el Estado.

“No hay ninguna forma de eludir que estos estudiantes fueron asesinados por haber participado en las manifestaciones”, afirmó el defensor.

Por lo que resulta que hay una responsabilidad directa de parte del Estado, y que no cumplió previamente son los jóvenes, que es dar una educación de calidad que significa con acceso, oportunidad, y calidad, de tal manera que sea un colegio funcionable.

Hay una responsabilidad que no cumple en la actualidad y es cuando los jóvenes buscan dialogar, no hay apertura, en lugar encontrar de una silla y mesa dónde sentarse, encuentran muchos militares en frente, la militarización de los centros educativos, la estigmatización de los medios de comunicación y las amenazas de las autoridades diciendo que los jóvenes se andan exponiendo.

El Articulo 16 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes manifiesta que “Los Estados Parte reconocen a los jóvenes, con la extensión expresada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a su libertad y al ejercicio de la misma, sin ser coartados ni limitados en las actividades que derivan de ella, prohibiéndose cualquier medida que atente contra la libertad, integridad y seguridad física y mental de los jóvenes”.

Por su parte, el Gobierno  debería de dar la cara y manifestar que es inaceptable que los jóvenes sean asesinados en la forma que sea, y que se siente a solucionar el problema con las partes interesadas, docentes, alumnos, padres de familia y Estado.

Y es que en lugar de dar información de los que sucede en estos actos contra la juventud, se  les hace un prejuicio, incluso cuando van a interponer una denuncia, se les señala antes de escucharles.

Al hacer comparaciones, Ruelas, manifiesta que hay un patrón de asesinato de niños y niñas que mueren en las calles, y es el mismo patrón con el que mataron a estos cuatro estudiantes.

El esquema es que hay personas con recurso económicos, están organizadas, vehículos caros sin placa para movilizarse por donde quieren, armas caras, teléfonos de última generación, impunidad, son conocidos por la autoridad, a veces usan gorros pasamontañas y chalecos antibalas, y van asesinan jóvenes en los barrios y colonias más pobres. Otra característica es que son niños y niñas pobres, y  además que las víctimas no tienen armas ni chalecos antibalas.

“En Honduras hay gente organizada para ejecutar a niños y niñas pobres, siendo un promedio de 83 víctimas en las calles del país, que pierden la vida a manos de gente armada. Por lo que hace pensar que si estos cuatro asesinatos siguen los mismos patrones que los demás, las mismas personas que ejecutaron estos asesinatos, hicieron los otros, solo que con motivos distintos, a unos por generar terror y a estos por desmovilizar y satanizar a la juventud que está reclamando sus derechos”, explicó el defensor de los derechos dela niñez.

La organización lleva a la búsqueda del diálogo

Los jóvenes han vivido tantas situaciones de terror en los barrios y colonias pobres, que es difícil que ellos se asusten por ver policías. Ellos han sido organizados en juntas, gobiernos y directivas, en las que  tienen líderes y lideresas que son las que se ponen de acuerdo, hablan y se comunican.

Ruelas abundó en que, uno se da cuenta que hay un nivel organizativo y ante la necesidad alzan su voz y se movilizan, por lo que desde allí hay que pedir ni un asesinato más de niños y niñas en Honduras por las causas que sean, una investigación clara de los que acontece, y un diálogo con los actores interesados para dar una alternativa a la educación.

Por lo que en ese contexto, donde los estudiantes llevan dos semanas de manifestaciones en contra de los horarios extendidos, no se trata de solucionar si ellos dejan o no las calles, sino que faltan  aulas, pupitres, material didáctico, docentes, apoyo, seguridad para que la educación pueda realizarse, no sólo basta una Ley de Fundamental de Educación, pues casi no está funcionando, casi un millón de hondureños no acceden al sistema, quedan excluidos, continuó Ruelas.

Los jóvenes que gritan y exigen, es que tienen la necesidad de ser escuchados. En personalidades de una de las víctimas, Soad Nicoll Ham, la menor de 13 años, estudiante del Instituto Central Vicente Cáceres, se ve que hay valentía, audacia, valor e irreverencia, como cualquier otro joven que tiene la desesperación de ser escuchado, porque cuando la persona se siente escuchada, habla en voz baja, es por eso que niños y niñas de educación media han levantado la voz porque no son escuchados, y tratan de llamar la atención de la forma que sea, lamentablemente llamaron la atención de un Estado que no tiene compasión y que escucha solo aquello lo que le conviene escuchar, detalló el director de Casa Alianza.

Quien le esté diciendo a Juan Orlando Hernández, titular del poder Ejecutivo de Honduras,  que sólo cuatro colegios presentan problemas y que todo está bien, le miente. Sino le dicen que en Honduras hay un problema de seguridad no está solucionado y que su estrategia militarista solo le está trayendo muerte  no le está mintiendo, y él tiene que entender eso.

Esta estrategia militarista entra en problemas, porque el régimen militar funciona en un orden jerárquico vertical, el subordinado recibe órdenes y obedece, no hace preguntas. Aquí hay un problema, es que el soldado piensa que somos subordinados de ellos, que somos como la escala más baja en la jerarquía, y si en la calle nos dicen “enséñeme sus papeles” les preguntamos ¿Por qué? Entonces el uniformado no entiende que los civiles tenemos curiosidad, el cree que debemos obedecerle y por lo que somos desobedientes y rebeldes, para ellos es todo “si señor”, entonces cuando la ciudadanía dice “no estamos de acuerdo” ellos dicen “hay que ponerlos en orden.

Ellos piensan de forma militarista, la militarización es un mal que se supera con la civilización, de ahí los términos civil y militar, debemos luchar por la civilización de la hondureñidad, no por la militarización.

Artículo 13 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes expresa que “Los Estados Parte reconocen el derecho a la justicia de los jóvenes. Ello implica el derecho a la denuncia, la audiencia, la defensa, a un trato justo y digno, a una justicia gratuita, a la igualdad ante la ley y a todas las garantías del debido proceso”.

Y es que, cuando los estudiantes salen a las calles a protestar porque no quieren que la jornada nocturna termine a la una de la mañana por obvias razones, entonces los militares dicen ¡ah son unos desobedientes, hay que ponerlos en orden!

Aquí vemos a la fuerza contra la razón, jóvenes dentro de un colegio, amedrentándolos con un cuaderno y lápiz por jóvenes que no pudieron estudiar y no les quedó otra alternativa que portar un fusil en el hombre, jóvenes atemorizando a jóvenes, continuó Ruelas.

“Vemos que por miedo o por interés se estigmatiza las luchas sociales, se hacen cómplices para un futuro nada prometedor, se podría eliminar la jornada nocturna, y después que se va eliminar podemos llegar a un punto en que sea prohibido estudiar, pensar, escribir o cantar, y el arte va ser un acto subversivo, porque todo va ser sospechoso. Estamos gobernados por personas que no tienen talento, pero tampoco la capacidad de escuchar a otros para cambiar de opinión”.

Dijo que los jóvenes que mueren en las calles de Honduras es responsabilidad del Estado por omisión por no hacer lo necesario, por complacencia por decir que lo mataron por andar en algo malo, como que eso está permitido. Hay complicidad cuando se deja pasar las cosas o se hacen y por participación directa hay familias que denuncian que sus hijos son detenidos por supuestos policías y a los días parecen muertos.

En las manifestaciones se conoce de personas que toman fotos y videos a los manifestantes, o que los vigilan desde carros sin placa, y porque la policía no los detiene, más bien los protege. Si fuera de civiles, la policía los detendría.

El estado tiene que darse cuenta que la situación es insostenible para la población y que cada vez gobierna solo para un pequeño grupo. Por ejemplo el programa de militarización infantil Guardianes de la Patria, es tan bueno, porque solo se llevan a los niños pobres, porque el presidente no envía también a sus hijos, si esa fue una idea genial, es que ellos creen que los pobres se pueden hacer delincuentes, que son personas malas, les quieren quietar la riqueza, no los deja explotar los recursos naturales, entonces hay que mantenerlos quietos, porque el 80 por ciento de la población es pobre y hay que controlarla, incluso aplicándole más impuestos.

Y este pago de impuestos que es por tener seguridad, y se paga hasta en cinco veces, en el país se registra unos 15 mil militares, 12 mil policías y unos 120 mil guardias de seguridad privada, por lo que es un gran negocio para unos pocos, porque los vigilantes ganan menos de salario minino y sin ningún beneficio y en turnos de 24 horas, y no se está recibiendo seguridad, hace seis años se ejecutaba a 43 jóvenes al mes, ahora que la seguridad está en manos de militares, se ejecutan 83, con más militares, tasa de seguridad, mas cámaras y patrullas.

“Es un peligro ser jóvenes en la actualidad, también es un reto y una oportunidad. Somos una generación que no tuvo el valor de entregar un país más justo, equitativo, sino un país lleno de muerte  y violencia. Los ahora jóvenes nos contaran en el futuro que les tocó reparar cosas que nosotros no tuvimos el valor de hacer”.

Históricamente somos producto de la violencia, desde la colonización española, que a la fuerza de apoderaban de nuestros bienes y la indígenas, pero con el dialogo debemos cambiar esa mentalidad machista y que las cosas se consiguen a la fuerza.

Para finalizar, Ruelas extiende su admiración a los y las estudiantes, y que cuentan con su apoyo y que no tengan miedo, al fin y al acabo la vida es una lucha, sino se lucha entonces no se vive y al estado parara la represión y la muerte de niños y niñas, tienen que escucharlos y atenderlos, para eso el Estado salga de su burbuja de gravedad cero, sonde al parecer andan flotando y no ponen los pies en el suelo.

Casa Alianza denuncio que el asesinato de estos estudiantes y la represión de que ha sido víctima el movimiento estudiantil, se da también en un contexto de ausencia de dialogo abierto y democrático por parte del gobierno.

Los estudiantes, después de Semana Santa, darán dos semanas de espera al ministro de Educación Marlon Escoto, para que se siente a dialogar directamente con ellos y que los escuchen, porque la medida de extensión de horario, 5 minutos por clase, los pone en peligro en el camino a casa o al colegio.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3451:en-honduras-hay-gente-organizada-para-ejecutar-a-ninos-y-ninas-pobres&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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“Ley antimaras” debía ser derogada tras sentencia de CorteIDH pero al contrario será endurecida

Mar 27, 2015

A pesar que la sentencia en el caso Pachecho Teruel vs el Estado de Honduras, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, recomienda la derogación del artículo 332 del Código Procesal Penal, llamado “Ley Antimaras”, el actual gobierno busca reformarlo una vez más y endurecer las penas ampliando el rango de acción más allá de las maras y pandillas.

Artículo 332 del Código Penal fue reformado durante el gobierno de Ricardo Maduro y a esto se le llamó Ley Antimaras. El artículo actualmente establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L. 100, 000.00) a trescientos mil (L. 300, 000.00) lempiras, a los Jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo, rebajada en un tercio se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son Jefes o Cabecillas aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo”.

Para el analista en temas de seguridad, Javier Canales, esto es sumamente peligroso en el contexto actual, como lo fue en aquel momento.

“Eso lo que va a permitir es retomar la cacería de brujas que se generó en el periodo del presidente Maduro en donde nadie terminó concretando una valoración simple: ¿o fue la policía incapaz de capturar o fue el gobierno suficientemente capaz de manipular? porque se estimaba en aquel momento que habían entre 50 y 60 mil miembros de pandilla y finalmente ni siquiera capturaron 5 mil”, explicó Canales.

Este analista además asegura que tras la aplicación de la “ley antimaras” lo que pasó es que las maras y pandillas se reestructuraron, crearon vínculos más fuertes con la policía y se asesinó a jóvenes estigmatizados.

“Ahora se van a fortalecer esos círculos viciosos de impunidad y corrupción donde la policía va a tener boleto libre para capturar al joven que se le ocurra porque, como no se comprende el tema de pandillas, cualquier joven en Honduras por un peinado, por su vestimenta, por la comunidad de donde proviene puede ser objeto de señalamiento como integrante o vinculado a pandillas y eso es peligroso, criminalizar la juventud, y sobretodo estigmatizar a partir de esa situación de marginalidad”, explicó.

El mismo presidente Juan Orlando Hernández la semana pasada, tras un altercado en el Centro Penal de San Pedro Sula, envió al Congreso Nacional una solicitud de reformas al artículo 332 del Código Penal, porque considera que dicha normativa no está siendo efectiva en los castigos para los grupos criminales.

A criterio de los analistas en derechos humanos y en temas de seguridad, el mandatario debe socializar con los distintos sectores las propuestas de reformas, pero también debe enfocarse en programas que eviten el involucramiento de los jóvenes en las maras, pandillas y otros grupos criminales.

Juan Almendarez, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de la Tortura (CPTRT) dijo que “sería muy importante precisar cuál es la política criminal de Estado que generalmente no se precisa, hasta ahora ha consistido en una política inquisitiva, persecutoria y con tendencia represiva”.

También el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez declaró que “aquí hay que desarrollar paralelamente la lucha férrea contra las maras y pandillas y sobre todo contra sus liderazgos que es donde claramente hay que hacer los golpes, la prevención para que jóvenes en riesgo social no entren en esta situación, hay un llamado a la iglesia, a los padres y madres de familia, a la sociedad y al gobierno, por algo tenemos estas condiciones porque dejamos de hacer mucho, la reflexión es no meter a la cárcel a los jóvenes porque en eso se va todo el país preso, es evitar que la juventud caiga en una situación que comprometa su vida y la de los demás”.

Leer además: Honduras, una larga historia de violencia

Analistas han coincidido en que la reforma al 332 que se dio en el gobierno de Maduro, además de dar luz verde a ejecuciones extrajudiciales por parte de entes del Estado y las masacres de jóvenes, desató en las organizaciones criminales un recrudecimiento de la violencia.

Los crímenes en el país obedecen a que el gobierno sigue con el mismo comportamiento. Medidas que han aumentado la impunidad. “Cuando la impunidad es un paraguas, entonces el crimen y la violencia encuentra un respaldo, las elites políticas y económicas ligadas al crimen organizado son un mal ejemplo para el crimen común en función de que la estructura estatal no funciona  para castigar”, dijo Méndez.

Por su parte Canales cree que las pandillas, aunque inciden directamente en la situación de violencia que coloca a Honduras con cifras alarmantes, no son el principal elemento de la inseguridad que se vive como se hace ver a través del gobierno.

“¿Qué tanto nos quedamos con la imagen de las pandillas por no tocar los temas que realmente han generado toda esta contaminación a lo interno de las estructuras de seguridad, llámese policía, investigación, fiscalía, poder judicial, jueces y magistrados? Nosotros sabemos que cuando alguien es capturado y es señalado como narcotraficante, sus condiciones en las cárceles son privilegiadas y así muestran su poder, eso es lo que ha permeado totalmente el sistema”, explicó Canales.

Canales cree que es necesario un análisis más profundo sobre el fenómeno pandilleril pues ha sido muy cambiante. Actualmente el crimen organizado trasnacional controla a través de la narcoactividad a estas organizaciones delictivas que además están conectadas con gobiernos locales, el poder judicial, entes de seguridad, etc.

“El tema de las pandillas es un distractor de los verdaderos problemas de la seguridad del país que es la corrupción, la manipulación en el sistema de justicia”, dijo.

Sentencia Pacheco Teruel

El Estado de Honduras recibió recomendaciones en la sentencia Pacheco Teruel vs Honduras por el caso del incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula donde murieron calcinados 117 privados de libertad el año 2003.

La sentencia establece que:… Según lo informado por el Estado, en la actualidad el sistema penitenciario hondureño se encuentra en “emergencia penitenciaria”. Estas deficiencias se habrían agravado como consecuencia de la implementación de reformas penales adoptadas por el Estado en el marco de las políticas de “tolerancia cero” que pretendían erradicar a las “maras” y pandillas con la finalidad de controlar la violencia.

Como parte de estas medidas, mediante el Decreto No. 117-2003 adoptado en agosto de 2003, se reformó el tipo penal de asociación ilícita contemplado en el artículo 332 del Código Penal, aumentando las penas para este delito e incluyendo en su redacción una mención explícita a las maras como forma de asociación ilícita. A partir de esa reforma, la policía inició una práctica común de detenciones por sospecha y arrestos masivos con base en la apariencia de las personas y sin orden previa de autoridad competente.

Lo anterior incidió en el incremento de los niveles de sobrepoblación de los centros penales y acentuó los problemas estructurales existentes en todo el sistema penitenciario, pero particularmente en aquellos centros destinados a personas acusadas de pertenecer a las maras. En la época los hechos, la capacidad total de los 24 centros penales del país era de 8,280 plazas. Sin embargo, en el 2004 la población penitenciaria era de 10,931 internos, y para el 2008, se incrementó a 11,723 internos.

En relación con los artículos 7, 9 y 2 de la Convención Americana, el Estado reconoció que el Decreto Legislativo 117-2003, que reformó el artículo 332 del Código Penal de Honduras, relativo a la llamada “Ley Antimaras”, no precisó los elementos de la acción que se considerarían punibles, lo que condujo a que éstos fueran usados de manera arbitraria y discrecional por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Esta norma abrió un amplio margen de discrecionalidad que permitió la detención arbitraria de personas sobre la base de percepciones acerca de su pertenencia a una mara. En ese sentido, la inexistencia de mecanismos legales o criterios de verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita implicó que el aludido Decreto no cumpliera la exigencia de extremar precauciones para que el poder punitivo del Estado se administrara con respeto de los derechos fundamentales.

Por tanto, dicha reforma incumplió el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención de Derechos Humanos.

…A través del acuerdo de solución amistosa el Estado se comprometió a adoptar dentro del plazo de un año, las siguientes medidas legislativas: a) revisar, modificar o derogar el artículo 332 del Código Penal y otras disposiciones legislativas o reglamentarias afines, “con el propósito de adecuarlo a los estándares establecidos en los artículos 7, 9 y 24 de la Convención Americana”, y como ha sido recomendado por el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria.”

A tres años de esta sentencia, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández ha anunciado endurecer las medidas contempladas en el 332 y los trabajos forzados dentro de los centros penales que además están militarizados, contrario a la recomendación de crear un instituto penitenciario y una carrera penitenciaria manejados por civiles.

Javier Canales, asegura que con estas políticas de “cero tolerancia” se agudizarán los conflictos especialmente en ciudades como San Pedro Sula con fuerte presencia de maras y pandillas.

“Partiendo del hecho de que estos grupos como fenómeno social son cambiantes, pienso que van a continuar la adaptación porque precisamente fue lo ocurrido con la reforma del artículo 332. Ya hay una ley para la rehabilitación y reinserción de las personas involucradas en maras y pandillas que desafortunadamente aquí es ignorada y es solo una oficina que tiene dos o tres políticos enchambados y que se han olvidado totalmente, no aparecen en ningún espacio con la vigencia del tema.

Estos grupos se van a adaptar, las comunidades van a sufrir más la represión policial porque quienes estamos al margen de las actividades criminales no podremos salir al parque, a un centro educativo, nos toca salir a la calle con el miedo a ser capturado, pero con esta reforma la juventud temerá ser reprimida y eso puede desencadenar reacciones más violentas. Recuerdo que en la reforma del 332 y se hacían los mega operativos, los jóvenes eran desnudados en las calles. Ese es un elemento que el gobierno aún no quiere entender cuando ya se ha señalado lo peligroso que se vuelve”, explicó el analista en temas de seguridad.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1959-%E2%80%9Cley-antimaras%E2%80%9D-deb%C3%ADa-ser-derogada-tras-sentencia-de-corteidh-pero-al-contrario-ser%C3%A1-endurecida

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Cinco mil campesinos tienen procesos judiciales por exigir derecho a la tierra

Mar 27, 2015

“No tenía ni un pedacito de tierra para vivir ni para cultivar los granos básicos  con los que comemos a diario”, manifestó  Blanca Manueles, acusada de invasora de un pedazo de tierra donde hace 9 años vive con sus hijos en la aldea Quilaperque, del municipio de La Paz, en la zona central de Honduras.

Blanca es una de las más de 700 mujeres campesinas acusadas por luchar por un pedazo  de tierra. De acuerdo a la organización Vía Campesina Honduras, alrededor de 5 mil campesinos y campesinas tienen procesos judiciales en su contra por  exigir el derecho  a la tierra.

Solo en el departamento de La Paz, de 48 grupos campesinos, 46 de ellos tienen  procesos legales,  hay  más de 500 personas con medidas sustitutivas y 10 campesinos guardan prisión, condenados a  más de 6 años de cárcel.

Los campesinos que guardan prisión son: Omar Mejía Gálea,  Venancio  Palomo Chavarría y Gerson Edgardo Hernández  del  Grupo Buena Vista, la brea Comayagua, procesados 10 de Enero 2014. Héctor David Gáleas López,  Nery Antonio González, Ángel Arnaldo Martínez, Manuel Nicolás Domínguez, José David Aguilar Gáleas y Jacinto Bardales, del  Grupo 18 de Abril la Pollera, Quilaperque, La Paz, procesados el 11 de Octubre 2013.

“El movimiento campesino, continúa siendo reprimido por la tierra, nos deshacen nuestras milpas, nos golpean, nos queman nuestras casas, entre el año 2014 a la fecha 15 grupos campesinos pertenecientes a diferentes municipios de La Paz miembros de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), han sufrido desalojos violentos y para los próximos días se anuncian 34  desalojos más”, indicó Wilman Chávez, dirigente campesino.

Y esta situación es a nivel nacional. “Esto nos preocupa, sin embargo lo más lamentable y alarmante  es que  en los últimos cinco años han sido asesinados más de 130 campesinos solo aquí en el sector del Bajo Aguán, y  casos que están en total impunidad”, dijo Irma Lemus del Observatorio de Derechos Humanos en el Aguán, quien recibió a inicios de año un sobreseimiento definitivo por parte de los juzgados de Trujillo, donde tenía una denuncia por  “usurpación de tierras y robo agravado en perjuicio de la Asociación de ganaderos de Colón”.

La justicia solo muerde a los pies descalzos

“Todo este proceso refleja que hay una política de Estado que criminaliza la lucha de los sectores más empobrecidos de Honduras. El estado de derecho solo funciona para los grupos económicos,    políticos del país”, indicó el abogado Luis Alonso Chévez de la Rocha, de la Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental de Honduras.

“El sistema de justicia está controlado y sometido a los intereses de los poderes fácticos, entonces las decisiones que se toman no están apegadas a derechos si no a los mandatos de estos grupos”, concluyó.

Un caso que muestra la criminalización de la lucha por la tierra es el del campesino José Isabel “Chabelo”  Morales, quien pese a que la repetición de su juicio el mes de febrero del 2014, tuvo vicios de nulidad; el Tribunal de Sentencia de  Trujillo, Colón, penó a 17 años y medio de prisión a “Chabelo” por el delito de homicidio en contra de un familiar del subcomisionado de policía, Henry Osorto Canales.

De acuerdo a la defensa, al dirigente campesino se le violaron todas las garantías constitucionales y sin las pruebas contundentes se dictó por segunda vez una sentencia irracional jurídicamente.

Es importante mencionar que el alto oficial está involucrado en el  conflicto de tierras que se generó en el marco de una lucha entre la comunidad Guadalupe Carney, Trujillo, y un grupo de terratenientes que se posesionó de la tierra que el Estado hondureño adjudicó en legal y debida forma el año 2000 a las familias campesinas organizadas en el Movimiento Campesino del Aguán (MCA), organización  a la que pertenece “Chabelo”.

No hay voluntad para solucionar 

“Para solventar la problemática agraria y garantizar el apoyo al sector campesino del país, se introdujo el pasado 9 de Abril la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, misma que se mantiene engavetada en el Legislativo”, indicó Rafael Alegría, diputado por el Partido Libertad y Refundación, Libre.

Existe una profunda preocupación por la situación que se vive en el campo, a más de un año  del gobierno de Juan Orlando Hernández, aún no ha habido voluntad política para solventar la crisis agraria, “al contrario, hoy tenemos más represión, más pobreza, más discriminación, desalojos violentos, asesinatos de mujeres campesinas, con la intención de parar el baño de sangre y mejorar las condiciones de vida de los campesinos las organizaciones campesinas trabajamos muy duro en la preparación de esta propuesta de Ley de Reforma Agraria, pero la Comisión de Dictamen en el Congreso Nacional le ha dado prioridad  a un proyecto de pesca y acuicultura y no parece haber voluntad para iniciar el debate de discusión de la misma” manifestó  Alegría.

Tierra en pocas manos 

En Honduras hay  más de 8 millones de personas, el 70% de esta población vive en situación   de pobreza, y de  4 millones de campesinos y campesinas  más de 2 millones  están en situación de   indigencia total. Desde hace más de 20 años viene acumulándose una problemática de grandes dimensiones en el campo, la Ley de Modernización para el Desarrollo del Sector Agrícola aprobada en 1992 en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas desarticuló el proceso de Reforma  agraria y dividió al movimiento campesino, según datos de organizaciones campesinas.

“Alrededor de unas 300 mil familias campesinas en Honduras no tienen acceso a la tierra, el campesinado hondureño está sometido a una crisis agraria y alimentaria de grandes dimensiones, unido a esto la represión persecución y asesinatos en el país están a la orden del día. En los últimos cinco años más de 120 campesinos han sido asesinados en el Bajo Aguán y estos casos siguen en total impunidad”, aseguró Mario López, del Sindicato de Trabajadores de INA, Sitraina

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1958-cinco-mil-campesinos-tienen-procesos-judiciales-por-exigir-derecho-a-la-tierra

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Jóvenes en la mira en Honduras

viernes, 27 de marzo de 2015

Foto G. Trucchi (archivo)

Asesinato brutal de estudiantes contradice discurso gubernamental

Por Giorgio Trucchi | LINyM / Viernes 27 de Marzo 2015.
Esta semana, con bombos y platillos, la Secretaría de Seguridad de Honduras, esta vez con el aval del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), fijó en casi 13% la reducción en los homicidios en comparación con el 2013. La percepción de la ciudadanía y los datos de varias organizaciones de derechos humanos contradicen con fuerza el discurso gubernamental

Diana Yarely Mendoza Palao, de 21 años, falleció esta mañana después de haber luchado por dos días contra la muerte. Su cuerpo recibió 21 impactos de bala disparados por desconocidos encapuchados en un barrio de Tegucigalpa.

Su nombre se suma a los de sus compañeros de colegio Elvin Antonio López y Darwin Josué Martínez, de 19 y 21 años respectivamente, y al de la pequeña Soad Nicole Ham Bustillo, de solamente 13 años.

Además de la edad, los cuatro jóvenes tenían en común el haber participado activamente a las protestas estudiantiles que, desde hace varios días, protagonizan en Honduras las y los estudiantes de educación media y universitaria.
Entre otros puntos, piden que no se aplique la extensión del horario de clases ya que, según ellos, entrar más temprano en la mañana y salir más tarde en la noche representa un peligro para su integridad.
Hasta el momento, el ministro de Educación, Marlon Escoto, no ha querido dialogar: La respuesta ha sido la represión y detención de estudiantes, así como la militarización de los centros escolares.
Es en este contexto, donde prevalece el rechazo al diálogo y la militarización como “herramienta educativa”, que se da el brutal ataque contra los jóvenes estudiantes, cuyos cuerpos fueron acribillados sin piedad o encostalado y abandonado, con señales evidentes de tortura, como el de Soad Nicole.
Esa pequeña de solo 13 años salió hace unos días por un canal de televisión, reclamándole abiertamente al ministro y exigiéndole que, por lo menos, dotara a su colegio de pupitres y otro material escolar, en lugar de enviar la policía a reprimir.
Ayer, mientras sus seres queridos lloraban su muerte frente al pequeño ataúd, el ministro Escoto aprovechaba las cámaras de uno de los programas de opinión de mayor audiencia en el país, para desprestigiar la imagen de la pequeña, tachándola de poco responsable y de tener problemas de conducta.
Ataque frontal contra la protesta social
Para las organizaciones de derechos humanos, lo que está pasando no es más que la profundización del ataque violento e irracional contra el movimiento estudiantil y la protesta social en general, donde actúan varios actores e intereses, manifiestos y ocultos, en medio de una creciente militarización del país y un manejo despótico del poder.
José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza Honduras, asegura que existe una clara relación entre estos asesinatos brutales, la protesta estudiantil y la violencia generalizada contra los jóvenes.
-Cuatro jóvenes estudiantes asesinados, varios detenidos, muchos golpeados… ¿Qué está pasando en Honduras?
-Lo que ha ocurrido en las últimas horas en Honduras es parte de un escenario mucho más amplio, donde, mensualmente, se ejecutan a 83 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años. Durante las últimas dos semanas, en medio de este contexto de terror, las y los estudiantes han salido a las calles a protestar pacíficamente. Denuncian que en las aulas no hay pupitres, ni material didáctico, y rechazan la extensión de la jornada del horario de clases impuesta por la autoridad educativa.
En lugar de buscar el diálogo, lo que hizo el gobierno fue amenazar públicamente a los estudiantes, para después reprimirlos violentamente y capturarlos. Hasta el día de ayer había algunos estudiantes desaparecidos y, lo más doloroso, cuatro jóvenes aparecieron asesinados en las calles, entre ellos una niña de solo 13 años con señales de tortura.
Si bien el gobierno intenta relacionar estos asesinatos con el crimen organizado que opera en el país, nosotros creemos que existe una relación directa tanto con la protesta estudiantil como con la coyuntura de violencia que están sufriendo los jóvenes.
Esta situación ha generado mucha indignación entre la población y varias organizaciones, tanto nacionales como internacionales, como Unicef, han salido públicamente denunciando lo que está ocurriendo.
-Una vez más los estudiantes deben lidiar con la mentalidad cerrada del ministerio…
-Y no es solo eso. Hasta escuchamos declaraciones bastante desafortunadas del ministro de Educación, tratando de desprestigiar a la pequeña Soad Nicole, que estaba tendida en su ataúd, diciendo que era una niña con problemas de conducta.
La falta de respeto hacia la dignidad de los niños, la falta de apertura para el diálogo y el uso de la fuerza han sido evidentes en este conflicto.
-¿Quién cree que está detrás del asesinato de estudiantes?
-Hay dos elementos que hay que rescatar. El primero es que todos estos jóvenes estaban involucrados en la protesta estudiantil, y el otro tiene que ver con la actitud ambigua del gobierno que, por un lado trata de denigrar a los estudiantes asesinados y por el otro afirma, insistentemente y sospechosamente, que él no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido.
Además, en lugar de comprometerse con la investigación y la búsqueda de los culpables, se ha volcado con fuerza en atacar y criminalizar a otros sectores, tanto políticos como sociales. Todo esto genera un manto de dudas y sospechas.
-El ataque contra las organizaciones de derechos humanos y las que trabajan con la niñez y la adolescencia ha sido muy fuerte, acusándolas de estar fomentando la protesta estudiantil.
-Es más que evidente que el gobierno de Honduras pretende criminalizar y desprestigiar el trabajo de defensa de los derechos humanos. Está convencido que ese trabajo está en contra de la agenda gubernamental, la cual no persigue el desarrollo pleno e integral del ser humano.
-Pese a la represión, las y los estudiantes afirman que van a continuar con sus protestas…
-Es por eso que estamos pidiendo y exigiendo un alto inmediato a la represión y al asesinato de jóvenes. No más asesinatos de niños, niñas y jóvenes en Honduras.
Además, el Estado debe escuchar a los jóvenes en cuanto sujetos de derechos, con derechos, que tienen reclamos justos. Las autoridades deben satisfacer estas demandas de manera responsable, dialogada y participativa.
También pedimos que se investigue a fondo y se esclarezca la muerte de los estudiantes y de los demás niños, niñas y jóvenes, llevando ante las autoridades a los responsables de dichos crímenes e interrumpiendo la trágica cadena de la impunidad.
-Los datos que presentan chocan con las cifras mucho más bajas de homicidios que brindan, tanto la Secretaría de Seguridad como el Observatorio de la Violencia de la UNAH.
-A partir de 2014, el Observatorio depende de la información que le pasa el Estado, en particular la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, es evidente la discrepancia que existe entre los datos del gobierno y la percepción que las personas tienen del país. Quienes trabajamos estos temas de manera independiente, nos damos cuenta que los porcentajes de homicidios son mucho mayores.
Esto demuestra el fracaso de la política de militarización de la seguridad pública impuesta por el gobierno, que no solo no resuelve el problema de la criminalidad organizada en Honduras, si no que genera más migración, sobre todo de niños, niñas y jóvenes, y mayor criminalización de la protesta social.

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El 30% de las mujeres embarazadas en Honduras es menor de 18 años.

De acuerdo con datos estadísticos presentados este viernes por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), una de cada cuatro adolescentes entre 15 y 19 años ha estado embarazada.

El informe “Vivencia y relatos sobre el embarazo en adolescentes, detalla que este flagelo es provocado por factores culturales, sociales y emocionales.

Asimismo tiene como propósito apoyar al debate y reflexión que se están realizando en muchos países y en foros regionales para prevenir los embarazos en niñas, destaca que el 30% de las mujeres embarazadas en Honduras es menor de 18 años.

La tasa de nacimientos en el país es de 108 nacimientos por cada 1,000 mujeres de entre 15 y 19 años, por delante de Venezuela (101) y Ecuador (100), aunque superado por Nicaragua (109), de acuerdo al informe Estado de Población Mundial 2012 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).Recientemente, la Fiscalía de la Niñez de Honduras informó que el 50% de los embarazos en menores tienen su origen en violaciones, muchas de ellas por sus familiares.

Según el informe de Unicef América Latina y el Caribe es la región con mayor fertilidad adolescente en el mundo, después del África Subsahariana.+ Honduras: segundo país latino con más embarazos adolescentes
Los principales factores que inciden en la maternidad adolescente están asociados al hogar (ingresos, pobreza y educación de los progenitores) y a las construcciones de género, maternidad y paternidad adolescente que en muchos casos idealizan la maternidad por encima del proyecto de vida.

Igualmente destacan otros factores contextuales, como la falta de acceso a una educación sexual integral. A los distintos métodos de planificación familiar y la garantía del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/el-30-de-las-mujeres-embarazadas-en-honduras-es-menor-de-18-a%C3%B1os

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El BID otorga crédito a Honduras para desarrollo de plantas hidroeléctricas

 

hidroelectrica

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha otorgado millonario préstamo a Honduras, esto con el fin de mejorar la capacidad de las plantas hidroeléctricas en el territorio nacional.

El valor total del préstamo asciende a 23 millones de dólares, los cuales se suma a los 133 millones de dólares que prestó el gobierno de Japón.

Por otro lado la viceministra de Créditos e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, Rocío Tábora, detalló que ambas operaciones suscritas buscan garantizar el suministro de energía renovable a la ciudadanía.

La titular del cargo manifiesta que los préstamos son altamente concesionales y permitirá al gobierno “recuperar la capacidad de generación y conservación de energía renovable”.

Las obras se llevarán a cabo en las dos grandes centrales de Cañaveral y Río Lindo, en las cuales se tendrá una tecnología de punta con equipo para convertirlas en “altamente productivas”.

Fuente: http://lanoticia.hn/nacionales/el-bid-otorga-credito-a-honduras-para-desarrollo-de-plantas-hidroelectricas/

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Desangran a Honduras: Asesinan a jóvenes por participar en manifestaciones estudiantiles

Los asesinatos con arma de fuego de Diana Mendoza, Elvin Lopez, Darwin Martinez y el estrangulamiento de Soad Ham Bustillo de trece años, la que apareció dentro de un costal en las inmediaciones de un centro educativo; son indicadores de la descomposición existente en el país.

Da la casualidad que los asesinatos fueron cometidos al mismo tiempo que se efectuaba en Tegicigalpa la Conferencia de Seguridad Centroamericana, con la participación del general John Kelly, el cual adujo que Honduras es “un excelente lugar para invertir” añadiendo además “ya no es el país más violento del mundo”.

La tónica del jefe del Comando Sur discrepa con su declaración vertida el año pasado, en la cual indicaba como Honduras era el país más peligroso del planeta. Ahora el general Kelly clama para que las inversiones arriben a Honduras, país donde a pesar del maquillaje estadístico y el trabajo de las agencias publicitarias encargadas de modificar la imagen de la carnicería padecida por los hondureños, continua sumido en la violencia

La campaña publicitaria emprendida por la actual administración y el Comando Sur, desdice al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) el que señaló la cifra de 467 víctimas resultado de 80 masacres en los últimos 26 meses.

El desangre gota a gota ha calado en el pueblo hondureño, sumido en la desprotección imperante. En el país el 95% de los asesinatos permanecen en la impunidad, producto de la corrupción tanto en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, el que fue demolido por el actual presidente, el Sr Juan Hernández, promotor del golpe a la Corte Suprema y el asalto al Ministerio Público.

El cruel asesinato de los estudiantes conlleva a pensar que existe un plan siniestro de la ultraderecha en el poder, para desaparecer la protesta social. La subasta del país por retazos, que ha emprendido el partido nacional, induce a una respuesta del pueblo hondureño, habituado a un infierno donde los menores de edad se han visto obligados a huir del país en estampida.

A partir del golpe de estado no tan blando, se ha desatado una guerra de baja intensidad, no precisamente contra el narcotráfico, sino contra el movimiento social, criminalizando la protesta y ahora eliminado físicamente aquellos que osan desafiar a la narcodictadura.

Después de casi dos décadas de luz verde al narcotráfico en Centroamérica, el imperio optó por un cambio de ruta. Mientras tanto la democracia hondureña fue encostalada y se pudrió ante la simbiosis surgida entre partidos políticos y crimen organizado.

Los cuatro jóvenes asesinados no cuentan para el Comando Sur el cual ahora pasa a apadrinar a Juan Hernández y el séquito de depredadores que ven las instituciones públicas como parte de su peculio; y están dispuestos a saquear el país para luego rematar el territorio finiquitando la república y dar lugar a la creación de estados monárquicos, manejados por los libertarios de ultraderecha estadounidenses que pretenden apropiarse del país bajo la figuras de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Dado en Sambo Creek, a los 27 días del mes de Marzo del 2015

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2015/03/27/desangran-a-honduras-asesinan-a-jovenes-por-participar-en-manifestaciones-estudiantiles/

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Asesinan a regidor del Partido Nacional en el norte de Honduras; cuatro heridos

El regidor Wilmer Puerto vivía en la comunidad de la Dalia, a pocos kilómetros de Jocón y era dueño de un aserradero; era hermano del exjugador del Motagua, Miltón “Jocón” Reyes.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Un regidor nacionalista fue asesinado este viernes por desconocidos en una emboscada en Jocón, Yoro, norte de Honduras, informaron las autoridades.

El fallecido respondía al nombre de Wilmer Puerto, quien era funcionario de la comuna yoreña y de acuerdo al reporte de la Policía, fue emboscado en un tramo solitario y recibió varios impactos de bala que le quitaron la vida.

En el atentado, cuatro personas resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladados al hospital Manuel de Jesús Subirana de Yoro.

Puerto vivía en la comunidad de la Dalia, a pocos kilómetros de Jocón y era dueño de un aserradero; era hermano del exjugador del Motagua, Miltón “Jocón” Reyes.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/asesinan-regidor-del-partido-nacional-en-el-norte-de-honduras-cuatro-heridos

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Gobierno culpa a Canal 36 de protestas estudiantiles

Versión para impresiónEnvia a un amigoPDF Alerta 44-15
Honduras, 27 de marzo de 2015

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El ministro de Educación, Marlon Escoto, culpó, este viernes 27 de marzo, a Canal 36 de organizar las protestas estudiantiles y, por ende, las consecuentes actuaciones de la policía.

El funcionario se preguntó, “¿quién organizó a la muchacha y al grupo para que dijeran lo que dicen?, Canal 36, ahí está el cubo, y no lo pasan todos los días”, se respondió ante los medios de comunicación.

Escoto, al mencionar al cubo del canal, se refiere a una entrevista que Canal 36 hizo a la niña Soad Nicolle Ham, estudiante centralista, de 13 años, que participó en las protestas y amaneció muerta dos días después.

Soad, en la entrevista, exige al gobierno pupitres y mejores condiciones, en vez de mandar policías para que los agredan.

En ese sentido, Esdras Amado López, propietario de Canal 36, Cholusat Sur, no culpa al ministro de Educación, sino al presidente Juan Orlando Hernández, porque de forma irresponsable primero inició instruyendo a la empresa privada a no darle publicidad, luego lo amenaza y ahora lo acusa de gestar las revueltas estudiantiles.

“El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusa al canal 36, el gobierno ordenó al ministro que señalara como responsable de las manifestaciones a este medio, hoy viernes 27 de enero, ante periodistas, Marlon Escoto acusa a Canal 36 de ser responsable de las movilizaciones y de haber expuesto a Soad Nicolle Ham, es un acto terrorista del presidente de la República”, dijo López.

Calificó de terrorista la posición del mandatario, que está creando odio para luego que “nos maten” y justificar los hechos.

“Con esa inteligencia del gobierno que me digan quienes mataron a la niña”, dijo el periodista, quien además leyó un comunicado oficial de su medio.

“Una vez más el gobierno de Juan Orlando Hernández arremete contra Canal 36, por su política editorial a favor del pueblo hondureño, el presidente no asume su responsabilidad por la masacre de estudiantes que protestan en las calles por una pésima política de Estado en materia educativa”.

La muerte de la estudiante ha desatado una crisis que por sí sola genera protestas en este gobierno corrupto, expresa en su comunicado.

“La muerte de esta estudiante que pedía una mejor educación para ella ahora tiene una versión oficial, Canal 36 es el responsable, el gobierno nos acusa de los crímenes que ellos cometen, el culpable es Juan Orlando, sus manos siguen manchándose de sangre, nosotros solo informamos”, concluyó el periodista.

Se recrudece la represión
C-Libre condena este hecho porque ocurre en un contexto de recurrentes violaciones a la libertad de expresión ocurridas en el último mes, condenamos también la presión por parte de agentes del Estado en contra de periodistas y medios de comunicación, las cuales procuran naturalizar el miedo a informar, invisibilizar las violaciones a los derechos humanos y fortalecer la autocensura.
Igualmente consideramos como un hecho grave la agresión policial en contra de 10 periodistas en Catacamas, Olancho, que pretende penalizar las opiniones y además inculpar a los editores y propietarios de lo que expresan otras personas.

Los periodistas y personas que documentan potenciales violaciones de derechos humanos cumplen un papel imprescindible para fortalecer el escrutinio y control social de la actuación de los funcionarios y su apego, o no, a las obligaciones constitucionales de respeto y protección. El atropello y la tolerancia ante estos hechos convierten al conjunto de la institucionalidad pública en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que ocurren, y de las que aplican a quienes pretenden documentarlas.
Aunado al clima de hostigamiento y violencia contra los periodistas que implicó un aumento de las dificultades para informar sobre los hechos, continúan las declaraciones de altos funcionarios contra los medios, periodistas y su trabajo. Ello contribuye al clima hostil para el ejercicio de la libertad de expresión y alienta la violencia de militares y policías contra los reporteros.

De acuerdo con el análisis del Sistema de Monitoreo, Investigación y Seguimiento de Agresiones contra la Libertad de Expresión de C-Libre se mantienen los mecanismos de censura, contra medios de comunicación críticos al gobierno, así como plataformas de comunicación digitales y defensores de medios de comunicación.

En este sentido, los estándares internacionales de libertad de expresión han sostenido que las figuras públicas están obligadas a someterse a una crítica más intensa que los ciudadanos privados. De igual manera, se promueve la réplica como un mecanismo que favorece la libre circulación de las ideas y que permite que las personas puedan seguir el debate y formarse una opinión propia de los temas.

Por los hechos anteriormente señalados, exhortamos al Estado hondureño a que respete el derecho a la libertad de expresión y, en este sentido, se abstenga de causar agresiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, censura, ataques o restricciones indebidas alguna contra periodistas, reporteros, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y ciudadanos.

Así también exigimos que se investigue y sancione de forma expedita y adecuada las violaciones a la libertad de expresión ocurridas. Y que se promueva el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información plenamente, asegurando que no se tomen represalias ni sanciones contra las personas y los medios de comunicación en razón de sus expresiones críticas.

Fuente: http://clibrehonduras.com/main/noticias/gobierno-culpa-canal-36-de-protestas-estudiantiles

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