Archivos para 20/03/15

Más cárceles y militarización no solucionan crisis en sistema penitenciario, según analistas

Mar 20, 2015

Una muestra del colapso del sistema carcelario del país son las frecuentes tragedias que se han reportado. Honduras ha sido escenario de dolorosos eventos violentos en las cárceles. En la última década cuatro tragedias cobraron la vida de más de 550 privados de libertad. Y la vida en las cárceles no ha cambiado.

“Múltiples factores convergen en este problema y es que el Estado, por sí mismo, no ha querido tomar conciencia que la problemática carcelaria tiene varias aristas y tiene múltiples problemas” expresó Odalis Nájera del Comité Nacional de Prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Conaprev.

El último hecho lo vivimos el miércoles 11 de marzo en el Centro Penal de San Pedro Sula con el amotinamiento que dejó cinco personas muertas y cerca de 40 heridos. Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señalan, que en los últimos 4 años, unas 400 personas han muerto en las cárceles hondureñas.

Caminos equivocados

Algunos analistas afirman que la crisis penitenciaria es la expresión de la falta de control y de implementación, por parte del Estado, de políticas equivocadas.

“Nosotros identificamos varios problemas, la infraestructura, el hacinamiento que tiene que ver con la asunción de una serie de políticas estatales, falta de personal técnico, capacitado y formado en el manejo de cárceles y la ausencia, casi al 100 por ciento, de programas que tienen que ver con la reinserción y reeducación de las personas privadas de libertad, vale decir trabajo, educación, salud y otras series de dificultades que se presentan día a día” aseguró Nájera.

Para el doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, la situación de las cárceles no es nueva y ya otros organismos se han pronunciado. “En palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un sistema colapsado, es un sistema que tiene graves deficiencias estructurales y es un sistema donde se violan sistemáticamente los Derechos Humanos” expresó Mejía.

Aunque el país cuenta con 24 centros penales más tres cárceles militares habilitadas por decreto y otras tres que están en proceso de construcción, la solución a los graves problemas del sistema penitenciaro no pasan por la construcción de más centros de reclusión.

“El problema de hacinamiento no se resuelve construyendo nuevas cárceles, y todavía en desacuerdo con la construcción de mega cárceles, sino hemos sido capaces de poder administrar diligentemente y eficientemente centros penales pequeños ¿cómo vamos a estar en capacidad de administrar mega cárceles?” aseguró Odalis Nájera.

“Es el resultado de una falta de políticas públicas alrededor del sistema penitenciario, es el eslabón del sistema de justicia que ha estado tradicionalmente olvidado y lo que tenemos hoy es el resultado de una serie de acciones y omisiones que han venido ejecutando los diferentes gobiernos” analizó Joaquín Mejía.

Respuesta estatal

El Estado, gobernado por el Partido Nacional, ha decidido militarizar las cárceles para buscarle poner fin a los actos de violencia, una medida criticada por la sociedad.

El abogado Joaquín Mejía, asegura que la militarización de las cárceles representa un retroceso para el país. “Lo que está pasando en las cárceles con el proceso de militarización refleja lo que está pasando en toda la sociedad después del golpe de estado. Los militares están recuperando los espacios que perdieron en la década de los 90´s, están ampliando los espacios que no perdieron y están copando nuevos espacios” mencionó Mejía.

El doctor en Derechos Humanos también cuestionó la creación de unidades militares para que sirvan como centro de detención. “Es una aberración jurídica, es totalmente contraria a la Constitución de la República y, evidentemente, a los estándares internacionales a los cuales Honduras se ha sometido” reflexionó Mejía.

“Se ha delegado una función en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas están muy lejos de dar un tratamiento basado con enfoque de Derechos Humanos porque el tema de las penitenciarías es un tema de seguridad nacional pero también de Derechos Humanos” dijo Odalis Nájera de Conaprev.

Nájera dijo que en las condiciones de infraestructuras que los centros tienen sí es necesario crear nuevas cárceles pero no como se están creando actualmente. “Pero a la par de nuevas cárceles se deben tomar otras medidas porque si no es así, lo que vamos a tener es más de lo mismo” dijo Nájera.

Buscar consenso nacional

Una de las salidas a la crisis que plantea el abogado Joaquín Mejía es la búsqueda del consenso nacional. “Lo primero es la voluntad política, y una voluntad política implica que hay un consenso nacional donde se involucren a todos los sectores de la sociedad para poder analizar el tema de las cárceles” aseguró Mejía.

Joaquín Mejía identifica que esa voluntad política debe expresarse en que haya una continuidad, es decir que hayan políticas públicas que no cambien cada 4 años. Se necesita un marco jurídico adecuado, es decir, revisar la legislación para expulsar del ordenamiento jurídico hondureño aquellas normas que son contrarias a los estándares necesarios para tener un sistema penitenciario y democrático.

Por su parte la abogada Odalis Nájera expresó que la situación del sistema carcelario requiere de la toma de decisiones integrales, no con un enfoque de represión sino que con un enfoque técnico, con un enfoque especializado.

“Se requiere la toma de decisiones al más alto nivel, vale decir el Consejo de Seguridad Nacional en donde convergen todas las autoridades del Estado al más alto nivel, tomar decisiones no demagógicas sino que decisiones responsables que vengan a transformar en positivo el sistema carcelario” dijo Nájera.

Joaquín Mejía finalizó diciendo que se necesita también un presupuesto adecuado. “Porque sin dinero no se pueden hacer las cosas, y tiene que haber una integración de todos los sectores del poder público. Es decir, este no es un asunto de la policía, este es un asunto del poder judicial, del poder legislativo, del poder ejecutivo y de todos los sectores de la sociedad”, concluyó Mejía.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1940-problema-de-hacinamiento-no-se-resuelve-construyendo-nuevas-c%C3%A1rceles-seg%C3%BAn-conaprev

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Honduras: una larga historia de violencia

Mar 20, 2015

Cada día, la población hondureña se ha acostumbrado a desayunar, almorzar y cenar con noticias manchadas de sangre. Asesinatos de mujeres y jóvenes se han normalizado y la población receptora y víctima en potencia, justifica y se paraliza por el temor. Esto no es de ahora, dice el analista Fabricio Herrera; estamos en un momento de rebote, en que la pelota de violencia bajó en un momento pero de un solo impulso se elevó y son pocos los interesados en bajarla.

Herrera cree que para explicar la alta tasa de homicidios de ahora, que ha colocado a Honduras como el país más violento del mundo, hay que tener una visión integral de seguridad y una lectura histórica desde el momento de la colonización. Plantea que la sociedad aun carga con estrés postraumático de las guerras antiguas.

“Veamos por ejemplo el trastorno por estrés postraumático, tomando en consideración desde la conquista, fue una invasión a través de la guerra y trajo la muerte, violaciones y desapariciones; la gente tuvo que ver como violaban y asesinaban a su pueblo”, explica Herrera.

Luego -continúa el investigador- llegó la colonia. Un periodo de dominación. Después el tiempo de la república en que las guerras centroamericanas dejaron miles de muertos con la intervención de los piratas, británicos y norteamericanos.

Al actual momento le antecedió el siglo XX en que la guerra por el poder político se desató con el Partido Nacional y el Partido Liberal, a quien Herrera llama las primeras maras por esa lucha territorial que los caracterizó en ese momento.

En ese mismo siglo se dio la dictadura de 17 años de Tiburcio Carías Andino, el periodo de “encierro, destierro, entierro”. La dictadura se extendió con el gobierno de Gálvez hasta que se da el primer golpe de Estado en 1957 que precede a una dictadura militar larga hasta 1980 solo con dos excepciones, cuatro años de gobierno entre Ramón Villeda Morales (3) y Ramón Ernesto Cruz (1). A este periodo le siguieron puros gobiernos militares y militarizados como el de Suazo Córdoba y el de Azcona. Callejas inaugura una nueva forma de gobierno en 1990, menos militarizada y más al servicio de los poderes económicos y la geopolítica de Estados Unidos con la implementación del neoliberalismo.

Muchos opinan que ahora vivimos el inicio de una dictadura que arrecia el neoliberalismo y que vive de la necrofilia.

¿Dictadura?

Herrera planteó en esta entrevista para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, que existen 6 elementos que prueban que actualmente el país se rige bajo una dictadura y que esto tiene relación directa con la barbarie que se vive en las calles.

Apuntó:

1.Concentración de poder en una sola persona. Lo dicen las leyes que aprobó Juan Orlando Hernández. Coloca en indefensión a la gente, quien no puede denunciar porque todas las autoridades responden a su figura.

2.Militarización: se concentra todo el poder en grupos élites, y se militarizan los procesos de entrega del territorio como las Zonas Especiales de Desarrollo, explotación minera, etc.

3.Represión política. Mediatizar la ideologización de las protestas, movimientos populares y oposición política lleva a la represión posterior y violencia.

4.Criminalización conducida por los medios de comunicación en el caso de campesinos, indígenas y mujeres.

5.Terrorismo judicial

6.La total negación de la libertad de expresión a la gente.

Dice Herrera que la falta de democracia tiene relación directa con la violencia que abunda en los rincones de Honduras. “Cuando se hace una revisión de los países que tienen mayor participación democrática, cuales son los que tienen mayor transparencia en las finanzas y comportamiento del Estado, mejor distribución de la riqueza, mayor desarrollo humano, vamos a encontrar 11 países; los germanos (Alemania y Austria), los ingleses (Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia) , los nórdicos (Noruega, Finlandia, Suecia) y Japón.  Con una visión penal distinta a la nuestra, sin enfocarse en militarizar.

 

Si se toman los 4 casos más exitosos en América en los últimos 10 años: Boston, Massachusets; San Diego, California; Santa Fe, Bogotá y Santa Tecla, El Salvador va a encontrar la misma fórmula, ellos bajaron en 70 puntos la tasa de homicidios en el primer año de aplicación de una política pública de desarrollo humano y democracia.”

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Una joven de 15 años cuya circulación se limita por una lucha territorial de maras o pandillas, un joven de 14 años que no puede seguir estudiando por falta de recursos económicos y cuando busca trabajo no encuentra, son pocos ejemplos de una sociedad cautiva cuya vida no está en sus propias manos ni sus decisiones son libres.  Herrera dice que la violencia se origina de la falta de participación de las personas en tomar decisiones en su propia vida, de la intromisión de un Estado sumamente autoritario y pocas oportunidades de desarrollo.

“Si hacemos una línea histórica de violencia, vamos a encontrar incluso momentos hace 80 años, donde la tasa de homicidios semanal era altísima, la violencia no se ha querido resolver, ni por el Estado, ni las ONGS, ni los académicos. Todos los que intervienen en el tema de seguridad toman esta crisis como si es una excepción de la regla pero no hay nada nuevo, solamente han cambiado las dinámicas y tiene que ver también con la ruptura en 2009 después de un golpe de Estado”, explicó.

Las nuevas dinámicas fortalecidas con viejas prácticas

La corrupción de los gobiernos, la politización infiltrada hasta en los procesos de investigación criminal y la relación de interdependencia entre los poderes económicos y políticos han llevado de crisis en crisis a Honduras a través de la historia.

Una nueva dinámica de violencia, por ejemplo, es el narcotráfico que desde el asesinato de Pablo Escobar en la Colombia de 1993 se consolidó cuando Honduras formó parte de la nueva ruta del tráfico que trazaron los herederos del imperio de la coca.

El actual gobierno de Honduras ha mediatizado sus supuestas acciones contra el narcotráfico al cual, además culpa de los altos índices de asesinato junto a otras formas de crimen organizado que se vinculan como las maras y pandillas y bandas criminales.

Para Herrera, hay muchas preguntas que hay que hacerse. “¿Quién está capturando a estas personas no está vinculado al narco? Con Alfredo Landaverde discutimos en un momento esto. Por ejemplo aquí aterrizan avionetas con cargamentos, pero ¿quiénes tienen los radares?  Aquí es hablar de altos líderes de los Cobras, policías, militares y alcaldes vinculados.”

Como indica el sacerdote jesuita Ismael Moreno en su artículo Así terminó el reinado del cartel de Los Cachiros, “la criminalidad en Honduras, el país al que llaman el más violento del mundo, está estrechamente ligada al narcotráfico. La situación en Honduras se le ha ido de las manos a Estados Unidos, que ha puesto en marcha una versión del Plan Colombia, que incluyó una militarización de aquel país y una negociación con los grandes capos colombianos de la droga, un plan que Estados Unidos presenta como un gran éxito de su política exterior… La Alianza para la Prosperidad de los tres países del Triángulo Norte centroamericano tiene que ver con la versión del Plan Colombia que quieren para Honduras. Pero, estando tan atravesada la sociedad hondureña por el crimen organizado, por sus causas y por sus efectos, tal vez estos planes llegan demasiado tarde”.

Herrera cree que aquí se debe discutir la doble moral de Estados Unidos con sus políticas hacia el país. Es claro, que aunque el gobierno mediatiza este proceso como logro propio, todo ha sido maquinado en el país del norte, destino principal de la droga que deja su paso sangriento por Centroamérica. 

“Estados Unidos busca una solución militar contra el narco porque a ellos les da control sobre los Estados. No hay un seguimiento de la droga que entra a EEUU porque solo llegan los mapas a la frontera México-EEUU. Y hay registros históricos de involucramiento de autoridades norteamericanas como es el caso Camarena que vincula a la CIA, (Agencia Central de Inteligencia), el caso de Irán Contras que vinculó drogas, personas israelitas que ahora están en el país estuvieron vinculados al tráfico de 10 millones en cocaína por el cual el general Rosa Bueso guarda prisión todavía. Han vinculado en otros casos a Oscar Alvares Martínez, lo publicó La Tribuna y ha dado vueltas por internet cuando se le vio saliendo de West Point  en tráfico de drogas. Estamos en una lucha de control de narco-estado con intervención de EEUU”, dijo.

Para Herrera, las extradiciones son expresión de quedar bien con Estados Unidos y terminar con las posibilidades de resolver el problema.

¿Violencia dirigida o generalizada?

Para contestar esta pregunta se requiere de algo que actualmente es el eslabón débil de todo el sistema en Honduras: la investigación criminal.

El ex director de Medicina Forense y especialista en criminología, Dennis Castro Bobadilla apunta que la escasez en medidas integrales y orientadas a una acción científica contra el delito, se debe a la terquedad y el sectarismo político.

“Cuando un país somete a la política vernácula un tema como estos, suceden estos efectos. Esto no es de partidos, es un problema de nación donde todos debemos participar, pero la mayor parte de los que ocupan cargos están rodeados de la improvisación, de personas sin conocimiento ni experiencia, eso está más que a la vista”, dijo.

Cada asesinato lleva consigo una explicación de las autoridades encargadas de la seguridad del país, y esta explicación generalmente culpabiliza a la víctima para despejar la pregunta que planteábamos antes, y deducir, antes de investigar, que los hechos son dirigidos y no generalizados. Es decir, que las víctimas prácticamente se buscaron esa muerte y nadie más que los involucrados en crímenes puede ser el blanco de las balas.

“Se ha desarrollado una parte mediática sobre la acción delictiva del narcotráfico pero hemos dejado de lado la criminalidad corriente, lo que es el diario vivir de la nación, que está tomando territorio en nuestro país, incrementándose gracias a la falta de registro de miembros o exmiembros de los cuerpos de seguridad del Estado que se quedan en las ciudades, sin ocupación, que nadie sabe dónde están y luego se los ve involucrados en hechos que son impresionantes”.

Si no hay investigación científica del delito, la impunidad criminal que hay en Honduras es tan grande, que da paso a lo que está ocurriendo en la actualidad, dijo el ex director de Medicina Forense.

Bobadilla cuenta una anécdota para demostrar cómo la politización pudre todas las estructuras. Cuenta que una dirección de Medicina Forense está dirigida por dos hermanos, uno subordinado del otro solamente por cuello político. “Las evidencias deben ser estudiadas por un verdadero forense, no por alguien que está en el cargo por estómago, la gente que tiene que estar debe ser científica, no parientes y este desorden de nepotismo en los cargos de investigación criminal no puede seguir en el país. Esta población de Honduras está postrada por esta circunstancia, Honduras tiene recurso humano valiosísimo pero desintegrado porque los espacios de cargos públicos están reservados a familias exclusivas”, expresó Bobadilla recordando que además la estrategia de militarización ante la falta de investigación responde al populismo penal punitivo vendido como solución desde Colombia.

Este populismo radica en la parte mediática, por eso cada vez que sucede un crimen salen los militares, disminuyen las acciones en el código procesal penal, destituyen jueces, y comienzan a llenar cárceles.

Aunque hubo procesos de reforma a la seguridad pública, fueron desviados y controlados directamente por el presidente y de esas decisiones concentradas nacen organismos como la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) que en vez de especializar la investigación la unifica en una sola unidad militarizada.

“Con Fusina nos están dando atol con el dedo y lo estamos comiendo. Este gobierno no está haciendo cambio cultural positivo, más bien está planteando la guerra. Hay para chalecos, balas, carros para militares, pero no para salud y educación. ¿Quiénes se benefician? El Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada), las empresas quienes también lavan el dinero del narcotráfico y los bancos. Todo esto porque no lo investigan, estos que toman decisiones en términos de seguridad están involucrados”, dice al respecto Fabricio Herrera.

Herrera además apunta que las decisiones son claramente tomadas para beneficiar a quienes ostentan el poder absoluto en Honduras. Por ejemplo, la salida del director de la Policía, Ramón Sabillón respondió, según algunos analistas a la operación que dio con la captura de los hermanos Valle, famosos narcotraficantes del occidente del país. Y que los nuevos nombramientos en la Secretaría de Seguridad respondían a este sector oscuro que estuvo en desacuerdo con esa captura.

Por otro lado, Herrera cuestiona además el nombramiento del general retirado, Julián Pacheco Tinoco, como titular de la Secretaría de Seguridad, un militar que antes estuvo en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Tinoco es el hombre del poder de la información.

“Si uno toma el acta de seguridad nacional de EEUU de 1947 cuando ellos se reconfiguran después de la II Guerra Mundial, todas las entidades de investigación del Estado, y se crea la CIA, la NSA, agencias que nos han perjudicado mucho a los latinoamericanos. Ahora cuando usted ve los paquetes de leyes que metió Juan Orlando Hernández al Congreso siendo presidente de este poder usted va a encontrar un clon, en el acta de EEUU se crea la dirección nacional de inteligencia, y aquí se crea la dirección nacional de inteligencia e investigación, DNII esa fue la que dirigió Julián Pacheco, esto nos da la pauta de donde viene ese enlatado”, explica Herrera.

La doctrina de seguridad nacional se ha reactivado y tiene como objetivo tener la población desideologizada y despolitizada reprimida a fin que los grupos de poder puedan operar en beneficio de las grandes trasnacionales y EEUU, a eso responde toda la estructura, según este analista.

Reformas

Después de los últimos hechos violentos que además han sido vendidos una y otra vez a través de los grandes medios de comunicación magnificando el terror, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha llamado a reformar legislaciones: el artículo 332 del Código Penal llamado “Ley antimaras” que se creó durante el periodo gubernamental de Ricardo Maduro en 2002 y la Ley de portación de armas, que el año pasado organizaciones de sociedad civil pidieron reformar pero no tuvieron resultado.

En este último caso, el presidente de comisión de Defensa del Congreso Nacional, David Chávez explica que la reforma implica reglamentar la portación de armas de modo que al momento de sacar un permiso haya un sistema que diga si la persona tiene antecedentes penales, si pasa las pruebas psicológicas, toxicológicas, y saber si la persona es apta para portar un arma. Mientras que aún se está consensuando si sigue en manos de las FFAA este negocio.

Por su parte, el diputado Walter Banegas, del Partido Anticorrupción (PAC), expresó que “las reformas tienen que enfocarse en las personas que portan las armas y no la cantidad de armas a portar. Debido a la misma ilegalidad de la portación no sabemos cuántas armas hay. Hemos exigido que la política del Estado debe enfocarse en la prevención y no la represión”.

También el diputado Rassel Tomé, del partido Libertad y Refundación expresó que “se necesitan políticas que combatan la causa de la criminalidad y no la consecuencia. La causa es la exclusión, la pobreza, la situación de jóvenes que no tienen un empleo. Me dice usted que van a destinar 300 millones de lempiras para un centro penal en Santa Bárbara y cuánto están invirtiendo para mobiliario, pupitres y nuevas escuelas. La ONU ha establecido que todos los países que han implementado políticas de mano dura han fracasado”.

Además Juan Orlando Hernández esta semana envió al Congreso Nacional una solicitud de reformas al artículo 332 del Código Penal, porque considera que dicha normativa no está siendo efectiva en los castigos para los grupos criminales.

A criterio de los analistas en derechos humanos y en temas de seguridad, el mandatario debe socializar con los distintos sectores las propuestas de reformas, pero también debe de enfocarse en programas que eviten el involucramiento de los jóvenes en las maras, pandillas y otros grupos criminales.

Juan Almendarez, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de la Tortura (CPTRT) dijo que “sería muy importante precisar cuál es la política criminal de Estado que generalmente no se precisa, hasta ahora ha consistido en una política inquisitiva, persecutoria y con tendencia represiva”.

También el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez declaró que “aquí hay que desarrollar paralelamente a la lucha férrea contra las maras y pandillas y sobre todo contra sus liderazgos que es donde claramente hay que hacer los golpes, la prevención para que jóvenes en riesgo social no entren en esta situación, hay un llamado a la iglesia, a los padres y madres de familia, a la sociedad y al gobierno, por algo tenemos estas condiciones porque dejamos de hacer mucho, la reflexión es no meter a la cárcel a los jóvenes porque en eso se va todo el país preso, es evitar que la juventud caiga en una situación que comprometa su vida y la de los demás”.

 

Analistas han coincidido en que la reforma al 332 que se dio en el gobierno de Maduro, además de dar luz verde a ejecuciones extrajudiciales por parte de entes del Estado y las masacres de jóvenes, desató en las organizaciones criminales un recrudecimiento de la violencia. Con el 332 las maras y pandillas se reestructuraron y comenzaron a operar con mayor poder desde centros penales que por sus malas condiciones se convirtieron en escuelas del crimen y en los barrios comenzaron a actuar más en la clandestinidad, encerrando las comunidades y dejando en el silencio a las víctimas.

Los crímenes en el país obedecen a que el gobierno sigue con el mismo comportamiento. Medidas que han aumentado la impunidad. “Cuando la impunidad es un paraguas, entonces el crimen y la violencia encuentra un respaldo, las elites políticas y económicas ligadas al crimen organizado son un mal ejemplo para el crimen común en función de que la estructura estatal no funciona  para castigar”, dijo Méndez.

Por su parte el forense Bobadilla dice que “la investigación criminal no tiene un nivel de prosperidad porque el nivel de corrupción con el que fueron nombrados el fiscal general, el fiscal adjunto, el ministro de seguridad, lógicamente tiene una influencia en la tomas de decisiones, mientras no tengamos una administración publica comprometida con acabar la corrupción, todo seguirá siendo lo mismo”.

Para Herrera, estamos viviendo los efectos naturales de una lógica simplista del actual gobierno llena de prejuicios en términos de seguridad, que ha llevado a errar.

Y Herrera plantea que la violencia es generada intencionalmente: “Toda la población es blanco de la violencia, se juegan muchas cosas, hay un Estado corrupto que se beneficia mucho de la inseguridad. Siempre han ganado en término de terror, los que toman decisiones ganan poder y dinero en que exista una situación sin solución en el tema de seguridad, ellos permiten incluso masacres, asesinatos a extraños para mantener la atmosfera de terror, en lo político ganan en la estabilización después del golpe de Estado que les permita aplicar la represión para que personas que son peligrosas sean víctimas de asesinato y que esto sea catalogado como violencia común”.

“La sociedad civil está vendida, incluyendo dentro de Derechos Humanos, vendida al sistema, al régimen o atemorizada debajo de la mesa. Y un movimiento social lleno de dictadorcitos que impiden hacer acciones para que ya no haya violencia y refundar el Estado”, Herrera plantea cambiar la historia. “Perder el miedo, organizarnos y asumir nuestra responsabilidad como dueños de este país”, concluyó.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1945-honduras-una-larga-historia-de-violencia

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Pueblo indígena Lenca entre abandono, pobreza y despojo

Mar 20, 2015

Comunidades Lencas ubicadas en el occidente hondureño,  son víctimas de la marginación,  discriminación,  despojo de sus bienes y formas de vida,  de acuerdo a los resultados del informe denominado “Nueve diagnósticos de aproximación sobre la situación de 81 comunidades”, presentado esta semana en Tegucigalpa.

“El estudio se desarrolló en las comunidades de los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Santa Bárbara y se hizo en  las comunidades Lencas, que mantienen su militancia en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el marco de sus 22 años de lucha que cumpliremos el próximo 27 de marzo”.

Lo anterior lo  aseguró Berta Cáceres, coordinadora general del COPINH, quién además recordó que la trayectoria implica procesos firmes en defensa de la vida, bienes comunes y de la naturaleza, territorios, agua, espiritualidad, salud, educación, derechos colectivos e individuales del Pueblo Lenca.

“Desde la conquista, el despojo y la miseria pone su huella en una constante en la vida social de los indígenas hondureños. Sin embargo en pleno siglo XXI esto ha tomado otros rostros y  otras formas, pero nadie de la clase política en nuestro país, quiere admitir que hay una corriente subterránea permanente de políticas sistemáticas de genocidio de los pueblos indígenas”, indicó Berta Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Abandono y entrega 

De acuerdo al informe: las carreteras son malísimas, al igual que los caminos de acceso. Parece cumplirse en un 95% una sentencia que apuntaría que mientras más Lenca es una comunidad peor es el estado de sus caminos y carreteras de acceso.

Siguiendo la lógica de abandono por parte del Estado las comunidades en su generalidad carecen de servicios de saneamiento y de servicio de agua. Cuando hay servicio de agua es porque la comunidad lo ha desarrollado como un proyecto a su cuenta.

Los proyectos del modelo depredador como hidroeléctricas, minas, ciudades modelo, bases militares, etc. han incrementado la crisis y conflictividades por el agua y hay una disputa en las comunidades relacionada con el derecho humano al agua frente a la privatización y a las imposiciones trasnacionales y de los organismos financieros, ponen en peligro el precario acceso al agua que tienen la mayoría de comunidades.

Más del 70% de las comunidades consultadas no tienen acceso a la energía eléctrica. Las que tienen acceso al servicio generalmente son las que están más cerca de las zonas urbanas o la carretera.

Salud y educación

“La consulta que se desarrolló en 81 de las 200 comunidades  reveló que  los centros de salud y las escuelas se encuentran a grandes distancias de muchos de sus beneficiados y beneficiadas. Hay una política de privilegio urbano y de discriminación a la ruralidad que coloca los centros de salud y las escuelas en poblaciones centro, dejando en desventaja a los más distantes”, manifestó Berta Cáceres.

Según el estudio: los hospitales y los colegios de educación secundaria están ubicados en las cabeceras departamentales para un uso mayoritariamente mestizo. Los centros de salud y las escuelas se encuentran a grandes distancias de muchos de sus beneficiados y beneficiadas.

Hay una política de privilegio urbano y de discriminación a la ruralidad que coloca los centros de salud y las escuelas en poblaciones centro, dejando en desventaja a los más distantes. Los hospitales y los colegios de educación secundaria están ubicados en las cabeceras departamentales para un uso mayoritariamente mestizo.

Problemas 

Berta Cáceres, indicó que el Estado sigue afectando al pueblo Lenca, incumpliendo sus obligaciones básicas. Esta es una conducta, crónica, histórica y sostenida que con altibajos de intensidad se ha mantenido durante toda la república.

“Hay referencias a la violencia provocada o resultante de la injerencia de terratenientes y transnacionales. Durante los grupos de trabajo se reportaron casos como en río Blanco en el que las personas participantes señalaron que las relaciones entre río Blanco y las otras cuatro comunidades han sido estrechas y fraternas”.

Sin embargo el testimonio de las y los integrantes del grupo de trabajo en Río Blanco es que las relaciones con El Barrial y con Valle de Ángeles se han deteriorado profundamente a causa de que estas dos comunidades están, en términos generales a favor del proyecto hidroeléctrico, en tanto Río Blanco se ha opuesto enérgicamente, según el estudio.

A contraparte, expresan que las relaciones con San Bartolomé y la Unión se han estrechado a causa de la oposición al proyecto hidroeléctrico ya que las tres comunidades se “han unido en la lucha”.

“El Estado y las transnacionales también ejercen violencia directa contra las comunidades y las personas Lencas. Para el caso se cuenta en Río Blanco el asesinato de don Tomás García el 15 de julio de 2013 a manos de un militar que fue sobreseído por el juzgado correspondiente. Este militar también dio un balazo en la espalda al hijo de don Tomás, Allan”, indicó el investigador Fabricio Herrera, uno de los encargados del estudio.

Manifestó que en 2014 se produjo el asesinato del niño Maycol Rodríguez, de 15 años, quien desapareció el 8 de octubre de  de 2014. El hermano de Maycol, William Jacobo Rodríguez había sido asesinado con anterioridad el 25 de mayo de 2014. Actualmente hay dos niños más, hermanos  de Maycol y William, bajo amenaza de muerte.

“La acumulación por despojo es el motor del neo-liberalismo que aspira a mercantilizar todos los elementos de la naturaleza y del mundo e incluso del universo: todos los recursos, tierras, aguas, aire, animales, plantas, minerales, paisajes y sobre todo la gente pueden y deben ser mercantilizados”, concluyó Berta Cáceres.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1944-pueblo-ind%C3%ADgena-lenca-entre-abandono-pobreza-y-despojo

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Movimientos sociales conforman plataforma para rechazar industria extractiva

Mar 20, 2015

Como una muestra de respeto y respaldo al arduo trabajo en defensa a la vida que realizó la población en el municipio de Jalapa, en el departamento de Mataquescuintla, al oriente de Guatemala; las organizaciones y movimientos sociales de América Latina desarrollaron recientemente el Encuentro Continental contra la minería y por la soberanía nacional.

La explotación minera ha generado una serie de conflictos en toda Centroamérica y otras regiones del continente. En el caso particular de Guatemala, las comunidades sufren amenazas y hostigamientos por su rechazo a la instalación de estos proyectos.

“A la par del municipio de Jalapa, está San Rafael Las Flores, una zona que durante 8 años ha resistido las amenazas que surgen por su oposición a la minería. En la actualidad la empresa fue demandada en Canadá, ya que los guardias privados, además de la represión constante en contra de las comunidades, violaron a 8 líderes indígenas”, contó Pedro Landa, quien participó en representación de las organizaciones de Honduras.

Landa recordó que el municipio de Jalapa es el primero en todo el continente donde por disposición de las autoridades locales, no se permite la explotación minera. “Es impresionante ver rótulos que son promovidos por la municipalidad donde se oponen a la llegada de este tipo de empresas y además acompañan a las comunidades para no dejarse convencer por quienes promueven esta actividad”.

 

Encuentro Continental contra la minería

Fue desde el 11 al 15 de marzo, que la representación de pueblos, comunidades y organizaciones sociales nacionales y delegaciones internacionales de Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití, México, Costa Rica, Canadá, Islandia, Noruega y Sudáfrica, al calor del compañerismo, la solidaridad y el diálogo intercultural, construyeron una propuesta de articulación continental y de impulso político.

Según la declaración elaborada por los diversos actores, la iniciativa permitirá avanzar en la construcción de un movimiento continental contra el modelo extractivista y por la soberanía popular que haga frente al despojo que vienen padeciendo los pueblos y seguir abonando el camino en la construcción de una nueva sociedad.

“Estamos viviendo un momento de contraofensiva del imperialismo contra los pueblos, los movimientos sociales y los gobiernos progresistas de Latinoamérica, a través de políticas de asfixia económica, manipulación mediática y de criminalización de la protesta.

Por lo tanto hacemos un llamado a todos nuestros pueblos para enfrentar esta contraofensiva con unidad, movilización y lucha. Entendemos que el problema de la extracción de nuestros bienes naturales comunes no tiene solo que ver con la minería, sino que abarca el petróleo, el gas, los proyectos hidroeléctricos, los agro-combustibles y los monocultivos.

De tal manera que estamos ante un modelo extractivo de minerales y energía, de carácter capitalista, que impulsan las empresas transnacionales, países y organismos multilaterales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional), con la complicidad de los Estados nacionales, completando así la nueva división del trabajo que coloca a Latinoamérica como un proveedor neto de materias primas”, dice la proclama de las organizaciones.

Pedro Landa agrega que las comunidades son agredidas por la confluencia entre los Estados y el capital transnacional. Y ante esta realidad se conformó una plataforma de lucha que busca articular organizaciones, comunidades y luchas, además de consolidar una estrategia de medios alternativos que hagan frente a toda la manipulación mediática que hacen estas empresas.

 Persecución y amenazas  

En el documento final las 16 delegaciones dejaron claro que la persecución de los movimientos sociales, la criminalización de la protesta y frecuentes violaciones de los derechos humanos son una constante en América Latina, por parte de los aparatos estatales y las empresas de capital transnacionales.

Como organizaciones acuden a la solidaridad internacional y la denuncia permanente para proteger a hombres y mujeres que defienden la vida. Como espacio de lucha aseguran respaldar a los gobiernos progresistas por los avances realizados en sus distintos países e instan a profundizar resueltamente el respeto a los derechos de la madre tierra, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras y campesinas.

Honduras ir open for mining 

El próximo encuentro podría desarrollase en Honduras, como un rechazo al evento promovido por el gobierno de Juan Orlando Hernández, Honduras is open for mining,  que se desarrollaría en agosto próximo, y donde se busca atraer capital extranjero para la inversión en este tipo de industrias.

“Estamos por la defensa del territorio y la creación de sociedades alternativas, apostándole a la construcción de poder popular y a una nueva forma de relacionamiento con la naturaleza que rescate los conocimientos ancestrales. Reafirmamos la defensa de la vida y decimos altivos, que no le tememos al modelo extractivista de persecución y muerte al cual responderemos con lucha y movilización popular”, dijo Landa.

Este encuentro da inicio a un proceso de articulación continental que permitirá compartir las experiencias de pueblos en resistencia y lucha, materiales investigativos sobre el accionar de las transnacionales y los Estados, además generar escuelas de formación política, mecanismos de denuncia y solidaridad, redes de comunicación y movilizaciones conjuntas. Para derrotar el modelo imperante es fundamental la unidad de las fuerzas de los pueblos, dice la proclama del encuentro.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1943-movimientos-sociales-conforman-plataforma-para-rechazar-industria-extractiva

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Expresidente Callejas “perdió la vergüenza” al buscar reelección

Mar 20, 2015

El ex presidente de Honduras y miembro del Partido Nacional, Rafael Leonardo Callejas,  interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia –CSJ- para que se declare inaplicable el artículo 239 de la Constitución de la República, el que establece que en el país  el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado.

Ese recurso de inaplicabilidad, que ingresó a través de la Sala Constitucional de la CSJ,  fue admitido y elevado al pleno de magistrados para que en los próximos días sea discutido y se emita un resolución favorable o desfavorable.

El ex mandatario manifestó que presentó dicho recurso porque es el derecho de petición “que me asiste, está basado también en los mismos derechos constitucionales, en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos”.

Sin embargo, para el  diputado Jari Dixon Herrera la acción del expresidente Callejas deja en claro su falta de “vergüenza”, ya que parece haber olvidado todos los casos de corrupción en los que se le vinculó durante su administración en la década de los 90.

“En Honduras prima más el acto de corrupción; de hecho hay una cultura de corrupción, mucha gente mira como positivo a estas personas que cometan este tipo de actos. Mientras que la sociedad hondureña no entienda que la corrupción y la violación a la ley es el gran problema de Honduras y es el que nos está produciendo la mayor cantidad de problemas sociales, en ese sentido el país no va a cambiar”, dijo Herrera.

El congresista agrega que “si en Honduras se aplicara la ley  el expresidente Callejas estaría en presión por violentar la Carta Magna”.

ARTICULO 239: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.

“Lo de Callejas es una Cachurecada

El ex titular del ejecutivo Rafael Callejas, expresó que si la Corte Suprema de Justicia emite un fallo favorable  “participaría en las elecciones internas del gran Partido Nacional por el Movimiento Nacional Callejista ‘Monarca’ y competiría con los aspirantes a candidatos que surjan”.

Por su parte la diputada del partido Innovación y Unidad –PINU-, Doris Gutiérrez,  opina que la gestión es una estrategia mandada desde el gobierno de Juan Orlando Hernández para desviar la mirada de los grandes problemas de país: “no nos extraña esta cachurecada más, porque es la forma tradicional en el que el Partido Nacional ha actuado siempre para llevar agua a su molino sin importar que están haciendo un pésimo gobierno y que no están cumpliendo con las promesas que le hicieron al pueblo hondureño”.

Presidente del CN: hay que buscar los consensos

“Nos prohíbe a siete personas vivas de este país a que podamos ser electos a cargos de la Presidencia de la República”, dijo el encargado del Poder Ejecutivo en el periodo 1990-1994.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, señala que el  tema desde hace 15 años está “en el tapete de discusión y se ha vuelto tabú”, por lo tanto deben de comenzar a buscarse los consensos. Oliva no considera una falta a ley hablar del tema.

“Esos son temas sensitivos, son temas polarizantes, son temas que atrae mucho a la opinión pública donde, obviamente van a salir distintas versiones, al final lo importante es establecer un diálogo incluyente que permita la ruta más viable para dilucidar el tema, y cuando digo dilucidar el tema puede ser un extremo que no sea viable y otro extremo que sea viable”, declaró.

Liberales piden nueva Constitución

A criterio de la secretaria de la bancada del Partido Liberal, Aracely Leiva, en Honduras debería comenzar a discutirse la posibilidad de construir una nueva Constitución de la República, pues “la actual no llena los intereses de la población hondureña”.

“A mí me preocupa porque yo soy de la idea que el tema de la reelección, como un derecho fundamental e individual de una persona por desenvolverse bien, no debe de coartarse, soy de esa idea, pero ahorita en Honduras la institucionalidad es tan débil que no podés aspirar a eso”, dijo Leiva.

Abogados interponen recurso en contra la solicitud de reelección

José Ávila, miembro de la Barra de Abogados Anticorrupción, interpuso esta semana un recurso de oposición a la solicitud presentada por el expresidente Callejas.

“Nosotros basamos la oposición en la Constitución de la República y el Código Civil, desde el momento que él entrega el recurso incurre en delito, porque el artículo establece que no se puede reelegir en el país”.

El expresidente Rafael Leonardo Callejas, asegura que buscar la reelección es una decisión personal y no para abrirle el camino a Juan Orlando Hernández para su continuidad en el poder.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1942-expresidente-callejas-%E2%80%9Cperdi%C3%B3-la-verg%C3%BCenza%E2%80%9D-al-buscar-reelecci%C3%B3n

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Represión recetan a estudiantes por exigir mejora en centros educativos

Mar 20, 2015

“Lamentamos que este tipo de situaciones se den, principalmente por un tema que es de beneficio para los estudiantes, en el caso del Central Vicente Cáceres ya se había generado un  acuerdo desde el viernes anterior donde se establecía la compensación de los minutos faltantes, los sábados y el fin de año”, así reaccionó el ministro de educación Marlon Escoto tras la represión que sufrieron jóvenes del Instituto Central Vicente Cáceres en Tegucigalpa por parte de policías y militares durante una movilización.

Esta nueva jornada de protesta estudiantil  se realizó el lunes de esta semana en rechazo a los nuevos horarios clase que decretó la Secretaría de Educación, pero también por las malas condiciones de aulas y pupitres.  Al menos 100 estudiantes fueron afectados por las bombas de gas lacrimógeno lanzadas y agua mezclada con químicos, y dos jóvenes resultaron con heridas de bala y 7 con golpes.

“Cuando ellos empezaron a sacar el equipo antimotín, nosotros dijimos que era en paz, y ellos llegaron y se acercaron demasiado, quemamos una llanta para que ellos no se acercaran y fue ahí cuando empezaron a lanzar bombas lacrimógenas y nosotros no tuvimos otra opción que comenzar a lanzarles piedras”, fue el testimonio de una de las jóvenes que participó en la acción estudiantil.

Defensores de Derechos Humanos que intentaron mediar la situación entre estudiantes y policías- militares, constataron que los agentes de seguridad lanzaron sin  ninguna compasión hacia los jóvenes estudiantes,  bombas lacrimógenas, que afectaron la respiración de varios de ellos.

Mientras tanto, el oficial de policía que se identificó únicamente como Turcios, el que estuvo frente a la operación represiva, dijo que dos de los estudiantes ingresados a la emergencia del Hospital Escuela Universitario, fueron heridos de bala por un guardia de seguridad privada “nosotros no hemos hecho uso de las armas de fuego, nosotros solo replegamos y vea usted la agresión de la que somos objeto”.

Tras las acciones y represiones, el titular de Educación Marlon Escoto aseguró que hay otras personas interesadas en que haya crisis, caos y están tocando los más sensibles que son los estudiantes diciéndoles que es: inseguridad, que es mucho tiempo, etc. “Pero realmente lo que está detrás, son los profesores que tienen jornadas  superpuestas”.

Agregó “ellos detonaron esto, salen temprano de un lugar, llegan tarde a otro, nunca dan lo que deben dar y luego detrás de esto se han ido sumando otras cosas”.  Estos horarios no son nuevos, son los de siempre que los fueron reduciendo de 45 a 40 a 35, señalan las autoridades de educación.

 

 

Entre más días, más horas, más calidad educativa

Entre más días, horas clases, más calidad educativa ha dicho el  secretario de educación de Honduras, Marlon Escoto. Sin embargo se apuesta a ampliar la hora clase cuando existen serias deficiencias en las escuelas y colegios públicos del país. Este año el sector educación trabaja con una reducción de presupuesto de 677 millones de lempiras, únicamente  cuenta con 22 mil millones  446 mil  lempiras de presupuesto,  aunque la mayoría va destinado a los salarios de los docentes.

En el sector educación existen problemas estructurales, reconoce el titular de educación, porque según él, nunca se enfrentan los problemas y nunca se les busca la solución correcta. “Costó tener 200 días de clases, costó instalar la jornada extendida de primero a noveno grado y ahora los 45 minutos generan cierta incertidumbre”. Son los jóvenes los perdidos ante el rechazo de estas medidas, puesto que son los que no llegan a tener la suficiente formación cuando van a la universidad y los rechazan de las pruebas, además no pueden encontrar un empleo  con formación secundaria porque les ofrecen medio salario mínimo.”

 

Andrés Montalván es el presidente de la Asociación de Padres de Familia en el Instituto Patria del municipio de la Lima al norte de Honduras, él explica que la medida impuesta por la Secretaría de Educación no es favorable por la situación de inseguridad a la que estamos expuestos los hondureños y hondureñas. Reconoció que el cambio de horario está en la Ley Fundamental de Educación y Estatuto del Docente hondureño, pero “en nuestro país no se debería implementar por el riesgo que implica para los estudiantes”.

Con el cambio de 40 a 45 minutos, los estudiantes de cada jornada que reciben cinco clases tendrán que salir 25 minutos más tarde. En la actualidad, la jornada matutina es de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y la vespertina de 12:00 M a 5:00 de la tarde. Cinco minutos en cada clase implica que los estudiantes matriculados en la mañana deberán entrar a las 6:00 AM y los de la tarde saldrán a las 6:00 PM, según dio a conocer la Secretaría de Educación.

La profesora Lucía Granados, directora del Instituto Patria en la Lima, Cortés manifestó que esta medida ubica nuevamente en la cuerda floja la jornada nocturna. Dijo además que estos son los lineamientos del gobierno para reforzar la jornada extendida tal y como lo plantea la Ley Fundamental de Educación.

Colegios militarizados

Esta semana, 13 colegios públicos de Tegucigalpa fueron militarizados por orden del ministro Escoto. “Todos los centros educativos van a tener seguridad en los portones por parte del Estado, que permita que los que quieren estudiar ingresen, y los que no pues, ellos asumen su propia responsabilidad”.

Escoto dijo que los 10 colegios que desarrollaron acciones de protesta en Tegucigalpa no representan a la educación media del país, por lo tanto las clases estarán ahora vigiladas por militares.

También prometió revisar caso por caso  para conocer las particularidades de cada centro educativo  aclarando que la suma de 5 minutos a la hora clase no se revertirá “no puede el Estado retroceder en este tipo de medidas que solo benefician a los jóvenes”.

Tajantemente Escoto dijo que estas acciones de protesta, han sido respaldadas por maestros y hasta por diputados del Congreso Nacional,  buscando su salida de la Secretaría de Educación. “Yo ya llego al cuarto año en la Secretaría de Educación y se cómo funciona, lo iniciaron profesores, se aprovecharon dirigentes, empleados de la Secretaría de Educación internamente se han prestado para generar este tipo de crisis y luego se van sumando otros sectores que tradicionalmente son promotores  del caos y de la crisis pero que no siempre dan la cara”, señaló Escoto.

Según Miguel Molina director de la Fundación Fe y Alegría Honduras, el ministro de Educación Marlon representa la dictadura de este gobierno. “Yo creo que ha habido esfuerzos importantes y por eso se ha convertido en uno de los ministros de confianza del gobierno anterior y de los pocos que han heredado para el siguiente gobierno, entonces de alguna manera hay continuismo en sus medidas y políticas. Creo que ha representado la mano dura en el campo educativo, con poco diálogo con el gremio, con poco diálogo con las fuerzas en torno a la educación y de alguna manera creo que es la bandera de por donde el gobierno piensa que deben ir las políticas educativas del país, más allá que sean correctas o equivocadas”, señala Molina.

Los cálculos de la Secretaría de Educación

En Honduras hay 16,899 docentes de Educación Media que representan un pago anual de 2 mil 400 millones de lempiras. Según señalan las autoridades de la secretaría de Educación, la ley establece que sean 7 horas diarias de clase de 45 minutos. Si la pérdida de 5 minutos de clases en cada sesión representa aproximadamente el 10% de tiempo de clases perdidas, calculan  que cada día se pierde 1 millón de lempiras por la reducción de los horarios clase.

Acuerdos

Esta semana las autoridades de la Secretaría lograron llegar a un acuerdo con los estudiantes de algunos  institutos públicos de la capital, sobre la modificación al horario de clases. En los acuerdos se especifica analizar los problemas de los horarios en conjunto, pues los padres de familia se negaron a la aprobación de jornadas diferenciadas, los alumnos dejarán de protestar en las calles para integrarse nuevamente a sus estudios mientras se resuelve la problemática.

Mientras tanto la Secretaría dijo que enviará  una notificación en la cual se especifique que el nuevo horario no tendrá vigencia hasta lograr un consenso.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1941-sdsdsds

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Nueva presidenta de Tribunal Penal Internacional juzgará a golpistas hondureños

Una juez y diplomática argentina, Silvia Fernández de Gurmendi, 61 años, presidirá el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, hasta 2018. De Gurmendi, que ya era magistrada del organismo, fue elegida este miércoles por sus 18 pares y será la encargada de juzgar a los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado del 28 junio de 2009.

Madrid. Una juez y diplomática argentina, Silvia Fernández de Gurmendi, 61 años, presidirá el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, hasta 2018. De Gurmendi, que ya era magistrada del organismo, fue elegida este miércoles por sus 18 pares.

El TPI, al que no se han adherido EE UU, Rusia, China, India, Israel, Cuba ni Irak, ha abierto procesos por crímenes de lesa humanidad y genocidio en Congo, Uganda, República Centroafricana, Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí. Mantiene también en fase preliminar casos sobre Afganistán, Colombia, Nigeria, Guinea, Honduras, Irak, Ucrania, Georgia y Palestina.

De Gurmendi, que sucederá en el cargo al surcoreano Song Sang-Hyun, estudió Derecho en las universidades de Córdoba, Argentina, y Limoges, Francia, y se doctoró en la de Buenos Aires.

Profesora visitante en el American University Washington College of Law, fue diplomática de su país y llegó a ocupar el cargo de directora general de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Como tal, defendió a Argentina ante tribunales internacionales. En 2003, fue nombrada asesora principal del jurista argentino que entonces fue designado fiscal del TPI, Luis Moreno Ocampo. En 2010, fue elegida juez del tribunal que ahora presidirá.

“Haré lo posible para estar a la altura de la confianza que mis compañeros han depositado en mí”, declaró De Gurmendi en un comunicado del TPI. Y prometió trabajar por “el bien de la justicia, la paz y el imperio de la ley”.

La secundarán dos mujeres como vicepresidentas: Joyce Aluoch, de Kenia, y Kuniko Ozaki, de Japón. Es la primera vez que tres juezas lideran el tribunal.

El TPI nació en 2002 y hasta ahora solo ha condenado a dos guerrilleros de Congo, Germain Katanga, exlíder de la Fuerza de Resistencia Patriótica en Ituri, y Thomas Lubanga, exjefe del partido y milicia Unión de Patriotas Congoleños.

Ha dictado siete absoluciones, en cuatro casos de Kenia, dos de Congo y otro de Sudán. Tres de los acusados, incluido el exlíder libio Muammar Gaddafi (1969-2011), fallecieron durante el proceso.

Honduras y Colombia son en la actualidad los únicos dos países latinoamericanos con juicios preliminares abiertos. En el caso colombiano se investigan presuntos crímenes de las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de los paramilitares, tales como asesinatos, secuestros, desplazamientos forzosos, torturas, desapariciones, violaciones y reclutamiento de niños.

El TPI también investiga delitos de lesa humanidad de las fuerzas públicas de Colombia, como homicidios y ataques a civiles, tormentos, violaciones, crímenes de guerra, desapariciones y los llamados falsos positivos, civiles asesinados que los militares hacían pasar por supuestos guerrilleros sobre todo durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

En el caso de Honduras, el tribunal investiga los delitos cometidos durante el golpe de Estado de 2009 del dictador Roberto Micheletti (2009-2010) contra el presidente Manuel Zelaya (2006-2009). La fiscalía del TPI afirma que se cometieron asesinatos, detenciones y privación de libertad, tortura, violencia sexual y deportaciones. (Tomado de diario El País).

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/nueva-presidenta-de-tribunal-penal-internacional-juzgar%C3%A1-golpistas-hondure%C3%B1os

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How ZEDEs Can Make Honduras Prosperous

Next-Generation Zones for an Anti-Poverty Success Story

By Michael Strong

Why isn’t Honduras prosperous? Why do more than 100,000 Hondurans leave each year and risk their lives to get to the United States, where most of them will become illegal immigrants with no rights?

Conversely, why is China becoming prosperous so rapidly? In the past 20 years hundreds of millions of Chinese have escaped poverty. Averages urban wages in China today are more than five times what they were 20 years ago. What can be done to ensure that working-class Hondurans earn five times as much 20 years from now?

The Chinese Special Economic Zones (SEZs) were key to this burst in prosperity. As Nobel laureate Ronald Coase and economist Ning Wang show in How China Became Capitalist, the SEZs created the conditions under which the Chinese working class began the path towards dramatically higher wages.

(Michael Strong)

The free zones in Honduras were created in Honduras in the late 1980s. At the time it was predicted that they would create more than 100,000 jobs. At their peak they did exactly that. But due in part to competition from China, they did not result in significant wage growth. How can Honduras up its game so that it can bring higher-quality, higher-wage jobs to the country?

Traditional free zones and special economic zones have been on balance a spectacular success at reducing poverty around the world. In Mauritius, Mexico, Ireland, China, and elsewhere zones have begun the booms that later resulted in greater economic liberalization and increased economic growth. Jeff Sachs lists export-processing zones as one of the very few successful approaches to reducing poverty. The management guru Peter Drucker was more blunt: zones are the only anti-poverty program that works.

But traditional zones only reduce taxes and regulation. This is often an important step in attracting investment, creating jobs, and creating prosperity, because most developing nations have byzantine tax structures and/or excessive regulation. The next step in zone development consists of the creation of zones that provide access to higher quality law and adjudication. Before explaining why the Honduran ZEDEs represent the state-of-the-art zone program, let’s first clarify why traditional zones have been needed.

The Need for Zones to Reduce Taxes and Regulation

While anti-capitalist intellectuals believe that “neoliberal” reforms have resulted in jobs leaving the developing world to go towards “unregulated” developing nations most developing nations are drowning in red tape.

Fifteen years ago, Hernando de Soto documented the tortuous process of opening a legal business in developing nations such as Peru and Egypt. Since then the World Bank has been publishing the “Doing Business” index annually. The top five nations:

1. Singapore
2. New Zealand
3. Hong Kong
4. Denmark
5. Korea

The bottom five:

185. Chad
186. South Sudan
187. Central African Republic
188. Libya
189. Eritrea

Prosperous nations are prosperous in large part because they make it easy to do business. Poor countries are poor largely because they make it difficult to do business. Honduras is ranked 104th — hardly a “libertarian paradise.” (Partisans should note that it is possible to have a substantial welfare state and be very business friendly. Note that Denmark at fourth and Norway at sixth are both ranked more business friendly than the United States, which comes in at seventh).

Honduras is poor because the legal system of Honduras does not adequately provide for the conditions that result in prosperity. Without exception, every nation in which entrepreneurs have been free from predation and regulatory excess has become prosperous. A recent World Bank report concludes: “respect for and promotion of economic freedom and civil and political rights are, on average, strongly associated with a country’s per capita income growth over the long run.”

Hong Kong and Singapore, the two nations with the highest levels of economic freedom, have gone from poverty to prosperity in the past 50 years. In 1960 they both had a GDP per capita of roughly US$400, while the Honduran GDP per capita was roughly $200 (in today’s dollars). Today, Hong Kong’s GDP per capita is $38,000 and Singapore’s is $55,000. Honduras’s is just over $2,000. Had Honduras had as much economic freedom as Hong Kong and Singapore continuously from 1960 onwards it would be a first-world country today.

Access to Global Legal Systems Enjoyed by Multinationals

Unsophisticated advocates of economic freedom sometimes claim that prosperity is simply the result of reduced taxes and regulations. This interpretation of the data fails to recognize the importance of having access to a legal system that supports entrepreneurial capitalism. Stanford scholar Edgardo Buscaglia summarizes the key features of such a legal system:

Basic elements that constitute an efficient judicial system are … relatively predictable outcomes within the courts; accessibility of the courts by the population, regardless of income level; reasonable time to disposition; and adequate court-provided remedies. Increasing delays, backlogs and the uncertainty associated with expected court outcomes have diminished the quality of justice.

He goes on to explain the multiple shortcomings of Latin-American legal systems:

Everywhere in Latin America courts are unable to perform their basic function as mechanisms for the interpretation and application of the law. The inability to satisfy this demand manifests itself in increasing backlogs and time delays observed throughout the region.… We can here identify substantive, procedural and organizational factors explaining the increasing presence of corrupt activities within the courts.

While these problems are certainly grounds for improving the training and funding of judicial systems (and to that extent reducing taxes could make the problem worse), there is no reason to prevent ordinary citizens from having access to other judicial systems in the meantime.

Multinational corporations in Honduras already have access to their choice of law internationally: any doing business in Honduras can choose to have its legal disputes adjudicated in Delaware, Texas, Holland, Spain, or anywhere else they please. Why not provide ordinary citizens with the same access to choice of law through arbitration?

This is the genius of the ZEDE system: it will allow ordinary citizens access to competing legal systems and jurisdictions. Citizens within a ZEDE may still choose the Honduran legal system in contracts if they so choose — but they may also choose to use a lower cost, more efficient legal option. A Honduran tech entrepreneur may choose to take advantage of California’s cutting-edge IP law. A Honduran finance entrepreneur may choose to utilize London’s world-class financial law.

ZEDEs the Next Stage of Zone Development

Moreover, while the ZEDE program is an important innovation, it is following in the footsteps of an earlier highly successful zone program: the Dubai International Financial Centre (DIFC), which has been so successful that it is now being replicated in Abu Dhabi.

In 2004, the Dubai government wanted to create a global financial system, but it realized that the Sharia legal system of UAE would not attract international finance. With a brilliant stroke of insight, the rulers of Dubai created the DIFC, a 110-acre zone featuring British common law administered by a respected British commercial law judge. This zone has since attracted billions in Foreign Direct Investment (FDI) in the past decade, which is why Abu Dhabi recently announced that they would create a similar zone.

The Honduran ZEDEs break new ground in providing not only the economic zone model that has proved successful around the world but also the legal zone model that has proved successful in Dubai. The ZEDE structure adds two new dimensions, administrative and political. Mark Klugmann, who designed much of this structure, describes this approach as a “LEAP Zone,” a legal, economic, administrative, and political zone, to differentiate ZEDE-style zones from earlier economic zones and from the DIFC legal-zone model.

The exact implementation of the administrative and political aspect of the ZEDEs remains to be seen. That said, observers of the ZEDE program should start with a recognition of the extraordinary success of earlier special economic zones, on the one hand, and the legal zone of Dubai, on the other.

Given the proven upside of many earlier zone programs on which the ZEDEs are building, observers should focus on ensuring that the administrative and political aspects of the ZEDE program are executed appropriately. But uninformed criticisms of the ZEDE development strategy amounts to sabotaging the greatest hope the Honduran poor have of a significantly better life.

Michael Strong is CEO of Radical Social Entrepreneurs and cofounder of Khabele Strong Incubator. He also has an equity stake in a corporation which may submit a proposal to develop a ZEDE. Follow @flowidealism.

Fuente: http://blog.panampost.com/editor/2015/03/20/how-zedes-can-make-honduras-prosperous/

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El Fondo Mundial refuerza alianza para eliminar la malaria en el país

El Fondo Mundial refuerza alianza para intensificar los esfuerzos en la eliminación de la enfermedad de la malaria en las zonas con mayor vulnerabilidad epidemiológica en el país.

El Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria refuerzan su alianza con una nueva firma de subvención de mas de nueve millones de dólares que será destinada para intensificar los esfuerzos en la eliminación de la enfermedad de la malaria.

El programa se centrará en las poblaciones con mayor vulnerabilidad epidemiológica , como las mujeres y los niños menores de cinco años, los pueblos indígenas, los grupos de descendencia africana y los migrantes.

La secretaria de Salud, Yolani Batres, expresó, que “Honduras es uno de los países signatarios de la iniciativa regional para la Eliminación de la Malaria de Mesoamérica y la Isla La Española (EMMIE) que incluye a México, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Haití y la República Dominicana.

“con esta donación nuestro país continuará la iniciativa de eliminación de la malaria la que es una de las metas que Honduras tiene para el 2020”, detalló Batres.

A la vez dio a conocer que este fondo permitirá financiar la distribución de mosquiteros tratados con insecticida y el rociado de interiores, aumentar las pruebas, el diagnóstico temprano y el tratamiento; así como las actividades de vigilancia en la frontera con Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Honduras se ha comprometido reducir los casos de malaria en un 45 por ciento para el 2017. El acuerdo bilateral firmado está en línea con la iniciativa regional para la Eliminación de la Malaria de Mesoamérica y la Isla La Española (EMMIE).

Honduras ha conseguido importantes avances en reducir la transmisión de la malaria durante la última década gracias a la eficaz ejecución de proyectos con una sólida participación de las comunidades locales.

En 2011 los casos de malaria descendieron un 78 por ciento respecto del año 2000. Sin embargo, la enfermedad sigue siendo una amenaza en el departamento nororiental de Gracias a Dios, donde se registra más del 80 por ciento de la población que posee la enfermedad.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/el-fondo-mundial-refuerza-alianza-para-eliminar-la-malaria-en-el-pa%C3%ADs

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Honduras / Nuestra Palabra: A vueltas con la ley antimaras – Viernes,20 de Marzo de 2015.

viernes, 20 de marzo de 2015

Se ha enviado al Congreso Nacional un paquete de medidas en materia de seguridad que incluye una revisión del sistema penitenciario de Honduras. Más concretamente, lo que se pide es una reforma al artículo 332 del Código penal, conocido como Ley Antimaras debido a que actualmente no está funcionando y se circunscribe únicamente a las maras.
Lo que se pretende es castigar no solamente a quienes pertenecen a las maras sino a toda persona que participe o colabore en delitos cometidos y planificados por cualquier organización criminal.  Juntamente se pretende una política de reinserción social donde, inclusive, se obligue a trabajar a los reos.

Por lo tanto, se busca endurecer la ley antimaras, establecer el trabajo forzado para los reos y facilitar el traslado de presos peligrosos.

Lo que pretende JOH es aplicar una medicina social que tal vez no sea la adecuada.  Sabemos por experiencia que solamente después de un buen diagnóstico se pude recetar algo orientado al restablecimiento de la salud del enfermo.  Para ello es bueno recordar algunos datos que nos centren el problema.
En primer lugar, no se puede tratar el problema de las maras “desde arriba, de forma vertical y vía decreto” puesto que ha sido el mismo presidente quien se ha negado a dialogar con ninguno de estos grupos.  Buscaban dialogo y reinserción social y no se les concedió.  Señalaban como causas principales que les empujaron a sus actividades delictivas la pobreza y la falta de trabajo.  Son problemas estructurales del país que están lejos de resolverse y, por lo tanto, son el caldo de cultivo que facilita a los jóvenes orientarse por caminos perversos y anti sociales.
Con y sin el FMI los presupuestos sociales no dejan de reducirse, aumentan los impuestos y una militarización creciente que absorbe unos fondos indispensables que servirían para enfrentar estos problemas estructurales.
El contexto geopolítico y nacional no es el mismo en tiempos del presidente Maduro y del actual.  Hoy día Centroamérica  ha aceptado, de una manera u otra, la agenda de seguridad estadounidense, tanto a nivel interno como externo.  La fuerte presión y presión para la captura de los grandes capos se traduce al interior del país en estas leyes que pretenden poner orden en casa.
El gobierno es muy consciente que, contrariamente a lo señalado por la ciencia política, no posee el “monopolio legítimo de la violencia” en el país.  Tiene que compartirlo con otros poderes que responden a otra lógica y a otros intereses.  Actúan como si fueran “otro gobierno dentro del gobierno” pues poseen su territorio, sus leyes propias, imponen impuestos a la sociedad, tienen capacidad de pactar y negociar; y, además, utilizan la violencia a conveniencia.  Van permeando la vida política e institucional del país y se infiltran en todos los estratos sociales.
Nuestras colonias y barrios se convierten en campos de batalla donde hay una “guerra sin cuartel contra los jóvenes”: el gobierno y la sociedad que los margina y excluye de todo tipo de trabajo y educación; o, en el mejor de los casos, son “marca de país” y “producto de exportación”: jóvenes, pobres y migrantes como mercancía barata.  Los grupos delincuenciales hacen que la vida y convivencia en las periferias sea un infierno y pesadilla para los pobres pues aparte de tener que sobrevivir en un sistema social que no cuenta para nada con ellos, se convierten en “enemigos y no aliados estratégicos”.

En definitiva, si de verdad JOH quiere resolver el problema de la violencia, la seguridad y la paz social, debe ir a los problemas y sus causas.  Iniciar un diálogo y pacto social con los actores sociales implicados y, no tanto con las cúpulas políticas o económicas centradas en etnocentrismo de clase.

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El cierre de las fuentes y el acceso a la información en Honduras

viernes, 20 de marzo de 2015

Por Dina Meza *
El inciso cinco de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, señala que: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.”

Sin embargo en Honduras es una utopía, es parte de las estrategias estatales para negar información a los periodistas que no escriben a favor del gobierno de turno.
Me encontré a finales del año pasado en un portón que contenía un enorme candado en la puerta de acceso al Congreso Nacional, allí estaban tres periodistas que no podían entrar porque les negaron el paso. Les pregunté por qué no entran? y me respondieron “es que no somos del agrado del actual presidente del Congreso Nacional y lo que hacemos es que nos colocamos acá cerquita para ver si pescamos alguna información.”
Pero eso no solamente ocurre allí en el Parlamento, la situación se repite en otras fuentes informativas como en la casa de gobierno, el Ministerio Público y otros entes, donde los funcionarios se creen con el derecho de reservarse la información a pesar que tienen la obligación de ponerla a la vista.
Con la llegada del actual presidente de la república Juan Orlando Hernández, muchas fuentes están cerradas a los periodistas críticos, igual sucede en las afueras de la ciudad en los gobiernos locales donde hay alcaldes que no toleran ni una tan sola voz que exprese una opinión contraria a la que quieren escuchar.
El año pasado el periodista Ernesto Gálvez tuvo que enfrentar una querella de una alcaldesa del municipio de La Paz, el comunicador escribió en su muro de facebook que un puente era muy costoso, la mujer a la que ni siquiera mencionó el periodista se molestó de tal manera que abrió un juicio a través de una querella por difamación contra Gálvez, utilizando los recursos locales llevó al abogado de la municipalidad para que la representara.
Los y las periodistas que critican la forma cómo las autoridades llevan a cabo su gestión, sencillamente que se atengan a las consecuencias. La alcaldesa que mencioné arriba se da a la tarea de perseguir al periodista Gálvez y cada vez que lo ve entrevistando a alguien llega para decirles a las personas que no le den opiniones.
De lo que se trata es de forzar una buena imagen gubernamental , todo el mundo debe hablar en sintonía con el discurso desde el poder, pretendiendo homogenizar la información de tal manera que cuando se mueve una voz en distinta dirección vienen las consecuencias.
Cesar Silva es un periodista muy crítico, tiene un programa de televisión que se llama Vanguardia, las amenazas que pesan contra él de forma diaria son de distintas formas hasta se suman las multas de policías cuando encuentran que se estaciona en su vehículo y aunque no lo hace en forma ilegal, debe pagar multas constantes hasta 100 veces más que un ciudadano común y corriente.
A César se le está vedado entrar al Congreso Nacional y al Ejecutivo, no tiene acceso a esas fuentes, pero ante quién denuncio se preguntó, nadie responde. La censura se extiende también a medios de comunicación. El estigma es tal que hasta otros periodistas se cuidan de que no les vean platicar con los estigmatizados.
Pen Internacional en su informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en septiembre de 2014 señaló que “Los últimos cuatro años se ha producido una disminución de la transparencia pública y una regresión hacia una cultura del secreto, con acceso a las fuentes oficiales cada vez más restringido….”, el informe es un aporte para el Examen Periódico Universal, EPU, de Honduras, el cual se llevará a cabo en mayo próximo.
Lo preocupante es que esta situación se ve tan normal que los periodistas la asumen y se resignan a soportar cuatro años de cualquier gobierno que se le ocurra cerrarles las puertas para que puedan tener acceso a la información.
El problema es que no solamente los periodistas se quedan sin acceso a las fuentes sino que la otra gran perdedora es la sociedad en su conjunto que no tendrá oportunidad de tener dicha información que es vital para la toma de conciencia y de decisiones.
Creo que mientras no se sientan precedentes contra los funcionarios que niegan el acceso a las fuentes y por ende a la información, las cosas seguirán como están, es necesario actuar tanto desde los periodistas como desde la sociedad.
Fuente: Versión español e inglés:

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CIDH elige directiva

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Rose Marie Antoine (Santa Lucía y Trinidad y Tobago)

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eligió hoy a sus nuevas autoridades. Su mesa directiva quedó integrada por Rose Marie Antoine (Santa Lucía y Trinidad y Tobago) como Presidenta, James Cavallaro (Estados Unidos) como Primer Vicepresidente, y José de Jesús Orozco Henríquez (México) como Segundo Vicepresidente. La elección se realizó conforme al reglamento de la Comisión, al comenzar hoy el 154º Período Ordinario de Sesiones. Los otros Comisionados y Comisionadas miembros son: Tracy Robinson (Jamaica), Felipe González (Chile), Rosa María Ortiz (Paraguay) y Paulo Vannuchi (Brasil). El Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza L. (México).La Comisionada Rose-Marie Antoine tiene doble ciudadanía, de Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Fue elegida en la 41ª Asamblea General de la OEA en junio de 2011 por el período reglamentario de cuatro años, contados a partir del 1º de enero de 2012. Es abogada, Profesora y Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de West Indies, especializándose en derechos humanos, derecho financiero, derecho comparado, derecho administrativo, legislación relativa al servicio civil, derecho a la no discriminación y derecho laboral. Asimismo, ha dictado clases en el extranjero, incluyendo Estados Unidos. La comisionada Antoine cuenta con abundante experiencia como consultora internacional. Ha sido consejera legal principal para todos los gobiernos del Commonwealth del Caribe y para gobiernos fuera de la región, tales como el Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos y Canadá, así como para varias organizaciones regionales e internacionales. Estas incluyen la Unión Europea, UNICEF, UNIFEM, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el BID, el Banco Mundial y la OEA, entre otras. Es autora premiada, habiendo escrito once libros y numerosos informes y artículos, así como proyectos de ley, sobre una amplia gama de temas, incluyendo discriminación, reforma constitucional, reforma del servicio público, justicia juvenil, asistencia legal mutua, derechos de las mujeres, salud, acoso sexual, tráfico humano, derecho laboral, libre movimiento de personas, VIH y derecho financiero, así como contra el tráfico de drogas y contra la corrupción. La Comisionada Antoine se graduó en derecho de la Universidad de West Indies y es académica Oxford del Commonwealth y académica Pegasus de Cambridge, con un doctorado de la Universidad de Oxford y un posgrado en derecho de la Universidad de Cambridge. La Profesora Antoine tiene diplomas y certificados en el derecho internacional de los derechos humanos del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia.

El Comisionado James L. Cavallaro es ciudadano de Estados Unidos. Fue elegido en el 43er período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en junio de 2013 por el período reglamentario de cuatro años, contados a partir del 1º de enero de 2014. James L. Cavallaro es abogado graduado en Harvard, con un posgrado en derecho de la Universidad de California en Berkeley. Actualmente James L. Cavallaro es profesor de derecho en la Universidad de Stanford y director fundador de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Resolución de Conflictos y el Centro de Derechos Humanos de dicha Universidad. Anteriormente fue profesor de derecho en la Universidad de Harvard y director ejecutivo del programa de derechos humanos de Harvard. Fue fundador del Centro de Justicia Global, una organización basada en Brasil, y fue director de las oficinas en Brasil de Human Rights Watch y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Es autor de decenas de artículos, libros y otras publicaciones sobre derechos humanos y sobre el sistema interamericano de derechos humanos.

El Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez es ciudadano de México. Fue elegido en el 39º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en junio de 2009 por el período reglamentario de cuatro años, contados a partir del 1º de enero de 2010. El 6 de junio de 2013, la Asamblea General lo re-eligió para un segundo período, que se inicia el 1 de enero de 2014 y culmina el 31 de diciembre de 2017. Fue electo Presidente de la CIDH en el 144º Período de Sesiones en marzo de 2012 y reelecto el el 147º Período de Sesiones en marzo de 2013. José de Jesús Orozco Henríquez es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en las áreas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Función Judicial y Derecho Comparado, entre otras. Anteriormente, fue magistrado de la máxima autoridad jurisdiccional electoral de México durante 16 años, primero en la Sala Central del Tribunal Federal Electoral y luego en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es Doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM y Maestro en Derecho Comparado de la Universidad de California en Los Ángeles, así como Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres de Perú y por la Universidad Autónoma de Coahuila, México. Es autor o co-autor de ocho libros y coordinador o editor de otros 15, y ha escrito más de 100 artículos para revistas académicas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3444:cidh-elige-directiva&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Más de diez millones de lempiras invertirá la FAO en producción Agricola en el país

Más de diez millones de lempiras se invertiran para la produccion agricola el cual beneficiará a unas cuatro mil familias en el país.

Más de diez millones de lempiras invertirá las autoridades de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO) para la producción agrícola en la zona sur del país.

Este Proyecto beneficiará a unas cuatro mil familias vulnerables de los municipios de Apacilagua, Duyure, Morolica, Orocuina, Pespire y San Antonio de Flores en el departamento de Choluteca con el objetivo recuperar, incrementar y la diversificar la producción agrícola de los participantes.

La representante de la FAO en Honduras, María Julia Cárdenas Barrios explicó que a raíz de la prolongada canícula que se produjo el año anterior, el gobierno solicitó la asistencia técnica de la Organización para reactivar la producción agrícola en la zona sur del país.

“Como parte de las acciones del proyecto contempla la construcción de 200 cosechadoras de agua familiar e igual número de filtros de reciclaje de aguas grises, la implementación de cuatro mil huertas climáticamente inteligentes que permitirán la producción de hortalizas para diversificar la dieta y mejorar los ingresos familiares”, señaló.

Cárdenas, dijo que bajo este modelo se fortalecerá la capacidad de respuesta y contingencia por municipio, así como instalados sistemas de alerta temprana, mismas que se desarrollaran en conjunto con la Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG), las mancomunidades, municipalidades e instancias locales.

La FAO en Honduras está diseñando un programa de Resiliencia para el corredor seco en el cual este proyecto de emergencia se inscribe como puerta de entrada a posteriores actividades estructurales con el propósito de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y asegurar una mejora preparación a otros eventuales riesgos climáticos, puntualizó la representante del organismo internacional.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/m%C3%A1s-de-diez-millones-de-lempiras-invertir%C3%A1-la-fao-en-producci%C3%B3n-agricola-en-el-pa%C3%ADs

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Luis Almagro es electo nuevo secretario general de la OEA

Al frente de la Cancillería uruguaya, Almagro dejó su huella negociando la recepción en Uruguay de exdetenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, un acuerdo que quedó sellado en un encuentro entre Barack Obama y el “Pepe”, en Washington.

Agencias / EL LIBERTADOR

Montevideo. El excanciller uruguayo fue elegido sin competencia como secretario general de la OEA y se ha comprometido con la transformación necesaria del organismo para ponerla “al servicio de todos los americanos”.

Luis Almagro se convirtió en el nuevo Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó Telesur.

Con la promesa de reestructurar el ente fundado en 1948, el excanciller uruguayo fue apoyado para “rescatar la legitimidad del organismo”.

Muchos lo califican como un “negociador pragmático y elocuente”, lo cierto es que Almagro se ha ganado el apoyo de al menos 20 de 34 países de la OEA y podría ser la piedra angular para la transformación del ente que muchas veces fue cuestionado por su desigualdad interna.

Luis Leonardo Almagro Lemes es un político, abogado y diplomático uruguayo nacido en 1963 en Paysandú (oeste de Uruguay) y es militante del partido de izquierda, Frente Amplio.

En sus 51 años de vida y más de 20 en carrera política, fungió como primer secretario y encargado de negocios en la embajada de Uruguay en la República Islámica de Irán entre 1991 y 1996.

Del mismo modo, fue representante de Uruguay ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1998.

En su país, Almagro ejerció como director de la unidad de asuntos internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y como asesor del entonces ministro de esa cartera, José “Pepe” Mujica (2005).

Entre 2007 y 2010 fue embajador de Uruguay en China. En 2010, luego de que “Pepe” fuera electo presidente, Almagro pasó a ser canciller.

En las elecciones uruguayas de 2014, Almagro fue candidato a la cámara alta, y resultó electo senador para el período 2015-2020.

Al frente de la Cancillería uruguaya, Almagro dejó su huella negociando la recepción en Uruguay de exdetenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, un acuerdo que quedó sellado en un encuentro entre Barack Obama y el “Pepe”, en Washington.

Destacando como un defensor de la unión y de concretar a América Latina como una zona de paz, participó en las negociaciones para la reanudación de diálogos entre Cuba y Estados Unidos.

De igual forma, Almagro negoció los detalles de la llegada de refugiados de la crisis en Siria.

Como todo político reservado, Almagro casi no ha dejado ver mucho de su vida personal, sin embargo, se sabe que “el Oso” Almagro (como es apodado por sus amigos) es un hincha apasionado del fútbol, en especial del Club Nacional de Fútbol de Montevideo.

Él mismo expresa como uno de sus hobbies el mantener conversaciones largas y placenteras. También se califica a sí mismo como un “vegetariano por convicción”.

Está casado en segundas nupcias con la diplomática sudafricana Marianne Birkholtz, a quien conoció durante negociaciones por contaminantes orgánicos.

“No me ha ido mal en ninguna de las dos negociaciones”, bromeó recientemente Almagro con relación a su esposa, en una entrevistada citada por la agencia AFP.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/luis-almagro-es-electo-nuevo-secretario-general-de-la-oea-0

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Julián Pacheco Tinoco: Erradicar criminalidad en Honduras es una utopía

 El titular de Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, consideró hoy viernes que erradicar la criminalidad en Honduras, es “algo utópico”.
Julián Pacheco Tinoco: Erradicar criminalidad en Honduras es una utopía

En opinión de Pacheco Tinoco “todos los días hay menos muertos, pero decir que vamos a eliminar la violencia en el país es un sueño… Es una utopía”.

Sobre esa ruta, dijo que la política de “cero tolerancia”, “es más semántica que práctica” porque cambiar de estrategia a estas alturas “es volver a cero”.

“La cero tolerancia es una filosofía de seguridad… En Honduras también se está haciendo para reducir los índices de violencia”.

Justificó que el proceso para revertir la alta incidencia de criminalidad en la nación centroamericana lleva tiempo.

Comentó que en los primeros tres meses del 2015 las estadísticas alcanzan un 22 por ciento de reducción de la delincuencia, comparado con el mismo período del 2014.

“Mantenemos la tendencia a la reducción; siempre hay eventos esporádicos (de violencia), pero que impactan y eso da la sensación que seguimos en la misma situación y no es así”.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2015/03/20/julian-pacheco-tinoco-erradicar-criminalidad-en-honduras-es-una-utopia/

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Ministro de Seguridad no sabe nada sobre posible asesoramiento de Rudy Giuliani

El ministro de seguridad dijo no saber nada de esa versión, “a mí no se me ha comunicado nada de esa información, posiblemente se podría estar manejando a nivel de la cancillería oh a otro nivel político ”

En algunas informaciones ha circulado que Rudy Giuliani, el ex alcalde de New York, Estados Unidos en el período (1994-2002), supuestamente asesorará a Honduras en materia de Seguridad, según revela artículo de sitio InSight Crime.

En ese sentido el ministro de seguridad dijo no saber nada de esa versión, “a mí no se me ha comunicado nada de esa información, posiblemente se podría estar manejando a nivel de la cancillería oh a otro nivel político ” refirió.

Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York conocido por ser el cerebro detrás de la enorme disminución de la delincuencia en esa ciudad en los años noventa, se encuentra prestando una asesoría muy bien remunerada en algunos de los países más pobres y violentos de Latinoamérica, pero sus teorías de reducción de la delincuencia están basadas en conceptos dudosos y pueden ser contraproducentes.

Oficialmente las autoridades hondureñas no han confirmado esta versión noticiosa.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/ministro-de-seguridad-no-sabe-nada-sobre-posible-asesoramiento-de-rudy-giuliani

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“Ley picapiedra” obliga a reos a trabajar 1,200 horas al año

20 de Marzo de 2015

01:18AM  –  Héctor Cálix  

El Estado gasta 162 millones de lempiras al año en la manutención de los privados de libertad, que tienen una vida parasitaria en las prisiones. Se instituye un Programa Obligatorio de Trabajo.

Los privados de libertad serán obligados a realizar trabajos para su manutención y así erradicar el ocio en las prisiones.
Los privados de libertad serán obligados a realizar trabajos para su manutención y así erradicar el ocio en las prisiones.

TEGUCIGALPA, Honduras

Los privados de libertad deberán cumplir 1,200 horas al año de trabajo obligatorio, según la ley enviada al Congreso Nacional por el presidente Juan Orlando Hernández y que ya es conocida como “ley picapiedra”.

La ley fue bautizada así luego que el presidente Hernández ejemplificara que los jefes de presidios deben poner a los reos “a picar piedra” para que no sigas de ociosos.

El proyecto ingresó al pleno legislativo esta semana con el nombre de Ley del Trabajo Obligatorio para Personas Privadas de Libertad, que consta de 16 artículos, dentro de los cuales se reforman disposiciones contenidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

Justificaciones

El presidente Hernández señala en la exposición de motivos que debido al ocio y a la falta de actividad en los centros penitenciarios, los reclusos dedican este tiempo a planificar actividades delictivas.

Esta situación está generalizada en todos los centros penales, convirtiendo a dichos establecimientos en auténticas escuelas del crimen, perdiéndose con ello una de las finalidades de las penas de prisión como es la rehabilitación.

El gobernante plantea que esta ley vendrá a solucionar problemas de hacinamiento y de ocio en las prisiones, la violencia interna y, sobre todo, a descargar costos para la manutención de los reos.

Actualmente, en el sistema penitenciario hay más de 15,000 personas privadas de libertad, entre hombres y mujeres.

El Estado gasta aproximadamente 450,000 lempiras diarios en la alimentación de estos recluidos. Al mes, esa cifra es de 13.5 millones de lempiras, lo que suma al año la cantidad de 162 millones de lempiras.

La finalidad

La Ley tiene como finalidad regular el trabajo obligatorio que deben realizar los privados de libertad como parte de los procesos de rehabilitación, readaptación social, terapia ocupacional, superar el ocio y compensar la inversión de la sociedad en su manutención.

La Ley crea un Régimen de Trabajo Obligatorio en todos los establecimientos penitenciarios con una duración de 1,200 horas anuales como mínimo por cada privado de libertad.

Igualmente, se crea una Unidad Ejecutora del Trabajo Obligatorio para cada uno de los establecimientos penitenciarios, la que debe mantener un registro permanente de las horas de trabajo de cada privado de libertad, debiendo convalidarse anualmente con el Juez de Ejecución, agregando la constancia respectiva en el expediente judicial.

El programa

Según la Ley, el INP deberá suscribir los acuerdos y convenios de colaboración o cooperación entre el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, patronatos o grupos de apoyo a la población privada de libertad, nacionales o extranjeras.

Así también ejecutar anualmente al menos un programa de trabajo obligatorio por cada centro penal, el que consistirá en proyectos de reforestación, fabricación de pupitres, pizarras educativas, reciclaje de material orgánico e inorgánico.

Incluye trabajo en actividades de construcción y reconstrucción de la infraestructura vial, física y arquitectónica del Estado, preparación de materia prima necesaria para estos fines, tales como fabricación de bloques, ladrillos, picar piedra, hacer zanjas, movimiento de arena y cualquier otra materia prima para la construcción y las demás que le confieran las leyes y reglamentos.

La vigilancia y control de la ejecución de las penas, medidas de Seguridad y cumplimiento de las 1,200 horas anuales de trabajo obligatorio está a cargo del Juez de Ejecución, de conformidad con lo dispuesto por el Código Procesal Penal y demás leyes aplicables.

Sanciones

Si el privado de libertad incumple intencionalmente con el trabajo al que estuviese obligado, se le aplicará lo prescrito en el régimen disciplinario de cada centro penitenciario, cita la ley a la que tuvo acceso EL HERALDO.

Se exceptúan de la obligatoriedad del trabajo los privados de libertad con enfermedades terminales, discapacitados y adultos mayores.

Incentivos

Por otra parte, el diputado nacionalista Renán Inestroza ha presentado un proyecto de ley orientado a que el privado de libertad que complete sus estudios primarios o secundarios en los centros penales obtendrá como incentivo la reducción de la pena. La anterior es una propuesta de reforma al Código Penal como una medida para erradicar el ocio que prima en los centros de reclusión.

Inestroza considera que la rehabilitación e inserción de los privados de libertad es un proceso casi fallido en Honduras.

Las condiciones económicas del país no han permitido la implementación de una política pública que dé respuesta a esa debilidad del sistema penitenciario, acotó el congresista.

Agregó que la formación académica se brinda solo en los establecimientos penitenciarios que tienen la capacidad de proveerlo, sin embargo, la educación de personas adultas en las cárceles debe ir más allá de una simple capacitación; debe convertirse en requisito para solicitar beneficios como la reducción de la pena, pues la intención es que esta formación académica sea el medio para que el privado de libertad obtenga un trabajo o se gane la vida en forma independiente y que no delinca más.

Ambos proyectos fueron turnados a la Comisión de Seguridad que preside el diputado Tomás Zambrano.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/823986-331/ley-picapiedra-obliga-a-reos-a-trabajar-1200-horas-al-a%C3%B1o

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