Archivos para 15/03/15

JOH anuncia reformas al sistema carcelario

15 de Marzo de 2015

11:20PM  –   Redacción  

Además pedirá reformas de la Ley Antimaras. Operadoras y gobierno dicen que cumplen con ley que prohíbe señal de móviles en penales, pero se siguen usando teléfonos para delitos.

Por señal móvil o Internet persisten las llamadas desde centros penales.
Por señal móvil o Internet persisten las llamadas desde centros penales.

TEGUCIGALPA, Honduras

Reformas al sistema carcelario del país y a la Ley Antimaras fueron anunciadas ayer por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández.

A través de su cuenta oficial en Twitter @JuanOrlandoH el mandatario reconoció la debilidad del sistema carcelario y los pocos resultados en la aplicación de la Ley Antimaras.

“Analizando primer año de Operación Morazán con CNDS-FUSINA (Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional) concluimos: aplicación del artículo 332 Código Penal (Ley Antimaras) no responde a realidad”, dice en un de sus tuits.

“Igualmente concluimos, sistema carcelario no responde a la realidad que vive el país. En ambos casos pediremos al CN reformas sustanciales”, anunció el mandatario.

Además Hernández aseguró que el trabajo por buscar la paz de los hondureños continuará, pese a las presiones de los grupos criminales.

“Después del primer año de Operación Morazán que ejecuta FUSINA (coordinación de los operadores de justicia): avanzamos pero aún falta mucho”, dice.

“Seguimos con toda determinación a pesar que grupos criminales y sus afines quieren detener las fuerzas del estado con campañas y amenazas”.

“Seguimos desarticulando bandas, capturando delincuentes. Seguiremos de frente luchando por la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño”, asegura.

Cárceles

Y es que los reos de las 24 cárceles del país siguen gozando de acceso a teléfonos y señal para tener comunicación con el exterior, mientras operadores y gobierno aseguran cumplir con la normativa que restringe el servicio móvil en las cárceles.

Una muestra de ello son los 34 celulares y las dos computadoras que fueron decomisadas el pasado miércoles en el Centro Penal Sampedrano, el mismo día en que un grupo de reos protagonizó una revuelta en protesta por su traslado.

De esa forma, los penales se mantienen como “centro de operaciones” del crimen organizado para comisión de delitos de extorsión, planificación de tráfico de droga u ordenar muertes por encargo.

Las compañías de servicio celular han sido objeto de críticas porque presuntamente todavía tienen enormes retos para la anulación total de la señal de móviles en las cárceles, como lo ordena la Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales en Centros Penales a Nivel Nacional.

La norma entró en vigencia el 31 de enero de 2014, bajo el decreto 255-2013, y solo contemplaba su aplicación para las 24 cárceles de adultos, pero luego a la misma se le aplicó una reforma, mediante decreto 13-2014, para que también fuera extensiva para los centros de internamiento de menores.

El incumplimiento de esta medida conlleva una multa de 20 millones de lempiras cuando se realiza una violación por primera vez y la suspensión de la concesión en caso de reincidencia.

En Honduras existen tres compañías de servicio de telefonía celular: dos privadas, que controlan el mercado, y una estatal, Hondutel, que tiene una incipiente presencia en el rubro. Los operadores, en aplicación de esta ley, instalaron bloqueadores que hacen que baje la intensidad de la señal que emitan las antenas de transmisión y así no puedan funcionar los celulares.

Pero el incumplimiento de esta ley es tal que, incluso, algunos reos llaman a programas de televisión cuando quieren denunciar supuestos malos tratos en los penales.

“Aduanas”

En los centros penales se han creado “aduanas” para que los reos llamen por móvil, es decir zonas en donde existe señal de celular para que cuando un privado de libertad quiere pasar por el lugar para usar su móvil debe pagar un “impuesto”.

Quienes dirigen este comercio ilegal amenazan a reclusos para que los dejen operar libremente o existe contubernio.

Centenares de personas han denunciado que reciben llamadas desde penales para ser extorsionados o simplemente para exigirles que les manden recargas para los celulares.

Internet

La ley no solo restringe la emisión de señal de telefonía móvil en los presidios sino que de otro tipo de servicio de comunicación personal, por lo que también están vetadas las otras formas de mensajes por medio de aplicaciones de los teléfonos inteligentes y que funcionan a través del servicio de Internet.

Se estima que en Honduras existen unos 600 proveedores de Internet.

Diputados del Congreso Nacional anunciaron que se discutirá una reforma a la Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales en Centros Penales para que quede tácitamente prohibida la señal de Internet en centros penales.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/822639-331/joh-anuncia-reformas-al-sistema-carcelario

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Ex jefe de las FF.AA revela interioridades del golpe en Honduras

Domingo, 15 Marzo 2015 23:00

 Una de los mensajes del libro de Romeo Vásquez Velásquez es: “Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada”.  Una de los mensajes del libro de Romeo Vásquez Velásquez es: “Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada”.

TEGUCIGALPA- Las “Ambiciones peligrosas, Las tentaciones del Poder”, un libro escrito por el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA), Romero Vásquez Velásquez develará este día situaciones jamás conocidas relacionadas con el golpe de Estado al ex mandatario, Manuel Zelaya Rosales, el 28 de junio de 2009.

Una de los eventos que amplía el libro es cómo fue el asalto a la residencia de Zelaya Rosales y quiénes estaban con él en ese momento.

También desenreda lo que pasó un día después que Zelaya Rosales destituyó a Vásquez Velásquez como jefe del Estado Mayor Conjunto.

Según el general,  Zelaya envió un emisario (un funcionario periodista) para arreglar el entuerto, pero luego se echó para atrás por influencias del Gobierno de Venezuela que estuvo detrás de toda la estrategia de los planes del ex mandatario.

NOMBRES SE HARÁN PUBLICOS
En el texto se hacen públicos hechos y personas con nombre y apellidos  que participaron de alguna manera antes, durante y después del 28 de junio del 2009, y según el autor, es con el propósito que los hondureños conozcan la verdad, y evitar que la historia se repita, para lo cual la vía es la unidad del país.

El libro también está pensado para que sirva de reflexión y los hondureños comprendan lo que está sucediendo en el ámbito político en la actualidad y sepa hacia donde puede orientarse el país.
También persigue que los políticos del presente y del futuro  reconozcan a tiempo los malos pasos que llevan a una crisis y, sobre todo, para que estos hechos no se repitan, porque Honduras necesita de la unidad de todos sus hijos, a fin de  superar sus grandes problemas sociales.

Según el general, Vásquez, ex candidato presidencial por la proscrita Alianza Patriótica Hondureña (La Alianza), su historia está soportada por los informes de inteligencia militar, por los estudios, apreciaciones y los planes de contingencia elaborados por  la junta de comandantes y el Estado Mayor Conjunto.

El libro narra los hechos que desencadenaron la crisis desde el primer momento en que el ex presidente Zelaya manifestó su intención de consultarle al pueblo si estaba de acuerdo con una cuarta urna en las elecciones generales de 2009 para instalar una Asamblea Nacional Constituyente que redactara y promulgara una nueva Constitución.

LO DIJO
“La historia debe juzgarnos, pero no por rumores, mentiras u opiniones personales, sino por la fuerza de la verdad, para que esta no se olvide”: Romeo Vásquez Velásquez, ex jefe de las FF.AA.

 

Había planes de disolver el Congreso: RVV

El general Romeo Vásquez aseguró que su libro cuenta la injerencia del fallecido ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de los asesores de ese país y de Cuba,  en el diseño de la estrategia con la que Manuel Zelaya Rosales realizaría la consulta de la cuarta urna y los planes para disolver el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General.

Revela muchas interioridades que hasta hoy no se conocen o solo se saben a medias o contadas de acuerdo al interés de cada quien, sea este de índole político, económico o ideológico, de acuerdo a su autor.

Se hace referencia a quiénes estaban en la Corte Suprema cuando el juez dio la orden de captura contra Zelaya y por qué se tomo la decisión de sacar al ex presidente del país, indicó.

Además dijo que el libro habla de las consecuencias que significó el hecho de que Zelaya sacara el material de la cuarta urna de la Fuerza Aérea.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/item/23331-ex-jefe-de-las-ff-aa-revela-interioridades-del-golpe-en-honduras

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En Europa: Buscan más mercados para madera hondureña

Domingo, 15 Marzo 2015 23:00

La industria de la madera ha decrecido en un 50 por ciento. La industria de la madera ha decrecido en un 50 por ciento.

TEGUCIGALPA- Los empresarios de la madera están buscando nuevos mercados internacionales para su producto, ya que actualmente solo exportan el 20 por ciento.

El industrial de la madera, Ramón Álvarez Lazzaroni, informó que ya llevan dos rondas de negociaciones con la Unión Europea para abrir los mercados del viejo continente a fin de aumentar las exportaciones.

En septiembre tienen la tercera ronda, en la que esperan la aprobación de envíos a más países de la región, manifestó.

Indicó que solamente un 20 por ciento de la madera que se produce en el país se está comercializando en el extranjero y el resto se queda en el mercado nacional para consumo interno y manufactura ligera exportable.

El 80 por ciento de la madera se vende en Honduras, pero los precios no generan lo suficiente para desarrollar la industria, dijo.

Lo que más afecta son las exportaciones ilegales porque son a menor precio por la evasión de impuestos y a que no pasan los planes de manejo que exigen inversiones en reforestación.

El dato

En la última década la producción de madera cayó de 400 millones de pies tablares a 200 millones.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/item/23324-en-europa-buscan-mas-mercados-para-madera-hondurena

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“La militarizacion de fronteras es una estrategia estadounidense que apoyan las elites de México y centroamérica”

Entrevista a Diego Lorente y Salva Lacruz, activistas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
Estados Unidos pretende que el conjunto del territorio mexicano y Centroamérica se conviertan en una frontera “vertical”. La frontera sur mexicana (de Chiapas con Guatemala o Belice) se está convirtiendo, de hecho, en la frontera sur de los Estados Unidos, pues allí empieza el control militar de las personas migrantes que intentan alcanzar el sueño americano. Esta estrategia de Estados Unidos “es apoyada por las elites políticas y empresariales mexicanas y centroamericanas, ya que les sirve como excusa para militar el territorio y expandir sus proyectos extractivos”, afirman Diego Lorente y Salva Lacruz, director y responsable del Área de Incidencias del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

En los últimos años han crecido de manera súbita los recursos destinados a tal fin, en buena parte canalizados a través del denominado Plan Mérida. Estas inversiones “tienen que ver con planes diseñados desde la perspectiva de la seguridad nacional estadounidense, y contaminan las políticas migratorias mexicanas”, destacan los activistas. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova es una ONG fundada en 1994 que trabaja en la región del Soconusco (Chiapas), en la frontera sur de México. La actividad de esta organización, que opera desde la ciudad de Tapachula, se centra en el apoyo a personas migrantes que sobreviven a los peligros de la frontera, como refugiados, menores y mujeres indígenas, cuyos derechos laborales se ven especialmente vulnerados.

-¿En qué consiste el programa Frontera Sur que desarrolla el gobierno mexicano?

El Programa de Desarrollo de la Frontera Sur, como el gobierno mexicano lo denomina oficialmente, forma parte en principio de las políticas públicas de fomento del desarrollo con los estados limítrofes de Guatemala y Belice, en la su frontera sur; otro de los supuestos objetivos del plan es encauzar y “ordenar” la emigración. La realidad es que los verdaderos objetivos del Programa de Desarrollo de la Frontera Sur se ocultan. Las organizaciones sociales no tenemos acceso a ningún documento con ese nombre, a pesar de que el gobierno federal lo enuncia constantemente de ese modo. Pero más allá de la teoría, lo que nos preocupa es lo que está generando en la realidad y su afectación a lo pueblos, tanto mexicano como migrante y refugiado que vive o transita por esta frontera.

-¿Cómo se aplica este programa, más allá de palabras y discursos, en la frontera sur de México?

Está suponiendo la militarización de toda la frontera, entendida ésta no sólo como la línea que separa el país de Guatemala y Belice, sino también cientos de kilómetros tierra adentro de México. En la práctica observamos la presencia de numerosos cuerpos de seguridad, sean policiales o militares (ejército, marina, policía federal, estatal y municipal, agentes del Instituto de Migración y Gendarmería, entre otros). Todo un entramado de cuerpos, bien armados y equipados, que controlan el territorio y la frontera, lo que está teniendo dos efectos pensamos que deliberados. Primero, tener un control mucho mayor sobre los flujos migratorios, criminalizándolos aún más que antes. Para las personas migrantes y refugiadas que llegan de Centroamérica, todo se les ha complicado en el tránsito o llegada a la zona fronteriza. Además, de esta manera y de forma soterrada todavía, el gobierno mexicano está consiguiendo un control mucho mayor del territorio en lo que afecta a la población local.

-¿Con qué objetivo?

Se trata de tener a las comunidades controladas a la hora de desarrollar proyectos económicos en la zona, sobre todo extractivos: minería, hidrocarburos, presas hidráulicas y explotaciones agropecuarias (por ejemplo, de palma africana). No olvidemos que la frontera sur mexicana es una de las zonas más ricas de la región en recursos naturales. Existe un plan del gobierno federal de impulso económico de la zona en ese sentido. Pensamos que de esta manera el gobierno se está preparando para reprimir brotes de protesta social cuando inicie o concesione a empresas privadas proyectos extractivos, ya que son iniciativas con fuerte impacto sobre el territorio y la vida de las comunidades. Ante estas tensiones previsibles, se planifica un control previo desde un punto de vista militar. De hecho, Chiapas no deja de tener una trayectoria contestataria e insurgente muy importante.

-¿Actúa de algún modo Estados Unidos en las políticas de control de la frontera (sur) de México con Estados Unidos?

En el control de los flujos migratorios, Estados Unidos desarrolla una política de control muy intensa en sus estados fronterizos con el norte mexicano (California, Arizona, Texas, Nuevo México, entre otros). La frontera está controlada desde hace muchos años, lo que incorpora el “muro”, las patrullas de migración norteamericana y la cooperación de la “migra” mexicana. A esto se ha unido desde hace años una metodología compartida con Europa de “externalización” de las fronteras, es decir, los países enriquecidos aplican la práctica de no considerar la frontera como la raya que los separa de los países aledaños, sino que tratan de influir en los estados vecinos para que controlen y detengan la migración antes de llegar a los países ricos, sin importar los métodos o las consecuencias.

En atención a esta política Estados Unidos viene implementando presiones, políticas y recursos para que todo el territorio mexicano y parte de Centroamérica se conviertan en una frontera “vertical”. En cuanto a la frontera de Chiapas con Guatemala o Belice, la frontera sur mexicana se está convirtiendo “de facto” en la frontera sur de los Estados Unidos. Aquí es donde empieza el control militar de la inmigración que se desplaza a Estados Unidos. Todos los recursos que se están destinando en los últimos años, muchos de ellos canalizados a través del llamado Plan Mérida (antes plan Puebla Panamá y después Iniciativa Mesoamericana), han crecido exponencialmente desde mediados de 2014, tienen que ver con planes diseñados desde la perspectiva de la seguridad nacional estadounidense, y “contaminan” las políticas migratorias mexicanas. Es más, países como Guatemala y Nicaragua también colaboran con Estados Unidos en esta política de control de fronteras, militarizando de igual forma su territorio. Una estrategia estadounidense que es secundada con agrado por las elites políticas y empresariales mexicanas y centroamericanas, toda vez que les facilita la excusa para militarizar el territorio y expandir sus proyectos extractivos.

-Un control fronterizo a gran escala…

Hay un espacio transnacional, la CRM (Conferencia Regional de migraciones), que reúne desde el punto de vista político y técnico a los estados de la región (desde Canadá hasta Panamá), toda Centroamérica y Norteamérica, en los que se diseñan este tipo de políticas, siempre con el “liderazgo” de Estados Unidos, promotor del espacio. Una parte de los acuerdos consiste en que México se “esfuerce” en que las personas migrantes no lleguen a Estados Unidos, lo que en la práctica supone destacar militares (asesoramiento, apoyo técnico y militares “empotrados” de Estados Unidos). A ello se añade un plantel cada día más amplio de centros de detención para personas migrantes, y una política de deportación de personas migrantes y refugiadas. Todo ello tiene muchos elementos equiparables a la política de “externalización” de fronteras europea. El papel que desempeña Marruecos en el control de fronteras de la UE es, en muchos aspectos, similar al que desempeña México respecto a Estados Unidos y Canadá.

-En 2014 se batieron todos los registros en cuanto a la detención de menores migrantes en la frontera de México y Guatemala. ¿En qué condiciones se produce la travesía por la frontera y cuál es la realidad de esos menores tras su detención?

A pesar de ser la migración forzada de niños y niñas en la región un fenómeno estructural, causado por la inequidad y violencia que vive la región desde hace décadas, el año pasado el gobierno de Estados Unidos quiso “vender” como una crisis emergente la llegada de niños y adolescentes a su territorio (desde Centroamérica y México), y quiso trasladar el problema al gobierno mexicano, que desde luego lo asumió, pues le permitió en la práctica “reforzar” su política de militarización y control del territorio. Esto supuso, en la práctica, que la cifra de niños, niñas y adolescentes detenidos de origen centroamericano (sobre todo de Guatemala, Honduras y El Salvador) creciera en el último año exponencialmente. En 2014 se produjo la detención de más de 23.000 menores de edad migrantes en México (un aumento de más del 140% respecto al año anterior). Todas las políticas de control de fronteras y militarización están afectando de manera muy fuerte a la niñez. Una inmensa mayoría de esos niños y niñas resultan finalmente deportados.

A esta detención se une que estos niños y niñas son privados de su libertad y sin ninguna determinación de su interés superior, son deportados en su gran mayoría, obligándoles a tener que migrar de nuevo y someterse a los mismos riesgos una y otra vez.

-En la ciudad de Tapachula (Chiapas) se ubica el mayor centro de detención de migrantes de América Latina. ¿En qué condiciones viven las personas detenidas?

Con capacidad para privar de libertad a casi 1000 (970) personas, es el mayor centro de México y probablemente también de toda América Latina. Debe su importancia a que se trata del punto de deportación de prácticamente todas las personas detenidas de Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes a su vez representan más del 90 % del flujo migratorio que tiene México. Al ubicarnos a 20 minutos de la frontera, de este centro salen todos los autobuses hacia Centroamérica, po eso su gran capacidad y hacinamiento muchas veces.

Reúne condiciones absolutamente carcelarias. Personas a las que según la ley, en principio sólo se les priva de la libertad ambulatoria, allí dentro quedan privadas de todo derecho. No tienen asistencia legal efectiva ni garantías de debido proceso. En caso de no ser latinoamericanos sino extracontinentales, no cuentan con servicio de interpretación. Y la atención médica es muy deficiente y la psicológica inexistente. Las condiciones de habitabilidad son carcelarias. El centro cuenta, además, con un módulo para menores de edad, lo que nos parece particularmente grave, ya que se les priva de libertad en las mismas condiciones que a los adultos. Y sufren las deportaciones del mismo modo. En el centro de detención permanecen asimismo personas solicitantes de asilo y otras personas vulnerables como víctimas y testigos de delitos, mujeres embarazadas, etcétera.

La situación es especialmente difícil y próxima a la tortura para quienes permanecen privados de su libertad durante largos periodos. En principio la Ley mexicana establece un plazo máximo de detención de 60 días hábiles, pero permite convertir el encierro en indefinido, si a la persona se le ocurre apelar su deportación en la vía administrativa o judicial. Así ha ocurrido con casos que hemos atendido, que han estado incluso más de un año detenidos.

-¿Qué situación afrontan las personas migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala que llegan a la frontera con México?

Muchas personas llegan de estos tres países, pero también hay quien realiza tránsitos desde unas distancias mucho mayores, de África, Asia y América del Sur. Cuando llegan a la frontera sur de México, hay que reconocer que cruzar la raya es relativamente sencillo. Es una frontera muy porosa, geográficamente muy compleja y con numerosos puntos “ciegos”, por los que es posible el paso. Por ejemplo, con la asistencia de “coyotes”, personas que te ayudan a cruzar o redes de trata de personas. Las complicaciones empiezan frontera adentro. A la ciudad de Tapachula, a unos 25 kilómetros de la frontera, se llega con relativa facilidad, pero salir de ésta y desplazarse más al norte es muy difícil, salvo que uno esté incluido en una red de tráfico, tenga, tal vez, sobornada a la “migra”, o sus propias maneras de pasar al territorio central mexicano. Y, por tanto, seguir con la travesía hacia el norte. Para hacerse una idea, en los 300 kms siguientes de Tapachula hacia el norte, ubicamos más de 10 retenes de diferentes cuerpos de seguridad, a la caza del migrante para deternerlo o extorsionarlo.

-¿Qué importancia tienen en la zona fronteriza cárteles, empresarios, mafias, maquilas, agentes del Instituto Nacional de Migración, las diferentes policías y el ejército?

Tenemos el testimonio de muchas personas que en el momento de la detención han sufrido la extorsión por parte de diversas fuerzas de seguridad (sea el Instituto Nacional de Migración, el ejército o la policía federal, estatal o municipal), es común que les roben lo que tienen, les pidan dinero para no detenerles, o les roban y luego les detienen de todos modos. Son testimonios muy frecuentes y se han incrementado en la actualidad al incrementarse los controles. También está presente el crimen organizado, o no tan organizado, que se aprovecha de la vulnerabilidad de estos grupos para en zonas de tránsito, especialmente apartadas y desprotegidas, perpetrar una serie de delitos que van desde el mero robo hasta la violación y agresiones sexuales de mujeres y niños o la desaparición forzada.

Hay casos asimismo de secuestros, con el fin de pedir un rescate a las familias en Estados Unidos a cambio de que las personas migrantes puedan seguir su camino. O casos de captación en redes de explotación laboral o sexual. Además, una vez se ha cruzado la frontera mexicana la probabilidad de pasar por alguna de estas circunstancias es altísima y más en la coyuntura actual que antes describíamos.

-Uno de los colectivos singularmente afectados es el de las mujeres indígenas, procedentes de Guatemala, que se desplazan para trabajar temporalmente en México. ¿En qué condiciones lo hacen?

La región del Soconusco en Chiapas –de la que es capital Tapachula- es desde hace muchos años, finales del siglo XIX, una zona de asentamiento de personas migrantes, fundamentalmente guatemaltecos pero también hondureños o salvadoreños, que llegaron en diferentes momentos y por diversas causas, como la construcción del tren a principios del siglo XX, la riqueza del café o llegaron huyendo de los conflictos armados internos que se vivieron en Centroamérica en los años 80.

Hoy continúan llegando, por la riqueza agrícola y comercial de Tapachula, y por existir una mayor percepción de seguridad con respecto a Centroamérica. La zona fue originariamente de población mayoritariamente maya (etnia mam), y ha de señalarse que para las comunidades indígenas durante siglos no existieron las fronteras. Era un lugar de tránsito natural. De hecho, las personas indígenas guatemaltecas de la zona fronteriza con Chiapas prefieren actualmente venir aquí a trabajar que desplazarse hasta la capital (Ciudad de Guatemala), que está más lejos, resulta más peligrosa y se encuentra más alejada de su contexto sociocultural .Vienen, por tanto, a la región de Chiapas para buscar trabajo y en la ONG Fray Matías de Córdova trabajamos con el colectivo de mujeres indígenas que son trabajadoras del hogar, cuyos derechos nos parecen particularmente vulnerados, en especial los laborales.

-¿En qué sentido?

Hay muchas mujeres indígenas, de las comunidades fronterizas, que llegan a Tapachula o a otras zonas de la región del Soconusco para trabajar, que se insertan en el servicio doméstico. Hemos constatado que en muchos casos trabajan con ausencia absoluta de derechos laborales. Sin nivel salarial, sin derecho a vacaciones, sin seguro social, sin la atención médica… Todo esto no existe. Además, se ven expuestas a agresiones. Hemos comprobado cómo se da la contratación de estas mujeres, que muchas veces son niñas (a partir de los 11-12 años ya se puede venir a trabajar en las condiciones apuntadas): llega una familia acomodada al centro de contratación, elige a la niña o a la mujer que más le gusta, y la contratan de manera irregular. En algunos casos (no en todos) se trabaja en régimen de semiesclavitud y en algunos casos se producen agresiones sexuales.

-Las organizaciones de derechos humanos que trabajan en el sur de Chiapas impulsan medidas para reforzar su seguridad, ante las amenazas del estado y el crimen organizado. ¿En qué condiciones trabajan los activistas?

Todo el territorio mexicano es particularmente “complejo” para las personas defensoras de los derechos humanos, por la corrupción e impunidad con que se manejan los diferentes actores públicos y quienes actúan al margen de la ley. En el caso particular de los defensores de los derechos de migrantes y refugiados, la situación se complicó con la entrada del crimen organizado en el “negocio de la migración”, muchas veces aliado con autoridades corruptas, y con la guerra que se desata por el control del tráfico de drogas en el país durante el gobierno de Felipe Calderón. Los y las defensoras y las personas migrantes quedamos en medio de esta guerra y sufrimos las consecuencias.

Con el nuevo gobierno federal, la situación no ha menguado aunque se disimule en los medios. Ha habido casos muy recientes de amenazas y agresiones. El 23 de noviembre de 2014, por ejemplo, dos compañeros fueron asesinados en Tequixquiac, estado de México, en la periferia de la ciudad de México. Pensamos que la situación se está agravando, ya que somos un colectivo que molesta especialmente en estos momentos. Nuestras acciones entorpecen la labor de los cuerpos de seguridad y fuerzas militares que intentan ejercer el control en la región. En nuestra opinión, la protección de los defensores de los derechos humanos no está particularmente desarrollada en Chiapas, y eso fue lo que no llevó en 2014 a iniciar un programa de “fortalecimiento” de nuestra protección, dirigido a construir redes que nos puedan proteger incrementando el costo político de quien nos quiera atacar, no podemos hacer mucho más en un contexto tan complejo e impune.

-La ONG Fray Matías de Córdova trabaja de manera especial con migrantes que piden refugio y sus familias. ¿Respeta el estado mexicano los derechos de las personas que solicitan asilo?

Trabajamos con personas refugiadas que en muchísimos casos no están reconocidas como tales por el gobierno mexicano. Las cifras de reconocimiento y otorgamiento de protección por parte del gobierno de México son ridículas, si lo comparamos con el contexto de violencia que vive Centroamérica y si tenemos en cuenta que las fronteras de México son las más transitadas del mundo. Al país llegan centenares de miles de personas desde Centroamérica, muchas de ellas con historias de persecución cada día más terribles. Asesinatos a sus familias, atentados contra su persona, o gente que ha tenido que huir de manera precipitada para que no los mataran…

A pesar de estas circunstancias, en muy pocas ocasiones son protegidos y reconocidos como personas refugiadas en México. Es más, buena parte de ellos no se les da acceso al proceso de asilo y sufren devoluciones/deportaciones a los países de origen, con lo que corren todavía mayores riesgos. Por ejemplo, cuando alguien huye de una “mara” en El Salvador o en Honduras, y vuelve al país, eso va a saberse. Entonces el riesgo para sus vidas aumenta. En teoría, una persona que llega en estas condiciones de un país donde se ejerce la violencia, ha de ser informado de su derecho a solicitar asilo, cosa que no ocurre.

En caso de que si pueda pedir asilo, el procedimiento parece diseñado para que la persona lo abandone, bajo la premisa interesada del gobierno mexicano de que todas las personas lo que quieren es llegar al Norte. No hay apenas traductores si no hablan castellano; no hay asistencia legal; muchas entrevistas se hacen por teléfono y por personal no cualificado; no se les autoriza a trabajar durante su solicitud; se priva de libertad a las personas solicitantes si son detenidas antes de pedir asilo o si se entregan a la autoridad en la fronteras, encerrándoles en centros de detención donde tienen que convivir muchas veces con los pandilleros que los acosan, etc. Múltiples violaciones a un debido proceso que lleva a muchas personas a no sentirse seguras para pedir asilo o para continuar su procedimiento.

La concesión, en caso de superar todos los obstáculos anteriores, implica un permiso de trabajo y residencia en el país, además de algunos derechos sociales. En la práctica, sin embargo, esto sólo ocurre con unos pocos centenares de personas a lo largo del año.

-Por último, ¿consideras que el Estado mexicano mantiene una doble moral (y un doble discurso) en materia de migración y derechos humanos. Si es así, ¿por qué razón?

Como en casi todo en este país en materia de derechos humanos, lo que hay es un ejercicio de simulación política. El gobierno federal y los gobiernos de los estados se presentan a sí mismos como administraciones respetuosas con los derechos humanos, que además desarrollan una legislación y unas políticas públicas para su promoción. En el ámbito de la migración y el refugio se presentan de ese modo. El Programa de Desarrollo de la Frontera Sur es un ejercicio de cinismo al respecto. Lo vendieron como una manera de proteger la llegada “ordenada” de las personas migrantes, pero en la práctica lo que tenemos es unas instituciones (fuerzas y cuerpos de seguridad del estado) represivas, corruptas (en lo que se refiere al Instituto Nacional de Migración) e irrespetuosas con los derechos más elementales (detención y deportación masiva de personas).

Esto se debe a nuestro juicio al escaso nivel democrático que tienen las Instituciones del país, impregnadas de corrupción, clasismo e impunidad. A lo que se une que al ser un país enorme, con una triple Administración (federal, estatal y municipal), con una burocracia inmensa y descoordinada, puede jugar a la simulación política generando un aparataje gubernamental y normativo que parece adecuado, pero que realmente no funciona ni está al servicio en la práctica de la población, nacional y migrante.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Why Claims that Lost Cities exist in Abandoned Land are Dangerous for Indigenous Hondurans

Sunday, March 15, 2015

The hype about the supposed “discovery” of Ciudad Blanca in eastern Honduras is dying down in English-language media.

A little good came out of this incident: a number of Honduran academics registered their skepticism about the claims. Honduran university students in the young Anthropology major held a public event to educate Hondurans about the reality of archaeology of Eastern Honduras. And a letter taking the National Geographic to task for publishing a sensationalized account, signed by an international group of archaeologists, got enough attention to warrant corrective reporting in some mainstream media.

Predictably there has been push back: don’t be such kill-joys, isn’t Indiana Jones the spirit of archaeology? and isn’t this just another example of politically correctness?

The PC criticism suggests that scholars questioning the promotional stories’ claims that the area was uninhabited because this ignores the indigenous people whose own oral histories are our best historical indication that eastern Honduras was once densely settled with larger towns cannot possibly actually be motivated by real people’s real situations. It is just an attitude scholars adopted to look good.

Now, a new blog post by Chris Begley, an archaeologist who has one of the most extensive records of archaeological investigation in this area, addresses this question directly, and personally. We would love to reproduce his whole blog post, which you can find here; but short of that, pay attention to what he says:

The language used evokes a time where foreign explorers emphasized their superiority at the expense of local knowledge…there is a much more human and immediate cost, borne primarily by the most marginalized, least powerful folks in the region: indigenous people like the Pech who are descendants of those who built these sites.

I know this is not a ‘lost civilization’ because I am an archaeologist, and I’ve worked in this ‘unknown’ area for almost 25 years. I lived and worked with the Pech almost exclusively, because I thought it was the right thing to do, and because they know the region better than anyone. They have at least a thousand years of history there.

For the Pech, the past is absolutely essential to their future. Their history is not merely an interesting pastime; it creates and supports the present. They are curious about the archaeology. I’ve talked to impromptu community meetings, looked at artifacts they collected, and listened to their interpretations. I saw them make modern pottery look like the ancient pieces we find at archaeological sites, in a deliberate attempt to connect the past and the present.

I lived with the Pech at various times over the last two decades. We lived in small villages with no electricity or water. We spent all day, every day, together. We sat and talked every night. We played cards. We took trips through the forest for two or three weeks at a time, mapping archaeological sites along the way. All told, the Pech and I documented around 150 archaeological sites.

The Pech already knew where every large site was located. Every single one. They knew where fruit trees grew, or where the good fishing holes were. They could find the little trails that I could hardly see. Sometimes we followed an old trail by looking for grown over machete cuts on branches. They knew the forest like I know my hometown.

The Pech lived in these now remote places as recently as 150 years ago, and they return to hunt and fish, or to harvest sweetgum. They’ve lost traditional lands to encroaching farmers and cattle ranchers. They’ve been moved around, and now live mainly on the edge of the rain forest, in a handful of communities….

They showed me archaeological sites. They showed me features such as which hillsides had been reshaped by people, because they could tell and I couldn’t. They explained what they thought it meant. They critiqued my interpretations.

The Pech did all this while facing serious threats to their continued existence. They fought to keep what traditional land they still had, and to keep their language alive. They buried people killed by outsiders who wanted to bully them off their land. I hated those funerals, where those animated faces I knew were rigid. I hated seeing that. Sometimes I didn’t go.

So, what is the harm in this hype and sensationalism? What difference does it make if, in their ignorance, these ‘explorers’ proclaim that they discovered something nobody has seen in 600 years?  What is the cost of these newcomers, with no real experience in this forest, claiming, disingenuously, to have discovered a ‘lost civilization?’ Why am I moved to spend a few hours writing something like this?

I write this because these false claims, hype and sensationalism invade one of the few remaining spaces in which the Pech, and folks like them, are powerful. These claims strip the Pech of their own history, and deny them the respect they deserve and the acknowledgement for their contribution to our understanding of the past. These sensational narratives, powerful because they are made by powerful people, further marginalize and disenfranchise people. In ignorance and bravado, and in pursuit of the unworthy goal of celebrity and attention, these faux discoverers make it hard to hear a crucial voice from some real experts.

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Organizaciones hondureñas denuncian en ONU situación de violencia, impunidad y pobreza

ong

Por: Diego de León

 

Ginebra, 15 de marzo.- Representantes de una plataforma de más de 50 organizaciones hondureñas denunciaron en la sede europea de la ONU los altos niveles de violencia, las altas tasas de impunidad, los fuertes niveles de pobreza, así como la criminalización contra defensores de derechos humanos; pidieron que en la segunda comparecencia de Honduras ante el Examen Periódico Universal, EPU, el próximo 8 de mayo, los Estados recomienden medidas efectivas para mejorar la protección efectiva de los derechos humanos.

Juan Antonio Mejía Guerra, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras, que integra el primer equipo de la plataforma organizada de cara el EPU, lamentó que el país tiene la tasa de criminalidad más alta del mundo; “vivimos una violencia social sin precedentes, con un Estado que definitivamente no logra controlar la situación… Nos estremece la situación de inhumanidad que se vive en el país, a la que están sometidos los sectores más vulnerables, que es el 80% de la población”.

El dirigente resaltó que en Honduras “solo un 20% de la población vive en situación decorosa, el 70% es pobre, y de éste, el 60 % es indigente, es decir que vive con menos de un dólar al día”. Señaló que mientras el 72% de la población campesina apenas tiene acceso al 12% de las tierras fértiles, el 1.6% de los grandes propietarios y terratenientes controla el 40% del territorio cultivable que lo utilizan para producir cultivos de exportación; “el banquete de los ricos es el hambre de los pobres en Honduras”, sentenció Mejía Guerra.

Por su parte, Tomás Gómez Membreño, indígena lenca y miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, COPIN, que aglutina a más de 200 comunidades indígenas que luchan por la reivindicación de derechos de los pueblos indígenas, denunció las privatizaciones y concesiones de territorios en donde están asentados los pueblos indígenas del país. Lamentó la persecución y criminalización del Estado contra quienes defienden los derechos y exigen el respeto de las garantías “que el Estado mismo ha aprobado, como la consulta definida en el Convenio 169 de la OIT, con base en el consentimiento previo, libre e informado”.

Según Marta Arno, representante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, de la Costa Norte de Honduras, las más de 50 organizaciones que integran la plataforma lograron consensuar una paquete de catorce recomendaciones que presentaron durante su visita a Ginebra a las misiones diplomáticas, con el propósito de que algunas de ellas sean formuladas a Honduras como parte de las acciones que debe implementar en materia de derechos humanos.

Estas recomendaciones buscan subsanar aspectos relacionados con la falta de acceso a la justicia y la impunidad, la debilidad institucional, la violencia contra los periodistas y las limitaciones a la libertad de expresión. También mejorar el acceso a la información pública, implementar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, garantizar la independencia judicial, revertir la militarización de la seguridad pública y atender la crítica situación que viven los miembros de la comunidad LGTBI, así como la niñez en situación vulnerable.

Recordaron que alrededor de “4 mil 800 niños y niñas viven en la calle, según cifras provistas por las propias instituciones del Estado”, pero que de acuerdo a estimaciones de organizaciones que se dedican a este tema, como Casa Alianza, esta cifra podría llegar hasta 18 mil. “El fenómeno de la prostitución es en extremo preocupante… Hay cadenas de prostitución, catálogos de niños, niñas y jóvenes para la gran empresa turística”, alertaron.

Según Juan Antonio Mejía Guerra, San Pedro Sula es la ciudad donde hay más niños viviendo en la calle, pero “qué es lo que ha hecho el gobierno?”, inquirió con tono de indignación y continuó, “censarlos y hasta darles un carné, para que el niño que pide dinero en este semáforo por la mañana, en la tarde no vaya pedir al otro… es una medida aberrante. Lo presentan como mecanismo para tener orden… no los escogimos (a las autoridades) para que censaran a esos niños, sino para que solucionen ese problema”, dijo el activista.

Respecto del mecanismo del EPU, las organizaciones dijeron estar conscientes de los alcances y las limitaciones. “El EPU no lo es todo, pero para nosotros que venimos de un país con una estructura gubernamental estancada, secuestrada por una clase oligarca, tener un instrumento, una herramienta internacional, nos ayuda para dar la lucha a favor de las comunidades y de las organizaciones… sabemos que el país tiene la posibilidad de aceptar o rechazar esas recomendaciones, pero esperamos que las acepte todas”.

Por último, informaron que durante su visita a Ginebra lograron informar a un número importante de misiones diplomáticas, así como a expertos del sistema de derechos humanos de la ONU. También adelantaron que la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, tiene previsto una visita al país a finales del 2015 y que está en proceso de negociación la instalación en Honduras de una Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como las que existe en México, Guatemala, Colombia y Bolivia.

Fuente: http://panorama.ridh.org/organizaciones-hondurenas-denuncian-en-onu-situacion-de-violencia-impunidad-y-pobreza/

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A los 220 años de la muerte de Satuye: El héroe Garífuna y la gesta anticolonialista

El catorce de marzo se cumplen 220 años de la muerte de Joseph Satuye, héroe de la gesta del pueblo garífuna, en defensa de suterritorio en la Isla de San Vicente y la libertad que nuestros ancestros caribes, kalinagus y garífunas, supieron con orgullo defender y glorificar.

Satuye murió en un combate en contra de las tropas británicas, las cuales habían invadido la Isla de San Vicente, codiciada por Ingleses y Franceses, dada su enorme fertilidad y posición estratégica para las potencias europeas y el afianzamiento de sus intereses de ultramar.

La Primera Guerra de los caribes

Para el año de 1748 la isla de San Vicente fue declarada territorio neutral bajo el Tratado de Aix la Chappelle y posteriormente cedida a Inglaterra bajo los acuerdos del Tratado de Paris de 1763. La denominada Primera Guerra de los Caribes tuvo lugar en 1772, firmando un tratado los garífunas con el Imperio Británico el 17 de febrero de 1773, en donde se reconocían como súbditos del rey inglés George III al mismo tiempo que Inglaterra se apoderaba de buena parte de la isla; los garífunas conservaban según el tratado un ambiguo derecho como nación libre. Para 1779 ante el resultado de la guerra de independencia de los Estados Unidos -acción que implicó un retroceso para el Imperio Británico – la isla fue recapturada por los caribes, sin embargo con el tratado de Versalles (1784) la isla fue retornada a los ingleses.

En 1789 comienza a soplar en el caribe un aire de sublevación, alimentado por los ideales de la Revolución Francesa. En 1791 Boukman inicia con una ceremonia de Vudu lo que sería la rebelión de los esclavos en la isla de la Española, la cual posteriormente culminaría con la independencia de Haiti.

La rebelión de Fedon en Grenada

El decreto conocido como Decree de Pluviose (Febrero 1794), emitido por el Directorio de la Revolución Francesa, concede la libertad a los esclavos en Francia y sus colonias de ultramar; viniendo a contrarrestar al conocido como Code Noir (código negro) emitido en marzo de 1685, donde se estipulaban las brutales condiciones del régimen esclavista fabricado al servicio de los intereses de la corona francesa. Victor Hugues, miembro del directorio fue el encargado por la Convención Nacional para abolir la esclavitud en el caribe y recuperar las islas que otrora le pertenecían a Francia y gradualmente habían sido usurpado por la Gran Bretaña.

Victor Hugues arriba a Guadalupe a mediados de 1794 y comienza a contactar a los diferentes líderes de las Antillas Menores, entre ellos a Julien Fedon, mulato propietario de una pequeña plantación en la parte oeste de Grenada.

Hugues proporciona apoyo ideológico y en armas para el levantamiento que se efectuó el 3 de marzo de 1795, apoderándose rápidamente de casi toda la isla y de los islotes adyacentes.

La rebelión fue subyugada por los Británicos, que respondieron a los levantamientos de las islas de Grenada y San Vicente de forma súbita, trayendo un enorme número de refuerzos y quemando buena parte de las islas en sedición, para así de esta forma eliminar las vituallas y derrotar a los sublevados a través del fuego y el hambre.

En junio 19 de 1796 los británicos dieron por finalizado el episodio, siendo el paradero de Julien Fedon un misterio, pues nunca fue atrapado, y la imaginación popular creó el mito de un Fedon que encontrándose acorralado se lanza por un abismo al mar, donde tenía una embarcación preparada para la fuga.

La muerte de Satuye y la diáspora de los caribes

El británico Seton, gobernador de la Isla de San Vicente convocó a los líderes caribes a una reunión a comienzos de abril de 1795, para obtener un juramento que afianzara su lealtad a la Corona Británica; a sazón de los sucesos acontecidos en la vecina Isla de Grenada, donde Julien Fedon, caribes y esclavos se habían rebelado contra el yugo inglés.

Los líderes caribes rojos y negros de San Vicente, temiendo haber sido descubiertos en el levantamiento que desde meses atrás fraguaban, bajo las instancias de Victor Hugues y que en compañía de los franceses venían preparando, exhortaron a los garífunas a adelantar los sucesos.

Joseph Satuye se levantó en armas en contra de los ingleses dando lugar a la denominada “segunda guerra de los caribes” y llamada por los británicos como ” The war of the Brigands” (la guerra de los bandidos). Satuye en conjunto con su medio hermano y líder caribe, Du Valle y el francés Chateaubelair, se aprestaron a entrar en acción en contra de las tropas dirigidas por el general Ralph Abercromby. En un combate que se dio el 14 de marzo de 1975, Satuye fue asesinado por el mayor Alexander Leite.

Los caribes continuaron en una lucha asimétrica en contra de los ingleses, hasta que finalmente fueron sometidos en junio de 1796. A partir de ese momento comenzó una cacería de los caribes negros, confinando 4644 personas en la inhóspita isla de Baliceaux, donde sólo sobrevivieron 2026, los que fueron embarcados y finalmente llegaron a la isla de Roatán en el Golfo de Honduras.

El Paradigma de Satuye y la Vigente Lucha Anticolonialista.

A más de dos siglos la muerte de Satuye su espíritu continua vivo y su voz de independencia y libertad se escucha por el caribe. Los garífunas somos los herederos del bagaje de lucha de nuestros ancestros, defendemos de forma acérrima el territorio que ocupamos de forma continua y pacífica en la costa caribe de mesoamérica. No obstante en nombre de las especulaciones inmobiliarias que ha desatado la industria turística, vemos cada día como nuestros derechos colectivos son negados por las administraciones gubernamentales de turno, las que suelen representar los intereses económicos de la elite de poder local y las compañías transnacionales.

La expansión de la industria turística, las declaratorias inconsultas de áreas protegidas y las futuras exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, son las amenazas concretas que nuestro pueblo padece a manos de funcionarios estatales y de traidores afrodescendientes que obsesionados por las ganancias vienen entregado los territorios ancestrales de nuestro pueblo.

 

* Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2015/03/14/a-los-220-anos-de-muerte-de-satuye-el-heroe-garifuna-y-la-gesta-anticolonialista/

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