Archivos para 6/03/15

Independencia judicial es materia pendiente en Centroamérica

Mar 06, 2015

A pocas semanas de la audiencia realizada en la CorteIDH en San José, Costa Rica con el caso Guillermo López Lone y otros vs el Estado de Honduras, que conoce el caso de 5 jueces y una magistrada despedidos durante el golpe de Estado, jueces de la región centroamericana se reunieron en Ciudad de Guatemala para debatir sobre la situación de los sistemas de justicia en la región y las amenazas que se están dando a la independencia judicial.

Entre los jueces panelistas en esta conferencia estaba la jueza Yasmín Barrios, parte del Tribunal de alto riesgo que en Guatemala condenó al exdictador Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel por el delito de genocidio, sin embargo este juicio fue anulado y aún sigue en espera de ser reanudado con la juez Barrios fuera del caso.

Barrios también acompañó la audiencia en la CorteIDH y se ha mostrado solidaria con el caso de los jueces hondureños pues aduce que “este no solo es problema de Honduras, sino de toda la región latinoamericana y especialmente de Centroamérica”.

Aunque Barrios no se refiere abiertamente a quienes están amenazando los sistemas de justicia en la región , asegura que estas personas están en contra de la justicia y la libertad en estos países tan vulnerados.

Esta jueza, quien anda escoltada desde 2010 a raíz del juicio en el que condenó a dos militares y un sacerdote por el asesinato del obispo y defensor de derechos humanos Monseñor Gerardi en Guatemala, tres años antes del juicio contra Ríos Montt, asegura que su vida no ha cambiado mucho y que nunca ha pensado en renunciar por miedo a que algo le suceda  pues es su trabajo defender a los ciudadanos y ciudadanas que no tienen siquiera la opción de huir de la realidad violenta en la que se vive en la región.

Para Barrios, aún cuando el juicio de Ríos Montt está prácticamente parado, el sistema de justicia guatemalteco ha dado lecciones de independencia judicial a la región y el mundo al dar una resolución por el delito de genocidio.

Sin embargo, el juez salvadoreño Leonardo Murcia quien también era panelista de esta conferencia, asegura que aunque en Centroamérica las expresiones de amenaza son distintas en cada país, es muy común que poderes fácticos, económicos y políticos quieran torcer la ley en su beneficio utilizando diversas herramientas. Por ejemplo, en muchos casos, pasa en Honduras y Guatemala, la herramienta es el control de la carrera de los jueces a través de regímenes disciplinarios mal utilizados.

“En El Salvador, aunque las cosas se han estabilizado, muchas veces sucedió que los jueces que incomodaban con sus resoluciones a los grupos de poder eran sancionados y hasta se les levantaba procesos judiciales y eso es inaceptable en todos los sentidos”, dijo este juez, quien hace alrededor de 8 años encabezó hasta movilizaciones para exigir independencia judicial en su país.

Un sistema de justicia cooptado por intereses políticos, económicos y hasta criminales solamente genera más impunidad y actualmente que la región centroamericana, especialmente el llamado triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) es la más violenta del mundo, la administración de justicia es clave en el auge de la criminalidad.

“Los jueces tienen un rol que es solamente el de juzgar pero en torno a esta labor existen policías, fiscales, toda una preparación previa del caso para tener éxito en las resoluciones, pero la criminalidad violenta está superando a las capacidades de los Estados con respecto a la preparación de los casos ya ingresados al sistema de justicia. Otro factor es la deficiencia en la policía y órganos de investigación, El Salvador tiene avances pero hay otros países con limitaciones.

Pero un último factor sumamente importante es lo que tiene que ver con las fronteras, el criminal no tiene fronteras y se fortalece ante la falta de un régimen de control interfronterizo. Nosotros nos ponemos fronteras, los gobiernos nos ponen fronteras cuando somos hermanos y son pocas las diferencias entre los pueblos”, explicó el juez Murcia.

El caso Honduras

Esta semana en Honduras entró en vigencia una reforma del Consejo de la Judicatura que da la tarea a militares de realizar pruebas de confianza a jueces. Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura, dijo a medios de comunicación nacional que si se buscaba una firma internacional para certificar las pruebas de confianza, el Poder Judicial gastaría millones y millones de lempiras. Las pruebas que desarrollarán a los primeros 21 funcionarios incluyen la del polígrafo, psicológica, patrimonial y toxicológica.

Los concejales argumentaron que la Ley del Consejo de la Judicatura establece que son las Fuerzas Armadas las que practicarán las pruebas de confianza tal y como se las aplicaron a todos los miembros del Consejo de la Judicatura.

Sin la aplicación de pruebas de confianza, los concejales ya separaron a 49 funcionarios judiciales de forma definitiva y suspendieron 102 de los cuales seis interpusieron recursos de amparo, mismos que fueron admitidos con suspensión del acto reclamado, es decir los concejales tienen que pagarles los tres meses que fueron suspendidos y así lo prometieron en la conferencia de prensa.

Desde octubre de 2013 que comenzó funciones un nuevo Consejo de la Judicatura, este tipo de medidas se han venido dando en el Poder Judicial, el gobierno asegura que esta es la prueba de que quieren sacar “las manzanas podridas del poder judicial” mientras que jueces asociados creen que es violatorio a sus derechos y no elimina el mal de fondo que es la corrupción en los procesos de selección de jueces.

El abogado Guillermo López Lone, uno de los jueces despedidos durante el golpe de Estado de 2009 aseguró en entrevista a Radio Progreso que “la reforma judicial que se ha propiciado en vez de ser un avance ha venido a dejar una situación de mediatización, no le han dado el desarrollo a la ley de Consejo de la Judicatura en el sentido de regular los ingresos, hacer concursos transparentes, hacer un régimen disciplinario que respete el debido proceso, no han actuado en defensa de la independencia judicial, nada de esto ha sucedido, las nuevas autoridades nos dan un sistema de justicia de viejo cuño, conservador,  rezagado de los grandes cambios que requiere la institucionalidad de Honduras”, explicó Lone.

El ex juez de Sentencia es miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia, quienes han llevado al Estado de Honduras ante la CorteIDH y a finales de este año esperan una condena que sea de carácter ejemplar porque le dirá al Estado que sus acciones han sido incorrectas con respecto a la sanción de los jueces, porque le va a señalar las debilidades en la independencia judicial y seguramente le mandará al Estado que ponga en práctica reformas de carácter legislativo a las reformas de carácter judicial, si se cumple la sentencia se marcaría un antes y un después para el poder judicial, una oportunidad para retomar el rumbo que se creía que iban a traer las reformas de 2013.

“Este ha sido un escenario de carácter internacional para debatir los problemas de independencia judicial en Honduras, de falta de avances, y ha quedado al desnudo que no hay una ley que regule adecuadamente la carrera judicial, que regule funcionalmente el desarrollo del poder judicial. A pesar de estar cerca de una condena, el actual gobierno parece no tener voluntad de hacer cambios profundos que propicien la independencia judicial”, según Lone.

“Actualmente no hay voluntad de las autoridades del Estado, una visión de un Estado que se construya alrededor de la división de poderes, autonomía de los poderes, por el contrario, el presidente de la república quiere subordinar los poderes del Estado. Procesos de evaluación de los jueces con pruebas como la del polígrafo que es inaceptable pique esa desconfianza hacia los jueces demuestra que los operadores de justicia  no son seleccionados con procesos transparentes. Además no es igual que se evalúe a un miembro de las instituciones de seguridad que a un juez, es un contrasentido, un populismo que quiere dar publicidad al actual presidente diciendo que se está haciendo algo por transformar el poder judicial cuando sigue siendo un poder corrupto, la mayoría de los jueces son prevaricadores y están alineados con el poder político y económico”, dijo Lone.

Tanto Barrios, como Murcia y Lone coinciden en que es muy importante que la sociedad centroamericana conozca la importancia de tener sistemas de justicia independientes e imparciales ya que los jueces son los que aplican la ley y deben hacerlo siempre en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas buscando el bien común y la justicia.

Además, con el caso Honduras se ha evidenciado que los jueces deben defender sus propios derechos constitucionales, entre ellos,  la libertad de expresión, la libertad de asociación, pues son ellos quienes deben garantizar que estos derechos sean ejercidos por la ciudadanía en general.

“Al respetar el derecho de los jueces, se respeta el derecho de todos los ciudadanos. Es importante que conozcamos nuestros derechos y que los ejercitemos, los tratados sobre derechos humanos, eso ayuda a fortalecer los Estados democráticos. A los jueces que trabajemos con dignidad, prontitud y respeto y que hagamos prevalecer la dignidad de las personas”, dijo la jueza Barrios al respecto.

Lone por su parte instó al pueblo hondureño a propiciar el debate, que haya jueces independientes concierne a todos. “Un poder judicial independiente es garantía para control de los excesos de los otros poderes del Estado. Es un poder que ejerce control sobre los actos ilegales de los otros poderes, sería una gran contribución en la lucha contra la impunidad. Pero el poder judicial es parte de la situación de impunidad que ocurre en el país actualmente, la Policía no cumple sus funciones, el Ministerio Público tampoco y el poder judicial es objeto de presiones e injerencias, entonces tenemos un círculo vicioso que genera mayor crisis para la situación de bienestar y la paz de las personas”, dijo Lone.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1907-independencia-judicial-es-materia-pendiente-en-centroam%C3%A9rica

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Pese a militarización, Bajo Aguán es campo minado por bandas delictivas

Mar 06, 2015

En los últimos dos meses el Bajo Aguán se ha convertido en “un campo minado” donde la bandas criminales están sembrando la zozobra y el caos entre la población, pese a ser un sector militarizado bajo la operación Xatruch y con un decreto especial de desarme general que aprobó el Congreso Nacional desde el 2013.

Este sector ubicado en el norteño departamento de Colón, se ha convertido en el principal escenario de asaltos, nuevas muertes y  secuestros teniendo como víctimas no solo a las familias campesinas que luchan por un pedazo de tierra, sino a la población en general.

“Solo en menos de un mes han secuestrado a dos mujeres propietarias de negocios pequeños y asaltos, robos y  asesinatos están a la orden del día en todos los municipios del Bajo Aguán”, indicó Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).

Como pasa en el resto del país, esta nueva ola de violencia está tirando  por la borda el  discurso oficial del gobierno, quién repite que la militarización es la solución a la inseguridad y que en Honduras está bajando la violencia, aseguró la entrevistada.

En dos meses cambió la situación 

“Hace unos cuatro meses las víctimas de Bajo Aguán, en su mayoría  eran las familias campesinas que luchan por la reforma agraria, sin embargo hoy es la población en general. La razón es que las bandas delictivas que trabajaban estrictamente para los cárteles de la droga han quedado sin el sustento económico después de la entrega de la banda de “Los Cachiros” y la captura de los hermanos Valle en otros”, indicó una fuente que por motivos de seguridad omitimos su nombre.

Indicó que hoy están echando mano de todas las formas delictivas que les permiten agenciarse de dinero, llámese sicariato, asaltos, secuestros, extorsiones, entre otros. “Lo que no significa que antes no lo hacían, siempre lo han practicado pero respondiendo a la ordenes emanadas de los cárteles de la droga quienes han mantenido el control en  el corredor del Atlántico hondureños”, aseguró.

En tono preocupado dijo que lo peor de todo es que la policía y el ejército no hicieron ni hacen nada por prevenir o capturar a los responsables de sembrar el caos y la zozobra en este sector del país.

Entrega de “Los Cachiros”

Javier Heriberto Rivera Maradiaga y Devis Leonel Rivera Maradiaga, líderes de la banda “Los Cachiros,  se encuentran en poder de las autoridades de los Estados Unidos, luego de su entraga negociada. Un documento de acusación, publicado por Insight Crime en su portal de Internet, menciona que “Los Cachiros tienen un patrimonio neto cercano a los mil millones de dólares”, producto del tráfico de drogas, que movían en asociación con el cartel de Sinaloa, en México.

Además destaca que “presuntamente son dueños de un equipo de fútbol en Colón, Los Cachiros tienen un negocio de minería y fuertes nexos políticos a nivel local y nacional”. Los dos “Cachiros” se habían entregado a finales de enero a las autoridades estadounidenses, que en diciembre de 2013, a través de una Corte del Estado de La Florida, los habían acusado por distribuir drogas en ese territorio entre 2008 y 2013.

Los antecedentes indican que a mediados del 2014, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó como narcotraficantes a siete personas ligadas a la banda “Los Cachiros”, de igual forma involucró cinco empresas hondureñas relacionadas a la organización criminal.

El sector atlántico hondureño tiene una fuerte influencia de los carteles mexicanos de Sinaloa y los Caballeros Templarios, pero también el colombiano del Valle del Cauca. En tanto, un informe sobre nexos entre drogas y violencia en el “Triángulo Norte” de América Central (Guatemala, El Salvador y Honduras) del Transnational Institute, indica que los niveles de violencia en estos países se vincula al desplazamiento de los carteles mexicanos hacia estos países, ante la guerra antidrogas montada por México.

 Muerte y amenazas a familias campesinas  

“El peligro  para nosotros los campesinos acecha cada momento  y   cualquier  lugar puede convertirse en zona de muerte.  La situación está muy difícil  por eso nosotros cuando escuchamos disparos lo primero que  hacemos es tirarnos  al suelo y buscar un lugar cubierto, hasta que ya paso todo nos levantamos y salimos corriendo  para nuestras casas, esto si tenemos la suerte de salir con vida de cualquier atentando”,  indicó un campesino de la margen izquierda de río Aguán.

Según datos del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en esa zona alrededor de 128 personas murieron y otras seis desaparecieron entre 2008 y 2013 a causa del conflicto agrario en el Bajo Aguán. Un total de 90 campesinos, 14 guardias privados, 7 empresarios, un militar y un policía, además de otras 15 personas, entre civiles y apoderados legales de movimientos campesinos, murieron en el período estudiado en el marco del conflicto entre labriegos y terratenientes.

Organizaciones campesinas han acusado en varias ocasiones al gobierno y a empresarios del Bajo Aguán,  de ser los responsables de los asesinatos de labriegos en la zona. Sin embargo hoy el escenario de violencia se amplió a toda la zona generando zozobra y caos.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1906-pese-a-militarizaci%C3%B3n-bajo-agu%C3%A1n-es-campo-minado-por-bandas-delictivas

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Violencia e Impunidad: binomio que oprime a mujeres en Honduras

Mar 06, 2015

Kenia, una mujer de 34 años de edad residente en la colonia Gracias a Dios en la aldea Dos Caminos de Villanueva, Cortés fue brutalmente asesinada frente a su hija menor, con quien descansaba después de una larga jornada de trabajo.

Este es uno de los cientos de casos documentados por el Movimiento de mujeres por la Paz, Visitación Padilla, que constata que la violencia es una realidad para las mujeres, y los asesinatos son la expresión extrema de estas agresiones que se amparan bajo el manto de la impunidad.

Honduras es uno de los países más violentos del planeta. Las cifras de asesinatos son similares aquellas naciones que se encuentran en guerras declaradas. Pero en el caso de la violencia contra las mujeres, se produce frente a un sistema patriarcal, con valores que validan las agresiones contra las mujeres.

“En un periodo de 5 años la violencia en contra de las mujeres aumentó en 256 por ciento. En su mayoría los casos están rodeados por la impunidad. Todos los cambios realizados en el aparato investigativo exponen aún más la vida de las mujeres”, dice María del Carmen García, comisionada universitaria y parte del observatorio de género del Centro Universidad Regional del Atlántico, CURLA.

En Honduras hay una violencia estructural sostenida por grupos elites que validan la violencia y no dejan que se den cambios en las relaciones de poder. Por el contrario lo que hacen es aprobar la violencia simbólica, dice García.

Impunidad=falta de voluntad

En Honduras el 95 por ciento de los femicidios quedan en la impunidad, según los resultados de las investigaciones que realizan las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.

Un claro ejemplo de lo anterior es el caso de Vanessa Zepeda Alonzo, a quien un médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social en el año 2010 asesinó, sin importarle la relación sentimental que mantenían. Hoy, el asesino de Vanessa Zepeda se encuentra en libertad.

“De cada 10 casos 9 quedan en impunidad, porque no hay voluntad política de resolver los casos. Que los jueces no están capacitados, no haya recursos no es la justificación, lo que verdaderamente pasa es que somos una sociedad que considera a las mujeres como unas ciudadanas de segunda categoría, que las ve de menes, que las descalifica y discrimina”, dijo Gilda Rivera, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer, CDM.

Ivania Galeano de la Comisión Internacional de Juristas, lamenta que en Honduras, las organizaciones de mujeres han logrado la aprobación de un marco formal para sancionar las violencias, pero aun así la impunidad sigue existiendo.

Para la abogada esto se da porque no hay investigación, no se cuenta con un canal adecuado para formar una policía técnica y científica que conduzca las investigaciones en el país.

Sobre esta violencia e impunidad, en un comunicado en el marco del día internacional de la mujer, las 16 organizaciones que conforman el Foro de Mujeres por la Vida y la Campaña Ni Encerradas Ni con Miedos dicen que “en este momento las hondureñas nos encontramos en una guerra silenciosa, sutil que coloca a Honduras con la tasa de homicidios más alta en el mundo. Aproximadamente 531 mujeres fueron víctimas de feminicidio durante 2014 y solo en primeros los 50 días del 2015 54 mujeres. Hasta Septiembre 2014 se reportaban 572 mujeres que habían desaparecido. Mientras todas las violencias se exacerban en un país que responde solo con violencia”.

En una protesta desde las calles, las organizaciones rechazaron el militarismo y el patriarcado, ya que aseguran que es impostergable que las armas, la militarización, la impunidad, corrupción y pobreza sea remplazada por la ternura, la sororidad, la esperanza y la construcción de una seguridad colectiva en los espacios íntimos, privados y públicos.

Desde la campaña Ni encerradas Ni con miedos, en su cuarta etapa, el Foro de Mujeres por la Vida, el ERIC y Radio Progreso le apuestan a una seguridad basada en los principios de derechos humanos.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1905-violencia-e-impunidad-binomio-que-oprime-a-las-mujeres-en-honduras

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A paso de cangrejo camina depuración policial, según analista

Mar 06, 2015

*Entrevista de análisis

El proceso de depuración en la Policía Nacional inició durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, ya que se consideró que era uno de los sectores del sistema de seguridad en los que sus elementos estaban vinculados a actos de corrupción y acciones ilícitas.

A cuatro años de iniciado dicho proceso, la Alianza por la Paz y la Justicia –APJ- señala que avanza sin los resultados concretos en la acción penal en contra de los elementos separados e investigaciones de las personas que integran  la alta cúpula policial.

Para ampliar el tema, entrevistamos a Omar Rivera de la APJ quien además señala que el gobierno de Juan Orlando Hernández debe revilitarizar e innovar el proceso de depuración policial, para  que garantice una mayor rigurosidad en la aplicación de las pruebas de confianza a los actuales integrantes de las entidades del Estado, especialmente a la Policía Nacional.

Radio Progreso (RP): ¿Cuál es el resultado de la radiografía que  la Alianza por la Paz y la Justicia ha hecho al sistema de seguridad  y justicia nacional durante el gobierno de Juan Orlando Hernández?

Omar Rivera (OR): La delincuencia y la criminalidad, que a lo largo de las últimas décadas ha afectado a la población hondureña, ha tenido un impacto perjudicial en los ciudadanos y ha llegado a alcanzar niveles insospechados, somos el país más violento del mundo, aun y cuando el gobierno diga que se han reducido sustancialmente las tasas de homicidios seguimos triplicando la media de América Latina teniendo una tasa de homicidios diez veces más elevada que en el mundo entero.

RP: Algunos sectores de la sociedad atribuyen la captura de miembros o cabecillas de grupos del narcotráfico a órdenes del gobierno de Estados Unidos no a acciones concretas de la administración de Juan Orlando Hernández. 

OR: Este presidente, creemos que de forma pragmática ha llegado a un acuerdo con los estadounidenses y han ejecutado acciones que evidentemente responden a sus intereses, pero también resuelven algunos problemas en el país. Yo creo que seguir cohabitando con bandas de narcotraficantes como “Los Cachiros” y “Los Valle” a la vista y paciencia de todos los hondureños era algo inamisible, independientemente de que sea por presiones norteamericanas habrá que valorar el hecho de que este presidente ha tomado decisiones, lo que nosotros no vemos correcto es que se hayan tomado decisiones en aquellos temas que le interesen a los norteamericanos, pero aquel andamiaje que soportaba esa narcoactividad, sus nexos con el sector privado, el sector empresarial, sus nexos con los políticos y los partidos, eso todavía sigue.

RP: El proceso de depuración policial inició durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, pues se evidenció que era uno de los sectores del sistema de seguridad en los que sus elementos estaban vinculados a actos de corrupción y acciones ilícitas ¿En qué momento está ese proceso de depuración?

OR: Según las estadísticas del gobierno, han salido de la estructura policial, más o menos, unos dos mil a dos mil 500 policías, no se ponen de acuerdo; el último reporte que dio el ministro de seguridad indicaba que habían salido unos  dos mil policías de escala básica y altos oficiales; el presidente habla de dos mil 500.

Nosotros valoramos como positivo que las manzanas podridas salgan. Yo creo que ha habido voluntad institucional, en el sentido de crear unidades que se dediquen a la investigación y evaluación de la carrera policial.

Nosotros estamos insatisfechos, y yo creo que es en el momento en el que estamos, es que todos estos casos, por los cuales esta gente salió de la estructura policial, en primer lugar, culminen en un expediente de investigación rigurosa que pueda identificar las faltas o los delitos cometidos;

Segundo lugar, que el Ministerio Público pueda iniciar las acciones respectivas para que esta gente sea juzgada, mediante un procedimiento que se le respeten sus derechos, pero en donde los entes encargados de impulsar la acción penal y aquellos que son los responsables de determinar si alguien es culpable o no tomen decisiones de manera expedita, y que nosotros podamos ver castigados a aquellos que abusando del uniforme mancillaron la imagen de una institución  sino que también le causaron un daño terrible al Estado  enriqueciéndose ilícitamente.

RP: ¿Qué avances reales ha tenido el proceso de depuración?

OR: El único avance real es haber expulsado a gran parte de la cúpula policial que dominó los últimos años la gestión del Estado en materia de seguridad y que lamentablemente demostró no solamente su incapacidad sino el estar coludidos con el crimen organizado y la delincuencia común o cometer crímenes, yo creo que ahí hay un avance importante.

El problema es que no vemos concretizada la acción penal en contra de ellos y los que antes delinquían o cometían crimines vestidos de policías hoy lo pueden estar haciendo vestidos de civiles, por las calles y avenidas de las distintas ciudades del país, y eso se llama impunidad que es un caldo de cultivo para crear esas manifestaciones de la delincuencia. En términos concretos si hubo una acción de limpieza, pero ese nivel de limpieza se quedó únicamente en la expulsión de ellos, muchos de los cuales salieron con baja honrosa, aun y cuando fueron señalados por muchos miembros de la institucionalidad pública como sospechosos de haberse enriquecido ilícitamente.

RP: ¿Cuáles son las dificultades han identificado ustedes como organización en el proceso de depuración de la Policía Nacional?

OR: El primero es el enfoque estratégico con el cual se depura, han aplicado más o menos unas 12 mil pruebas de confianza, se han gastado, según la misma información de la DIECP –Dirección y Evaluación de la Carrera Policial-, 111 millones de lempiras, de los cuales una parte de ellos viene como consecuencia de los recursos que administra el Estado, unos 87 millones de lempiras y unos 24 millones de lempiras del Banco Interamericano del Banco de Desarrollo; 111 millones de lempiras gastados en una depuración que no ha focalizado su accionar, sino que ha hecho pruebas de confianza sin ningún tipo de enfoque en aquellos actores que son los que han causado el grave daño a la Policía Nacional.

Yo me pregunto: por qué no han investigado a todos esos oficiales que estuvieron a cargo de regiones como Colón, La Mosquitia, Islas de la Bahía y Atlántida mientras “Los Cachiros” hicieron y deshicieron en la última década, yo creo que ahí debería de impulsarse una investigación calificada.

AMC: Ante ese escenario que usted plantea ¿se puede catalogar a la Dirección y Evaluación de la Carrera Policial como un “elefante blanco”?

OR: En general, todas las instituciones llamadas a depurar han fallado iniciando por la Dirección y Evaluación de la Carrera Policial, pero también ha fallado el Ministerio Público y ha fallado el Tribunal de Cuentas. Creemos que todo ese andamiaje debería ejecutar una acción de depuración, al igual que otros órganos de control interno de la Policía. Han fracasado  en este esfuerzo, y como usted lo dice, muchos de ellos se han constituido en un “elefante blanco”.

Nosotros le hemos demandado al presidente de la república, porque también él ha fracasado porque él lidera este proceso de depuración, la revilitización e innovación en el proceso de depuración policial que garantice una mayor rigurosidad en la aplicación de las pruebas de confianza a los actuales integrantes de las entidades del Estado, especialmente a la Policía Nacional, asimismo esperamos que esta depuración priorice las cúpulas no solamente las que están sino las que han salido y le de monitoreo seguimiento a aquellos que antes delinquían como uniforme y ahora, lastimosamente, están cubiertos con un manto de impunidad.

RP: ¿Qué podría esperar la población hondureña, en un futuro, en cuanto a la depuración policial?

OR: Si la cosa sigue así no va a haber depuración total de los distintos entes operadores de justicia y en el caso particular de la Policía vamos a tener siempre hechos bochornosos, como los que se dieron en las últimas semanas con ese acto corrupto de apropiamiento indebido de recursos por parte de la tropa TIGRES, en la acción en contra de los narcotraficantes Valle; o hechos bochornosos como los de la Policía Militar, unidad recién creada, teniendo entre sus filas a personas que tienen antecedentes penales, ordenes de captura vigentes , que en lugar de andar cuidando los intereses de la población ateten en contra de los derechos en el intento de secuestro de un empresario del Mercado Zonal Belén.

Si no se avanza en un proceso de revilitización nosotros vamos a tener una institución, que lamentablemente, va a seguir dando tumbos y que no va a cumplir su mandato. El presidente de la república debe estar convencido que para que un proceso de reforma tenga éxito o que cualquier esfuerzo de fortalecimiento sirva para algo positivo, primero se tiene que depurar; como lo ha dicho Víctor Meza, ex integrante de la Comisión de Reforma a la Seguridad, puede haber depuración sin reforma, puede haber depuración sin fortalecimiento institucional, lo que no puede haber es exitoso proceso de reforma institucional de los órganos policiales sin la reforma del caso; antes de ir al proceso de reforma y fortalecimiento de la Policía tiene que haber un proceso de profilaxis, que implica sacar a las manzanas podridas y eso solamente se hace focalizándose en la cúpula y priorizando la investigación del enriquecimiento ilícito.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1901-depuraci%C3%B3n-en-la-polic%C3%ADa-nacional-proceso-que-avanza-a-pasos-de-cangrejo

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Avanza “viento en popa” Alianza para la Prosperidad sin ninguna restricción

Mar 06, 2015

La Alianza para la Prosperidad del triángulo norte de Centroamérica avanza con la oleada de presión que realizan los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador. En menos de cinco días sostuvieron dos reuniones los presidentes, una en Honduras y la segunda en Guatemala.

La próxima reunión será en Estados Unidos. Los tres presidentes del llamado triángulo norte se presentarán en Washington el 16, 17 y 18 de marzo para hacer la presentación oficial del proyecto del Plan Alianza para la Prosperidad.

“Montamos una ofensiva diplomática desde que tomé posesión y dije que Estados Unidos tiene que reconocer que tiene responsabilidad con Honduras. No vamos a ir de pordioseros a extender la mano, primero vamos a trabajar nosotros y me fui a Guatemala, a El Salvador, a Naciones Unidas, fui a México, fui a Colombia, fui a Europa y les dije lo que sufría mi pueblo y montamos la Alianza para la Prosperidad” dijo Juan Orlando Hernández en su discurso por un aniversario más de su Partido Nacional.

El economista Hugo Noé Pino del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Icefi, dijo que una Alianza para la Prosperidad solo puede ser legítima y efectiva, si su formulación y ejecución se basa en procedimientos democráticos, transparentes e incluyentes.

Lea también: Empresarios, gobiernos y organismos internacionales van con todo para unir capitales

“El Icefi lo que está planteando es que el proceso de decisiones con respecto al contenido de la Alianza para la Prosperidad que impulsa Estados Unidos con los países del Triángulo Norte, no ha sido el proceso democrático y participativo que se esperaba” dijo Hugo Noé Pino.

El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández insiste en que la lucha es por la defensa de los derechos de los migrantes que huyen de la violencia generada por el tráfico de drogas que se produce en el sur y se consume al norte. “Nuestra preocupación es sobre todo por aquellos niños que tanto sufren por tener a sus padres allá, en otro país, y se van pensando que es un camino fácil y los hemos perdido” expresó Hernández.

Protagonismo desmedido

El analista político Efraín Díaz Arrivillaga cuestiona el protagonismo que en la iniciativa está tomando el presidente Juan Orlando Hernández. Arrivillaga dijo que eso lo hace recordar lo vivido en los años 80´s cuando se propuso la iniciativa para la paz en Centroamérica en la que al final le fue otorgado a don Oscar Arias el Premio Nobel de la Paz por esa iniciativa de Paz pero que fue un esfuerzo de los cinco presidentes de Centroamérica.

“Yo nunca he podido entender ese protagonismo porque en realidad creo que es un esfuerzo conjunto de los tres países y así tiene que verse, yo no creo que eso haya sido la iniciativa de solo uno de los presidente” expresó Efraín Díaz.

Pero el presidente de Honduras insiste en que es su iniciativa la que está generando buenas noticias. “Y en junio del año pasado, el presidente Barack Obama me dijo, presidente Hernández nosotros, los Estados Unidos, reconocemos que somos responsables de los problemas que está sufriendo Centroamérica, cuente conmigo, y luego se lo dijo al presidente de El Salvador y al presidente de Guatemala” dijo Juan Orlando.

El analista Arrivillaga insiste en que no deben haber protagonismos. Propone que lo que debe haber es cooperación, colaboración entre los tres países porque eso fortalece la iniciativa, fortalece las relaciones y potencia las complementariedades económicas, sociales y de infraestructura entre los tres países. “Yo creo que ese debe ser el enfoque más que resaltar protagonismo de una persona en particular” dijo Efraín Díaz Arrivillaga.

¿Prosperidad para quiénes?

“Lo que nosotros estamos viendo es el reforzamiento de las tendencias actuales a que bien sean con fondos del gobierno o fondos de la cooperación internacional se apuntala en proceso de acumulación de capital de grandes empresarios” dijo el economista Hugo Noé Pino.

Pino explicó que si se toma en cuenta que esa es la tendencia que se ha venido dando en las últimas décadas y que ha tendido a concentrar el ingreso, entonces “uno lo que mira es que como está planteado y como lo reflejan los documentos del BID con los lineamientos estratégicos de la Alianza, lo que va a venir hacer a nuestro país es a reforzar la estructura de poder que no es nada democrática y también la estructura de concentración del ingreso” aseguró el economista.

Pero el presidente Juan Orlando Hernández aclara que no van a ir de limosneros a otros países. “Nosotros le decimos a Estados Unidos que no estamos poniendo la mano, no andamos de limosneros porque el 80% del dinero que se va a invertir en la Alianza para la Prosperidad la vamos a poner nosotros, nosotros los hondureños” justificó Hernández.

Efraín Díaz Arrivillaga es de la idea que estas iniciativas son positivas y, bien orientadas, pueden ayudar en el mediano y largo plazo al país pero con enfoques distintos y no con los mismo enfoques del pasado, y con el mismo modelo económico que solo favorece a una élite determinada y no a las grandes mayorías del país.

“Esa alianza con el sector privado no es que no la vea positiva, yo creo que es correcto que el sector privado participe en eso, pero cuando hablamos del sector privado no solamente son los grandes empresarios o los grandes banqueros de Honduras, la gran pregunta es si esos recursos van a apoyar a la pequeña y la mediana empresa, a la innovación tecnológica que el país necesita, a promover la competencia, a mejorar la calidad del recurso humano, a disminuir las desigualdades sociales que vivimos en Honduras” dijo Arrivillaga.

Efraín Díaz advierte sobre uno de los peligros que se puedan presentar. “Corremos el peligro de querer uniformar a todos en una sola línea, en un solo pensamiento y eso, me parece, pone en riesgo el pluralismo, la democracia y la libertad con que todos debemos actuar” explicó Arrivillaga.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1902-avanza-%E2%80%9Cviento-en-popa%E2%80%9D-alianza-para-la-prosperidad-sin-ninguna-restricci%C3%B3n

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Locomapa: un pueblo que resiste con dignidad

Mar 06, 2015

En la serranía del departamento de Yoro, encontramos asentadas las tribus Tolupanes que conforman el sector de Locomapa. Una tierra rica en minerales y  árboles maderables que se acompañan con más de 30 ríos y alrededor de 200 quebradas. Un verdadero  paraíso terrenal que huele a pino bañado con agua fresca.

Los Tolupanes, están organizados en 32 tribus. El 80 por ciento de sus tierras son de vocación forestal, un 10 para la agricultura, y el otro 10 por ciento lo dedican a la ganadería. Además, poseen una gran relación con la madre tierra de donde obtienen la medicina natural para aliviar las enfermedades que padecen, ya que cuentan con más de 50 plantas medicinales en la zona.

Sin embargo, a pesar de tanta riqueza natural y de ser una población luchadora y trabajadora, la situación que viven las comunidades Tolupanes cada día es más difícil. Según una investigación realizada por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el promedio de vida de una mujer Tolupán es de 36 años, mientras que el de una mujer de otra región es de 72. El de un hombre Tolupán es de 45 y de otra zona 69. El 95 por ciento de la población Tolupán adolece de desnutrición afirma la investigación.

¿Cómo un pueblo tan rico en bienes naturales como el Tolupán, puede tener una población tan empobrecida?

El 50 por ciento de las tribus reportan que en sus tierras tienen antimonio, plata, hierro y oro. Además de una diversidad de árboles maderables. Pero son las empresas madereras las que se quedan con el bosque y los empresarios mineros con los minerales, nos manifestó el ingeniero Juan Mejía del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en una conferencia sobre “Derecho a la Consulta Previa y la Defensa de los Territorios” organizada por el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación ERIC, en los últimos meses del  2014.

Para Consuelo Soto, del Consejo Consultivo Indígena, la situación en su comunidad en relación al conflicto que genera la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos y el corte de madera, cada día es más tensa debido a que la población ha emprendido una lucha en defensa de sus territorios y la vida. Consuelo al igual que otros indígenas, ha dejado su comunidad en repetidas ocasiones, a raíz del hostigamiento, persecución y  amenazas a muerte que han recibido por permanecer en lucha.

En agosto de 2013, tres indígenas fueron asesinados a manos de sicarios; María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto, quienes participaban  en una toma pacífica de carretera para impedir la extracción de antimonio y la tala del bosque.

Fruto de la denuncia y el acompañamiento del Movimiento Amplio, en diciembre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a favor de 38 indígenas de la Tribu San Francisco y sus familiares. A pesar de esto, el Estado de Honduras no cumple con su responsabilidad de proteger la vida de estas personas.

El fuego que calienta las esperanzas

Un aspecto común en las comunidades Tolupanes, es encontrar las hornillas de barro o bloques apagadas durante el día o sólo con agua hirviendo para preparar el café o  el té de zacate de limón. Esto se da por la falta de recursos para compara los necesario y tener una alimentación adecuada.

Ramón Matute, del Consejo Consultivo Indígena, nos compartió que están trabajando organizados por cambiar la realidad de sus comunidades. Cuentan con un plan de trabajo que vendrá a recuperar los bienes naturales y preservar la vida, ante la ausencia de un Estado colapsado y la voracidad de los empresarios que están destruyendo la vida.

El fuego que calienta las esperanzas, cada día crece debido a la organización, los sueños y esperanzas de las comunidades Tolupanes que día a día resisten con dignidad.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1900-locomapa-un-pueblo-que-resiste-con-dignidad

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Madre responsabiliza a sacerdote por la desaparición de sus hijas; MP desparece el expediente

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Mélida Urrea

“Las tenía amenazas de muerte  si contaban que él la violó (a la hija menor), por lo que exijo a las autoridades que lo investiguen –al sacerdote Francisco Abilio Rivas Cruz- para que me devuelva a mis hijas que están desaparecidas, tengo cinco años de andar llorando y buscándolas y hasta es expediente desaparecieron en la fiscalía”.Estas son las declaraciones de doña Mélida Urrea, una madre que desde agosto del 2009, busca desesperadamente a sus hijas, Yolanda Elizabeth Ramos Urrea de 28 años y Xenia Rosibel “Rossy” Ramos Urrea, quien iba a cumplir 15 años, cuando fue abusada sexualmente-según relato de la madre-  por el entonces seminarista Francisco Abilio Rivas Cruz, asignado a la parroquia de La Entrada, Copán.

Ahora Francisco Rivas está asignado a la parroquia de San Juan Intibucá, la madre de las jóvenes desaparecidas, lamenta que ni las autoridades eclesiales ni las judiciales hayan dado respuesta ante las denuncias que realizó en su momento.

Rossy tenía novio y planeaban formar un hogar, mientras que Yolanda estaba casada y tenía dos hijas, pero vivía en la casa de sus padres, porque su esposo trabajaba en el extranjero.

“Dicen que es un buen sacerdote, es salvadoreño, no sé dónde están mis hijas, él violó a la menor, la embarazó y por eso las desapareció” y  “también desparecieron los expedientes judiciales”, recalcó doña Mélida, quien viajó desde La Entrada- Copán, a Santa Rosa de Copán, donde se realizaba foro MIRADAS DE MUJERES para evidenciar las violaciones a los DDHH en el occidente de Honduras, que organizó el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y la Red de defensores/as de Derechos Humanos del Occidente, la semana pasada.

La señora al enterarse de este espacio, agarró valor para buscar ayuda ante el COFADEH, pues aunque se dio cuenta que Francisco Rivas había abusado de su hija menor, ella por no desacreditarla, calló, “él  es el culpable de todo eso, nunca pensé que ese hombre era una mala persona”, sin embargo ante la desaparición forzada,  la familia interpuso las denuncias respectivas ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), el Ministerio Público (MP) y las autoridades de la Iglesia Católica, pero “más bien lo premiaron ordenándolo diácono”, lamentó la madre.

El sacerdote Francisco Abilio Rivas Cruz fue ordenado en 2011 por el obispo Luis Alfonso Santos, quien supo oportunamente de esta denuncia y no actuó. Y el nuevo obispo Darwin Andino, lo nombró hace dos meses como director de Cáritas diocesana en Santa Rosa de Copán.

La coordinadora general del COFADEH, Bertha Oliva, presente en el foro, en Copán, expuso que se va iniciar un proceso de documentación, porque el reglamento institucional dice que cuando se recibe una denuncia por lo cual surgió el COFADEH, que son las desapariciones forzadas, tienen que ser sumamente cuidadosas.

Yolanda Elizabeth Ramos Urrea de 28 años y Xenia Rosibel “Rossy” Ramos Urrea (15 años)

“Tenemos una prohibición ética y moral en no ser indiferentes, por lo que vamos a iniciar el proceso de documentar el caso y realizar acciones que procedan en cuanto a la denuncia. La desaparición forzada es un crimen que lesiona la humanidad interna y no prescribe, pues doña Mélida no denunció la violación en su momento, por temor y no desacreditar a su hija”.

Para la defensora de DDHH, es preocupante el nivel de indiferencia en la zona de occidente, por lo tanto hay que poner en debate público la denuncia, porque también pone en alto riesgo la seguridad de la familia de las muchachas desaparecidas.

Doña Mélida ha acudido a las diferentes instancias, y lo que ha recibido como respuesta es el silencio, vemos las lágrimas de una madre que busca a sus hijas, porque un sacerdote –a la menor- se la violó y embarazó y ambas las desapareció.

Y tener miedo para denunciar estos hechos es la construcción que nos han venido generando, el miedo nos imposibilita, pero también es producto del desconocimiento y apropiación del derecho, si nosotras callamos las barbaridades que nos afecta el alma de alguna manera contribuimos para que ese monstruo que tenemos que combatir –la impunidad- se fortalezca. Yo la invito señora a que empiece a perder el miedo, enfatizó Bertha Oliva.

“Si cuento voy a morir” Si las mató, mató al mismos hijo

Mélida Urrea, denunció que en agostos del 2009, desaparecieron de manera forzada sus hijas Yolanda Elizabeth y Cenia Rosibel “Rosy”, una niña de 14 años que estaba embarazada producto de una violación sexual, del entonces seminarista Francisco Abilio Rivas Cruz, ahora párroco de San Juan Intibucá.

La denuncia la realizó ante autoridades de la DGIC y MP, pero no ha recibido respuestas, más bien Jorge Gómez, que llevaba el caso, “desapareció” el expediente en la fiscalía de La Entrada, Copán, afirmó.

Según consta en la denuncia, las muchachas, fueron a encontrarse con Francisco Rivas, a La Entrada, y nunca más volvieron a la casa, reiteró con lágrimas en sus ojos la madre, quien mantiene un dolor por la falta de sus hijas, y además porque el caso está en la impunidad, pese a que se supo a nivel del Clero.

“El sacerdote Francisco Abilio Rivas Cruz, me violó a la niña que tenía 14 años, eso fue el 28 de abril del 2009, y ella cumplía el 16 de junio. Ella andaba con su otra hermana cuando los hechos, por lo que las tenía amenazadas de muerte si contaban, y producto de eso la embarazó y por eso las desapareció”.

Yo le pregunté ¿Rosy y que es lo que les hace Francisco Cruz- porque no le podía mentar los dos apellidos-? Me dijo “no mami, si cuento voy a morir, si contamos las dos vamos a morir”.

Él decía que él les hacía masajes para arreglarles el cuerpo, que era sicólogo, las citaba para que fueran a la terminal (La Entrada) y que les hacía crecer los senos, la cadera y las piernas. También les decía que tenía 100 muchachas en control arreglándoles el cuerpo.

Ellas no me decían nada porque las tenía amenazadas a muerte. Yo no actué al momento, sabía que estaba embarazada, pero para no desacreditar a la cipota, aunque le vi la ropa cuando fue violada, no me imaginé que él siendo un predicador había hecho eso.

Rossy  siempre andaba acompañada, pero dejó de salir cuando el embarazo ya no podría  ocultase.

Continuó relatando que la noche antes de la desaparición, ella se fue a dormir, y sus hijas e hijos se quedaban platicando, “en eso recibieron una llamada, era Francisco preguntándoles que si en verdad iban a ir a La Entrada, y el novio de Rossy pegó el oído al teléfono, por eso yo acuso que el responsable es Francisco Rivas, el me violó a mi hija, y si las mató, mató al mismo hijo”.

Un día después de la desaparición yo estaba orando y llorando en la iglesia, lo vi que se cruzó y le pregunté ¿Qué había hecho a mis hijas?  Que él las había llamado un día antes para citarlas a La Entrada, pero el negó la acusación.

Tres personas comentan que las hermanas Ramos Urrea, irían a La Entrada, Copán, porque el ahora sacerdote Francisco Rivas las había citado para darles una medicina, ellas son la hija mayor y el esposo de Yolanda, una muchacha con la que coincidieron en el viaje, recordó la mamá de las víctimas.

El obispo Luís Alfonso Santos, sabe todo el problema, y se quedó quedito. Mientras que, con el nuevo obispo Darwin Andino no hemos hablado, porque mi esposo dijo ¿para qué? Para que hablar con esos hombres, si más bien los cubren, lamentó la madre.

Al no tener respuestas de parte de las autoridades, la familia se ha dado a la tarea de averiguar por los expedientes y cómo marchan las investigaciones, pero la última vez fue hace como dos meses que fueron a las oficinas de DGIC y les dijeron que el requerimiento ya lo habían pasado al MP, y hace unas semanas fueron a esas instancias y les sorprenden diciéndoles que ahí no han recibido papeles a nadie, que a saber a quién se los dieron.

Doña Mélida fue atendida por la abogada Tania Hernández, a quien le vio intenciones de ayudarle, pero sin el expediente no se puede hacer mucho  “no tengo fuerzas porque no tengo dinero para seguir dando vueltas por lo que solicito ayuda a las organizaciones de DDHH para que investiguen los hechos y me devuelvan a mis hijas”, imploró la mujer.

18 días después de la desaparición de las muchachas, tuvieron conocimiento que habían unas osamentas en una comunidad de Las Varas, Santa Bárbara, y que estaba un zapato quemado, que pertenecía a una de la muchachas, era como que si las hubieran incinerado, pero los de la morgue les dijeron que los huesos no estaban quemados.

También sostuvo que las otras pertenencias las recogió el personal de medicina forense, y aunque les pidió verlas, nunca lo hicieron.

“Yo fui al día siguiente del hallazgo, ya habían hecho el levantamiento, había mucho pelo, como de varias mujeres, y el zapato de mi hija era de hule y estaba la correa, eso fue muy duro”.

Francisco Rivas está bien tranquilo en la parroquia de San Juan, Intibucá, yo lo denuncio públicamente y responsabilizo si me pasa algo a mi o a mi familia, porque yo vi cuando el llevaba a mi hija, eso fue el día que la violó, porque yo la dejé con la otra hermana en la parroquia, mientras volvía a traerlas.

“Es muy duro tener una información de esa naturaleza, y no acompañar y no dar a conocer. Cuando hay denuncias de este tipo a uno se le vuelve abrir la herida, y lo que puedo hacer es contribuir a que la gente hable y acompañarla a hacer las denuncias en las instancias que sean aunque estamos conscientes lo que eso significa, no es nuevo para nosotras, si en aquel tiempo desafiamos las estructuras de terror y horror ¿por qué hoy no vamos a seguir acompañando a la gente a reclamar sus derechos violados?   No se le puede pedir a las familias que callen. Bertha OIiva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras.

Papá de menor denunció ayer al sacerdote Francisco Rivas

Ayer trascendió en medios de comunicación una denuncia contra el sacerdote de la Iglesia Católica en Honduras,  Francisco Rivas por violar a una menor de 15 años de edad en Intibucá.

“El señalado responde al nombre de Francisco Rivas, párroco del municipio de San Juan, Intibucá, quien habría ultrajado a la víctima en una habitación dentro del recinto religioso”, la acusación fue hecha por el padre de la niña identificado como José Máximo Cantarero, a través de la radio emisora capitalina HRN.

“Un sacerdote de nombre José Rivas, la privó de libertad en un cuarto donde él tiene su sede en San Juan”, relató.

“Él le exigió que se sacara la ropa y después (procedió) a tocarle partes íntimas de su cuerpo… También le dijo que no se preocupara que él tenía una pomada que había traído de Estados Unidos para que le volviera la virginidad a las jóvenes”, dijo el denunciante.

Refirió que Rivas estila llevar a la iglesia a jovencitas de distintas localidades aledañas “para satisfacer sus bajos placeres”.

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Honduras: detienen y encarcelan a exdirigentes sindicales de UNAH

Son acusados por los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio del Instituto de Previsión de la UNAH (Inpreunah).

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Varios exdirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sitraunah), fueron detenidos este viernes y presentados a audiencia de declaración de imputado ante los juzgados de la capital de Honduras.

Los detenidos responden a los nombres de René Andino, expresidente del sindicato, Raquel Estela Angulo y Elsy Yamiteth Reyes, sobre quienes pesaba una orden de captura.

Son acusados por los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio del Instituto de Previsión de la UNAH (Inpreunah).

El juez decidió enviar a Andino a la Penitenciaría Nacional; Reyes tiene prohibición de salir de Honduras y Raquel Angulo queda con arresto domiciliario.

Ambas mujeres deberán ir a audiencia inicial el próximo 26 de marzo para desvanecer las acusaciones que las imputan, caso contrario, se abrirá proceso judicial.
Por su parte, el Ministerio Público tiene en la mira a los exdirigentes del Sitraunah, Mauricio Armando Durón Bustillo, Rafael López Ayestas, Ivis López Ayestas y al exrector de la UNAH, Jorge Omar Casco por varios delitos.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-detienen-y-encarcelan-exdirigentes-sindicales-de-unah

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Detienen a policía militar hondureño acusado de intento de secuestro

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El director de Radio Globo, David Romero, reveló que el detenido es parte de la escolta personal del jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Freddy Díaz Zelaya.

El presunto maleante responde al nombre de Félix Alexander Rodas Ávila, quien habría asaltado e intentado secuestrar a un ciudadano a inmediaciones de la colonia Kennedy, al este de Tegucigalpa.

Otro miembro de la Policía Militar fue detenido este viernes, cuando pretendía privar ilegalmente de la libertad de un ciudadano en un punto de la capital de Honduras, informó Radio Globo.

El director de Radio Globo, David Romero, reveló que el detenido es parte de la escolta personal del jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Freddy Díaz Zelaya.

El presunto maleante responde al nombre de Félix Alexander Rodas Ávila, quien habría asaltado e intentado secuestrar a un ciudadano a inmediaciones de la colonia Kennedy, al este de Tegucigalpa.

La fiscal María de los Ángeles Barahona dijo que se procederá a investigar si el agente militar estuvo o no involucrado en el hecho.

Por su parte, el portavoz de las FFAA, José Sánchez, dijo que el soldado debe responder ante la justicia, si cometió o no el delito.

Sostuvo que “la política es que todo aquél miembro de la institución que se vea involucrado en actos reñidos por la ley, se le deducirá el peso de la ley que corresponda.

No vamos a permitir que miembros estén cometiendo delitos en perjuicio del comportamiento e imagen de la institución”.

“A la Policía le agradecemos que nos estén ayudando a que estos individuos que cometen ilícitos sean puestos ante los tribunales, ya sean del fuero militar o del civil”, comentó.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/detienen-polic%C3%ADa-militar-hondure%C3%B1o-acusado-de-intento-de-secuestro

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Alto a las violencias contra las mujeres

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El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH), informa:

Las mujeres de Honduras, particularmente las niñas menores de 16 años, están recibiendo el impacto mayor de la anticultura violenta expandida como plaga en todo el territorio, estimulada por la impunidad de los hechores, el autoritarismo gubernamental y la militarización del Estado.

Los informes nacionales del Centro de Estudios de la Mujer – Honduras, el Centro de Derechos de Mujeres y un sondeo realizado por el Cofadeh en la región occidental revelan un aumento peligroso de embarazos forzados en mujeres menores de edad, fruto de relaciones desiguales y generalmente violentas.

Uno de los casos encontrados en el departamento de Copán ocurrió en agostos de 2009, cuando fueron desaparecidas de manera forzada las hermanas Elizabeth Ramos Urrea (28) y Xenia Rosibel Ramos Urrea,  de 14 años, quien estaba embarazada por el entonces Diácono católico Francisco Abilio Rivas Cruz, quien fue ordenado Sacerdote en 2011 por el Obispo Luis Santos y nombrado hace dos meses como director de Cáritas de la Diócesis de Santa Rosa de Copán por el obispo Darwin Andino.

La denuncia fue interpuesta por la madre de las víctimas, Mélida Urrea, ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), el Ministerio Publico (MP) y ante el propio obispo Santos, pero no recibió respuestas, más bien el fiscal Jorge Gómez, quien llevaba el caso, “desapareció” el expediente en la fiscalía de La Entrada, Copán.

La niña embarazada, según la denuncia de su madre, desapareció junto a su hermana después que visitaron al sacerdote Francisco Rivas para encararlo por la situación. Hoy Mélida llora porque tiene vivo el dolor de la ausencia de sus hijas y por la impunidad que rodea el caso, pese a que el Clero Diocesano sabe los detalles.

En ocasión del Día Internacional de la Mujer es oportuno, igualmente, denunciar la tremenda injusticia que comete el Estado al pedir la solidaridad del pueblo empobrecido para socorrer a las víctimas de los estallidos  en el Mayoreo de Tegucigalpa, mientras el saqueo del IHSS continúa sin venganza judicial para la banda delincuencial refugiada en el poder.

Y, más aún vergonzoso, es la desviación de fondos de reactivación del sector agroalimentario para favorecer a los grandes palmeros (1,050 millones en 2014) y en 2015 al sector privado de San Pedro Sula con la construcción de una represa sobre el río Chamelecón (3, 350 millones de lempiras). Y para las mujeres pequeñas y medianas productoras del campo, NADA.

Este ridículo enfoque de género gubernamental, que justifica violencias, es reforzado por el Fondo Monetario Internacional al imponer la privatización de la seguridad social y del sistema hospitalario nacional, con un impacto brutal sobre las mujeres de Honduras.

Hoy en esta Plaza de la Desaparición Forzada abrazamos con solidaridad a las mujeres que sufren, como nosotras, las discriminaciones de un sistema inhumano que debemos cambiar.

Somos testigas vivas de aquella política de Estado que arrancó de nuestros hogares a hijas e hijos comprometidos con la construcción de una Honduras nueva, libre de los delincuentes disfrazados de cristianos, demócratas y republicanos.

De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
COFADEH

Tegucigalpa, M. D. C., 6 de marzo de 2015

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La Historia que Soy

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Fui el tallerista, durante tres módulos, de esta profunda experiencia de vida.
Alrededor de 60 mujeres de las colonias Nueva Suyapa y Villanueva (consideradas de alta incidencia de violencia) recibieron de mi parte -y gracias a la confianza del CPTRT- nociones sobre fotografía que condujeron a una larga sesión de auto-retrato y, luego, a la exposición. La técnica consistió en que ellas tomaran la cámara y dieran el encuadre que les gustara más de la compañera; una vez hecho el shot intervenía yo para editar y mejorarlo.
Durante los talleres en la sede de COMPARTIR, en la colonia Villanueva.
Recuerdo el nerviosismo y la alegría de cada una de ellas, muchas de las cuales nunca habían tenido una cámara en sus manos, pero ahora lo que más tengo presente es el orgullo que vi en sus rostros al mirar sus retratos en la sala de exposición del MUA (Mujeres en las Artes). La poeta Mayra Oyuela realizó, de manera paralela, el taller de poesía que logró crear la introspección necesaria que rompería toda timidez ante la cámara.
Doña Crucita, lista para realizar su primera fotografía.
El resultado es de consecuencias invaluables, estoy seguro de ello, sobretodo en estos momentos en el país donde se considera que todo ha sido socavado por la atrocidad.
La inaguración en el salón principal de MUA. El Doctor Juan Almendares, en primer plano, Director del CPTRT.
Ahora veo hacia la zona donde ellas habitan. Las veo en su vida diaria, puedo imaginarlas ya, enfrentando con la más pura valentía toda la avalancha del silencio. Todas sus historias en su rostro y al final, el rostro de ellas siempre estuvo formado en el mosaico de casas que se ven a  lo lejos, en los cerros de Tegucigalpa.
El siguiente es la sinopsis que realicé para la muestra:
La historia que soy, es la indagación a la alegría de ser mujer, a  la valentía de asumirlo en medio de un entorno que insiste en imponer el rostro anónimo. Dar la cara por sí mismas, dar la cara con la honestidad que da ser sobrevivientes del silencio. Esta muestra es el producto de tres talleres de fotografía básica y de poesía (adjuntos a los talleres de grafittis, derechos humanos y seguridad ciudadana para prevención de violencia doméstica) facilitado por el CPTRT (Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de la Tortura) en un proceso de auto-reconocimiento y de entendimiento de la imagen como registro inalterable, una serie de miradas y lenguajes íntimos que nos cuentan -en ese alfabeto de sutilezas tan propio del orgullo asumido-  el cómo la fuerza de este país sigue estando en la determinación cotidiana de la mujer.
Todas los retratos en el siguiente enlace:

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Más de 5,000 campesinos procesados judicialmente en Honduras

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más cinco mil campesinos procesados, de ellos  700 son mujeres campesinas en su mayoría  por el delito de usurpación de tierra y daños a la propiedad privada, denunciaron las organizaciones campesinas hondureñas.
Las organizaciones campesinas,  federaciones, confederaciones de mujeres y jóvenes miembros de la articulación campesina de honduras, (ARCAH-LVC), y representantes de la Plataforma Agraria Regional del Valle de Sula desarrollaron una conferencia de prensa en el marco del día del Campesino Nacional, para denunciar la ola de desalojos violentos que han realizado el ejército y la policía  en los últimos meses en el municipio Choloma Cortes y el departamento de la Paz.
Según el informe 11 trabajadores del campo guardan prisión y enfrentan condenas entre los 6 y 18 años de cárcel.
Los detenidos son: son Omar Mejía Gálea, Benancio  Palomo Chavarría, Edgardo Hernández detenidos el 10 de Enero 2014 y  miembro del  Grupo Buena Vista, la brea Comayagua,  Héctor David Gáleas López, Nery Antonio Gonzales, Ángel Arnaldo Martínez Márquez, Manuel Nicolás Domínguez,  José David Aguilar Gáleas, Jacinto Bardales detenidos el 11 de Octubre 2013, son miembros del  Grupo 18 de Abril la Pollera, Quilaperque, La Paz, Osmar Lara miembro del  Grupo Campesino Unidos para un Futuro Mejor, Márcala,  La Paz y José Isabel Morales (chabelo) detenido 4 de Agosto 2008 Movimiento CREM, Trujillo, Colon.
Desalojos violentos
El movimiento campesino a nivel nacional ha sido objeto en los últimos meses de represión,  desalojos violentos y detenciones ilegales por miembros de  la policía y el ejército, jueces y fiscales que se prestan para ejecutar desalojos violentos en contra de las familias campesinas que se encuentran en la tierra y favorecer a los terratenientes.
“Condenamos el desalojo que sufrieron esta madrugada los compañeros del grupo campesino Juan Almendares Bonilla, del sector de Planes, Santa María, La Paz, donde se destruyó sus casas y los cultivos de maíz, frijoles y café. Teniendo como resultado compañeros heridos y 15 detenidos entre ellos 9 varones 3 mujeres y 3 niños”, indicaron en un comunicado público.
“Este mismo día a las 3:00 de la mañana unos 200 miembros del ejército de la policía llegaron a la comunidad de Santa María en el departamento de Paz, y desalojaron violetamente a 30 familias miembros de la Empresa Asociativa Campesina Juan Almendares  que estaban posicionados en la tierra desde hace más de cuatro años”, añadieron.
En el desalojo destruyeron cultivos, casa en las que habitaban las familias y 15 personas detenidas quienes fueron trasladas a la jefatura de policía de la Paz.
Entre los detenidos se encontraban: a Máximo Carrios, Luis Beltrán Aguilar, José Antonio Vásquez,  Edi Benjamín Vásquez, Oscar Martínez, Esteban López, Héctor Emilio López Chicas, Arnold Cruz López Rodríguez. Y de inmediato salieron cinco compañeros con medidas sustitutivas;   María Emérita López, Martha Dalila Vásquez, Elvin López (14 años), Jairo Joel López Chicas (15 años) y Jennifer Areli Gáleas.
Finalmente las organizaciones campesinas a nivel nacional demandaron al gobierno de Juan Orlando Hernández el cese a los desalojos violentos, persecución y asesinato en contra de líderes y lideresas campesinas,  la aprobación de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, la libertad inmediata para los 16 compañeros campesinos presos en los centros penales de Tamara, Márcala y La Ceiba, Crédito agrícola para las/os  pequeños y medianos productores entre otros.
Crisis alimentaria en Honduras
Honduras atraviesa una fuerte crisis agraria y alimentaria debido a que el campo dejo de ser un sector importante para los Gobiernos, pues el sistema Neoliberal definió un plan de desarrollo encaminado a fortalecer la industria de agro exportación, el sistema financiero, la minería, el turismo, la maquila entre otras  la agricultura queda en el absoluto abandono.
La falta de voluntad política de los diferentes gobiernos ha provocado graves consecuencias que afectan la soberanía alimentaria de forma severa, al grado que se está importando frijoles etíopes, verduras, arroz y maíz los cuales años atrás eran cultivados por las y los pequeños productores del país, lamentaron diferentes líderes campesinos.
Otro factor que agrava la crisis en el país  es el Cambio Climático en el año 2014 los impactos fueron sufridos en la zona sur y otras regiones del país por más de 180 mil familias, que aún se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, porque fueron insuficientes las iniciativas del gobierno para fortalecer la resiliencia de la agricultura familiar ante la sequía, que incluyó bolsas solidarias, importación de frijoles Etíopes y capacitaciones para retención, almacenamiento y limpieza de agua para consumo humano.
En la actualidad el agro hondureño enfrenta una verdadera tragedia humana, la situación en el campo se ha venido agravando cada día por la ausencia de un verdadero marco jurídico el pasado 9 de abril fue presentada al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, pero este continua durmiendo en el sueño de los justos.
Mientras el Gobierno importa frijoles etíopes, el ejército y la policía destruyen grandes extensiones de milpa, frijoles, plátano, asimismo la quema y destrucción de las casas donde habitan las familias campesinas dejándolas a la intemperie, condenaron.

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Icefi rechaza sesgo proempresarial del “Plan para la Alianza por la Prosperidad”

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Icefi rechaza sesgo proempresarial del “Plan para la Alianza por la Prosperidad”
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó un análisis en el que ha manifestado que una alianza para la prosperidad sólo puede ser legítima y efectiva, si su formulación y ejecución ha observado procedimientos democráticos, transparentes e incluyentes.
Por ello, lamenta que los “Lineamientos del Plan para la alianza para la prosperidad del Triángulo Norte”, si bien reconocen la magnitud de los desafíos sociales y de desarrollo para Guatemala, El Salvador y Honduras, se preparó en consultas cerradas con los gobiernos y las organizaciones y asociaciones empresariales privadas de estos tres países.
Para Icefi este proceso opaco y excluyente le resta legitimidad a los avances hasta ahora de la Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte, en tanto evidencia un sesgo favorable a las agendas de los sectores privados empresariales, que de implementarse, advirtió, resultará perjudicial para los ya frágiles y débiles sistemas fiscales en el Triángulo Norte.
Este sesgo es notorio en las Líneas estratégicas de acción contenidas en los lineamientos del Plan para la Alianza y se considera particularmente preocupante, ya que plantea como prioridades la atracción de inversión privada y promoción de sectores económicos como el textil, agroindustrial, industria ligera (incluyendo la maquila), y el turismo, a través de privilegios y ventajas fiscales, así como de la reducción de costos de las empresas, especialmente en el subsector eléctrico.
La organización, lamentó que este sesgo quedara evidenciado durante el primer encuentro para el plan, realizado el 26 de febrero de 2015, en la ciudad hondureña de Tela, en la que la participación se limitó a organismos internacionales, gobiernos y empresarios, excluyendo a la sociedad civil organizada, academia, iglesias y, sobre todo, a las organizaciones de migrantes.
En contraste con esta agenda amplia y extensa de intereses empresariales, el Instituto señaló que en los referidos Lineamientos del plan no se proponen medidas para que en el Triángulo Norte se alcancen estándares para asegurar el acceso a trabajo decente, con remuneración justa, cobertura y prestaciones de seguridad social.
Con motivo de la visita a Centroamérica del vicepresidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden, Icefi  llamó a corregir el rumbo que hasta ahora ha tomado esta Alianza. Considera que es imperativo que el Plan y sus lineamientos se sometan al escrutinio y auditoría de todos los sectores de la sociedad, reconociendo la capacidad de aporte de la sociedad civil organizada y, dentro de ésta, los grupos de migrantes, quienes conocen mejor que nadie las causas que impulsan su salida de estos países.
Icefi instó también a la comunidad internacional y cooperantes a apoyar un proceso de socialización, consulta, revisión y validación del Plan y sus Lineamientos con la sociedad civil organizada. A los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, les instó a adoptar medidas concretas y verificables de transparencia y apertura para los procesos de validación, ejecución y evaluación del Plan.
Finalmente, Icefi  declaró que Guatemala, El Salvador y Honduras pueden y merecen ser países prósperos y democráticos. Sin embargo, para transformar la realidad actual y cambiar las tendencias, es imprescindible que estos Estados centroamericanos logren acordar una agenda para el desarrollo y la consolidación democrática, que atienda esfuerzos para el crecimiento económico sostenible, la construcción de la igualdad y una mayor efectividad del sector público.
En el documento en el que el Icefi fijó su posición ante el Plan de la alianza para la prosperidad, planteó un conjunto de medidas y recomendaciones, que incluyen la necesidad de que el financiamiento del plan observe principios de justicia fiscal y que su ejecución sea transparente, sujeta a procesos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas. A criterio del Instituto, solo así se lograría reencauzar la Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte en la senda de la legitimidad y la efectividad.

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Comunicadores de Puerto Cortés denuncian campaña de desprestigio

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Comunicadores de Puerto Cortés denuncian campaña de desprestigio
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Ante la falta de una Ley de Publicidad que regule los conflictos y evite que éste sea un mecanismo para controlar comunicadores, se suscitan problemas como el reportado por comunicadores sociales del municipio de Puerto Cortés, en Cortés, en la Costa Norte del país. Los comunicadores Rigoberto Sagastume y Miguel Castillo Paz revelaron el 3 de marzo, al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), una campaña de desprestigio en su contra por parte de propietarios de medios de comunicación.
Por un lado, Sagastume relató que la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y la Fiscalía recibieron una denuncia de amenazas a muerte por la supuesta agresión que recibió del gerente administrativo de la empresa Multicable, Manuel Galdámez. Esta denuncia fue registrada con número 222 -2015, informó Sagastume. “Le dije a la policía que si algo a mí me llega a suceder, ya mi familia sabe a quién van a ir a interponer la denuncia y a quién van a ir a traer”.
La cuestión es que yo transmitía el programa Meridiano Informativo, hace un año;  hubo un contrato oral, pero dos semanas después de haber empezado el segundo mes de contrato, “en mi horario (de 12:00 a 1:00 p.m.), pusieron el programa La Central de Noticias”, con otras personas y ahora quieren que se les pague un mes aunque ellos incumplieron. Sagastume –que también es corresponsal de la radio HRN- relató las supuestas agresiones que recibió de Galdámez. “El fin de semana empezó a gritarme, dio la vuelta queriendo agredirme.
Recibí un puñetazo de él en la cara, me rompió la cara, me dijo que las cosas no terminaban ahí. Le dije que no ando buscando problemas”. “Aquí no termina todo ya vas a ver lo que te va a pasar, me dijo”. Sagastume indicó que Galdámez le ha exigido el pago de cuatro mil lempiras. Agregó que  está pensando en abandonar el país porque Galdámez lo ha desprestigiado en todos los medios donde va a buscar trabajo y tiene temor por su vida.
Este señor también tiene problemas con el periodista Miguel Castillo Paz y con la viuda del corresponsal de HRN, Rodolfo Murillo Santos, que falleció atropellado en agosto de 2014 y cuyo caso quedó en la impunidad, mencionó Sagastume.
Otro comunicador 
En una entrevista, hecha por vía telefónica, el periodista Castillo Paz constató que también fue desprestigiado por el señor Galdámez, debido a un conflicto que hubo con una venta de publicidad, “me han sacado con un cintillo en la televisión, poniendo hasta alias y los alias sólo son para los delincuentes”. Ante esto, anunció que promoverá una demanda judicial porque se siente agraviado.
“Trabajo con el periodista Jairo Aguilar Leiva en el noticiero Central de Noticias, edición meridiana Canal 12, Nitro Puerto Visión Multicable. Tengo cinco patrocinadores que conseguí para el canal, el 50 por ciento de la publicidad es mía, pero el 30 de diciembre, cuando hice varios cobros, me dijeron que no me correspondía ningún centavo porque ya no trabajaba para el Canal, incluso, se quedaron con un cheque sin endosar y falsificaron mi firma y pusieron un número de cédula de uno de ellos”.
“Elena Chávez Hernández y Manuel Galdámez son socios de canal 12 de Multicable y como les dije que eran sinvergüenzas, se enojaron y sacaron un cintillo en la televisión que decía: ‘El señor Miguel Castillo Paz (alias Mitchel) ya no trabaja para la empresa’, hasta la fecha me deben L.11,800 porque todavía hay dos patrocinadores activos”, denunció Paz Castillo.
Mencionó que lo mismo está pasando con la viuda de Murillo Santos, quien tenía el noticiero Punto Crítico en Canal 12 de Multicable y porque debía dos meses, “de un día para otro le quitaron el noticiero y ella tiene tres niños de pan en mano”.
“Lo mismo sucede con el periodista Rigoberto Sagastume que, por una deuda, hace un tiempo atrás lo estuvieron sacando en otro comunicado y de ahí se deriva la agresión de la cual fue objeto”, es decir, las amenazas denunciadas, sostuvo.
Paz Castillo agregó que también enfrenta un problema similar en otro medio de comunicación, en el Canal 35, cuyo dueño es el regidor de la Municipalidad de Puerto Cortés, Juan Brocato. “Le debo un dinero y desde el año pasado tiene un comunicado con mi foto el cual se mira en cinco compañías de cable diferentes. He buscado la ley y solo les menciono el nombre de los dueños de los medios y dicen que la ley no puede ayudarme, incluso, fui a la Fiscalía del Consumidor en San Pedro Sula y no me pudieron ayudar”.
La versión de Galdámez 
Por su parte, Galdámez explicó que “hay un grupito de personas aquí en el Puerto que se dedican a andar pidiendo espacios en los medios y finalmente no pagan”. Sostuvo que el señor Sagastume solicitó un espacio, a inicios de marzo de 2014, por un valor de cinco mil lempiras mensuales, pagó bien el primer mes, pero cuando llegó la Semana Santa hizo efectivos todos los cobros de publicidad y demás, pero le incumplió a la empresa esto ocasionó problemas al canal.
Se le notificó que si al 30 de mayo no estaba al día, se le iba  a suspender y la nueva programación entró en junio. “La empresa decidió separarlo por el tema de la deuda y ya pasó un año, se retiró con la promesa de pago y a un año no ha ocurrido, al señor se le ha cobrado de todas las maneras habidas y por haber, en pláticas, preguntándole cuándo, de forma privada y forma pública y el señor finalmente dijo que no iba a pagar nada”.
A juicio de Galdámez, el periodista lo amenazó con bajarlo del carro y golpearlo cuando le volviera a cobrar.  Multicable es la misma empresa donde tenía su programa Joel Coca, un periodista que tuvo que salir del país, amedrentado por atentados en su contra aún sin esclarecer. En julio de 2013, C-Libre emitió dos alertas a favor del periodista Coca, por agresiones en su contra.

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Posponen audiencia de fijación de pena concreta de Gladys Lanza

Escrito por Wendy Funes | Marzo 6 del 2015

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- “Cada una de ustedes tiene mi espíritu y yo tengo el de ustedes y nadie es capaz de vencernos”, dijo la calida tarde del viernes 6 de marzo, la coordinadora del Movimiento de Mujeres por La Paz “Visitación Padilla”, Gladys Lanza.
Mujeres de diferentes ciudades del país se congregaron desde tempranas horas del viernes frente al complejo comercial Plaza Miraflores.
De ahí partieron en una manifestación pacífica hacia la Corte Suprema de Justicia para exigir al Poder Judicial que haga justicia con la defensora de derechos de la mujer cuya pena concreta por injurias y difamación se conocería la tarde de este viernes.
Sin embargo, la audiencia judicial para dar a conocer la pena concreta fue suspendida porque el Tribunal de Sentencia aún no termina de redactar el acta del juicio oral y público, según la versión oficial. La audiencia fue reprogramada para el 20 de marzo a la 1:30 de la tarde.
En la caminata y protesta hubo diputados del partido Libertad y Refundación (Libre). El legislador Wil Paz indicó que hay tres mil quinientos campesinos acusados penalmente por luchar por tener acceso a la tierra y 750 mujeres, por la misma causa.
Asimismo, hay por lo menos 350 activistas de derechos humanos, perseguidos por difamación, sedición y otros tipo de intimidación judicial.
Por su parte, Gladys Lanza afirmó que desconoce el porqué de tantas audiencias pospuestas, pero que esta decisión traerá repercusiones internacionales para Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha consultado qué pasó.
La defensora de Lanza, Gloria García, explicó que el apoderado de la parte acusadora solicitó dos años de cárcel, dejó a criterio de los juzgadores la inhabilitación de Lanza como defensora de derechos de la mujer y solicitaron que sea condenada en costas del juicio.
Un equipo de abogados está analizando la casación y se espera la entrega del acta para definir la estrategia legal, explicó.
En el Tribunal de Sentencia, los operadores judiciales indicaron que están trabajando y el caso tiene varios folios por eso aún no terminan de redactar. El abogado acusador, Jair López, no estaba en el recinto judicial.
Mientras tanto, las mujeres gritaban consignas como “las mujeres unidas jámas serán vencidas”, además portaban pancartas para condenar la intimidación judicial y la criminalización de defensores de derechos humanos.

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Japón dona L.16 millones para proyectos educativos y de salud

Con este acuerdo, se beneficiará a dos mil estudiantes y pobladores de 20 comunidades del país, en El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz y Valle.

El gobierno de Honduras firmó un convenio con Japón, el cual consiste en donación para la inversión de 16 millones de lempiras, fondos que serán destinados en proyectos de educación y salud para comunidades de cinco departamentos del país.

Con este acuerdo, se beneficiará a dos mil estudiantes y pobladores de 20 comunidades del país, en El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz y Valle.

El tercer contrato entre el Gobierno del Japón y el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, beneficiará tres escuelas y una población estudiantil de 351 menores.

Mientras en Amapala, Valle, 1,957,746 lempiras serán destinados a dos centros educativos; en Langue, centros educativos oficiales recibirán 2,094,057 lempiras.

De igual manera, con la Cruz Roja Hondureña se firmó el acuerdo de donación para el “Proyecto de Fortalecimiento Hospitalario para el Servicio Comunitario”, y el monto total de la donación es de 1,477,266 lempiras.

Esto permitirá el traslado de más de mil 500 pacientes que utilizan el servicio de ambulancias en los municipalidad de Otoro, Intibucá y Talanga en Francisco Morazán.

Un séptimo acuerdo designa 1,759,212 lempiras al centro de salud del municipio de Texiguat, Valle.

Además, el Centro de Capacitación para Mujeres de la Asociación Hondureña para la Educación (Arpe) en Zambrano, Distrito Central de Honduras, recibirá 1,239,735 lempiras para instrucción de féminas.

Finalmente, el noveno convenio promueve en el Municipio de Santa María, La Paz, el “Proyecto de Educación Integral en Primera Infancia y Educación Básica, Santa María”, su monto total asciende a 2,088,702 lempiras, con lo cual se favorecerá a los más de 280 estudiantes.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/jap%C3%B3n-dona-l16-millones-para-proyectos-educativos-y-de-salud-0

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Depto. de Justicia de EE.UU. revela cómo Mario Zelaya saqueó al Instituto Hondureño de Seguridad Social

EL LIBERTADOR encontró esta información en la página oficial del Departamento de Justicia de EE.UU.; amigo lector puede ver aquí el expediente detallado en inglés de cómo actuaron personas, bancos hondureños y extranjeros, empresas creadas para “lavar” los fondos robados al IHSS, etc.: http://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-seeks-recovery-approximately-1528000-bribes-paid-honduran-official

La historia del frio robo al IHSS consta en la petición que el Departamento de Justicia de EE.UU presentó en una corte del Estado de Louisiana para incautar nueve propiedades adquiridas por Mario Zelaya y su grupo de colaboradores que suman más de dos millones de dólares; todo indica que este dinero lo perderá el IHSS, porque los bienes incautados pasarán a propiedad del gobierno de EEUU. Zelaya y su familia, “la chilena”, “la palillona”, etc. son apenas la punta del “iceberg” en la quiebra del Seguro Social de Honduras.

Edición Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La información precisa que ha colocado en su página oficial el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aporta nuevos elementos a la historia fría y calculada de cómo se saquearon los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que ha costado vidas humanas y burla social por la potencial impunidad que hasta ahora se perfila en el tibio juicio contra Mario Zelaya.

El exdirector del IHSS, Mario Zelaya, pensó que nadie lo descubriría escondiendo 2.08 millones de dólares (más de 43 millones de lempiras), parte de los “pagos” que recibió como sobornos, en casas, empresas, terrenos y otros activos en Estados Unidos. Hoy, aun con toda la conducta flemática del Ministerio Público y, en general, del Poder Judicial de Honduras, todo va quedando claro con los nuevos aportes de la justicia estadounidense.

EL LIBERTADOR accedió a la página oficial del Departamento de Justicia de EE.UU. que en esta dirección http://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-seeks-recovery-approxim… detalla los pormenores del papel que jugaron bancos hondureños y extranjeros con las transferencias electrónicas, contenido de llamadas telefónicas, cómo se crearon empresas de fachadas de bienes raíces para hacer las compras de edificios, casas, empresas y terrenos en Estados Unidos.

La trama consta en la demanda que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en una corte del estado de Louisiana para incautar nueve propiedades adquiridas con las dádivas entregadas a Mario Zelaya y a sus socios.

Zelaya recibió sobornos por 2 millones 80 mil dólares de parte de la Compañía de Servicios Múltiples S. de R.L. de C.V. (Cosem), esto con el fin de agilizar pagos por un contrato de 19 millones de dólares pactado en 2010 para digitalizar la base de datos del IHSS. Del monto global del soborno se utilizaron 1.5 millones de dólares para la adquisición de nueve propiedades que mediante la demanda civil de confiscación se pretenden incautar.

La demanda, que se sustentó con información compartida entre Estados Unidos y la Fiscalía hondureña, establece que en 2011 el IHSS entró en una crisis financiera que generó la suspensión de pagos a diversos contratistas, incluyendo a Cosem, por lo que esta compañía se volvió incapaz de pagar los salarios de sus 900 empleados.

Entre septiembre y octubre de 2011, los socios de Cosem, Óscar Laínez y Jorge Daniel Herrera se contactaron con Mario Zelaya “en un esfuerzo para resolver la situación” del impago, según la demanda. Esa fue la oportunidad que Zelaya vio para obtener dinero fácil y “aconsejó” a Óscar Laínez y Daniel Herrera que para reanudar los pagos puntuales a Cosem estos “tendrían que pagarle a él un soborno de aproximadamente dos millones de dólares”, cita el escrito de la demanda. En la misma reunión, Zelaya le planteó a Óscar Laínez y Daniel Herrera que él solo no podía gestionar los pagos a Cosem y que, para honrar el contrato, necesitaría de la “asistencia” del exministro del Trabajo, Carlos Montes y el exviceministro de Salud, Javier Pastor, quienes integraban la junta directiva del IHSS.

“Mario Zelaya declaró que Pastor y Montes eran miembros claves en la directiva del IHSS que podría influir en la junta directiva (para que se aprobaran los pagos) y que también deben de recibir sobornos”, cita el documento.

“Mario Zelaya aconseja a Óscar Laínez en cuanto a las cantidades de soborno que se le debían de dar a él, Pastor y Montes. Mario Zelaya pidió 2.08 millones de dólares; (adicionalmente) Pastor recibiría 250 mil dólares y Montes recibiría 150 mil dólares”, señala la demanda.

Luego, siempre entre septiembre y octubre de 2011, se produce un segundo encuentro en el que Mario Zelaya lleva a Javier Pastor y Carlos Montes para que dialoguen con Óscar Laínez y Daniel Herrera a fin de afinar detalles del soborno. En esa junta, Mario Zelaya le dice a Óscar Laínez que “pueden hablar libremente sobre la confabulación de los sobornos con Pastor y Montes”, indica el documento del Departamento de Justicia de EEUU.

El escrito revela que posterior a las dos sesiones anteriores, se realizaron en octubre de 2011 “una serie de reuniones” más entre estas cuatro personas, que por lo general se realizaban en las oficinas de Cosem en la colonia El Trapiche, ubicada en la capital hondureña.

En una de esas reuniones, ya definida las cantidades del soborno, Mario Zelaya le pide a Daniel Herrera que transfiera los 2.08 millones de dólares a Estados Unidos porque con ese dinero compraría propiedades en ese país.

Pretendiendo esconder los pagos ilícitos, Cosem utilizó dos de sus filiales para hacer las transferencias a los exfuncionarios: CA Technologies S. de R.L. en Honduras y CA Technologies Inc., fundada en Panamá.

“Óscar Laínez y Jorge Daniel Herrera utilizan CA Technologies (S. de R.L.) en lugar de Cosem para trasladar los fondos, porque no querían que Cosem figurara involucrada en el proceso del soborno, ya que era parte de un contrato con el IHSS.

Además, no podía justificar los pagos en los libros de Cosem”, dice textualmente el documento. Entre el 21 de octubre de 2011 y el 2 de octubre de 2013, Óscar Laínez y Daniel Herrera hacen cinco transferencias electrónicas y dos “extrañas transacciones” que suman 235 mil dólares a favor de Javier Pastor.

En estos pagos están incluidas transferencias a una empresa llamada Mariscos Hybur, propiedad de la familia de Pastor, cita la demanda. Mientras, con instrucciones de Óscar Laínez y Daniel Herrera, la empresa CA Technologies S. de R.L. paga a Carlos Montes, incluyendo a algunos “terceros”, 150 mil dólares. Estos pagos se hicieron entre el 21 de octubre de 2011 y el 27 de diciembre de 2011.

En “obsequios” a los Zelaya, la empresa CA Technologies S. de R.L. y CA Technologies Inc. les entregó varias cantidades, el soborno de 2.08 millones de dólares fue entre el 27 de diciembre de 2011 y noviembre de 2012.

En la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos se menciona que Mario Zelaya y su hermano, Carlos Zelaya, usaron dos compañías en EE.UU., denominadas “Empresa A” y “Empresa B”, donde fueron enviados los sobornos.

De los 2.08 millones de dólares pagados a Zelaya, un total de 1.08 millones se entregaron a través de cuatro transferencias ejecutadas desde Panamá por CA Technologies Inc. mediante el Multibank Panamá hacia una cuenta en el Resource Bank Covington a nombre de “compañía A”, situada en Mandeville, Louisiana. Las transferencias desde Honduras a Estados Unidos se hicieron mediante los bancos Ficohsa y Lafise.

La primera de estas cuatro transferencias fue efectuada el 4 de septiembre de 2012 por un valor de 250 mil dólares y una segunda el 11 de septiembre de 2012 por otros 250 mil dólares. En tanto, el 29 de octubre de 2012 se concretó el tercer envío por 250 mil dólares y el 23 de noviembre el último por 330 mil dólares que completaron 1.08 millón de dólares (casi 23 millones de lempiras).

El calendario de pagos de sobornos tuvo sus retrasos, pero Mario Zelaya se encargó de solventar los impasses.

Un representante de la “Empresa A”, indica el informe, hizo una llamada telefónica a Carlos Zelaya para informar que esa compañía no había podido comprar cinco bienes para Mario Zelaya porque “no había recibido fondos suficientes para adquirirlos”.

Carlos Zelaya procedió a llamar a Mario Zelaya y lo incorporó a la conversación en conferencia y ambos hermanos comenzaron a dialogar en español, idioma que no entendía el representante de la “Empresa A”.

“Durante la misma llamada, Mario Zelaya instruyó a Carlos Zelaya, en español, para decir que la ‘Empresa A’ recibiría próximamente los fondos adicionales (soborno)” y luego “Carlos Zelaya la transmitió la misma información al representante de la ‘Empresa A’ en inglés”.

Una vez solventado el inconveniente y habiendo recibido los 1.08 millones de dólares como primera parte del soborno, el 30 de octubre de 2012, Mario Zelaya, por medio de la empresa CyM Wholesalers, fundada por su hermano Carlos Zelaya y de la cual posteriormente se hace socio, gasta 600 mil dólares del soborno para la compra de cinco propiedades en Nueva Orleans, Louisiana.

“Mario Zelaya fue identificado como el comprador en cada acuerdo”, según la demanda. No obstante, Mario Zelaya pone esos bienes comprados a nombre de su hermano, Carlos Zelaya, a fin de despistar.

“El cambio de nombre de comprador se hizo con el fin de ocultar la naturaleza del origen, la ubicación de la propiedad, el control de los ingresos del dinero de los sobornos pagados por Cosem a beneficio de Mario Zelaya”, dice la demanda. Posteriormente, Mario Zelaya compró “de los fondos restantes de la ‘compañía A’” una quinta propiedad por 480 mil dólares, siempre en Louisiana.

“Compañía B” Mario Zelaya también cerró tratos con la propietaria de Inversiones Novaterra, Gabriela Laínez Reina, hermana de Óscar Laínez, para pedirle sobornos e ideó una estrategia para llevar a cabo su plan.

Zelaya estableció contacto con Gabriela Laínez en diciembre de 2011 y le dijo que necesitaba le diera dinero porque quería comprar una propiedad en Nueva Orleans.

El plan consistió en que CA Technologies S. de R.L., de Honduras, transfirió 275 mil dólares a Novaterra y esta a su vez depositó el dinero en un banco hondureño. Posteriormente, el banco nacional hizo la transferencia de los 275 mil dólares a la “compañía B” en Louisiana.

Ese pago se efectuó con dos transacciones, una por 180 mil dólares el 27 de diciembre de 2011 y la segunda por 95 mil dólares el 4 de junio de 2012. De la misma manera, Mario Zelaya recibió otros 297,671 dólares entre el 28 de diciembre de 2011 y el 29 de junio de 2012, en tres transacciones.

Con estas nuevas “donaciones”, Mario Zelaya adquirió, entre el 6 de febrero de 2012 y el 6 junio de 2012, tres propiedades valoradas en 448 mil dólares en Louisiana y así completó los nueve bienes sobre los que hay demanda de incautación.

Estados Unidos emitió una orden de restricción sobre 25 bienes por suponerse que fueron comprados por Mario Zelaya con dinero de la malversación de recursos del IHSS.

Gabriela Laínez se encuentra bajo arresto en Panamá, en donde enfrenta un juicio de extradición solicitado por el Ministerio Público de Honduras; esta acusada por lavado de activos, ya que se supone que por medio de Novaterra y otras empresas compró bienes con dinero malversado del IHSS.

Por este caso, Mario Zelaya, Carlos Montes y Javier Pastor fueron acusados por la Unidad de Apoyo Fiscal por cohecho impropio y lavado de activos, y se les dictó auto de formal procesamiento; en la actualidad guardan prisión preventiva en el Primero Batallón de Infantería, ubicado en la capital hondureña.

Mario Zelaya además está acusado por otros tres delitos relacionados con el pago de 280 millones a “empresas de maletín”, el refuerzo irregular de la deuda de 1,100 millones de lempiras del régimen de Enfermedad y Maternidad al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte del IHSS y compra incorrecta de boletos de avión y ambulancias.

Esta información se halla la página oficial del Departamento de Justicia de EE.UU.; lector, Usted puede ver el expediente íntegro en esta dirección: http://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-seeks-recovery-approxim…

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/depto-de-justicia-de-eeuu-revela-c%C3%B3mo-mario-zelaya-saque%C3%B3-al-instituto-hondure%C3%B1o-de-segurida

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Arrestan a dos implicados a casos de corrupción del IP

Arrestan a dos implicados a casos de corrupción del IP

Las autoridades del Ministerio Público lograron este viernes que un juez emitiera las dos primeras órdenes de captura en contra de igual números de funcionarios vinculados a los actos de corrupción en el Instituto de la Propiedad en Honduras.

Los sospechosos son José Reynaldo Andino y Efraín Adalberto Lujan, quienes fueron capturados en las últimas horas en diferentes puntos.

Según la orden de arresto, ambos están acusados por los delitos de Abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, uso de documentos falsificados y usurpación de funciones.

Es importante señalar que uno de los encausados es un notario público y el otro un registrador, quienes fueron arrestados por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y serán trasladados a los Juzgados Unificados de Francisco Morazán.

Así lo informó el coordinador de la fiscalía especial para la transparencia y el combate a la corrupción, Ricardo Matute.

Es importante señalar que a ellos se les vinculan a varias irregularidades que se cometieron en ese institución, en casos que vienen siendo investigados desde hace varios años y que corresponden a las oficinas de Tegucigalpa.

Recientemente las autoridades del gobierno también revelaron la infiltración de redes del crimen organizado en las oficinas del Registro de la Propiedad en La Ceiba.

El Ministerio Público (MP), detalló que de 2,712 irregularidades encontradas en esa institución, durante una intervención, al menos 466 son inconsistencias constitutivas de delitos.

Entre las irregularidades encontradas se mencionan la falta de coordinación entre los empleados, facilidad para manipular y sustraer escrituras públicas, y el imperante desorden “provocado” por empleados coludidos con redes de delincuentes organizados para facilitar el lavado de activos.

El presidente del consejo directivo del IP, Ebal díaz, detalló que las inspecciones iniciaron en julio del 2014, fecha desde la cual se han encontrado registros adulterados, documentos sin registros o dobles asentamientos.

Díaz, denunció el pasado 25 de febrero que el crimen organizado  estaba ligado a los hechos ilícitos.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2015/03/06/arrestan-a-dos-implicados-a-casos-de-corrupcion-del-ip-en-la-ceiba/

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Periodistas hondureños criminalizados por director del Instituto de la Propiedad

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Periodistas hondureños criminalizados por director del Instituto de la Propiedad
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (IP) de Honduras, Ebal Díaz, criminalizó a la prensa nacional. “Quiero decir que muchos periodistas se prestan a eso, empiezan a sacar notas en contra  para  generar un ambiente de protestas o un ambiente de presión”, dijo Díaz el 3 de marzo pasado, como invitado al Foro Canal 10, de Televisión Educativa Nacional (TEN).
El funcionario sostuvo que redes criminales empoderadas del IP lo presionan y lo amenazan con utilizar comunicadores para tergiversar los hechos. Consultados por C-Libre, periodistas hondureños de radio, televisión y prensa escrita solicitaron al servidor público dar los nombres de los comunicadores que supuestamente lo presionan y que denuncie en la instancia correspondiente para evitar, llevarse de encuentro a todo un gremio.
Al respecto, Geovanny Domínguez, jefe de redacción de Diario Tiempo en Tegucigalpa, objetó que quien intimida a Díaz, utiliza los medios sin contar con respaldo mediático, “aunque tampoco voy a desconocer que en el gremio periodístico hay algunas acciones o grupos que representan ciertos intereses”.
“En lo que corresponde al periódico que dirijo tengo que interpretar la realidad y observar los fenómenos sociales para trasladar lo que ocurre en instituciones como esa, al público”, dijo. Domínguez agregó que el funcionario está en todo el derecho de denunciar, pero lo correcto es que identifique a comunicadores o medios de comunicación que están participando en esa red criminal que lo extorsiona.
“A todo el sistema de medios nos pone en el mismo saco, no desconozco que haya participación de ciertos periodistas, puede suceder que periodistas estén aliados con el crimen organizado, sí sucede, pero hay que identificarlos, porque al ponernos a todos, desprestigia al gremio”.
Entre tanto, el director de Cholusat Sur, Esdras Amado López, fue del criterio que todos los desaciertos de este gobierno se los quiere atribuir a la prensa, “todas las chanchadas (suciedades) que ocurren en el IP son asuntos de gobierno, no tenemos nada que ver, es una maniobra más del gobierno”.
Agregó que este gobierno ha venido culpando a los periodistas, por todos sus desaciertos, diciendo que los comunicadores solo informan acciones contra el gobierno, lo que no es cierto. “Yo lamento y condeno la actitud de este gobierno. Es una política de Estado contra los periodistas, se evidencia que somos vulnerables”.
“La vez pasada, Juan Orlando dijo que los diputados estaban vinculados al narcotráfico porque no votaban por la Policía Militar, “nos culpan por una institución pública que no administramos, no tenemos nada que ver con ellos, condeno esta política de Estado”, finalizó. Por su lado, Mauricio Ortega, coordinador de noticiarios de Radio América, también es del criterio que el funcionario debe dar nombres de periodistas y medios, porque si bien es cierto hay intereses, no todos están en la misma condición.
A veces el funcionario no tiene tanto temor a mencionar a periodistas porque “somos indefensos, somos fácilmente víctimas por el sistema, pero que diga qué grupos están detrás de esos periodistas, porque la mayoría de grupos económicos tienen periodistas y medios, que desnude esos grupos porque, por lo común, ponen al periodista como carne de cañón”.
No dudamos que hay casos de periodistas que se prestan, pero es tiempo de delatar a quienes los manejan o quienes están detrás de ellos, concluyó Ortega. A juicio de C-Libre, este hecho es reiterativo porque desde la presidencia de la República también se ha emitido mensajes para criminalizar los enfoques periodísticos./Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre). 

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El descenso a los infiernos continúa para los medios de comunicación hondureños

Publicado el Viernes 6 de marzo de 2015.

Cinco años después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la situación de la libertad de información sigue degradándose en Honduras. El país se encuentra entre los más peligrosos del continente para los periodistas. Reporteros sin Fronteras (RSF) examina la situación tras un inicio de año particularmente preocupante para los actores de la información.

Los actores de la información hondureños siguen trabajando en un clima muy hostil. Los periodistas y los medios de comunicación son víctimas de amenazas, hostigamiento judicial, agresiones y asesinatos. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), de los 51 asesinatos de periodistas que la organización ha registrado desde 2003 en el país, 96% sigue impune. Quienes investigan temas sobre la inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, el crimen organizado y su infiltración en las instituciones públicas corren el riesgo de sufrir represalias.

La impunidad es aún más preocupante dada la hostilidad de las autoridades –incluidas las de más alto nivel– frente a los medios de comunicación. Lejos de garantizar la seguridad física de los periodistas, éstas intentan minimizar la gravedad de la situación, sobre todo negando que los crímenes estén relacionados con la profesión de las víctimas. Tras el asesinato de Erick Arriaga, periodista de Radio Globo, ocurrido el 23 de febrero pasado, las autoridades sugirieron que la víctima estaba vinculada con bandas criminales.

“Reporteros sin Fronteras denuncia la actitud inaceptable de las autoridades frente a los periodistas en el país”, señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de nuestra organización. “Éstas no sólo permanecen pasivas ante la violencia no resolviendo casi ninguno de los crímenes cometidos contra el gremio, sino que amenazan el trabajo de los periodistas en cotidiano. Los periodistas críticos del gobierno deben hacer frente a las limitaciones en el acceso a la información pública, a procesos legales indebidos y a amenazas de los representantes del Estado. ¿Cuándo dejará el gobierno de amordazar la información y asumirá su rol de garante de los derechos?, ¿cuándo ofrecerá realmente seguridad al gremio? Ante la falta de protección y de justicia, ¿un periodista hondureño debe vivir con miedo, entre violencia y represión, o debe censurarse?”

Ensañamiento con los medios de comunicación de oposición

Las autoridades muestran una voluntad clara de controlar la información y de amordazar a las voces críticas. Los más afectados son los medios de comunicación comunitarios y los de oposición, como Radio Globo o Canal 36. Se les limita el acceso a la información pública y padecen un encarnizamiento judicial disuasivo, así como numerosas amenazas.

La acreditación de periodistas críticos de la política gubernamental para cubrir instituciones públicas o actos de interés general se ha vuelto problemática en el país. Al director de Radio Globo, David Romero Ellner, y a su colega Rony Martínez, se les negó el acceso a una reunión de los presidentes de Honduras, Salvador y Guatemala, que se llevó a cabo el 26 de febrero pasado. También la cobertura del Congreso es cada vez más restringida. Al parecer el periodista de Globo Noticias Honduras Meridiano, César Silva, y la corresponsal de Reporteros sin Fronteras, Dina Meza, entre otros, son persona non grata. El 9 de diciembre de 2014 RSF envió una carta al presidente del Congreso para resolver este problema, pero las autoridades no respondieron a la misiva. El Estado hondureño no cumple con la Declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recuerda que: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho”.

Los medios de comunicación de oposición siguen padeciendo un acoso judicial indebido muy disuasivo. Así, las autoridades hondureñas se negaron a aplicar las medidas cautelares que la CIDH otorgó al periodista de TV Globo Julio Ernesto Alvarado el 5 de noviembre pasado. En diciembre de 2013 se había prohibido al periodista ejercer cualquier actividad relacionada con la difusión de información durante 16 meses tras un proceso por difamación –se le acusó de haber difamado a una exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por permitir una denuncia contra ella.

Reporteros sin Fronteras reitera su inquietud por la actitud hostil de representantes del Estado frente a los medios de comunicación críticos. El 26 de enero pasado el jefe de la seguridad especial del presidente del parlamento, Mauricio Oliva, amenazó al periodista Cesar Silva diciéndole que terminaría un “lanzado en una zanja”; éste también sufrió las intimidaciones de un miembro de la Guardia de Honor Presidencial de las Fuerzas Armadas. El 30 de enero pasado Marvin Ponce, asesor del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, insultó y golpeó en la cara al periodista David Romero Ellner en la cabina de Radio Globo, tras haberlo amenazado de muerte por teléfono. La víspera, el periodista había sido seguido por el director de la policía, Héctor Iván Mejía Velásquez.

Las radios comunitarias, como Radio Coco Dulce y La Voz de Zacate Grande, siguen siendo muy vulnerables a los ataques, teniendo en cuenta la legislación de radiodifusión y telecomunicaciones en vigor. Honduras está lejos de asignar 33% de las frecuencias a los medios de comunicación comunitarios, como lo recomiendan la CIDH y Reporteros sin Fronteras. El 22 de enero pasado la policía intentó allanar la radio comunitaria La Voz de Puca, en La Asomada (departamento de Lempira). El año pasado, en uno de sus programas de radio se había criticado a la pareja presidencial.

Honduras se encuentra en el lugar 132, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.

Fuente: http://es.rsf.org/honduras-el-descenso-a-los-infiernos-06-03-2015,47657.html

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