Llega a Corte IDH primer caso vinculado a golpe de Estado en Honduras

Ene 30, 2015

Será el próximo 2 y 3 de febrero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá una audiencia pública sobre el caso Guillermo López Lone y otros vs. Honduras, el cual se refiere a los despidos ilegales y arbitrarios de tres jueces y una magistrada en el marco del golpe de Estado en Honduras en el año 2009.

Este es el primer caso conocido por la Corte IDH vinculado con el golpe de Estado de 2009, por lo que el mismo constituye una oportunidad  trascendental para que el Estado de Honduras tome medidas que fortalezcan la institucionalidad del Poder Judicial y aseguren que la ciudadanía cuenten con jueces y juezas independientes.

Las víctimas directas de esta decisión del poder judicial fueron la magistrada de la Corte de Apelaciones en San Pedro Sula, Tirza Flores, los jueces de sentencia Guillermo López Lone y Ramón Enrique Barrios, y el juez de violencia doméstica Luís Chévez de la Rocha.

Para el doctor en derechos humanos, el abogado Joaquín Mejía, es un juicio histórico porque representa el primer caso que la Corte conocerá sobre el golpe de Estado y analizará la independencia judicial que es uno de los elementos más importantes que definen a un Estado de derecho.

Antecedentes

La Asociación de Jueces por la Democracia y el Centro por la Justicia Internacional (Cejil) presentó el caso inicialmente en julio del año 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se analizara no sólo los despidos ilegales y arbitrarios de las víctimas efectuadas por la Corte Suprema de Justicia hondureña, sino también las graves deficiencias que menoscaban la independencia judicial.

“Como consecuencia del golpe de Estado, un grupo de jueces y ciudadanos decidimos tomar acciones para la restauración del orden constitucional, interponiendo denuncias en el Ministerio Público que buscaban la repatriación del ex presidente Zelaya”, dijo Tirza Flores, en entrevista con Radio Progreso.

Según la ex magistrada desde que comenzó la persecución y hostigamiento en el poder judicial,  como Asociación de Jueces realizaron una estrategia de defensa, pero en Honduras no se le garantizó ese derecho. Agotaron todas las instancias nacionales y el 5 de julio de 2010 enviaron expediente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Proceso que ahora está en manos de la Corte IDH.

-En el 2010, CEJIL y AJD presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se declare la responsabilidad del Estado de Honduras por los hechos antes citados.

-En marzo del 2011 la CIDH decidió admitir la petición presentada en contra del Estado de Honduras. En marzo de 2012 hubo otra audiencia ante la CIDH para analizar el fondo del caso.

 

-El 17 de marzo del 2014 ante el incumplimiento del Estado de Honduras a las recomendaciones dadas por la CIDH, este órgano sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ver comunicado de la CIDH.

La audiencia se realizará los primeros dos días de febrero en San José, Costa Rica sede la Corte IDH, y se espera que teniendo en cuenta la celeridad que ha caracterizado el caso desde que fue presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es posible que la sentencia se conozca en el primer semestre de este 2015.

“Creo que a nivel personal para los jueces y magistrada despedida, si la Corte les da la razón y ordena al Estado su reintegro, representará una confirmación de que frente al golpe de Estado actuaron con independencia y dejará en evidencia a todos aquellos jueces y juezas que se plegaron a las órdenes de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que apoyaron el rompimiento del orden constitucional”, confirmó Joaquín Mejía cuando se le consultó el significado de la resolución que podría dar esta instancia internacional.

Sobre las implicaciones para el país, se espera que la Corte IDH podría ordenar la reforma o creación de procedimientos que garanticen la independencia judicial, desde la elección de las altas magistraturas hasta la selección, remoción o suspensión de los jueces y juezas de todos los niveles, lo cual es fundamental ahora que existe un Consejo de la Judicatura que se ha convertido en una especie de cazador de jueces y juezas independientes para someterlos.

“Este caso podría influir en la pronta elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ya que la Corte IDH podría analizar la forma en que son elegidos los magistrados y magistradas. Evidentemente una posible sentencia favorable no es una varita mágica para lograr de un día para otro la independencia judicial en el país, pero sí será una herramienta fundamental para que los jueces y juezas, y los distintos sectores de la sociedad civil comprometidos con la democracia y el Estado de derecho, lleven a cabo un trabajo de incidencia y presión frente a quienes toman las decisiones políticas.

En la historia de Honduras nunca ha existido un sistema judicial independiente que se entienda y que actúe como tal, sino que hemos tenido —con algunas excepciones de funcionarios judiciales honestos—un “servicio judicial” influenciado por los poderes institucionales y fácticos que operan entremezclados y, por ende, al servicio de los sectores económicos, políticos y religiosos más reaccionarios del país”, concluyó Joaquín Mejía.

La audiencia se llevará a cabo en la sala de audiencias de la Corte IDH y estará accesible al público vía streaming en la página oficial de la Corte IDH o http://www.corteidh.or.cr/sitios/stream/

Jueces y magistrada destituida:

Adán Guillermo López Lone (Juez de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula): se le despide por participar en una marcha pacífica que denunciaba el rompimiento del orden constitucional y exigía el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Honduras el 5 de julio del 2009.

Luis Alonso Chévez de la Rocha (Juez Especial contra la Violencia Doméstica del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula): se le despide por interceder por la integridad de varios manifestantes que estaban siendo agredidos por los policías durante una marcha en oposición al golpe de Estado. El juez fue detenido arbitrariamente y luego la CSJ lo acusó de haber participado en la supuesta alteración del orden público y también por haber comentado con compañeros de trabajo su rechazo al golpe.

Ramón Barrios Maldonado (Juez de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula): se le despide por dictar una conferencia académica sobre las circunstancias relacionadas con el Golpe de Estado ante un grupo de profesores y trabajadores el 19 de agosto del 2009, un extracto de dicha conferencia fue publicado en un medio de prensa escrito.

Tirza Flores Lanza (Magistrada Propietaria de la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula): se le despide por presentar como ciudadana un recurso de amparo a favor del ciudadano Manuel Zelaya Rosales, a quien se le había expatriado del territorio nacional el 30 de junio de 2009, así como una denuncia penal contra diversos funcionarios públicos por su participación en el golpe de Estado.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1575-llega-a-la-corte-idh-primer-caso-vinculado-al-golpe-de-estado-en-honduras

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