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Honduras: Impunidad fomenta proliferación de clínicas clandestinas

21 de Enero de 2015

11:41PM  –  Redacción  

La Dirección Departamental de la Secretaría de Gobernación solicitó el año pasado a la Alcaldía del Distrito Central un reporte sobre permisos de operación de centros de masaje, pero se los negó. Municipalidad dice que no tiene logística para supervisar estos negocios ilegales.

Tegucigalpa, Honduras

Desde hace varios años comenzaron a proliferar y hoy son casi una plaga sin control.

La depravación sexual se desata entre los muros de algunas clínicas de masaje, en los que unos cuantos amasan fortuna al vender el cuerpo de sus empleadas.

Son prostíbulos disfrazados de centros terapéuticos y que, además, no cuentan con permisos de operación emitidos por la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Esta situación ha proliferado porque tanto las autoridades del Ministerio Público y de la Alcaldía capitalina han mostrado una insuficiencia para investigar y aplicar las sanciones legales correspondientes.

Fiscalía no actúa

La Dirección del Régimen Departamental de la Secretaría de Gobernación, que vela por el cumplimiento de la moralidad y buenas costumbres, realizó una serie de operativos en clínicas de masaje y corroboró que en estos sitios se prostituyen mujeres.

“La investigación arrojó que muchos negocios estaban operando de manera clandestina, no había permisos de operación de la autoridad competente y, obviamente, con algún intercambio de información que logramos tener con personeros de la DNIC, obviamente que muchos de estos negocios disfrazados de spa son prostíbulos y obviamente están algunas menores de edad”, dijo José ángel Herrera, jefe de la Dirección Departamental.

Luego de hacer las pesquisas, la Dirección Departamental entregó a la Fiscalía de Protección a la Niñez el listado de las clínicas de masaje en donde se desarrolla el proxenetismo para que investigara, hiciera operativos y acusara a los que se lucran con la prostitución.

No obstante, la entrega de la documentación no ha servido de nada para que el ente acusador haya procedido en contra de los comerciantes sexuales.

“Hasta el momento seguimos en espera, dimos un compás, obviamente hay problemas, gran parte de los operadores de justicia no cuentan con todos los recursos y que se pongan de acuerdo; de no hacerlo en los próximos días, pues nuevamente haremos el llamado correspondiente y que el señor ministro (de Gobernación) lo eleve al señor Presidente para que se hagan los operativos correspondientes”, dijo Herrera.

“Eso nos preocupa y nosotros como Régimen Departamental pusimos las alertas para que se hagan los respectivos operativos, hasta el son de hoy nosotros dimos nuestra información oportunamente a la Fiscalía”, acotó el funcionario.

Silencio de la Alcaldía

Herrera también se quejó que desde mayo de 2014 solicitó al Juzgado de Policía el listado de clínicas de masaje que tenían permisos de operación, pero, de igual manera, no respondieron el requerimiento.

“Estuvimos esperando casi dos meses, volvimos a comunicarnos, no hubo respuesta de los personeros de la municipalidad, fue así que tuvimos que llamar al alcalde, en donde “Tito” (Nasry Asfura) obviamente interpuso sus buenos oficios, pero hasta hoy los funcionarios que tiene el alcalde no han remitido la información”, dijo.

“Es preocupante porque ¿qué están escondiendo o qué están tratando de tapar?, manifestó en tono molesto Herrera.

En una oportunidad, el Juzgado de Policía le indicó extraoficialmente a Herrera que esa unidad no tenía ninguna información relacionada a centros de masaje clandestinos, lo que hace que la preocupación del funcionario aumente porque prácticamente trabajan a ciegas.

“Ni ellos mismos lo tenían, eso nos preocupó porque cómo es que ellos andan haciendo cierre de negocios revisando los negocios y no tienen la información oportuna habiendo una alerta que se le había proporcionado por la Secretaría”, reclamó.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO realizó un trabajo de infiltración en clínicas de masaje mediante la cual se comprobó que las terapeutas son en realidad mujeres explotadas sexualmente.

El masaje “normal” que se ofrece en estos negocios no es más que un manoseo de cuerpo con crema si ningún tipo de contacto sexual.

Pero la clientela no busca este tipo de relax, sino que llega a contratar los servicios sexuales de jóvenes que están al mando de una proxeneta dueña del establecimiento.

El masaje que incluye ciertos juegos sexuales cuesta unos 600 lempiras y se le aumentan 200 o 300 más en caso de que la masajista esté en ropa interior.

Si la masajista se desnuda durante ese contacto el servicio sube a unos 1,200 lempiras.

Pero si lo que el cliente pide es una relación sexual, el costo oscila entre 1,800 y 2,000 lempiras.

Personal infiltrado de EL HERALDO constató que las masajistas entregan a la propietaria de la clínica 300 lempiras por cada cliente que atienden, el resto del dinero que obtienen por prostituirse es de ellas.

En algunos centros se pueden contratar a dos mujeres al mismo tiempo.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO descubrió la existencia de al menos 10 clínicas de masaje que no tienen permisos de operación.

La información fue confirmada por medio de la Oficina de Transparencia de la municipalidad luego de que se solicitara información sobre la condición legal de los centros de masaje.

En Tegucigalpa solamente hay 16 spa que tienen su permiso de operación legal.

El secretario general del Juzgado de Policía, Reynado Osorio Bonilla, dijo que si bien a esa unidad le corresponde hacer los operativos para constar que las empresas tienen licencias de operación, no se tiene conocimiento de todos los comercios ilegales.

Pero Osorio Bonilla prometió que si alguien le avisa dónde están esas clínicas clandestinas, inmediatamente se procederá a su cierre.

“Deme la lista y dónde están porque yo inmediatamente paso esa lista a Operaciones y Operaciones va”, dijo.

Pero los datos que requiere Osorio Bonilla están disponibles. Solamente se requiere que baje del tercer piso de un edificio municipal en el centro de la ciudad en donde está su oficina al segundo piso, en donde se encuentra la gerencia de Atiende, Entiende y Resuelve (AER) para que pida esos archivos y se los puedan proporcionar.

El funcionario edilicio descartó que los policías municipales reciban coimas por parte de las clínicas de masaje para evitar que sean intervenidas.

“Eso no es cierto, a mí que venga a mí, que me pongan la persona y me diga sobornar al inspector x, eso no es cierto; lo que pasa es que el Juzgado de Policía, usted sabe que es el ente coercitivo de la Alcaldía y, entonces, ha sido el villano de la Alcaldía y no le puedo dar fe de administraciones anteriores”, acotó.

Excusas

Los operativos en centros de masaje son complejos de realizar, ya que para ello se requiere coordinar para que el Juzgado de Policía, Ministerio Público, Juzgado de la Niñez y Policía Nacional hagan la acción de forma conjunta y en la mayoría de veces no se logra, argumentó Osorio Bonilla.

“A veces cuesta que esas cuatro instituciones se junten para hacer inspecciones, nosotros como juzgados estamos en la mejor disposición de hacerlo, pero si no vamos con esas cuatro instituciones estas personas nos pueden llevar a nosotros con la Fiscalía”, expresó.

Remarcó que el Juzgado de Policía no puede programar y ejecutar operativos por cuenta propia en clínicas de masaje porque muchos de estos establecimientos se encuentran en casas particulares y se les podría acusar de allanamiento ilegal de morada.

“Estas personas nos pueden llevar a la Fiscalía, y los fiscales al no andar con nosotros van a decir que desconocen en ese sentido lo que andamos nosotros”, expresó.

No obstante, el secretario general reveló que el año pasado se cerraron ocho clínicas de masaje por no tener permisos de operación, aunque no dijo el nombre de esos negocios.

“Desde julio para acá se han cerrado como ocho que ya los hemos identificado, que ya no funcionan con la actividad para la que se les dio el permiso, entonces se han cerrado”, aseguró.

Poco personal

Otra razón por la cual se ven en dificultades para hacer operativos de cierre de negocios sin permisos de operación es porque en el Juzgado de Policía solo hay 30 agentes, aseguró.

Las clínicas de masaje no pueden funcionar en zonas residenciales, de acuerdo a la Clasificación del Reglamento de Zonificación de la Alcaldía del Distrito Central.

La gerencia de AER detectó en 2014 que había unos 50 comercios sin permisos de operación, pero ninguna era clínica de masaje.

El gerente de AER, Nelson Flores, aseguró que se procedería al cierre de clínicas de masaje que no tengan permisos de operación.

La Alcaldía de la capital ha detectado que algunas clínicas de masaje funcionan con permisos de operación que corresponden a salas de belleza.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/inicio/787701-331/honduras-impunidad-fomenta-proliferaci%C3%B3n-de-cl%C3%ADnicas-clandestinas

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Honduras: Suspendidos preparan acciones legales contra la Unah-vs

miércoles, 21 de enero de 2015

Diez alumnos del centro de educación superior fueron sancionados por haber tomado las instalaciones en 2014.
Estudiantes suspendidos y simpatizantes reunidos ayer. Foto: Ricardo Claros.
Estudiantes suspendidos y simpatizantes reunidos ayer. Foto: Ricardo Claros.
La Prensa.hn/  21 Jan 2015 / 11:07 PM / Kleymer Baquedano  San Pedro Sula, Honduras.
Interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia es una de las opciones legales a que pueden optar los 10 estudiantes de la Unah-vs suspendidos por haberse tomado el centro de educación superior en 2014.
Una sensación desagradable experimentaron cuando intentaron ingresar a la plataforma electrónica de la Universidad para efectuar la matrícula del primer período de este año.
 “Hice la prematrícula y ayer (martes) quise entrar de nuevo al sistema y me salió el aviso de que mi cuenta había sido deshabilitada por vencimiento de la prueba de aptitud académica y esto no se le vence a un estudiante con matricula regular como es mi caso”, dijo Claudia Trejo, estudiante suspendida de la carrera de Sicología.

Añadió que algunos de sus compañeros sancionados tienen excelencia académica; han sido alumnos muy activos en las carreras que cursan y eso los ha llevado a ser merecedores de premios de la alma máter.

“He sido atleta de la Universidad, he participado en la selección de karate en distintas competencias internacionales y ganado medallas”, relató.

Proceso

Tres de los diez suspendidos tuvieron ayer una reunión a puerta cerrada con un grupo de simpatizantes para definir las acciones que tomarán en cuanto a la medida impuesta por las máximas autoridades de la Unah.

“Comenzaremos asambleas informativas la próxima semana con las organizaciones de base del movimiento estudiantil y luego actividades de movilización.

Estamos preparando un recurso legal contra la Universidad debido a que el proceso ha sido irregular”, declaró Ovet Córdova, coordinador de la federación de estudiantes de la Universidad.

Francisco Herrera, director de la Unah-vs, explicó que la suspensión fue tomada con base en el reglamento estudiantil que prohíbe la toma de las instalaciones.

Esta medida fue aplicada luego de una exhaustiva investigación, en la que se encontró como responsables a los alumnos y respaldada por pruebas de fotografía, videos y notas.

“La suspensión no obedece a haberse manifestado porque la Universidad no está pretendiendo coartar el derecho de manifestarse. Está basada en la toma de las instalaciones, incurriendo en el derecho de los demás estudiantes de ingresar a la institución”, aseveró.

Algunos alumnos no podrán llevar clases durante tres períodos académicos (un año), otros, dos, y los más afortunados, uno.

El abogado y catedrático de la Unah-vs, Ramón Barrios, declaró que si no obtiene una respuesta positiva de las autoridades de la Universidad, los jóvenes pueden interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, pues se les está violando el derecho constitucional a la educación.

“La posibilidad de ganar va a depender de los medios de pruebas que presenten en la Universidad.

La medida ha sido muy grande, teniendo en cuenta los fines de la educación”. Las clases comienzan hoy en la Unah-vs.

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Manuel Zelaya dice que se siente amenazado

21 de Enero de 2015

10:20PM  –  Redacción  

Demanda que se retome el Acuerdo de Cartagena.

Manuel Zelaya en la conferencia de prensa junto a su esposa Xiomara.
Manuel Zelaya en la conferencia de prensa junto a su esposa Xiomara.

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente José Manuel Zelaya Rosales, junto a su esposa Xiomara Castro, pidieron “retomar” el Acuerdo de Cartagena, ya que él y sus exfuncionarios se sienten amenazados.

Zelaya Rosales y algunos que fueron miembros de su gabinete de gobierno llegaron a la sede del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), a entregar un documento en donde solicitan a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena de Indias para que se revisen los nueve puntos que contiene el documento.

El exmandatario aseguró que se sienten “amenazados por el actual gobierno, que -según sus palabras- ha desatado una persecución contra quienes fueron víctimas del golpe de Estado y ahora son oposición”.

Según Zelaya, el presidente Juan Orlando Hernández “se niega a reconocer el Acuerdo de Cartagena, por lo que en este momento estamos demandando que se reactive la Comisión de Seguimiento”.

El acuerdo, cuyo cumplimiento pide Zelaya, fue firmado por él y el expresidente Porfirio Lobo, en mayo de 2011, en Cartagena, Colombia.

El documento, que fue impulsado por el presidente venezolano Hugo Chávez y el colombiano Juan Manuel Santos, garantizó el retorno de Zelaya Rosales a Honduras con todas sus garantías, tras permanecer en el exterior casi dos años.

También solicitaron a los defensores de derechos humanos que se denuncie a nivel nacional e internacional “la ausencia de justicia, la impunidad y los delitos de lesa humanidad” que se han cometido en el país.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/787688-331/manuel-zelaya-dice-que-se-siente-amenazado

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CNA: Unos 16 millones amasa funcionario del Seguro Social de Honduras

Miércoles, 21 Enero 2015 22:30

TEGUCIGALPA.- Un total de 10 vehículos, cinco residencias y dos terrenos adquirió el actual analista administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Levis Donaldo Martínez, después de sustraer 16 millones de lempiras de la institución, según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

El jefe de la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, Dagoberto Aspra, expresó que “esta persona recibe un sueldo de 23, 640 lempiras mensuales y creemos que recibe comisiones ilícitas por agilizar pagos a proveedores del Seguro Social”.

Otra hipótesis es que Donaldo Martínez, maneja recursos que ingresan a la institución por medio de las cajas receptoras a los diferentes regímenes que tiene el IHSS, apuntó el funcionario.

De igual forma, Aspra manifestó que el empleado y su esposa, Miriam Elizabeth Espinoza Castro, están inscritos como comerciantes individuales, poseen la empresa Inversiones e Inmobiliarias, Industrias Plenas y Fotografías Digital de Honduras.

“A las compañías les queda una utilidad neta de 326 mil 203 lempiras, que es lo que puede utilizar para respaldar los bienes inmuebles que tiene”, subrayó.

BIENES
Según el investigador del CNA, desde el año 2005 al 2009, Martínez residió en una vivienda ubicada en la colonia Centroamérica Oeste; casa número uno; bloque H; zona número cinco la cual está valorada en 955 mil lempiras.

Sin embargo, en la residencial La Arboleda, Villa Los Cedros, bloque A, también compró una casa por el valor de un millón 504 mil 684 lempiras, pero le realizó varias mejoras y la suma total es de dos millones 631 mil 152 lempiras.

Asimismo, obtuvo una vivienda ubicada en la residencial El Sauce, Villa Los Pinos, con un valor de más de un millón de lempiras, pero con las mejoras que le efectuó el costo total suma cuatro millones 732 mil 644 lempiras.

TERRENOS
En el municipio de San Ignacio, Francisco Morazán, compró seis manzanas de terreno valoradas en 305 mil lempiras y un lote de 818 metros cuadrados ubicado en Danlí, carretera al Paraíso, con un costo de 245 mil lempiras.

Aspra dijo que Martínez compró además al contado dos casas valoradas en 1.6 y 1.9 millones de lempiras y donó un millón de lempiras para construir un estadio en la aldea el Pedernal, El Porvenir, Francisco Morazán.

Martínez adquirió desde el 2005 hasta 2014 unos 10 vehículos de cinco distintas marcas con un valor total de dos millones 899 mil 346 lempiras.

VIAJES
Martínez y su esposa viajaron a Panamá, Costa Rica y Estados Unidos y desembolsaron unos 220 mil 731 lempiras.

DENUNCIA
El CNA recibió la denuncia en contra de Levis Martínez, en noviembre de 2014 e inició las investigaciones.

MILLONARIO F2 22 01 15 copia
Un millón de lempiras donó Martínez para construir este estadio en El Porvenir, FM.

MILLONARIO F3 22 01 15 copia
Levis Donaldo Martínez, empleado del IHSS.

Fuente: http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/16126-cna-unos-16-millones-amasa-funcionario-del-seguro-social-de-honduras

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Diputada Tatiana Canales renuncia a las filas de Libre

21 enero, 2015 – 7:00 pm

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Tatiana Canales.

» Tatiana Canales.

La marcada división que existe al interior del Partido Libertad y Refundación (Libre), sigue generando la salida de sus miembros, pues la tarde de este miércoles la diputada por Colón, Tatiana Canales, anunció su inminente salida de ese instituto político.

La congresista informó que en las próximas horas estará interponiendo su renuncia a Libre de carácter irrevocable y que se sumará a las filas del Partico Anticorrupción (Pac).

“No la he puesto (la renuncia) todavía, he estado consensuando, pero la renuncia es irrevocable en las próximas horas la voy a poner para poder irme a otro partido”, declaró.

“Yo soy muy respetuosa de cada persona, respeto a las personas y en el partido Libre he tenido varias faltas de respeto, las he denunciado y no se ha hecho nada, entonces me voy y buscaré un lugar donde esté tranquila y pueda seguir ayudando a la población”, enfatizó.

Es importante señalar que el martes pasado la diputada Canales tuvo un fuerte altercado con su compañero de bancada y de departamento, Wilfredo Paz, a quien trascendió le dio una bofetada y lo empujó, luego de sostener una acalorada discusión.

El pleito, según se conoció, fue porque el fin de semana pasado, mientras Canales andaba en Taiwán junto a una comitiva del Poder Legislativo, en una actividad de los diputados de Libre en Colón, los congresistas Rafael Alegría y Wilfredo Paz, la habrían tratado de vendida.

Canales comentó que se enteró de esa situación porque al llegar procedente de Taiwán le mostraron los videos, es que ambos la estaban difamando ante el pueblo de Colón.

“Cuando vine del viaje de Taiwán observe los video y me dolieron porque les tengo mucho cariño a Rafael Alegría y a Wilfredo Paz”, señaló.

Al consultarle sobre el pleito con Paz, dijo “No soy persona de agresión, soy persona de diálogo y esa es mi característica dentro de Libre, pero siempre que me paro en el legislativo, me gritan vendida”, agregó.

Sobre las faltas de respeto de las cuales ha sido objeto dentro de Libre, aseguró que las denunció al coordinador del partido, Manuel Zelaya Rosales, pero que en ningún momento recibió una disculpa.

“Yo creo que debemos tener respeto entre nosotros mismos; yo nunca he tenido agresiones de otros diputados del Partido Naciona, el Partido Liberal o del PAC”, subrayó.

“Antes era del Partido Liberal, pero tome la decisión del irme al PAC, donde me tratan con respeto y donde incluso ya me dieron la bienvenida”, puntualizó Canales.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2015/01/21/diputada-tatiana-canales-renuncia-a-las-filas-de-libre/

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Empresarios de Honduras dispuestos a trabajar con el Gobierno en 2015

El mandatario Hernández dijo a los miembros del Consejo Hondureño de la empresa Privada (Cohep): “quiero que sigan acuerpando los proyectos y programas que ejecutamos en salud, educación, agricultura, generación de energía, empleo, seguridad, turismo, saneamiento de las finanzas públicas, pacto fiscal y otros campos”.

En la segunda jornada de rendición de cuentas, el Presidente Hernández expuso a los empresarios del Cohep los avances que ha tenido su administración en el primer año de gobierno y los invitó a que lo sigan apoyando en 2015 con sugerencias acerca de los proyectos públicos que piensa ejecutar.

Edición Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), respaldó este miércoles la administración del Presidente Juan Hernández, en el marco de su primer año de Gobierno, y se comprometió a trabajar junto al sector público para forjar el desarrollo Honduras en 2015.

En sintonía con la promesa de los empresarios, Hernández les pidió: “quiero que sigan acuerpando los proyectos y programas que estamos ejecutando en salud, educación, agricultura, generación de energía, empleo, seguridad, turismo, promoción de inversiones, relaciones internacionales, saneamiento de las finanzas públicas, pacto fiscal, infraestructura y otros campos”.

E informó: “estoy aquí con ustedes para dialogar de manera abierta sobre los logros que hemos obtenido como país en 2014, y para escuchar las sugerencias a implementar en la mejora de la gestión pública y privada en los proyectos que se implementarán en 2015”.

ÁREAS DE DESARROLLO
El mandatario agradeció a los empresarios por el notable apoyo brindado al programa “Con Chamba Vivís Mejor” y “Empleo por Hora”, el Servicio Nacional de Empleo y la reactivación del sector agroalimentario que, según sus datos, significó trabajo para 175 mil hondureños.

Comentó que con relación al proyecto de la “Ley de Seguridad y Protección Social para Todos”, puede todavía recibir y atender las sugerencias expuestas por los sectores obrero y empresariado nacional, a fin que el 100 por ciento de la ciudadanía goce del derecho humano a la salud y a un sistema de previsión y retiro digno.

A la vez, reconoció el aporte de los empresarios, en particular, de los urbanizadores y de la banca para trabajar de la mano con el Gobierno en el tema de la construcción de viviendas sociales dignas, en las que habrá disposición de 33 mil bonos hasta por el orden de 65 mil lempiras para las clases más desposeídas e históricamente excluidas que no han tenido la oportunidad de tener una solución habitacional.

Añadió que en el área de fomento a la Micro, Pequeña y Medina Empresa (MIPYME), se han constituido y apoyado a 33 mil nuevos empresarios del trigo y el maíz, a través del programa “Vida Mejor”, en la fabricación de pan, baleadas, pizzas, tortillas, entre otras.

En relación a la seguridad, el Gobernante dijo que se ha avanzado en un año la reducción de un 20 por ciento los índices de homicidios en todo el país, lo que se refleja en la seguridad jurídica y ciudadana en la gobernabilidad en las calles que ha devuelto la paz y la tranquilidad en la población.

¿A DÓNDE VA EL GOBIERNO ESTE AÑO?
El titular del Ejecutivo detalló los pilares que en 2015 serán ejecutados por su Gobierno:

– Ampliación de la base tributaria.
– Simplificación del Estado.
– Fortalecer bajo un decreto la operatividad de la Fuerza Nacional Antiextorsión.
– Reestructuración de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
– Un nuevo pacto fiscal.
– Implementación del fondo de garantía recíproca.
– Superar de 175 mil a 283 mil nuevos empleos.
– Masificar la promoción del turismo.
– Incremento y apoyo a la MIPYME.
– 20 mil nuevas plazas de trabajo para los proyectos de infraestructura que ejecutará el Gobierno (Construcción de ciudad cívica, el corredor logístico, turístico y agrícola y otros proyectos carreteros).
– Construcción de terminal aérea de Palmerola en el valle de Comayagua.
– Se encuentran 17 proyectos en cartera de infraestructura de parte de la Comisión para las Alianzas Público-Privada (Coalianza).
– Elaboración de titulación de sistema de hipoteca y mercado de capitales.
– Aprobación e implementación de la ley del Sistema de Seguridad y Protección Social para Todos, entre muchos otros planes.

REACCIONES DE EMPRESARIOS
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Aline Flores, dijo que están dispuestos a trabajar de la mano con el Gobierno en 2015, tal como lo hicieron el año anterior, en los temas de país que provoquen la dinamización de la economía, las inversiones, la seguridad social y ciudadana, el empleo, turismo, entre otros aspectos.

Guillermo Mourra, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIC), felicitó al Presidente Hernández por los enormes avances logrados en la seguridad del país y aportó que el Gobierno debe de incluir en el nuevo sistema de Previsión y Seguridad Social las sugerencias expuestas para la aprobación de la ley.

Alejandro Álvarez, presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción (CHICO), apuntó que es necesario exonerar a las MIPYMES y la creación de una ley de facturación para ser implementada.

Juan José Lagos, representante de las MIPYME, expresó: “Presidente, gracias por estar de frente atacando directamente el tema de la extorsión, el crimen común y el narcotráfico. También le agradecemos porque ya pronto se echará a andar el fondo de garantía recíproca”.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/empresarios-de-honduras-dispuestos-trabajar-con-el-gobierno-en-2015

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Partido LIBRE denuncia gobierno hondureño por violación a Derechos Humanos

El expresidente hondureño señaló como “tendenciosas” las declaraciones hechas por el presidente Juan Hernández, ya “que nos acusó de tener vínculos con el crimen organizado”, porque se han opuesto a dar rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Masivas violaciones a los derechos humanos y persecución a dirigentes de oposición, denunció este jueves el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya.

El exgobernante, acompañado de la excandidata presidencial Xiomara Castro, y defensores de la vida, informó que realizará denuncias en instancias nacionales e internacionales ante la criminalización que padece la oposición y que se retome el Acuerdo de Cartagena, firmado en 2011 por los gobiernos de Venezuela, Colombia y Honduras que permitió el reconocimiento internacional del gobierno del entonces presidente Porfirio Lobo.

Asimismo, pidió que se reactive la comisión de seguimiento del pacto ya que “el actual gobierno no quiere reconocer a la oposición”.

Señaló como “tendenciosas” las declaraciones hechas por el presidente Juan Hernández, ya “que nos acusó de tener vínculos con el crimen organizado”, porque se han opuesto a dar rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público.

“Todavía siguen diciendo que aquí no pasó nada y lo que hubo fue una transición presidencial y hacen lo necesario para imponer sus criterios y políticas de agresión contra el pueblo hondureño y las víctimas de violaciones a derechos humanos”, expresó.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/partido-libre-denuncia-gobierno-hondure%C3%B1o-por-violaci%C3%B3n-derechos-humanos

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Honduras: the Failings of Neoliberalism

Militarization and the Failed State

by GREG McCAIN

Robando is Spanish for stealing. “Juan Robando” is the not-at-all-affectionate moniker given to the President of Honduras, Juan Orlando Hernandez (JOH). January 27th marks the end of the first year of his presidency. His theft of the elections of November 2013 ensured the continuance of Honduras’ neoliberal trajectory. A trajectory previously boosted by the Agricultural Modernization Law of 1992. This law jettisoned any agrarian reforms attempted beforehand. Neoliberalism took a further leap in 2009. That’s when the ruling elite instigated the coup d’état which ousted President Manuel Zelaya. Thirteen oligarchic families led the coup with the assistance of the US State Department, at the time headed by Hilary Clinton. The Honduran Military kidnapped Zelaya using the private plane of Miguel Facussé Barjum, President of the Dinant Corporation and the richest man in Honduras. They refueled at the US’s Palmerola Military Base before whisking the deposed President to Panama.

Even though Zelaya’s administration ratified and supported CAFTA-DR in 2006 (“free” trade agreements being the neo-liberals’ favorite bludgeoning tool for maintaining the wealth of the ruling elite) he was seen as an impediment to the neoliberal agenda. This was due in part to his making several pragmatic economic decisions. For example, he raised the minimum wage and entered into agreements with peasant farmers to help them obtain land titles (which enraged Facussé). Mostly, though, it was because he was friendly to Venezuelan President Hugo Chavez and worked for Honduras’ entry into ALBA (Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America).

The sham election of 2013 was simply an extension of the coup. Overwhelming evidence showed that JOH and his National Party (NP) stole the elections. His party engaged in various means of vote tampering, outright threats, and murders of opposition candidates and supporters. Nevertheless, his presidency was legitimized.

JOH’s campaign promised a “mano duro,” or iron fist approach, to ending the crime that ranks Honduras as the murder capital of the world. His plan to put Military Police (MP) on every street corner across the country has thus far been implemented in Tegucigalpa and San Pedro Sula and incrementally elsewhere. But, homicides continue unabated along with the impunity enjoyed by the perpetrators. Despite JOH’s and the US State Dept.’s attempts to fudge the numbers, the World Health Organization reports that homicides have increased in the past year to 103.9/100,000 people. In addition, the MP have been involved in numerous cases of intimidation, brutality, kidnapping, sexual assault, and murder.

Regardless, JOH continues his crusade to amend the Constitution so that it institutionalizes the Military Police as a security force bound by his dictates. This has been met with opposition in Congress and thus far has failed to receive the necessary votes. Even the easily bribed diputados (members of Congress) of the Liberal Party must have had flashbacks to the days when too much power given to the Military resulted in dictators ordering death squads and the disappearances of those who opposed the government. Of course, both of those occur today, but under the guise of it being street gangs or narco-traffickers and thus justifying a need for giving the Military Police more power and increased aid from the US. The NP is now proposing a secret ballot so it can manipulate the outcome of a congressional vote.

JOH has further promised greater collaboration with the US military in ending the narcotrafficking that has spread to every department in the country. A number of narco rings have seen their leaders arrested and extradited to the US, some purported to have contributed to JOH and other National Party candidates in the election. Nevertheless, others have expanded their markets once JOH and the US DEA have removed their competition. The lack of transparency in the extradition process underscores the ties between organized crime and the government. Indeed, The National Congress moved to have new extradition legislation voted on in a secret committee session that excluded opposition parties from taking part in the strategizing of the new law.

Since the beginning of his presidency there has been increasing talk of amending the constitution so that JOH can be reelected. This was the very issue that the coup instigators used to justify their kidnapping of Zelaya, accusing him of conspiring to install himself as “President for life.” The difference being that JOH wants his NP controlled Congress to amend the Constitution without public input. Zelaya wanted a National Referendum so that the voice of the people could be heard on this and other constitutional matters. It is actually unconstitutional for the Congress to even discuss a change to the reelection law. The JOH controlled judiciary branch is maneuvering to get that changed. Advisors inside JOH’s administration are saying that reelection of the President is already a done deal. Justice in Honduras is not blind since it is able to look the other way when palms are being greased.

The Honduran justice system is maintained with funding from USAID as an inefficient, opaque, and dysfunctional system to protect the ruling elite from being prosecuted. It is also kept as is to criminalize those who seek justice such as the peasant farmers who struggle for legal access to land. 4000 campesinos have judicial proceedings against them, an increase of almost 1000 just in 2014. They must sign in at a courthouse every 15 days or risk arrest and this could go on indefinitely. Judges at the municipal level and in the Supreme Court, as well as Public Defenders and Prosecutors in the Public Ministry are at the service of the ruling elite either through influence peddling or threats made against their lives. Miguel Facussé Barjum has succeeded in using the justice system to his own benefit, both in his literally getting away with murder and in his swindles of national and international banks as well as other corporations.

Facussé has avoided prosecution for the numerous assassinations against environmentalists and campesino human rights advocates that he has ordered stemming as far back as the 1980s when he helped finance the death squads responsible for the disappearances of students and human rights activists. These political hits continued into this decade with the murder of Antonio Trejo the lawyer for the MARCA campesino movement who was assassinated in November of 2012. Trejo succeeded in challenging land grabs by Facussé and others. After Trejo’s murder, Facussé used his influence peddling to get a judgment in favor of the campesinos overturned in the Supreme Court.

Facussé and Dinant, in collaboration with the Honduran military, have carried out a campaign of criminalization of campesinos who have succeeded in challenging the legal ownership of land. Dinant has hired Tricuro, a neoliberal Washington, D.C. public relations firm. Tricuro makes its money cleaning up the reputations of corporate and government human rights violators and environmental polluters. Its propaganda in regards to Dinant states,

“At no point in our history have we engaged in forced evictions of farmers from our land. The removal of trespassers has always been undertaken exclusively by Government security forces, acting within the law and under direct instruction from the Honduran courts, whose rulings are based on evidence that proves beyond doubt that Dinant are (sic) the rightful owners of the lands in question.”

Tricuro’s assertion that the Honduran courts base their rulings on evidence is farcical. The UN, The Inter-American Commission on Human Rights, Human Rights Watch, and many national and international human rights organizations have reported that it operates on influence peddling, threats of death, and impunity for those such as Facussé and the other ruling elite.

It is true, currently, that Dinant doesn’t directly evict peasant farmers from disputed land. In the past they contracted Orion Security to do this, and in turn they committed numerous murders on and off Dinant property. They grew increasingly out of control aligning themselves with criminal infiltrators of the campesino movements and turned on each other resulting in 17 deaths of guards and numerous disappearances. This in contrast to the 150 plus campesinos murdered. It got to the point were the guard’s paramilitary actions and Dinant’s unwillingness to rein them in began to hurt the corporation’s international reputation and investments. The International Finance Corporation (IFC) of the World Bank, well aware of Facussé and Dinant’s criminal behavior in the past, withheld the remaining half of a $30 million loan. They only did this after national and international human rights organizations made it uncomfortable for business to continue as usual. The IFC’s ombudsman did an internal audit of the loan and “discovered” that Dinant was not living up to The World Bank’s human rights compliances.

The IFC is currently assessing the situation, visiting the Aguán and working out negotiations with campesino groups organized under the Agrarian Platform. They are doing so with the assistance of a Washington, D.C. based mediator. Under the spotlight of international scrutiny, Dinant has removed firearms from immediate use by its guards (but giving Honduran military the discretion to rearm them). Interestingly, the number of murders has sharply declined once the paramilitary Orion Security was disarmed. There are still murders of campesinos within the movement, some caused by criminal infiltrators financed by the military, but with $15 million and untold millions more in international investment hanging in the balance, Facussé ordered the killing suspended until the IFC renders a decision in whether to restore the loan or not.

Now, Dinant exclusively uses the Honduran Military, the Military Police and National Police as its defacto private security (although, it has been witnessed that Orion guards are often mixed in with military and police during evictions). By Dinant’s own admission, it has built barracks on its plantations for soldiers. The security forces are allowed to harvest African Palm fruit on its plantations and sell it as payment for its services. Often the Honduran government doesn’t pay its low ranking soldiers for three to four months on end and then they receive less than $200/month in salary. Also, Facussé has personally paid for hotel accommodations for military officers at hotels in Tocoa for extended periods of time. He has been witnessed walking up to the reception desk, asking how much is owed, and throwing down a wad of cash.

Colonel Jovel Martinez, the current commander of Operation Xatruch, told one community, La Panama, which is essentially surrounded by Dinant’s Paso Aguán plantation, that he would kill on sight anyone who trespassed on Dinant property and that it didn’t matter if they were children. He said this in front of the community with numerous children present. He also told the community while a Dinant representative was present that he could have them all relocated to the Moskitia so that Dinant could take their land. This being said shortly after soldiers held rifles to the heads of community leaders. This was also stated in light of the exhumation of two bodies of campesinos from clandestine graves in the Paso Aguán plantation. It is suspected that other bodies of disappeared campesinos are still buried there. It is this type of terror and intimidation that Facussé has instigated and financed in the Aguán.

In a further attempt to spin responsibility for the conflict away from its client, Tricuro states, “Externally funded armed groups, with no interest in farming, are using the conflicts in Honduras for wider political ends by encouraging the illegal seizure of private lands.” Of course it doesn’t reveal that these “armed groups” are actually being funded by Facussé through Col. German Alfaro, a graduate of the US’s School of the Americas (SOA), and one time chief of Xatruch III. These two have paid infiltrators in various campesino movements creating internal conflict within the movements. These infiltrators have even included individuals at leadership positions within the movement. Alfaro has on several occasions intervened when transit police had arrested them. In one instance, several men driving in a Dinant vehicle were stopped at a police traffic checkpoint near the town of Rigores. The transit police arrested them because they had a cache of military grade rifles. Alfaro showed up at the Tocoa police station, ordered them to be released, and gave them back the high caliber arms.

Further, Alfaro, while he was commander of Xatruch, appeared on local TV broadcasts in Tocoa on at least a weekly basis speaking incessantly about “terrorists and leftists trained in Nicaragua and by Colombian FARC rebels destabilizing the region.” He smeared the campesino movements as “outsiders coming here to destroy the country.” Several TV and print journalists in Tocoa and Trujillo have stated, insisting on anonymity, that Alfaro has approached them and offered bribes to report negative stories about the campesino movements. Some of them even boast about accepting the money. “Of course I took the money!” One TV reporter stated. “Look, Dinant owns the Aguán Vally, Facussé owns Honduras. Los tacamiches son jodidos,” The tacamiches are fucked! Tacamiches is a derogatory term equivalent to the “n” word in English, used in Honduras by the middle and upper classes, the police, and the military to denigrate and dehumanize the lower classes. This exemplifies how the culture of corruption sown by Facussé, Dinant, and JOH takes root and propagates through out Honduran society.

Several journalists were fired from their jobs or received death threats. They had refused the bribes and reported honestly regarding Dinant’s abuses to the environment or complicity with the military in creating conflict. Additionally their families were terrorized, and some had to go into hiding. In late 2013, Alfaro targeted the US human rights defender Annie Bird with a smear campaign when she exposed these and other rights violations by Dinant and the Military. The Honduran press published her photo and parroted Alfaro’s claims that she was “destabilizing the region.”

This is classic SOA and US Southern Command (USSC) counter insurgency propaganda to destroy legitimate movements in Latin America that oppose the pillaging and plundering by the ruling elite and to deny freedom of the press and to criminalize human rights defenders. It also has the elements of a US military psychological operation to criminalize popular movements and create terror in the minds of the local population.

Facussé, Alfaro, JOH and the USSC have implemented the “shock doctrine” in the Aguán and other regions by instigating and financing violence to justify the militarization of the region and the continued takeover of the natural resources of Honduras. Dinant gobbles up more land and tightens its stranglehold on every aspect of the market from seed sales to pricing of the fruit to processing and export with its monoculture of African Palm. JOH gets his continued military aid from the US, and the USSC maintains Honduras as a strategic point for militarizing Latin America and controlling US corporate interests in the region.

Small farmers are forced to become indentured servants to the African Palm industry to eek out a living. The seeds that Dinant claims that it sells to farmers at below market value are genetically modified so that the new plants don’t propagate viable seeds thus keeping the farmers dependent on Dinant if they want to expand their harvests. They sell their harvests of palm fruit at extremely low prices, which are dictated by Dinant and the global export market. Prices for basic grains increase on a monthly basis and there are no domestic market structures that would enable peasant farmers to grow sustainable food supplies. JOH’s solution for the lack of domestic bean harvests is to import beans from Ethiopia thus keeping the wheels of the global trade markets greased. The riches of the country are syphoned off into the ruling elite’s US and off shore bank accounts while the poverty rates increase. According to the Center for Economic and Policy Research, since the coup in 2009, “virtually 100% of all income gains have gone to the wealthiest 10%.”

Forbes Magazine places Facussé in the top 12 richest millionaires in Central America. The United Nations Development Program puts the poverty level in Honduras at 64.5% of the population (about five million people) with 42.6%, close to 3.2 million people, at extreme levels of poverty. The UN defines extreme poverty as, “severe deprivation of basic human needs, including food, safe drinking water, sanitation facilities, health, shelter, education and information.” Honduras meets all the criteria for being categorized as a failed state, which the Global Policy Forum defines as, “No longer (able to) perform basic functions such as education, security, or governance, usually due to fractious violence or extreme poverty. Within this power vacuum, people fall victim to competing factions and crime…” or they migrate to where they might be able to find a better life which often leads to further hardship. A recent AFL-CIO delegation to Honduras concluded that, “The U.S. government criminalizes migrant children and their families, while pursuing trade deals that simultaneously displace subsistence farmers and lower wages and standards across other sectors, and eliminate good jobs, intensifying the economic conditions that drive migration.”

Dinant’s PR spin calls the right of peasant farmers to have access to sustainable agriculture, and control over what and to whom they sell, “extreme and outdated political views.” Col Alfaro, Col Martinez, and Dinant officials have all attempted to paint the campesino movements as holding extreme political views influenced by outside forces. In reality, it is their along with JOH and the US government’s neo-liberal vision of the world that has proven to need extreme uses of force and militarization to maintain the status quo of the global corporate export-market-driven economy. They have been the ones to bring in outside forces. Colombian, Israeli, and US military forces train the Honduran military and police in crushing popular dissent and repressing campesino, indigenous and afro-indigenous Garífuna communities. USAID and the National Endowment for Democracy (NED) spread pro-neoliberal propaganda by infiltrating civil society organizations, looking for and rewarding those who comply and sabotaging those who dissent.

Dinant has proudly boasted of having retired Colonel Charles McFetridge as a consultant to guide them in “how we vet, recruit and train our security staff, and how they engage with members of the community.” McFetridge was a US Defense Department consultant to the US Embassy in Jakarta in the 1990s. He worked closely with then President Suharto, the dictator of Indonesia who committed numerous genocidal atrocities. A US Embassy staffer stated that McFetridge essentially “dismiss(ed) human rights claims to serve what he would consider the more important agenda.” That agenda being increased military aid to Suharto’s dictatorship and increased US militarization of Southeast Asia. McFetridge was recommended to Dinant by the IFC.

Is it any wonder as to why international business organizations heap praise on Facussé? It was, in part, through his influence peddling that the 1992 Modernization Act was enacted, and he has personally reaped the benefits of having collective land titles held by campesinos divvied up into individual titles; the easier it being to intimidate, swindle and assassinate individuals rather than a collective. This 1992 domestic law was a precursor to the international “free” trade deals such as NAFTA, CAFTA-DR, and the soon to be shoved down our throats Trans Pacific Partnership or TPP. All of these deals have been spun as being a great utopian vision to restore trade balances and generate jobs and prosperity for all.

Neo-liberalism is a failure if the rhetoric supporting it is to be believed. Its realization has been devastating. It has given corporations rights to plunder resources and the ruling-class more power and impunity while taking basic human rights away from citizens, sovereignty away from countries, and a clean sustainable environment away from the planet. The campesino movements in Honduras, with their demonstrations of localized power of self-determination and demands for economic justice and food security, threaten the divide-and-rule politics of the ruling-class.

The general consensus amongst the campesinos of the Aguán is that once the IFC makes its decision of whether or not Dinant gets its remaining loan funds, and as international scrutiny of Dinant fades, it will be business as usual with perhaps a greater use of force and greater numbers of assassinations by Dinant and the State security forces. They know this to be true because the IFC’s negotiating process has nothing in it to end the impunity of Facussé and the other ruling elite nor to secure food sovereignty to the campesinos nor to rein in the security forces from treating Honduran citizens as enemy combatants.

As JOH’s first year in office comes to an end, he may very well have succeeded in laying down the foundation for a dictatorship. Facussé and the other ruling elite as well as the US State Department will continue to pull his strings. And the US and Honduran militaries are poised to crush any popular resistance to the ruling elites continued plundering. Daniel Facussé, President of the Honduras Maquiladora Association, and a family member of Miguel’s, tellingly stated when appealing to the Congress, “It is in your hands to raise the Military Police to constitutional status so that no person, no one from the Executive class, has to withdraw from the streets, and that in the end, if we can bring investments we will bring jobs.”

Greg McCain has been monitoring and reporting human rights violations in Honduras since 2012 spending the majority of his time in the Aguán region. To follow his work please visit: Human Rights Observation Honduras.

 

Fuente: http://www.counterpunch.org/2015/01/21/honduras-the-failings-of-neoliberalism/

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Observatorio de la violencia: 531 hondureñas murieron de forma violenta en 2014

jueves, 22 de enero de 2015

        El informe indica que entre el 2005 y 2013 3,487 perdieron la vida de forma violenta.                                                               Un 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual.
 Un 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual.

La Prensa.hn/ 22 de Enero 2015 / 01:53 PM / Tegucigalpa, Honduras

Un total de 531 mujeres hondureñas fallecieron de manera violentas en el año 2014, según publica el el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El informe revela que por primera vez en diez años se registra una reducción de 2.6 puntos en la tasa de homicidios de mujeres en Honduras.
Entre enero y junio de 2014 perdieron la vida 272 féminas por actos violentos, lo que representa 51 menos que las registradas en igual período de 2013.
El documento indica que entre el 2005 y 2013 sucedieron 3,487 femicidios en Honduras, lo que implica que en ese período el crecimiento de muertes de mujeres fue de un 263 por ciento. Sin embargo, el panorama en 2015 se muestra esperanzador.
 http://www.laprensa.hn/honduras/787866-417/observatorio-de-la-violencia-531-hondure%C3%B1as-murieron-de-forma-violenta-en-2014

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Ricardo Álvarez ataca de nuevo en Twitter al jefe del Estado Mayor conjunto de las FFAA

21 enero, 2015 – 12:08 pm

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ricardo-alvarez-fredy-diaz-twitter

El designado presidencial, Ricardo Álvarez, arremetió de nueva cuenta este miércoles contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), Fredy Santiago Díaz Zelaya.

El funcionario publicó esta mañana en su cuenta de Twitter: “Responsabilizo directamente a Díaz Zelaya, sobre cualquier acto de la naturaleza que sea en contra de mi familia o mi persona”.

Álvarez primero posteó en su cuenta de Twitter “en breves minutos haré una importante denuncia”, siete minutos más tarde envió el segundo mensaje en el que hace referencia al jefe militar.

Es importante señalar que es la segunda vez que Álvarez, hace serios señalamientos y de forma directa contra Díaz Zelaya, dejando de manifiesto sus diferencias.

El pasado 11 de diciembre el designado se mostró molesto con el jefe de las FFAA, por considerar que éste le habría  negado el ascenso a varios buenos oficiales.

El funcionario hizo público su malestar a través de Twitter, en la que catalogó de soberbio a Díaz Zelaya y le dijo que “la soberbia del jefe es un pecado grande que ha cometido contra estos soldados de la Patria”.

“El no estar yo hoy en el acto es por la posición sectaria de no invitarme en calidad de designado presidencial, porque él sabe que luché porque se hiciera justicia y no hubiera abuso de poder”, señaló.

El también ex alcalde del Distrito Central hizo varios comentarios en Twitter sobre el asunto y cerró diciendo: “Cuando me refiero a jefe, estoy hablando de Díaz Zelaya”.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2015/01/21/ricardo-alvarez-ataca-de-nuevo-en-twitter-al-jefe-del-estado-mayor-conjunto-de-las-ffaa/

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CNA investiga alcaldías por supuestos actos de corrupción

Las alcaldías municipales que están siendo investigadas son: Municipalidad de El Porvenir, Vallecillo, alcaldía de Santa Ana, en el departamento de Francisco Morazán, alcaldía municipal de San Antonio del Norte, alcaldía de Potrerillos, en el departamento de El Paraíso.

El Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, inicio un proceso de investigación por actos de corrupción y mal manejo de fondos en seis alcaldías del país.

Según establece informes del CNA, estas alcaldías han realizado construcciones millonarias que no se justifican por parte de los ediles.

Las alcaldías municipales que están siendo investigadas son: Municipalidad de El Porvenir, Vallecillo, alcaldía de Santa Ana, en el departamento de Francisco Morazán, alcaldía municipal de San Antonio del Norte, alcaldía de Potrerillos, en el departamento de El Paraíso.

También figuran entre las alcaldías investigadas, la municipalidad de San Lorenzo, en Valle, y la alcaldía de La Ceiba, esta última, investigada también por la compra de cámaras de seguridad clonadas, según el informe del CNA.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/cna-investiga-alcald%C3%ADas-por-supuestos-actos-de-corrupci%C3%B3n

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Corredor agrícola podría construirse en El Progreso, Yoro

 

progreso yoro

Corredor agrícola que unirá los departamentos de Colón, Atlántida, y Yoro, con Puerto de Cortes, será un hecho, de acuerdo con lo expresado por autoridades progreseñas.

En una entrevista el director de ingeniería municipal de la Alcaldía de El Progreso, Rommel Cano dijo que la obra tendrá dos tramos de carretera que conectará con el puerto de Tela, El Progreso y otro sector directo a Puerto Cortés.

Según Cano, estos tramos carreteros servirán para la circulación con fines turísticos, comerciales e industriales.

Con esto se pretende acortar tiempo y costos del traslado de mercancía por este sector y así dar más desarrollo comercial entre estos departamentos.

Los próximos días se procederá a contratar a la firma consultora que hará la propuesta del diseño y cuáles serán los alcances de esta infraestructura vial.

Fuente: http://lanoticia.hn/nacionales/corredor-agricola-podria-construirse-en-el-progreso-yoro/

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La Gran Alianza a derrotar el “Tilín” “Tilín”

2015-01-21

Honduras

Javier Suazo

Clasificado en: Politica, Legislacion, Militar,
Disponible en:   Español       

 

 

“Ojalá que se elimine esa práctica de comprar diputados por el precio de una Mula, o menos que eso; el país y población no tienen por qué cargar con tanta porquería
Aníbal Delgado Fiallos
 
El gobierno de la República y su presidente Juan Orlando Hernández, no ceden en sus propósitos de elevar a rango constitucional la Policía Militar de Orden Público (PMOP), aunque la mayor parte de los analistas políticos, juristas y militares del país han manifestado que ello no se necesita ya que la propia Constitución de la Republica  y Ley de las FFAA de Honduras le otorga dicho rango como un cuerpo operativo del Ejercito, que complementa el trabajo de la Policía Nacional en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la violencia.
Inicialmente se acusó a los coordinadores de los partidos de oposición (Liberal, Libre, PAC y PINU) de estar en contra de la ratificación constitucional por tener vínculos con el narcotráfico, lo que se considera una mala asesoría al presidente Hernández, ya que ha unido a la oposición en esta lucha; una oposición que lucía fragmentada y sin ninguna agenda de trabajo frente a las decisiones del Ejecutivo que afectan a la colectividad nacional. Se llegó al extremo de publicar fotos de los dirigentes y diputados en contra del rango constitucional de la PMOP, mostrando el número de su teléfono celular para que la gente  llame y les reclame esta conducta.
En los medios radiales y televisivos existe una campaña donde se consulta a la población, en su mayor parte simpatizante del partido de gobierno y beneficiaria de los programas de compensación social como el Bono 10,000 y con Chamba Vivís Mejor, acerca de si están a favor o en contra de la PMOP; en realidad son pocas las personas en Honduras que están en contra, pero sí de que se eleve a rango constitucional y dependiente de la presidencia de la Republica.
Hay cartas públicas y campos pagados en diarios de los maquiladores, ganaderos y empresarios que apoyan al presidente en esta cruzada, excitando o exigiendo a los diputados para que voten a favor. Igual, un número de alcaldes del centro del país están también a favor, aunque se cuestione que sea una manera poco transparente de recibir las prebendas del gobierno y recursos financieros para ejecutar obras.
Se está llamando a diputadas y diputadas para que voten a favor, en caso contrario no recibirán los recursos para hacer obras y campaña política en sus municipios y departamentos, en tanto se requieren 86 votos para que el presidente Hernández logre este propósito, pero todavía no se ajusta el número ya que las bancadas de los partidos de oposición y sus diputados, en su mayoría, permanecen firmes. En la prensa televisiva y en el propio seno del Congreso de la Republica ha circulado el “rumor” de que el partido de gobierno estaría ofreciendo hasta 5 millones de lempiras a cada diputado de la oposición que vote a favor, y que ya se tienen 80 diputados listos. Esto se conoce como el “Tilín” “Tilín” de la política (¿corrupción política?) hondureña, donde se compra el voto de diputados con dinero del pueblo.
El día D es el próximo sábado 24 de enero, para que la propuesta sea aprobada, caso contrario quedará como está, o sea la PMOP combatiendo la violencia en las calles y brindando seguridad al pueblo hondureño. Para esa fecha, el partido de gobierno asegura contar con el total de votos requeridos, pero la Gran Alianza de los partidos de la oposición política dicen que No.
Los líderes de la Gran Alianza, donde destaca Mauricio Villeda con su pancarta de No al Continuismo o Relección, tienen mayoría en el Congreso de la Republica y al parecer, piensan ejercerla a futuro cuando el Partido Liberal se desenganche del pacto “chueco” firmado con el Partido Nacional, sugerido por analistas políticos que estuvieron a favor del golpe de Estado. Este puede ser el momento para que los líderes y las bases de los partidos de oposición pasen de la defensiva a la ofensiva, principalmente en lo que respecta al nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas, Nueva elección en la Fiscalía y reformas a la ley electoral y de las organizaciones políticas; otras iniciativas de ley.
Los líderes de la Gran Alianza, están pidiendo el voto directo con consignación de nombre de cada diputado, que en el caso del partido Libre si votan a favor serán expulsados, y en PAC y LIBRE estos serán identificados por la población como traidores a los estatutos, ideario y principios de estos institutos políticos. La Gran Alianza no viene Va. Un primer paso derrotar al “Tilín Tilín”
Tegucigalpa, Honduras, 20 de enero de 2015.

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HONDURAS: POSICION ANTE PRETENDIDA RATIFICACION DEL DECRETO 283-2013 SOBRE POLICIA MILITAR Y CIUDADES MODELO

miércoles, 21 de enero de 2015

Como Diputado ante el Congreso Nacional manifiesto mi posición acerca de las pretensiones de ratificar la reforma constitucional del artículo 274 sobre la Policía Militar de Orden Público y el 329 referente a las Zonas Especiales de Desarrollo, ZEDE, más conocidas como ciudades Modelo, ambas contenidas en el decreto 283-2013.

Ante el pueblo hondureño en general y en especial ante la militancia y el millón de personas que han respaldado al partido Libertad y Refundación, dejo claramente establecido que NO apoyaré la ratificación del decreto 283-2013, por convicción propia, pensando en los intereses y beneficio del pueblo hondureño, en apego a los principios del partido LIBRE y en atención al pueblo que me eligió.
Desde luego que estoy de acuerdo en que se combata la criminalidad y también acepto que en este momento es conveniente el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en las tareas de seguridad ciudadana. Pero eso ya se los manda la Constitución de la República en su artículo 272 que dice “Cooperarán con la Policía Nacional en la conservación del orden público”.

Y en el artículo 274 la Constitución de Honduras dice que las Fuerzas Armadas cooperarán con las secretarías de Estado, en la lucha contra el narcotráfico y “Además cooperarán con las instituciones de seguridad pública, a petición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, para combatir el terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado…”.

Queda claro que NO se necesita rango constitucional para que la PMOP siga en las calles apoyando en tareas de seguridad.
La PMOP tiene carácter permanente, tiene su propia ley que la regula, aprobada mediante Decreto 168-2013, el 22 de agosto de 2013. En el artículo 16 de ésta Ley se reforma el artículo 128 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y se inserta a la PMOP en la estructura orgánica de las mismas como uno de los Comandos Especiales.
JOH no está interesado en rango constitucional para la PMOP, sino en darle órdenes DIRECTAMENTE. Lo que más le interesa son estas 20 palabras de la reforma al artículo 274 que demanda que el Congreso Nacional ratifique: “También son funciones y obligaciones de la Policía Militar de Orden Público las directrices que emanan directamente del Presidente de la República”.
La PM sería el brazo armado de JOH, directamente bajo su mando, para aplastar a todo tipo de oposición a sus pretensiones, incluyendo las de continuismo o perpetuación en el poder a como de lugar. Podrá aplastar hasta rebeliones de las FFAA pues la Policía Militar tendría la misma cantidad de miembros y mejor equipados.
En la misma reforma al artículo 274 constitucional que quieren que los diputados ratifiquemos dice que las ZEDE, llamadas ciudades modelo, pueden “solicitar al Presidente de la República ordenar a las Fuerzas Armadas de Honduras que se incorporen a las tareas de Seguridad pública y el combate al delito a través de la Policía militar de Orden Publico…”.
O sea que JOH recibiría la solicitud y directamente podría mandar a la Policía Militar a cuidar los bienes y las personas que se refugien en las ciudades modelo. Sin embargo en el artículo 22 de la ley de las ZEDE dice que “Deben establecer sus propios órganos de seguridad interna con competencia exclusiva en la zona, incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario”. O sea que que JOH mandaría a la Policía Militar a trabajar bajo las órdenes del gobierno autónomo de la ciudad modelo. ¿Esos servicios serían de gratis o a quien le pagarían?.
JOH quiere que la PMOP sea para cuidar a altos funcionarios, grandes negocios y grandes propiedades, incluyendo ciudades modelo.
Los verdaderos defensores de la Policía Militar somos quienes nos oponemos a que se convierta en una fuerza al servicio particular de JOH y que éste las mande a ser guardias en las ciudades modelos y guardaespaldas de sus socios en la pretensión de enriquecerse mediante la venta del país y sus instituciones.
El apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional debe ser para que esta se fortalezca. Pero JOH pareciera que pretende destruir a la Policía Nacional puesto que cree que dentro de 3 años la Policía Nacional seguirá igual, que no la mejorará, no la depurará, profesionalizará y equipará para que tenga capacidad propia de atender la demanda de seguridad ciudadana. No cumple su palabra ante la comisión de la CIDH ante la cual afirmó que la PMOP era temporal.
Rechazo que en la Policía Nacional se asciende a oficiales corruptos y marginan a los eficientes. Tampoco toman en cuenta las recomendaciones de la junta interventora. Así nunca logrará ser una buena policía. Apoyo que la seguridad esté en manos de los civiles verdaderamente comprometidos con Honduras.
La pretendida reforma constitucional también atenta contra la Fuerzas Armadas porque rompe la cadena de mando. El presidente nombra directamente al director de la PM, incluso saltándose requisitos de acuerdo a méritos establecidos en la Ley de las FFAA y luego le daría órdenes directas.
Las “argumentaciones” de la millonaria campaña mediática son puras calumnias y mentiras. Rechazo contundentemente las acusaciones que hace el Presidente Juan Orlando Hernández contra quienes no avalamos sus malévolas pretensiones. Los coludidos con el crimen organizado, narcotráfico y grandes actos de corrupción son los que están promoviendo colocar a la PMOP en las manos de JOH.
Confío en que el buen juicio y la rectitud de mis compañeros y compañeras diputadas y que evitaremos este atentado y grave amenaza contra la patria y la seguridad del pueblo hondureño, que no cederán al chantaje y votaremos decididos NO a la ratificación del decreto 283-2013.
Congreso Nacional, 20 de enero de 2015
Bartolo Antonio Fuentes
Diputado por el Departamento de Yoro
Partido Libertad y Refundación LIBRE

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Error de la fiscalía deja libres a dos militares homicidas de menor

Escrito por Redacción | Enero 21 del 2015

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• En este caso, no se puede desconocer que los miembros del ejército no están entrenados para ejercer acciones de policía, sentenció el tribunal.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Tribunal de Sentencia de la Sala Cinco tomó como hechos probados que los tres militares acusados participaron en el homicidio del adolescente, Ebed Jassiel Yanez, de 15 años, pero sólo pudieron condenar al sargento Eleazar Abimael Rodríguez Martínez por este crimen porque fue el único acusado como homicida.
Ebed Jassiel Yanez

El Tribunal declaró inocentes a los tres militares del delito de abuso de autoridad y dejó en libertad por  encubrimiento y violación de los deberes de los funcionarios al cabo Felipe de Jesús Rodríguez y al subteniente Josué Antonio Sierra.

“A criterio del Tribunal de Sentencia ha quedado probado que Josué Antonio Sierra y Felipe de Jesús también dispararon sus armas de fuego en dirección al joven Ebed Jassiel lo cual evidentemente los hace coparticipes de la muerte, no obstante, siendo que no fueron acusados por el delito de homicidio por parte del Ministerio Público no procede poner contra ellos ninguna sentencia condenatoria”, leyó la jueza presidenta como parte de los hechos probados en el fallo.
El Código Procesal Penal establece que la carga procesal la lleva la Fiscalía y es la que podía pedir la condena de homicidio para los tres imputados.  Es por eso que dos de los tres miembros de las Fuerzas Armadas, que participaron en el crimen contra un joven porque evadió un retén, desde este martes 20 de enero quedaron en libertad y se integrarían nuevamente a las labores de seguridad ciudadana.
El error de la Fiscalía
Desde el inicio de este proceso judicial, en 2012, la acusación privada del  Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) libró un pleito judicial para que los tres militares fueran acusados por el  homicidio  del adolescente, pero la Fiscalía especial de Derechos Humanos decidió procesar sólo al sargento por homicidio y a Rodríguez y Sierra por encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Unos minutos antes de conocer la sentencia, sin imaginar la decisión del tribunal, el padre de la víctima, Wilfredo Yánez, denunció a Conexihon.hn que le parecía  irregular que la Fiscalía de Derechos Humanos hubiese acusado sólo a uno de los tres militares por el homicidio de su hijo.
Este 20 de enero, los jueces del Tribunal de Sentencia les dieron parte de la razón a la acusación privada y al padre de la víctima.
En una sentencia insólita, los jueces calificaron que no hubo encubrimiento porque es compresible que el cabo Rodríguez y el subteniente Sierra hubiesen querido esconder evidencia porque no podían auto incriminarse ya que también participaron en el homicidio del adolescente.
Homicidio de tres militares probado
La presidenta del Tribunal de Sentencia dijo: 
“El Tribunal declara probados los siguientes hechos. Primero: el día 27 de mayo del año 2012, aproximadamente a la 1 de la madrugada, el subteniente de Fuerzas Especiales Josué Antonio Sierra se encontraba a cargo de la patrulla militar de reacción, en la cual también participaban los cabos de Fuerzas Especiales Felipe de Jesús Rodríguez y Eleazar Abimael Rodríguez Martínez, así como los otros cuatro miembros del ejército de Honduras, utilizando un vehículo Ford para desplazarse. Dicha patrulla estaba ubicada en un retén militar localizado en la salida que va desde Tegucigalpa hacia Danlí.
Segundo: aproximadamente a la 1 de la madrugada pasó por el retén el señor Ebed Jassiel Yánez Cáceres, quien se conducía en una motocicleta, color rojo, con dirección a la colonia Los Pinos, momento en que miembros del ejército que estaban en el retén le hicieron señal de parada, pero Ebed Jassiel no atendió la misma”. Debido a ello, la patrulla militar dirigida por el teniente Sierra empezó a perseguir la motocicleta en que se conducía, pero este no se detuvo. Ante lo cual, los señores Josué Antonio Sierra, Felipe de Jesús Rodríguez Hernández y Eleazar Abimael Rodríguez Martínez dispararon sus armas de fuego en dirección a la motocicleta en que se conducía el hoy occiso con el conocimiento que podrían ocasionarle un daño a éste. De tal forma que uno de los proyectiles impactó en la región superior derecha de la espalda de Ebed Jassiel lo cual le generó un flujo de sangre en la región derecha del cuerpo, contusión del tallo cerebral, hemorragia, contusión del cerebro lo que le ocasionó la muerte. Ante el impacto, la motocicleta cayó en el suelo y sobre esta cayó la motocicleta del joven Ebed Jassiel.  Los miembros del ejército se bajaron del vehículo y verificaron que éste estaba muerto, yéndose del lugar…
Tercero: en el trayecto de retorno al retén, Josué Antonio Sierra le indicó al conductor que regresaran al lugar de los hechos y al llegar a los mismos les indicaron a los miembros de la patrulla que se bajaran y recogieran los mismos, procediendo él mismo con Felipe de Jesús y Eleazar Abimael a recoger los casquillos. La patrulla retorno al retén donde el subteniente Sierra habló con su superior y posteriormente toda la patrulla retornó a la base, en el trayecto, el subteniente Sierra iba botando los casquillos que había recogido en el lugar de los hechos.
El análisis jurídico de este Tribunal de Sentencia, por unanimidad de votos, se hizo un análisis por separado de cada uno, número uno, el delito de homicidio se encuentra regulado en el artículo 116 del Código Penal…en el presente caso se ha acreditado la muerte de alguien, del joven Ebed Jassiel Yánez Cáceres, las circunstancias en las que él falleció, fue provocado por disparos de arma de fuego.
Este Tribunal de Sentencia considera que se ha probado que el proyectil que ocasionó la muerte de Ebed Jassiel fue disparada por el señor Eleazar Abimael Rodríguez, por tanto no queda ninguna duda de la participación de este en el hecho. A criterio del Tribunal de Sentencia ha quedado probado que Josué Antonio Sierra y Felipe de Jesús también dispararon sus armas de fuego en dirección al joven Ebed Jassiel lo cual evidentemente los hace coparticipes de la muerte, no obstante, siendo que no fueron acusados por el delito de homicidio por parte del Ministerio Público

Wilfredo Yánez, padre del menor Ebed Jassiel Yánez Cáceres

quien muriera a manos de una patrulla militar el 27 de mayo de 2012.

no procede poner contra ellos ninguna sentencia condenatoria…en este caso, no se puede desconocer que los miembros del ejército no están entrenados para ejercer acciones de policía, no se puede desconocer que cualquier persona, por sentido común, puede saber que cuando se realizan disparos hacia un vehículo en movimiento, inclusive si es hacia las llantas puede ocurrir un resultado ya sea para el vehículo o para las personas que en él se conduzcan. Por tanto, los acusados tenían conocimiento que al disparar sus armas de fuego, podrían ocasionar un resultado distinto, grado conocimiento que se aumenta desde el momento que tienen entrenamiento en el uso de armas de fuego”.

“…No obstante, no podemos dar un fallo condenatorio en su contra por no haber realizado ninguna acusación por parte del Ministerio Público”, reiteró la presidenta del Tribunal de Sentencia.  Los jueces también analizaron cada uno de los delitos de encubrimiento, abuso y violación de los deberes de los funcionarios para concluir que los imputados no incurrieron en esos ilícitos.
La Fiscalía anunció que analizará si promueve el recurso de casación.   El padre de la víctima lucía adolorido e indignado con la decisión judicial. Por su parte, Sierra llegó con un uniforme de gala militar la mañana de ayer para escuchar la sentencia, después se colocó un atuendo civil para ir al banquillo y luego escuchó junto a sus ex subalternos el fallo en el que le dijeron que comandó una tropa homicida, pero que queda en libertad porque la Fiscalía no lo acusó.

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