Archivos para 24/09/14

Sin agua tres mil habitantes de comunidad garífuna de Colón

Miércoles, 24 Septiembre 2014 22:52

Los habitantes de Santa Rosa de Aguán se reunieron en su centro comunal para solicitar el apoyo del gobierno. Los habitantes de Santa Rosa de Aguán se reunieron en su centro comunal para solicitar el apoyo del gobierno.

SANTA ROSA DE AGUÁN.- Un grito auxilio al gobierno central lanzan al menos tres mil habitantes del municipio  de Santa Rosa de Aguán que se han quedado sin fuentes a agua dulce.

Los pobladores de la cabecera municipal plantean como solución a la crisis del líquido la reubicación en otra zona de Colón.

La comunidad garífuna de Santa Rosa, la componen unas seis mil personas pero los más afectados por la falta de fuentes de agua son unas tres mil de la cabecera municipal.

Los pozos de abastecimiento se ha secado casi en su totalidad, según los pobladores debido a que desde el 2008 el cauce del río Aguán ha cambiado su trayectoria.

Ese río en 1998 con el paso del huracán Mitch arrastró a su paso unas 14 casas y murieron unas 42 personas, ahora podría ser su salvación si el cauce toma nuevamente su curso.

La cabecera municipal está conformada por  La Barra del Aguán (lado pequeño) y Santa Rosa (lado grande) como lo conoce los moradores, divididos por una inmensa laguna de agua salada, se abastecían de agua de pozos desde hace unos 100 años, pero en los últimos seis meses están empezando a  experimentar altos niveles de salinidad en el agua.

“Estamos preocupados por la situación que vivimos aquí en Aguán, no hay agua dulce en los pozos, ya nos está saliendo aguan salada en algunos y el gobierno no ha dicho nada y no hace nada por los garífuna de aquí. Queremos que vuelvan el río a su cauce”, dice doña Rubenia  Arriola (74) años.

Nicolasa Ocampo, líder comunitaria realizó un llamado al presidente Juan Orlando Hernández, para que busque solución a la crisis que vive su comunidad.

FAUNA
Gibrán López Rodríguez, presidente de los pescadores, señala que especies como la caguacha, guapote, corvina, sabalete, camarón, langostinos e hicoteas debido al alto nivel de sal en el río han desaparecido, afectado la dieta básica de las más de cien familias que subsistían de la pesca en el río.

ACOMPAÑAMIENTO
La Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO) con sede en La Ceiba, Atlántida fue invitada por los pobladores de Santa Rosa de Aguán, para que los apoye en su lucha para que las autoridades los apoyen en busca de una solución al problema del agua dulce.

“Hacemos un llamado enérgico a Juan Orlando (Hernández), que por favor voltee a ver el municipio de Santa Rosa de Aguán que se está muriendo con todos sus hijos, más de cinco mil personas en riesgo de morir por estas tomando agua salada”

Grito F2

Fuente: http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/2615-sin-agua-tres-mil-habitantes-de-comunidad-gar%C3%ADfuna-de-col%C3%B3n

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Dan plazo fatal para Coalianza

24 septiembre, 2014 – 10:58 PM

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COALIANZA-NULIDAD

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dio un plazo de tres días para que la Comisión para las Alianzas Público-Privadas (Coalianza) entregue información solicitada al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

El IAIP declaró sin lugar el recurso de nulidad presentado por Coalianza, por lo que se ordena “que en un plazo de tres días hábiles Coalianza, a través de su oficial de Información Pública, remita al IAIP los antecedentes relacionados al presente recurso; libros diarios, anexando cheques emitidos, copias de estados de cuentas bancarias, liquidaciones”.

La comisionada presidenta del IAIP, Doris Madrid, refirió que de 112 instituciones públicas, Coalianza es la única que se rehúsa a entregar información. (JB)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/09/24/dan-plazo-fatal-para-coalianza/

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Honduras y Perú acuerdan suscribir TLC en noviembre

24 de Septiembre de 2014

09:08PM   – Redacción: Dagoberto Rodríguez. Redacción La Prensa dagoberto.rodríguez@laprensa.hn Los mandatarios hablaron sobre sobre comercio, minería y la aspiración hondureña de ser parte de Alianza del Pacífico

Nueva York, Estados Unidos.

Los presidentes de Honduras Juan Orlando Hernández y de Perú Ollanta Humala acordaron ayer suscribir el Tratado de Libre Comercio (TLC) en noviembre o más tardar en diciembre próximo.

Ambos gobernantes sostuvieron una reunión bilateral privada en el marco de la 69 asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los temas tratados durante el encuentro versaron sobre comercio, minería y la aspiración hondureña de incorporarse como miembro pleno de la Alianza del Pacífico que integran Perú, México, Colombia y Chile.

En 2013 la balanza comercial entre ambas naciones fue deficitaria para Honduras con un saldo negativo de 184,301 millones de dólares.

Entre 2010 y 2013 las exportaciones de Honduras a Perú ascendieron a 32,919 millones de dólares, mientras que las importaciones de mercancías alcanzaron los 428,280 millones de dólares, para un saldo negativo de 395,361 en los últimos tres años. Los principales rubros que Perú exporta a Honduras son productos minerales (51.79%), plásticos y cauchos (14%) y artículos alimenticios (14.31%).

Por su lado, Honduras exporta a esa nación suramericana artículos alimenticios (43%), minerales (16.62%), productos vegetales (14%).

Las negociaciones para el tratado comercial se reanudaron el 4 de agosto pasado y la siguiente ronda de negociación está prevista para la primera y segunda semana de octubre en San Pedro Sula.

La firma de este acuerdo comercial es clave para las aspiraciones de Honduras de ingresar como miembro de pleno derecho en la Alianza del Pacífico en vista que necesita tener en vigor TLC con todos los países fundadores de esta iniciativa (Chile, México, Colombia y Perú).

TLC es una oportunidad

Al cabo del encuentro, Humala dijo a diario LA PRENSA que “estamos muy identificados con Honduras, tenemos justamente un Tratado de Libre Comercio; podemos, Dios mediante, suscribirlo este año. Así que esa es una oportunidad para ambos pueblos”.

Enfatizó que acordaron impulsar el tratado en las próximas semanas porque es una aspiración mutua de ambos gobiernos.

Por su lado, Hernández destacó que solo falta la visita de una delegación de altos funcionarios y empresarios del Perú a la ciudad de San Pedro Sula, y coincidieron que la firma se materialice entre noviembre y diciembre.

“Hemos invitado al presidente Ollanta Humala a que venga a Honduras a firmar el tratado o si no lo vamos a hacer durante la cumbre de cambio climático que se celebra en Perú”, acotó.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) aprobó a Honduras ocho proyectos en las áreas de migración, hidrometeorología, eficiencia energética, evaluación ambiental, género, joyería, artesanía y tecnología pesquera.
Hernández detalló que el país puede aprovechar la experiencia de Perú en el rubro minero, especialmente en asesoría para que logre alianzas e inversiones con empresas robustas y de alta responsabilidad ambiental.

También puede aprovechar esa misma experiencia para apoyar la minería artesanal y evitar que muchos compatriotas sean explotados y tengan beneficios importantes, tal como se pretende hacer en la mina de San Juan en El Corpus, Choluteca.

“La minería ilegal usa mucho mercurio y si eso contamina las aguas o las zonas de producción agroalimentaria sería fatal para el país, por eso he dado instrucciones muy claras para tratar ese tema en El Corpus y cualquier otro lugar que se esté dando en Honduras”, dijo.

Sobre las áreas específicas que abarcará el TLC con Perú, el Presidente hondureño destacó el turismo, la minería, comercio en general y agroalimentos entre los más importantes.

Anunció que también se planifica una reunión de las primeras damas de ambos países en Honduras para intercambiar experiencias en proyectos de atención social, en los que Perú y Honduras han tenido mucho éxito.

“En general siento que estamos consolidando una relación con un país que tiene mucho que aportarle a Honduras y ellos también están viendo que de nuestro país pueden sacar mucho provecho”, acotó.

El gobernante finalizó diciendo que en noviembre los dos países deberían estar listos para rubricar el acuerdo comercial, o en diciembre en Lima, Perú.

Sobre la incorporación de Honduras a la Alianza del Pacífico como miembro de pleno derecho, Hernández destacó que ha recibido el apoyo de Chile, Perú, Colombia, México y Estados Unidos para ser parte de la iniciativa comercial.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/750947-96/honduras-y-per%C3%BA-acuerdan-suscribir-tlc-en-noviembre

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Honduras Leader Rails Against Ineffective Drug War

The president of Honduras blamed the flight of migrant children to the U.S. on a drug war his country didn’t start and demanded the world pay as much attention to displaced Central American families as it does to those terrorized by wars elsewhere.

In an impassioned speech before the U.N. General Assembly, President Juan Orlando Hernandez railed against international drug policies he said lunge incoherently between “proposals based on legalizing drugs on the one hand” and others “based on waging a ceaseless war on all fronts without regard to the costs.”

He urged the world to agree on an international strategy and proposed creating “a multinational force” to fight drug trafficking cartels “just like the one that this morning, President Obama asked for to confront radical fundamentalists.”

“Today, we talk about what is happening in other regions to children, young people, families displaced by war, violence and radical extremists,” he said. “But little is said about the situation of thousands of families in the northern triangle of Central America.”

Tens of thousands of unaccompanied minors crossed from Mexico to the U.S. earlier this year, in an unprecedented surge. Many were from Honduras, which has the world’s highest homicide rate for a country not at open war. Some were fleeing recruitment attempts and death threats from vicious gangs or trying to reunite with family members. But some were also drawn by confusion over U.S. immigration policies and rumors that once in the U.S., they would be allowed to stay.

Hernandez blamed their flight “on violence caused by drug trafficking through our territory, poverty and lack of opportunities.”

“What is the difference between those displaced by violence in other regions and those displaced by violence generated by drug traffickers and organized crime?” Hernandez said. “The difference is that those displaced, thousands of families, boys and girls, are knocking on the doors of the U.S.”

He said Honduras, a key transit point for drugs, has been caught in the middle of drug-producing nations and major consumers, such as the U.S.

“Our territory is now one of the principle battlegrounds of a war that is not ours. A war that we didn’t start, whose strategies are decided outside Honduras,” he said.

Weeks before he was elected president in January, Hernandez, as president of Congress, pushed through legislation to create a new military police force that has taken over many security duties in Honduras. His government also extradited a suspected drug trafficker to the U.S. for the first time, a move the U.S. said was a sign Hernandez intends to crack down on drug trafficking.

Fuente: http://abcnews.go.com/US/wireStory/honduras-leader-rails-ineffective-drug-war-25741077

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Por primera vez se presenta Informe sobre derechos políticos electorales ante el EPU

El Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, envió ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, un informe para el Examen Periódico Universal, EPU, el primero en su género sobre el país dirigido ante este organismo, sobre los derechos políticos electorales donde se describen elementos críticos del procesos electoral de noviembre de 2013, realizado en Honduras.

Esta iniciativa forma parte del Proyecto” Propuestas de reformas electorales desde una perspectiva de derechos humanos”, apoyado por la organización internacional DanChurchAid .

El Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, se establece en 2006 como un órgano subsidiario de la Asamblea General. Tiene la responsabilidad de realizar un Examen Periódico Universal (EPU), basado en información objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el cual éste vigila regularmente el cumplimiento por cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. El EPU es un proceso de revisión interestatal destinado a mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno.

Cada año se someten 48 países al examen, 16 en cada uno de los tres periodos de sesiones anuales del Grupo de Trabajo sobre el EPU, a Honduras le toca el turno en los primeros meses de 2015, donde debe demostrar que ha cumplido con 120 recomendaciones que diferentes Estados del mundo le hicieron el 04 de noviembre de 2010, en relación a la situación de derechos humanos del país, agudizada desde el golpe de Estado de junio de 2009.

El Informe de CESPAD

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En el marco del Examen Periódico Universal a Honduras (EPU-Honduras) 2015, el Centro de Estudios para la Democracia presenta, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los aspectos críticos más relevantes sobre el respeto y cumplimiento de los derechos políticos en las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013 en Honduras. También se hacen recomendaciones para mejorar la situación de los derechos políticos en futuros procesos electorales.

Este informe se inspira en la recomendación 1, del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal a Honduras, que dice: “Examinar su legislación nacional para garantizar el goce pleno y sin restricciones de los derechos humanos por todos los miembros de la sociedad, incluidos los grupos más vulnerables, como las mujeres, las personas lésbicas, gay, bisexuales y transexuales, y los pueblos indígenas”; y en la 82.94 que recomienda: “Poner en práctica una política activa de prevención de la violencia y los actos de intimidación contra los medios de difusión y los miembros de la oposición política, y dotar a los mecanismos establecidos de los recursos y medios necesarios para cumplir su mandato en la esfera de la protección de los derechos humanos”.

El informe que fue enviado el 14 de septiembre anterior, describe el contexto de violencia, la ausencia de independencia y autonomía de los organismos electorales, competencia política inequitativa y desigual, acceso desigual a los medios de comunicación, falta de transparencia y rendición de cuentas, de procedimientos claros de denuncia ciudadana, de resolución de conflictos y de investigación de delitos electorales, así como las debilidades del censo electoral que limitan el libre ejercicio del sufragio, violentando con ello el principio de cada ciudadano al voto.

La organización hace un breve resumen del contexto de los procesos electorales que se han realizado después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y señala que en noviembre de 2009, año del golpe de Estado mediante el cual se derrocó al Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales, se realizaron elecciones generales mediante las cuales fue electo como Presidente de la República, el ciudadano Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional.

Estas elecciones se realizaron en un contexto de un Gobierno de facto, con serias restricciones, amenazas y violaciones a los derechos humanos. Además, más del 50 por ciento de los hondureños y hondureñas no participaron en las votaciones e impugnaron sus resultados. También estuvo ausente la comunidad internacional que, en su mayoría, desconoció los resultados.

Agrega que uno de los impactos políticos más relevantes de la ruptura constitucional del 2009 para la democracia hondureña, es que abrió un proceso de reconfiguración del sistema de partidos políticos.

Los derechos políticos durante el proceso electoral de noviembre de 2013

Las elecciones se celebraron en un ambiente de alta violencia y criminalidad, que limitó la libertad de movilización, reunión y expresión de la ciudadanía y en especial, de las personas que optaban a cargos de elección popular. Esta situación afectó más a las personas candidatas con menos recursos.

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Durante el proceso de las elecciones primarias, de mayo a noviembre de 2012, se presentaron 27 casos de violencia política electoral directa sobre candidatos, dirigentes o activistas de partidos políticos. Entre los 27 casos, 13 fueron homicidios, 6 amenazas a muerte y 8 atentados. El partido más afectado fue LIBRE con 7 homicidios, 5 amenazas y 3 atentados; el Partido Liberal sufrió 4 homicidios y 2 atentados y el Partido Nacional 2 homicidios, 1 amenaza y 3 atentados En el año 2013, sólo de enero a julio, se produjeron 17 casos de violencia política; 10 homicidios (4 de Libre, 3 del Partido Liberal, 2 del Partido Nacional y 1 del Partido Anticorrupción); 5 amenazas (3 de Libre, 1 del Partido Nacional y 1 del Partido Anticorrupción); y 2 atentados (1 a Libre y 1 al Partido Nacional).

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) funcionó de forma parcializada y controlada por los dos partidos políticos tradicionales, Partido Liberal y Partido Nacional. Esto dejó a los partidos Libertad y Refundación (LIBRE), al Partido Anticorrupción (PAC) y a las otras fuerzas políticas excluidas del TSE en una situación de competencia política desventajosa.

Se utilizaron los medios estatales y los recursos públicos para favorecer al partido de gobierno. Se observó el pago del llamado Bono 10.000 para familias en situación económica precaria, por parte de funcionarios del Estado en actos en los que se pidió de manera más o menos directa el voto para el Partido Nacional. En otros casos se observó el reparto de bienes de consumo, como materiales de construcción y alimentos, e incluso servicios médicos.

La distribución de los espacios en los medios de comunicación obedeció a la afiliación política e intereses económicos de los dueños de los medios y la amplia mayoría de los medios de comunicación aplicaron a la propaganda electoral tarifas distintas de las de la propaganda comercial, favoreciendo a los partidos afines a sus intereses.

Se detectaron numerosos anuncios electorales denigratorios contra el Partido LIBRE desprovistos de la identificación del autor responsable de la cuña electoral y en ninguno de los casos observados se registró una intervención por parte del TSE. Y la cobertura de la campaña electoral por sexo muestra que las candidatas tuvieron un acceso limitado a los medios de comunicación observados.

Ninguno de los partidos políticos que participaron en las elecciones del 24 de noviembre cumplió plenamente con su obligación de proporcionar información sobre la financiación de su campaña. El marco legal e institucional vigente no reúne las condiciones necesarias para permitir una contienda electoral transparente.

No existió un reglamento y procedimiento claro de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre quejas e impugnaciones electorales por parte de los ciudadanos (as) y los mismos partidos políticos.

El censo electoral tiene problemas significativos que constituyen una debilidad del marco electoral. Actualmente, un 30% de las entradas son de fallecidos o emigrantes. Además, durante el proceso electoral proliferaron denuncias creíblesde cambios fraudulentos de residencia, en las que siempre estaban implicados el Partido Nacional y el Partido Liberal.

La actual cédula de identificación ciudadana posibilita que un votante pueda hacerlo varias veces, si dispone de las ocasiones. Esto se debe, entre otras cosas, a que la fotografía no está actualizada y los registros electorales no captan la huella dactilar, como en los modernos sistemas de voto electrónico.

El CESPAD envió al EPU una serie de recomendaciones donde se resalta que debe hacer una representación equitativa de las fuerzas políticas en los organismos electorales, depuración el padrón electoral, transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de las campañas políticas, igualdad de oportunidades para todos los partidos políticos en la competencia política.

También destacó que es necesaria la participación en igualdad de oportunidades de las mujeres, participación y representación política de los grupos sociales más excluidos, participación más activa de la sociedad civil y de la ciudadanía como veedores de todo el proceso electoral.

En el EPU 2010 Honduras recibió 120 recomendaciones de los diferentes países, entre las que destaca en relación a este tema de los derechos políticos de la ciudadanía, la señalada por Indonesia donde describió que valoraba los esfuerzos realizados por Honduras para estabilizar el país y emprender las reformas democráticas necesarias después del golpe de Estado de junio de 2009.

Y El Salvador expresó que el proceso del examen periódico universal proporcionaba al país la oportunidad de intensificar sus esfuerzos por lograr la reconciliación entre todos los hondureños y superar la situación que había afectado a los derechos humanos en Honduras.

Vea el informe completo enviado por CESPAD:

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Trancazo eléctrico: ¿Acaso el FMI tiene la última palabra?

2014-09-24

Honduras

Javier Suazo

Clasificado en: Economia, Industria, InstitucionesFinancieras, PoliticasEconomicas,
Disponible en:   Español       

 

El ajuste económico a inicios de los años 90s abrió el sector eléctrico al capital privado. La Ley Marco del Sub-sector Eléctrico aprobada en noviembre de 1994 tuvo como objetivo fundamental regular las actividades de generación, trasmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, para lo cual se dio vida al gabinete energético para formular y evaluar las políticas del sector.  ¿Nunca se formuló una política de Estado de largo plazo? Igual se crea la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) que no se supo cuál era su verdadera función, ya que sus actuaciones eran de oficina de trámites de contratos de energía para los operadores privados y la actualización de las tarifas.

En octubre de 2007, al capturarse la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) por grupos y poderes fácticos representados por un oligopolio de generación de energía térmica, el gobierno de Zelaya Rosales aprobó la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, que facilitó la proliferación de proyectos de inversión que, para su ejecución, debía secuestrarse a los ríos, micro cuentas y cuencas del país, así como a los pobladores. La Ley de Producción y Consumo de Biocombustibles le siguió, pero el resultado más visible es la presión desmedida por la tierra agrícola y la expulsión de campesinos productores de alimentos, frente a la siembra de palma africana, cacao y el azúcar.
 
Los mismos empresarios de las empresas térmicas capturaron la mayor parte de estas iniciativas de inversión, sumándose políticos de turno; el caso de la energía eólica y solar observa una mayor partición de capital privado externo.  Sin embargo los costos sociales, ambientales y las violaciones de los derechos humanos han sido demasiado altos para el país, aunque todavía, como era de esperarse, la dependencia de la energía térmica sigue siendo mayor.
El asalto a la ENEE ha sido salpicado por actos de corrupción, acompañado de una politización y mala gestión técnica y financiera. En el gobierno de Zelaya Rosales hubo más de cuatro gerentes de la ENEE, incluyéndose él mismo. Las pérdidas de la ENEE representaban el 25% por no facturación, que significaba unos 200 millones de dólares anuales; los grandes morosos no se tocaron ya que incluía connotados líderes empresariales y políticos, y las pérdidas por concepto de un subsidio generalizado superaron los 3 mil millones de lempiras, pero además se otorgó dicho beneficio a consumidores de hasta 300 kilovatios.
El golpe de Estado profundizó la crisis de la ENEE ya que se autorizó la ejecución de proyectos hidroeléctricos en áreas de bosques protegidos, modificó la formula de importación de combustibles y se otorgaron licencias ambientales para proyectos de energía renovable como si fueran cupones de comida para indigentes. El balance de la empresa de la ENEE arrojó un déficit de cerca de 3 mil millones de lempitas al 31 de diciembre de 2009.
El gobierno del Humanismo Cristiano (2014-2013) no se quedó atrás; politizó la ENEE, las pérdidas crecieron, la mora aumentó y se observó un mayor drenaje de recursos del fisco para cubrir los déficits operaciones. Se ensayaron varias alternativas, desde la creación de una junta interventora hasta el ofrecimiento de los empleados de la empresa eléctrica colombiana para capitalizar la ENEE, siempre y cuando se tuviera el 51% de las acciones de capital, lo cual no se aceptó.
La alternativa aprobada por el Congreso de la República en el marco de las Alianzas Público-Privadas, que a juicio del presidente del Sindicato de la empresa Miguel Aguilar, fue para favorecer a los Bancos del Sistema opuestos a la propuesta de los colombianos, es la operatizacion de tres fideicomisos para el rescate financiero de la empresa. Un fideicomiso con el Banco Atlántida para recuperar pérdidas en el área de despacho y trasmisión; un fideicomiso con Ficohsa para pérdidas en distribución y flujo financiero y otro, de menor cuantía, con el Banco Continental por iluminación pública; ya no habrá una ENEE, sino que tres (3) unidades empresariales operando bajo un esquema distinto.
El problema con estos fideicomisos es que marchan a “paso de tortuga” ya que tienen más de un año de haber sido autorizados por el gobierno sin que estén debidamente conformados, en el entendido que solo recuperan ingresos pero no invierten capital ¿del mismo cuero las correas?. En el caso particular de los fideicomisos con Banco Atlántida y Ficohsa, el FMI espera que se avance ya que no puede aprobar una Carta de Intenciones sin tener claridad de cómo se recuperan dichas pérdidas y los aportes de capital (inversiones) fresco por el operador privado internacional a contratar; más de algún banco está pensando en una figura donde el operador no invierta y solo cobre a los contribuyentes comerciales, dejando un porcentaje para los gastos y sus beneficios.
El presidente del BCH ha expresado que la solución de la crisis financiera de la ENEE contempla varias intervenciones: a) reducción de las pérdidas que representan un 32%, a razón de una pérdida de 1 millón de dólares diarios ¿Unos 7,000 millones de lempiras al año?, aspirando a una reducción gradual máxima de cerca de 23% al finalizar el gobierno; b) la reingeniería institucional que permita sanear la empresa y mejorar la gestión administrativa y técnica, pero eliminando también el paracaidismo político y la burocracia de cuello blanco; c) renegociación de los contratos con las empresas térmicas con una deuda de 320 millones de dólares ¿revisar los costos fijos caso por caso, tiempos de pago, el calculo del costo marginal, colocación de bonos para pagar deudas viejas?; d) focalización de los subsidios ¿ pagarán más los indigentes ya que en actualidad el subsidio se redujo a los que consumen menos de 50 kilovatios; f) ajuste de tarifas.
Sobre esto último, ya se habla de un ajuste de 10% de la factura de energía, que representa ingresos adicionales al fisco de 2,000 millones de lempiras al año. Ha sido rechazado por la colectividad nacional incluyendo a los empresarios y el colegio de economistas. Para los miembros del Sindicato de la ENEE, el ajuste de las tarifas sería mayor por cuanto es la única manera para que los bancos y operadores privados cubran los costos reales de operación y recuperen su inversión
El presidente del BCH considera que el ajuste de tarifas es la última opción, pero deducimos que si no se logra firmar con el FMI será la primera opción. Tanto la recuperación de perdidas como la reingienria institucional llevan tiempo, como también es evidente que el ahorro por focalización de subsidios no será significativo y puede más bien afectar a un grupo poblacional vulnerable. El drenaje de recursos que causa la situación financiera de la ENEE es diario, por lo que es de esperar que se ajusten las tarifas de inmediato en tanto la ENEE opera con costos por debajo del costo real. El ajuste de tarifas fue una de las recomendaciones del FMI en 2010, que sirve de justificación para exigir de nuevo su cumplimiento.
Es poco probable que los diez (10) trancazos económicos que ha sufrido el pueblo hondureño después del golpe de Estado, sea un factor que pueda utilizarse para que el trancazo eléctrico no forme parte de la condicionalidad exigida por el FMI, aunque un punto a favor es que el presidente de la Republica está en contra de cargar al pueblo con más impuestos.
Tegucigalpa, Septiembre de 2014.
 

Fuente: http://alainet.org/active/77420

 

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LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN HONDURAS TIENE ROSTRO DE MUJER

24 de Septiembre del 2014

 

Un informe de la Dirección de Educación Superior (DES) revela que el 58 % de la población universitaria en Honduras son mujeres,  de una  matrícula de  174,034 estudiantes diseminadas en las 20 universidades públicas y privadas que funcionan en Honduras.

El sociólogo hondureño,  Pablo Carías, explicó que estos cambios sociales se deben a la apertura de nuevos empleos que durante décadas estuvieron  relegados para los hombres, lo cual ha potenciado que las mujeres tengan acceso a la educación  universitaria.

La comisionada universitaria, María Antonia Navarro, manifestó que “este fenómeno social indica que  las luchas por la equidad de género están rindiendo sus frutos, y lo que único que hace falta es el empoderamiento de las mujeres, es decir,  asumir altos cargos administrativos dentro del sector público y privado”.

Estudios académicos relacionados revelan que en 2014,  todas las carreras que se ofrecen a nivel universitario, tenían una matrícula igual o mayor   al  50 % de mujeres, dejando entrever que a nivel universitario se gesta una equidad de  género.

En relación con el 2011, el 60% de la matrícula total en el nivel de educación superior estaba atendido por los centros de educación superior estatales. Las Universidades publicas tenía una matrícula general de  104, 211 mil estudiantes, de los cuales 71, 019 pertenecían a la UNAH,  para un 41 %, y las Universidades publicas  sumaban  33, 192 que representa, o sea un 19 %. Mientras que las Universidades privadas registraron 69,823 estudiantes que representa un 40 %.

Demanda

Según autoridades de la DES, la demanda inmediata de la educación superior en Honduras la requiere un grupo poblacional con edades comprendidas entre 18 y 24 años, que en el año 2011 se estimaba en 1,103, 726 y la demanda potencial la constituye la población entre 0 a 17 años estimada en el 2011, en 3,659,424 habitantes, quienes se incorporarán a los estudios superiores conforme culminen su educación secundaria.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estimaba  para el 2011 que  la población comprendida entre 25 a 64 años,  consistía en 3,107, 040.

En relación al número de carreras, según datos oficiales de la DES,  un total de 378 fueron autorizadas a las Instituciones de Educación Superior, y la relación entre las instituciones estatales y privadas es relativamente equilibrada.

A nivel de  postgrados, los registros oficiales de la Dirección de Educación Superior revelan que el 75% corresponden a programas de Maestrías, el 20% Especialidades médicas y sólo un 4% representan estudios de doctorado.

Los estudios de postgrados en sus diferentes estadios son ofrecidos principalmente por las Instituciones Estatales, sin embargo, resulta importante la contribución de los centros privados en la oferta de programas de maestría y de doctorado.

Fuente: http://www.presencia.unah.edu.hn/academia/articulo/la-educacion-superior-en-honduras-tiene-rostro-de-mujer-

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Ambientalistas hondureños participan en foro sobre el cambio climático

El objetivo del encuentro es para revisar la situación y pronunciarse sobre el contexto climático que afecta en general toda Centroamérica.

Una delegación de organismos ambientalistas de Honduras viajó este día a Managua, Nicaragua, con el fin de participar el Foro Regional Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida, que definirá su posición frente a la Conferencia de las Partes sobre el cambio climático (COP 20) de Lima, en diciembre próximo.

Alrededor de 200 representantes de organismos ambientalistas centroamericanos trabajarán en la elaboración de un pronunciamiento que defina la posición conjunta de las organizaciones no gubernamentales de la zona central que trabajan el tema del cambio climático, según la Mesa Nacional para la Gestión del Riesgo (MNGR) de Nicaragua.

Los delegados representan a las organizaciones que integran las mesas nacionales para la gestión del riesgo en Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

La COP 20 es la reunión mundial en la que los jefes de Estado de todo el mundo se comprometen a cumplir con el Protocolo de Kioto, para reducir las emisiones de carbono por debajo del 5 % respecto a 1990.

El tema preocupa a Honduras por ser junto a Nicaragua dos de los tres países del mundo más afectados por el cambio climático, según el Índice Global de Riesgo Climático 2013, elaborado por el organismo ecologista alemán Germanwatch.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/ambientalistas-hondure%C3%B1os-participan-en-foro-sobre-el-cambio-clim%C3%A1tico

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Amenazan con desalojar aldea garífuna por mega proyecto Bahía de Tela

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• Los miembros de la Policía Nacional y militares se encuentran en la comunidad garífuna de Barra Vieja, Tela, al norte de Honduras. “La acción es promovida por los empresario turísticos asociados en Indura |& Beach Resort, con el aval de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba”, indicó la OFRANEH en un comunicado público.
Barra Vieja, Tela, Honduras (Conexihon).- Más de 50 familias garífunas están a punto de quedar en la calle tras la amenaza de desalojo promovida por parte de los propietarios de Mega Proyecto Indura |& Beach Resort, miembros de la Policía Nacional y Militares, denunciaron este miércoles dirigentes de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).
De acuerdo con el dirigente garífuna, Nahúm Lalin, “la comunidad que fue fundada en 1,958 enfrenta una fuerte presión de parte del proyecto Laguna de Los Micos ahora Indura |& Beach Resort, pretenden desalojar a toda la comunidad garífuna para que puedan ellos seguir con sus proyectos, que se suponen turísticos”.
Lalin, añadió que la participación de la comunidad garífuna en la zona “ha sido cero” pese a que en un inicio se habló de una sociedad que los participaría con un siete por ciento de los fondos, mismos que serían destinados a proyectos de las comunidades. “En realidad lo que se quiso fue desestabilizar a las comunidades algo que nunca se ha dado entre los garífunas, por lo que sabemos que han querido utilizarnos y manipularnos, pues nadie conoce el destino del siete por ciento”.
“La orden de desalojo ha sido denunciada varias veces y en parte por eso sabemos que se habían frenado, pero ahora en la Corte de Apelaciones hay una nueva orden de desalojo que se ejecutará este lunes 29 de septiembre”, explicó.
Comunidad en alerta
De acuerdo con el garífuna los pobladores de la comunidad de Barra Vieja “están preparados para todo. Por lo que no permitirán se les arrebaten sus tierras”.  La comunidad Barra Vieja está ubicada a la entrada del proyecto turístico Indura Beach, al que en un comunicado la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, culpa de rellenar 80 hectáreas del humedal de Laguna de Los Micos, para la construcción de un campo de golf, sin tomar en cuenta el daño ambiental causado en la zona.
A inicios del mes de agosto agentes policiales con órdenes de los tribunales de Tela realizaron el desalojo de 400 personas de la comunidad, argumentando que esas tierras pertenecen a la Empresa Nacional Portuaria. Tras el hecho, inmediatamente otras comunidades y organizaciones de derechos humanos acudieron a la zona en apoyo de Barra Vieja, denunciando los nuevos atropellos y arbitrariedades en contra del pueblo garífuna.
Induras beach & golf resort 
Induras que en lengua garífuna significa Honduras, es un proyecto turístico instalado en el caribe hondureño, en medio de la Bahía de Tela, una zona reconocida internacionalmente por su enorme riqueza natural.
Los planes para la construcción del complejo turístico nacieron en el año 2003 con la administración del gobierno nacionalista de Ricardo Maduro, quien junto a un grupo de empresarios dieron origen al Fondo de Inversión en turismo, una instancia público-privada que sería quien concretaría el proyecto multimillonario.
Sin embargo, los mencionados cientos de kilómetros de preciosas playas caribeñas con aguas cristalinas y arenas blancas no se encuentran abandonadas. Gran parte de este territorio ha sido hogar a decenas de comunidades Garífuna por más de 200 años.
Impacto ambiental y crisis hídrica
Según se conoció, el complejo turístico ocupará más de 500 hectáreas de tierra, una franja de playa de tres kilómetros y se tiene pensado rellenar más de 80 hectáreas de la Laguna de los Micos para crear un campo de golf, en abierta violación a la Convención Internacional de Protección a los Humedales, conocida como (RAMSAR).
Otro impacto a tener en cuenta es el agravamiento de la crisis hídrica que están viviendo las comunidades de la zona, las cuales tendrán que competir con el proyecto turístico por el acceso al agua. Un tercer problema está relacionado con el cambio climático y la presencia de huracanes, ya que ese modelo de desarrollo turístico que destruye el medio ambiente va a dejar estas zonas mucho más expuestas a los daños provocados por estos fenómenos naturales.
El desalojo de la comunidad viola el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, al desconocer la propiedad ancestral de nuestro pueblo sobre el paraje ocupado.
Por lo que la OFRANEH considera que el Proyecto de Bahía de Tela, conocido como Laguna de Micos y ahora Indura, “ha causado un enorme perjuicio a las comunidades garífuna, y forma parte del saqueo del país por su élite de poder”.

La empresa ASTALDI, que tiene una presencia histórica en Honduras y en otros países de la región,

se prepara para comenzar la estructura inicial del megaproyecto turístico en Bahía de Tela,

trabajando en el relleno de la Laguna de Micos  para la construcción del campo de golf y para realizar la red de infraestructura básica. 

Desde el inicio de los años 80 comenzaron las especulaciones de tierras en la bahía de Tela, además de las amenazas y asesinatos de los opositores  a la entrega del territorio de las comunidades garífunas. Actualmente se espera una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación al caso de Triunfo de la Cruz, y en fecha reciente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe de admisibilidad del caso de la comunidad San Juan, Tela./Fotografías: Mimundo.org



Más información sobre el caso

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-pueblos-indigenas/amenazan-con-desalojar-aldea-gar%C3%ADfuna

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Nuevo modelo de seguridad social debe ser universal advierten miembros de la Junta Interventora

Morales señalo que en estos momentos están trabajando para sanear administrativamente el IHSS, al mismo tiempo mejorar la calidad de atención al derechohabiente en el tema de salud.

Los miembros de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, ofrecieron una conferencia de prensa sobre el nuevo modelo de seguridad social que se implementará en el país.

La presidenta de la junta, Vilma Morales dijo que con el nuevo sistema se espera que sea un modelo donde haya un cumplimiento efectivo de la ley, pero que presente progresividad, gradualidad para que sea universal.

Morales señalo que en estos momentos están trabajando para sanear administrativamente el IHSS, al mismo tiempo mejorar la calidad de atención al derechohabiente en el tema de salud.

La Ley de Protección para una Vida Mejor, basado en la justicia y la legalidad, busca ser un sistema unitario en el que se considere a todos los hondureños, por lo tanto la ley marco establecerá ampliar los beneficiarios, poniendo en marcha el principio de universalidad.

Sin embargo, paralelamente hay dos leyes que van a desarrollar los demás aspectos y componentes, dichas leyes son la reforma a la ley del seguro social y La Ley del Sistema de Salud Pública.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/nuevo-modelo-de-seguridad-social-debe-ser-universal-advierten-miembros-de-la-junta

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CSJ espera pronunciamiento de EEUU para agilizar extradición de Juving Suazo

El  presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, indicó que la solicitud para agilizar la expatriación del extraditable hondureño, Juving Alexander Suazo Peralta, fue trasladada a las autoridades estadounidenses para su pronunciamiento al respecto.

 “Una vez que se tenga ese pronunciamiento, se señalará una audiencia quizás más próxima a la que estaba señalada para resolver lo que se ha solicitado”, señaló el Rivera.

Lógicamente que si el gobierno de los Estados Unidos pide una extradición y por parte del imputado hay una aceptación expresa, lo lógico es que los tiempos se acortarán y la extradición se realizará en un corto espacio de tiempo, informó.

“Es probable que con la colaboración que él (Juving Suazo) está demostrando, pueda conseguir también un tratamiento especial en los Estados Unidos y logre que se aminore la pena que le pueda corresponder”.

El pasado 16 de septiembre, el apoderado legal de Suazo Peralta pidió agilizar el proceso de expatriación de su cliente, considerando que en EEUU había condiciones favorables para enjuiciarle.

Fuente: http://www.tercerpoder.hn/csj-espera-pronunciamiento-de-eeuu-para-agilizar-extradicion-de-juving-suazo/

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Depuración en el Poder Judicial estará sujeta a un reglamento

Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura revisa todas las semanas las denuncias que son presentadas oportunamente en la Inspectoría de Tribunales.

Una vez que concluya la reglamentación sobre la depuración en el Poder Judicial, y se publique en el diario Oficial La Gaceta, se procederá con la misma dijo el titular del ese poder del Estado, Jorge Rivera Avilés.

Rivera Avilés dijo sostuvo que la depuración comienza de manera oficial, en cuanto a las pruebas de confianza y por su parte se está convocando para hoy miércoles a un concurso teórico de conocimiento para todas aquellas personas que de dos años hacia atrás fungen como interinas en la Corte Suprema.

Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura revisa todas las semanas las denuncias que son presentadas oportunamente en la Inspectoría de Tribunales.

Además señalo que las suspensiones están consideradas como una medida normal, pero estos procesos ya deben acostumbrarnos a que se seguirán dando hasta que las notificaciones de un despido serán sumamente escasas, porque la depuración avanza día a día y no se detiene, puntualizó.

La depuración en términos generales es satisfactorio, pero en todo proceso nuevo ocasiona reacciones de parte de algunas personas que consideran que no ha sido justa una decisión del Consejo.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/depuraci%C3%B3n-en-el-poder-judicial-estar%C3%A1-sujeta-un-reglamento

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¿Quién está matando a los periodistas de Centroamérica?

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  • La violencia generalizada y la impunidad impiden esclarecer los asesinatos.
En un contexto de violencia e inestabilidad en Centroamérica provocado por el crimen organizado y la corrupción, Honduras y Guatemala han experimentado un alarmante aumento en las cifras de asesinatos de periodistas y ataques contra la prensa. La impunidad casi absoluta que rodea estos crímenes significa que la mayoría de los casos no llegan a resolverse y los móviles quedan sin esclarecer. Mientras el temor invade a las redacciones en la prensa de ambos países, gobiernos cada vez más intolerantes al disenso intentan controlar a medios y periodistas críticos.
Un hombre vende llaveros con la imagen del asesinado presentador
radial hondureño Ángel Alfredo Villatoro (AFP/Orlando Sierra)
Si se busca una respuesta sobre quién ordenó el asesinato del conocido presentador radial hondureño Ángel Alfredo Villatoro, ocurrido en 2012, sólo basta con preguntarle a cualquier periodista de la capital, Tegucigalpa. Cada uno de ellos tiene una teoría –que sólo están dispuestos a compartir en voz baja y sin atribución de la fuente– y cada versión es marcadamente distinta. En Honduras los únicos que no muestran interés son las autoridades. En reuniones a finales de mayo con el CPJ, declararon con orgullo el caso como resuelto y apuntaron a las recientes condenas de los presuntos sicarios, a pesar de que las autoridades nunca esclarecieron el móvil del crimen ni lograron identificar a los autores intelectuales.
En la vecina Guatemala, la policía anuncióque en junio había capturado a un sujeto a quien señalan de haber asesinado al periodista Jaime Napoleón Jarquín Duarte y al propietario de una radioemisora y político Luis Alberto Lemus Ruano en dos ataques distintos en 2013. Del mismo modo, no se abordó el móvil de los crímenes ni la posible existencia de nexos entre las víctimas
•  Un informe especial del CPJ elaborado por Sara Rafsky.  Descargue el PDF
En los últimos años, Honduras y Guatemala han sido escenarios de un alarmante aumento en las cifras de asesinatos de periodistas y ataques contra la prensa. En ambos países –con algunas de las más altas tasas de homicidios del mundo, según estadísticas de la ONU– impera la impunidad y no queda claro quiénes son los artífices ni las causas de la violencia. Esta incertidumbre ha exacerbado la tensión constatada en Centroamérica, región que registra violencia generalizada y la ruptura del ya de por sí limitado estado de derecho debido al auge de la delincuencia organizada.
Las persistentes divisiones y la debilidad institucional derivadas de la violencia política y los conflictos de las décadas del ’70 y el ’80, sumadas a la llegada de miembros de pandillas o maras que fueron deportados de Estados Unidos y la presencia de los carteles del narcotráfico mexicanos, están afectando toda la región. Pero a diferencia de otros países con altos índices de violencia como El Salvador –donde el más reciente asesinato de un periodista debido a su labor profesional ocurrió en 2011, según datos del CPJ–, en Honduras y Guatemala estos problemas se han manifestado con mayor gravedad en la forma de ataques contra la prensa.
En las ciudades y pueblos del interior de Honduras y Guatemala, donde el estado de derecho brilla por su ausencia y los grupos del crimen organizado ejercen considerable control, los periodistas ven amenazas en todas partes y tienen temor de informar sobre temas sensibles. En Tegucigalpa y la Ciudad de Guatemala, muchos periodistas están preocupados por la desaparición de espacios para la crítica y la denuncia bajo gobiernos que ellos califican de intolerantes a las opiniones divergentes. Tanto en Honduras como en Guatemala, la persistente polarización política nacida de conflictos sociales anteriores y las antiguas rivalidades han dividido a los medios y han provocado que estén renuentes a cerrar filas frente a amenazas comunes. Como consecuencia, las sociedades de ambas naciones terminan privadas de información en momentos que enfrentan enormes desafíos.
La situación de Honduras es más dramática y constituye una advertencia de lo que le podría suceder a su vecino. El golpe de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en 2009 desembocó en una ruptura del tejido social que originó una ola de asesinatos políticos y violencia contra la prensa. La polarización incluyó a los medios, que se dividieron entre partidarios y opositores del golpe, con lo cual algunos periodistas quedaron más vulnerables frente a los ataques.
Vigilia realizada en 2012 en honor a los más de 20 periodistas
asesinados en Honduras en los últimos tres años (AFP/Orlando Sierra).
En los años transcurridos desde entonces, y a medida que la violencia y el crimen han ganado inclusive más terreno, los peligros para el ejercicio del periodismo se han intensificado. Desde el golpe, el CPJ ha identificado tres casos en los que tiene razonable certeza de que un periodista hondureño fue asesinado en represalia directa por su labor. El CPJ investiga de manera independiente todos los casos de asesinato de periodistas y define como “caso confirmado” solamente aquellos en que logra constatar que existió un atentado deliberado contra un periodista en represalia por su labor. En el mismo período, la organización ha documentado otros 14 casos de asesinato donde el ejercicio del periodismo pudiera ser uno de los móviles del crimen pero no se tiene certeza razonable de ello. La organización los clasifica como “casos pendientes de confirmación” y continúa sus investigaciones.
Como lo demostró un informe especial publicado por el CPJ en 2010, la lentitud y negligencia en las investigaciones han dificultado esclarecer los móviles en la mayoría de los crímenes. Otras organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de prensa poseen cifras más elevadas, que incluyen al menos 19 casos de asesinato de periodistas respecto a los cuales el CPJ no ha podido revelar ningún nexo con el ejercicio del periodismo por parte de la víctima. En ningún caso las autoridades han enjuiciado tanto a los autores materiales como a los intelectuales.
El caso de Villatoro, conocido presentador de la popular radioemisora HRN y confidente del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa, fue insólito. El secuestro del periodista y el descubrimiento de su cadáver, vestido con el uniforme de un escuadrón de operaciones especiales de la policía y con un pañuelo rojo en la cara, estremecieron al país y fueron el detonante que movilizó a la prensa. Después de ignorar por varios años el asesinato de periodistas menos conocidos y de zonas del interior del país, los periodistas de los principales centros urbanos y poderosos propietarios de medios interpretaron el asesinato como un mensaje que “nadie aquí está libre”, de acuerdo con las palabras de Thelma Mejía, del canal TN5. “Por primera vez sentimos el miedo y nos dimos cuenta de que no estamos exentos de la violencia”, declaró Mejía al CPJ. En las semanas posteriores al crimen, los periodistas se lanzaron a las calles a protestar y a exigir justicia.
Los posteriores arrestos, el juicio y las penas de cadena perpetua dictadas contra tres sujetos acusados de perpetrar el crimen, con base en elementos de prueba entre los que se encontraban una pistola y un cabello de la víctima hallados en las viviendas de los sujetos, fueron logros notables para la justicia hondureña, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta tras el juicio. “¿Quién ordenó el crimen?”, Fernando Berríos, jefe de Redacción del diario El Heraldo, preguntó al CPJ. “¿Qué garantía tenían [los sospechosos] que nadie los iba a tocar?” Interpelada sobre esos puntos, Karla Cueva, Viceministra de Derechos Humanos y Justicia, declaró al CPJ: “Creo que este caso va a seguir avanzando. Lo importante es que hubo una investigación y hubo una sanción”.
El Heraldo publicó las preguntas de Berríos y otras más en un artículo titulado “ Misterios sin responder en el caso Villatoro“. Pero en la mayoría de las notas periodísticas, pese a las páginas de detalles morbosos acerca de cómo la banda criminal de “Los Osorio” había perpetrado el crimen, no se mencionaba el móvil, que continúa sin esclarecerse. Esto no es algo poco común. Un estudio de la Fundación MEPI, una organización de periodismo investigativo mexicana, concluyó que “siete de cada 10 historias sobre crimen publicadas en San Pedro Sula y Tegucigalpa no incluían detalles sobre las víctimas y los posibles motivos del crimen”. Esta carencia informativa se explica en gran medida por la falta de voluntad de las autoridades para abordar la cuestión con los medios, ya sea porque no poseen elementos de prueba o porque recurren a la excusa de rutina de que ello “obstaculizaría una investigación en curso”.
Pero cada periodista entrevistado por el CPJ en un viaje de investigación a Tegucigalpa a finales de mayo admitió otra razón. “Es por temor y autocensura”, expresó al CPJ Renato Álvarez, conocido presentador de noticias del canal TN5. “Tratamos de obviar una investigación relacionada con los autores intelectuales de un crimen. ¿Y por qué? Por temor a represalias. Por el temor a que nos vayan a matar.” Visiblemente consternado, Álvarez señaló al CPJ: “Me da vergüenza admitirlo. Pero no tenemos seguridad. Nuestras familias andan sin seguridad… El Estado no nos cuida. Nuestros medios no nos cuidan. Yo siempre me hago la pregunta y la autocrítica: [Tener la información y no difundirla] ¿es cobardía?”.
Periodistas hondureños participan en una protesta en demanda
de mayor libertad de prensa. (AP/ Fernando Antonio)
Álvarez tiene motivos para estar preocupado. El año pasado las autoridades anunciaron que habían descubierto un complot para asesinarlo, aunque nunca divulgaron mayores detalles. En enero, su guardaespaldas fue asesinado cuando se dirigía a la casa del periodista en un incidente que según las autoridades no estaba vinculado con Álvarez, pero el periodista “tiene sus dudas”.
Si los periodistas hondureños están particularmente temerosos, es porque se enfrentan a una amenaza que según ellos es aún más insidiosa que los represores gubernamentales de épocas anteriores. El auge de las pandillas o maras trasplantadas desde Estados Unidos, el crimen organizado y la incursión de los carteles de narcotráfico mexicanos han puesto en peligro a toda la sociedad hondureña. Rodrigo Wong Arévalo, propietario del Canal 10 y presentador de un noticiero, se refirió con confianza a la cantidad comparativamente saludable de libertad de expresión que afirma existe hoy en Honduras, en particular si se compara con la época de las juntas militares de la década del 70.
Wong, una conocida figura en el país, fue saludado por los camareros y amablemente posó para fotos con otros clientes del restaurante del hotel exclusivo donde se reunió con el CPJ a finales de mayo. Pero al referirse al crimen organizado, primero miró por encima del hombro y luego bajó el tono de su voz hasta terminar en susurros. Los periodistas tienen que “someterse a un sistema de autorregulación individual por el sentido de sobrevivencia que tienen como seres humanos”, declaró al CPJ. Uno tiene que “conocer ciertos límites. Saber hasta dónde se puede llegar y tratar de no pasar de esos límites porque sabe que puede costarle caro. Las cosas han cambiado”, añadió. Cuando los militares estaban en el poder, “uno sabía a quién tenía enfrente. Ahora, con el crimen organizado, uno no sabe a quién tiene enfrente”.
Casi todos los periodistas y editores entrevistados por el CPJ en mayo hablaron con franqueza del tema de la autocensura en lo referente al crimen organizado y el narcotráfico. Geovanny Domínguez, jefe de Redacción del diario El Tiempo, afirmó que el periódico decidió no investigar a fondo las actividades del crimen organizado hace unos tres años, alrededor de la época cuando la sede del diario La Tribuna fue blanco de los disparos de pistoleros luego de que el periódico publicara denuncias que vinculaban a agentes de la policía con asesinatos. Domínguez sostuvo que los periodistas que se dedican a la cobertura informativa del crimen organizado y el narcotráfico recurren a comunicados oficiales del gobierno o de embajadas extranjeras. Otras de las medidas de precaución son colocar la firma del periodista solamente en las notas más inofensivas sobre cultura o sociedad.
La situación es más dramática para los periodistas que viven fuera de los principales centros urbanos y en particular en zonas como el departamento de Olancho, donde el crimen organizado tiene tan afianzado su control que los delincuentes armados manejan sus vehículos libremente en las calles, de acuerdo con el periodista freelance de radio and televisión Rolando Iscoa. Todo periodista de la zona sabe que informar sobre estas cuestiones está prohibido y todo el que rompa estas reglas “sabe lo que le espera”, Iscoa expresó al CPJ. José Luis Maradiaga Paz, corresponsal de Radio y Televisión Globo en Olancho, indica que los narcotraficantes “tienen identificados a los familiares [de los periodistas] y los movimientos que hacen. Tienen orejas y sapos infiltrados en la policía y el ministerio público que saben lo que uno hace o informa”.
El periódico digital salvadoreño El Faro es el único medio de la región que realiza periodismo investigativo sobre las actividades del crimen organizado en Centroamérica. No obstante, según el director de El Faro José Luis Sanz, incluso sus periodistas están conscientes de hasta dónde pueden informar en Honduras. Aunque Guatemala es peligrosa, Sanz afirma que el periódico ha logrado establecer una red de fuentes confiables y creíbles que les permite funcionar. En Honduras, precisó, carecen de fuentes confiables –en los círculos de gobierno y en los medios de prensa nacionales– y hasta encontrar un colaborador confiable es difícil. “No tenemos entrada segura” al país, Sanz indicó al CPJ. En Guatemala, El Faro ha realizado investigaciones a fondo que abarcan varios años. De acuerdo con Sanz, cuando necesita desplazarse a Honduras por alguna cobertura, entra y sale tan rápido como le resulta posible.
El presentador de Globo TV Aníbal Barrow (en la imagen a la derecha), mostrado aquí
mientras entrevistaba a un candidato presidencial, fue asesinado en 2013. (AFP/STR)
La ausencia de investigaciones periodísticas ha creado un vacío informativo en torno a algunos de los retos más significativos que enfrenta el país. El secuestro y asesinato en 2013 de Aníbal Barrow, el conocido presentador de un programa matutino de Globo TV llamado “Aníbal y nada más” conmocionó a todo el país de manera similar al caso Villatoro el año anterior. Si las circunstancias en que fue hallado el cadáver de Villatoro fueron macabras y misteriosas, en el caso de Barrow fueron directas y aterradoras: su cadáver desmembrado apareció en una laguna, y según los rumores había sido lanzado como alimento a los caimanes.
Estos detalles parecen indicar la influencia, ya sea de manera directa o por imitación, del notoriamente sanguinario cartel de narcotráfico mexicano conocido como Los Zetas, que gradualmente ha logrado ejercer el control de zonas del territorio hondureño en los últimos años. Pero la presencia del temido grupo criminal no es algo de lo que la prensa habla abiertamente, ya sea en relación con la delincuencia o con ningún otro tema. En mayo, el gobierno por primera vez extraditó a un narcotraficante a Estados Unidos. A raíz de lo que sucedió en Colombia, donde la amenaza de la extradición desató una sangrienta guerra en la década del ’80 entre el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el gobierno colombiano, la decisión de extraditar marcó un hito. Según Wong nadie sabía cómo reaccionarían los carteles. “Nadie quiere hablar de eso”, Mejía indicó al CPJ. “El gobierno no está preparado para la reacción y mucho menos lo están los periodistas”.
Lo que sea que suceda después, tendrá serias consecuencias para la sociedad, desde Honduras hasta Estados Unidos, donde sucesivas olas de emigrantes que huyen de las guerras contra las drogas y el estancamiento económico han causado una grave crisis en la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la capacidad de la sociedad de recibir información confiable sobre estos acontecimientos estará sumamente debilitada porque la mayoría de los periodistas locales tienen demasiado temor como para difundir noticias sobre ellos. Y los integrantes del gremio periodístico que esperan que sus colegas de Estados Unidos o Europa divulguen noticias importantes, probablemente sufrirán una decepción. El último corresponsal extranjero destacado en forma permanente en Honduras abandonó el país este año debido a la inseguridad y otras preocupaciones. De vez en cuando, algunos corresponsales extranjeros aparecen, pero lograr que medios de prensa internacionales con presupuestos apretados se enfoquen en Honduras mientras en otras naciones con mayor importancia geopolítica como Siria, Iraq y Ucrania se libran conflictos internos, será muy difícil.
Por ello no sorprende que el móvil del asesinato de Barrow –aunque las autoridades hayan arrestado a los presuntos sicarios y se esté llevando a cabo un juicio– permanezca rodeado de misterio y sea blanco de persistente rumores. La autocensura de los medios y las deficientes investigaciones de las autoridades han provocado que la mayoría de los asesinatos de periodistas también se encuentren en estado de incertidumbre. ¿El periodista fue asesinado por causa de su trabajo? ¿Fue otra víctima del clima de inseguridad? ¿O acaso el periodista era corrupto? En una cultura periodística caracterizada por los bajos salarios –y con frecuencia por violaciones de la ética profesional, según periodistas locales– los reporteros hondureños a menudo mencionan esta última preocupación, que por lo común no aparece publicada.
Desde extorsionar a políticos locales y pactar acuerdos de negocios menores con ellos, hasta establecer relaciones financieras más peligrosas con figuras del crimen organizado, la prensa hondureña “presenta altos niveles de corrupción… y es un fenómeno de larga data”, de acuerdo con Mejía. Álvarez y Berríos expresaron al CPJ que creían que muchos de los asesinatos de periodistas incluían elementos de corrupción por parte de la víctima pero, como acotó Mejía, sin investigaciones competentes ello es algo imposible de probar, y las autoridades fácilmente pueden insinuar que el periodista estaba implicado en actividades delictivas y así descartar cualquier vínculo con el ejercicio del periodismo, sin tener que presentar ninguna prueba. Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos también vacilan en mencionar estas preocupaciones sin contar con pruebas, y optan por documentar los casos de diferente manera, lo cual trae como consecuencia discrepancias en las estadísticas de atentados y asesinatos de periodistas.
En un país tan peligroso como Honduras, existen muchas cosas, además de la corrupción, que le pueden provocar la muerte a una persona. En los más de una docena de casos en que las investigaciones del CPJ no pudieron encontrar suficientes indicios para sustentar la hipótesis de que el crimen estuviera vinculado al ejercicio del periodismo, muchas de las víctimas presentaban programas musicales, desempeñaban funciones no reporteriles en el medio, poseían otros empleos, estaban implicados en disputas sin relación o aparentemente fueron blanco de un delito común. Aunque el CPJ no incluye estos casos en sus estadísticas de periodistas asesinados en represalia por su trabajo, las autoridades de todas maneras tienen el deber de procesar a los responsables de los crímenes.
Semejante incertidumbre ha creado un clima de temor en el gremio periodístico. Según Domínguez, el número de ataques ha disminuido desde que la violencia alcanzó su máximo nivel tras el golpe, pero ante la falta de resolución de los crímenes “el miedo siempre persiste. Si no sabemos si a mi colega lo mataron por el ejercicio de la profesión… o porque fue un tema de la delincuencia común, entonces el periodista mejor dice: ‘si no sé realmente porque lo atacaron, mejor dejo de comunicar'” información de carácter sensible. “El daño está hecho”, añadió. Tal como señala Mejía, “la autocensura está llegando para quedarse en Honduras”.
Los periodistas guatemaltecos sostienen que informar
sobre cuestiones sensibles es riesgoso (AFP/Johan Ordonez)
La prensa guatemalteca es bien consciente del destino que les ha ocurrido a muchos de sus colegas hondureños y ha prestado atención. En 2011, después de que los medios cubrieron la masacre de campesinos a manos del cartel del narcotráfico mexicano Los Zetas en el departamento del Petén, presuntos Zetas colgaron carteles en lugares públicos en cuatro departamentos del país con mensajes contra los medios tales como “prensa, bájenle a tanta mamada, antes que la guerra sea contra ustedes”.
Si bien el diario digital salvadoreño El Faro puede hacer alguna investigación de las actividades del crimen organizado en Guatemala, Marvin del Cid, periodista de la revista Contrapoder y miembro del consejo editorial de la revista digital Sala de Redacción, señaló al CPJ que prácticamente toda la cobertura informativa del narcotráfico en Guatemala se sustenta en fuentes oficiales. “Investigación del crimen organizado es casi nula”, añadió. Haroldo Sánchez, director de Noticias del canal Guatevisión, manifestó que los corresponsales en ciudades del interior “no gozan de ninguna protección y son los más vulnerables”. Según Sánchez, el canal a veces envía a reporteros de la capital a cubrir historias sensibles en esas zonas para proteger a los corresponsales locales pero, en general, cubrir alguna otra cosa fuera de los anuncios oficiales como por ejemplo la captura de un narcotraficante no sucede porque “eso significaría la muerte”.
En 2013, el asesinato de cuatro periodistas disparó las alarmas en el país. Al igual que en Honduras, en la mayoría de los casos fue difícil o imposible esclarecer los móviles y establecer nexos con el ejercicio del periodismo. En solamente uno, el secuestro y asesinato del periodista de televisión y radio Carlos Alberto Orellana Chávez en agosto en la ciudad de Mazatenango, en el suroccidental departamento de Suchitepéquez, las investigaciones del CPJ indicaron un posible vínculo al trabajo periodístico, pero las autoridades no lo pudieron confirmar.
Orellana presentaba dos noticieros en el canal por cable local Canal Óptimo 23, donde había denunciado hechos de corrupción. Amigos del periodista declararon a reporteros locales que en los días anteriores al asesinato, Orellana había transmitido reportajes críticos sobre el tráfico humano, la contaminación del agua, la corrupción en el gobierno local y amenazas de muerte que su nieta había recibido, según versiones periodísticas. Unos días antes ese mismo mes, en Mazatenango, sujetos armados le dispararon al periodista radial y de medios impresos Fredy Rodas y le causaron heridas de gravedad.
Aunque un sospechoso fue arrestado en el caso Rodas, no ha habido avances significativos desde entonces. En febrero, otro periodista de Mazatenango, el presentador de noticiero televisivo Nery Morales, sobrevivió a un atentado contra su vida, según informes de prensa. Ángel Ramírez, fiscal de la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, declaró al CPJ: “Seguimos trabajando constantemente en estos casos y seguimos avanzando… [pero como] no sabemos con 100 por ciento de certeza [quién cometió los crímenes]… no podemos adelantar esa información”. Ramírez no quiso comentar en público si esos ataques estuvieron vinculados con la labor periodística ni confirmar los posibles móviles. En el caso del director de radioemisora Luis de Jesús Lima, quien fue asesinado en 2013 en el departamento oriental de Zacapa, Ramírez afirmó que investigaban las críticas que Lima había dirigido contra un político local en su programa y fuera de la radio, pero declinó ofrecer mayores detalles. Ramírez expresó al CPJ que la unidad estaba limitada por la falta de cooperación de los habitantes, quienes por miedo “no dicen nada”. El fiscal sostuvo que su unidad tiene el “compromiso constante de resolver estos crímenes” pero que muchos “factores externos” complicaban su tarea.
Si bien el crimen organizado puede constituir la amenaza más seria, los periodistas de ambos países afirman que cubrir cualquier tema sensible es riesgoso. Dina Meza, activista de derechos humanos hondureña que ha informado sobre cuestiones como el conflicto por la tenencia de la tierra en la región del Bajo Aguán para el sitio web local Defensores en línea y es la corresponsal en Honduras de la organización internacional defensora de la libertad de prensa Reporteros sin Fronteras, ha denunciado haber recibido amenazas anónimas y haber sido seguida en la calle por muchos años, pero sostiene que las autoridades han ignorado sus pedidos para que se le otorgue seguridad y se realice una investigación.
El ministro de Seguridad Arturo Corrales, indicó al CPJ que no descarta que Meza haya sido amenazada, pero afirmó que la secretaría no había recibido ninguna denuncia y que sin ella no podía investigar. Lourdes Ramírez, directora de Noticias del canal de televisión KTV, en San Pedro Sula, declaró al CPJ que había abandonado Honduras en julio tras recibir mensajes que interpretó como amenazas relacionadas con los reportajes del canal sobre la corrupción e incompetencia en un hospital local. Varios periodistas guatemaltecos han denunciado haber sido atacados y amenazados por policías, personal de seguridad privado y trabajadores mientras intentaban cubrir protestas contra proyectos hidroeléctricos y de explotación minera, según la organización guatemalteca Cerigua. Ni siquiera los periodistas extranjeros están exentos. La destacada documentalista estadounidense Pamela Yates declaró al CPJ que había recibido amenazas de grupos de derecha en relación con documentales que había realizado sobre la guerra civil guatemalteca.
Ante la presión de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, los gobiernos de ambos países han reconocido los peligros que sufren los periodistas y, en 2012, avalaron públicamente la creación de mecanismos de protección que siguen el modelo del exitoso programa de Colombia. Por más de un año ambos programas estuvieron paralizados.
Portadas de periódicos que cubren la elección de
Juan Orlando Hernández. (Reuters/Jorge Cabrera)
Sin embargo, dos semanas después de comprometer su apoyo al programa en una reunión con el CPJ a finales de mayo, el gobierno del mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien asumió el cargo en enero, revivió el plan que había sido abandonado por su antecesor y presentó un proyecto de ley ante el Congreso. El proyecto de ley establecería un consejo especial con el objetivo de “reconocer, promover y proteger” los derechos de los defensores de los derechos humanos, periodistas y operadores de la Justicia, y conformaría un mecanismo para ofrecer protección a las personas en riesgo. En junio y julio el proyecto fue aprobado en primer y segundo debate. En la actualidad , el gobierno está refinando la medida y consultando con organizaciones de la sociedad civil, que han planteado algunas observaciones sobre fiscalización, procedimientos y financiamiento. Es necesario alcanzar un consenso antes de un tercer y último debate donde el proyecto podría convertirse en ley, pero Paolo Antonello Tavarone Pon, asesor técnico en la subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia, señaló al CPJ que no se había fijado una fecha.
Hilda Hernández, ministra de Estrategia y Comunicaciones y hermana del presidente, declaró al CPJ que la prioridad del país era combatir el crimen organizado y reducir la violencia, pero que el presidente estaba atento a “todo lo que va en apoyo a ejercer una profesión de cualquier individuo”. Cuando se le preguntó si apoyaría la inclusión de Honduras como país piloto en un plan de la ONU que fortalecería las iniciativas internacionales para luchar contra los asesinatos de periodistas y la impunidad, Hernández respondió que sí, en teoría, aunque temía que ello pudiera “estigmatizar a Honduras en este momento en el que estamos intentando hacer las cosas de manera diferente”.
Honduras no ha sido tan reticente cuando se trata de aceptar asistencia externa de los Estados Unidos –país que ofrece una significativa ayuda financiera con la condición de que las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos– para el combate a la impunidad y la corrupción. Estados Unidos ha prestado asistencia a investigaciones de los asesinatos de periodistas y miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero –este último otro grupo en riesgo– como parte de un organismo especial de investigación de los crímenes violentos.
El mecanismo de protección propuesto en Guatemala, concebido para abordar observaciones planteadas en la Revisión Periódica Universal del país realizada por la ONU en 2012 e impulsado por Cerigua, apenas ha avanzado. En julio, Ana Margarita Castillo Chacón fue seleccionada como directora de la iniciativa meses después de que venciera el plazo asignado para designar a un funcionario en el cargo. Al momento de su nombramiento, le dieron seis meses para presentar un plan para el programa, aunque todavía falta por ver si ese plazo será cumplido. “Voluntad hay” por parte del gobierno para crear el programa, según Ileana Alamilla, directora de Cerigua. Pero, sostuvo, también que hay una “una enorme incapacidad. Dispersión. Mediocridad. No saben qué hacer ni cómo hacerlo. Ni se dejan asesorar”. Al mismo tiempo, una comisión oficial, conformada en 2009 y compuesta por representantes del gobierno y miembros de la sociedad civil, entre ellos Cerigua, se reúne todos los martes para “estudiar patrones” en los ataques contra grupos vulnerables, como por ejemplo los periodistas y los defensores de los derechos humanos, y para compartir información sobre los casos.
Muchos periodistas guatemaltecos albergan dudas sobre la efectividad del mecanismo, y como argumento apuntan a la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, en general poco eficaz y con recursos inadecuados. La unidad cuenta con cinco miembros y a menudo no puede investigar casos porque el único vehículo que le fue asignado fue robado el año pasado, de acuerdo con el fiscal Ángel Ramírez. La unidad ha logrado dos condenas desde que fuera fundada en 2001, pero ninguna en un caso de asesinato. Ramírez admitió las limitaciones que suponía la escasez de personal pero sostuvo que la unidad trabajaba arduamente pese a la carencia de recursos. Además, señaló que el incremento en el número de quejas presentadas por los periodistas demostraba confianza en su labor. Según Ramírez, de los 110 casos que la unidad ha recibido desde 2009, 38 llegaron en el primer semestre de 2014.
No obstante, muchos periodistas consultados por el CPJ expresaron sus dudas respecto a la posibilidad de que un periodista se sintiera cómodo aceptando protección del gobierno, particularmente debido a que el poderoso Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, se ha hecho cargo de la dirección del programa. El periodista de Guatevisión Ben Kei Chin declaró al CPJ que los periodistas amenazados tal vez aceptarían protección del Ministerio Público, “pero yo no confiaría en ninguna comisión que venga de la Presidencia”.
Marlon García, funcionario de la unidad de derechos humanos del ministerio de gobernación, reconoció que ha habido lentitud en la implementación del mecanismo pero añadió: “Desde que firmaron el decreto, el presidente ha cumplido con su compromiso de crear la voluntad política para que funcione”. En un correo electrónico enviado al CPJ, el Secretario de Comunicación Social de la presidencia Francisco Cuevas afirmó que el gobierno ha producido “avances significativos”, tales como el establecimiento de una mesa técnica de trabajo para analizar el diseño del mecanismo y el nombramiento de una directora. Y agregó: “Los cuestionamientos se circunscriben a un pequeño grupo que muestra inconformidad con todas las acciones estatales, y aún así, se le ha reiterado permanentes invitaciones a participa”. Señaló que Guatemala es el tercer país en el mundo -después de Colombia y México– en adoptar un programa de este tipo, y que aquellos países también demoraron años para crearlos y ponerlos en práctica.
La preocupación de Chin, sin embargo, fue reiterada en las redacciones de Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala en entrevistas con el CPJ. Si bien los periodistas de ambas capitales reconocieron el posible beneficio de un mecanismo de protección para los periodistas del interior en situación de riesgo, intrínsecamente manifestaron sospechas acerca de los motivos de gobiernos que ellos consideran actúan con creciente intolerancia y aspiraciones de control en cuanto al acceso a la información. Muchos periodistas manifestaron al CPJ que, ante la amenaza del crimen organizado, sienten que ambos países están experimentando procesos de “remilitarización” que están revirtiendo logros alcanzados desde los violentos períodos de gobierno militar en las décadas del ’70 y el ’80.
Sobrevivientes de la guerra civil guatemalteca protestan en mayo de
2013 tras la anulación de  la condena contra el General José Efraín Ríos Montt por genocidio. 
Un nuevo juicio para el ex dictador está previsto comenzar en enero. (AFP / Johan ORDONEZ)
En Guatemala, la elección del general retirado Otto Pérez Molina como presidente, y el juicio al general José Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio durante la guerra civil, han creado fracturas en el país que muchos tenían la esperanza de que habían sido superadas. “Antes, eras un crítico”, Chin declaró al CPJ. “Ahora eres un terrorista, enemigo del Estado, comunista, guerrillero. Las viejas etiquetas han reaparecido”.
Pero las medidas represivas del siglo XXI son mucho más refinadas que las empleadas en el siglo pasado, según muchos periodistas locales. En Honduras, muchos transmitieron su preocupación acerca de leyes de reciente adopción que le otorgaban al gobierno una autorización más amplia para monitorear las comunicaciones y clasificar la información como confidencial en nombre del combate contra el narcotráfico. La llamada “ley de secretos oficiales”, que le permite al Ejecutivo clasificar como confidencial cualquier información relativa a la seguridad, inclusive los presupuestos, fue aprobada de un modo particularmente poco transparente y pese a las protestas del funcionario nombrado por el gobierno para dirigir la oficina encargada de la implementación de la ley nacional de acceso a la información.
Migdonia Ayestas, directora de un programa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que da seguimiento a las estadísticas sobre la violencia, declaró a la organización local defensora de la libertad de prensa C-Libre que el ministerio del Interior había dejado de compartir sus datos con ella. Corrales afirmó al CPJ que la secretaría comparte a diario información sobre seguridad, incluyendo estadísticas, con el público general a través del sitio web. Los mecanismos legales pueden ser sutiles, pero tienen “un gran impacto en la libertad de expresión”, Mejía expresó al CPJ.
En el gremio periodístico de Honduras y de Guatemala existe el sentimiento generalizado de que el presidente Hernández y el presidente Pérez Molina tienen una actitud particularmente intolerante frente a las voces críticas. El periodista hondureño Marvin Ortiz, de Radio Globo, que junto con el canal afiliado Globo TV fue blanco de reiteradas represalias tras el golpe de 2009, sostuvo que los periodistas de los medios de prensa que apoyaron a Zelaya y se oponen al actual mandatario todavía se sienten estigmatizados y perseguidos, y que Hernández los denigra públicamente en la prensa. Jorge Burgos declaró a C-Libre que su noticiero “Suelte la Lengua”, transmitido por el Canal 6, fue suspendido por la gerencia del canal por temor a perder publicidad oficial tras las reiteradas críticas vertidas por Burgos contra el presidente.
De acuerdo con C-Libre, fuentes del canal argumentaron que el programa había sido suspendido porque Burgos se había negado a presentarlo cuando problemas técnicos les impidieron a los televidentes realizar llamadas al programa durante varios días. Burgos precisó a C-Libre que los problemas técnicos fueron un pretexto para suspender el programa. En otro caso, Albertina Manueles Pérez, de Radio Progreso, fue acusada del delito de sedición junto con varios miembros de un grupo indígena después de informar sobre enfrentamientos del grupo con las autoridades locales. Posteriormente el caso fue sobreseído provisionalmente, lo que significa que pudiera ser abierto nuevamente si se introducen nuevos elementos de prueba, según Radio Progreso.
Hilda Hernández rechazó ante el CPJ que los medios cercanos a la oposición fueran estigmatizados o que se les negara el acceso, y los acusó de “distorsionar” información. Mejía declaró al CPJ que no creía que el actual gobierno estuviera reprimiendo o persiguiendo directamente a esos medios, sino que había trazado una estrategia diseñada para reducir a un mínimo su influencia “ignorándolos” y “asfixiándolos con [la suspensión de] publicidad oficial”. Ese análisis no distaba mucho de la propia valoración de Hilda Hernández, quien declaró al CPJ: “La verdad es que yo no los escucho… [y] desde las elecciones han quedado con muy poca gente que los escucha”.
El presidente Pérez Molina rodeado por la prensa en la Ciudad de Guatemala.
Algunos medios de prensa afirman que su gobierno los ha marginado
de la cobertura informativa. (AFP/John Ordonez)
Cuevas elogió decisiones implementadas por el gobierno de Guatemala que en su opinión sirven para ampliar la libertad de prensa, como invitar a los periodistas en los viajes oficiales del Estado. Enrique Naveda, del sitio web guatemalteco dedicado al periodismo investigativo Plaza Pública, y Pavel Gerardo Vega, del diario guatemalteco elPeriódico, muy crítico de la gestión del Ejecutivo, se quejaron de que el gobierno de Pérez Molina los ha marginado informativamente al negarles entrevistas, al no incluirlos en la lista de contactos que reciben la agenda presidencial y al no informarles sobre los viajes oficiales (beneficios reservados para los medios “favorables” al gobierno).
Ambos periodistas contaron anécdotas según las cuales periodistas habían participado en conferencias de prensa con el propósito de lanzarle preguntas fáciles al presidente, quien ha sido acusado de llamar a las redacciones de los medios para quejarse de periodistas críticos y poner en peligro sus empleos. Un reciente estudio de Plaza Pública mostró que el 46 % de las instituciones gubernamentales no habían cumplido con una reglamentación que les ordena entregar informes anuales sobre sus respuestas a los pedidos de información pública.
La distribución de la publicidad oficial se emplea comúnmente para recompensar la cobertura informativa favorable y castigar a los críticos, según periodistas de ambos países. En la época de la guerra civil los que detentaban el poder “asesinaron a los periodistas”, Sánchez señaló en entrevista con el CPJ. “Ahora tocan la pauta”. Esta práctica no es nueva y su uso es común en toda la región.
Pero no es solamente la publicidad oficial lo que está en juego. El diario elPeriódico, implicado en un prolongado enfrentamiento con el gobierno, nunca recibió mucha de esa publicidad. El diario sostiene que el Ejecutivo ha utilizado su influencia para persuadir a las mayores empresas del país a que se sumen a un boicot publicitario contra el diario. Cuevas no respondió preguntas acerca de la presión sobre los anunciantes privados, pero en un correo electrónico enviado al CPJ, negó que el gobierno haya retirado toda la publicidad oficial de elPeriódico. Juan Luis Font, director de la revista guatemalteca Contrapoder, sin embargo, coincide en que el gobierno continúa con la práctica de utilizar su influencia sobre los anunciantes para recompensar o castigar a los medios noticiosos. Según Font, lo más peligroso para la supervivencia de un medio es informar sobre los vínculos entre el gobierno y el empresariado, y cómo ambos se benefician el uno del otro.
Pero Font sostiene que la decisión por parte de funcionarios gubernamentales y políticos de procesar penalmente a periodistas críticos es lo que mayor daño ha causado a la libertad de prensa. Contrapoder se enfrentaba a multas que podían llevarla a la quiebra a raíz de una querella penal interpuesta contra la revista por la publicación de un artículo con inexactitudes sobre un político opositor [la revista publicó de inmediato una rectificación]. Posteriormente el caso fue desestimado pero el político y el medio continuaron teniendo tensas relaciones, según versiones periodísticas.
El proceso judicial más serio ha sido contra el diario elPeriódico, cuyo propietario, José Rubén Zamora Marroquín, está enfrascado en una disputa con el presidente, y la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías. Desde principios de 2013, el diario ha publicado una serie de artículos, entre ellos varias columnas redactadas por Zamora, que han denunciado actos de corrupción en el gobierno y la existencia de nexos entre figuras del gobierno y el crimen organizado.
En enero, a Zamora se le prohibió brevemente abandonar el país en relación con una querella penal interpuesta por el mandatario guatemalteco en noviembre, la que acusaba al periodista de “coacción, extorsión, chantaje, violación a la Constitución y”. En otro proceso abierto en diciembre, la vicepresidenta presentó una querella contra Zamora en virtud de la normativa nacional contra la violencia de género y los delitos contra la mujer.
En 2013, el diario fue reiterado blanco de amenazas, intimidación, agresiones y ataques cibernéticos, según datos del CPJ. El origen de la mayoría de los ataques se desconoce, pero la mayoría ocurrieron poco antes o después de que el diario publicara artículos en que denunciaba actos de corrupción o la existencia de nexos entre la delincuencia organizada y figuras del gobierno. Zamora, ganador de la edición de 1995 del Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ, ha sufrido ataques violentos en dos ocasiones durante gobiernos anteriores.
Ante la crítica generalizada, Pérez Molina retiró su querella pero la de Baldetti sigue vigente, según Rodolfo Móvil, director de elPeriódico. En julio, el director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, interpuso más de 30 querellas penales contra Zamora y los principales editores de elPeriódico por los presuntos delitos de difamación, instigación a la violencia y sedición, entre otros delitos. En el último incidente, el 15 de septiembre, el gobierno publicó en su sitio web el contenido de un artículo que el elPeriódico iba a publicar el día después, que acusaba a Baldetti de corrupción e incluyó imágenes de una de sus propiedades. El gobierno refutó las afirmaciones del artículo y señaló que había recibido el texto aún no publicado en una carta anónima. elPeriódico afirmó que esto era evidencia de que el gobierno estaba espiando al diario.
La jefa de redacción de elPeriódico, Julia Corado, sostiene que ha habido incertidumbre y temor en la redacción acerca del futuro del periódico. Móvil y Corado señalaron que están convencidos de que el gobierno está planificando un nuevo montaje de abuso criminal contra Zamora y de que “cueste lo que cueste, ellos lo van a poner en la cárcel”. Cuevas negó enfáticamente la acusación en su respuesta al CPJ, y acusó a elPeriódico de “chantaje y la extorsión.”
El estilo de periodismo de Zamora –y sus implacables y según algunos, infundadas, denuncias– han sido criticados en los medios. Lo único en que todos los periodistas parecen coincidir es que el gremio periodístico guatemalteco, desde los cargos más altos hasta los más bajos, está dividido. La prensa guatemalteca bien podría aprender de los peligros de esta fractura a partir de las experiencias de sus colegas hondureños. El quiebre en los medios, consolidado con el golpe de 2009, ha colocado a los periodistas en una situación de mayor aislamiento y riesgo en un país con inclusive mayor violencia anárquica y un más endeble estado de derecho que Guatemala.
Existen ejemplos en la región –como en Colombia y Brasil– de periodistas que logran superar las divisiones para unirse ante una amenaza común y letal. La mejor esperanza para los medios guatemaltecos y hondureños –donde cada periodista afirmó que la prensa carece de las destrezas y la capacitación como para enfrentarse a los peligros por sí sola– es seguir esos ejemplos. “Habíamos ganado mucho espacio para criticar” en las décadas transcurridas desde las guerras civiles de Centroamérica, Chin declaró al CPJ. “Es cada vez más reducido ese espacio”.
Sara Rafsky es la investigadora asociada del programa de las Américas del CPJ. En 2012 escribió el informe especial sobre la libertad de prensa en Argentina, colaboró con el informe especial sobre Brasil de 2014 y la investigación del informe especial sobre el gobierno de Obama y la prensa en 2013. Anteriormente trabajó como periodista independiente en América del Sur y Sudeste Asiático y fue galardonada con una beca Fulbright en 2008 para investigar el fotoperiodismo y el conflicto armado colombiano.


Recomendaciones del CPJ

A los gobiernos guatemalteco y hondureño:
  • Condenar todos los actos de violencia contra periodistas.
  • Realizar investigaciones y procesos judiciales exhaustivos y oportunos en los casos de asesinatos de periodistas. Garantizar que todas las investigaciones incluyan a los autores intelectuales del crimen y no sólo a los autores materiales. Dotar a esas investigaciones de los recursos apropiados, apoyo político y la seguridad adecuada. En el caso de Guatemala, aumentar el presupuesto de la unidad de delitos contra periodistas del Ministerio Público. En el caso de Honduras, aumentar la dotación de recursos para el organismo de investigación de los crímenes violentos.
  • Crear un mecanismo de protección que les proporcione seguridad a los periodistas amenazados. Garantizar que la sociedad civil y los periodistas locales participen activamente en la configuración de este mecanismo. En el caso de Honduras, apoyar el proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso. En el caso de Guatemala, otorgarle prioridad a la propuesta actual que ha sido aprobada por el gobierno e implementarla.
  • Despenalizar la difamación. Aprobar una normativa que garantice que la calumnia sea trasladada del ámbito penal al civil.
  • Abstenerse de interponer querellas penales con base en delitos graves, como la sedición y la violencia de género, contra periodistas y medios críticos.
  • Comprometerse públicamente a ofrecer igualdad de acceso a los actos oficiales. Distribuir publicidad oficial a todos los medios, independientemente de su filiación política o ideológica. Abstenerse de presionar económica o editorialmente a los medios críticos.
  • Garantizar la plena aplicación de toda medida cautelar otorgada a periodistas por decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
  • Reconocer públicamente el 2 de noviembre como el Día Mundial contra la Impunidad.
  • Responder con información detallada sobre el estado judicial de todos los casos de periodistas asesinados y los pasos que se tomaron para abordar la cuestión de impunidad tal como fue solicitado por el director general de la UNESCO en el informe sobre Seguridad de Periodistas y el Riesgo de la Impunidad. Presentar al público las respuestas completas.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/%C2%BFqui%C3%A9n-est%C3%A1-matando-los-periodistas-de-centroam%C3%A9rica

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Una década tiene comisión contra explotación y trata

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas (Cicesct) tiene diez años de trabajar en la prevención y erradicación de este delito en Honduras y a partir de este año, desde el Gobierno de la República cuenta con asignación presupuestaria, reveló la comisionada Mirna Suazo, representante de la Policía Nacional en esta instancia.  Cicesct Funciona como un órgano desconcentrado de la Secretaría Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
“El delito de Trata de Personas consiste en facilitar, promover o ejecutar la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la recepción de personas, dentro o fuera del territorio nacional, para someterlas a servidumbre, esclavitud o prácticas parecidas, trabajos o servicios forzosos, mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos, fluidos y tejidos humanos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción irregular y el reclutamiento de personas menores de dieciocho (18) años para su utilización en actividades criminales”, describe un comunicado de prensa, emitido en Honduras, por la Cicesct en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas.
El documento agrega que en Honduras la situación de vulnerabilidad en las que viven muchas personas les hace presa fácil de delincuentes inescrupulosos y redes de crimen organizado que hacen de las personas, mercancía.
En el país se aprobó de conformidad con el Decreto 59-2012, la Ley Contra la Trata de Personas la que sanciona el delito con pena hasta con 22.5 años de reclusión, mas inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta salarios mínimos, indica el comunicado.  Los miembros de Cicesct realizó este 23 de septiembre,  en el Parque Central una Jornada de Sensibilización sumándose a los esfuerzos mundiales para llamar a la reflexión sobre la necesidad de prevenir y combatir este delito para que ningún hondureño, sea víctima del mismo.
El evento se realizó de 9:00am a 12:00m, con el desarrollo de un programa informativo – cultural en el que participaron autoridades nacionales, representantes de las instituciones gubernamentales, de la sociedad civil y sociedad en general que pasa por esta zona, además, contó con la participación artística de niños, niñas y adolescentes.
El infierno de la trata
Una de las mayores manifestaciones de la trata de personas en Honduras es, la explotación sexual comercial de niñas y niños.  A inicios de la década pasada Casa Alianza hablaba de más de 10,000 niñas y niños víctimas que estaban en redes de proxenetas que los obligaban a la prostitución u otros rufianes dedicados al turismo sexual y a la producción de pornografía infantil. No existen datos actualizados de la cantidad de menores en manos de los traficantes de humanos.
Asimismo, en 2011, la entonces cónsul de Honduras en Chiapas, Patricia Villamil, fue destituida tras revelar “”el infierno”” que viven hombres, mujeres, niños y niñas en este lugar y la presunta complicidad de las autoridades. Tapachula, México y Tecún Uman son las ciudades que presentan mayor registro migratorio irregular y mayores riesgos en el  tema de trata y tráfico de menores, según Casa Alianza. Estas denuncias pudieron ser un punto de partida para eliminar el problema.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-mujeres/una-d%C3%A9cada-tiene-comisi%C3%B3n-contra-explotaci%C3%B3n-y

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Fusina ha ejecutado más de mil órdenes de captura desde su creación

Uno de los delitos que más persiguen es la extorsión ya que todos los días se reporta una persona detenida al menos.

En los primeros ocho meses de operatividad, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) ha ejecutado alrededor de mil 538 órdenes de captura a nivel nacional.

El vocero de Fusina Santos Nolasco, aseguró que están luchando para disminuir con los índices de impunidad, además de asegurar que cuentan con el equipo de profesionales para cumplir con dicha tarea.

Uno de los delitos que más persiguen es la extorsión ya que todos los días se reporta una persona detenida al menos.

El cuerpo élite, compuesto por elementos policiales y militares, tienen facultades para intervenir en todo tipo de delitos, desde controles de tránsito, allanamientos de morada e intervenciones de aduanas.
Desde su creación, unos 10 mil ciudadanos han sido arrestados por diferentes faltas o delitos

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/fusina-ha-ejecutado-m%C3%A1s-de-mil-%C3%B3rdenes-de-captura-desde-su-creaci%C3%B3n

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MP y acusadores de ambientalistas de Valle de Siria, piden a la CSJ revocar su libertad provisional

Hoy se realizó una audiencia para exponer a los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, los motivos por los cuales ésta debe mantener firme la decisión de la Corte de Sentencia, emitida en febrero del 2013,  que decreta libertad provisional a los 17 miembros del Comité Ambientalista  del Valle de Siria, Francisco Morazán, quienes desde el 2010 fueron acusados por oponerse a un plan de manejo que les afectaría las cuencas de agua.

El tribunal de Sentencia, emitió un veredicto absolutoria el 25 de febrero del 2013, y la parte acusadora en representación de Haydeé Urrutia, dueña del plan de manejo de corte de madera en el municipio de El Porvenir, 113 kilómetros al norte de Tegucigalpa, avalada por el Ministerio Público, solicitó a la CSJ que se revoque dicha sentencia y que los ambientalistas continúen procesados.

Como expuso la abogada Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, quien representa a los defensores, es ilógico que sea la misma Fiscalía del Media Ambiente que les instruyó un proceso penal por obstrucción a un plan de manejo, donde hay cuencas de agua y declaradas zonas de reserva y que abastece a las comunidades aledañas, mismo lugar donde se pretendía abrir una carretera, pero los pobladores se opusieron.

Actualmente los ambientalistas tienen una carta de libertad provisional, hasta que la CSJ se pronuncie en una sentencia firme, pues estas personas lo que defienden es el derecho a la vida, al agua, a la alimentación y a mantener un ambiente sano y saludable.

Ahora se deberá esperar mientras el Tribunal de lo Penal envíe un informe al pleno de la Corte quienes emitirán una sentencia.

También se recodó, como jurisprudencia,  el caso de la defensora ambientalista Blanca Jeannette Kawas, quien fue asesinada de un balazo en su casa, la noche del 6 de febrero de 1995, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte-IDH sentenció al Estado de Honduras por este hecho. Ella era presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE), tenía 48 años.

Esta sentencia fue emitida el 3 de abril del 2009, y de la cual se desprende que toda persona tiene derecho a vivir en un  ambiente sano y contar con los servicios públicos básicos. Contrario a la criminalización contra defensores del ambiente, por lo que se ha desatado contra ellos, denuncias de amenazas, actos de violencia y asesinatos, por el hecho de su labor.

Para reparación de la memoria de la ambientalista, se creó el Parque Nacional Jeannette Kawas, en 1994 a través del Decreto Legislativo Nº 154-94. Contiene en su extensión de 78,400 Ha. al menos 14 tipos de ecosistemas y 44 comunidades que se ubican entre los Municipios de Tela y Puerto Cortés. El PNJK es el humedal Nº 712 inscrito en el convenio RAMSAR.

El 7 de abril de 2010 alrededor de 500 miembros de la comunidad manifestaron para defender el bosque en la comunidad de Tapalito, ya que de allí fluye una fuente de agua que abastece las comunidades cercanas. Y fueron acusados 17 pobladores, de impedir un plan de manejo forestal que ya habían denunciado como ilegal debido a cuestiones sobre el arrendamiento de la tierra. Al final de 2009 pusieron una denuncia en el Ministerio Público y hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta.

Entre el grupo de defensores, que ahora gozan de libertad provisional, hay hombres de la tercera edad, y personas que ni siquiera estaban en el lugar de los hechos, cuando esto sucedió.

Organizaciones internacionales se han pronunciado en torno a este caso y han mostrado su preocupación por la criminalización de la defensa del medio ambiente y los derechos humanos en Honduras, y apoyo para los 17 ambientalistas.

Por su parte, los pobladores del Valle de Siria, también lamentan que cómo es posible que la fiscalía del Medio Ambiente pueda acusar a defensores ambientalistas, cuyo único objetivo es la defensa de la vida y la protección del agua.

En su momento, El 25 de febrero el juez presidiendo Mario Díaz leyó la resolución del caso absolviendo los imputados de toda responsabilidad y dejándoles libres. Uno de los imputados, Reynaldo Guerra, un alcalde antiguo en la región del Valle de Siria, expresó la alegría del Comité con la decisión y dijo “seguimos cometidos a proteger el medioambiente; tanto la explotación minera como la del bosque”.

Fuente: http://www.cofadeh.hn/node/275

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Honduras: mandan al Ministerio Público 104 expedientes de policías corruptos

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) enviará 104 expedientes al Ministerio Público de policías involucrados en actos de corrupción.

Autoridades de la institución dijeron que esperan que el ente acusador pueda evacuar todas las pruebas y exima de culpa o emita requerimiento fiscal contra los agentes del orden.

El titular de la DIECP, Eduardo Villanueva, comentó que “son expedientes de diferentes denuncias presentadas a la DIECP y que en algunas encontramos indicios de responsabilidad penal y en otras no”.

Asimismo, detalló que en otros casos donde no se ha encontrado indicio racional “de su autor o la plena prueba de la existencia del delito, también le pedimos al Ministerio Público que cierre las investigaciones, en tanto que solo el MP es el órgano en este país que puede cerrar una investigación de tipo penal”.

“Estamos practicando 99 audiencias de descargo a miembros de la Policía Nacional que presentan algunos indicadores de falta de veracidad u otros tipos de circunstancias en evaluaciones practicadas anteriormente”, dijo.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-mandan-al-ministerio-p%C3%BAblico-104-expedientes-de-polic%C3%ADas-corruptos

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“¡Apúrense a invertir en Honduras!”, llama presidente a empresarios del mundo

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández invitó este martes, en Nueva York, al grupo de empresarios aglutinados en el Consejo de las Américas, a confiar e invertir en Honduras en las áreas del agro, comercio, turismo e industrias.

El evento tuvo como escenario la sede del Consejo de las Américas, donde acudieron inversionistas en distintos rubros para escuchar la disertación del mandatario hondureño sobre los incentivos que su Gobierno está ofreciendo a los empresarios de todo el mundo.

“En Honduras se están cambiando las cosas, desde el incentivo en el sector agrícola con préstamos al 7.25 por ciento de interés a 15 años plazos y con una gracia de tres años, en favor de los pequeños y medianos emprendedores del campo”, resaltó el gobernante, al tiempo que añadió que en el sector de construcción ya se trabaja en la ampliación del Corredor Logístico, lo que permitirá unir la zona centro, sur y norte, además de un mega puerto en San Lorenzo.

Agregó que también se están promoviendo las inversiones en la parte de las maquilas con la llegada de nuevas franquicias y la expansión de algunas que ya se encontraban establecidas en el país, por lo que instó a este consejo empresarial a voltear la mirada hacia Honduras.

“¡Apúrense a invertir en Honduras!, porque ya hay muchos empresarios que están llegando al país”, concluyó.

La presidenta del Consejo de las Américas, Susan Segal, expresó que ven con mucho interés el progreso que Honduras está alcanzando producto de las decisiones que el Mandatario Hernández está tomando en la actualidad.

Sumado a ello, como parte del consejo directivo de esta organización, John Negroponte, afirmó que una vez que Honduras firme un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se podrán incrementar las inversiones a través de préstamos con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros, sobre todo en el área de infraestructura con el Corredor Logístico y un puerto en Amapala.

Finalizó diciendo que también este nuevo acuerdo reforzará las medidas que el Presidente Hernández está tomando para generar empleo e inversiones.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/%E2%80%9C%C2%A1ap%C3%BArense-invertir-en-honduras%E2%80%9D-llama-presidente-empresarios-del-mundo

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