Estado hondureño debería ser demandado por violar derecho a la salud, aseguran expertos

Sep 05, 2014

La permanente crisis en el sistema de salud, que se ha agudizado según las constantes denuncias de desabastecimiento y  negligencia, está provocando la muerte en aquellos pacientes que no tienen recursos económicos para pagarse una clínica privada.

El mejor ejemplo de esta crisis, es el Hospital Mario Catarino Rivas, un  centro que atiende a personas de 11 departamentos y que su cobertura médica es toda la zona noroccidental. Luego de la denuncia por la muerte de un paciente engusanado, la falta de medicamentos y los constantes paro de médicos, enfermeras y sindicalista, nada ha mejorado, todo sigue igual o peor.

“La situación es preocupante, vemos que el sistema de salud ha colapsado. Nos dicen que tenemos un Estado débil, pero no es así, es fuerte porque sí hay dinero para comprar armas, eso significa que todo se están destinando para la presión sin priorizar el derecho a la salud y la vida misma de la ciudadanía”, dice el abogado Eddy Tabora, ex fiscal de derechos humanos.

Tabora agregó que además de violentar el derecho al acceso de salud, el Estado a través del gobierno está violentando la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia sobre un recurso de Amparo colectivo interpuesto por la fiscalía, donde se obliga a garantizar salud de calidad y gratuita a toda la población.

“La admisión de ese recurso de amparo colectivo obliga al Estado a crear políticas públicas que garanticen el derecho a la salud, a buscar de manera inmediata el abastecimiento de medicamentos, de manera especial para aquellos pacientes con enfermedades crónicas, además de monitorear el cumplimiento de las atenciones en centro de salud y hospitales”, concluyó diciendo el ex fiscal.

Intimidación por denunciar

En el Hospital Catarino Rivas un grupo de médicos inició acciones para denunciar la crítica realidad del segundo centro asistencial de mayor importancia en el país. Para eso un grupo de médicos realizaron paro de labores y hasta una veintena presentó su renuncia asegurando que no pueden laborar en un centro donde no existen las condiciones para atender a los pacientes.

Uno de los doctores que acompaña a través de las denuncias es Samuel Santos, quien esta semana fue sorprendido cuando miembros militares acompañados de un fiscal allanaron su casa sin ninguna justificación. Para el médico esto únicamente se puede entender como una amenaza e intimidación por sus denuncias.

“El allanamiento ocurrió a las 8:30 de la mañana del lunes. Varios elementos del ejército llegaron fuertemente armados, intimidando a mis hijos y esposa. Yo no me encontraba en la casa, estaba de turno en el hospital. A pesar que mi esposa les abrió la puerta y les dijo que esperaran que los abogados de la familia llegaran para ver si todos estaban en normalidad, no lo hicieron. Se metieron a la fuerza y comenzaron a registrar el patio de la casa, luego optaron por retirarse de manera violenta. Esto generó un daño psicológico para mi familia, sobre todo para mi hija mejor, por eso lo interpreto como un mensaje, una forma de intimidar por las denuncias que he realizado sobre las condiciones en que se encuentra el Catarino Rivas”, dijo el médico en entrevista al programa El Informal, que se transmite en Radio Progreso.

El doctor Santos dice que hasta el momento nadie se ha comunicado con él para darle explicación del porqué de este allanamiento. “En algún medio de comunicación escuché que mencionaban que era una confusión, creían que yo era el doctor Javier Pastor, ex vice ministro de salud, pero eso nadie se los cree. Cómo me van a confundir, si cuando este médico fue funcionario lo llevaban y traían a su casa, claramente saben quién soy yo. Se pretende intimidar, callar mi voz ejerciendo violencia”.

“No podemos callar”

Para el médico especialista la lucha por lograr mejorar los centros de salud y hospitales debe continuar. “Mi confrontación es cívica, guerra de ideas, pero nunca ejerciendo violencia. No podemos aceptar que un hospital del tamaño e importancia del Catarino Rivas, únicamente tenga un abastecimiento del 20 por ciento, cuando diariamente atiende a más de mil personas. Gente que viene de 11 departamentos del país pidiendo que sus dolencias sean curadas, necesitamos que se designen más médicos, enfermeras y que exista medicamento en farmacias”.

Samuel Santos, dice que hasta el momento el gobierno de Juan Orlando Hernández no tiene un verdadero plan de trabajo y teme que no se dará en los siguientes meses y años. Y las cosas se complican porque las intenciones van encaminadas a bajar el presupuesto del área de salud. “Si bajan ese presupuesto lo que provocarán es mayor número de muertes, ahora anualmente más de 1,900 pacientes mueren, ese cifra irá en aumento lo que se convertirá en un crimen de lesa humanidad”, concluyó diciendo el doctor.

Para el abogado Luís Chévez de la Rocha, de la Convergencia por los derechos humanos en la zona norte, el desabastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales públicos, junto a los despidos y denuncias de trabajadores y trabajadoras de la salud, es responsabilidad absoluta del Estado. “Es el Estado el principal responsable de la crisis, y debería ser demandado a nivel nacional e internacional por no cumplir con su obligación de dar salud de calidad a la gente”.

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