Archivos para 12/08/14

Cinco años de cárcel para coronel por allanar Canal 36

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El teniente coronel José Arnulfo Jiménez fue condenado este martes a cinco años de cárcel tras el cierre de Cholusat Sur-Canal 36, en el marco del golpe de Estado de 2009, en Honduras.  El militar fue procesado por abuso de autoridad y el delito de cierre de los medios, pero el 31 de agosto de 2010 recibió carta de libertad provisional. En esa ocasión, la jueza Lilian Maldonado, de los Tribunales Unificados de Francisco Morazán, para dejarlo libre justifico que “el oficial es inocente de los cargos que le imputa el Ministerio Público y los abogados de las víctimas”.
De acuerdo con la narración de los hechos, la madrugada del día 28 de junio en 2009 Jiménez junto a un convoy de militares ordenó el cierre del medio de comunicación.   En un hecho considerado “sin precedentes” el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, de la Sala Quinta, Integrado por los Jueces: Mario Rolando Díaz Flores, Julissa Aguilar y Leslie Gallardo emitieron la sentencia condenatoria en contra del único militar procesado por el cierre de medios en Honduras.
En declaraciones a medios de comunicación, el abogado de la parte acusadora, Marco Zelaya, confirmó que “Se logró demostrar que hubo un asalto a canal 36 el día 28 de junio de 2009 a primeras horas de la mañana”.  Detalló que Jiménez fue condenado a cinco años de reclusión en un centro penitenciario, sin embargo como el acusado gozó de medidas distintas a la prisión durante el proceso judicial, éste seguirá bajo ese régimen hasta que la sentencia no sea firme.  No obstante, la condena podría ser conmutada mediante un pago que haga el ahora condenado ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Cinco años de espera
“Hemos esperado cinco años para obtener la sentencia de este día y la sentencia de hoy día la compartimos con todos los periodistas, camarógrafos, fotógrafos y reporteros,; dueños de medios de comunicación que a diario se ven amenazados y perseguidos por la difusión de sus ideas y pensamientos”, expresó ante el pleno del Congreso Nacional, el diputado y también dueño (Canal 36-Cholusat Sur), Edras Amado López.
De acuerdo con el empresario de la comunicación “el tribunal estimó hoy que una orden que implique el cierre arbitrario de un medio de comunicación masiva constituye una vulneración al derecho de la libertad de expresión consagrado en la Constitución de la República. En ese sentido, – esta fecha es importante-, dado que en otros países en donde se ha conculcado la libertad de expresión se han esperado tanto tiempo, 20 o 30 años,  para que se emita una sentencia de este tipo”.
A su criterio, con la sentencia “se emite un claro mensaje para gobernantes, empresarios o gente intolerante que considera a la prensa hondureña como el principal enemigo de la sociedad y la  estigmatiza por las posiciones que adoptan en un momento determinado, hoy con esta sentencia queremos dejar muy claro a aquellos que intentan amenazar la libertad de prensa que hay esperanza, que hay fe y aunque tarde la justicia del país alcanzará a aquellos que se yerguen desde el poder para cerrar medios de comunicación”.
Larga lista de agresiones contra Canal 36
Desde el 2009, C-Libre ha documentado y publicado, cada una de las violaciones a la libertad de expresión que ha sufrido Canal 36 y Radio La Catracha entre las que destacan: el cierre y militarización del canal; sabotaje a las torres de trasmisión; periodistas y camarógrafos golpeados; destrucción del equipo periodístico y agresiones por parte de funcionarios del Estado.
Para el director ejecutivo de C-Libre, Héctor Longino Becerra, la sentencia debe ser considerada como “un triunfo en los juzgados hondureños, un hecho que debe valorarse muy positivamente en Honduras por tres factores importantes: El primero que es un triunfo para la libertad de prensa, lo que viene a fortalecer el oficio del periodismo en Honduras, por otra parte este es un triunfo moral, es decir que ha triunfado la razón, lo que es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, pero también ha triunfado el pueblo hondureño”.
El informe sobre libertad de expresión correspondiente al año 2009, emitido por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) destaca que “el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el gobierno constitucional de Manuel Zelaya Rosales es un hecho funesto en la historia política del país que puso de manifiesto la debilidad de las instituciones del Estado hondureño. En   materia de derechos humanos, 2009 es un año de graves violaciones y de enormes retrocesos, en particular en el derecho a la libertad de expresión”.
Durante este período, C-Libre registró al menos 44 violaciones a la libertad de expresión, entre ellas: acciones intimidatorias, actos de censura, represalias económicas, acciones contra la integridad psico-física del periodista y la utilización del marco legal para impedir la libre expresión entre otras.
El documento señala además que “la ocupación de las instalaciones de los medios se realizó en el 80% de los casos a través de una militarización – que en muchos casos implicó el cierre del medio-, el 12% a través de una intervención de funcionarios de otras instalaciones del Estado con la excusa de una “inspección técnica” o “solicitud de documentos legales”, mientras que un 8% fue con una irrupción con violencia desmedida en las instalaciones con fuerzas policiales y militares por un período de tiempo determinado.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/cinco-a%C3%B1os-de-c%C3%A1rcel-para-coronel-por-allanar-canal-36

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Son posibles las alianzas políticas?


2014-08-12

Honduras

Ricardo Salgado

Clasificado en:   Política: Politica, Partidos, |
Disponible en:   Español       
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Entender el funcionamiento de los partidos tradicionales es sumamente importante para, visualizar cuales son las opciones de acción que tienen los mismos. Hablar de alianzas es un asunto de carácter estratégico que debe ser parte de una visión partidaria, pero no el fin en sí. Por esta razón, una ojeada a la historia del deterioro de las instituciones políticas a lo largo del periodo neoliberal en Honduras es vital para comprender hasta donde es posible prescindir de las cúpulas para alcanzar acuerdos frente a la desastrosa administración.
Una de las características más relevantes, es que el Partido Político como tal es nada más un maquinaria electoral, en la que el fin supremos es ganar elecciones. No es necesaria la formación política ni la organización de las bases, las que se da por descontado están, por la historia de los partidos. Una vez terminado el proceso electoral, la dirección del partido como tal pasa a segundo o tercer y cobran vigencia aquellas autoridades electas. En el caso de la oposición, los partidos tradicionales, trasladan y reducen su vida orgánica al Congreso Nacional, fundamentalmente, y en segundo lugar, cuando es necesario acuden a las alcaldías.
En todo caso, los partidos tradicionales, en esencia NO EXISTEN, pues su objetivo no es la construcción de fuertes estructuras y movimientos; esto explica al menos dos fenómenos clásicos; su distanciamiento de los movimientos sociales organizados, y su dependencia  suprema de la famosa “alternabilidad en el poder”, trágica para nuestros pueblos pero muy conveniente para la careta democrática impuesta, irónicamente, por las fuerzas dominantes transnacionales y oligárquicas, enemigas por naturaleza de la democracia.
Un buen ejemplo de esto se aprecia en la composición actual del Partido Liberal de Honduras, en el que la cúpula dirigente (que no tiene nada que ver con su dirección nacional) maneja a placer y sin restricciones la bancada de diputados al Congreso Nacional. Mientras tanto, la dirección del partido, encabezada por su ex candidato presidencial, no tiene ascendencia sobre este grupo parlamentario, y apenas conserva alguna autoridad en la esfera de las autoridades municipales, que NO participan de la toma de decisiones en el país.
Es lógico suponer que la falta de control sobre la bancada de diputados, hace improbable que una alianza con la dirección del partido sea relevante o efectiva. Los partidos tradicionales están hechos para funcionar con acuerdos entre sus cúpulas, aquellas que pueden tener alguna ascendencia sobre los órganos del Estado (porque la institucionalidad en Honduras básicamente no existe). En contraste, vemos como el Partido Nacional en el gobierno, cargado de ilegitimidad, y minoritario a pesar de su condición fraudulenta, si alcanza control sobre la bancada liberal: HAY ACUERDOS ENTRE LAS CUPULAS, y, además, el consentimiento pleno del gobierno (o desgobierno) real en el país, compuesto por las transnacionales, representadas en la embajada de Estados Unidos y la sumisa clase dominante del país.
Es obvio que existe fuerza en el sentido de pertenencia de las bases, sostenido por décadas en base a una estructura clientelar que dirige millonarios recursos del gobierno a pagar militantes. En este esquema, no hace falta ni la consciencia, ni el trabajo, ni la organización ni la movilización. Todo esto opera únicamente para fines electorales. Llegamos aquí a una conclusión básica: las bases solo importan en tiempos electorales, el resto del tiempo, la política se convierte en un ir y venir de acuerdos y consensos en el que normalmente el opositor se doblega, no por debilidad sino por conformidad con su rol, sabiendo que, eventualmente, le llegara su turno para saquear el país.
Muchas veces las autoridades partidarias, carentes de poder alguno, presentan poses desafiantes ante las cúpulas, pero, lo que la historia nos ha enseñado, es que finalmente terminan negociando con sus cúpulas. Y esto tiene un sentido de supervivencia; en un organismo que no existe, las cúpulas pueden destruir cada vez que se les ocurre la estructura partidaria, para construir una nueva, más conveniente a determinadas coyunturas. En esto no existe el compañerismo militante en absoluto. Recordemos que en el entorno político de estos partidos no existen relaciones de solidaridad y lucha colectiva, sino, más bien, conspiraciones, desconfianza y deslealtad.
Ahora bien, las alianzas son parte fundamental de la práctica política. Pero se producen invariablemente entre organismos, instituciones partidarias muy fuertes, capaces de dictar líneas a sus representantes y que cuentan con la disciplina partidaria de estas, que normalmente han asumido un proyecto de carácter histórico que es el objetivo principal de su existencia.
Indudablemente, Honduras necesita que la oposición, mayoritaria en el voto popular, sea coherente y asuma un papel más activo contra el descalabro de un gobierno que está literalmente destruyendo el país, y que apunta a sentar todas las bases para desmembrar el Estado Nación. Lo que pasa en Honduras políticamente es muy parecido a los que sufre Palestina hoy día, el propósito es destruir todo rastro de su existencia, pero eso no es tema de este escrito.
Si los partidos involucrados en la construcción de una alianza patriótica contra la destrucción del país, tuvieran solidas estructuras partidarias, reconocidas y aceptadas, y una militancia activa, escuchada y con capacidad de decisión, entonces pensaríamos que la alianza presentaría una esperanza real para la sociedad hondureña. Cualquier otra cosa, podrá incluso preñarse de muy buenas intenciones, pero terminará rindiéndose ante el avasallador mecanismo que preserva y reproduce la hegemonía dominante.
Por esa razón, es tan claro que para romper con el dominio de una clase hay que apuntar a destruirlo, no a convivir en él; para ello es necesario tener partidos políticos de verdad, no ficciones como el bipartidismo nuestro. Veamos y seamos optimistas, pero la realidad, concepto manoseado todos los días para manipular, nos indica un camino muy difícil, aun si se alcanzan acuerdos no cupulares.
Ricardo Salgado es Investigador Social y Escritor. Secretario de Relaciones Internacionales Partido Libertad y Refundación, LIBRE

Fuente: http://alainet.org/active/76171&lang=es

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IFC statements welcome but concrete action needed

12 August 2014

Credit: Rainforest Rescue Germany

Summary

Bretton Woods Project comment on IFC’s Executive Vice President Cai’s blog on the World Bank’s website challenges the IFC’s commitment to address systemic problems brought to light by Compliance Advisor/ Ombudsman (CAO) audit.

The Bretton Woods Project joins Oxfam in welcoming IFC executive vice president Cai’s commitment to ensuring that the IFC will measure its success “by the development impact of our projects — not by the dollar volume of our investments” and to change the institutional culture to that end.

It is encouraging that Cai is committed to aligning staff incentives with the IFC’s purpose as a development institution. Action to that end is certainly important given that according to a recent World Bank Group staff survey, only 30 per cent of IFC staff said they consider development as their main objective, and regard loan volume as more valued by the institution.

The December 2013 Compliance Advisor/ Ombudsman (CAO) report on the Dinant case clearly identifies the systemic nature of the challenges faced by the IFC, noting that the failures identified arose, in part, from staff incentives “to overlook, fail to articulate, or even conceal potential environmental, social and conflict risk”, and that staff felt pressured to “get money out the door” and discouraged from “making waves.” Therefore, while Cai’s sentiments are welcome it is notable that his stated commitment to change is framed by a continued unwillingness to acknowledge that the Dinant, Ficohsa, Tata Mundra, GKEL, Dragon and Wilmar cases are not the result of case-specific oversights but reflect institutional problems within the IFC.

CSOs have repeatedly attempted to engage with the IFC on this issue, including through four letters co-signed by over fifty local and international organisations. As outlined in the Bretton Woods Project’s ‘Follow the Money’ report , the findings of the IFC’s own internal audit found that “The result of [the] lack of systematic measurement tools is that IFC knows very little about potential environmental or social impacts of its [financial market] lending.” CSOs have therefore called for extensive consultations on the nature and impact of the IFC’s lending and for the joint development of specific mechanisms to address the problems identified by the CAO audit and CSOs. Specific action is required to address these systemic issues and to ensure that IFC lending results in positive developmental impact for the communities it is mandated to support. It is clear that Cai’s blog, while containing some positive statements, is not an adequate response to the important concerns raised on multiple occasions by CSO partners and substantiated by the CAO audit.

Cai’s admission that ‘highly charged’ environments such as Honduras require a more comprehensive and long-term assessment of project risks and consequences is particularly relevant, given his call for the IFC to ‘ramp up’ its work in areas suffering or transitioning from violent conflict. As Cai himself implies in his statement on the Dinant case, the complexities of the IFC’s operational environment cannot serve to justify decisions and projects that are contrary to the IFC’s vision to ‘do no harm.’ The extensive literature documenting the unintended negative consequences of the activities of the World Bank and the international community generally in these settings makes clear the inherent difficulties of working in conflict and post-conflict environments even for organisations that are dedicated to the task. Unfortunately, as Daniel Runde and Conor Savoy note in the 12 October 2012 US-based think thank Center for International and Strategic Studies, article, the “IFC remains largely culturally and institutionally unequipped to work in these areas. It may require entirely separate vehicles and personnel to staff these opportunities.” It is therefore imperative that before ‘ramping’ up its activities in complex conflict settings the IFC ensures that its oversight mechanisms, incentive structures and choice of financing vehicles are fit for purpose.

The inadequacy of Cai and the IFC’s response is clear when one considers the years of engagement by CSOs with the IFC’s own ombudsman on the issue, as briefly outlined below:

Date Activity
February 2013 October 2012 CAO audit report released
March 2013 A CSO letter co-signed by 45 organisations called for immediate actions to address the shortcomings outlined by the CAO audit. The letter called for increased transparency and disclosure, accountability and changes to financing procedures. It also called on the IFC to revise its strategy for investment in the financial sector.
September 2013 The IFC proposed an action plan in response to the CAO audit report
November 2013 CSO letter with more than 20 signatories containing a technical briefing and specific recommendations, called for the revision of the proposed action plan to address the CAO’s audit findings before its implementation; and the launch of a review to develop a new ground-level strategy for investment in the financial sector in order to allow for a fundamental reconsideration of the nature, purpose, modalities and limits of these types of investments.
March 2014 CSO letter with more than 20 signatories containing a technical briefing and specific recommendations, called for the revision of the proposed action plan to address the CAO’s audit findings before its implementation; and the launch of a review to develop a new ground-level strategy for investment in the financial sector in order to allow for a fundamental reconsideration of the nature, purpose, modalities and limits of these types of investments.
April 2014 During April World Bank spring meetings CSOs made several requests, including disclosure of documents and the convening of regional meetings similar to those organised in Europe and the United States. Unfortunately, despite commitments made at the time, no action was forthcoming.
The IFC delivered a presentation on the lessons learned on the Dinant case. The Bretton Woods Project published an analysis of the presentation, widely considered to be inadequate.
June 2014 A CSO letter expressed concerns about the lessons learned presentation and its implications for the imminent decision on the Ficohsa loan. The letter underscored the need for a significant cultural shift within the IFC and requested that proposed changes be developed through an inclusive process with CSOs. The letter also stressed that something more substantive than a Powerpoint presentation, a blog or a public acknowledgement of a case-specific error is required.

To date, despite the repeated efforts outlined above, the IFC’s response has been limited to Cai’s blog.

This comment appeared on the World Bank’s  Voices blog, responding to IFC executive vice president Cai’s post “Achieving impact in development requires us to venture into tough places” (Published on 12 August 2014)

http://blogs.worldbank.org/voices/comment/2666#comment-2666

Fuente: http://www.brettonwoodsproject.org/2014/08/ifc-statements-welcome-concrete-action-needed/

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Bad Role Models – The Embattled Arrival of Honduras’ Model Cities

 

By Lauren Carasik

August 12, 2014

“The Voice of Zacate Grande” is a community radio station named after the island in southern Honduras from where it broadcasts. Located off a dusty road that winds past modest homes and stunning views of the beautiful Gulf of Fonesca, the station has become a focal point of the local community’s resistance to the ongoing land conflict with Miguel Facusse, the richest man in Honduras and reportedly its largest landowner. On the wall outside the station hangs a portrait of Francisco Morazán, revered by Hondurans for his progressive vision and courageous leadership in the newly independent country more than a century ago. These days his portrait has become a symbol of a new struggle for freedom.

Zacate Grande’s plight seems likely to get worse. In May, the Honduran Supreme Court upheld a law, passed by the National Congress last year, authorizing the creation of so-called Zones for Employment and Economic Development (ZEDEs). Modeled on the charter cities concept designed by Paul Romer, an economics professor at New York University, ZEDEs will be semi-autonomous areas that are free to set up their own laws and enforce them via security forces and a judicial system established by them. In theory, these charter cities are designed to spur widespread economic growth by allowing free enterprise to circumvent the country’s weak political institutions.

In practice, however, ZEDEs seem likely to benefit only Honduras’ existing economic and political elites and foreign investors. The laws allowing ZEDEs have been designed to give their investors maximal legal and financial protection, leaving residents with only minimal legal recourse and democratic rights. If Zacate Grande is subsumed into the first ZEDE, the island’s 5,000 inhabitants will lose the right to help determine what happens to its land or its resources. And that has generated alarm among the residents about international investors more focused on earning a profit than building a sustainable economy and a fair political order.

THEORY AND PRACTICE

The Honduran government’s approval of the creation of model cities follows the marked deterioration of economic and social conditions after the 2009 coup that ousted President Mel Zelaya, a populist who had been elected in 2006. Between 2010 and 2012, the conservative forces that controlled the national government drastically cut spending on public services, including housing, health care, and education. Extreme poverty rose by 26.3 percent; almost two-thirds of Hondurans now live below the poverty line. And inequality increased rapidly — in the first two years after the coup, the wealthiest 10 percent of Hondurans reaped 100 percent of the country’s real income gains.

At the same time, violence and insecurity have careened out of control. Since 2011, Honduras has claimed the highest per capita murder rate in the world. The international media has typically attributed the violence to drug traffickers and gangs. But that has obscured the role played by the notoriously corrupt police force and military who enforce the government’s policies with lethal means. Over the past year and a half, more than 400 children have been murdered. Journalists, lawyers, judges, human rights defenders, land rights activists, opposition party members, members of the LGBT community, and indigenous activists are routinely targeted for brutal repression by state and private security forces.

It was against this backdrop of economic and social mayhem that Romer first urged Honduras to experiment with model cities. He claimed that in order to spur growth, Honduras should allow foreign investors to circumvent the country’s poor governance and endemic corruption. New cities, he argued, would bypass Honduras’ existing elites, to the benefit of the rest of the country. But Romer failed to consider that model cities could create a new style of corruption. Honduras’ existing political elites began using Romer’s concept to help deep-pocketed international investors manipulate the rules in their favor.

The law for Special Development Regions (REDs), which the Honduran Congress passed in 2011, ostensibly realized Romer’s vision for model cities. Romer envisioned inviting investors to develop new cities on uninhabited or sparsely populated land and placing few restrictions on how they could govern those areas. But he insisted that it was important to require transparency in order to ensure that the model cities were appropriately administered. Romer endorsed Honduras’ proposed law in 2011, but he unexpectedly distanced himself from it in 2012, in part because the Honduran government dispensed with the Transparency Commission on which Romer expected to serve.

That same year, Honduras’ Supreme Court invalidated the law on constitutional grounds. But shortly thereafter, the government illegally removed four of the five justices who had ruled against the REDs, replacing them with judges more amenable to the government’s agenda. In 2013, the Congress passed a law authorizing ZEDEs, which was substantially similar to the RED law, and even less protective of democratic principles. For example, the Honduran government permitted international investors to build ZEDEs anywhere in the country, including in areas that were already inhabited, thus dispossessing existing residents. (Romer had argued that it was important that workers “vote with their feet” — that is to say, they actively choose to live in the cities in question.)

ZEDEs will be overseen by a 21-person committee comprised of members that are allied with the national government and independent free market libertarians. That committee will delegate authority for each new ZEDE to a five-member subcommittee that will — with the expected input of major investors — appoint an administrator to oversee the creation of the zone’s civil, criminal, and administrative institutions. For the Hondurans who may suddenly find themselves living within these cities’ boundaries or neighboring them, this is an alarming prospect. They will be deprived of many of the constitutional and other types of protection granted to their fellow citizens. Moreover, they will lack meaningful legal recourse, for example, if the security forces created by investors are repressive, or the administrators prove to be corrupt. Each ZEDE is expected to develop its own judicial system of common law courts — again, under the guidance of individual investors — which is entirely independent of the Honduran civil law system. Further, there is no apparent mechanism to appeal beyond the ZEDE judiciary.

On May 26, the Supreme Court upheld the ZEDEs law. Feasibility studies are now underway at several sites in Honduras. In densely populated areas of over 100,000 people, citizens can reject a proposed ZEDE charter through a referendum. But for low-density communities and designated areas on the country’s coasts, no citizen input is required. That leaves the inhabitants of Zacate Grande without any right to self-determination.

THE FIGHT GOES ON

For marginalized communities in Honduras, model cities have stirred memories of the country’s long history of class struggles over land. Land captured centuries ago by European imperialists was eventually passed on to local oligarchs. Agrarian reform efforts initiated in the 1960s aimed to give marginalized communities formal ownership over the land they inhabited for generations, but those endeavors were undermined by business elites through coercion, fraud, and intimidation. Poor communities still suffer from dispossession, food insecurity, and repression as a result of their lack of legally recognized land title.

Honduras’ land-owning elites seldom feel compelled to do anything to mitigate that suffering. Indeed, when the country’s dispossessed have attempted to protest their condition, the elites have a history of fighting back viciously. Peasants in fertile the Northern Bajo Aguan region resisting land grabs by the Honduran businessman Facusse, have faced a brutal crackdown that has resulted in 140 deaths.

The pending arrival of model cities has been another case in point. On September 4, 2012, Antonio Trejo, a human rights lawyer who had been representing the peasants of Bajo Aguan, helped draft a constitutional challenge to the RED law, despite several death threats against him and repeated requests for police protection that went unheeded. Seventeen days later, he was gunned down outside a wedding he was attending in the city of Tegucigalpa. (Earlier that day, Trejo had publicly accused legislators of using the model cities to fund raise.) Five months later, his brother was shot by unknown assailants.

The residents of Zacate Grande refuse to be intimidated. “Voice of Zacate Grande” continues its daily broadcasts in support of the community’s struggle for self-determination. Unfortunately, the odds remain stacked against it. Honduras’ political and economic elites are skilled at dividing and conquering marginalized communities through various means. They might try to buy off some members of the community in order to create friction within it. They will likely continue to try to instill fear among the residents of the island. There are already reports of land speculators arriving in the town of Amapala, on neighboring Tiger Island, buying out some small landholders, and telling others that if they don’t sell, they won’t be able to afford the property taxes after the arrival of the ZEDEs. Residents will continue to fight for their rights and their survival, but with the advent of international capital drawing closer, the exploitation and dispossession of Honduras’ poor will likely continue unabated.

Fuente: http://www.foreignaffairs.com/articles/141875/lauren-carasik/bad-role-models#cid=soc-twitter-at-snapshot-bad_role_models-000000

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Sala Constitucional declara inadmisible recurso contra fusión del SANAA

Publicado: Martes, 12, agosto, 2014

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El sindicato de trabajadores del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados y similares (Sitrasanaays) interpuso un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado para evitar que esta empresa estatal sea absorbida por el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Idecoas).

Sin embargo, los alegatos entablados por los sindicalistas no dieron los resultados esperados, ya que por unanimidad de votos, la Sala de lo Constitucional declaró inadmisible la acción interpuesta por los trabajadores.

El recurso pedía la nulidad del decreto PCM-13-2014, publicado el 30 de mayo en la Gaceta número 33,440, la cual da vida legal al Idecoas.

El documento establece que esta nueva institución surge de la fusión del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Pronaders) del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el Sanaa.

El principal argumento de los afectados fue que el Sanaa no podía desaparecer por mandato del presidente Juan Orlando Hernández y su Consejo de Ministros, sino por orden del Congreso Nacional quien fue el que creó la estatal que brinda servicio de agua potable.

Fuente: http://www.tercerpoder.hn/sala-constitucional-declara-inadmisible-recurso-contra-fusion-del-sanaa/

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Jueces penalistas piden protección ante escalada de amenazas

Publicado: Martes, 12, agosto, 2014

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Los togados piden a las máximas autoridades que los casos de crimen organizado sean conocidos por los jueces de jurisdicción nacional, ya que estos cuentan con medidas para su protección.

Y es que en los recientes meses, peligrosas bandas capturadas por la policía y enviadas a las cárceles por los jueces de lo penal, han provocado una escala de amenazas a los funcionarios judiciales, quienes denuncian hasta persecución mientras se movilizan con sus automóviles.

Por lo anterior, una comisión de jueces de lo penal pidieron una reunión de urgencia al Concejo de la Judicatura para tratar el tema de seguridad, pero debido a la agenda de los concejales, la misma se programó para el próximo miércoles.

Sin embargo, los togados lograron reunirse con el magistrado Jacobo Cálix, de la Sala de lo Penal, por un espacio de tres horas, donde se plantearon las principales preocupaciones de los profesionales del derecho.

De esta reunión muy poco se sabe, ya que los jueces de lo penal no quisieron hablar con la prensa, pero por sus rostros al momento de salir, al parecer, por ahora “no les van a arreglar nada”.

Fuente: http://www.tercerpoder.hn/jueces-penalistas-piden-proteccion-ante-escalada-de-amenazas/

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Medicos residentes suspenden asambleas informativas luego de un acuerdo con el gobierno

En ese sentido, los más de 300 médicos residentes levantaron las asambleas informativas e inmediatamente retornaron a sus labores.

Los médicos residentes que habían estado en asambleas informativas en protesta al pago del salario beca de tres meses, esta tarde lograron llegar a un acuerdo con las autoridades de Salud quienes efectuaron, este día, el pago atrasado de los galenos y de esa forma se suspendieron la protesta, programadas como medida de presión para lograr su objetivo.

En ese sentido, los más de 300 médicos residentes levantaron las asambleas informativas e inmediatamente retornaron a sus labores.

Los galenos denunciaron que tenían tres meses de no recibir su sueldo, por lo que determinaron realizar una huelga de brazos caídos para que el Gobierno a través de la Secretaría de Salud efectuara el pago pendiente.

La huelga de los galenos se mantuvo por un espacio de 36 horas, hasta la tarde de este día que se conjuró el movimiento de los galenos.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/medicos-residentes-suspenden-asambleas-informativas-luego-de-un-acuerdo-con-el-gobierno

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Honduras: Asesor presidencial asegura que el fiscal general tiene los nombres de narcopolíticos // Fiscal sobre narcopolíticos: “Tenemos el ancho de la información, pero no la podemos revelar”

martes, 12 de agosto de 2014

Autor del articulo: Proceso Digital  
Martes 12  de Agosto 2014 – 13:14
Tegucigalpa – El asesor presidencial, Marvin Ponce, aseguró este mediodía que el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla tiene los nombres de los alcaldes, diputados y empresarios que estarían vinculados con la narcoactividad.
“El fiscal general tiene los nombres, el fiscal (Óscar) Chinchilla sabe quiénes son, yo tengo algunos, pero el fiscal los tiene, lo que pasa a veces es que hay algún temor de aplicar la ley”, señaló el ex vicepresidente del Congreso Nacional por el izquierdista Partido Unificación Democrática (UD) y ahora asesor del Ejecutivo.
Indicó que él no ha puesto ninguna denuncia sobre los narco alcaldes, diputados y empresarios, ya que solamente se ha limitado a tratar lo que está sucediendo en el país.
“Solamente digo lo que está ocurriendo en el país, el fiscal tiene los nombres y si no los tiene pues tiene todo el equipo para que los puedan investigar”, argumentó.

Aseguró que la Fiscalía está trabajando, y refirió que el alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, guarda prisión acusado por lavado de activos y portación ilegal de armas.
Al ser consultado si tiene pruebas para sustentar sus declaraciones, el asesor presidencial se limitó a decir que no se necesitan evidencias para hablar de lo que está pasando en el país.
Ponce, señaló el lunes que en la actualidad se investigan a ocho alcaldes y siete empresarios por presuntos nexos con el crimen organizado.
En ese sentido, el fiscal general del Estado, Óscar Fernando Chinchilla, expresó este martes en la ciudad de San Pedro Sula que el Ministerio Público realiza sus propias investigaciones sobre la existencia de narcopolíticos en Honduras. “Tenemos el ancho de la información, pero no la podemos revelar”, justificó.   
 
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 Fiscal sobre narcopolíticos: “Tenemos el ancho de la información, pero no la podemos revelar”
Autor del articulo: Proceso Digital Martes 12 de Agosto 2014 – 12:28
Tegucigalpa – El fiscal general del Estado, Óscar Fernando Chinchilla, expresó este martes en la ciudad de San Pedro Sula que el Ministerio Público realiza sus propias investigaciones sobre la existencia de narcopolíticos en Honduras. “Tenemos el ancho de la información, pero no la podemos revelar”, dijo.
Las declaraciones de Chinchilla surgen luego de las aseveraciones del asesor presidencial, Marvin Ponce, quien señaló que en la actualidad se investigan a ocho alcaldes y siete empresarios por presuntos nexos con el crimen organizado.
Ponce acusó además a un grupo de diputados de estar relacionados con organizaciones ilícitas, aunque no precisó nombres.
A la consulta si el asesor presidencial, Marvin Ponce, podría ser llamado a declarar por la Fiscalía hondureña, el fiscal Chinchilla expresó: “El Ministerio Público lleva a cabo investigaciones de diferente naturaleza en temas de crimen organizado, corrupción y evidentemente no podemos revelar mayores detalles y aseverar o no si esta información es correcta”.
Dijo que actuarán como les ordena la normativa legal; “se darán cuenta de lo que suceda conforme a las investigaciones vayan avanzando”, agregó.
Insistió en que la institución que él rectora maneja información sobre el ligue de personajes políticos con el crimen, pero evitó referirse en detalles.
Hace unas semanas se detuvo al alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, a quien se le acusa de lavados de activos y posesión ilegal de armas. Además se procedió al aseguramiento de varios de sus bienes y el edil guarda prisión en una base militar de San Pedro Sula.
Se debe llamar a declarar a Marvin Ponce
El diputado nacionalista, Antonio Rivera Callejas, sugirió el Ministerio Público mandar a citar a Marvin Ponce por sus declaraciones acusando a alcaldes, diputados y empresarios del país de estar vinculados a la narcoactividad.
“Sí alguien habla con números específicos, es decir, ocho alcaldes, siete empresarios, creo que debería dar los nombres, el Ministerio Público está obliga a llamar a Marvin Ponce”, afirmó.
Llamó a Marvin Ponce a “ir más allá” y revelar los nombres. “Él tiene tanta información que debería ofrecer nombres”, insistió.
 http://www.proceso.hn/2014/08/12/Nacionales/Fiscal.sobre.narcopol/90623.html

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Directores de medios piden diferenciar entre periodistas y comunicadores en la Ley de Protección

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*En la cita, los directores de medios, presidentes de organizaciones de periodistas y miembros de la comisión de dictamen, alabaron la apertura del CN para socializar la ley.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Directores de medios de comunicación y directivos de organizaciones de periodistas, ofrecieron este lunes su respaldo al proyecto de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, durante una reunión celebrada en el Salón de Retratos del Congreso Nacional, encabezada por la vicepresidenta de la Cámara Legislativa, Lena Gutiérrez y los miembros de la comisión de dictamen.  En la reunión, Gutiérrez reiteró el respaldo del Poder Legislativo a la aprobación de la ley que asegure el ejercicio de los comunicadores sociales, activistas de derechos humanos y operadores de justicia.

Durante la reunión los directores de medios de comunicación escrita, radial, digital y televisiva, así como los presidentes del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Ramón Mairena y de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), Carlos Ortíz, presentaron sus aportes que permitirá elaborar un dictamen consensuado, que garantice el libre ejercicio del periodismo.
Al finalizar la reunión, el secretario de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, diputado Rossel Renán Inestroza, explicó que entre los principales aspectos abordados durante la cita figura el financiamiento para la protección de los beneficiarios de la ley para lo cual se establecerá que la Secretaría de Finanzas, debe asignar los recursos necesarios al Ministerio de Seguridad para poder implementar una protección efectiva.
Diferencias
Uno de los aspectos que se abordó en la reunión, fue establecer una diferenciación entre periodistas y comunicadores sociales y otro tema importante que surgió en la cita, fue la calificación del riesgo de la amenaza de la que pueden ser objeto y los miembros de la comisión de dictamen explicaron las medidas que se estarían implementando una vez que se evalúe la denuncia del periodista o comunicador social y en un plazo expedito de ocho horas se otorgarían las medidas de protección provisionales hasta tanto se resuelva el expediente de una forma ordinaria que tomaría de dos a cuatro semanas y un expediente extraordinario o expedito que tomaría una o dos semanas.
“Hemos escuchado también de que se apruebe lo más pronto posible esa ley y todos los miembros de la comisión estamos trabajando prácticamente a tiempo completo a efecto de poder dar un instrumento jurídico que sirva para poder darles tranquilidad a cada uno de los periodistas y comunicadores sociales. Se planteó también el informe sobre los casos de la muerte violenta de periodistas y comunicadores sociales y esa será una potestad del consejo del cual van a formar parte para poder pedir un informe a las unidades encargadas de brindar la protección y dar también un informe a la opinión pública sobre los avances que se están tomando.

Por su lado, el presidente del CPH, Juan Ramón Mairena, apuntó que junto a los directores de medios fueron muy enfáticos en el sentido que no se quiere una ley que vaya a quedar en papel mojado y por eso se habló de la parte financiera para poner en práctica ese instrumento jurídico.  Precisó que todas las inquietudes y recomendaciones que se expusieron durante la reunión, serán presentadas en una nueva reunión que se celebrará el próximo lunes, mediante un resumen ejecutivo a fin de que la comisión las tome en cuenta para aplicabilidad de la normativa.
“Todos subrayamos y alabamos la importancia y el interés del Estado a través del Congreso Nacional en darnos un instrumento a través del cual, los operadores de justicia, periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos podamos tener una ley que nos pueda dar seguridad a nuestras vidas, a nuestras familias en un ejercicio de la profesión del periodismo en Honduras”, destacó Mairena.
En ese sentido, se trata de elaborar una ley aplicable, ágil, que tenga seguimiento y recursos financieros para su ejecución, fueron propuestas las propuestas del gremio periodístico, a ser incluidas en el dictamen del proyecto de ley.  La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, manifestó que la comisión dictaminadora ha hecho una extraordinaria labor y que entre los asistentes y demás sectores hay suficiente talento para que sus aportes produzcan una ley que proteja a estos profesionales.
Como apuntó Mairena, se convocó a una nueva reunión próximo lunes, con el fin de resumir sus propuestas en el dictamen y la diputada Gutiérrez reconoció el dinamismo que se exige en la aplicación de las leyes, que a su vez deben asumir los operadores de justicia.
Respaldo de las siete bancadas
De su lado, el también vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, garantizó que la ley, que ya fue aprobada en dos debates, tendrá el respaldo de las siete bancadas representadas en la Cámara Legislativa, su ejecución y validez asegurada y será un disuasivo para quienes atenten contra los periodistas y comunicadores sociales y no quede en simple papel mojado.
Entretanto, la directora del periódico Proceso Digital, Marlen Perdomo de Zelaya, señaló la urgencia de aprobar la ley, porque  ocurre que el debate se reactiva al momento que otro periodista muere en ejercicio de su profesión.  Alabó la decisión de consultar a los directores de medios y señaló que hay artículos que indican, que en el tiempo en que se activan los mecanismos de alerta y protección a un comunicador, este ya ha muerto, por la burocracia que dilata aplicar la ley.
Indemnización para familias de periodistas fallecidos
Por su lado, el coordinador general de los noticieros de Radio América, Luis Edgardo Vallejo, aplaudió la decisión del Legislativo, de compartir el dictamen, pero señaló que en la propuesta hay mucha desproporción porque ese gremio sólo tiene un representante y eso se debe revisar.

Pidió además dar a conocer las investigaciones de los más de 40 periodistas que han muerto violentamente y que el Estado no da respuesta y sugirió que a los familiares de un periodista muerto se le otorguen los derechos laborales del fallecido, es decir, una indemnización.  De su parte, el presidente de la APH, Carlos Ortiz,  dijo sumarse a la iniciativa del Congreso Nacional0 de continuar el proceso de socializar un instrumento jurídico que viene a atender la crisis que afecta a abogados, grupos de sociedad civil y los periodistas.
El coordinador general de noticas de HRN, Juan Carlos Barahona, reconoció al Congreso Nacional su decisión de socializar la ley y dijo que sus inquietudes van más allá de la protección personal, sino de qué tan expedito será el mecanismo, como se va a evaluar la situación de riesgo y del momento en que se deben implementar las medidas de protección.  El jefe de redacción de diario Tiempo en Tegucigalpa, Geovanny Domínguez, dijo que de manera seguida se le consulta de fuera del país si la ley ya ha sido aprobada, pero que con este proceso se aclaran varias dudas al respecto.
Se refirió al proceso de gradualidad de los casos, si es grave o no, y sugirió hacer un simulacro en cuanto a la funcionalidad de la ley, al tiempo que recomendó, como sucede en Colombia, dotar al periodista en riesgo de un teléfono celular, que activa alarmas preventivas cuando se requiere.  Por su parte, el miembro de la comisión de dictamen, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, felicitó a la junta directiva por la voluntad política de debatir la ley y dijo que el proyecto es producto del clamor de varias organizaciones de sociedad civil y la secretaría del ramo y un gran paso para proteger a quienes arriesgan su vida.
En la reunión también participaron los directores de medios y noticieros: Juan Carlos Sierra de TN5 Matutino; Esdras Amado López de Cholusat Sur Canal 36; Emma Calderón de Mundo TV; Arístides Aceituno de Hondudiario.com; Alexander Cerrato de Canal 11; Carlos López de Radio Cadena Voces y Pablo Matamoros de Hable Como Habla (HCH), televisión digital.  Asimismo, el vicepresidente de la comisión ordinaria de derechos humanos del Congreso Nacional, diputado del Partido Anticorrupción (PAC), Rafael Virgilio Padilla.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/directores-de-medios-piden-diferenciar-entre-periodistas-y

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A cinco años de prisión condenan a militar hondureño por cerrar Canal 36

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. A cinco años de prisión fue condenado el coronel José Arnulfo Jiménez, luego de haber sido encontrado culpable por el cierre de Canal 36, el 28 de junio de 2009 día del golpe de Estado.

Tras una extensa lectura de agravantes, el juez individualizó la pena al militar, ya que éste declinó de decir quién le ordenó suspender las transmisiones de Cholusat Sur.

La apoderada legal del condenado, dijo que la sentencia fue “mediática” por la presión que recibió el juez de sentencia ante la afluencia de medios que cubrieron la histórica sentencia, que abre el camino para llevar a la justicia a los responsables del crimen constitucional.

El fiscal presentó, por su parte, una elevada carga de pruebas, como el impedimento a los empleados de la planta televisora, la suspensión de la jornada informativa y la militarización; en 2011 fue detenido por el delito contra los medios de comunicación.
De igual forma, se desvaneció la justificación del agresor que dijo que se había tomado por asalto la empresa informativa para resguardarla.

“Tengo órdenes superiores para que ustedes no transmitan nada, sólo música, muñequitos, telenovelas y anuncios”, dijo el coronel al periodista Esdras Selim López.

“Estos militares –recordó Selim— tomaron posesión de Canal 36, a la hora del asalto tenía todo listo para comenzar a transmitir, pero Jiménez me gritó: “¡Hey, hey, apágame todo esto! (el estudio del canal)”.

El testimonio del comunicador coincide con los vídeos facilitados por la parte acusadora, en los que se observa cuando el pelotón llega a las instalaciones de la empresa para clausurar toda programación.

En otra toma, un contingente acompaña al periodista Richard Smith Casulá a los estudios de Radio La Catracha que opera en el mismo edificio y se saca del aire la transmisión correspondiente a ese día.

El relato de López se acopla a los hallazgos realizados por la fiscalía cuando se corroboró la presencia de militares en la planta transmisora del cerro Canta Gallo, al oriente de la capital.

“Luego me enteré que en la central de los transmisores en la montaña…no podían activar nuestra señal, porque otro contingente militar había tomado el control de la zona. La misión de ese día era neutralizar canales, porque Jiménez dio la orden de cerrar Canal 11 cuando vio por uno de los monitores que estaban emitiendo la noticia del golpe de Estado”, rememoró.

La defensa del coronel golpista trató de justificar el asalto al haber alegado que en Cholusat Sur sí había una bodega de la denominada “Cuarta Urna” (consulta social impulsada por el gobierno de Manuel Zelaya acerca de la creación o no de una nueva Constitución de la República, que se efectuaría el día del golpe de Estado).

La apoderada legal del militar, dijo que había una orden judicial para que decomisara todo material referente a la encuesta ciudadana, de acuerdo a sentencias emanadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando se desautorizó la instalación de la actividad.

Se pudo comprobar que los militares jamás hallaron papeletas de la Cuarta Urna, y eso fue demostrado, con base a testimonios de periodistas que ese día se hallaban trabajando en la televisora.

No se encontró material vinculada a la iniciativa, tampoco en la planta transmisora que fue tomada por los militares el día del golpe. En las conclusiones presentadas por el acusador del Estado, se determinó que la excusa de intervenir Cholusat Sur.

Los acusadores privados lograron demostrar que López Rodríguez nunca dio orden para que se le militarizara el canal de su propiedad; jamás hubo orden verbal o escrita que se diera el visto bueno a las Fuerzas Armadas de Honduras para que montaran vigilancia al interior y los alrededores del local donde funciona Canal 36.

Más detalles en la edición impresa de EL LIBERTADOR, agosto de 2014.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/cinco-a%C3%B1os-de-prisi%C3%B3n-condenan-militar-hondure%C3%B1o-por-cerrar-canal-36

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Médicos hondureños siguen exigiendo pago de sueldos atrasados

Redacción-Agencias / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Ante la falta de pago por parte de la Secretaría de Salud, unos 300 médicos residentes realizaron un paro de labores este lunes y, este martes, se declararon en asambleas informativas.

Los médicos residentes que laboran en los hospitales públicos de todo Honduras, dieron un plazo de 16 horas a las autoridades de la Secretaría de Salud para que hagan efectivo el pago de salarios correspondientes al mes de julio.

Los galenos, que cursan diversas especialidades en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), exigieron reformas al reglamento de postgrados del sistema educativo superior.

“Estamos dando un compás de espera a las autoridades que se comprometieron a realizar el pago del mes de julio y asumieron el compromiso de hacer una revisión de todo el reglamento que da la promoción de postgrados a escala nacional”, dijo Iván Jovel, vocero de los médicos residentes.

Por ahora, los residentes paralizaron las atenciones en la consulta externa, cumpliendo únicamente los turnos respectivos en las emergencias.

Aproximadamente 150 médicos residentes se encuentran distribuidos en más de siete hospitales de los 27 centros públicos de Honduras.

El sueldo de los médicos residentes lo ha venido cubriendo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), pero el centro educativo ya les advirtió que no les puede seguir pagando.

Los médicos residentes tienen tres meses de no recibir su remuneración mensual por los servicios brindados en el sistema público.

Los médicos paralizaron sus labores en febrero.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/m%C3%A9dicos-hondure%C3%B1os-siguen-exigiendo-pago-de-sueldos-atrasados

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A cinco años de torturas, víctimas insisten en búsqueda de justicia

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Tegucigalpa.

Hoy se cumple cinco años del brutal ataque que consistió en torturas, vejámenes  y detención ilegal de parte de elementos del escuadrón COBRAS, a cargo de Elder Madrid Guerra, contra Gerardo Arturo Flores Valeriano, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera López, José Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Alba Leticia Ochoa Camacho, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández Carbajal, Oslin George Cantillano, Rosario Vásquez, Emerson Rosicler Barahona y  Daniel Ángel Cárcamo Sánchez y otras nueve personas más, sumando en total 24 personas, entre ellas manifestantes contra el golpe de estado, y otras personas que transitaban por el centro de Tegucigalpa.

Muchas de estas personas viven aun con miedo, no encuentran empleo porque al inicio fueron requeridas fiscalmente por los delitos de robo, manifestaciones ilícitas, daños y sedición, “en la Fiscalía Preparatoria, la cual funciona casi clandestinamente a puertas cerradas, entrar allí es producto de una investigación exhaustiva porque ni siquiera tiene rótulo”, se denunció en su momento en este medio digital. Todo esto impulsa las víctimas en la insistencia por un proceso judicial en búsqueda de justicia para que se castigue a los responsables.

Según testimonios, hombres y mujeres fueron detenidos a las dos de la tarde del 12 de agosto del 2009, llevados a los bajos del Congreso Nacional y después subidos a un comando militar y trasladados al cuartel del Comando de Operaciones Especiales, Cobras, donde permanecieron hasta las tres de la mañana del 13 de agosto y recibieron todo tipo de violaciones a sus derechos.

Después fueron llevados a la Policía Metropolitana número 1  (CORE 7), instalaciones que en la década de los 80 funcionaba la Dirección de Investigación Nacional, DIN, formado en 1976, cuya función era ejecutar una fuerte campaña para sofocar la subversión interna y el malestar que pudieran ocasionar los opositores del Sistema.

En esa sede policial se llevó a cabo la Audiencia de Imputado, donde las víctimas fueron presentadas con graves golpes en sus cuerpos, algunas tenían fracturas que les impedían moverse libremente, pero aun así fueron presentadas como responsables de incendio agravado, manifestaciones ilícitas y sedición.

Los acusados son el comisionado de policía José Ventura Flores Maradiaga, Carlos Isaac Polanco Padilla, Estela Esperanza Ramos Sánchez, Juana María Alvarado Barahona y Suyapa María Elvir Escalante y Elder Madrid Guerra, a quienes las víctimas los identifican, y cuya defensa es el abogado Jacobo Humberto Salandía, a quien ya se le ha llamado la atención por utilizar recursos legales para obstaculizar el proceso en otro caso donde también representa a agentes de seguridad del Estado de Honduras.

Esta acusación contra los policías fue presentada por la Fiscalía de Derechos Humanos y el Programa de Acceso a Justicia del COFADEH que documentó los testimonios de las víctimas, ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán  de primera instancia el 13 de diciembre de 2010.

Pese a la insistencia de parte de las víctimas, representadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, el caso que en lugar de avanzar, ha tenido que iniciar, porque un recurso de alzada anuló todo el proceso, y aunque las víctimas tienen confianza en que los responsables recibirán su castigo, lamentan que justicia tardía no es justicia.

En la última cita, a finales del mes de junio del 2014, el Fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, MP, Luis Fernando Padilla, explicó que la audiencia no se desarrolló porque existió una confusión en relación a una resolución emitida por la sala de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y considera que se debe a que el expediente no se estudió bien en la Sala de los Constitucional, para emitir esa resolución.

Estas situaciones de retraso son consideradas por las víctimas, como un reflejo a la impunidad y la falta de interés de aplicar justicia, ya que entre los principales acusados está el ahora comisionado general de Policía, Elder Madrid Guerra, pese a que mantiene cuentas pendientes por violaciones a derechos humanos.

Las víctimas piden que se aplique justicia contra Madrid Guerra y Flores Maradiaga, ya que ellos  permitieron que sus subalternos cometieran estos abusos, pudiendo ordenar que pararan las agresiones el 12 de agosto de 2009, no lo hicieron.

Este caso ha sido documentado y escuchado por organismos a nivel nacional e internacional como la Comisión de Verdad, Federación Internacional de Derechos Humanos, el Foro Honduras-Suiza, entre otros.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3255:a-cinco-anos-de-torturas-victimas-insisten-en-busqueda-de-justicia-&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Honduras y Perú firmaron convenio de colaboración en justicia

El convenio busca generar intercambios de experiencias y la realización de actividades conjuntas que contribuyan a mejorar la impartición de justicia, precisó un comunicado del Poder Judicial peruano.

Los presidentes del Poder Judicial de Perú, Enrique Mendoza, y de Honduras, Jorge Rivera, firmaron ayer en Lima un acuerdo marco de colaboración en justicia que incluye pasantías y asesorías en modernización judicial, entre otros temas.

El convenio busca generar intercambios de experiencias y la realización de actividades conjuntas que contribuyan a mejorar la impartición de justicia, precisó un comunicado del Poder Judicial peruano.

Como parte del acuerdo, se realizarán pasantías y estancias de estudio de juzgadores y demás servidores públicos de un país a otro; jornadas de estudio; congresos, seminarios, coloquios y simposios sobre temas de interés común.

También se llevarán a cabo asesorías en el proceso de modernización judicial y asistencia técnica especializada en desarrollo institucional, organizacional, legal y reglamentario.

Igualmente, ambos países realizarán actividades conjuntas de investigación y publicación; acciones de colaboración para el desarrollo de portales, buscadores y otras herramientas virtuales.

El convenio tiene una vigencia de dos años y podrá prorrogarse por un plazo similar por acuerdo de las partes, se informó.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/honduras-y-per%C3%BA-firmaron-convenio-de-colaboraci%C3%B3n-en-justicia

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371 hondureños son testigos protegidos

12 de Agosto de 2014

12:31AM  –  Redacción  

De las ciudades de Tegucigalpa, La Ceiba y San Pedro Sula proviene el 85% de solicitudes de protección.

Tegucigalpa, Honduras

Un total de 371 hondureños reciben medidas de protección por ser testigos de conocer a responsables de la comisión de diversos delitos.

EL HERALDO obtuvo un detallado informe que maneja el Programa de Protección a Testigos, adscrito al Ministerio Público (MP).

En el mismo se establece que al 18 de julio del presente año, el Programa mantiene 81 expedientes abiertos para igual número de testigos, a quienes se les brindan medidas permanentes de protección.

A estos se suman 290 personas que colateralmente son beneficiadas con medidas de protección, entre familiares y amistades del testigo. En total suman 371 personas que, de forma permanente o no, reciben medidas de protección.

El 25 por ciento de las solicitudes provienen de La Ceiba, Atlántida; un 40 por ciento del Distrito Central, Francisco Morazan; un 20 por ciento provienen de San Pedro Sula; un 5 por ciento de Choluteca; un 5 por ciento de Comayagua y La Esperanza; y un 5 por ciento de los restantes departamentos del país.

Para el año 2014, del total de personas atendidas el 60 por ciento son mujeres y dentro de este núcleo el 50 por ciento se encuentra en edad productiva y en el restante 10 por ciento se ubican niñas y adultos mayores. Del 40 por ciento de hombres atendidos, el 34 por ciento son adultos entre 20 y 35 años de edad; el 6 por ciento restante son menores de edad y adultos mayores.

Las solicitudes provienen de los sectores del país donde se registra mayor incidencia de violencia, por lo que se requiere mayor protección de testigos. “Unas 400 personas están bajo el régimen de protección a testigos, que en cualquier momento pueden solicitar la aplicación de cualquier mecanismo, como el traslado de domicilio. De estas, 81 personas reciben auxilio de distinto tipo de forma permanente”, informó German Enamorado, director del Programa de Protección a Testigos.

Además, 19 personas fueron desplazadas al extranjero por distintos motivos de investigación y causas judicializadas. En estos casos se otorga dinero para gastos específicos, como el pasaje, y en su mayoría residen con familiares.

Los que deciden acogerse al mecanismo de protección lo hacen de forma voluntaria. Ya la ley dispone que la solicitud se canaliza a través de un fiscal. La incidencia de solicitudes de protección crece cada año, de 48 expedientes abiertos en el año 2012, se elevó a 81 en lo que va del presente año.

No así la asignación presupuestaria para cubrir los gastos, que implica la protección a testigos, entre ellos el traslado a otro sitio, pagos de alquiler de viviendas donde residen, alimentación, atención médica y educación, entre otros.

Los testigos son fundamentales para que el MP pueda acreditar la comisión de delitos y quienes los cometieron. Sin la presencia de ellos en los juicios difícilmente se pueden deducir responsabilidades y se crece la impunidad.

Medidas

El programa emplea mecanismos y estrategias para proteger al testigo, reubicarlo a otro sitio más seguro, cambio de identidad y modificación de rasgos físicos, entre otros.

El cambio de identidad y de rasgos físicos no se han aplicado.

Cuando comparece a una sede judicial o hasta en el mismo MP se adoptan medidas para evitar que trascienda su identidad.

Es trasladado desde su domicilio con máximas medidas de seguridad. En la sede judicial se le coloca una especie de sotana y capucha negra, denominada chacal, sin mostrar partes de su cuerpo o vestimenta, para no lograr ser identificado.

Si la persona es de baja estatura, se utilizan zapatos con tacones altos para aparentar otra medida. En los juicios orales se utilizan distorsionadores de su voz, los juzgados penales carecen de esta tecnología.

Hasta para trasladarlo al MP se sigue un riguroso protocolo de protección. Se procura que permanezca en el vehículo, un custodio lo traslada al interior colocándole el chacal, para evitar ser identificado por algún empleado y así evitar alguna infidencia.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/inicio/737407-331/371-hondure%C3%B1os-son-testigos-protegidos

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