Archivos para 1/08/14

Honduras enfrenta retos para mejorar comercio con Europa

1 de Agosto de 2014

11:13PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn Autoridades de Industria y Comercio dicen que la implementación de la figura servirá para agilizar proceso de envíos a la Unió Europea.

Melvin Redondo, subsecretario de Comercio Exterior de Honduras.
Melvin Redondo, subsecretario de Comercio Exterior de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.

Ayer se cumplió un año de vigencia del acuerdo entre tres países centroamericanos y la Unión Europea, un bloque regional de 28 países que representan un mercado de 500 millones de habitantes.

Honduras, Nicaragua y El Salvador consiguen un aumento de cuotas en sus volúmenes de exportación en productos como carnes y azúcar.

En el caso de Honduras, expertos europeos y empresarios nacionales coinciden en que uno de los desafíos principales es mejorar la comunicación entre los negociadores para que, además de hacer más efectivos los envíos, se materialicen inversiones en el país.

Por otra parte, un nuevo procedimiento será adoptado para agilizar el proceso de exportación de Honduras hacia los países de la Unión Europea.

“La figura que vamos a implementar es la del exportador autorizado”, informó Melvin Redondo, subsecretario de Comercio Exterior. Explicó que mediante la misma ya no se requerirá que el exportador trámite los certificados de origen exclusivamente en Tegucigalpa.

Ahora, “una vez que se compruebe que son exportadores consuetudinarios del acuerdo (de Asociación con la UE), se le dará la oportunidad de que él mismo lo pueda emitir y que no tenga que hacer el procedimiento en la ventanilla de la Secretaría”.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/economia/laeconomia/734522-96/honduras-enfrenta-retos-para-mejorar-comercio-con-europa

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Piden al Congreso devolverle nacionalidad a padre Tamayo

Viernes, 01 Agosto 2014 23:19

 El sacerdote diocesano ha manifestado su deseo de regresar al país.

El sacerdote diocesano ha manifestado su deseo de regresar al país.
Tegucigalpa, Honduras

El diputado de Libertad y Refundación (LIBRE), Miguel Navarro, con en la apoyo de varios congresistas de otras bancadas, pidió a la Asamblea Legislativa otorgar la nacionalidad al sacerdote católico salvadoreño Andrés Tamayo, expulsado en 2009 por el Gobierno de facto de Roberto Micheletti.

El religioso fue acusado de conspirar contra el régimen de ese momento que asumió el poder después de defenestrar al Gobierno encabezado por Manuel Zelaya Rosales.

El proyecto de Navarro es apoyado por el diputado del Partido Anticorrupción (PAC), Luis  Redondo; la diputada del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez; el jefe de la bancada del Partido Liberal, Marco Antonio Andino y la nacionalista Sandra García.

El diputado expuso que Tamayo luchó por más de 26  años contra  la tala ilegal del bosque, enfrentándose a los grupos organizados que depredan la foresta de Olancho.

Navarro dijo que la Constitución manda decretar honores por relevantes servicios a la patria  y siendo que la sociedad hondureña está en deuda con el sacerdote por su lucha a favor del ambiente, es procedente que el Poder Legislativo l rinda ese honor.

Recordó que el religioso se convirtió en una figura emblemática en la defensa del ambiente, al punto que expuso su vida para salvar la vida natural de varios ecosistemas del territorio nacional.

Fuente: http://www.tiempo.hn/color-pol%C3%ADtico/noticias/piden-al-congreso-devolverle-nacionalidad-a-padre-tamayo?utm_source=color-pol%C3%ADticoTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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Hay autoritarios en el PAC, dice diputado

Viernes, 01 Agosto 2014 23:19

 

El diputado Walter Banegas comentó que la Ley Especial del Juicio Político se puede aplicar a todos los funcionarios que exhiban actuaciones contrarias a la Constitución y no asistir a sesiones es una de ellas.

El diputado Walter Banegas comentó que la Ley Especial del Juicio Político se puede aplicar a todos los funcionarios que exhiban actuaciones contrarias a la Constitución y no asistir a sesiones es una de ellas.
Tegucigalpa, Honduras

El diputado del Partido Anticorrupción (PAC) por Cortés, Walter Banegas, condenó la actitud de varios de sus compañeros que actúan de manera autoritaria frente a varios temas que deben ser discutidos por los miembros de las respectivas comisiones de dictamen.

Asimismo, hizo un llamado respetuoso a varios diputados que no están pendientes de las sesiones, señalando que los que no cumplen con sus funciones pueden ser sometidos a un juicio político.

“Con mucha preocupación he observado una serie de imposiciones, muchas veces autoritarias e innecesarias dentro del Congreso Nacional, de presidentes de comisiones ordinarias, que presentan dictámenes de proyectos de ley que no han sido discutidos en el seno de las mismas”, reclamó Banegas a través de una manifestación.

Añadió que muchas veces ni siquiera se socializan los proyectos, lo que genera desconfianza y desmotiva el trabajo grupal.

Dijo que ha observado el irrespeto de varios compañeros hacia la alta investidura del cargo, al grado que llevan a cabo acciones que dejan mucho que desear y con las cuales se envía un mal mensaje a la población.

ABANDONA SESIÓN
Recordó que el 24 de julio anterior un grupo de congresistas abandonó de forma injustificada la sesión, lo que motivó a la presidenta en funciones, Lena Gutiérrez, a suspender la misma por haberse desintegrado el quórum.

El diputado del PAC dijo que las acciones de esos congresistas contravienen varios artículos de la ley que prohíben, entre otros, ausentarse de la sesión plenaria con la finalidad de romper el quórum.

La ley
El artículo 197 de la Constitución señala que los diputados están obligados a reunirse en asamblea en las fechas señaladas, y a asistir todas las sesiones que celebre el Congreso Nacional, salvo incapacidad debidamente comprobada.

Añade que los diputados que con su inasistencia y abandono injustificado de las  sesiones, dieren motivos a que no se forme el quórum, o se desintegre este, serán expulsados del Congreso y perderán por un periodo de (10) diez años el derecho de optar a cargos públicos.

Fuente: http://www.tiempo.hn/color-pol%C3%ADtico/noticias/hay-autoritarios-en-el-pac,-dice-diputado?utm_source=color-pol%C3%ADticoTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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Proponen crear instituto forense

Viernes, 01 Agosto 2014 23:52

 Varios diputados intentaron sin éxito que se creará un instituto forense.

Varios diputados intentaron sin éxito que se creará un instituto forense.
Tegucigalpa, Honduras

La creación de un instituto forense que sirva como un instrumento más para ayudar a esclarecer la comisión de diversos delitos, propuso al Congreso Nacional, el secretario de ese poder del Estado, Mario Pérez.

Pérez justificó que ese instituto ayudaría sustancialmente en la investigación de crímenes por medio de procedimientos científicos que actualmente no son utilizados en el país.

El diputado por Santa Bárbara añadió que ante la ingente situación de seguridad que afecta al país, es urgente que organismos como un instituto forense ayuden a acelerar todos los procesos que conduzcan a recuperar la imagen del país.

Pérez expuso en su proyecto que el instituto sería autónomo y con patrimonio propio,  y su objeto sería definir las directrices en materia forense, fomentar su  desarrollo y profesionalización.

Fuente: http://www.tiempo.hn/sucesos/noticias/proponen-crear-instituto-forense?utm_source=sucesosTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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Sala Constitucional acepta recurso presentado por Faper y AP

22:59
01
Agosto
2014
Tegucigalpa. La Sala Constitucional admitió el recurso presentado por los representantes de los partidos Faper y Alianza Patriótica (AP)en contra de la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en cuanto a la anulación de la personería jurídica.
La medida fue adoptada por los magistrados, pero no aceptaron la petición de la suspensión del acto reclamado, como pedían los partidos.

La Sala Constitucional conocerá el caso y para ello pidió al TSE que en dos días le entregue toda la documentación que tiene en torno a la cancelación de la personería a los dos partidos.

El Faper y Alianza Patriótica participaron en las pasadas elecciones, pero no obtuvieron el mínimo de votos en los comicios presidenciales, ni lograron sacar un diputado, dos de los requisitos exigidos en la ley electoral para mantener su personalidad jurídica.

Pero tanto Faper y AP alegan que lograron obtener un diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), con lo cual cumplen uno de los requisitos y por ello el TSE no debió cancelarles la personería.

Faper es dirigido por el activista de derechos humanos Andrés Pavón y Alianza Patriótica por el general en retiro Romeo Vásquez Velásquez y mayoritariamente está integrado por exmilitares.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/08/01/Nacionales/Sala.Constitucional.acepta/90148.html

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Se agudizan ataques y violencia contra personas de la diversidad sexual

Ago 01, 2014

La brutal golpiza que el médico Rolando Medina propició al miembro de la diversidad sexual, Darwin René Reyes, sigue generando en las organizaciones de derechos humanos rechazo y análisis sobre la vulnerabilidad en que se encuentra la comunidad Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual en Honduras, LGTBI.

Tres horas después de aparecer el video en los medios de comunicación, las organizaciones de la diversidad sexual llegaron al Ministerio Público a interponer la denuncia en contra de este agresor, pero además incluyeron la acusación en contra del Estado hondureño por la negligencia de los militares que viendo la agresión no hicieron lo que la ley les ordena.

Denuncia pública

En conferencia de prensa, el colectivo de diversidad sexual de la zona del Valle de Sula, acompañado de Darwin Reyes, realizó la denuncia pública sobre estas agresiones que atentan directamente en contra de su vida.

Erick Vidal Martínez, miembro del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH y del Movimiento de Diversidad en Resistencia dijo que el fiscal general de la república, el abogado Oscar Chinchilla, se comprometió a investigar y llevar el caso ante los tribunales.

Para los miembros de la fuerzas de seguridad que no actuaron bajo  mandato de ley, el Ministerio Público los acusa de los delitos de vejámenes, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, dijo a Radio Progreso Elvis Guzmán, vocero de la fiscalía en San Pedro Sula.

Por su parte el coronel German Alfaro, jefe de la Policía Militar en la zona noroccidental agregó que los militares acusados responden a los nombres de: Nelson Rafael López Murillo, Alexis Colindres Gonzales, Santos Iván Maldonado, Marco Rubén Guevara Gonzales, Carlos Antonio Banegas y Misael Jonathan Canales Flores, quienes fueron puestos a la orden de un tribunal militar y suspendidos temporalmente de sus cargos hasta que concluyan las investigaciones.

Erick Vidal agrega que como organizaciones están solicitando protección de la víctima, quien ha recibido constantes amenazas debido a las denuncias interpuestas. Además deja claro que el caso lo llevarán hasta las últimas instancias para dejar un mensaje claro de rechazo a los abusos y agresiones en contra de la diversidad sexual.

Un escalada de agresiones

Desde enero de 1994 hasta noviembre del 2013, ocurrieron 135 asesinatos de personas de la comunidad LGBTI, según investigaciones de la organización Cattrachas, que para el periodo enero 1994 a octubre de 2012 colocaba esta cifra en 107. Datos que generan preocupación por la violencia y la discriminación en contra de estas personas, y las cuales se han agudizado a partir del golpe de Estado de 2009, y por el atropello que comete el Estado al no reconocer sus derechos, ni garantizarles acceso a la salud y a tener a una vida digna y plena.

“Después del golpe de Estado en Honduras se ha comenzado a escribir una nueva historia para todos los sectores de la sociedad hondureña, y más para aquellos que condenaron ese hecho político. Uno de esos sectores es la comunidad de diversidad sexual. Estamos siendo violentados en nuestros derechos y el acceso a la justicia es nulo ante los crímenes de odio”, dice Vidal.

En declaraciones a Noticias Aliadas, Claudia Spellman, una persona transgénero, dijo que le ha tocado ver cómo muchas de sus compañeras han muerto por falta de atención médica y el estigma de una sociedad que las señala. Según el Colectivo Unión Color Rosa, organización a la que pertenece Spellman, actualmente tres de cada diez personas de la comunidad trans (transexual y travesti) en Honduras vive con VIH.

Un caso de los muchos que ocurren

“Para las organizaciones de diversidad sexual, el caso de Darwin René Reyes es solo una muestra de la agresión y brutalidad que se comente en contra de sus miembros, de manos de una sociedad homofóbica respaldada por unas autoridades incompetentes, que lejos de propiciar el respeto de los derechos humanos, son los agresores”, declaró con énfasis Erick Vidal.

Para el 28 de junio del 2009, fecha del golpe de Estado, fue asesinada  Vicky Hernández, mujer trans. En el 2010 la organización Cattrachas llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Sin embargo hasta ahora no se ha dictado una sentencia condenatoria en el caso.

La comisión condenó en el 2012 el asesinato de Barbarita, otra mujer trans, cuyo cuerpo sin vida, con impactos de arma de fuego en el rostro y la cabeza, fue hallado el 2 de agosto del 2012 en una vía apartada de la colonia San Martín, en San Pedro Sula. En un comunicado la CIDH señaló que “según medios de comunicación, sus familiares informaron que cuatro personas se habrían presentado en su casa el día anterior, dijeron ser agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, y se la llevaron, indicando que estaba detenida”.

La Comisión Interamericana a su vez recordó al Estado que es su obligación “investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a las personas que resulten responsables” e instó a las autoridades “a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si este asesinato fue cometido en razón de la expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de la víctima”.

En un reciente comunicado los representantes de la comunidad LGBT, aseguraron que interpondrán la denuncia a nivel internacional, “ya que no podemos seguir aguantando humillaciones y maltratos de parte de personas como la que agredió a nuestro compañero y ya es tiempo que seamos escuchados”.

El caso de este miembro de la diversidad sexual y de tantos otros asesinatos y agresiones, debe seguir impulsando esa lucha contra la impunidad, la cual debe tener una base fundamental para el éxito si se realizan investigaciones efectivas de los hechos que permitan conocer la verdad de lo sucedido, sancionar adecuadamente a todos los responsables y reparar los daños que las acciones delictivas ocasionan a las víctimas y sus familiares.

Sólo así es posible garantizar la no repetición de este tipo de hechos y reafirmar la legitimidad del Estado, como consecuencia del aumento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de investigar y sancionar.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1238-se-agudizan-ataques-y-violencia-contra-personas-de-la-diversidad-sexual

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En caso de narco alcaldes: Ciudadanía debe ser más exigente con partidos políticos, según analista

Ago 01, 2014

El caso del alcalde  del municipio de Yoro en el departamento de Yoro, Arnaldo Soto,  su hermana Diana Urbina y demás hermanos enciende la preocupación de la ciudadanía y revive cuestionamientos anteriores sobre la participación activa de narcos en la política hondureña. Omar Rivera director  del Grupo de la Sociedad Civil, manifiesta la preocupación que en general provoca a la población la vinculación del narcotráfico en la política y la necesidad de que la ciudadanía sea más exigente con los partidos políticos.

Según Rivera “es decepcionante que los políticos estén entretenidos en defenderse de acusaciones por vínculos con narcotráfico y el crimen organizado, en lugar de estar atendiendo el mandato que la ley les da. Yo creo que es esencial que nosotros reflexionemos acerca de, si otros sectores de la institucionalidad pública, operadores de justicia, Congreso Nacional, etc, están también involucrados en este tipo de actos, y su mal desempeño se debe precisamente a estar distraídos”.

Para la Sociedad Civil es importante que los operadores de justicia, especialmente, la Policía y el Ministerio Público, inicien una investigación rigurosa a todos los funcionarios públicos, especialmente aquellos que  se asientan en zonas  de paso de la droga y zonas donde opere el narcotráfico para determinar si estos funcionarios son dignos de confianza o no.

Después que las supuestas actividades ilícitas del alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, salieran a la luz pública, supone un llamado de atención a los Partidos Políticos señala Omar Rivera. “Nadie se convierte en alcalde, en diputado, regidor, sino es formando parte de una estructura partidaria, formando parte de una planilla que es presentada por un partido en un proceso electoral. Los partidos políticos tienen que tener mayor cuidado, saber a quién nombran como candidato para evitar actos bochornosos como los del fin de semana”.

Sobre los delitos de la banda Urbina Soto

El alcalde del municipio de Yoro,  Yoro, Arnaldo Urbina, quien por los momentos está detenido en el batallón de la 105 brigada de infantería en San Pedro Sula, es acusado por posesión ilegal de armas y lavado de activos. Pero según la Fiscalía del Ministerio Público se están haciendo investigaciones para determinar si el edil de Yoro lidera una banda criminal dedicada al narcotráfico, expropiación de tierras y sicariato.

“La operación que lanzó el Estado de Honduras el día domingo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, la Fiscalía Especial contra el Crimen y la Fusina, es de vital importancia para tratar de seguir alejando estas amenazas para la población, y en ese sentido y mediante unos 10 allanamientos  se ha logrado incautar 6 propiedades y capturar nueve  personas a quienes se les está imputando el primer delito que es portación ilegal de armas” informó a los medios de comunicación Germán Alfaro, comandante de la Fuerza de Seguridad Institucional (FUSINA) esta semana en San Pedro Sula.

Según informes policiales, el alcalde de Yoro Arnaldo Urbina, su hermana, la diputada por Yoro en el Congreso Nacional y sus hermanos integran una temida banda denominada “Urbina Soto”, banda que en los últimos años se ha encargado de inyectar el terror en los pobladores de la zona por la participación en el narcotráfico, sicariato, robo de vehículos, habilitación de narcopistas, desplazamiento forzado de personas y además se les vincula en el asesinato de más de 137 personas. En el caso de la diputada del Partido Nacional Diana Urbina, la fiscalía no ha girado orden de captura, pero las investigaciones siguen abiertas.

Según informó una canal de televisión local de Yoro, la agrupación criminal está integrada por más de 37 personas, quienes han operado por varios años sin ser descubiertos. Se detalló que sus acciones delictivas fueron notorias desde el  2009 cuando Arnaldo Soto ganó la alcaldía de Yoro.

Por lo momentos en la Penitenciaría de San Pedro Sula, guardan prisión los hermanos del alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina,  Mario Roberto y Miguel Ángel Urbina Soto, al igual que Santiago Meraz, Mario Roberto, Miguel Ángel, José Ángel Urbina, Pablo Noel Urbina, Héctor Rolando Burgos, Fátima Ramírez Puentes, Josué Hamil Burgos y César Antonio Díaz, a quienes se les dictó la detención judicial.

“Somos inocentes”

Esta semana la diputada nacionalista Diana Urbina compareció ante un medio televisivo alegando inocencia. “Realmente estamos muy consternados con lo que nos pasa a nosotros los hondureños, somos víctimas de atropellos, de malos tratos a hondureños honrados, honestos que hemos trabajado toda la vida, tenemos nuestro capital, y lo digo con mucha propiedad nuestro capital de muchos años atrás desde que mi padre murió nosotros somos declarados herederos en representación de mi madre Lila Soto” señaló Diana Urbina.

La congresista añadió que condenan la actuación de los órganos profesionales al asegurar que no hubo un proceso profesional en el caso de su familia. Manifestó que los representantes legales de la familia Urbina Soto se encargarán de desvirtuar las acusaciones presentadas por las autoridades de investigación.

El TSE se lava las manos

En Honduras la auditoría social hacia los partidos políticos es materia pendiente y lo confirman las autoridades del Tribunal Supremo Electoral quienes fácilmente se lavan las manos al asegurar que la Ley Electoral vigente no les faculta investigar los fondos con que son financiadas las campañas políticas en Honduras.

David Matamoros Batson,  magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, expresa que la ley no obliga a los candidatos, y mucho menos a los partidos políticos, a dar cuentas del dinero con el que financian sus campañas.

Batson dijo además,  que las probabilidades de que los partidos políticos hayan recibido dinero del narcotráfico en las pasadas elecciones de noviembre de 2013 son muchas, porque cada uno de los partidos presentó a 2 mil 500 candidatos y candidatas.

Varios analistas del país coincidieron el año pasado que los partidos políticos recibían inyección de fondos del narcotráfico,  producto de ello, fue el derroche de dinero en las campañas electorales.

Estados Unidos presiona y el sistema de justicia actúa

La institucionalidad hondureña está tan débil que es necesaria la presión extranjera para que el sistema de justicia actúe, dijo el abogado penalista Celso Alvarado a Radio Progreso reaccionando sobre los últimos allanamientos de la OABI contra supuestos grupos criminales y de narcotráfico.

El jueves de esta semana,  sorpresivamente la Fiscalía especial contra el Crimen Organizado aseguró varios inmuebles de Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del extraditado Juan Ramón Matta Ballesteros, a veintiséis años de la extradición por tráfico de drogas.

Investigaciones del Ministerio Público determinaron que los bienes fueron adquiridos de forma ilícita. Ante esto, Juan Ramón, quien ha dado la cara por su familia en diversos medios de comunicación, asegura que es un atropello y que algunas propiedades fueron adquiridas por herencia.

“Vamos a demostrar inocencia como lo dice la ley, estamos con la frente en alto ante este gobierno que ha hecho tantos atropellos”, expresó Matta Waldurraga a Radio Progreso.

Estas acciones son catalogadas por el gobierno actual como un duro golpe contra el crimen en el país aunado a la captura del llamado “clan Urbina-Soto”.

Para el abogado penalista, Celso Alvarado es un tanto extraño el actuar del sistema de justicia hondureño, actuando en contra de gente que usualmente no lo haría, como el alcalde de Yoro.

“Creemos que esto obedece a presiones externas, el ex ministro de seguridad (Óscar Álvarez) aparece ahora diciendo que él conocía  desde antes estos hechos y cuando estuvo en la Secretaría no actuó”, dijo Alvarado.

Este togado también dijo que todo esto se puede ver desde una perspectiva del abogado del diablo, como un llamado de atención por parte de los Estados Unidos hacia Honduras.

“Hay una institucionalidad débil que no responde a los intereses de país y tenemos un sistema de justicia que es político, parcializado y no independiente por eso se ocupa en ocasiones de estas presiones para que se cumpla con la ley”, especificó.

Para Alvarado, este vínculo Estado-Narco viene de mucho tiempo atrás y se necesita voluntad política interna para sanear todas las estructuras.

La institucionalidad sigue extraviada en Honduras

La poca institucionalidad en el país permitió que el narcotráfico se colara en la política hondureña, manifiesta el director del Grupo de la Sociedad Civil, Omar Rivera.  A su criterio,  la presencia de los narcos en la política supone nuevos retos para la ciudadanía, es decir que a partir de ahora la gente debe ser más exigente con los partidos políticos.

Por su parte el analista Eugenio Sosa, asegura que el caso del alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina y su hermana, la diputada Diana Patricia Urbina,  supuestamente ligados al narcotráfico, no debe ser tomado como un hecho aislado, al contrario, debe servir para iniciar un proceso profundo de investigación para saber cómo fueron financiadas las elecciones generales de 2013.

“Esto está relacionado con varias cosas, un primer factor general, que el Estado tiene en la completa impunidad y con relaciones clientelares  donde se desarrolla una política carísima y donde se utilizan recursos sin importar de donde vengan y sin ningún control. Todas estas características hacen que el narcotráfico  se meta en la política, inclusive envolviendo al Estado de manera muy fácil”, detalla Eugenio Sosa.

Audiencia

Esta semana se le dictó detención judicial en los Juzgados con Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, Cortés, a Arnaldo Urbina Soto, alcalde municipal de Yoro.

Para mañana sábado está programada la audiencia inicial, misma que iniciará a las 8:00 a.m. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentará las evidencias recabadas durante los allanamientos, así como los resultados de investigaciones previas realizadas al funcionario municipal y a sus familiares. Por su parte la defensa deberá rebatir las pruebas acreditadas por el ente acusador.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1236-en-caso-de-narco-alcaldes-ciudadan%C3%ADa-debe-ser-m%C3%A1s-exigente-con-partidos-pol%C3%ADticos-seg%C3%BAn-analista

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Militares manejando centros penales alejan posibilidad de respeto a los derechos humanos

Ago 01, 2014

La idea de que personal civil capacitado en derechos humanos manejara las cárceles en Honduras, se alejó luego que el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa decidiera destituir al director de Centros Penales, Santos Simeón Flores, por la fuga de aproximadamente 13 privados de la Penitenciaría Nacional de Támara. Las riendas de los centros penitenciarios las tomó un militar, el coronel Francisco Gálvez Granados, quien será el “encargado de poner orden”.

Los entendidos en la materia lamentan dicha decisión. Tanto el abogado Mario Chinchilla de la Institución Cáritas en Honduras, como la abogada Odalis Nájera de la Organización Contra la Tortura y Otros Tratos  o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), consideran que se irrespetaron las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en relación a la protección que debe brindar el Estado a los privados y privadas de libertad en los centros penitenciarios del país. Además se irrespetó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), luego de las tragedias ocurridas en tres cárceles de Honduras.

“Todo el trabajo que desde los organismos de derechos humanos veníamos realizando en función de mejorar la estructura de los centros penales se viene abajo con ese tipo de decisiones, hacerlo violentó la sentencia de la Corte-IDH, en función del caso Pacheco-Teruel en Honduras, donde se establece que de los acuerdos homologados, el Estado tenía la obligación de crear un instituto penitenciario que iba a manejar todas las cárceles, transfiriendo el control que policía ejercía sobre los centros penales, a control no militar ni policial, sino a personal civil con capacitación en derechos humanos” dijo el abogado Chinchilla.

Chinchilla, añadió que “los militares están en funciones que no les corresponden, ya que ellos están hechos o diseñados para otras labores que señala la Constitución de la República. Esta decisión obedece a un proceso de militarización en Honduras,” dijo.

“Como institución de derechos humanos hubiésemos preferido que se capacitara, durante toda la transición, a personal eminentemente civil, pero como no ha sido posible habida cuenta que desde que se inició el traspaso de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos al Instituto Penitenciario, se hizo con los policías y militares, ya que quien estaba al frente era un general, don Santos Simeón Flores, entonces, no es nuevo que la administración del instituto penitenciario, a nivel de dirección y de cargos intermedios, esté, o en manos de la policía o en manos del ejército,” dijo Nájera.

Añadió que el coronel Galvez Granados, es un general de la fuerza aérea, que viene de estar dos años en el área de derechos humanos en su rama. Añade que estos profesionales tienen una formación un tanto diferente a otros militares; tienen un poco de formación en derechos humanos. Pero lamenta que la dirección del centro penitenciario no esté en manos de personas con carácter eminentemente civil.

“Queremos que el general Gálvez Granados le inyecte una pizca de honradez que tanto necesita el sistema penitenciario, ya que para nadie es desconocida la corrupción que hay en el instituto penitenciario” concluyó Nájera, al paso que añadió que no quisiera satanizar el hecho de que la dirección de los centros penales se le haya dado a un coronel de la fuerza aérea, pero desea que se le dé un abordaje de seguridad nacional y de derechos humanos.

En cuestión de 15 años en Honduras hubo cinco incendios en cárceles. Tres de ellos han sido fatales: el incendio de La Ceiba, Atlántida en el año 2003; un año más tarde ocurrió otro en San Pedro Sula; y en 2012, en Comayagua, cogieron fuego distintas celdas de ese recinto penitenciario. En suma, un total de 533 privados de libertad murieron quemados sin que el Estado enmiende sus errores.

Para algunos analistas, es un hecho lamentable que en el país no se aprendan las lecciones que deja el pasado, que no se cumplan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado hondureño tiene responsabilidad de salvaguardar la vida como derecho humano fundamental y por consiguiente garantizar la integridad física y mental de los privados de libertad, es uno de los principios por los cuales luchan, sin éxito hasta el momento las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1235-militares-manejando-centros-penales-alejan-posibilidad-de-respeto-a-los-derechos-humanos

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Islas de la Bahía: entre la opulencia de pocos, la miseria de muchos

Ago 01, 2014

Las aguas color turquesa del Mar Caribe, Honduras guardan uno de sus tesoros naturales más preciados: Las Islas de la Bahía. Allí, Roatán brilla con todo su encanto. Sin embargo en este sector paradisiaco se esconde la extrema pobreza y el marginamiento que hace víctimas a miles de familias de las que el Estado hondureño se ha desinteresado.

Frente a  las playas  de blanca arena y aguas cristalinas se  levanta el confort hotelero,  fortificadas y lujosas mansiones de ricos y famosos de Honduras y el mundo, que han hecho de la isla su  paraíso terrenal.  Del lado que  la publicidad comercial no  muestra,  se encuentran los barrios, colonias y aldeas  empobrecidas y marginadas, donde habita la población proletaria que aporta la mano de obra en todos los niveles.

Este último sector se caracteriza  por no reunir las condiciones mínimas de desarrollo, muchas de las colonias carecen de agua potable, luz eléctrica y alcantarillado sanitario. Sus habitantes están conscientes  del  abandono en que los tiene el Estado,  inmersos en una precaria  situación económica que amenaza el derecho a vivir dignamente.

Mientras en Roatán y sus islas hermanas se observan escenas de turistas nacionales y extranjeros disfrutando de las motos acuáticas, buceo marino y arrecifes, los atardeceres soñados, el olor a otro mundo, el show de los delfines, el confort hotelero, su vida nocturna y una exótica flora y fauna;  en el otro lado se encuentran niños y niñas descalzos y desnutridos que salen de sus humildes viviendas construidas con pedazos de madera, zinc y pisos de tierra.

“Nos tienen olvidados”

“Aquí en el municipio José Santos Guardiola, hay una ausencia total de las instituciones del Estado, el único tiempo que nosotros logramos ver a los que nos gobiernan es cuando vienen a pedirnos el voto, en ese momento nos abrazan y nos sonríen, pero después ni se acuerdan de nosotros los pobres”, indicó Julián Javier Hernández,  presidente del  patronato del barrio Lempira en Roatán.

El dirigente comunitario manifestó que la mayoría de la población de su municipio vive en una precaria situación económica ante la falta de empleo y la ausencia de políticas públicas para que el desarrollo no solo sea turístico si no también que llegue a la población que habita las islas.

Indicó que la ventaja que tienen es que siembra un poco de granos básicos y van a pescar para poder alimentar a su familia. La persona que consigue trabajito lo cuida porque hay un montón de gente desempleada que busca una oportunidad de trabajo.

La actividad económica de los habitantes del departamento de Islas de La Bahía está basada principalmente en la industria del turismo y la pesca, pero ésta no tiene la capacidad para emplear a todas las personas que necesitan de un empleo.

La comida más cara 

“La situación aquí es diferente al resto de los que habitan en tierra firme, porque como la isla no produce lo que necesitamos para construir o alimentarnos lo tenemos que  importar casi todo. Por lo tanto el costo de la vida para  los que habitamos  es el doble o el triple con respecto a quienes viven en tierra firme”, indicó Rosa Hendrix presidenta de la Federación de Patronatos de Islas de la Bahía.

“Los que tenemos un trabajo en Roatán o en Guanaja no ganamos tan mal en comparación con el resto del país, pero eso no incide significativamente en la calidad de vida de los isleños comunes y corrientes, quienes ven como su dinero tiene poco valor por el alto nivel inflacionario”, de acuerdo a Hendrix.

Así mismo manifestó que la población que vive en mayor pobreza y miseria es la gente que ha llegado de tierra firme, los nativos de la isla viven en situaciones mejores. Los más vulnerables viven en  tres principales sectores en Roatán: Los Fuertes, ubicado en el centro-sur de la isla; La Colonia, ubicada en los cerros frente a Sandy Bay, en el camino hacia West End; y la Colonia de Oakridge, en el este de la isla, que albergan un número importante de misquitos e inmigrantes de otras partes de la costa norte.

Sobrepoblación

“Aquí tenemos un problema  y es que miles de hondureños  procedentes de tierra firme están llegando  a este  departamento  al punto de ponernos  en alerta a las autoridades, ya que podríamos tener  un colapso demográfico y económico en pocos años”, indicó la vicealcaldesa de Roatán Emili Flowers.

La edil aseguró  que el fenómeno se acentúa más en Roatán, donde llegan personas  procedentes de  la zona norte del país. La realidad actual es que por cada nativo de la isla hay cuatro ladinos o gente de tierra firme.

“Islas de la bahía se ha convertido en un departamento receptor de la migración interna y de seguir a ese mismo ritmo, algo habrá que hacerse para evitar un colapso en poco tiempo en cuanto al empleo y los asentamientos humanos”, agregó.

Conforme a los datos oficiales, en Islas de la Bahía radican unas ochenta mil personas, todas viviendo principalmente de actividades  como el turismo en toda su variedad, servicios generales, pesca, transporte y construcción.

“Nosotros como autoridades  y  los empresarios del rubro turístico tenemos  un propósito de corto y mediano plazo en Roatán: mantener la temporada alta en este paradisiaco destino. Esto significa que todo el año estén llegando los cruceros y vuelos de turistas, lo que le vendría a dar más empuje económico a Islas de la Bahía”, indicó  Emili Flowers.

“Otro gran proyecto que tenemos es la construcción de viviendas a bajos precios y con todos los servicios básicos para personas de bajos ingresos económicos, asimismo le estamos apostando a la educación desde la municipalidad en la construcción de escuelas y el pago de 50 maestros de inglés, ya que el gobierno no apoya”, concluyó  la vicealcaldesa de Roatán.

West End – Playa

Los colonizadores ingleses trajeron a los caribes negros (garífunas) de la isla de San Vicente en 1770, los isleños blancos llegaron de Gran Caimán y países europeos como Irlanda, Dinamarca, Italia y otros países.

El idioma en las Islas de la Bahía, una vez fueron ocupadas por la Reino Unido, fue el inglés pero después de la devolución a Honduras, el único idioma oficial volvió a ser el español. A los isleños avanzados en edad se les dificultó aprender el nuevo idioma. La nueva generación de isleños en su mayoría es bilingüe.

El diario New York Times distinguió a Roatán con el puesto número 30 de los 53 lugares a visitar en todo el mundo. Sin embargo en este lugar se ve la muestra de lo que pasa con el resto de la población hondureña: la ausencia del Estado, riqueza versus pobreza y miseria y el control de la empresa privada.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1234-islas-de-la-bah%C3%ADa-entre-la-opulencia-de-pocos-la-miseria-de-muchos

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Más de 200 actos de violencia contra mujeres se registraron en primer semestre de 2014

Ago 01, 2014

“Karla Enríquez Fúnez fue asesinada con arma de fuego, envuelta en un capote verde y posteriormente enterrada. Se sospecha de un guardia de seguridad con el que la víctima sostenía una relación sentimental”.

El anterior es uno de los 254 actos de violencia contra las mujeres que se registraron en el primer semestre de 2014, en los que se registran 337 víctimas, de esa cantidad el 55 por ciento representan muertes violentas, el 32 por ciento fueron víctimas de violencia sexual, el 11 por ciento por lesiones y un 2 por ciento actos de violencia doméstica y violencia intrafamiliar.

Los resultados se plasman en un mapa de violencia contra las mujeres, que realizó el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) entre los meses de enero a junio de 2014.

Neesa Medina, coordinadora del observatorio de violencia contra las mujeres del CDM, explicó que el análisis de las características y escenarios de las muertes violentas de mujeres indica que un 44 por ciento de ellas presenta una o más circunstancias contempladas en la figura penal del femicidio.

“En total, en estos seis meses, ocurrieron 187 muertes violentas de mujeres registrados en la prensa, de estas logramos identificar que al menos 83, o sea un 44 por ciento, son femicidios, tienen características de femicidas”, detalló Medina.

Según la tipificación del delito, aprobado en abril de 2013, para que un acto de violencia sea catalogado como femicidio, el hecho tiene que ser ejecutado por uno o más hombres cumpliendo las siguientes características: haber existido una relación sentimental con el victimario, antecedentes de violencia doméstica con o sin denuncia, antecedente de violencia intrafamiliar, ensañamiento antes, durante y después del hecho, y violencia sexual.

Según la distribución departamental de las muertes violentas de mujeres, el 44 por ciento de ellas ocurrieron en el departamento de Cortés, el 31.6 por ciento en Francisco Morazán, el 9 por ciento en el departamento de Atlántida y el 15.4 por ciento restantes en los demás departamentos (15).

¿Disminuyeron las muertes violentas de mujeres?

En el análisis se señala que existe una disminución en la cantidad de muertes violentas de mujeres registradas en el primer semestre del 2013, en donde ocurrieron 225, en comparación con las 187 registradas en el 2014, es decir, que hubo una reducción del 17 por ciento en los reportes.

“No indica necesariamente una disminución en las muertes violentas de mujeres, pues las noticias solamente registran los hechos violentos a los que tienen acceso; para establecer verdaderamente la cantidad exacta de muertes violentas de mujeres hondureñas es necesario cotejar las distintas fuentes de información: registros de autopsias de la Dirección Nacional de Medicina Forense y los reportes de incidentes elaborados por la Policía Nacional”, explicó Neesa Medina.

Agregó que el registro se realiza con los reportes de los diarios de circulación nacional, pues los datos oficiales no son confiables: “de las estadísticas oficiales se ha mostrado que los datos nos son totalmente fiables, hay un subregistro de los datos; hay una tardanza extrema, en varias ocasiones hemos logrado obtener datos de un año hasta siete u ocho meses después; y por último, la negativa por parte de la Secretaría de Seguridad y otras instancias como Medicina Forense para poder acceder a cifras oficiales, dijo Medina.

El mapa de violencia contra las mujeres registra que los meses con mayor incidencia en muertes violentas fueron  junio con 38 víctimas, seguido de  marzo con 36, mayo con 32, enero con 31 y febrero y  abril con 25.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1233-m%C3%A1s-de-200-actos-de-violencia-contra-mujeres-se-registraron-en-primer-semestre-de-2014

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Normas académicas: ¿Mejora educativa o exclusión?

Ago 01, 2014

La polémica generada por la propuesta de aplicar nuevas normas académicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), aumentó durante las últimas dos semanas. La iniciativa ha generado una respuesta del movimiento estudiantil, quienes protestaron y cerraron varios centros regionales durante dos días. Las autoridades y estudiantes tienen dos criterios distintos, uno de ellos es que las normas son para mejorar la calidad de educación y el otro es que son dirigidas a fortalecer el proceso de exclusión.

“Las normas académicas son un apéndice más del proceso de privatización que atraviesa la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) por su contenido de exclusión y de incremento a los costos educativos,” dijo a Radio Progreso, Ovét Cordova, coordinador de la Federación de Asociaciones de Estudiantes (Fae).

“La propuesta de normas académicas tiene el objetivo de fortalecer la calidad educativa de la Unah, el incremento al índice de permanencia y aprobación hará que los estudiantes sean capaces de mejorar su rendimiento estudiantil”, dijo por su parte, Ayax Irías vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la UNAH.

Estas opiniones evidencian el nivel de discusión y polémica que ha surgido en la máxima casa de estudios, luego de conocerse la propuesta de nuevas normas académicas que forman parte del proceso de cuarta reforma universitaria.

Según estas reformas, los alumnos deben tener un 70% de índice académico para aprobar sus asignaturas, asimismo 60% para poder matricularse cada periodo y un 80% para mantener una carrera simultánea.  También estipula cobros a los alumnos por uso de laboratorios, reprobaciones y ausencias.

El documento que está siendo debatido consta de 70 páginas, contiene 372 artículos que siguen siendo discutidos a nivel del Consejo Universitario.

Objetivo de las normas académicas

Otro de los puntos intrínsecos de la discusión pasa por esta pregunta: ¿Serán las normas académicas el método para mejorar la calidad educativa o es una política de exclusión hacia los estudiantes?

Al respecto, las autoridades universitarias representadas por Ajax Irías aseguran que ellos toman el ejemplo de Costa Rica que desde hace muchos años tiene el 70% de aprobación; Guatemala y El Salvador tienen el 65% y a su criterio Honduras no se debe quedar atrás.

“En la Unah hay una gran cantidad de estudiantes con retos especiales, ellos tienen un buen rendimiento académico. No creo que sea imposible que un alumno con sus 5 sentidos no pueda ser capaz de mejorar su índice académico”, siguió argumentando Irías.
“Según los datos que maneja la universidad, en este momento el 83% de los estudiantes aprueban sus asignaturas, solo el 17% de la población estudiantil tiene índices inferiores al 60%” manifestó Irías.

En las nuevas normas académicas se estipula que los alumnos con índice menor a 60% después de su tercer periodo académico cursado no podrán continuar estudiando en ese centro, por lo que los estudios cualitativos exponen que el 17% al que se refiere Irías equivale a 14,500 estudiantes que de inmediato quedarían fuera de la Unah. Aunado a esto se cree que un aproximado de 25,500 jóvenes estudia con altos niveles de desnutrición.

En esta propuesta se debate sobre la vigencia y continuación del examen de admisión, que estadísticamente le ha negado el acceso a la educación a más de 80 mil jóvenes, según autoridades del Registro de la Unah, pero que esto es para evitar el hacinamiento de alumnos en un centro que no tiene las capacidades para albergar más estudiantes.

En referencia al tema, el docente jubilado Faustino Martínez dice que los artículos de las normas académicas que vayan orientados a la exclusión y también al aumento de cobros no deben ser incluidos porque afectarían al estudiantado.

Las acusaciones contra los promotores de iniciativas como las normas académicas y una nueva Ley de Educación Superior (Les), aumentan cada vez que los temas salen a la palestra pública, para el caso Ovét Cordova coordinador de la Fae, caracteriza el problema de la siguiente forma: “la intención de aprobar las nuevas normas por parte del Consejo Universitario es una muestra más del carácter burocrático de la cuarta reforma universitaria iniciada en 2005. Una reforma que no está en la conciencia del estudiantado, los trabajadores y docentes de la UNAH. Cada año que pasa, las medidas tomadas limitan el acceso de la juventud a los estudios superiores, reducen la calidad académica y el carácter público de la UNAH; se precarizan las condiciones laborales y de vida de los trabajadores y trabajadoras y docentes universitarios con sus familias. Necesitamos una reforma universitaria, pero democrática e incluyente, impulsada por todos los sectores de la máxima casa de estudios”.

Los argumentos de Córdova se fundamentan en los más de 80 mil jóvenes excluidos con el examen de admisión y en la precariedad logística de cada carrera en los centros regionales.

Semana de tomas, detenciones, juicios y protestas en la Unah

Estudios sociológicos han llegado a la conclusión que los centros universitarios públicos, son un pequeño reflejo de lo que ocurre en cada país. La Unah no es la excepción. En este centro se vive en carne propia la indiferencia de la mayoría de alumnos por defender sus derechos, el conformismo sobre la calidad educativa que reciben y la adaptación inmediata a una educación orientada a la memorización y no dirigida a la formación de una conciencia crítica y científica.

A este escenario se suma la crisis de lucha de los sectores organizados, quienes ante las medidas coercitivas de sus autoridades tienen miedo a luchar porque pueden ser llevados a los tribunales de justicia, un ejemplo de ello es el estudiante de Pedagogía de Ciudad Universitaria, Darío Morán.

Morán fue detenido hace más de una semana, cuando en una protesta coordinada por el Movimiento Amplio Universitario, exigieron a las autoridades universitarias participación en la reunión de Consejo Universitario y dejar clara su postura de rechazo a las normas académicas. Morán fue capturado por la Policía Militar bajo la acusación de Sedición, Atentado y Faltas contra el Orden Público. Según las leyes hondureñas, las infracciones son penadas en su conjunto con un mínimo de 6 años y 60 días, más un máximo de 13 años y 90 días, más una multa que oscila entre los 25 a 100 mil lempiras.

Días después Moran fue puesto en libertad bajo un Auto de Formal Procesamiento con imposición de Medidas Cautelares, significa que aunque Morán goce del beneficio de defensa en libertad, el sistema judicial impondrá restricciones a su libertad.
Paulatinamente a las jornadas de protestas y tomas, se sumaron los alumnos de la Unah-VS, quienes por dos días consecutivos cerraron el centro, para exigir la no aprobación de las normas y la liberación de Morán.

Las autoridades universitarias han calificado el hecho como ilegal, así lo dijo a los medios de comunicación el director de la Unah-VS, Francisco Herrera.

Por su parte Ajax Irías, considera que: “los alumnos abogan por la mediocridad. Las protestas son de sectores políticos interesados,  que lejos de cumplir su deber estudiantil orientan sus acciones a realizar política dentro de la universidad”.
Irías siguió su argumentación: “en otros países las protestas han estado de cara a la no privatización de la educación, pero nunca han hecho sus acciones oponiéndose a medidas que pretenden mejorar el sistema educativo”.

Las propuestas de los estudiantes

En medios de comunicación se han referido a los manifestantes como personas que no están matriculadas en la universidad, también como grupos de la izquierda que quieren sembrar el caos a través de sus ideales revolucionarios, por otra parte han manifestado que los alumnos matriculados tienen índices menores a 60% y un sinnúmero de caracterizaciones orientadas a la satanización de la movilización, tal y como ocurre en todos los contextos sociales del país.

“Nosotros no protestamos solo por el índice, sino porque queremos una mejor calidad educativa, que incluya mejores docentes, más logística y fortalecimiento de la infraestructura y laboratorios de la universidad” dijo a los medios de comunicación el dirigente del Movimiento Estudiantil Lorenzo Zelaya, Marcos Rubí.

Por su parte Córdova hace su valoración sobre la construcción de un complejo polideportivo en Ciudad Universitaria, que significó un gasto millonario para la Unah. “Sí ese dinero invertido se hubiera utilizado para entregar los presupuestos a las carreras, para fortalecer los laboratorios, capacitar docentes, reparar los baños, brindar becas a estudiantes de escasos recursos económicos  y para fortalecer los centros regionales, ahí si estuviéramos hablando de inversiones orientadas a la mejora de la educación, pero lamentablemente el complejo construido no soluciona nuestra crisis”.

En defensa a la perspectiva de los estudiantes, las autoridades universitarias, consideran que obras como estas, van orientadas al fortalecimiento de las capacidades deportivas de los alumnos y también a la reforma estructural de Ciudad Universitaria.

Pero en el movimiento estudiantil no todo es oposición y negativas, un ejemplo de ello es la propuesta entregada por el Movimiento Reivindicador Democrático (Mrd) en San Pedro Sula, quien a través de su coordinador Luis Dubón entregaron  el documento con algunas peticiones al director Francisco Herrera, en el que piden la modificación de varios artículos considerados lesivos para los alumnos.

La respuesta que las autoridades del Consejo Universitario han dado a los movimientos estudiantiles, es que ellos tienen su representación en tal instancia y que con ellos han discutido las decisiones a tomar a nivel de la máxima casa de estudios.

En contraste a esa respuesta, los estudiantes afirman que la representación de los alumnos en el Consejo Universitario es ilegal, ya que fueron impuestos por la rectoría, justo en el momento que se dio el proceso de reelección de las autoridades vigentes.

Ante tanta polémica y diversidad de criterios por parte de estudiantes y autoridades, la crisis educativa en el nivel superior continúa en el país y por el momento no se ven indicios de que la situación pueda cambiar.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1232-normas-acad%C3%A9micas-%C2%BFmejora-educativa-o-exclusi%C3%B3n?

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No se realizó desalojo de comunidad que pelea tierras con empresa portuaria

Ago 01, 2014

Esta mañana pobladores de Barra Vieja informaron que se llegó a un acuerdo con las autoridades del Ministerio Público en La Ceiba, Atlántida para que no se desalojara la comunidad que está en disputa con la Empresa Nacional Portuaria. El pueblo garífuna de este sector ha denunciado abuso pues ellos son nativos del lugar.

Valerio Martínez, poblador de Barra Vieja explicó que el desalojo no se llevó a cabo porque apelaros sobre el caso porque hay mas de 200 niños que habrían sido afectados.

“A ellos no les importa que a uno lo saquen de su propia casa, no es posible que la situación siga asi. Por los momentos estamos buscando la manera de que nos apoyen para las próximas medidas”, dijo Martínez.

El miércoles por la mañana, el presidente del patronato de la comunidad denunció en el espacio Voces de Nuestra Gente en Radio Exclusiva de Tela, que el día jueves 31 de julio en horas de la mañana se estaría haciendo un desalojo en esta comunidad por parte de autoridades del orden, esto lo corroboraron en el Ministerio Público en la ciudad de Tela. Según Carlos Castillo este desalojo responde a intereses que tiene el proyecto turístico bahía de Tela.

“Han querido quitarnos nuestra tierra de la que somos nativos, que nos pertenecen ancestralmente. La comunidad de Barra Vieja fue fundada en 1950, después se fundó Miami en 1973, luego las autoridades fueron a consenso con la compañia Rail Road Company, y quedaba la portuaria como dueña de esa tierra pero nosotros ya llevábamos más tiempo en ella”, dijo Castillo.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1231-no-realizaron-desalojo-en-comunidad-barra-vieja-que-pelean-tierras-con-empresa-portuaria

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Análisis de un coyote sobre la “crisis humanitaria”: El tráfico de indocumentados es una mina en plena explotación

Ago 01, 2014

Este hombre podrá haber llevado a Estados Unidos más de mil personas de forma irregular, comenzó su trabajo a los 17 años de edad. Para muchos, su oficio es solo un delito grave, pero para él y sus clientes es una labor social importante en la realidad que se vive en países como Honduras. “Lo que yo hago es bien visto por Dios”, dice este coyote; reunificar familias y ayudar a huir de la violencia a muchas personas es una labor social para él.

Desde octubre de 2013, se han reportado 13 mil 282 niños hondureños detenidos en Estados Unidos cuando intentaban migrar sin documentos hacia este país del norte. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama ha llamado esto una “crisis humanitaria” y ha solicitado al Congreso 3 mil 700 millones de dólares para paliarla.

Marcos por su parte prefiere llamar a esto una mina en plena explotación, donde muchos se están enriqueciendo de ella.

Para Marcos, el “buen coyote”, como él mismo se describe, el tráfico de indocumentados, especialmente de niños es el mejor negocio que se han podido inventar y no se parará de la noche a la mañana.

-Para parar esto, primero tienes que parar el hambre en mi país.
Aquí se gana poco, solamente 80 dólares a la semana talvez. La gente que uno lleva no es que tiene el dinero aquí ahorrado, 7 mil dólares es una barbaridad de dinero. Hay quienes tienen familiares que ya están en Estados Unidos y han ahorrado para mandar a traerlos y así se van del país. También hay mucha gente que con mucho esfuerzo vende su casa, me dan un carro, me quieren dar una moto o una propiedad, por la necesidad de irse.
¿Por qué hay tanta desesperación de irse? Aquí la situación de seguridad, las maras, las extorsiones, el ladronismo, esas tres cosas agobian a emigrar del país, dice Marcos con decepción.

“Desde la perspectiva de las autoridades estadounidenses, esta crisis es un problema administrativo, dado que “únicamente” cuentan con 260 jueces de 59 tribunales de inmigración para  resolver un pendiente de más de 375 mil  casos de procesos de deportación, 10% de los cuales corresponden a menores de edad.   Desde la perspectiva de Centroamérica, esta crisis es  la revelación de una tragedia profunda y estructural.  Todos esos niños y niñas van huyendo de la violencia, de la pobreza y del abandono. Buscan sobrevivencia, protección, paz, trabajo y, en algunos casos, el sueño de reunirse con sus padres;” expresa en un comunicado la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica a Norteamérica.

Esto es una realidad que muchas veces la población en riesgo puede solucionar con 7 mil dólares, lo que están cobrando los coyotes por dar el brinco hacia el norte. Los niños están pagando 5 mil. Marcos explica que es más fácil porque al llegar se entregan a Migración y allá se arregla su situación.

-Ninguno de los niños va solo, siempre van acompañados por coyotes. Solo los agarras, cruzas el río Bravo y los entregas a migración porque hay leyes que amparan a esos niños. El tráfico de niños es el negocio más maravilloso que ha podido existir.

-¿Pero si deportan a estos niños?

-Si los deportan, los volvemos a mandar.

Así de sencillo lo explica Marcos.

Crisis humanitaria

El director de la organización no gubernamental Casa Alianza, Guadalupe Ruelas, tras toda la difusión de los niños migrantes y las acciones que ha pretendido dar el gobierno hondureño para atender a los deportados, dijo “esto ya lo habíamos previsto nosotros”. Casa Alianza documentó que más de 20 mil niños se han ido del territorio nacional y se encuentran en las calles y albergues de Estados Unidos.

“Son niños que han tenido que migrar a causa de la violencia y del fracaso de las políticas de seguridad del gobierno”.

Asimismo reveló que en lo que va del año, en la frontera de Corinto (Honduras-Guatemala) se recibe semanalmente 350 menores, por lo que la cifra se disparó en los últimos seis meses.

Marcos ve todo el circo desde otro ángulo.

-Yo te aseguro, que ningún niño se va solo de aquí, siempre va acompañado o un coyote se hace cargo. Irse solo es una locura que nadie debe cometer.

Marcos entiende esto desde varias perspectivas. Aunque él está ahora en este negocio, una vez también fue niño migrante.A los 16 años, Marcos desesperado tomó la decisión de irse. En Honduras no veía mucho futuro.

-Estaba a punto de graduarme cuando decidí irme para los Estados Unidos con mi ignorancia de lo que era, hasta que llegué a Houston, Texas. Me subí a un tren en Chiapas, y seguí adelante, Arriaga, Tonalá, Veracruz, Oaxaca hasta que llegué a San Luis Potosí, allí un tráiler me llevó hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, de allí brinque por el puente como que era gringo pero me detuvieron. Dije que era mejicano para que me tiraran al lado de Méjico, luego con otro grupo de amigos decidimos cruzar por el río y así llegamos hasta San Antonio, Texas 5 días después, luego para Houston, allá me recogió un amigo.

Todo este recorrido que cuenta Marcos, lo hacen miles de indocumentados hoy, talvez incluso mientras leemos esta nota ya se hayan ido unos 4 hondureños hacia el norte de esta manera.
Las condiciones con las que se haga el recorrido dependen del dinero con el que el migrante cuenta.

En el camino no hay persona que no tenga precio, llámese policía federal, agente de migración o cónsul.

-En Estados Unidos conocí a un muchacho de Honduras que era el cuñado del mero patrón, él tiene mucho dinero, me explicó como era todo. La cosa era manejar desde Houston a Nuevo Laredo, allí iba a subir indocumentados y llevarlos a San Antonio, Texas. En aquel entonces cruzaba 45 personas diarias y ganaba 200 dólares por cada uno. ¿Cuándo iba a ganar eso en Honduras? Así empecé a ayudar a mi familia a comprarles casas, a sacar adelante a mis hermanas.

Marcos describe esta situación como un gran chorro de agua que por años disminuye y por años aumenta, cuando está en su mayor presión es cuando hay que aprovechar. Ahora está el gran chorro. Eso lo piensa él como “buen coyote” pero también lo toman muy en cuenta los cárteles de la droga, los tratantes de personas, las mafias consulares y los grupos de secuestro en la frontera. Los migrantes son un buen negocio.

-Esto es como pan caliente. Si eres buen coyote la voz se corre, tu teléfono vibra todo el día. Si se va un familiar de aquí, luego ese familiar manda a traer a su hermano y así sucesivamente, esto del tráfico de indocumentados nunca lo van a parar, para parar esto tienen que parar el hambre en Centroamérica y en Sudamérica.

 

Más difícil

Marcos comenzó cobrando 4 mil dólares por los viajes desde Méjico hasta Estados Unidos. Ahora que la cosa está más compleja (que hay que pagar a más organizaciones) el precio ha ascendido a 7 mil dólares desde Honduras.

-Después que cayeron las torres (World Trade Center, en el atentado del 11 de septiembre en Nueva York) esto se puso duro, se fortalecieron las fronteras, de cien comenzamos a pasar solo 15. Ahorita está duro pasar gente pero sigo pasándola, antes se pasaba en dos días caminando, hoy 4 días, antes costaba 4 mil hoy cuesta 7 mil ya con el salto incluido.
Así como las fronteras se han arreciado, también las condiciones de los países expulsores. Honduras, tras el golpe de Estado de 2009 ha caído en un atolladero no solo económico sino social con un aumento de la violencia tan desmedido que tenemos las tasas más altas de asesinatos en el mundo. Desespera tanto que una opción es irse.
-El viaje pasado, mataron a sus hermanos, los amenazaron a ellos. ¿Qué iban a hacer? vender todo e irse.
Otro caso es el de una muchacha de la vez pasada. Yo había llevado a unos familiares de ella antes; a ella la secuestran, la matan, problemas de maras. La muchacha tenía otra hermana, dos sobrinos menores de edad, los empiezan a intimidar ¿qué deciden ellos hacer? Irse. No quisieron ser los próximos en morir y yo los llevé.
Una red

Todo se logra con dos cosas: dinero e influencias. Las fronteras se han convertido en un mercado inmenso donde se mueven miles de dólares diariamente.

-Todavía no he encontrado la persona que no tiene precio. Hace dos viajes atrás me encontré con un operativo con federales, estatales, militares y tuve que pagar 5 mil dólares, siempre me dejaron pasar. La corrupción que hay es desde que sales de Honduras hasta llegar a Estados Unidos eso es lo que te hace pasar. Ya en Estados Unidos son insobornables.

Y Marcos se puso a hacer cuentas frente a nosotros:

-Siete mil dólares (dobla un dedo) eso es el total. 3500 dólares en Honduras son míos y para los gastos (transporte, buses, hoteles, pasaporte y ganancia). 1000 dólares en la frontera (dobla otro dedo), esto es por tu seguridad, para la organización que manda en esa frontera y 2500 en Houston (dobla el último dedo). Yo gano de 1500 a 2000 dólares por persona.
Los retenes están en cada Estado: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, México DF, Monterrey hasta llegar a la frontera. Como es una organización esto ya vas con puro teléfono, voy en el bus tal llevo tantos. Ellos paran el bus en el retén, me bajo yo y pago lo que tengo que pagar, ellos piden papeles pero ya saben que la gente no lleva papeles, es solo por hacerlo.

Y sigue haciendo cuentas.

-No solo yo hago esto, hay personas que van con 20 o 30, estamos pasando una vez al mes ellos. Son millones con los que se quedan federales, cónsules, agentes migratorios. Los únicos desinteresados en esto son los militares, lo de ellos es el paso de droga.

Las cuentas hechas por este “buen coyote” parecen no acabar.

-Siempre ha sido así, gobierno tras gobierno, tú te paras frente a ellos (los cónsules) y ellos te ponen el precio por cabeza, nosotros les sacamos pasaportes falsos a los migrantes para que vayan con una identificación más que todo. En Méjico todo lo mueve el dinero. Migración mejicana son otros 50 dólares por persona, policías federales 200 pesos.

La garantía que les doy es que con 7 mil dólares los llevo a El Paso, Texas, sin pasarlos a otro coyote. Hay muchos coyotes que te entregan en Chiapas, de allí te llevan a Guadalajara de allí a Monterrey y luego a Nuevo Laredo. Muchos coyotes te roban el dinero y te dejan tirado en Méjico, yo no, yo garantizo el paso a la primera.

Los vulnerados

A mitad de la conversación, ya hemos entendido que los migrantes son una mercancía que da ganancias siempre. Marcos hizo comparación de un migrante con un paquete de droga, la droga si se cae ya dentro de Estados Unidos, te toca pagarla; pero un migrante si cae ya dentro no corresponde al coyote recuperar el dinero, no hay pérdidas.

-El pasaporte de la gente es su dinero. Si tiene dinero para pagar un coyote va seguro, porque si va en tren tiene que pagar renta, si no paga lo tiran del tren. Igual si un coyote no paga a la mafia que controla la frontera por donde va a pasar es allí cuando suceden las masacres, violaciones de mujeres.
Algo que hay que tener presente para migrar es que desde que sales desde Honduras, pisas la frontera de Corinto, es una mafia en todo el camino.
La gente que no tiene dinero que ni se arriesgue, porque va a sufrir, puede dejar la vida allí. Las cosas ya no son como antes que se arriesgaban y cargaban la mochila con comida y se iban en busca del sueño americano, eso ya no existe.

Se ha vuelto tan vulnerable la gente en Méjico que es un negocio, los Zetas lo entienden bien, alimentan su cartel con el terror que siembran y la cuota nunca falla.

Marcos repite una y otra vez: El tráfico de indocumentados nunca lo van a parar.

Aunque Obama crea que con su anuncio de deportación, los expulsados, los marginados pensarán dos veces en irse, Marcos sigue repitiendo: esto no lo van a parar.

Aunque el presidente de Méjico asegure que detendrá a los migrantes que se suben a “la bestia” para viajar, Marcos con su misma cara de incredulidad dice que no será así.

Aunque el presidente de Honduras prometa a las familias retornadas condiciones de vida digna para que no quieran huir del país, Marcos insiste: esto no se para de la noche a la mañana. Hay mucha gente enriqueciéndose, dentro del gobierno, en las fuerzas del orden público, en los carteles de la droga y crimen organizado, en el camino hacia el norte.

-Esto es una mina que está en explotación. ¿Quieres parar el tráfico de indocumentados? para el hambre en estos países. Son miles de coyotes. La gente que va en el tren es la última gotita del chorro, lo grande está en las autopistas.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1241-an%C3%A1lisis-de-un-coyote-sobre-la-%E2%80%9Ccrisis-humanitaria%E2%80%9D-el-tr%C3%A1fico-de-indocumentados-es-una-mina-en-plena-explotaci%C3%B3n

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Honduras: Atentan contra diputado y exalcalde de Santa Rita, Wilmer Mejía

viernes, 1 de agosto de 2014

                                                         
El exalcalde y diputado suplente, Wilmer Noé Mejía.
laprensa.hn/ 1 de Agosto de 2014 – 04:27 Pm   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn
Mejía, quien también es diputado suplente, fue atacado a balazos y lo intentaron secuestrar en Santa Rita, Yoro, al norte de Honduras.

Santa Rita, Yoro.
El exalcalde de Santa Rita, Yoro, Wilmer Noé Mejía, sufrió un atentado y recibió dos disparos en la mano esta tarde en el centro de ese municipio, al norte de Honduras.

El hecho ocurrió a pocas cuadras de la jefatura policial de Santa Rita donde al parecer intentaron secuestrarlo. Según versiones del jefe edilicio fue trasladado a un centro asistencial de El Progreso donde le brindan atención.

En este vehículo se conducía el exalcalde y diputado Wilmer Mejía.

Mejía es diputado suplente del Partido Liberal y fue alcalde en la administración anterior. Según versiones de testigos, Mejía, ya herido, manejó hasta la policía de Santa Rita, ciudad donde él vive, inmediatamente una patrulla lo auxilió y lo trasladó a un centro médico.
El vehículo del funcionario tiene varias perforaciones de bala.

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/08/honduras-atentan-contra-diputado-y_1.html

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Centro penal de Trujillo, una bomba de tiempo

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• El hacinamiento y falta de programas de reinserción de los privados de libertad
• “Este no es un centro penal es una bodega de almacenamiento de sacos de frijoles o arroz”.
• El penal solo tiene capacidad para 150 personas y hay 350.
Trujillo, Colón (Conexihon).- El centro penal de Trujillo tiene capacidad para 150 reclusos, en la actualidad más de 350 privados de libertad se encuentran en graves condiciones de hacinamiento. La sobrepoblación en el recinto es evidente, al igual que  la ausencia de una política real de rehabilitación, ya que no existe ningún programa orientado a la reinserción de estas personas a la sociedad.
Los más de 300 reclusos temen que una falla en el servicio de energía eléctrica, pueda causar una tragedia, similar a la ocurrida en el Centro Penal de Comayagua en 2012, donde 382 reos perdieron la vida en un horroroso incendio. Sumado a la falta de agua potable y la ausencia total de al menos una unidad de salud. “Todas las bartolinas están completamente llenas, vive demasiada gente en un espacio tan pequeño estamos unos sobre de otros, esto nos preocupa, pues las altas temperaturas facilita las fricciones y la violencia”, indicaron.
De acuerdo con lo informado, las condiciones podrían derivar en una epidemia por tuberculosis debido a que los internos duermen en tarimas de hasta tres canceles. “A esta realidad se suma que este reclusorio no cuenta con los recursos económicos para la alimentación, ni un solo vehículo para el traslado de los presos que tienen que comparecer ante los juzgados correspondientes”, explicó a Conexihon el coordinador de los privados de libertad, Manuel Castillo.
“Tenemos muchos problemas pero en este momento lo que más nos preocupa es que no tenemos agua ya que a veces pasamos 2 o 3 días sin agua”, lamentó.

Asistencia médica inexistente
De su lado, Alexander Juales, un privado de libertad encargado de la asistencia médica a sus compañeros, indicó que han pedido en repetidas ocasiones a las autoridades penitenciarias que “pongan los ojos en este centro penal, como ustedes han podido constatar vivimos hacinados expuestos a todo tipo de enfermedades, estamos expuestos a muchos peligros a un accidente por la gran cantidad de personas”.
“Solicitamos a los organismos internacionales que no ayuden no podemos seguir en estas condiciones inhumanas, este no es un centro penal ni una cárcel esto es una bodega de humanos, estamos embodegados de la misma manera que se almacenan sacos de arroz o frijoles así estamos nosotros aquí”, lamentó.
Para Wilfredo Munguia, subdirector de centro penal de Trujillo, “el hacinamiento es un problema general en todos los 24 centros penales del país, todos los centros penales ya colapsaron, son una bomba de tiempo, esto es preocupante tanto para nosotros como autoridades como para el Gobierno central”.
Munguía es del criterio que “se necesita la construcción de nuevos edificios ya vida útil de los centros penales ya terminó. Urge la construcción de edificios que reúnan todos los requisitos”.
Audiencias a “jalón”

“Otra de las situaciones que nos preocupa es que carecemos de un vehículo para el transporte de los reos a las audiencias correspondientes, muchas veces cuando nos toca presentarlos a las audiencias en otras ciudades del país tenemos que pedir jalón ya que no contamos con un vehículo y sabemos que cada vez que salimos con un privado de libertad sabemos que exponemos a los reos, a los policías penitenciarios y a los mismos ciudadanos de buen corazón que nos dan jalón (aventón)”.
Munguía espera que “alguna institución u ONG que nos pueda ayudar donándonos aunque sea un vehículo usado, para trasladar de manera más segura a los reos a los diferentes juzgados, yo sé el gobierno y la superioridad están preocupados por esta situación, ellos están haciendo gestiones y buscando la forma de mejorar esta situación”.
Datos 
El Centro Penal de Trujillo, Colón se encuentra en la zona céntrica de la ciudad de Trujillo,  contiguo al hospital Salvador Paredes, en el edificio de la primera municipalidad de esa ciudad, por lo que este edificio tiene un valor patrimonial e histórico, entre el hospital y el centro penal ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de Honduras como fue el fusilamiento del filibustero William Walker, quien pretendía conquistar territorio hondureño invadiendo la bahía de Trujillo.

De acuerdo con el más reciente informe del 2013, emitido por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), “el centro penal no tiene una estructura diseñada para prestar esa función, sus principales deficiencias son el hacinamiento, la mala instalación eléctrica, los pocos espacios recreativos, la poca ventilación y la falta de seguridad ya que tampoco el centro penal reúne condiciones de seguridad óptimas”.

CONADEH, también señaló que “entre otros de los problemas más importantes son la mala alimentación, la poca variedad en los alimentos y la falta de medicamentos en la enfermería. No es un centro penal conflictivo donde se presenten antecedentes de violencia y conflictos internos”.
El reciente miércoles 30 de julio asumió en Honduras las nuevas autoridades de los centros penales el coronel, Francisco Gálvez Granados y el comisionado, Kennet Obdulio Sabillón Flores, como director y subdirector, respectivamente, del Instituto de Centros Penales. La intervención en la Dirección de Centros Penales de Honduras se da luego de varias fugas registradas en la cárcel de máxima seguridad de Támara en las últimas semanas.
Se calcula que de estas capturas a diario los jueces en los diferentes juzgados del país, envían a la prisión un promedio de 20 personas, mientras por otro lado solamente siete salen libres. Esto significa que al año estarían ingresando a las 24 cárceles, siete mil 200 nuevos internos de los cuales solamente dos mil 500 salen de ellas.
Las 24 cárceles del país, están ocupadas por casi 13 mil internos, sin embargo el sistema solamente tiene capacidad para 8,500 reos, esto representa un hacinamiento aproximado del 49 por ciento.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/centro-penal-de-trujillo-una-bomba-de-tiempo

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CN socializa Ley de Protección a Periodistas y defensores de DDHH

Añadió que ahora sólo queda esperar los últimos aportes que elaboren los técnicos, enriquecer el proyecto y en su tercer y último debate, si lo consideran los diputados, incorporar las recomendaciones de la sociedad civil.

El Congreso Nacional a través de la comisión ordinaria de Justicia y Derechos Humanos, comenzó con la socialización de la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, agradeció al Congreso Nacional por la apertura de esos espacios ¨en especial a una idea que se truncó en 2009, cuando el golpe de Estado, porque el deseo es tener una ley que reúna la voluntad política de todos los sectores y se respeten los derechos humanos” expresó.
La reunión la encabezó la vicepresidenta de la Cámara Legislativa, Lena Gutiérrez y el presidente de la comisión, diputado Yuri Sabas, representantes del gobierno, organizaciones de sociedad civil y de defensa de los derechos humanos, tuvieron la oportunidad de brindar sus aportes a la propuesta de ley.

En tal sentido, la diputada Lena Gutiérrez, calificó la cita como muy productiva, gracias a los aportes de los sectores de sociedad civil a fin de que la iniciativa se convierta una ley aplicable, con su prepuesto y demás insumos que la hagan viable.

Añadió que ahora sólo queda esperar los últimos aportes que elaboren los técnicos, enriquecer el proyecto y en su tercer y último debate, si lo consideran los diputados, incorporar las recomendaciones de la sociedad civil.

Por su parte, el presidente de la comisión, Yuri Sabas, apuntó que haber escuchado a sectores de sociedad civil, permitió tener avances positivos y con los aportes se podrá tener una ley más rica, fortalecida y una sociedad civil más satisfecha con lo producido por el Congreso Nacional.

“Con esta socialización se refleja la apertura del Congreso Nacional, sin distingos de colores políticos, con una comisión de amplio criterio que ha podido dejar de lado ideologías y poniendo primero los intereses de la población”, acotó el congresista.

Apuntó que esta ley tiene un principio básico, que es para el pueblo y si éste no tiene participación en su construcción, no se avanzará, así mismo la ley es para los comunicadores, periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y operadores de justicia y si no se avanza a la par, no será una ley positiva.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/cn-socializa-ley-de-protecci%C3%B3n-periodistas-y-defensores-de-ddhh

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We Reap What We Sow: The Link between Child Migrants and US Policy

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Written by Diego Cupolo
Friday, 01 August 2014 16:21
Seven-year-old children wandering alone through desert landscapes are the result of a long string of events that are now demanding a closer look from mainstream media and a wider audience in the United States.

“How did it get this bad?” is the phrase repeated daily by television pundits as they seek out explanations for the current immigration crisis along the U.S. border, often placing the spotlight on criminal gangs and corrupt governments in Central America.

Yet, “How did these gangs and governments come to power?” is the follow-up question largely absent from mainstream debates. In effort to guide a more accurate discussion, a growing chorus of activists, journalists and historians are pointing to U.S. foreign policy in the region as the root cause for mass migration movements in recent years – if not decades.

“Every major wave of Latino migration has been very directly connected to actions taken by the United States in Latin America to either further the country’s economic or military interests,” said Eduardo Lopez, co-director of Harvest of Empire, a film based on a book by journalist Juan Gonzalez that links immigration trends to U.S. intervention in Latin America.

From military coups that overthrew democratically-elected governments to free trade agreements that destroyed the livelihood of countless independent farmers, the U.S. had a hand in many events that shaped Central America; and the same continues today in Honduras, where the largest share of migrants have been originating from in recent months.

Over the last five years, the U.S. has funded a widely corrupt Honduran government that has only increased the nation’s record crime rates while dismantling labor rights and reducing economic opportunities, making life extremely difficult for many for its citizens, said Dana Frank, a professor of history at University of California Santa Cruz who has focused much of her research on Honduras.

“The thing that’s missing [from mainstream media coverage] is that the Honduran government itself is a terrifying, dangerous and violent government backed by the United States,” Frank said during a phone interview in July. “We’re, once again, supporting a repressive regime in Latin America and people are fleeing it. So it’s not like we can say ‘oh, that’s their problem down there.’ We are directly responsible, in part, for the ‘problem’ of Honduran kids fleeing.”

Bankrolling Impunity in Honduras

Following the illegal military coup that ousted Honduran President Manuel Zelaya in 2009, the United States was among the first nations to recognize the Porfirio Lobo Sosa government as a legitimate leader. Soon after, U.S. officials fostered ties with the new regime and agreed to help finance Honduran security forces in effort to fight a growing number of drug trafficking operations in the country.

Yet even with U.S. funding, violent crime skyrocketed to unprecedented levels in the years following the coup. Honduras now has a higher homicide rate than war-torn Iraq and is considered one of the most dangerous places on earth.

The reason behind the spiraling violence, Frank argued, is that Honduran gangs, police and government officials are all interlaced up to the highest levels.

“Alfredo Landaverde, a former [Honduran] congressman and police commissioner in charge of drug investigations, declared that one out of every ten members of Congress [in Honduras] is a drug trafficker and that he had evidence proving ‘major national and political figures’ were involved in drug trafficking. He was assassinated on December 7, 2011,” Frank wrote in an article for The Nation magazine.

In 2013, a Honduran government commission charged with overseeing the cleanup of security forces admitted 70 percent of the Honduran police were corrupt “beyond saving”, Frank pointed out in a recent article for The Huffington Post.

Regardless of this widespread and documented corruption, Frank found the U.S. sent $27 million to Honduran security forces in 2012, followed by $25 million in 2013, while the U.S. is now preparing to send an additional $18.5 million to “to support community policing and law enforcement efforts” in 2014.

“We’re basically rewarding this government,” Frank said. “They drive their children out and we give them even more money.”

To date, the U.S. has sent nearly $100 million to Honduras to help clean up the police force, with seemingly no effect, Frank said, and little is likely to change after the elections in January. Current President Juan Orlando Hernández, was inaugurated on the promise that he would use funds to further militarize security forces and “put a soldier on every corner” in order to deter criminal activity.

“The answer is not further militarization,” Frank said. “Hondurans are telling me the military presence, including the terrifying new military police, is greater now than during the 1980s, during the Reagan era.  This militarization is very dangerous. It is really about intimidating the population and any opposition.”

Citing a recent example, Frank said Hernández’s new military police – now 5,000 strong – surrounded the Honduran hall of congress on May 13, 2014 to tear-gas, beat up, and eject 36 congressmembers from the center-left opposition party, LIBRE. The move was carried out with complete impunity, both from the Honduran and U.S. governments.

U.S. Marine Corps Gen. John F. Kelly, commander of U.S. Southern Command, met with President Hernández a few weeks later to reaffirm continued U.S. military support for the Honduran government through a program known as the Central American Regional Security Innitiative (CARSI), disregarding the recent anti-democratic events.

“Yes, gangs are rampant in Honduras,” Frank wrote on The Huffington Post. “But the truly dangerous gang is the Honduran government. And our tax dollars are pouring into it while our top officials praise its virtues.”

Lessons from El Salvador

The U.S. financing of corrupt security forces is nothing new in Central America. From Guatemala to Panama, armed militias have terrorized political opponents, union organizers and the civilian population at large since the region claimed independence from Spain in the early-1800s.

A well-documented example includes the U.S.-funded Contra militias that attacked Nicaragua’s revolutionary party between 1979-1990 and devastated the nation’s economy to the point where it now stands as the second-poorest country in the Americas.

During that same period, the Salvadoran government unleashed death squads to exterminate thousands of dissidents with U.S. financial support. These militias were ordered to quell all forms of opposition to the oligarchic government in El Salvador and made international headlines in 1980 with the assassination of San Salvador’s Archbishop Oscar Romero, a fierce critic of the violent regime, as well as the murder four American Catholic nuns, who were raped and buried with their panties stuffed into their mouths by soldiers operation under U.S. tax dollars.

In response to the violence, “Washington quickly turned El Salvador into the biggest recipient of American military aid in Latin America,” wrote Juan Gonzalez in Harvest of Empire. “Seventy percent of the record $3.7 billion the Unites States pumped into El Salvador from 1981 to 1989 went for weapons and war assistance. As the number of weapons in the country escalated, so did the number of Salvadorans fleeing the devastation those weapons caused.”

Eduardo Lopez, a Salvadoran and co-director of the Harvest of Empire film, recounted his country’s modern history during a phone conversation in July and traced the rise of Salvadoran immigration to the nation’s civil war.

“El Salvador is the smallest country in all of the Americas, aside from islands, and in 1980 there were fewer than 100,000 Salvadorans in the United States, according to the Census,” he said. “Today, just a little over three decades later, there are nearly 2 million Salvadorans in the United States and again, according to the Census, Salvadorans have already surpassed the number of Cuban-Americans and we have become the third largest Latino nationality in the United States. How could something like this happen?”

“If the conservative argument was right,” he continued. “And the majority of Latino immigrants were coming to take advantage of social services or they were just trying to simply escape difficult conditions at home then we would’ve always had a large migration from El Salvador, because El Salvador has always been a country beset by very great problems with poverty and corruption in the government. But that was not the case, that’s not what happened.”

“What we see today is El Salvador, like Honduras and Guatemala, is trying to deal with the terrible legacy of violence that the United States left in its wake,” Lopez said.

Free Trade and the “Failed State”

Violence is not the only issue driving Central Americans to the United States. There is also a lack of sustainable job opportunities for the majority of citizens in the region, Frank said.

The signing of both the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the Dominican Republic-Central American Free Trade Agreement (CAFTA-DR) forced independent farmers south of Rio Grande to compete with low-priced corn and food commodities from agribusiness corporations, which received subsidies from the U.S. government. The farmers simply could not afford to lower their prices to match the subsidized products and went out of business. The end result has been bankruptcy for many rural families, along with the creation of mass migration patterns to urban centers and, eventually, across borders.

In Honduras, government officials have worked to dismantle basic labor rights since the 2009 coup, Frank said. Their actions have lowered wages for workers in effort to attract foreign investment, which have since prompted the AFL-CIO to file a complaint to the US Labor Department for unfair labor practices. Yet Frank said the assault on worker’s rights goes far beyond minimum wage.

“In November 2010 a law went into effect encouraging employers to convert permanent, full-time jobs into part-time and temporary employment—under which workers will no longer be eligible for healthcare and will lose the right to organize a union,” Frank wrote in The Nation magazine.

“Perhaps most extreme,” Frank continued. “Is a new ‘Model Cities’ law, passed in July [2011], which allows for autonomous economic zones in which the Honduran Constitution, legal code and most basic democratic governance structures won’t apply, and where transnational investors will be free to invent their own entire society.”

At the same time, the Honduran government has cut spending for public housing, health care and education, according to the Center for Economic and Policy Research.

Citing worsening economic prospects for the general population along with the rampant crime levels in Honduras, some analysts have said the country is on the verge of becoming a “failed state,” yet Frank said she disagrees with the term during our phone interview.

“I don’t use that term because I think the state is extremely functional for many interests,” she said. “Who profits from this? U.S. corporations are profiting. Mining, hydroelectric and agribusiness corporations are all profiting from this. The US is expanding its military presence in the country. Many actors are profiting from this.”

“Obviously, the drug traffickers are profiting from [this, as well],” she continued. “[Also] the Honduran oligarchic families that own most of the assets in the country – 90 percent of its wealth. They control almost all the television stations. They control all the newspapers. They are raking it in. They are robbing the country blind … the state is not failing them, it’s actually serving these dangerous oligarchs well.”

Reaping the ‘Harvest of Empire’

Lack of security, lack of opportunities, and lack of accountability for those in power – all with continued support from U.S. officials and corporations.

Counter to common portrayal of immigrants in mainstream media, Lopez said Latinos are not crossing into the United States to fulfill ‘The American Dream’ with aspirations of permanent residence. Rather, their countries have become uninhabitable and they have no choice other than to seek refuge elsewhere as they wait for conditions to improve back home.

“Immigration is incredibly difficult experience,” Lopez said. “Being ripped away from your family, from your children, from your language, from your culture and having to adapt to a culture that’s very different, to a language you don’t know, to an environment that’s fairly hostile. This is an incredibly difficult life experience.”

“I believe that many, many immigrants would prefer to stay in their home country,” he continued. “But again, the conditions that U.S. corporations and U.S. military make in Latin America make that [option] impossible.”

Disturbed by the language used to describe immigration in mainstream debates and the general misunderstanding of its root causes, Lopez spent seven years to co-direct his film with the hope of informing audiences on the link between foreign policy and immigration.

“As we’ve seen from history, almost always [the U.S.] takes foreign policy decisions to favor our large corporations and it works great, the corporations make billions of dollars, but again, the unintended consequence is migration,” Lopez said. “When you look at it that way, you understand the national conversation on immigration has to be much more humane [and less] punitive.”

“Tragically, all I hear in our national talk on immigration is punitive, is trying to punish these immigrants, but the reality is that the immigrant is the least powerful player in this situation,” he added.

Lopez said the lack of progress on U.S. immigration reform has also exacerbated the problem. When a migrant crosses through the barren desert terrain along U.S. border to find work and send back remittances, they are often reluctant to endure the trek a second time out of safety concerns, creating a situation where many become stuck in the U.S. without the ability to return home.

Immobilized and faced with worsening economic prospects in their countries, many undocumented workers see few options other than to pay exorbitant prices to one of countless human smuggling operations and have their relatives guided across the U.S. border, regardless of how old they may be.

“So many parents and close relatives of the minors that are now at the border have been waiting, and waiting, and waiting, and waiting for immigration reform to happen,” Lopez said. “And now [they] have come to the terrible realization that Republicans have refused to pass any kind of immigration reform and that they are looking at many more years of separation from their children.”

“When you tell parents, ‘You’ve been separated from your children for 4 years, why don’t you wait 5 more?’ Well, what is a parent supposed to do?” Lopez asked.

As Central American children continue streaming into detention centers along the U.S. border, government officials in Washington are confronted with the consequences of their own decisions. By supporting corrupt governments and unsustainable economic models, the U.S. has helped create conditions so horrendous, the United Nations claimed most child migrants qualify for refugee status and should not be sent back home.

Today, just as in the past, the problems fostered south of the Rio Grande can only be ignored until they come knocking at the nation’s doorstep. This time they arrive in the form of unaccompanied minors. What comes next remains to be seen.

Fuente: http://upsidedownworld.org/main/international-archives-60/4965-we-reap-what-we-sow-the-link-between-child-migrants-and-us-policy

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¡Urgente! Crisis Alimentaria en Honduras

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Vía Campesina Honduras 1 de Agosto del 2014. El agro hondureño atraviesa el peor momento de su historia política y productiva, desde hace más de 20 años el campo ha venido pagando las consecuencias de un modelo Neoliberal, el cual vino a desarticular la institucionalidad pública, a privatizar los bienes y servicios y a desmantelar la pequeña y mediana producción agrícola.
La falta de voluntad política por parte de los gobiernos para apoyar el agro en Honduras es la principal protagonista de que en el país la pobreza rural sea trágica, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) un 70% de las personas que viven en el campo son pobres y de ese porcentaje el 40% vive en extrema pobreza.
En los últimos años hemos visto como los campesinos y campesinas han iniciado un proceso de recuperación de tierras para volver a producir los granos básicos y las hortalizas que les permitan garantizar los alimentos en primer lugar para su familia y para salvar de la crisis la seguridad alimentaria del país. Pero esta lucha enfrenta serias trabas por parte de los terratenientes que junto a los órganos represores del Estado persiguen y asesinan a los campesinos.
El agro hondureño empeoro desde que dejó de funcionar la Ley de Reforma Agraria (Decreto Ley Número 170) como marco jurídico, el cual recibió el tiro de gracia por parte del gobierno nacionalista que dirigió Rafael Leonardo Callejas al aprobar en 1992 la Ley de Modernización Agrícola.
Crisis Alimentaria
Cada día las demandas en el campo se vuelven más fuertes y necesarias,  el abandono del agro no sólo se expresa y repercute en la producción sino en la seguridad alimentaria. La gente del campo, la misma que ha sostenido y alimentado a los ciudadanos en el país, es la que hoy sobrevive en condiciones inhumanas. Y esto es así porque la tierra y los recursos naturales en general son apropiadas por las grandes transnacionales y sus socios locales.
Es lamentable la situación alimentaria que está ocurriendo en el país con la escases de granos básicos por lo que prácticamente los hondureños están viviendo una emergencia nacional, el déficit alimentario llega a cifras nunca antes vistas en el país.

El gobierno de Honduras a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) decreto alrededor de 10 departamentos del territorio nacional y más de 64 municipios (lo que representa a 76,712 familias de pequeños productores) afectados por el efecto de la tardanza del invierno y el prolongamiento del verano que repercutió en las siembras producto del cambio climático.
Las zonas afectadas por la sequía son Choluteca, la parte de sur de El Paraíso, la parte sur y central de Francisco Morazán, Valle, La Paz y parte de los departamentos de Intibucá, Lempira, Comayagua y el sur de Copán. Según autoridades de la Asociación Nacional de Agricultores y Productores de Granos Básicos de Honduras (PROGRANO), el 50 por ciento de los cultivos de los municipios del norte del departamento de Olancho se perdieron por falta de lluvias. De la zona sur el 60 por ciento del mercado nacional.
Los datos de las autoridades de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), revelan que en la zona de Olancho se sembraron unas 40,000 manzanas de tierra con maíz y unas 20,000 manzanas con frijoles. Se estima que del total de parcelas disponibles para la siembra de granos básicos se dejaron de plantar un 10 por ciento, debido a la escasa presencia de lluvias. Más de 30 mil familias de la zona sur (Valle y Choluteca) están sufriendo la inclemencia del tiempo, ante la falta de lluvias para sus cultivos de granos básicos.
Las familias afectadas por la sequía en Choluteca son de 20,512 y de 11,342 en Valle. De los 16 municipios que conforman el departamento de Choluteca, 12 están con afectación severa: Apacilagua, Concepción de María, Duyure, Morolica, Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, San José, San Marcos de Colón y Yusguare.
Los productores afectados en maíz son 37,131, en frijol 14,075 y en maicillo 25,506, en base a un estimado hecho el Programa Mundial de Alimentos (PMA). En Valle los productores de maíz afectados son 1,930 de frijol y 7,970 de maicillo. En el sector sur de El Paraíso unas 9,000 familias se ven afectadas por la escases de granos básicos. Alcaldes declararon alerta roja para los municipios de Yauyupe, Texíguat, Vado Ancho, San Antonio de Flores, San Lucas, Soledad, Liure, Alauca y Oropolí.
Ausencia de políticas para el desarrollo agrícola 
La crisis alimentaria que afecta a Honduras se debe a la falta de un nuevo marco jurídico y la ausencia de políticas para el desarrollo agrícola, advirtió el Coordinador General de la Vía Campesina Honduras y diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre) Rafael Alegría.

Alegría manifestó que el gobierno debe tratar con seriedad las advertencias que se han hecho a través de La Vía Campesina Honduras y la Alianza Campesina sobre lo que sucederá en el agro sino se apoya un nuevo marco jurídico, el cual va encaminado a solventar los problemas agrarios que se viven en el país.
La Alianza Campesina trabajo fuertemente una nueva propuesta de Ley que fue presentada el pasado 9 de Abril al Congreso Nacional de la República por el diputado Rafael Alegría. Esta propuesta de Ley se conoce con el nombre de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Social, misma que ha sido engavetada en el Congreso Nacional, dándole prioridad a otra propuesta de Pesca y Acuicultura.
Dicha propuesta de Ley está encaminada a resolver el conflicto agrario en el país, la cual permita la solución a los grupos campesinos que están en posesión de la tierra desde hace varias décadas y aún enfrentan problemas legales al no tener sus títulos, el acoso constante de destrucción de sus cultivos, desalojos, persecución y hasta asesinatos por parte de los supuestos dueños con la venia de autoridades gubernamentales.
Según lo explicado por el Diputado y Coordinador General de La Vía Campesina Honduras Rafael Alegría, la propuesta de Ley que se introdujo en el Congreso Nacional, conlleva primero una justa distribución de los recursos naturales orientada al combate contra la pobreza en el campo, plena participación e igualdad de los campesinos y el pequeño y mediano productor con otros sectores, “los campesinos y pequeños agricultores tienen el derecho de ser empresarios del campo, producir la tierra, industrializar sus productos y comercializarlos tanto nacional como internacionalmente” dijo.
Alegría hizo un llamado a las autoridades del gobierno para que profundicen un análisis en el marco del movimiento campesino y la sociedad hondureña, para comprender la crisis por la que transita el agro hondureño e incidir en la aprobación de una política agraria con participación de hombres, mujeres y jóvenes del área rural sin criminalizar la lucha social campesina.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/conflicto-agrario-y-minero/%C2%A1urgente-crisis-alimentaria-en-honduras

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Sociedad civil realiza aportes para socializar Ley de Protección a Periodistas

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Sociedad civil realiza aportes para socializar Ley de Protección a Periodistas
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).– Con la participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos civiles y libertad de expresión, entre otros, la comisión ordinaria de justicia y derechos humanos del Congreso Nacional, inició este viernes la socialización de la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, manifestó que “agradezco al Congreso Nacional por la apertura de estos espacios, en especial a una idea que se truncó en 2009, cuando el golpe de Estado, porque el deseo es tener una ley que reúna la voluntad política de todos los sectores y se respeten los derechos humanos”.

Por su parte, el director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Héctor Becerra, resaltó la importancia  de tener un mecanismo de protección eficiente y no burocrático, que recoja las buenas prácticas en otros países, además  destacó la necesidad de que el Estado reconozca en la normativa la labor importante que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en la sociedad hondureña.
En la reunión encabezada por la vicepresidenta de la Cámara Legislativa, Lena Gutiérrez y el presidente de la comisión, diputado Yuri Sabas, representantes del gobierno, organizaciones de sociedad civil y de defensa de los derechos humanos, tuvieron la oportunidad de brindar sus aportes a la propuesta de ley.
“Presupuesto indispensable para la aplicación”
Luego la reunión, que se celebró en el Salón Ramón Rosa del Palacio Legislativo, la diputada Lena Gutiérrez, calificó la cita como muy productiva, gracias a los aportes de los sectores de sociedad civil a fin de que la iniciativa se convierta una ley aplicable, con su prepuesto y demás insumos que la hagan viable. Añadió que ahora sólo queda esperar los últimos aportes que elaboren los técnicos, enriquecer el proyecto y en su tercer y último debate, si lo consideran los diputados, incorporar las recomendaciones de la sociedad civil.
Por su parte, el presidente de la comisión, Yuri Sabas, apuntó que haber escuchado a sectores de sociedad civil, permitió tener avances positivos y con los aportes se podrá tener una ley más rica, fortalecida y una sociedad civil más satisfecha con lo producido por el Congreso Nacional. “Con esta socialización se refleja la apertura del Congreso Nacional, sin distingos de colores políticos, con una comisión de amplio criterio que ha podido dejar de lado ideologías y poniendo primero los intereses de la población”, acotó Sabas.
Apuntó que esta ley tiene un principio básico, que es para el pueblo y si éste no tiene participación en su construcción, no se avanzará mucho y en ese sentido, la ley es para los comunicadores, periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y operadores de justicia y si no se avanza a la par, no será una ley positiva. “Esta apertura refleja la importancia de tener una ley que satisfaga y dé claridad al ciudadano, que ningún hondureño, sin distingo de color político se sienta amenazado por ejercer la defensoría de derechos humanos y a su vez, esté tranquilo de poder ejercer sus funciones”, refirió.
Más observaciones, para mejorar el documento
Señaló que el próximo miércoles se recibirá el documento de trabajo que produzcan los técnicos, con las observaciones que se hagan a la comisión y ésta, en el pleno, junto a los diputados, hará sus aportes y mejorar el documento. En sus participaciones, los asistentes resaltaron la apertura del Congreso Nacional para socializar la propuesta y se comprometieron a dar sus mejores aporres para que el documento incluya todos los aspectos expuestos, al momento de aprobar la ley.
La implementación de esta ley estará fundamentada en la Constitución de la República y la normativa internacional de los derechos humanos, en aplicación de los siguientes principios de buena fe, eficacia, idoneidad, coordinación, concurrencia, voluntariedad, exclusividad, complementariedad, prevención, temporalidad, causalidad, proporcionalidad, confidencialidad, igualdad y respeto.
En el capítulo tres, se establece que toda autoridad civil, policial y militar, está obligada a proporcionar la información de forma expedita y brindar toda la colaboración requerida por parte de las diversas instancias encargadas del cumplimiento de la ley para la consecución de sus fines.
El Consejo Nacional de Protección
En el artículo 16 de la ley se crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. El consejo estará integrado por una persona representante propietaria y su suplente de las secretarías de Seguridad; Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; Relaciones Exteriores; Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; Ministerio Público; Poder Judicial; Procuraduría General de la República; Colegio de Abogados de Honduras; Colegio de Periodista de Honduras, cinco representantes de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil.
Asimismo, proponer la creación de nuevas medidas de prevención, protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo como consecuencia de la promoción y defensa de los derechos humanos. Se crea también la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales, que recibirá las denuncias de riesgo que se promuevan directamente ante la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y tramitarla de conformidad con esta ley.
Las personas beneficiarias en la ley que se consideren víctimas de una situación de riesgo podrán denunciarlo ante cualquier autoridad competente. Dicha autoridad podrá diferir el caso ante la Secretaría de Seguridad o a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización para que resuelvan lo pertinente. En la reunión participaron la viceministra de Derechos Humanos, Karla Cueva; la comisionada nacional adjunta de Derechos Humanos, Linda Lizzie Rivera; la coordinadora del Comité de Familiares Desaparecidos Detenidos en Honduras (Cofadeh) Bertha Oliva;  el Director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Héctor Becerra, representantes de la comunidad de la diversidad sexual y los miembros de la comisión ordinaria de justicia y derechos humanos Rasel Tomé y Jari Dixon, entre otros.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/sociedad-civil-realiza-aportes-para-socializar-ley-de-protecci%C3%B3n

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Desconocidos atentan contra la vida de diputado en Yoro

Testigos del hecho relataron que Mejía iba acompañado de su esposa e hija, quienes se bajaron del vehículo para abrir el portón.

Unos desconocidos atentaron este viernes contra la vida del diputado liberal de Yoro, Wilmer Noé Mejía.
El congresista llegó a su casa ubicada en un populoso barrio de Santa Rita, Yoro.

Testigos del hecho relataron que Mejía iba acompañado de su esposa e hija, quienes se bajaron del vehículo para abrir el portón.

En ese momento, los desconocidos comenzaron a disparar al carro del diputado, un Isuzu doble cabina color gris, con placas PCF 7383.

Al comenzar los disparos, la esposa y la hija del parlamentario se metieron a su casa de habitación para protegerse, mientras afuera se escuchaban las detonaciones.

Los malhechores no se percataron que el diputado quedó herido, por lo que cuando ellos se fueron, Mejía se trasladó a la Posta de la Policía Preventiva a interponer la denuncia.

Posteriormente, los agentes de la Policía llevaron al congresista a un centro asistencial de la ciudad de El Progreso donde es atendido actualmente.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/desconocidos-atentan-contra-la-vida-de-diputado-en-yoro

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Policías de Choluteca y Valle se capacitan en “Policía Comunitaria”

13:41
01
Agosto
2014
Choluteca – Con el objetivo de tener un acercamiento con la población y fomentar la denuncia, la Secretaría de Seguridad y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) realizaron una jornada de sensibilización acerca de la filosofía de Policía Comunitaria, a través de un seminario denominado “Seminario Intensivo de Inducción en Policía Comunitaria”, en donde participaron miembros de la Policía Nacional de Honduras de la zona Sur del país correspondiente a la Unidad Departamental Preventiva de Choluteca (UDEP) número 6 y la UDEP número 17 de Valle.

– Alrededor de unos 75 policías se han capacitado en la filosofía de Policía Comunitaria en zona sur.

Mediante el seminario que corresponde en el marco del Proyecto para la “Asistencia de las Actividades de la Policía Comunitaria, según Modelo Japonés”, en el que se capacitaron alrededor de 75 policías sobre la implementación de Policía Comunitaria, como eje transversal en la educación del Sistema de Educación Policial, Policía Comunitaria y Derechos Humanos, Operatividad, diferencia entre Policía Comunitario y Tradicional, relación de los gobiernos locales y Policía Comunitaria, entre otros temas de interés.

El Seminario Regional tuvo lugar en la ciudad de Choluteca del 30 al 31 de julio, con la participación de líderes de comunitarios, alcaldes de departamentales de Valle y Choluteca así como la Gobernadora departamental de Choluteca, Jefes departamentales, municipales y escala básica respectivos.

La Cooperación Japonesa en forma conjunta con la Secretaría de Seguridad ha venido ejecutando dicho Proyecto desde el 2009, mediante el cual se introdujeron las Estaciones Policiales Comunitarias (EPC), conocidas en Japón como “Koban”, dirigidas por oficiales de policía con contacto directo con la comunidad, respuesta a emergencias, capacitación y organización.

El Proyecto de Policía Comunitaria, que toma la experiencia del modelo japonés, así como el resultado del proyecto ejecutado en Brasil por la Policía de Sao Paulo (PMESP) y JICA, resalta la importancia de la relación con los miembros de la comunidad al fortalecer el binomio de policía-comunidad.

Cabe destacar que durante el desarrollo del seminario participaron líderes comunitarios y vecinos del municipio de Choluteca, quienes compartieron sus experiencias con los participantes por medio de conversatorios que se llevaran a cabo durante la jornada de capacitación.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/08/01/Metr%C3%B3poli/Polic.C.ADas/90128.html

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Ombudsman insta a México a retirar cargos y liberar a migrante hondureño

El Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera, instó hoy a la fiscalía de México a retirar los cargos contra el migrante hondureño Ángel Amílcar Colón, acusado de crimen organizado, permitiendo su inmediata liberación, y a investigar la denuncia de tortura presentada por el detenido.

El Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera, instó hoy a la fiscalía de México a retirar los cargos contra el migrante hondureño Ángel Amílcar Colón, acusado de crimen organizado, permitiendo su inmediata liberación, y a investigar la denuncia de tortura presentada por el detenido.

En entrevista con Efe en Tegucigalpa, Herrera pidió “respetuosamente” a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) que “antes de presentar la parte final del caso valore de nuevo las pruebas” y que “desista” de tramitar la solicitud para que Colón sea condenado en México por crimen organizado.

“Es muy importante que se examine el expediente y (se hagan) constar todas las vulneraciones que se han producido” contra el migrante hondureño, de la etnia garífuna, subrayó Herrera.

El defensor del pueblo en Honduras enfatizó que “por ahora lo importante es liberar a nuestro compatriota Colón, reunirlo con su familia y luego seguir con lo que corresponda como consecuencia de estas actitudes”.

Colón fue detenido en la ciudad de Tijuana en marzo de 2009 cuando policías allanaron la vivienda donde un traficante de personas lo mantenía antes de llevarlo a la frontera con Estados Unidos.

Colón “ha sido objeto de tortura y se le han vulnerado todos los derechos”, destacó Herrera, al tiempo que señaló que el acusado fue privado de su libertad por “ser migrante, por su origen étnico y por su color de piel”.

El Ombudsman exhortó a la PGR a investigar las denuncias de tortura y otras violaciones a los derechos humanos del acusado, disponibles en un informe elaborado por médicos internacionales, que a inicios de 2014 examinaron a Colón y concluyeron que los resultados médicos eran coherentes con su denuncia sobre tortura.

Colón, quien está encarcelado en una prisión federal de Tepic, Nayarit, emigró de Honduras para ayudar económicamente a su familia y cubrir la atención médica de su hijo Ángel Elvir, quien padecía cáncer y que falleció a causa de la enfermedad.

Herrera denunció, además, que las autoridades mexicanas vulneraron el derecho al debido proceso, a la presunción de la inocencia y a la integridad física de Colón, y le han negado el derecho a comunicarse con su familia en Honduras.

“No se aseguró el cumplimiento de las formalidades que garantizasen la defensa de nuestro compatriota y se omitieron una serie de acciones con el objeto de dejar la incriminación fundamentada en un delito de crimen organizado, en el cual él no ha tenido ninguna participación”, indicó el defensor del pueblo.

Colón, declarado el pasado día 22 “preso de conciencia” por Amnistía Internacional (AI), también ha sido objeto de “discriminación racial y se le han vulnerado todos sus derechos como migrante”, añadió.

Herrera subrayó que ante la vulneración de los derechos humanos de Colón no se descarta que Honduras pida a México una “reparación” de los daños ocasionados al migrante hondureño.

Antes de emprender su viaje a Estados Unidos, Colón era presidente de la Organización Fraternal Negra Hondureña, que defiende los derechos culturales y territoriales de los garífunas, que también exigen la liberación del migrante.

(Agencia EFE)

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/ombudsman-insta-m%C3%A9xico-retirar-cargos-y-liberar-migrante-hondure%C3%B1o

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Ley no contempla un desarme general

1 agosto, 2014 – 12:15 AM

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El Congreso Nacional no contempla un desarme general en las reformas a la nueva de Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Material Relacionados, declaró ayer el presidente de la Comisión Ordinaria de Seguridad del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

La iniciativa de ley busca regular la tenencia de armas en el país.

“En este momento no contempla un desarme general, porque hay gente honrada que tiene armas y no podemos desarmar a los buenos, mientras los malos andan armados”, contrastó el congresista, tras iniciarse el proceso de socialización del proyecto de ley, presentado por el diputado Osman Aguilar. En Honduras circulan armas en el mercado negro sin control, que están en manos de grupos criminales. El gobierno ha ordenado la restricción de la circulación de armas en el Aguán y otros sectores violentos, pero la situación no parece estar bajo control. (NA)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/08/01/ley-no-contempla-un-desarme-general/

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La deuda pública de Honduras ascendió al 26,8 % del PIB en cinco meses

La deuda pública de Honduras, que contempla las deudas externa e interna, alcanzó alrededor de los 126 millones de lempiras entre enero y mayo del presente año, en comparación con el cierre de endeudamiento de 2013 que fue de al menos 120 millones de lempiras, lo que supone un 26,8 % del producto interno bruto (PIB), informó hoy una fuente oficial del Banco de Central de Honduras (BCH).

(EFE). De acuerdo con un informe BCH, la deuda gubernamental creció un 2,9 % en los primeros 5 meses de 2014, liderada por el endeudamiento del sector público, con relación a diciembre pasado, cuando sumó 6.639 millones de dólares.

El crecimiento, según el BCH, está justificado por “los desembolsos (680,4 millones de dólares), amortizaciones (489,3 millones) y una variación negativa”.

De ese total, la deuda externa en mayo pasado llegó a 5.240 millones de dólares, de los que el 62,9 % corresponde a créditos contraídos con organismos multilaterales, el 22,8 % con acreedores privados y el 14,3 % con bilaterales.

Entretanto, la deuda privada sumó 1.595 millones de dólares, 147 millones (10,1 %) más a la del cierre de diciembre de 2013, cuando sumó 1.448 millones de dólares.

El 61,4 % de la deuda privada se contrató a mediano y largo plazo, mientras que el 38,6 % a corto plazo, detalla el documento del organismo rector de la política económica de Honduras.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/la-deuda-p%C3%BAblica-de-honduras-ascendi%C3%B3-al-268-del-pib-en-cinco-meses

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Honduras: Ratifican auto de prisión para ex miembros de la junta directiva del IHSS

Autor del articulo: Proceso Digital /
1 de Agosto 2014 – 11:48

Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones determinó la mañana de este viernes ratificar el auto de formal procesamiento contra los ex miembros de la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por el presunto delito de mala administración de fondos públicos y privados.

– Se mantienen las medidas cautelares que han gozado los imputados durante el proceso.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que la sala especial, encabezada por el magistrado presidente Jorge Rivera Avilés y conformada por Víctor Manuel Lozano y Edith María López, ratificó el auto de formal procesamiento en una votación de dos a uno.
El funcionario explicó que la Corte de Apelaciones confirmó la decisión del juez natural que conoce el expediente del caso del Seguro Social.

Ahora las diligencias deben ser devueltas de manera completa al juez natural, abogado Elmer Lizardo, y ahora sigue el siguiente paso que es la audiencia preliminar, misma que deberá realizarse en los próximos 60 días.

El Ministerio Público deberá formalizar la acusación y posteriormente el juez decidir si se envía el expediente a un juicio oral y público.
Los imputados en este caso son: Daniel Durón, Luis Mayorga e Hilario Espinoza, por parte de la clase obrera; Odesa Henríquez del Colegio Médico de Honduras; Óscar Galeano, Fabricio Vásquez y Benjamín Bográn del sector privado; así como contra el ex viceministro de Salud, Javier Pastor; el ex viceministro de Trabajo, Carlos Montes; el ex director del IHSS, Mario Zelaya; y el ex gerente financiero, José Ramón Bertetti.
A los imputados se les acusa por un préstamo que se autorizó desde el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al Régimen de Enfermedad y Maternidad (EM).

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