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Honduras: Aplazadas en transparencia 52 instituciones estatales

22 de Mayo de 2014

11:36PM   – Redacción: César André Panting. La Prensa cesar.panting@laprensa.hn

Las entidades con 0%, según informe del IAIP, son la Comisión del Valle de Sula, Condepah, Inpreunah, Ferrocarril Nacional, alcaldías de Roatán y San Pedro Sula y el PNPRRS.

El IAIP anunció que citará a los funcionarios de todas las instituciones que no hayan cumplido con la Ley de Transparencia.
El IAIP anunció que citará a los funcionarios de todas las instituciones que no hayan cumplido con la Ley de Transparencia.

Tegucigalpa, Honduras

Aunque ya han pasado ocho años desde que el Congreso Nacional aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la mayoría de funcionarios hondureños simplemente ignoran su deber de cumplir con esta normativa.

El último informe elaborado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), al que Diario LA PRENSA tuvo acceso exclusivo, revela que en el primer trimestre de 2014 hay 52 instituciones del Estado de Honduras que quedaron aplazadas por no cumplir con sus responsabilidades de transparencia.

En total, 15 instituciones están en el nivel malo de la evaluación y 37 hacen un trabajo deficiente de transparencia, que es el calificativo más bajo que hay.

Entre las 52 instituciones aplazadas, incluso hay siete que tienen 0% (porque no hay menos) en el índice de interés de cumplimiento de transparencia, según el IAIP, y estas son la Comisión del Valle de Sula, la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah), el Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Ferrocarril de Honduras, las alcaldías de Roatán y San Pedro Sula y el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, PNPRRS.

El informe expone que “la gerencia de verificación de transparencia mediante la veeduría de la información que debe ser difundida en los portales de transparencia de instituciones obligadas hizo evidente que en los componentes donde radica el mayor incumplimiento son planeación y rendición de cuentas, así como finanzas”, dice el documento.

La evaluación

Fueron 102 las instituciones verificadas en los primeros tres meses de este año, lo cual significa que más de la mitad no aprobaron la evaluación.

El documento, que será publicado en las próximas semanas, tiene por nombre Informe ejecutivo de verificación de la información de oficio en portales de transparencia de instituciones obligadas a cumplir esta ley.

Lo más preocupante de los resultados de la evaluación es que solo en el primer trimestre de este año ya hay 10 instituciones más que incumplen sus deberes de transparencia, si se comparan con las 42 señaladas en el informe del período de gestión de julio a diciembre de 2013.

En las calificaciones del IAIP hay cuatro categorías, según el desempeño de transparencia de cada institución: excelente, bueno, malo y deficiente.

Los últimos dos calificativos son para aquellas instituciones con las carencias más grandes de transparencia.

La puntuación puede variar de cero a 100%. Mientras más baja sea la calificación de una institución, significa que tiene un peor nivel de cumplimiento de la ley.

No tienen excusa

Doris Madrid, presidenta del IAIP, expresó que ningún funcionario o institución tiene excusa para no cumplir con la Ley de Transparencia, y declaró que ya tienen definidas acciones para impedir que se siga violentando la legislación. “Citaremos a los funcionarios de todas las instituciones que no están cumpliendo con la obligación de transparentar la información”, indicó.

La presidenta del IAIP explicó que aunque algunas de estas instituciones ya tengan nuevas autoridades, igual deben rendir sus informes.

“Es deber de los funcionarios ponerse al día con los portales de transparencia aunque los datos que falten sean de períodos en los que ellos no estuvieron, por ejemplo, del Gobierno pasado. Al asumir los cargos toman esa responsabilidad y si lo hacen, esto puede contribuir a que se descubran posibles casos de corrupción en algunas instituciones del Estado”, afirmó Madrid.

La funcionaria agregó que a pesar de que hay instituciones que ya no existen, hallan cambiado de nombre o se fusionaron, como la Secretaría de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) ahora Insep, siempre se investigará por qué no cumplieron con la Ley de Transparencia durante su período de gestión correspondiente a 2013.

Madrid indicó que toda institución que no cumple con la Ley de Transparencia es motivo de preocupación, pero que en especial lo son aquellas que manejan multimillonarias partidas presupuestarias, pues es una mayor cantidad de recursos los que están siendo utilizados sin seguir un proceso transparente.

Además de algunas de las que tienen 0%, otras instituciones con índices de transparencia extremadamente bajos en 2014 y que manejan grandes presupuestos son la Empresa Nacional Portuaria (ENP) con 27%, la Comisión Permanente de Contigencias (Copeco) con 39%, el Tribunal Supremo Electoral y Casa Presidencial, ambos con 43%, la Secretaría de Salud con 47% y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) con 48%. El comité técnico para el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional apenas tiene 18%.

En la mira

Dagoberto Aspra , jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), expresó que la impunidad es el mejor aliado que tienen los funcionarios que violentan la Ley de Transparencia.

Además detalló que las investigaciones del CNA comienzan revisando la información pública en los portales de transparencia, luego ven partidas presupuestarias, licitaciones, gastos, contrataciones, etcétera, buscando alguna irregularidad. El siguiente paso es pedir y conseguir documentación específica para poder hacer averiguaciones concretas.

Aspra dio a conocer cuáles son los principales casos a los que el CNA está dando atención prioritaria. “Estamos investigando a la Empresa Nacional Portuaria, el Seguro Social, proyecto del Trans 450 en Tegucigalpa, Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) y Soptravi”, expresó el jefe de investigación.

Diferencias multimillonarias

En cuanto a la ejecución de presupuesto un buen ejemplo de la falta de transparencia en varias instituciones del Estado es ver las diferencias reflejadas en el informe del IAIP correspondiente al año anterior.

Según el documento, para el año fiscal 2013 la ejecución presupuestaria del Estado ascendió a L163,000 millones y de esa cifra, el IAIP verificó el equivalente a L148,000 millones del total de la ejecución presupuestaria.

El informe señala que la diferencia presupuestaria entre lo ejecutado según la Secretaría de Finanzas y lo verificado por el IAIP es de casi L15,000 millones, mismo que radica en la deuda pública y los servicios financieros de la administración central.

Sí se puede

El mejor ejemplo de que sí es posible cumplir a cabalidad con la Ley de Transparencia son los hechos. El informe destaca a 28 instituciones que obtuvieron un índice de 100% en los primeros tres meses de este año.

Algunas de ellas: Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Procuraduría General de la República (PGR), Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Secretaría de Despecho Presidencial, Secretaría de Relaciones Exteriores y el Cuerpo de Bomberos.

Honduras, entre los menos transparentes del mundo

San Pedro Sula. Cada año en Honduras los índices de corrupción continúan aumentando y su imagen internacional se deteriora más por este problema que no se ha podido solucionar.

Él último informe de Transparencia Internacional demostró que no hay verdaderos avances en la lucha contra la corrupción en el país, pues los índices han seguido creciendo aceleradamente.

Entre 177 países evaluados, Honduras estaba en el puesto 133 en 2012; pero el estudio revela que en 2013 se agravó la situación, pues el país cayó siete lugares más y quedó ubicado en el lugar 140.

De 100 puntos posibles en nivel de transparencia, el país apenas obtuvo una calificación de 26.

Honduras está situado en el tercio más decadente del sistema de evaluación del organismo internacional.

La falta de transparencia en el país es tan grave que en Centroamérica es el último lugar de la región en esta área, seguido de lejos por El Salvador que tiene una calificación de 36 y está en la posición 83, o sea 57 puestos mejor ubicado que Honduras.

Más deprimente aún es comparar la calificación hondureña con la obtenida por otro país de la misma región como Costa Rica, el cual tiene el índice de corrupción más bajo de Centroamérica.

La calificación de transparencia del Gobierno costarricense es de 53 puntos, con lo cual se ubica en la posición 49.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/apertura/712023-96/honduras-aplazadas-en-transparencia-52-instituciones-estatales

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Comisión de Juristas critica la aplicación de polígrafo a jueces

Jueves, 22 Mayo 2014 23:35

 

Existe una debilidad en el proceso que lleva a la suspensión o separación de un juez de la Corte, lo que vuelve vulnerable la independencia de los togados, según la CIJ.

Existe una debilidad en el proceso que lleva a la suspensión o separación de un juez de la Corte, lo que vuelve vulnerable la independencia de los togados, según la CIJ.
Tegucigalpa, Honduras

Aplicar el polígrafo a los jueces en muchos casos es una patraña, pues también deberían someterse a él el presidente de la República, ministros y hasta diputados, afirmó José Antonio Martín, miembro de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

Una delegación de esa organización con sede en Ginebra, Suiza, visita el país para sostener una serie de reuniones con operadores de justicia a fin de intercambiar impresiones sobre temas judiciales. Además presentarán hoy un informe sobre el trabajo que han hecho en los últimos meses

Martín- quien a su vez es magistrado emérito del Tribunal Supremo de España- afirmó que el polígrafo es una degradación de los jueces, que son personas con la potestad de meter a la gente en la cárcel, definir legalidad de propiedades y disolver matrimonios.

“Esa es una agresión intolerable a la integridad de los togados, pues si el Poder Judicial pasa por el polígrafo tienen que hacerlo el Ejecutivo y el Legislativo”, enfatizó en un foro televisivo.

Para el experto, el principal valor de un juez es su capacidad de hacer frente a las presiones, valeroso, e insobornable. “Prefiero a un juez valeroso que a otro que tenga muchas especialidades y maestrías logradas en unos cuatro días de mala manera, pero vulnerable”, subrayó.

Fuente: http://www.tiempo.hn/color-pol%C3%ADtico/noticias/comision-de-juristas-critica-la-aplicacion-de-poligrafo-a-jueces?utm_source=color-pol%C3%ADticoTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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Mauricio Oliva: “Honduras necesita repotenciarse”

22 de Mayo de 2014

11:54PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn

El presidente del Congreso de Honduras respondió a las críticas del partido Libre por la intención de comprar aviones y un jet presidencial.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, declaró ayer que está en desacuerdo con un proyecto de ley presentado el miércoles por el Partido Libre para que se convoque a un plebiscito y se pregunte al pueblo hondureño si está de acuerdo o no con la compra de aviones de guerra y de un avión presidencial.

El diputado Manuel Zelaya Rosales introdujo una iniciativa de ley de un plebiscito para que Honduras no repotencie su Fuerza Aérea, pero ese es su derecho y se le dio el espacio para hacerlo. Si su afinidad ideológica es más salvadoreña que hondureña, entonces hay que respetársela”, expresó.

Oliva defendió así la idea de que Honduras, al igual que otras naciones, tiene derecho de repotenciar su Fuerza Aérea.

El titular del Legislativo se refirió al respecto ante la inquietud de varios periodistas que le preguntaron si va o no la compra de aviones por parte del Gobierno hondureño.

Indicó que este es un supuesto del que se han aprovechado grupos de izquierda radical para lanzar mensajes negativos al mundo, con el fin de decir que Honduras se está armando para una guerra con un país vecino.

Oliva se refería a declaraciones que han vertido diputados del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre) criticando el hecho de que Honduras está negociando la compra de aviones de guerra a Brasil y un avión presidencial.

“Honduras necesita repotenciarse, no para pelear con nadie en el área, sino para poder cubrir de manera eficiente la soberanía nacional y los espacios aéreos”, expresó el número uno del Legislativo.

Oliva explicó que muchos aviones de la milicia hondureña “ya terminaron su vida útil”, pero que se tiene la oferta de “Gobiernos amigos” dedicados a la fabricación de esas maquinarias para repotenciarlos y de incluso poder negociar algunos en buenas condiciones.

$400 millones

En relación con el tema, el exdiputado miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Rodolfo Zelaya, afirmó que las necesidades de repotenciación de las Fuerzas Armadas son reales; es un tema que se viene discutiendo desde el gobierno de Manuel Zelaya y cada día que pasa el costo de esa repotenciación se incrementa.

A la fecha se requieren 40 millones de dólares. Solo en la reparación de los F-5 y de los Tucanos, el gasto andaría en 60 millones de lempiras.

El pasado 10 de abril, del presidente Juan Orlando Hernández y el embajador de Brasil en Honduras, Zenik Krawctschuk, anunciaron la remodelación de varios aviones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) y la adquisición posterior de un lote de aviones Supertucanos.

Fue en el marco de la ceremonia de celebración del 83 aniversario de esta rama de las Fuerzas Armadas, evento al que asistió en calidad de invitado el embajador brasileño, donde se dio a conocer la noticia. El gobernante expresó que el fortalecimiento de la flota de la FAH tiene como finalidad hacerle frente al crimen organizado.

El embajador de Brasil en Honduras, Zenic Krawctschuk, dijo entonces que su gobierno apoyará decididamente a Honduras en la lucha contra el crimen organizado con la reparación de naves aéreas.

Aconsejan aprobar Ley Marítima con lupa

Tegucigalpa. La Ley de Protección de Espacios Marítimos desarrolla principios del derecho consuetudinario internacional distintos a los procedimientos de detención e inmovilización de naves aéreas.

En consecuencia, los diputados del Congreso Nacional, al momento de aprobar esta legislación, deberán tener sumo cuidado de observar los principios del derecho marítimo internacional contenido en la Carta de las Naciones Unidas.

Esta advertencia la hizo el doctor en derecho internacional Juan Carlos Rivera, asesor externo de la Fuerza Naval de Honduras.

Rivera compareció ante el pleno legislativo para explicar los alcances de la Ley de Espacios Marítimos, a efecto de que los diputados tengan mayor comprensión de sus disposiciones a la hora de aprobarla en su tercer y último debate.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/712025-96/mauricio-oliva-honduras-necesita-repotenciarse

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Habitantes de Ocotepeque se unen para evitar tragedia en centro penal

22 de Mayo de 2014

10:59PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn

Autoridades gestionan recursos para un nuevo sistema eléctrico en el centro penitenciario.

Las autoridades en la reunión de emergencia que fue convocada el miércoles.
Las autoridades en la reunión de emergencia que fue convocada el miércoles.

Ocotepeque, Honduras.

La publicación realizada por LA PRENSA, sobre la precaria situación que atraviesa el centro penitenciario local por la falta de fondos para la compra de alimentos y la necesidad de cambiar el sistema eléctrico, generó una reunión de emergencia para buscar una salida a la crisis.

El Comité Interinstitucional pro centro penal se reunió el miércoles en horas de la tarde en las instalaciones de la Policía de Ocotepeque, para analizar los problemas que enfrentan las autoridades penitenciarias decidieron hacer gestiones y exigir al Instituto Penitenciario y Gobierno ayuda para solventar las necesidades del reclusorio.

“Con preocupación vemos la problemática que enfrenta el penal. Es urgente que se cancele la deuda que el Estado tiene y que genera que los proveedores de víveres no surtan de alimentos el centro. Estamos preocupados y esperamos que tenga eco la nota que enviamos a las autoridades respectivas, porque hay una emergencia, y estamos a tiempo de solventarla”, informó Jaime Mena, párroco de la iglesia católica.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/regionales/712032-96/habitantes-de-ocotepeque-se-unen-para-evitar-tragedia-en-centro-penal

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Mauricio Villeda: “Este Gobierno es el terror de los liberales”

22 de Mayo de 2014

10:30PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn

El excandidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras afirmó ayer que tienen la obligación de hacer oposición en el país.

Mauricio Villeda, presidente del Partido Liberal.
Mauricio Villeda, presidente del Partido Liberal.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Mauricio Villeda, lamentó ayer que el gobierno de Juan Orlando Hernández no ha puesto mano dura contra los delincuentes de “cuello blanco”.

“No se ha visto la mano dura que pregona el presidente Hernández”, dijo el excandidato presidencial al indicar que este Gobierno se ha convertido en “el terror de los hondureños y de los liberales”.

Reconoció Villeda que hay un acuerdo “de gobernabilidad” con el Partido Nacional, pero ello “no castra en ningún momento al partido rojo, blanco y rojo”.

“Tenemos la obligación cívica y ciudadana de hacer oposición en este país y no puede dejarse apabullar por un presidente de la República que está sembrando el terror en el sector privado, en los adversarios políticos que amenazan con juicios, con la DEI y de otras maneras”.

Recomendó a Hernández llegar al fondo en el tema del Instituto Hondureño de Seguridad Social. “De ahí se sacaron fondos para campañas políticas y eso no se ha investigado en lo absoluto”.

Álvarez contesta

En defensa del Gobierno salió el vicepresidente Ricardo Álvarez, quien rechazó las insinuaciones de corrupción expresadas por Villeda.

Aunque Villeda no dio nombres de quienes pudieron haberse beneficiado de esos fondos que habrían salido del Seguro Social, Álvarez le contestó: “Cuando alguien me ataca por temas de corrupción y por cosas con las que no tengo que ver, voy a salir en la defensa porque tengo un nombre que me dio mi padre, que fue cliente de Mauricio Villeda cuando él tenía su bufete”, dijo el exprecandidato presidencial.

“Me extrañan estas posiciones, pero las entiendo por la falta de apoyo del pueblo al Partido Liberal en este momento”.

Le pidió a Villeda reconocer que el partido Libertad y Refundación (Libre) es la segunda fuerza política del país porque así lo decidió el pueblo hondureño en las urnas.

“La segunda fuerza es Libre y no hay tal que Libre y Partido Liberal tienen la fuerza mayor. Son dos partidos distintos, con dos ideologías diferentes, y en el camino se sabrá qué ocurra”, añadió el exconductor de la corriente Salvemos Honduras.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/712030-96/mauricio-villeda-este-gobierno-es-el-terror-de-los-liberales

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Testaferrato y lavado, entre delitos a imputar por desfalco al IHSS

22 de Mayo de 2014

09:56PM  –   Redacción   

Las penas oscilan entre 15 a 20 años de prisión. Además, se incluirían otros ilícitos de corrupción.

El MP aseguró a exfuncionarios del IHSS 23 bienes inmuebles valorados en unos 120 millones de lempiras.
El MP aseguró a exfuncionarios del IHSS 23 bienes inmuebles valorados en unos 120 millones de lempiras.

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público (MP) visualiza imputar delitos como el testaferrato y lavado de activos por el millonario desfalco en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El ente acusador del Estado prepara acusaciones penales contra responsables, entre ellos esposas y otros parientes de exfuncionarios de dicho centro asistencial.

Tal como lo denunció EL HERALDO, unas 320 personas habrían amasado fortunas de manera ilícita. A la fecha se han asegurado bienes inmuebles valorados en unos 120 millones de lempiras.

“Es una cantidad importante de personas, al tenor de esas transacciones de manera irregular que se hicieron tenemos funcionarios y exfuncionarios, miembros de sociedades mercantiles que se crearon solo con el propósito de dar apariencia lícita a esos dineros cuando sabemos que procedían de origen ilícito”, expresó a EL HERALDO el director de Fiscalías, Rolando Argueta.

“Podríamos hablar también de parientes de algunos exfuncionarios del IHSS que se vieron involucrados en acciones como, podríamos afirmar, el testaferrato en el marco de lavado de activos, que es un delito castigado con 15 a 20 años de reclusión”, agregó el fiscal.

Precisamente, la línea de investigación relacionada a compra de bienes inmuebles por medio de empresas fantasma o de fachada, concluirá a corto plazo.

En la operación ilícita estarían vinculados esposas y otros parientes de exfuncionarios del IHSS.

La Unidad de Reacción Fiscal y la Fiscalía contra el Crimen Organizado investigan como testaferros a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, que ya están identificados.

“Están identificadas algunas personas, con nombre y apellido. Hay una pluralidad importante de personas”, manifestó. “Estamos bastante avanzado en estas investigaciones y esperamos tener la conclusión de las mismas mediante la presentación de algunas acciones judiciales”, añadió.

Ilícitos por corrupción

Los delitos de testaferrato y lavado de activos se relacionan al crimen organizado.

Además de ello, el MP visualiza incoar acciones penales por delitos ligados a la corrupción, tal como lo confió Argueta a EL HERALDO.

“El Ministerio Público está trabajando no solo en el tema de la corrupción, que es esto de la malversación de caudales públicos, fraude, abuso de autoridad, etcétera, sino también en aquellos delitos contra la economía del Estado de Honduras, como el lavado de activos”, dijo.

Aseguró que el MP maneja nombres de los sospechosos, que por el momento no puede revelar.

“Actuamos en el marco de la responsabilidad, pero sí manejamos bastantes nombres ya de gente que pudiese haber incurrido en esos delitos, que tienen unas sanciones sumamente altas”, indicó.

Para llevarlos a los tribunales se individualizan las responsabilidades. Adelantó que uno de los indagados es quien fungió como jefe de Compras del IHSS, sin identificarlo.

Al ser consultado cuándo se acusarán a esposas de exfuncionarios y otros parientes, respondió que “estamos trabajando en ello, no hemos paralizado los trabajos investigativos y recopilación de elementos probatorios”.
“En los próximos días tendremos acciones concretas contra ellos, los vamos a presentar ante el juzgado. Se van a seguir presentando acciones contundentes ante los tribunales”, aseguró.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/712014-331/testaferrato-y-lavado-entre-delitos-a-imputar-por-desfalco-al-ihss

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Villeda está molesto porque es tercera fuerza

22 de Mayo de 2014

09:42PM  –  Redacción   

“Cuando alguien me ataca por temas de corrupción, voy a salir en la defensa”

Tegucigalpa, Honduras

El designado presidencial Ricardo Álvarez rechazó las insinuaciones de corrupción expresadas por el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Mauricio Villeda.

Villeda dijo que el gobierno de Juan Orlando Hernández no ha llegado a fondo con el tema de la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de donde sospecha sacaron dinero para financiar campañas políticas.

Villeda no dio nombres de quién pudo haberse beneficiado de esos fondos que habría salido del Seguro Social.

“Cuando alguien me ataca por temas de corrupción y por cosas que no tengo que ver, voy a salir en la defensa porque tengo un nombre que me dio mi padre, que fue cliente de Mauricio Villeda cuando él tenía su bufete”, dijo el exprecandidato presidencial.

“Me extrañan estas posiciones, pero las entiendo por la falta de apoyo del pueblo hacia el Partido Liberal en este momento”, dijo el designado.

Le pidió a Villeda reconocer que el partido Libertad y Refundación (Libre) es la segunda fuerza política del país porque así lo decidió el pueblo hondureño en las urnas.

“La segunda fuerza es Libre y no hay tal que Libre y Partido Liberal tienen la fuerza mayor, son dos partidos distintos, con dos ideologías diferentes y en el camino se sabrá qué ocurra”, añadió el exconductor de la corriente Salvemos Honduras.

“Nosotros”, añadió Álvarez, “estamos trabajando en el gobierno de Juan Orlando Hernández para tener un buen gobierno, para tener buenos resultados”.

“Yo defiendo las causas justas y cuando veo que hay un buen ambiente en nuestro país para que generemos inversión, para que haya confianza, para que haya empleo, voy a salir en defensa”.

“Como cachureco”, añadió, “me siento orgulloso de haber contribuido a la unidad del partido para que dentro de tres años y medio nuestro partido vuelva a ganar las elecciones porque habremos hecho un buen gobierno”.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/712019-331/villeda-est%C3%A1-molesto-porque-es-tercera-fuerza

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Honduras: Catastro informó que terreno privado era ejidal

22 de Mayo de 2014

09:48PM  –  Redacción   

Los 105 títulos fueron inscritos en un tiempo récord. Buscan anular documentos.

Tegucigalpa, Honduras

En abril del 2012, Marco Tulio Luque, jefe de la Unidad de Catastro del centro regional de la zona noroccidental para la regulación predial de San Pedro Sula, hizo constar por escrito que un terreno que ocupa la Asociación de Pobladores Independientes de La Ceiba era ejidal.

Sobre este predio, la Dirección General de Regulación Predial emitió 105 títulos de dominio pleno, pero solo se habían entregado cinco cuando se enteraron que habían titulado un terreno privado que estaba en fideicomiso en un ente bancario.

De acuerdo con Claudia Sierra, directora de Regulación Predial, quien firmó las resoluciones de los títulos, estos se emitieron confiando en la información y el levantamiento que hizo la oficina de Catastro de la Regional Noroccidental.

Y que los cinco títulos se entregaron tomando en cuenta una constancia emitida por Carlos Augusto Solís álvarez, registrador titular del Instituto de la Propiedad en La Ceiba, donde el también sostiene que el terreno es de naturaleza ejidal.

Trámite

Los trámites para la titulación de 105 lotes iniciaron desde el 2012.

El 25 de abril del 2012, Marco Tulio Luque, jefe de la Unidad de Catastro del centro regional de la zona noroccidental para la regulación predial de San Pedro Sula, hizo constar que el área donde se ubica la tierra que ocupa la Asociación de Pobladores Independientes del Municipio de La Ceiba, Atlántida, se encuentra ubicado en Sitio Ejidos de la Ceiba, del municipio de la Ceiba, Atlántida”.

El 7 de noviembre del 2012, mediante oficio CR-SPS-25-2012, Roberto Alonso Matute Vásquez, coordinador Regional de Regulación Predial en San Pedro Sula, le solicitó a Fausto Ramírez García, director general de Catastro, que “gire instrucciones a la oficina regional con el objeto de que se proceda a realizar el ingreso catastral del asiento humano Asociación de Pobladores Independientes de La Ceiba Atlántida, quienes tramitarán sus títulos por medio del programa de Titulación Masiva, tal como quedó aprobado en reunión de Comisión Interinstitucional”.

El 15 de febrero de 2013 José Rodolfo Mesa Barahona, jefe de la Unidad de Regularización Predial San Pedro Sula, le remitió una nota a la abogada María Lidia Paz, oficial de titulación de Tegucigalpa, donde le dice: “le remito copia del memorándum 10-2013-OT con el recibido y a la vez le envío ciento seis solicitudes de dominio pleno, con su respectivo listado, de la comunidad de Asociación de Pobladores Independientes de La Ceiba Atlántida. Le agradeceré me envíe copia de recibido”.

Según un informe realizado por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (Alac) de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) capítulo de Transparencia Internacional (TI) en marzo del 2013, Regularización Predial abre expediente para la titulación de los predios solicitados.

En abril del 2013, el Instituto de la Propiedad, a través de la Dirección General de Regularización Predial, decretó mediante resolución número 1263-2013-T la regularización de ese terreno que está ubicado en la ciudad de La Ceiba, contiguo a la colonia Marisol, atrás de los predios donde se ubica la Universidad Pedagógica.

“La regulación se efectuó por el mecanismo de equiparamiento a dominio útil por más de cinco años y su consolidación a título de dominio pleno, sobre 105 lotes para igual número de propietarios”, dice el informe de Alac.

Los 105 títulos de dominio pleno fueron debidamente registrados en el Instituto de la Propiedad en el mes de mayo del 2013.

El 12 de junio de ese mismo año, el registrador del Instituto de la Propiedad en La Ceiba, Carlos Augusto Solís Álvarez, hace constar “que se realizó inscripción de dominios plenos de la Asociación de Pobladores Independientes, de La Ceiba, Atlántida, sobre un terreno de naturaleza ejidal, de acuerdo a título extendido por la Dirección General de Regularización Predial; y sobre el terreno adjudicado no se afectó asiento registral alguno por no poseerlo y tampoco ha sido objeto de anotaciones preventivas judiciales”.

Justificación

En el 2013, cuando surgen estos títulos de La Ceiba, “nosotros teníamos reuniones interinstitucionalmente, con esta gente de la Conafeph que dirige Marco Antonio Baday y con el ministro Áfrico Madrid, él era el presidente de esa comisión”, explicó Sierra.

Según la directora de Regulación Predial, todos los lunes las agendas la hacía la Conafeph y “nosotros les dábamos respuesta a lo que ellos nos decían o fijábamos fecha”.

Dentro de todas esas agendas siempre venía la colonia Asociación de Pobladores Independientes de La Ceiba, aparte de otras.

Como el año pasado a Regularización Predial se le retiró el presupuesto a raíz de una serie de irregularidades que surgieron en el IP, entonces se quedaron sin recursos para hacer la titulación.

Y como no tenían títulos para pagar viáticos a la gente que hacía los levantamientos, entonces se le pidió a Catastro de la Regional de San Pedro Sula que hiciera el proceso de levantamiento en La Ceiba.

“Cuando a nosotros, la regional, nos mandan los expedientes para dictaminar y emitir resolución con la firma de la persona que supuestamente vivía en el predio, con las testificales, firmadas y con la copia de la tarjeta de identidad, entonces nosotros pasamos al sistema de control de calidad al SURE, donde sale que los terrenos son de naturaleza ejidal”.

Pero antes de llegar a realizar el levantamiento para títulos, Catastro ha hecho un levantamiento catastral donde se supone que va el técnico catastral, levanta la ficha de campo, toma los datos del dueño del predio, este le da la información a Predial para ver qué tipo de terreno se va afectar.

En las fichas de campo se establece que los solicitantes tenían más de cinco años de poseer esos predios, pero en realidad como que no era así.

“Nosotros dependemos de la información que la regional nos da y no podemos dudar de ellos. Además los registradores deben de saber si existe un antecedente registral de ese inmueble o no. Catastro debió investigar los antecedentes en la alcaldía, “pero Marco Antonio Luque que era el jefe de Catastro de San Pedro Sula, dice que el fue a la alcaldía pero que no estaba el jefe de catastro”.

“Como Marco Antonio Luque puso en el sistema que eso era ejidal, nosotros nos confiamos. El SURE es la herramienta del folio real donde nos permite a nosotros brindar la mayor transparencia y seguridad jurídica. Para que catastro pusiera que es ejidal tuvo que haber pasado por filtros”.

“¿Cómo me di cuenta yo? Un día vino una persona (de un banco) y dice: ustedes titular unos predios nuestros. Entonces el presentó un reclamo administrativo donde me muestra el predio y las colindancias del predio de 52 manzanas y coinciden con los que nosotros dimos. Nosotros no dimos 52 manzanas, dimos 105 predios ya parcelados”,

En cuanto a los cinco títulos entregados, la directora de Regulación Predial sostuvo que esos títulos los entregó el 12 de junio del 2013, antes de que le visitaran del banco afectado. Retuvo los demás porque “en el registro de La Ceiba se tardaron cinco días en inscribir esos 105 títulos; pero anteriormente no habían inscrito siete titulos en una semana y me inscriben 105 títulos en un tiempo récord, eso me creo sospecha”, añadió.

Sierra manifestó que al darse cuenta que habían titulado una propiedad privada acudió a la Procuraduría a buscar un asesoramiento y al Consejo Directivo, donde les planteó que había “un problema, pero no es solo institucional, significa que 105 personas falsearon la información y están usurpando un terreno ajeno”.

Según ella, se logró establecer con la Procuraduría la forma de que se anularan los 105 títulos a través de los juzgados, y de hecho ya está la demanda.

Ella no ha sido llamada a declarar por ninguna fiscalía, a pesar que la Alac presentó una denuncia en el Ministerio Público para que se investigue este caso de los 105 títulos.

Una investigación del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, revela que el asiento número 01 tomo 875 inscrito en el mismo Registro de la Propiedad, contiene la escritura de fideicomiso otorgado por la empresa Desarrollos y Proyectos S.A. a favor de la entidad bancaria.

De igual manera en el asiento número 01 del tomo 1341 efectuado a finales del año 2013, “el banco cancela el contrato de fideicomiso, por lo que el inmueble (sobre el cual se emitieron los 105 títulos) regresa a ser propiedad absoluta de Desarrollos y Proyectos”.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/712017-331/honduras-catastro-inform%C3%B3-que-terreno-privado-era-ejidal

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Unaccompanied Child Migrants and the Central America Exodus

A surge in unaccompanied child migrants is predicted in 2014 A surge in unaccompanied child migrants is predicted in 2014

The United States is seeing a flood of migrants — many of them unaccompanied children — from Central America, despite economic conditions leading to lower migration in the region as a whole. Could insecurity and organized crime be behind this Northern Triangle exodus?

Between 2000 and 2010, the number of Central American migrants entering the United States increased by 50 percent, growing from just over two million to more than three million. This growth came against the backdrop of a drastic fall in the total number of unauthorized immigrants entering the United States between 2005 and 2010, according to the Department of Homeland Security (pdf), with the post-2008 global economic recession touted as a key driver of this downward trend.

While the increase in Central American migrants ran counter to economically motivated migration patterns in the wider region, it broadly coincided with deteriorating security and the growing presence of organized crime in Central America. This was particularly true in the three countries where the majority of migrants came from — the so-called “Northern Triangle” of El Salvador, Honduras and Guatemala.

A recent study, “Violence and Migration in Central America” (pdf) by the Latin American Public Opinion Project (LAPOP) attempted to establish whether the migration was connected to security issues, using surveys taken throughout the isthmus to analyze the population’s perceptions and experience of migration, insecurity and corruption.

The findings are somewhat inconclusive, and the report highlights how the existence of pre-established migration networks makes it extremely difficult to determine whether crime has acted as a sole push factor. However, some significant patterns did emerge.

homicidesgraphThe investigation found that, while violence has increased to some degree in most of the countries over the past decade — including an explosion of violence in Honduras (click on LAPOP homicides graph to expand) — it is only in El Salvador that people reported feeling more fearful of crime. However, the study also used a “binary logistic regression model” (click on LAPOP chart to expand) to establish that being a victim of crime or corruption is far more likely to inspire migration than simply feeling it is a major problem.

Tens of thousands of the Central Americans that decide to migrate are unaccompanied minors, and those that work with them say there is anecdotal evidence that in their cases insecurity is the main motivation.

factorsgraphIt is predicted that up to 60,000 unaccompanied child migrants will enter the United States in 2014, according to US Department of Homeland Security sources quoted by the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) in a report (pdf) released in late 2013. The figure represents more than double the 24,000 registered in 2013 and follows a pattern of rapid growth, with 13,000 arriving in 2012 after an average of 6,800 registered each year between 2004 and 2011.

Most of the children cross the country’s southern border, with the overwhelming majority from Mexico, El Salvador, Guatemala or Honduras. The increase in unaccompanied child migrants from the three Northern Triangle countries has been so steep that in 2012 they had come close to the number originating from Mexico, even though the Northern Triangle’s combined population is around a quarter of Mexico’s 120 million residents.

For David Walding, Executive Director of the Bernardo Kohler Center — an NGO in Texas that works with undocumented migrants — while the predicted numbers for 2014 appear exaggerated, the pressing nature of the problem and its causes are not.

“Most of them are fleeing some type of gang violence, that’s the predominant issue,” Walding told InSight Crime.

“That’s certainly what we see with the 15 or 16 year old kids, pressure from the gangs, either pressure to join a gang or some sort of extortion,” he said.

This, according to Walding, is a development of recent years.

“In the past we saw more of the poverty driven migration, so kids would come here [to the United States], mostly boys, looking to earn money,” he said.

SEE ALSO: Coverage of Human Trafficking

Another commonly touted reason for child migrants leaving Central America is because they have family in the United States, but according to Virginia Raymond, an immigration lawyer based in Austin, Texas, this too is now rarely the case.

“Their primary reason was not to reunite with family, it’s to escape violence” Raymond told InSight Crime.

According to Raymond, while domestic abuse can drive children into the hands of gangs and organized crime, it is not always a factor.

“One girl’s [home life] was fine, but she was kidnapped by narcotics traffickers,” Raymond said. “When she was pregnant, he [one of the men who kidnapped and raped her] came after her and wanted to reclaim his child.” The girl subsequently escaped from Honduras to the United States.

For such children, kidnap, extortion, rape or murder are accepted risks of the journey in part because they have grown up surrounded by such things. While the United States is expecting large numbers to reach its borders, many children only get as far as Mexico, before being deported or forced into labor or sex trafficking.

InSight Crime Analysis

While, as the LAPOP report shows, it is difficult to accurately assess what personal motivations lie behind mass migration patterns, it is clear that there is a degree of correlation between the rise in Central American migrants headed to the United States and the security situation in their home countries.

As noted in the USCCB report, the steep increase in unaccompanied children since 2011 coincides with the aggressive entrance of the Zetas into Guatemala. It also followed the 2009 coup in Honduras, which saw the country become the most violent peacetime nation in the world as organized crime took advantage of the political turmoil.

SEE ALSO: The Zetas in Guatemala

However, as demonstrated by the testimonies of child migrants, it is often street gangs rather than drug cartels that have the most direct impact on the lives of the wider population. The gangs known as “maras” have a strong presence in all three Northern Triangle countries, especially in El Salvador, where in recent years gangs have been responsible for almost half of all murders in the country.

In gang-controlled areas, the maras threaten, beat and even kill not only rivals but also anyone perceived to be challenging their authority. Extortion and child recruitment is rampant. All can drive people from their homes.

In contrast, the Zetas influence in Central America is now waning, while their rivals the Sinaloa Cartel prefer a lower profile and less violence in their Central American operations. In El Salvador, local organized crime and drug traffickers prefer a legitimate facade to brutal violence.

Regardless, both gangs and organized crime have undoubtedly contributed to an atmosphere of deteriorating security, and their victims are certainly among the thousands of migrants seeking a new life in the United States, even if it is impossible to assess exactly what proportion is fleeing insecurity. Until the Northern Triangle countries can begin to tackle this criminal threat — something they are currently a long way from doing — the exodus will likely continue.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-analysis/unaccompanied-child-migrants-and-the-central-america-exodus

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Protestan empleados de la Dirección de Transporte por falta de pagos May 22, 2014 Protestan empleados de la Dirección de Transporte por falta de pagos Un grupo de trabajadores de la dirección de transporte dependencia de la Secretaría de Obras Públicas, reclama al gobierno el pago de sus salarios y a la vez piden una revisión del mismo, ya que muchos de los trabajadores están recibiendo salarios mínimos. Según la denuncia que los mismos trabajadores hacen, unos 80 empleados han sido suspendidos del sistema de pago sin brindar ninguna explicación, por lo que fueron despedidos de manera ilegal. Patricia Hernández, habló en nombre de los trabajadores afectados y narró la difícil situación que están viviendo ya que no les están pagando por su trabajo, reciben bajos salarios por lo que los condenan a vivir en la extrema pobreza. “Los empleados estamos teniendo dificultades económicas, las personas que pagan alquiler se les está desalojando por falta de pago, además tenemos compañeros que están en la tercera edad y padecen de enfermedades crónica, por eso exigimos que el presidente se ponga la mano en la conciencia y nos resuelva, porque ya no soportamos esta situación” dijo.

Protestan empleados de la Dirección de Transporte por falta de pagos

May 22, 2014

Un grupo de trabajadores de la dirección de transporte dependencia de la Secretaría de Obras Públicas, reclama al gobierno el pago de sus salarios y a la vez piden una revisión del mismo, ya que muchos de los trabajadores están recibiendo salarios mínimos.

Según la denuncia que los mismos trabajadores hacen, unos 80 empleados han sido suspendidos del sistema de pago sin brindar ninguna explicación, por lo que fueron despedidos de manera ilegal.

Patricia Hernández, habló en nombre de los trabajadores afectados y narró la difícil situación que están viviendo ya que no les están pagando por su trabajo, reciben bajos salarios por lo que los condenan a vivir en la extrema pobreza.

“Los empleados estamos teniendo dificultades económicas, las personas que pagan alquiler se les está desalojando por falta de pago, además tenemos compañeros que están en la tercera edad y padecen de enfermedades crónica, por eso exigimos que el presidente se ponga la mano en la conciencia y nos resuelva, porque ya no soportamos esta situación” dijo.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/950-protestan-empleados-de-la-direcci%C3%B3n-de-transporte-por-falta-de-pagos

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Depuración judicial infringe derechos humanos

May 22, 2014

La Asociación de Jueces por la Democracia junto al Centro por la justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), realizaron un foro en la ciudad de San Pedro Sula para analizar el proceso de depuración judicial iniciado en Honduras, de esta manera hacer un balance de las acciones emprendidas por el Consejo de la judicatura en la suspensión y cancelación de varios jueces y juezas.

CEJIL recientemente hizo un estudio donde comprobó que el proceso de depuración o reforma al sistema de judicial en Honduras es incompatible con los estándares internacionales, ya que las pruebas emprendidas por los miembros del Consejo de la Judicatura son violatorias a los derechos humanos y atentan contra la independencia judicial.

Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la justicia y el Derecho Internacional, declara que no existe manual que reglamente los procesos disciplinarios y sus respectivas sanciones, situaciones que expone a los jueces y magistrados que quieren trabajar apegados a las leyes.

“Lo primero que cuestionamos es la realización de procesos disciplinarios, sin que haya una ley que establezca claramente cuáles son las causales que se imputa, procedimiento, sanciones, también se hacen suspensiones temporales sin darles motivo de sus suspensión,” dijo Aguiluz.

Por su parte, el abogado Ramón Enrique Barrios, juez de sentencia destituido en meses anteriores por el poder judicial, expuso sobre su caso y cómo estas acciones atentan contra la ciudadanía, a quien se le priva de contar con jueces independientes que puedan garantizar sus derechos.

“La depuración implica que una persona está siendo juzgada por sus ideas políticas; sin embargo, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento son garantías que están estipulas en la constitución de la república y nadie debería ser sometido a un proceso disciplinario por estas ideas, independientemente que sea Juez” expresó el abogado.

El abogado Guillermo López Lone de la Asociación de Jueces por la Democracia agrega que la realidad del país llama a que las diversas organizaciones de sociedad civil, populares, sociales y a los medios de comunicación, realicen acciones en conjunto para rescatar la institucionalidad, ya que no contar con un sistema de justicia eficiente se refleja en la realidad cotidiana de la gente.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/951-depuraci%C3%B3n-judicial-infringe-derechos-humanos

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Hernández’s “Mano Dura”: An Enduring Barrier to Reform

By: Ada Cruz –Torres, Research Associate at the Council on Hemispheric Affairs

Four months after being sworn in as president of Honduras, Juan Orlando Hernández has carried out some security-oriented initiatives to battle his country’s rising murder rate. [1] Apart from creating the Military Police of Public Order (PMOP), Hernández’s security forces succeeded in capturing a drug kingpin in March, and also have successfully managed to pressure cell phone companies into creating a perimeter around prisons that cuts off satellite reception. Since the implementation of these policies, about one thousand new soldiers have been integrated into the PMOP, the captured drug lord, Carlos Arnoldo Lobo, has been extradited to the U.S., and extortions have gone down 75 percent. [2] [3] [4]

Nonetheless, there are still monumental problems that President Hernández has yet to tackle. The first is that of massive underfunding of Honduras’ penitentiary system. The Honduran daily, El Heraldo, reported on April 17 that since January, penitentiary centers had received no funding to feed their prisoners. [5] After weeks of being fed by humanitarian organizations, the government finally transferred the necessary maintenance funds to detention centers. However, this money lasted for a mere 20 days in spite of the fact that, according to El Heraldo, it costs the government 12 lempiras per day, equivalent to about 65 cents, to provide for a prisoner’s basic needs. (Ibid)

Andrés Molina, a worker at the Center for Prevention, Treatment, and Rehabilitation of Tortured Victims (CPTRT) in Honduras, claims that 750 million lempiras are needed annually to successfully run state prisons. Such funds would ideally be used to pay guards a respectable salary, feed and clothe prisoners, and account for the facilities’ maintenance. However, only 450 million lempiras are allocated for these purposes at the present time. [6]

Even more troubling is the fact that prisons are not always run by guards. The 2013 Inter-American Commission on Human Rights report on the situation of prisoners in Honduras reveals that prison authorities have limited power over inmates. It is prisoners, often leaders or ranking members of notorious gangs like Mara Salvatrucha or Mara 18, rather than state or federal prison guards, who attempt to maintain discipline in the prisons. [7] [8]

The 2013 report also raises another grave issue for Honduras’ prisons, arguing that the government has failed in its attempt to regulate its penitentiary system with reference to the minimum standard of prisoners’ basic wellbeing. The two major fires that have occurred in the span of the past ten years – one in 2004 in San Pedro Sula and a second one in 2012 in Comayagua – resulting in the death of 500 people altogether, present a system with huge structural deficiencies and in which human rights are routinely violated. [9]

Another issue worth addressing is the state’s violence toward its citizens. The high level of impunity in Honduras highlights the inefficiency of the judicial system. With one of the most corrupt police units in Latin America – police caused 149 innocent civilian deaths between 2010 and 2012 – the force has proved to be ‘unreformable.’ [10] Police are known to accept bribes, pass important information to organized crime organizations, and even participate in violent criminal operations. According to the 2012 Latin American Public Opinion Project, Honduras has the lowest confidence rating for police in the region. [Ibid] The reform process set forth in 2011 involving polygraph and drug tests has not yielded substantial progress. Only 7 of 33 police officers who failed these tests were dismissed. [Ibid]

Beyond budgetary shortcomings, a lack of control over inmates, human rights abuses, and a deficiency of policy ensuring inmate, staff, and facility safety, prisons lack effective method or strategy for rehabilitation purposes. “The state does not guarantee that prisoners will leave their cells ready to be reintegrated as worthy members of society,” Molina says hopelessly. “They do not take responsibility for these citizens.” [Ibid]

Violence and instability have plagued prisons since the 1980s, when the country adopted a new constitution. Violence increased, however, with the ‘mano dura,’ or zero tolerance, policy employed by President Ricardo Maduro (2002-2006). The policy, which proved to be very popular in Latin America due to the high crime rate, stems from the broken window theory, which argues that the most serious crimes happen because of minor violations. In other words, the policy rounds up people, particularly youth, for small offenses and incarcerates them to prevent them from committing large-scale crimes in the future. In the meantime, the policy largely ignores white-collar crime. [10] Mainly used to target hopeful voters, these policies have proved to be deceitful given that they have not resolved insecurity issues. [11] The problems Maduro faced and attempted to overcome – violence, drug trafficking, and continued impunity within prison grounds – have  yet to be handled properly. [Ibid]

Small Steps Forward

In spite of the overwhelming issues of the Honduran penitentiary system, there have been some small signs of progress. The Porfirio Lobo administration (2010-2014) set forward an initiative in 2013 that gave inmates some grounds for hope. The project involved prisoners building desks and writing boards for public schools. Lobo explained that this would give prisoners some work to occupy themselves while giving children a sliver of hope for a better future in a slightly improved classroom setting. Notwithstanding, there was still a shortage of 400 desks in the beginning of this school year. [13] [14] [15] It is hoped that Hernández’s relentless tough-on-crime approach will not preclude the continuation of even these small gains.

Additionally, initiatives like the one taken to block cell phone signals in prisons will potentially help reestablish control in Honduran prison facilities. It is a known fact that inmates smuggle phones into prisons and use them to communicate with outside members of organized crime to plan kidnappings, drug deals, or even murders. [16]

Other Honduran entities have also taken the initiative to reform the country’s corrections system. The National Autonomous University of Honduras has recently employed 100 people in a five-month program to help defend prisoners from human rights violations. The university cites its focus areas as health, education, nutrition, and human rights advocacy. [17]

International support

Internationally, there has been a considerable amount of support to help redefine and reconstruct some of the worse prisons in Honduras. Israel has come forth with an offer to build maximum-security jails in light of the prison fire that took place in February of 2012 in the Comayagua jail. [18] Furthermore, Europe is also coming to the aid of the Central American nation as the European Union announced this past May 14 that it will invest $1.37 million in penal reparations to combat organized crime and promote reforms in the Central American Integration System countries, of which Honduras is a member. The program is supposed to generate a regional proposal to unify the countries’ penal legislation. It is framed by the Central American Security Strategy, which coordinates more than 20 initiatives that aim to combat criminality in the region. More than 3,300 policemen, judges, and attorneys have been appointed to this task. [20]

Concluding remarks

 The Hernández administration has a lot in its hands. No matter how much help the international community is willing to provide to help strengthen the country’s penitentiary system, the maintenance, let alone the reform, of these prisons is a huge task for which the Honduran government, with its poor track record, must take responsibility. Once prisons are built, necessary actions must be taken maintain their operations, let alone proceed to reform them. Qualified, well-paid guards would reduce temptation for corruption. More generally, Hernández must allocate funds to their appropriate organizations, instead of congressmen’s wallets, which is hardly an easy task.

Most importantly, the president should review his ‘mano dura’ motto. This oppressive punishment system has greatly contributed to the overcrowding of prisons. There are now 12,263 people incarcerated in Honduras’ 24 prisons even though the establishments were built to house 8,120 inmates [21]. Ironically, this helps gangs consolidate and proliferate throughout the prison system. Hence, the zero tolerance policies generate an interesting paradox by creating fertile ground for gangs to better institutionalize themselves and better poise themselves to challenge Honduran authorities.

The firm hand mentality fails to set a positive precedent for the future of Honduras. A common Spanish proverb is “violencia engendra violencia,” or violence breeds violence. If politicians are not addressing the penal system’s deficiencies, then prisoners will use unfair treatment to justify their actions. As the 2013 Human Rights report advised, the government must make prison reform a priority in its political agenda and focus on the rehabilitation of inmates and their subsequent reintroduction into society [Ibid]. The continuity of the few successful current policies, the creation of an appropriate legal framework and a responsible budget, and institutional integration are all crucial elements for improving the penal system. So long as ‘mano dura’ approaches to addressing crime are in place, these necessary reforms are unlikely to come into fruition.

Ada Cruz –Torres is a Research Associate at the Council on Hemispheric Affairs

Please accept this article as a free contribution from COHA, but if re-posting, please afford authorial and institutional attribution. Exclusive rights can be negotiated. 

For additional news and analysis on Latin America, please go to: LatinNews.com and Rights Action. 

References

______________________________________________

[1] http://www.cnn.com/2014/04/10/world/un-world-murder-rates/

[2] http://www.latribuna.hn/2014/03/17/nuevo-batallon-de-1000-policia-militares/

[3] http://bigstory.ap.org/article/honduras-extradites-drug-suspect-us-first

[4] http://elmundo.com.sv/honduras-demuestra-que-se-puede-cortar-la-senal-a-celulares-en-prisiones

[5] http://www.elheraldo.hn/pais/703479-214/centros-penales-est%C3%A1n-sin-alimentos

[6] Phone interview with the Center for Prevention, Treatment, and Rehabilitation of Tortured Victims in Honduras

[7] https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/HONDURAS-PPL-2013ESP.pdf

[8] http://www.latribuna.hn/2012/02/18/centros-penales-al-borde-del-colapso-por-hacinamiento-y-falta-de-politica-penitenciaria/

[9] https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/HONDURAS-PPL-2013ESP.pdf

[10] http://www.insightcrime.org/news-briefs/honduras-remove-corrupt-police-reform, http://www.insightcrime.org/organized-crime-profile/honduras#judiciary

[11] http://www.cjcj.org/uploads/cjcj/documents/broken.pdf

[12] Lirio Gutierrez Rivera, Territories of Violence: State, Marginal Youth, and Public Security in Honduras, New York (2013)

[13]http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Pais/story.csp?cid=582385&sid=299&fid=214

[14] http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/443489-98/ano-escolar-iniciara-con-grandes-carencias

[15]http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Pais/story.csp?cid=582385&sid=299&fid=214

[16] http://www.channel4.com/news/san-pedro-sula-honduras-murder-capital-gangs

[17] http://www.latribuna.hn/2014/04/28/unah-ofrece-diplomado-para-proteger-los-derechos-humanos-de-los-privados-de-libertad/

[18] http://www.latribuna.hn/2012/02/16/israel-quiere-construir-carceles-de-maxima-seguridad-en-honduras/

[19] The Iran-Contra Connection, by Jonathan Marshall, Peter Dale Scott, Jane Hunter. 1987

[20] http://www.eldiario.es/politica/UE-aportara-millones-armonizacion-Centroamerica_0_260023998.html

[21] http://www.huffingtonpost.com/2013/08/04/honduras-prison_n_3703893.html

 

Fuente: http://www.coha.org/hernandezs-mano-dura-an-enduring-barrier-to-reform/

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En cárceles de Choluteca, Trujillo y Olancho, presos siguen usando celular

22 mayo, 2014 – 7:25 PM

El titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Ricardo Cardona, confirmó que en los centros penales ubicados en Trujillo, Choluteca y Olanchito, los privados de libertad siguen haciendo y recibiendo llamadas, según el seguimiento que les han dado luego de haberse impuesto el bloqueo telefónico y de transmisión de datos.

Hasta el lunes tienen de plazo las empresas de telefonía móvil para que subsanen esta situación adversa al bloqueo, advirtió el presidente de Conatel, Roberto Cardona.

“Nos han confirmado que en tres centros penales han estado entrando y saliendo llamadas de teléfonos celulares”, expresó al indicar que cuentan con unos aparatos de vigilancia con los que se ha podido observar la irregularidad y que en esta ocasión no tiene que ver con el uso de teléfonos inteligentes o satélites; sino más comunes.

En consecuencia, el funcionario informó que tras una reunión con los diferentes operadores de justicia, junto a los tres operadores de telefonía móvil que funcionan en Honduras, determinaron brindar un plazo de 48 horas para que subsanen sus errores técnicos.

El plazo para ello, indicó es de 48 horas, vence el viernes, por lo que “de no ser así, el lunes se les aplicaría una multa de 20 millones de lempiras a cada operador”.

“Mañana (viernes) a las 3:00 de la tarde tienen que estar solucionados esos problemas, sino están solucionados esos problemas, yo tengo un informe técnico listo mañana a las 5:00 de la tarde e inmediatamente el lunes procedo como quedamos en el Consejo de Seguridad de Telecomunicaciones, para aplicar esa multa”, advirtió.

El funcionario no descartó que en otros centros penales ocurra la misma situación, por lo que está a la espera de los informes de los equipos distribuidos.

Por eso, reiteró que a las compañías telefónicas les están exigiendo la compra y colocación de bloqueadores a lo interno de los centros penales, como una medida técnica eficiente ante el único propósito que persigue el Estado y que tiene que ver con su estrategia de minorar los niveles de violencia y criminalidad, que en su mayoría se ordenan desde las cárceles. (SA)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/05/22/en-carceles-de-choluteca-trujillo-y-olancho-presos-siguen-usando-celular/

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La minería empobrece, enferma y mata

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Tegucigalpa.

Mientras las grandes transnacionales mineras, generalmente canadienses, llegan a los países del istmo centroamericano ofreciendo riqueza, desarrollo, empleo y respeto a los derechos humanos, la realidad que se ve en las comunidades del Valle de Siria (Honduras), Asunción Mita (Guatemala), San Isidro (El Salvador), o Bonanza (Nicaragua), es otra.

Atraídas por los recursos mineros, especialmente oro y plata, las mineras han explotado el suelo y sub suelo de la región, sin tomar las medidas necesarias para proteger el hábitat de los poblados, quienes han sido los menos beneficiados con dicha actividad, poco a poco matando no solo sus esperanzas, sino acabando con su probabilidad de vida, recursos naturales y fauna.

Según datos propiciados por  la vicepresidenta de la Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, Xiomara Gaitán, las transnacionales mineras pagan en Honduras un canon aproximado de 182 dólares por onza de oro extraída.

Y ya, desde el 2012, el Bank of América Merrill Lynch, proyectaba que el precio del oro podría escalar hasta los 2,400 dólares la onza a finales de 2014 como consecuencia de las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo.

Lo que evidencia que los que los beneficiados son los dueños de las empresas mineras, quienes viven cómodamente y sin contaminación, en lugares exclusivos, alejados de las zonas devastadas por la exploración minera a cielo abierto.

Desde el año 1578 se registran las primeras actividades mineras en Honduras, y fueron en las localidades de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa, Santa Lucía, El Corpus, Apoteca, Cedros, Yuscarán y Sensenti.

Aunque ya no es tanta la cantidad de oro en las minas actuales en Honduras, las empresas se llevan “la brosa”, la tierra en su conjunto, para después sacar otros minerales de ahí.

Andrés Mckinley, autor del documento “Mitos y Realidades de la minería de oro en Centroamérica”, para Cáritas, El Salvador, dijo que se pone a prueba una serie de promesas que viene haciendo las empresas mineras para convencernos que hay algo nuevo en la minería, menos dañino en el medio ambiente, genera empleo, beneficios para las comunidades afectadas por la minería, que genera ingresos para el Estado, que genera el desarrollo sostenible y que respeta los derechos humanos.

Cabe señalar que este estudio se hizo en base a los proyectos de minería metálicas en marcha, reales y actuales en Centroamérica.

Para contrarrestar esta ola creciente de resistencia frente la minería a nivel mundial, y especialmente en Centro América, las empresas mineras han tomado la ofensiva.

Están en un esfuerzo de ganar mentes y corazones y de convencernos de que hay una nueva forma de minería más limpia, beneficiosa para todos y todas y respetuoso de los derechos humanos.

Agregó que, realmente no podemos hablar de beneficiados por la minería, porque los costos  de la mineral metálica para las comunidades cercanas al proyecto minero y para los países, son muy altos especialmente por el medio ambiente, a pesar que las empresas mineras nos hablan de minería verde, moderna y responsable, para darnos esa impresión que hay algo nuevo en la tecnología, menos dañino al medio ambiente, pero eso no es cierto, pues la concentración de oro y plata que queda en el subsuelo de estos países es muy baja, entonces por su naturaleza requiere de tecnología muy dañina al medio ambiente para explotarlo.

Un ejemplo es cuando hay poca concentración de mina en el sub suelo, hay que cortar el bosque para llegar ahí, no hay otra forma, afirmó Mckinley, y hay que remover el suelo agrícola para llegar al oro y plata y hacer enormes hoyos para llegar donde está la concentración de oro.

Aparte del uso de grandes cantidades de agua, la minería de oro en Centro América contamina los ríos, lagos y mantos acuíferos con cianuro, un químico altamente tóxico, requerido en enormes cantidades para la etapa de lixiviación. Este químico es una amenaza a la flora y fauna y, en cantidades pequeñas, del tamaño de un grano de arroz, puede matar a un ser humano.

Según los pobladores de Valle de Siria de Honduras, una zona históricamente ganadera y de producción de granos básicos, la mina San Martín, en nueve años de operaciones, ha secado 19 de los 23 ríos originales de la zona, y el mismo gobierno reveló que la minería de oro dejó ríos y otras fuentes de agua, contaminados con niveles de cianuro mayores que las normas internacionales.

Las empresas mineras argumentan que la minería genera empleo para comunidades a nivel local. No obstante, según estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas, la minería de hoy genera solo 0.09% del empleo a nivel mundial.

Además, el empleo que genera es principalmente para personas traídas de afuera, ya tecnificadas y experimentadas en la industria minera, no para la gente de las comunidades cercanas, a ellos les toca el trabajo menos humano y peor pagado, explica Mckinley.

Por lo que es un mito que la minería de oro en Centro América tienda generar mayores costos que beneficios para las comunidades y los países en vías de desarrollo. Por esa razón, no contribuye al desarrollo sostenible, ni genera ingresos significativos para los países de la región.

En el tema de derechos humanos, no son respetados en ningún momento, el caso de El Salvador, es aún más dramático, expuso Mckinley.

En este país tan densamente poblado, con crisis de agua y un medio ambiente descrito por las Naciones Unidas como el más deteriorado en las Américas después de Haití, la ciudadanía y el gobierno se han pronunciado en contra de la minería metálica. La voz de rechazo a esta industria incluye algunas de las instituciones, sectores, organizaciones y personajes más importantes del país.

La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, Caritas, El Procurador de Derechos Humanos, La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), La Universidad Nacional, La Iglesia Luterana, Las Conferencia de Religiosos/as de El Salvador, La Mancomunidad de municipalidades de Chalatenango en el la cuenca del Río Lempa, Organizaciones ambientalistas, La Mesa Nacional Frente a la Minería, La Alianza Ambiental, El Foro del Agua, El Foro para la Salud, Un ex-presidente de la República y el actual presidente Mauricio Funes, se han manifestado en contra de la explotación minera, aunque esto les ha llevado a ser demandado internacionalmente por las transnacionales.

Es así, que la minería sigue violando los derechos humanos más fundamentales de los pueblos y bloquea la búsqueda de países en vías de desarrollo de sus propios caminos hacía el progreso, apuntó el investigador Andrés Mckinley, quien participó en el Taller Internacional sobre Minería y Derechos Humanos, realizado en Tegucigalpa, la semana pasada.

Hay que unir fuerzas para enfrentar la minería

El impacto de la explotación minera, es global, afecta el medio ambiente en general, por lo tanto no es un modelo de desarrollo sostenible para los pueblos.

Un proyecto llega, destruye el ambiente y no tiene más de 15 años de vida, por lo que no puede ser un medio de vida para una comunidad, dijo Ana Paula Hernández, del fondo para los derechos humanos globales.

Cada vez hay más voces que van directamente a los accionistas de las mineras, por lo que no creemos que los dueños no se den cuenta de los estragos que realiza esta actividad.

En el Valle se Siria, hay un población entera, enferma, es visible las secuelas de la minería en su piel y cabello, pero no sabemos exactamente lo que sucede dentro de su organismo.

Tenemos ejemplo de como se ha contaminado las fuentes de agua cercanas a las mineras, y también de la lucha de la población, la resistencia de la gente y el apoyo de las entidades gubernamentales, aunque no es en la mayoría de los países.

En Honduras, la lucha es muy fuerte, a pesar de la represión terrible, de un gobierno que le ha abierto las puertas a las minas, hay comunidades que han expulsado empresa mineras de sus zonas. Y uniéndonos en esta lucha, nos dará más fuerza, y por esa vía tenemos que seguir, concluyó Hernández..

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3155:la-mineria-empobrece-enferma-y-mata&catid=58:amb&Itemid=181

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Honduras: “Estamos siendo perseguidos” denuncia ex magistrada Cruz Sequeira //

jueves, 22 de mayo de 2014

Jueves,22 de Mayo 2014 – 11:43  Marvin Palacios
Ex magistrada Rosalinda Cruz Sequeira
Tegucigalpa.
La ex magistrada Rosalinda Cruz Sequeira defenestrada junto a sus colegas de la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, José Francisco Ruiz Gaekel,  Gustavo Enrique Bustillo Palma y José Antonio Gutiérrez Navas denunció que están siendo perseguidos y virtualmente amenazados sus derechos humanos sin que nadie haga nada para frenar la situación. La reacción se produjo cuando el periodista  Marvin Ortíz de radio Globo preguntó a los ex magistrados Rosalinda Cruz Sequeira y José Antonio Gutiérrez Navas que asistieron a la presentación del informe, ¿por qué hay tanta impunidad?, ustedes formaron parte del sistema de justicia y posteriormente fueron víctimas del actual sistema.
La ex magistrada Rosalinda Cruz respondió que “no podríamos contestar esa interrogante en vista de que quienes afirmaron sobre la impunidad de un 98 por ciento que existe en nuestro país, la brindaron los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya nosotros tenemos casi 2 años de haber sido defenestrados, agradecemos al señor embajador (Miguel Albero) que haya apoyado la presentación de este informe donde se señala que no existe separación de poderes, precisamente nosotros por eso estamos fuera, porque hubo un golpe de estado contra el poder judicial, separándonos a nosotros de nuestros cargos por la posición jurídicamente precisamente que adoptamos en la Sala de lo Constitucional y con el respeto que se merece a la prensa en su momento nosotros dimos todas las declaraciones.

“En estos momentos hemos adoptado la decisión de guardar mucha prudencia porque tenemos un proceso en marcha en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo queremos decirles que al igual que muchos de los que están aquí presentes que son víctimas de violaciones a los derechos humanos y lamentamos los últimos acontecimientos que han sucedido en nuestro país, nosotros también estamos siendo perseguidos constantemente, amenazados en nuestros derechos humanos, sin que nadie realmente pueda hacer nada, somos víctimas al igual que muchas personas de la población, somos víctimas de situaciones de impunidad severas de parte del Estado de Honduras”, detalló la ex magistrada Cruz Sequeira.

La coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva que estuvo compañada por el embajador de España en nuestro país, Miguel Albero resaltó que los parlamentarios españoles elevaron preocupaciones que han manifestado diferentes expresiones sociales que fueron entrevistadas y además las instituciones del estado.  En el informe en sí, se hace ver cómo les está preocupando la aprobación de leyes que en el Congreso Nacional se han estado gestando que son restrictivas de derechos y por lo tanto violentan los derechos humanos.

“Otra parte que recoge el informe es el nivel de impunidad que se vive y se genera en Honduras, también registra la no independencia de los poderes del Estado, eso cuando un informe recoge una preocupación así, es porque hay un estado desvalido y luego el informe habla de la estigmatización, de la criminalización que se les está haciendo a los opositores y eleva su preocupación por la persecución que se le está haciendo a los familiares de defensores y defensoras de derechos humanos”, expuso Oliva.

 

Caso Ruelas

En relación a la golpiza que recibió el director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, coordinadora del COFADEH sostuvo que la situación de derechos humanos en Honduras no ha mejorado y prueba de ello fue, “porque fuimos testigos de la situación en que sometieron a un defensor reconocido de derechos humanos en nuestro país como es el compañero José Guadalupe Ruelas, y eso indica como lo habíamos previsto era que lo que se venía era una descalificación pública para decir y justificar la barbarie que se cometió”.

Oliva señaló que cuando se hace un despliegue queriendo descalificar la actuación de Guadalupe Ruelas, habría que empezar legalmente a ir a los lugares donde él estuvo, porque yo sí creo que no debieron haber entregado  información para manipularla después públicamente y descalificarlo. “La descalificación de un defensor de derechos humanos debemos ir tras la pista y no permitirlo”.

Se le consultó a Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH en que se basaba la apreciación de que un 98 por ciento de los casos denunciados ante el sistema de justicia permanecen impunes.

Al respecto Oliva sostuvo que el informe es un reflejo de la consulta que la delegación hizo a los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no es un proceso de investigación, sino una confesión de la Corte Suprema de Justicia, entonces si ellos lo están diciendo nosotros no tenemos por qué ponerlo en duda, dijo.

Por ejemplo indicó que cuando se dio la comparecencia pública del ex Fiscal general Luis Alberto Rubí en el congreso nacional, donde dijo que sólo un 20 por ciento de las denuncias presentadas era a las que se les había dado seguimiento y que de ese 20 por ciento no todas habían recibido sanción. “O sea eso es lo que refleja y demuestra el alto grado de impunidad en que vivimos en nuestro país, esa no fue una investigación sino una confesión que hicieron los magistrados a la delegación de observación en materia de derechos humanos”.

Oficina de Alto Comisionado de DDHH en Honduras

En la interrogante enfocada al tema de la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Honduras, formulada por el periodista Félix Molina director de Alternativas en Comunicación (ALTER-ECO) éste expresó que ya trasciende el riesgo de que dicha oficina en el contexto actual se vuelva una especie de trasplante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) de Guatemala y además se ha reportado una pre-contratación de mucha gente colombiana para esa oficina, ¿será ese el manejo que va a tener esta nueva oficina?

En el editorial titulado “La Cicig como fuente de crítica” y publicado por PrensaLibre.com el 31 de mayo de 2013, en uno de sus párrafos afirma que:..” Las opiniones vertidas por los ciudadanos interrogados por la Prensa obligan a reflexionar respecto de si ya llegó el momento de que la Cicig deje de funcionar. Esto se debe a que los casos de Ríos Montt y, en cierta manera, de Alfonso Portillo, se han convertido en una prueba de que el sistema legal del país no funciona porque tiene muchas probabilidades de caer en marañas legales que, en la práctica, imposibilitan que se pueda impedir la impunidad”.

Al respecto el embajador de España en Honduras, Miguel Albero expresó  que yo no tengo ninguna constancia de esos rumores, creo que para empezar es muy pronto, la propia Ginebra no ha decidido todavía que se habra una oficina, con lo cual hablar de pre-contrataciones, me parece cuando menos muy aventurado, porque para empezar se tiene que tomar la decisión política de abrir una oficina y en segundo lugar tiene que encontrar financiación para abrir esa oficina.

“Lo que yo estoy convencido es que si se abre una oficina, esa oficina contará con un mandato y tendrá la independencia que tienen las oficinas del Alto Comisionado, para mí, me parece que sería un paso muy importante, dada la situación del país y creo que sería muy importante si se pudiera abrir y yo no prejuzgaría negativamente la labor que pueda hacer esa oficina, me parece que al revés, habría que darle un voto de confianza porque en otros sitios por ejemplo en Colombia, ha jugado un papel muy importante la oficina del Alto Comisionado.

Por su parte el periodista y diputado del partido Libertad y Refundación (LIBRE) Edgardo Castro recordó que hace unos días efectivos militares y policiales ingresaron al hemiciclo legislativo y procedieron a desalojar con gases lacrimógenos y con uso excesivo de la fuerza a diputadas y diputados al Congreso Nacional, en ese sentido y dirigiéndose al embajador de España, le consultó: ¿usted cree que esto va a causar algún efecto en su país, porque los países cooperantes están interesados en que venga ayuda de tipo social para el país, ayer ya se hablaba en el propio Congreso de comprar armas de guerra y se aprobó la moción, cree que su gobierno podría tomar en cuenta ese estado de indefensión que cada día crece más en Honduras ?.

Albero respondió: “Nuestro gobierno lo que quiere es ayudar y poner nuestra cooperación al servicio de las iniciativas que entendamos que son positivas en ese sentido, por eso nuestra política ha ido más que al tema estrictamente por ejemplo de la seguridad y de la policía, nosotros estamos más en el fortalecimiento institucional, que las instituciones hondureñas de distinto ámbito como el Poder Judicial, el Registro Nacional de las Personas (RNP), el Tribunal Superior  de Cuentas tengan suficiente independencia y suficiente poder institucional que garantice que exista un estado de derecho”

Respecto a la cooperación que España brinda a Honduras, el embajador dijo que su país está negociando en este momento el marco de negociación con Honduras que contiene lo que será la cooperación para los próximos 5 años, y “probablemente siga estando el tema del fortalecimiento institucional, queremos que el RNP funcione de una manera despolitizada y creemos que en otros ámbitos como el judicial, tenemos una cultura jurídica muy parecida y por tanto son los ámbitos en que también podemos ayudar”.

Cabe señalar que en los últimos años operadores de justicia de Honduras (fiscales y jueces) han sido enviados a España para capacitación técnica-jurídica, sin embargo el país no ha tenido avances significativos en el combate al crimen y la sanción de los que infringen la ley.

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/05/honduras-estamos-siendo-perseguidos.html

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Amigo de JJ Rendón, el hacker Andrés Sepúlveda podría ser extraditado a EEUU

¿De dónde sale esta posibilidad? De la propia confesión de Sepúlveda durante el encuentro que sostuvo con el candidato Zuluaga y con el exasesor Luis Alfonso Hoyos, donde hablaron de varios temas, incluido el que preocupa a los estadounidenses.- De acuerdo con las leyes estadounidenses, un avión Awac es considerado una extensión del territorio y en esa medida se considera que es una vulneración a su seguridad, ha revelado el periódico digital colombiano Semana.com.

Bogotá. La historia de Andrés Sepúlveda, el hacker que trabajaba para la campaña de Óscar Iván Zuluaga, se podría complicar aún más. A su ya compleja situación jurídica ahora se sumaría un nuevo elemento: la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos lo solicite en extradición.

Las autoridades están indignadas e inquietas por lo que se ha descubierto a raíz del video publicado por SEMANA y por los datos contenidos en la declaración de uno de los testigos en este proceso judicial. La razón por la que estarían evaluando una posible extradición se deriva de una posible comisión de un delito que consiste en violación a la seguridad nacional de Estados Unidos.

¿De dónde sale esta posibilidad? De la propia confesión de Sepúlveda durante el encuentro que sostuvo con el candidato Zuluaga y con el exasesor Luis Alfonso Hoyos, donde hablaron de varios temas, incluido el que preocupa a los estadounidenses.

En esa reunión, que duró más de 20 minutos, y en momentos en que hablaban de la posibilidad de que Santos se fortaleciera en la campaña por cuenta de un golpe contra las FARC, el hacker aseguró “A Santos lo único que lo fortalecería en este momento es un golpe contra las FARC, nada más. Por lo que nos hemos enterado, es muy difícil golpear. Por ejemplo, sabemos que ‘Timochenko’ (Timoleón Jiménez, jefe máximo de las FARC) está en la frontera con tuberculosis”.

Esa información la corroboramos con dos fuentes. El acceso que tengo yo al Comando Sur, a los aviones Awac, que son los que monitorean las comunicaciones de ellos…”, cuenta el hacker.

Esta es, ni más ni menos, que una confesión según la cual Sepúlveda tenía acceso a medios con los cuales interceptaba ilegalmente las comunicaciones de inteligencia de los estadounidenses. Falso o verdadero, las autoridades de ese país toman muy en serio cualquier tema que tenga que ver con su seguridad nacional y por eso evalúan solicitarlo para que responda ante sus cortes.

De acuerdo con las leyes estadounidenses, un avión Awac es considerado una extensión del territorio y en esa medida se considera que es una vulneración a su seguridad.

Pero no sólo lo dicho por el propio Sepúlveda lo puede poner en aprietos con los ‘gringos’. También la declaración de su excompañero de trabajo Rafael Revert, de ciudadanía española, quien a lo largo de su colaboración con la Fiscalía ha contado episodios relativos al trabajo de Sepúlveda con personal de la DEA y del Comando Sur que, presuntamente, estuvo por fuera de las normas.

Revert les dijo a los fiscales lo siguiente en una primera declaración cuando se refería al trabajo de infiltración a los miembros negociadores de las FARC en La Habana. “Durante dos meses iba llegando trabajo de DEA, del Comando Sur, donde ordenaba monitorear lo de La Habana. (Sepúlveda) decía que le vendía la información a la DEA sobre los guerrilleros, y cómo ese tipo de mercado es de bolsa negra, o sea en efectivo. Él hacia su plata y ya”.

Y más adelante dijo: “Cuando arrancamos con eso, yo empecé a ver que eso no era legal, como por ejemplo que el Comando Sur averiguara por chuzadas y monitoreo en La Habana, que la DEA mandara allanar casas”.

Expertos consultados por Semana.com confirmaron que efectivamente si el gobierno de Estados Unidos inicia los trámites, habría bases legales para considerar el envío del hacker a ese país. Especialmente porque las autoridades de ese país consideran que es un ataque contra su territorio, algo más grave, incluso que el episodio de los taxistas que asesinaron al agente de la DEA Terry Watson en Bogotá, cuya extradición ya fue avalada. (Tomado de Semana.com).

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/amigo-de-jj-rend%C3%B3n-el-hacker-andr%C3%A9s-sep%C3%BAlveda-podr%C3%ADa-ser-extraditado-eeuu

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Honduras: Despojo de tierras, terror e impunidad sobre los garífunas hondureños

jueves, 22 de mayo de 2014

San José, 21 may (PL) Delegados garífunas confirmaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Costa Rica, los efectos de la expansión del capital y la impunidad que obra hoy en detrimento de esas comunidades autóctonas en Honduras.

Más allá de la pobreza que por décadas arrastra esa nación afrodescendiente, sus representantes dieron cuenta en el 103 Período de Sesiones del órgano de justicia de la Organización de Estados Americanos de reiteradas violaciones a sus derechos desde los años 90 y del despojo de sus tierras.
De acuerdo con los miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), los más perjudicados por esa situación son los pobladores de la comunidad Triunfo de la Cruz, en el departamento caribeño de Atlántida.

Las violaciones al ejercicio del derecho de la propiedad comunitaria y otros que enfrenta ese núcleo humano fueron detalladas por una presunta víctima y un testigo durante la audiencia pública efectuada la víspera en San José, a la cual asistieron 70 afiliados a esa agrupación civil, refirió el sitio web local http://www.elpais.cr

Estos coincidieron en que de las dos mil 800 hectáreas que poseía la comunidad, sólo les dejaron 240, entre otras razones por la ampliación del casco urbano de la ciudad de Tela, y la construcción de hoteles y campos de golf en ese un polo turístico del norte de Honduras.

Amenazas, asesinatos y otras coacciones se ciernen sobre los garífunas en el área, donde la intranquilidad es general por la impunidad que gozan los invasores, según la joven Eugenia Flores, para quien es obvio que de continuar ese estado de hecho su pueblo perderá su cultura, sus casas y su cosmovisión.

Ese clima de hostigamiento que sufren, el rechazo de los abogados a representarlos por temor a represalias, la desaparición de expedientes y la persecución de sus dirigentes, fueron corroborados con otras pruebas ante la CIDH.

El desplazamiento forzado por la usurpación de tierras de cultivo y hasta de los sitios religiosos llevó a muchas familias a migrar, pero sobre todo a jóvenes, acorde con lo relatado por el dirigente garífuna Ángel Castro.

Esas personas “se van a Estados Unidos o a Panamá y cuando vuelven ya han perdido su cultura, no hablan nuestra lengua y no se integran a la comunidad porque son más individualistas”, ejemplificó el hombre de 72 años de edad.

Los demandantes abogaron por justicia ante la denegación de su derecho a la participación en asuntos que le conciernen y a las garantías y protección judiciales.

Durante la sesión expresaron sus opiniones con respecto al caso un perito de la CIDH y un declarante a título informativo aportado por el Estado de Honduras.

La vista oral pocas dudas dejó en los asistentes del impacto real del proyecto tendente a crear en esa zona una Ciudad Estado o Modelo, autónoma, desligada de las leyes y la Constitución, concuerdan medios de prensa.

So pretexto de contribuir al desarrollo económico y acabar con la miseria en el área, con la colaboración de capitales extranjeros, el Estado de Honduras vendió de forma ilegal parte de Triunfo de la Cruz a los promotores de esas iniciativas.

Las quejas ante tribunales municipales por esas ventas fraudulentas terminaron en declaratorias de culpabilidad que la segunda instancia revocó, incluso en casación, consta en el expediente de la CIDH.

Ese documento legal refleja que los garífunas carecen de un título de propiedad sobre todo su territorio ancestral, idóneo y culturalmente adecuado, pese a la ocupación histórica y el uso consuetudinario de esas tierras.

Honduras es reconocido como un Estado fallido inducido, por lo que acontece en su costa norte, donde terratenientes asociados al narcotráfico hacen malabares con el Estado de derecho, y por la espiral de violencia que mantiene a la nación en el terror y obra como estrategia de sometimiento, asegura un comunicado de Ofraneh.

Mientras, los garífunas y pueblos indígenas corren el riesgo de desaparecer como culturas diferenciadas, ante el desconocimiento de nuestros territorios y el irrespeto sistemático de la Consulta-Consentimiento, Previa, Libre e Informada, subraya el texto.

mgt/rr/ism

 http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2705611&Itemid=1

OFRANEH
Organizacion Fraternal Negra Hondureña
Sambo Creek, Atlántida.
Honduras
telefax: 504-24541513 / 504-24490003
email:garifuna@ofraneh.org / ofraneh@yahoo.com

Twitter:@ofraneh

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/05/honduras-despojo-de-tierras-terror-e.html

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El Estado entre los mayores agresores de periodistas en 2013

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El Estado entre los mayores agresores de periodistas en 2013
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) presentó hoy el Informe Libertad de Expresión (ILE) 2013 denominado: Despacho Urgente ¡Hagan Justicia! Ni perseguidos Ni vigilados…El análisis revela 191 agresiones contra este derecho y 11 asesinatos en 2013, tres de éstos en contra de periodistas y los ocho restantes, también ligados al ejercicio de la libre expresión. Además, ahonda en el “aterrador crimen” contra el periodista, Aníbal Barrow.
“La merma drástica en el asesinato contra periodistas sugeriría una cierta capacidad para controlar esos crímenes desde el Estado, o por poderes irregulares y sombríos incrustados en él”, señala el informe del Comité. Revela también que en Honduras podría operar un centro para vigilancia internacional. El secreto, las operaciones especiales, el espionaje y los drones (siglas en inglés que significan aviones tripulados remotamente) arriesgan la libre expresión y demás derechos humanos en Honduras, cita el ILE 2013.
Las agresiones y los agresores  en cifras

“Se registran un total de 173 víctimas de agresión, incluidos  periodistas, comunicadores, y otros  informadores, como fiscales o jueces, defensores, educadores, o políticos, que fueron limitados en su libre expresión en el proceso electoral o poselectoral; medios, organizaciones y grupos de periodistas, nacionales o extranjeros”. En contra de las 173 víctimas mencionadas recayeron 191 agresiones.
De las 191 agresiones, 93 se relacionan a gente de medios. “Los demás se dispersa en numeroso sectores sociales y categorías sin género. La cantidad más alta de agresiones vuelve a recaer contra periodistas en el sentido estricto (36, en el paréntesis aparece el número de agresiones)”.
“Los abusos recaen en grupos de periodistas y comunicadores (10); periodista director de programa (9); periodista defensor de libertad de expresión (7);  periodista propietario (5); periodista defensor de derechos humanos (4); periodista presentador (3), periodista director propietario de programa (2); periodista director de medio (1); periodista jefe de prensa (1)”.
“En su orden, siguen en cantidad de actos de agresión, además de periodistas y medios, las acometidas contra: defensor DDHH (10); activista en política (7); comunicador social (8); camarógrafo (7); defensor Lenca (6); Fiscal especial Derechos Humanos (4); defensor Tolupán (4); candidato político (4); director educativo (4)”.
El informe cita que “del total de 353 veces, 79 actores del Estado y otros ejecutaron actos agresores a la libre expresión e información. Se pueden identificar 176 (50%) de esos actos que aparecen cometidos por 44 agresores no estatales (Otros/Particulares). Y, 177 (50%) por 35 actores estatales. Siendo la Policía y sus agentes (29) la de mayor incidencia entre esos últimos.

Sigue, Fuerzas Armadas (24); el gobierno (18); Estado/poderes estatales (10); el Comandante de la Fuerza Xatruch (9) y el Ministerio Público (7)”. Desde 2003 hasta la fecha, C-Libre ha presentado once informes para monitorear el estado de la libertad de expresión en Honduras.
Primer Encuentro Nacional de RAPCOS

La presentación del ILE 2013 sirvió para realizar el Primer Encuentro Nacional de la Red de Alertas y  Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), que lleva por nombre periodista “Francisco Rodríguez Enamorado”.
La Rapcos integra a periodistas y comunicadores de 15 ciudades de Honduras que han recibido amenazas o agresiones y que decidieron conformar una red nacional para defender el derecho universal de expresarse.
En la ceremonia, C-Libre dio un homenaje póstumo al periodista Francisco Rodríguez por su invaluable aporte profesional y su ética trayectoria. Además, reconoció la labor en pro del acceso a la información por parte del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS) y, en la misma ceremonia, la Radio Comunitaria La Voz de Zacate Grande recibió un reconocimiento por su aporte a la libertad de expresión.





 

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/el-estado-entre-los-mayores-agresores-de-periodistas-en-2013

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“No es que la democracia en Honduras esté en riesgo, es que no hay democracia”

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Bertha Oliva, días antes de la presentación del informe sobre Honduras en Madrid.

La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) participa en una misión parlamentaria española, promovida por el Instituto de Estudios Políticos para América Latina, Asia y África (IEPALA), cuyo objetivo es verificar la violación de derechos humanos en Honduras y publicar el informe Honduras, misión parlamentaria de observación de Derechos Humanos, presentado esta semana en Tegucigalpa.

Menores marginales, mujeres, campesinado, gays, lesbianas, transexuales, defensores y defensoras de derechos humanos, abogados, jueces, sacerdotes, sindicalistas, periodistas… Muchos y muy variados son los sectores de la población que se encuentran amenazados y sufren violencia en Honduras. De todos los casos denunciados, el 98% queda impune a pesar de que están ligados a la tortura, a las detenciones ilegales, al asesinato político y a las amenazas de muerte.

La militarización y el abuso de poder reinan por los rincones de este país centroamericano de más de 8,7 millones de habitantes y situado entre Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Pero “esto no es obra de ahora ni fruto del golpe de Estado -del 28 de junio de 2009-, sino que Honduras tiene una deuda pendiente en materias de investigar, sancionar y reparar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado”, explica Bertha Oliva, defensora de Derechos Humanos y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

“La impunidad es producto de la inacción de los gobiernos para sancionar y perseguir el delito. Y eso está claro porque los criminales del pasado son los que ahora están dando seguridad al Estado de Honduras. Es como si el Estado protegiese a los que cometieron crímenes de lesa humanidad, a los que estuvieron involucrados en las desapariciones forzadas, en los asesinatos y persecuciones políticas sin reparar, ni investigar ni sancionar los delitos cometidos”, comenta Bertha en una visita a Madrid tras la misión parlamentaria de observadores de derechos humanos a Honduras.

El senador por el Partido Popular (PP), Dionisio García Carnero, el diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Joan Josep Nuet, y el senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Iñaki Anasagasti, también se han sorprendido de ese 98% de impunidad tras la misión realizada del 1 al 4 de abril como observadores de derechos en Honduras, de la mano de IEPALA y COFADEH.

El objetivo ha sido realizar una investigación sobre la situación de derechos humanos en el país centroamericano antes del cumplimiento de los 100 primeros días de mandato de Juan Orlando Hernández Alvarado (Partido Nacional) para después elaborar el informe Honduras, misión parlamentaria de observación de Derechos Humanos, con recomendaciones a seguir y que se ha presentado esta semana en Tegucigalpa.

Para ello se han reunido con movimientos sociales, partidos políticos, medios de comunicación y organismos internacionales con el fin de analizar y discutir la situación de derechos humanos que, según Bertha, se presenta con una “involución impresionante”. Tiene claro que “mientras el Estado siga protegiendo a los genocidas del pasado, Honduras no va a avanzar en materias de justicia y en ese sentido la impunidad es la que reina y se consolida”.

A esta defensora de derechos se le nota en la mirada su incondicional lucha después de que en los años 80 desapareciera su marido y ella sufriese persecución política. “Es duro acompañar a las familias de personas desaparecidas o víctimas de violencia, especialmente porque lo que más buscan es verdad y justicia en todas sus dimensiones”, explica de primera mano y sabiendo lo que es ser familiar que vive con interrogantes día a día en busca de respuestas.

Desde COFADEH se escucha y acompaña, se documentan y se investigan los casos y se ayuda a poner a salvo a las personas que lo necesiten. Pero lo que no pueden realizar es cubrir las necesidades familiares, especialmente si la persona que desaparece es la que otorgaba la fuente de ingresos al resto de sus miembros. “Cosa que al gobierno le interesa poco -dice-, parece que cuanto más sufre la familia de una persona desaparecida o asesinada es mucho mejor porque así tiene menos posibilidad de denunciar y actuar”.

“No hay democracia”

Las personas que se juegan la vida defendiendo los derechos humanos de un pueblo vulnerado desean que los datos y cifras vayan cambiando a positivos con el tiempo, pero en el caso de Honduras muchos son los sectores que coinciden en que es un Estado fracasado sin indicios de democratizarlo ni fortalecerlo. “La democracia en Honduras no es que esté en riesgo, es que no hay democracia y no hay ningún interés en que esto avance”, explica con rotundidad.

La falta de independencia de poderes, la militarización, el control del derecho a la información y a la libertad de expresión, la impunidad, el fundamentalismo religioso y el incremento de la criminalidad organizada, especialmente del narcotráfico y las maras, son algunos de los factores claves que colocan al país en indefensión y peligro, situándole con la tasa de homicidios más alta del mundo, más de 7.000 muertes violentas por año, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

En lo que va de año, con el gobierno de Juan Ornaldo Hernández Alvarado, la ONG Casa Alianza denuncia que se han asesinado a unos 270 jóvenes de entre 13 y 23 años vinculados a la militarización, a los escuadrones de la muerte y a las ejecuciones arbitrarias y sumarias y ningún caso ha sido investigado. Como consecuencia, el director de dicha organización, José Guadalupe Ruelas, ha sido detenido arbitrariamente y golpeado por la policía a principios de abril con la excusa de conducir en estado de embriaguez.

Este recién acontecimiento demuestra para Bertha que hay una plena persecución y campaña contra los y las defensoras de derechos humanos. “Aunque se aceptara que fuera ebrio, no se justifica tal barbarie ya que la autoridad no está para cometer un delito mayor que la supuesta falta cometida, las autoridades están para prevenir, por lo que no hay justificación para un Estado violador de derechos humanos, sino más bien se ratifica que es un Gobierno transgresor de garantías y tiene en mente la destrucción de todas las acciones y reclamaciones de derechos”.

Esto se suma a las muertes de 117 personas LGTB, de 87 abogados y más de 30 periodistas, entre otros sectores hondureños, en lo que va de año, y que consolida que “Honduras vive una dictadura” cuyas cifras van en aumento con los meses. Bertha se pregunta hacia dónde ir sin encontrar respuestas ante tanta barbarie y al ver que las y los hondureños van perdiendo la esperanza y la confianza. “Parece que están logrando meter el miedo como parte de la cultura, y un pueblo con miedo es un pueblo condenado y sometido por años”, matiza con tristeza.

Comenta que la ciudadanía ha perdido el principio de solidaridad porque callar es sinónimo de sobrevivir. Ayudar al prójimo, herido o tendido en la calle a causa de algún enfrentamiento, es impensable cuando la primera persona sospechosa es quien ayuda. Y es que esto demuestra que no hay ley, la verdad no existe, la verdad la construyen los que deciden por la vida y libertad del pueblo hondureño. Y en base a eso aplican su justicia.

Agitar a la Comunidad Internacional

A pesar de todo, Honduras escucha las peticiones y denuncias de la Comunidad Internacional a través del Grupo de Seguimiento a la Declaración de Estocolmo, conocido como G16, aunque otra cosa es que les haga caso. Para Bertha lo ideal sería que la propia Comunidad Internacional primase la situación de derechos humanos por encima de la militarización del país, porque las armas no dejan de llegar a un territorio que soluciona sus conflictos sociales a través de la violencia armada.

Pero para ello hay que “agitarles un poco más y denunciarles de manera más activa” lo que está pasando en terreno, así como “invitarles a que acompañen los procesos y conozcan de primera mano los contextos” con el fin de que la información no sea enfrentada, por un lado la del Estado, por el otro la de las organizaciones de derechos humanos. Y es que según la coordinadora de COFADEH, “ésta es una lucha desigual y la representación de los gobiernos acreditados en nuestro país deben salirse de esa burbuja si quieren ayudarnos a orientar a Honduras”.

Otra cosa distinta es el papel que está teniendo y tiene EE UU, el cual “hemos olvidado en todo lo que estamos viviendo”, asegura alegrándose de preguntarle por el país del norte. Sigue con su dominio y sometimiento de los años 80, dice Bertha, y hoy nada se mueve sin el consentimiento de la embajada estadounidense en Honduras. “Lanzan mensajes mediáticos para hacer creer que están combatiendo el crimen organizado y el narcotráfico, cuando lo que están justificando es su presencia en el país y la intervención absoluta en Honduras”.

No duda de que EE UU les ha evidenciado y pisoteado como ha querido, primero colocando la base aérea militar José Enrique Soto Cano, en el departamento de Comayagua, “¡en las mejores tierras del país!” -exclama-, despojando a su campesinado y dejándole sin campos cultivables en los 80; y después con la presencia militar. Pero aun así, se pregunta cómo es que no ha ido contrarrestando la situación de crisis en el país con todo lo que han ido haciendo. “¿A dónde nos quieren llevar y qué quieren de nosotros?”, se cuestiona frunciendo los labios a modo de incomprensión perenne.

Cirugía entera para Honduras

Para esta hondureña de trabajo incansable por el respeto de la vida de su pueblo, sabe que no hay resquicio de luz ante este oscuro panorama ni término medio, “o es blanco o es negro”. Asegura que Honduras necesita una cirugía entera, un cambio radical porque “después del golpe militar lo ha perdido todo”. Además, la sociedad está polarizada y se ha evidenciado el poder de unos frente a la debilidad de otros, se ha dividido entre o “estoy a favor” o “estoy en contra”. Y comenta que la ilusionante cohesión social generada tras el golpe de Estado entre la sociedad civil y las expresiones políticas está ahora debilitada ante la desmotivación y desarticulación de la movilización social.

“Si no, mira lo que ha pasado esta semana. Creo que en ningún país civilizado se ve que las fuerzas militares golpeen a un exjefe de Estado. Eso es por la ingobernabilidad que hay. Quieren someter a su capricho a la segunda fuerza política sin el diálogo”, comenta Bertha sobre el desalojo violento del expresidente Manuel Zelaya y los diputados del Partido Liberal y Refundación (LIBRE) del pasado 13 de mayo en el Congreso Nacional por parte de la policía militar. Oliva asegura que además son víctimas en el hemiciclo cuando hacen alguna reclamación apagándoles las luces, dejándoles sin aire acondicionado o cerrándoles los servicios. “Lo que demuestra, una vez más, que existe una dictadura que se impone a través de la violencia, la fuerza y el sometiendo del pueblo, y no hay peor cosa que una dictadura disfrazada de democracia”, apunta.

Bertha bromea cuando explica que quiere buscar una palabra más fuerte que “alarmante” para referirse a todo lo que acontece en Honduras porque no parece importarle a nadie que ocupe posiciones de uno de los países más violentos, más inseguros, más corruptos y más pobres del mundo.

Ya no sabe si tiene miedo ni si siente, lo único de lo que está segura es de que deben continuar a pesar de estar a la deriva de la dictadura, de los escuadrones de la muerte, de los militares, del narcotráfico y de las violaciones constantes de derechos humanos. “Pese al miedo, a las inseguridades y a las amenazas, lo único que tengo claro es que hay que seguir luchando”, concluye con una fina sonrisa en su rostro para dar cuenta de que el ánimo y la fuerza no las pierde por muchas desgracias que rodeen su causa.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3154:no-es-que-la-democracia-en-honduras-este-en-riesgo-es-que-no-hay-democraciaq&catid=71:def&Itemid=166

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C-Libre celebra el Primer encuentro de RAPCOS “Francisco Rodríguez”

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C-Libre celebra el  Primer encuentro de RAPCOS “Francisco Rodríguez”
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Con la participación de más de 40 periodistas de 15 ciudades del país donde se encuentran aglutinados más de 600 periodistas miembros de la Red de Alertas y protección a Periodistas (RAPCOS) se celebró este miércoles el Primer Encuentro de periodistas “Francisco Rodríguez”.
Durante la jornada de la tarde se contó con la presencia de tres expositores, Wilfredo Méndez, coordinador del centro de investigación y promoción de los derechos humanos, (CIPRODEH); José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza y Migdonia Ayestas del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (Iudpas).
Los comunicadores sociales conocieron sobre la importancia de la defensoría de los derechos humanos y el impacto de sus publicaciones en temas relacionados con la violencia, la trata de personas, narcotráfico y otros temas.
Igualmente se conoció sobre el proceso de recolección de la información que realiza el IUDPAS y sobre las restricciones que observa este instituto, que es considerado una fuente primordial en el tema de la violencia y los homicidios.
Ruelas por su parte explicó que el proceso de inclusión de los y las niñas en situación de calle suele verse habitualmente en los medios de comunicación de una forma muy sesgada.
“Es usual que nos digan que somos defensores de resistoleros o de mareros, sin embargo sabemos que el proceso de rescate de estos menores no fuera posible a corto plazo”, comentó.
Del mismo modo, el coordinador de la organización defensora de la niñez condenó la “falta de talento” de algunas instituciones gubernamentales, “cómo es posible que pensemos que sacar  a los niños de los llamados barrios calientes y llevarlos a los batallones a jugar o a hacer ejercicios militares por dos  o tres horas puede separarlos de su entorno. Los mismos mareros al regresar al barrio le consultan sobre lo que aprendieron en el batallón. Yo preferiría sacar trabajadores sociales, educadores, deportistas hacia las canchas y recuperar espacios públicos antes de separar a los niños de sus hogares”, subrayó”.
Al finalizar el taller los informadores de las ciudades se trasladaron a la sede de la Fundación Scouts de Tegucigalpa, donde junto a periodistas de la capital hondureña desarrollaron un pequeño futbolito y disfrutaron de un convivio.

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C-Libre y Cofadeh presentan informes sobre libertad de expresión y violación a los derechos humanos

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Foto G. Trucchi | LINyM

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) presentó este miércoles (21/5) el informe Libertad de Expresión 2013 denominado “Despacho Urgente ¡Hagan Justicia! Ni perseguidos, ni vigilados”. Durante el año recién pasado, en Honduras se registraron 191 agresiones contra la libertad de expresión y 11 asesinatos, 3 de los cuales en contra de periodistas y los 8 restantes también relacionados con el ejercicio de este derecho fundamental.

“Está cambiando el tipo de agresión. Si bien hubo una disminución de los asesinatos de periodistas en comparación con el 2012, es preocupante el aumento de agresiones y atentados contra la vida de defensores, educadores, activistas sociales y populares, así como de miembros de organizaciones indígenas, que tienen el objetivo de cercenar la libertad de expresión”, dijo Héctor Becerra, director ejecutivo de C-Libre.

En total, en 2013 se registró un total de 173 víctimas de agresión, incluidos periodistas, comunicadores, fiscales, jueces, defensores, educadores, políticos. Sin embargo, de las 191 agresiones, 93 se relacionan a gente de medios.

“Estos últimos gobiernos se enojan porque informamos sobre la violación de los derechos humanos. Quieren que uniformemos nuestro pensamiento crítico a su estrategia equivocada de comunicación, que pretende controlar la libertad del periodismo y silenciar a los medios comunitarios”, agregó Becerra.

El informe evidencia que el Estado es el mayor agresor. En efecto, 35 actores estatales, entre otros, policías, militares, miembros del gobierno y demás poderes estatales, ministerio público y fuerzas especiales del ejército, cometieron más del 50% de las agresiones.

También revela que en Honduras podría operar un centro para la vigilancia internacional. “El secreto, las operaciones especiales, el espionaje y los drones arriesgan la libertad de expresión y demás derechos humanos”, cita el informe.

Además, C-Libre señala que existe un vínculo directo entre el creciente estado de indefensión en Honduras y el modelo económico impuesto en el país y respaldado por los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos.

“Las violaciones son el resultado de un modelo económico basado en el despojo. Y no se puede avanzar profundizando este modelo, que precariza la vida de la mayoría y enriquece más a una minoría, sin silenciar a la oposición crítica”, dijo Ana Ortega, presidenta de C-Libre.

Foto G. Trucchi | LINyM

La especialista en Ciencias Políticas explicó, en su intervención, que el Estado sigue manipulando conceptos y situaciones, tratando de cooptar y manipular a comunicadores y luchadores sociales que se oponen a las políticas gubernamentales, llegando al extremo de atacarlos y humillarlos públicamente, hostigarlos, reprimirlos y hasta asesinarlos.

“Hay un irrespeto a la vida que afecta a todas las personas. Ante esta situación de permanente violación, el silencio ya no es una opción”, concluyó Ortega instando a la población a levantar su voz en contra de las agresiones contra la libertad de expresión y los derechos humanos en general.

Impunidad

Paralelamente, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) presentó el informe final de la Misión Parlamentaria de observación de derechos humanos de España, que estuvo en Honduras del 31 de marzo al 4 de abril del año en curso, y que fue integrada por legisladores del Partido Popular (PP), Izquierda Unida (IU), Partido Nacionalista Vasco (PNV), así como por miembros del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) y expertos en derechos humanos.

La Misión realizó una serie de reuniones con familiares de las víctimas, organizaciones sociales y populares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, instituciones públicas relacionadas con seguridad pública, justicia, derechos humanos y las Fuerzas Armadas.

Según el informe, que fue presentado por Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh, en presencia del embajador de España acreditado en Honduras, Miguel Albero, “si una palabra tuviese que resumir lo escuchado durante los 4 días que duró la misión, esa sería, sin lugar a dudas, impunidad”.

En efecto, los integrantes de la misión revelaron que, durante todos los encuentros realizados, “se ha reconocido el elevado grado de impunidad respecto a la violación de los derechos humanos existente en Honduras, habiendo sido informados por la Corte Suprema de Justicia que la impunidad alcanza hasta un 98% de las violaciones denunciadas”, señala el informe.

La debilidad de la separación de los poderes del Estado, la constante asunción de competencias propias de instituciones civiles por parte de las Fuerzas Armadas “que facilita la militarización de la sociedad y favorece el desarrollo de una cultura de violencia”, así como el incremento de la criminalidad organizada, son factores importantes que determinan la grave situación de violaciones y facilitan la pervivencia de situaciones de impunidad.

El informe de la Misión de parlamentarios españoles coincide con C-Libre en cuanto a las principales víctimas de las violaciones de derechos humanos, que se concentran en colectivos como periodistas, campesinos, sindicalistas, abogados, oposición política, mujeres y colectivos de la diversidad sexual, entre otros.

“El alto nivel de impunidad provoca que los responsables de estas violaciones no sean sancionados por la justicia, lo que, a su vez, facilita que continúen efectuándose todo tipo de violaciones de los derechos fundamentales”, concluyen los legisladores y expertos.

Fuente: LINyM

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3153:c-libre-y-cofadeh-presentan-informes-sobre-libertad-de-expresion-y-violacion-a-los-derechos-humanos&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Pobladores protestan contra explotación minera

22 mayo, 2014 – 2:10 AM

NACAOME, Valle. Más de un centenar de pobladores de varios municipios de este departamento, realizaron una protesta pacífica en contra de la exploración y explotación minera que se está dando en la zona y que atenta contra la salud de las personas y del entorno ambiental.

La marcha pacífica que inició a la salida de Nacaome hasta llegar a Jicaro Galán.

Organizaciones diversas protestaron a favor del medio ambiente y contra la minería a cielo abierto, además que exigieron la derogación de la nueva Ley de Minería por ser atentatoria a la vida.

El coordinador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales, Pedro Landa, dijo que “hay problemas de minería en la mayoría de los nueve municipios de Valle, además en los municipios de El Corpus, El Triunfo en el departamento de Choluteca. Los empresarios mineros pretenden usurpar los recursos que le pertenecen a las comunidades”.

Landa informó que la población de Valle se ha volcado a las calles para exigir al gobierno la no realización de proyectos mineros ya que solo trae destrucción y muerte en las comunidades.

Asimismo dio a conocer que la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA), exige la derogación de la nueva Ley de Mineria y de ciudades modelos, así como la cancelación inmediata de las concesiones mineras, hidroeléctricas.

Por su parte el alcalde de Aramecina del departamento de Valle, Rony Fúnez,  dijo apoyar la manifestación pacífica de los lugareños de varios municipios y a las autoridades de la iglesia católica que están en contra de la minería a cielo abierto.

“No queremos una explotación minera en Aramecina. La mina que están explotando en la zona de El Porvenir, Curarén en Francisco Morazán, le pongan un alto ya que está afectando a nuestro municipio y las cuencas hidrográficas como también nuestra carretera ya que somos municipios vecinos”, aseguro.

A la marcha pacífica que inicio a la salida de Nacaome hasta llegar a Jicaro Galán, participó entre otras organizaciones el Comité de la Defensa para el Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddeffagol), Caritas, Comités de Defensa de la Naturaleza y el CNRA, entre otros. (LEN)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/05/22/pobladores-protestan-contra-explotacion-minera/

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Embajador hondureño se presenta ante Obama

22 de Mayo de 2014

11:42AM  –   Redacción   

Jorge Milla Reyes entregó sus cartas credenciales al presidente de Estados Unidos, en un acto solemne en la Casa Blanca.

El presidente Barack Obama junto al embajador Jorge Milla Reyes.
El presidente Barack Obama junto al embajador Jorge Milla Reyes.

Tegucigalpa, Honduras

El Embajador de Honduras en Estados Unidos de América, Jorge Milla Reyes, presentó esta semana sus cartas credenciales al presidente de los Estados Unidos Barack Obama, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En un acto formal celebrado en el Salón Oval de la Casa Blanca, el diplomático hondureño se presentó ante el presidente estadounidense, a quien trasladó la voluntad del presidente Juan Orlando Hernández para construir y fortalecer la amistad con esa nación norteamericano.

Obama brindó una cordial bienvenida al embajador Milla Reyes y le manifestó que el apoyo de Honduras “es fundamental para poder enfrentar varios desafíos que existen actualmente en la región Centroamericana”, informó la Cancillería.

El presidente de Estados Unidos “valoró positivamente el alto nivel de cooperación entre ambos países en varios temas como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad regional, los intercambios comerciales y la cooperación para el desarrollo”, comunicó la sede diplomática.

La semana anterior, Milla Reyes presentó sus copias de estilo a la Subsecretaria del Departamenteo de Estado, Heather Higginbottom.

El diplomático hondureño ocupará el cargo en lugar del embajador Jorge Hernández Alcerro, quien solicitó un permiso para desempeñarse como coordinador general de gobierno.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/711788-331/embajador-hondure%C3%B1o-se-presenta-ante-obama

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Congreso Nacional pide aplicar figura de cadena perpetua a criminales de niños

09:49
22
Mayo
2014
Tegucigalpa – El Congreso Nacional, aprobó la noche del miércoles importantes mociones para favorecer la seguridad ciudadana y alimentaria del país, entre las que destacan la aplicación de la pena de cadena perpetua a criminales como los que asesinan niños y otra para castigar más duramente a los acaparadores de granos básicos como los frijoles.

-Penas más fuertes para quienes atenten contra el pueblo hondureño.

– 458 niños menores de 14 años muertos violentamente en últimos cuatro años.

-El Congreso Nacional discutirá iniciativa de ley para aplicar pena hasta ocho años de prisión y multas a acaparadores de granos básicos.

En ese sentido, una de las mociones fue presentada a la Cámara Legislativa por el diputado nacionalista por Francisco Morazán, Nelson Abdalah, orientada a que ese poder del Estado revise el por qué no se aplica la cadena a perpetuidad que es una figura que está en el Código Penal.

Asimismo, la moción está encaminada a que se modifiquen también las penas para los asesinatos de niños quienes si son ultimados bajo la modalidad de secuestro, asalto y extorsión, se debe aplicar a los victimarios, la cadena a perpetuidad.

Sin embargo, la moción no está encaminada a los asesinos de menores que previo a su muerte son violados y ultrajados, como el caso del supuesto victimario de cuatro menores en el municipio de Limón, en el caribeño departamento de Colón, Cándido Rodríguez Castillo.

En las últimas semanas en la colonia La Pradera de San Pedro Sula, se registró la muerte de al menos nueve menores.

Luego de los asesinatos de niños ocurridos recientemente en la costa norte hondureña, el gobierno de la República prometió que esos crímenes “no quedarán en la impunidad”, al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), calificó la violencia contra la niñez como “inadmisible” y ofreció la experiencia técnica del organismo mundial para combatir este fenómeno.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, condenó la muerte de menores y recomendó recurrir al liderazgo de las 298 alcaldías municipales para velar por el respeto a los derechos de la niñez y que exista una mayor seguridad para este sector vulnerable de la sociedad hondureña.

Pena de ocho años para acaparadores de granos

En la sesión de la cámara legislativa, el diputado nacionalista por Yoro, Milton Puerto, presentó un proyecto de ley encaminado a reformar el artículo 247 del Código Penal, a fin endurecer las penas de cuatro a ocho años y una multa de 500 mil a un millón de lempiras a todas las personas que acaparen los granos básicos y los servicios públicos, especialmente los fríjoles, en perjuicio de los consumidores hondureños.

“Desde aquí podemos decirle a los coyotes, a los acaparadores, a las personas que se han dedicado en su vida a coyotear y a retener los granos básicos, que este Congreso Nacional dirigido por Mauricio Oliva y todas las bancadas, nos vamos a unir en este tema para endurecer las penas y evitar que se siga acaparando el vital grano básico como el frijol y otros granos básicos y que posteriormente los vendan al doble o al triple de precio”, argumentó Puerto quien pidió el apoyo de todos los diputados.

En las últimas horas, el gobierno hondureño a través de las fuerzas de seguridad logró la detención del primer “acaparador de frijoles”, luego del anuncio de una recompensa de 100 mil lempiras para quien brindara información al respecto.

Se trata de Gustavo Adolfo Hernández, quien es originario del departamento de El Paraíso y dueño del beneficio Dabial Agroser, al detenido le decomisaron mil 772 quintales de frijoles.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/05/22/Nacionales/Congreso.Nacional.pide/86767.html

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LGBTTI march in Tegucigalpa meets homophobic/transphobic military state

I went to the march de la no homo-lesbo-bi-trans-fobia in Tegucigalpa last Friday. It was a different scene from San Pedro, where I’ve been to pride marches a few times. San Pedro has a reputation for having bigger, more flamboyant marches, and the community holds the national pride march there instead of in Tegucigalpa because the authorities crack down less. Things have changed for the worse for the Honduran gender and sexual diversity community (translation of the preferred term here, along with the initialism LBGTTI, although I’ve never known of an out intersex person actually being active or included in anything here), and that was evident from the moment I got out of my taxi. Or rather, from the moment my taxi driver told me he couldn’t take me the final block and a half to my destination, the assembly point for the march (outside Anubis, a gay bar), because of the two big military blockades.

I got out of the taxi in front of the first road block, just before the Marriott. Over a dozen heavily-armed soldiers stood at the fence barricading the street, and as many or more were at the barricade on the other side of the block, past the Casa Presidencial. I told a soldier I needed to get to my hotel, pointing at the InterContinental in the distance, and he waved me through. It was mostly empty along the whole block, except for hotel patrons. I was having trouble imagining that all the militarization and the hassle to the Marriott could be for a pride march. I asked a man at a parking lot in front of a forcibly-closed-for-the-afternoon business across from the Casa Presidencial what the blockade was for, and he said some protestors were coming. “¿Todo esto es para unos cuantos homosexuales?” I asked, incredulous. He told me he didn’t know who the protestors were. I tried telling myself it might be some other group with more militant demands than “stop killing us” marching in the same place at the same time.

But indeed, the soldiers were there to prevent the queers from sullying the block in front of the presidential palace with their rainbow flags. The following Tuesday Arely Vicky from APUVIMEH told me that the blockades had been put up to prevent marchers from walking down that block over the past few years, but APUVIMEH and Cattrachas, through talks with Ana Pineda, had reached an agreement with Pepe Lobo’s administration to allow the community the right to free assembly. Apparently Juan Orlando is not respecting said agreement. Once I was halfway down the block, I used my zoom to get a couple shots of the first barricade.

The added irony to this scene was that just across the street from where I was standing to take this picture is this large painting on the Presidential Palace gate. Vicky told me that the painting had been done following talks between the Lobo administration and representatives of the community, by Ziad Suliman, a young painter who was killed shortly thereafter in a targeted assassination that (the folks at APUVIMEH told me) police labeled a suicide. It states:

In this Presidential House, House of the Honduran people, there is no discrimination [slightly inaccurate impossible translation of Spanish passive voice, could also be slightly inaccurately translated as “we do not discriminate”] on the basis of gender, origin, skin color, age, religious creed, sexual orientation, gender identity, physical or socioeconomic condition or for any other reason.

And here’s a video memorial for Suliman produced by Fred Alvarado, that includes an image of him painting the above painting. The video also includes graphic images of Suliman, as he was found floating in a river face up with a gunshot to the forehead:

I went back a few days after the march to take the above picture of Suliman’s painting, and told a friend before I left. Be careful, he said. And I was. I asked the colectivo to let me off in front of the Marriott, and walked from there, smiling at the soldiers and trying to look like a tourist to take the photo and walk on. All this to take a picture of an innocuous pro-diversity piece of fiction that I couldn’t help thinking at the time was probably the work of the U.S. embassy’s efforts to clean up the post-coup government’s image using some ridiculous anti-violence/ally training language (turned out there was more to it).

As I was exiting through the blockade on the other side of the street, the marchers were making their way toward it. I walked in the opposite direction of the march to take pictures and say hello to friends along the way. A lone policewoman accompanied the march, and although some marchers looked askance at her, she seemed to actually be there in a supportive role, even intervening on behalf of the marchers on a couple occasions when motorists got frustrated with the traffic delay. She was a dramatic exception to the rule that police are the worst perpetrators of violence against the community.

Arely Victoria Gómez marched with APUVIMEH. Vicky had been the LIBRE “diversity” pre-candidate for Alternate Congressmember alongside primary candidate Erick Martínez Salgado (who was also at the march), after the previous diversity candidate Erick Martínez Ávila was murdered. Last August she survived a violent hate crime.

When I went to talk with Vicky a few days later at the APUVIMEH offices I’d been to last Fall in El Bosque, it turned out APUVIMEH was no longer there. A few phone calls later I discovered where they were, and took the colectivo back down the hill and walked the rest of the way to the new downtown offices. A woman was sitting in the back of the large hot room where the new office was, watching videos on television, and Vicky told me they had had to leave because of extortion threats at the last place. I later got the longer version of the story which was that one of the extortionists had been detained, but that the intellectual author/mastermind of the scheme was a DGIC agent living in El Bosque, and that they had denounced him, but no action had been taken. They had so feared for their safety that they had not been to their own offices where they had all their equipment, and from December until February 15th when they moved into the new office downtown. “Andabamos en los restaurantes de comida rápida, en los malls, por miedo de regresar al Bosque,” APUVIMEH director Sandra Zambrano told me. When they finally went for their things, they requested police accompaniment for protection in the move.

The woman watching music videos on TV in the back, it turned out, was sent by the Secretaría de Seguridad because 19 members of APUVIMEH have protective measures. But, Sandra noted, she’s only there from 8 to 5. They have no one to protect them otherwise. Here are some of the things that have happened to APUVIMEH activists in the past year:

  • The kidnapping of Sandra’s teenage daughter, June 20, 2013. This kidnapping hasn’t even had a case number assigned to it yet.
  • The attack on Yona Cruz, an assassination attempt in which men on a motorcycle shot him four times in the stomach. He’s had three surgeries to repair his intestine. He showed me his scars:
    Yona told me the Ministerio Público began investigating the case but then stopped. Sandra added, “está durmiendo el sueño de los justos.”
  • Vicky’s attack on August 9, 2013, mentioned above, in which everything related to her gender identity (earrings, heels, etc.) was violently stripped while the four men doing it (and beating her up) shouted anti-trans and anti-gay slurs at her. She told me she’d left the country from December to just a couple weeks ago for her protection. She’d been in Nicaragua. When I asked why she hadn’t left earlier she told me it was because she hadn’t been able to get together the money to leave until then. But she couldn’t handle it, she told me. She wanted to be doing human rights activism, and in Nicaragua they don’t have the problems they have here. “Esto es lo mío,” she said. I noticed she was wearing an engagement ring and asked about it. She laughed and told me, no, she wasn’t getting married (she wished!), and that “estoy comprometida con Honduras.” Because the organization was in the process of getting protective measures issued for various members when she left, she wasn’t able to get them in the end, and as such was more vulnerable. I commented that protective measures don’t seem to do much to protect here, and she nodded, but said that in case anything happened, at least there would be the antecedente. “Tengo miedo de salir a la calle, pero digo no me queda de otro. Todavía tengo miedo, no creas.” A public defender has been assigned her case, but Vicky hasn’t spoken with her yet, “¿Para qué?, digo, si no han hecho nada.” A little while later she told me about how her determination to leave the country grew last Fall after her attack. She became terrified of motorcycles that drove by her. On one occasion she was waiting for a bus near the airport when a motorcyclist drove up near her and put his hand in his pocket. “Dije esto ya es mi fin. Pero lo que sacó fue celular.” Even then, she was imagining that maybe he had a picture of her to know the right person to kill, and that’s why he took out the phone, to compare. She continued, “En la calle no voy caminando, voy corriendo. Por eso no uso tacones, para ir corriendo.
  • Joel, one of the organization’s activists was kidnapped on January 2nd, 2014, by four ski-masked men who beat him up and told him that los culeros no valen nada and that they should stop going out on the streets. (Vicky interjected as Sandra related this to me, saying it’s always four, with my attack it was four men too). Sandra said that after the kidnapping they were sent a text message that the same thing was going to happen to two other members of the organization.
  • Roberto Antonio Cruz, the secretary of APUVIMEH, has been followed by men on motorcycles who have taken his pictures. The organization has denounced it with the Ministerio Público and CONADEH, but it hasn’t been assigned a case number.
  • Amaranta Acosta, a trans woman who was in the march with us, had left the office to go home last month when a man on the bus started telling her he didn’t want to see her on the streets, that he was going to put her in a black bag—which everyone here understands to mean they will chop you up into pieces (descuartizar). She got off the bus as quickly as she could, and switched buses twice more to lose him on her way home. But the next day the same man found her and said the same things, telling her he was going to kill her “porque le caían mal los culeros.” Sandra, who was telling me about this, added “es que la gente no sabe diferenciar entre trans y gay.” The organization was seeking funds to help Amaranta to move to a different place where she would be marginally safer, because in her neighborhood everybody knows where she lives and can point her out, but they haven’t been able to find the money.

APUVIMEH is also the organization where Walter Tróchez worked until he was murdered, almost certainly by the same police who had abducted and tortured him days earlier. The new offices are named in his honor (as were the old ones):

I asked about the progress of Walter’s case and they told me that not much had happened since they captured a young gay man supposedly responsible for the crime last April. Walter’s colleagues don’t believe that the chico is actually guilty, and say that he is being used as a scapegoat. They say there is evidence that the man, who himself has suffered abuses at Támara prison, was in Mexico at the time of Walter’s murder. Apparently the state says there are three others who will be charged, and they’re waiting to see, but don’t have any faith in the process. A woman came for six months from the FBI, they said, but she disappeared the day they caught the supposed criminal and hadn’t been seen since. According to Walter’s closest colleagues and friends, themselves under attack with very little protection from a state that sets up military blockades to prevent people with rainbow flags from walking on public streets, “queda impune el caso.”

At the march, APUVIMEH held a mock funeral procession for Walter and all the other victims of impunity and hate crimes against the diversity community, with two coffins, mourners, angels and Death.

The sign on this coffin reads: we demand access to justice.

Other organizations marched as well, including Colectivo Violeta, Arcoiris and Kukulcan.

Kukulcan put out these No H8 posters (a phrase that doesn’t make sense in Spanish) encouraging people to denounce hate crimes against gay and trans people. This certainly resonates in the NGO world, but is not always the best tactic when the people to whom you are supposed to denounce are themselves the worst perpetrators of hate crimes. Still brave.

Almost all (if not all) the Tegucigalpa LGBTTI organizations are funded by HIVOS, which provided funds for the march and apparently also recently engineered a forcible collaboration (forzosamente hizo que se uniera) to address the infighting (and/or as one activist told me, porque tienen homofobia internalizada).

The Movimiento de Diversidad en Resistencia was there, chanting (along with allies from the movimiento amplio who marched in the back) “No a la homofobia! ¡Sí al socialismo!

This damn flag kept getting in the way of my shots.

A favorite: Genitals don’t fall in love; People do.

“¡Queremos pasar!” chanted the marchers.

Others cheekily retorted “queremos pisar,” refusing to allow the hostile military presence to destroy the mood. A friend saw me scribbling in my notebook and said “Don’t write that down!” In any case I seem to have lost the notebook in which I took all the notes for the march, so unless I find it and update this, this is just a photo-essay combined with notes from the subsequent interview.

In this photo, you can see the big firefighting truck that showed up blasting sirens and then hung around for a bit, apparently just there to help intimidate marchers.

Activists wheatpasted these Kukulcán wanted posters seeking those responsible for the murder of Erick Martínez Ávila. Folks I spoke with think the justice process is turning out to be a sham in his case like Walter’s (I’ll be looking into the details more in the coming weeks).

Facing the military roadblock, some argued with the military, others waited around for ten or fifteen minutes. It was clear we weren’t going to pass.

Eventually marchers turned back to go past the starting point and up to Bulevár Suyapa for the march to the center. A few stragglers took longer to leave:

My neighbor Chiki posed for a fashion shot:

Marching toward Hospital Escuela:

The back end of the coffin had a sign that read “No more hate crimes”:

There were only two kids at the march, which I can only assume was because people were afraid to bring there kids in case there was any police or military attacks—the few people I asked confirmed my hypothesis. I cropped this first picture so as not to identify the girl, who was marching with her mother:

And the other (this photo is borrowed from a much better photo collection):

The sky was ominously gray, and the air was heavy. We weren’t a huge crowd, and between all that and the military blockade, I actually felt a bit scared.

But the flag dancing and baton twirling livened things up:

Outside Hospital Escuela:

Past the National Stadium where Juan Orlando held his empty inauguration in January:

…and past the mayoreo:

Down the hill to where the murdered bus driver was hanged last Fall in the terror campaign leading up to the elections:

…and up into the center. For the last part of the walk they were setting off so many firecrackers, and I started to get agoraphobic and left. But not before taking a couple shots of the victorious end of the march. Because making it from point A to point B in this country is no small victory, especially if you’re walking while queer.

Final note…I didn’t know where to fit this in. We started from Anubis, but there’s another gay club in town called Tantra. Vicky told me trans women aren’t welcome there, which bums her out because she likes the atmosphere better. She said: “No me dejaron entrar en Tantra porque no dejan entrar a trans, creen que todas somos trabajadoras de sexo y venimos a hacer disturbios. Sólo una vez entré pero me tuve que disfrazar de hombre…Yo hasta cierto punto entiendo pero digo que no deben generalizar, y a mí que ya me conocen…

http://quotha.net/node/2646

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