Honduras sigue en una fase de evaluación sobre crímenes de lesa humanidad afirma la CPI

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Tegucigalpa.

La Corte Penal Internacional (CPI) afirmó en su visita a Honduras que los asesinatos y numerosas violaciones a los derechos humanos derivadas del golpe de estado de 2009, se encuentran en un estado de evaluación y que sigue abierta la recepción de nuevos elementos que permitan establecer que en Honduras se actuó de forma estructurada y sistemática en contra de la ciudadanía, aspectos podrían considerarse como crímenes de lesa humanidad.

Los representantes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (creada a través del Estatuto de Roma de la cual el país es signatario) realizaron una visita al país para reunirse con autoridades del gobierno, víctimas de violaciones a derechos humanos y organizaciones defensoras de las garantías constitucionales y los derechos universales.

La visita a esta capital que abarcó del lunes 24 al jueves 28 de marzo estuvo marcada por reuniones a puertas cerradas con el gobierno, así como con organizaciones defensoras de derechos humanos, porque a criterio de la CPI,  las mismas deben manejarse en estricta confidencialidad, especialmente las relacionadas a los testimonios de las víctimas de violaciones a derechos humanos.

En el conversatorio estuvo presente,  el Asesor Internacional de Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Efraín Pérez Escobar.

Incluso los medios de comunicación no tuvieron acceso a los juristas Javier Aguirre, Eugenia Valenzuela y Franco  Matillana, representantes de la Fiscalía de la CPI, quienes anunciaron previo a su visita al país,  que no brindarían declaraciones a la prensa nacional e internacional.

Sin embargo defensoresenlinea.com tuvo acceso a conocer algunos aspectos abordados por los representantes internacionales que se reunieron el jueves 27 de marzo en un punto de la capital de la República, con delegados del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), organizaciones populares, sindicales, jueces, fiscales, periodistas, ex funcionarios de la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales  y defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros.

Durante su intervención Javier Aguirre expuso que en Honduras  hay dos materias en estudio: Los asesinatos contra periodistas, líderes sociales y la segunda, la situación del Bajo Aguán. Hay comunicaciones  e Informes recibidos desde del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán. Está claro que hay muertes violentas en un contexto de conflicto social por la tierra, apuntó Aguirre.

Debe establecerse las causas de las muertes, quién está matando y si hay algún esquema sistematizado de estas muertes. El crimen de lesa humanidad es un ataque sistemático  contra la población civil, torturas, persecución que responde a una política organizativa del estado, concepto que no existía hasta hace algunos años y que es el más difícil de establecer para un examen de la Fiscalía, señaló Javier Aguirre.

La CPI se guía por pruebas de información, grupo armado, rebelde, milicia, un jefe de estado, un presidente, da igual, “ese es nuestro trabajo, en Honduras ese trabajo está en una fase preliminar”, enfatizó el representante internacional.

La CPI está interesada en investigar los crímenes en el Bajo Aguán

En torno a la situación que enfrenta el Aguán, uno de los participantes de los grupos campesinos expresó a los delegados que en Honduras “hay una fuerza de operar, de perseguir, capturar y matar, y es una línea de estado, porque participan policías, militares y guardias de seguridad”.

Otro representante del agro señaló que “hay políticas orientadas a criminalizar la lucha campesina, es una política de estado, está estructurada desde el tema legal y desde una corporación”.

La Plataforma Agraria denunció que desde  enero de 2010 a octubre 2012, más de 3 mil campesinos y campesinas fueron acusados por el delito de usurpación de tierras, porque según los denunciantes, la Fiscalía y los tribunales de justicia actúan al servicio de los terratenientes.

Por otro lado se informó que desde el 2012 a la fecha unos 500 campesinos enfrentan acusaciones judiciales a quienes se les ha aplicado una serie de medidas para evitar la privación de libertad. Otras cifras brindadas por el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDA), apunta que en los últimos años unos 127 campesinos han muerte en condiciones violentas y que hay al menos 6 casos de desapariciones forzadas.

En otra de las reuniones que llevó a cabo la delegación de la Corte Penal internacional (CPI), se conoció sobre las denuncias en torno a que durante la administración del Fiscal General Luis Alberto Rubí se produjo persecución política y discriminación contra fiscales que se manifestaron en contra del golpe de Estado y pretendieron defender los derechos humanos de las víctimas.

Por otra parte la Asociación de Jueces por la Democracia expuso que de 2010 a 2013 fueron asesinados  67 abogados, de los cuales el 97 por ciento se encentran en total impunidad.

El representante de esta organización el  juez Guillermo López Lone (separado de su cargo en 2010 por manifestarse en contra del golpe de Estado), presentó 4 casos emblemáticos con respecto a  la muerte violenta de los profesionales del derecho.

López Lone cito el caso del abogado Antonio Trejo Cabrera asesinado el 23 de septiembre de 2012. Trejo había presentado un recurso contra la creación de la Ley que permiten las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudades modelo y era el apoderado legal del Movimiento Unificado campesino del Aguán (MUCA).

Otro caso que citó López Lone fue el del  fiscal Manuel Díaz Mazariegos, asesinado por varios sujetos en Choluteca. Su cuerpo presentaba 9 impactos de bala mientras se conducía a pie hacia el Ministerio Público desde los tribunales.

El tercer caso es el del  Fiscal Orlan Chávez, asesinado el 18 de abril de 2013, interceptado por desconocidos en los bajos del Estadio Nacional. Los sicarios le dispararon hasta matarlo. Chávez fue el creador de la Ley Contra el Lavado de Activos y la Ley de Privación de Dominio.

Y el cuarto caso citado fue el de la jueza Mireya Mendoza Peña, asesinada el 24 de julio de 2013 en el Progreso. Mendoza Peña  era jueza del Tribunal de Sentencia de aquella ciudad y  miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia.

Durante su intervención ante los representantes de la Fiscalía de la Corte Penal internacional (CPI), el Director Ejecutivo del Comité de Libre Expresión (C-LIBRE), Héctor Longino Becerra dijo que “a los defensores de derechos humanos no nos cabe duda que las mismas estructuras que desataron la represión desatada en  la década de los años ochenta , bajo la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, son las mismas que se han activado con nuevos actores, pero bajo la dirección de los que en aquel momento perpetraron estos crímenes contra la ciudadanía”.

Luego de informar que desde 2003 han sido asesinados 39 periodistas. Y que desde el golpe de estado, los asesinados son 34, Becerra citó en torno al tema de ejecuciones extrajudiciales que en 2002 la ex comisionada de policía, María Luisa Borjas, reveló que desde la policía se eliminaba a los jóvenes.

La abogada Rixi Moncada, ex funcionaria de la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales expuso que varios de sus compañeros y compañeras del ex gabinete de gobierno, continúan sien víctimas de persecución política.

Moncada sostuvo que hace algunos meses el ex presidente Manuel Zelaya les expresó que el actual ministro de Seguridad Arturo Corrales y el dueño de Diario La Tribuna y ex presidente de la República,  Carlos Flores iban a tratar de desarticular las acciones de las víctimas emprendidas ante la CPI.

“Espero estar equivocada y que la arremetida internacional para limpiar las violaciones sea falsa, quisiera pensar que es falsa, yo entiendo lo que han expresado que ha existido una política deliberada, lo que no entiendo es cuántas muertes se ocupan para pasar a la fase de investigación en la CPI para investigar las violaciones de derechos humanos”, reclamó la ex ministra.

Entretanto la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva dijo a los representantes de la CPI que “confío en que ustedes valoren lo que hemos expresado pero siento que va a ver la oportunidad para demostrar que enfrentamos la peor crisis en materia de derechos humanos en Honduras”.

Oliva lamentó que muchos hondureños que habían sido beneficiados por medidas cautelares de protección fueran asesinados. “Otro sector que hemos dejado por fuera es el magisterial, no solo por la descalificación pública, sino porque están enfrentando juicios, más otros 40 asesinados después del golpe de Estado”, dijo la reconocida defensora de derechos humanos.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3049:honduras-sigue-en-una-fase-de-evaluacion-sobre-crimenes-de-lesa-humanidad-afirma-la-cpi&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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