Archivos para 6/01/14

Amparo contra denegatoria para verificación de actas electorales

Lunes, 06 Enero 2014 23:09

Ex aspirante a alcalde sampedrano

La dirigencia del PAC aseguró que los miembros del TSE denegaron la solicitud de verificar las actas electorales.

La dirigencia del PAC aseguró que los miembros del TSE denegaron la solicitud de verificar las actas electorales.
Tegucigalpa, Honduras

La Sala de lo Constitucional recibió ayer un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado contra una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que deniega la verificación y comprobación de resultados solicitadas por el aspirante a alcalde sampedrano por el Partido Anti Corrupción (PAC), José Guillermo Milla French.

La acción de amparo fue presentada por el abogado Juan Carlos Berganza, en su condición de apoderado legal de Milla French.

El amparo señala que el TSE les denegó la verificación de actas, lo cual demuestra el gran fraude electoral que se consumó el pasado 24 de noviembre.

Piden a la Sala de lo Constitucional el restablecimiento de los derechos conculcados como el de elegir y ser electos, igualdad ante la ley, derecho a la defensa y al debido proceso.

“Esta petición será posible solo si la acción de amparo que hoy interponemos es admitida con suspensión del acto reclamado”, señala el amparo.

Solicitan a la Sala Constitucional admitir la acción de amparo, darle curso a la recusación para garantizar la transparencia en la administración de justicia.

 

Fuente: http://www.tiempo.hn/color-pol%C3%ADtico/noticias/amparo-contra-denegatoria-para-verificacion-de-actas-electorales?utm_source=color-pol%C3%ADticoTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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Honduras: Aplicarán 10 años de cárcel a los defraudadores del fisco

Lunes 06 de enero de 2014

10:38 pm  – Redacción 

La reforma contempla elevar penas de hasta 11 años de reclusión y millonarias multas contra defraudadores del fisco. Se eliminaría beneficio a evasores de no ir a prisión si pagan lo defraudado.

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El Congreso Nacional conoce ya el proyecto de reforma al Código Tributario para endurecer las penas en contra de los evasores del fisco.

El Congreso Nacional conoce ya el proyecto de reforma al Código Tributario para endurecer las penas en contra de los evasores del fisco. ()

Tegucigalpa,

Honduras

Una reforma al Código Tributario contempla penas más duras por el delito de defraudación fiscal y los evasores no podrán evitar ir a prisión.

La iniciativa es conocida por el Congreso Nacional (CN), quien se apresta a aprobar las reformas al Decreto 22-97, que contiene dicho Código. La iniciativa fue introducida anoche al pleno de la Cámara por el diputado nacionalista Javier Menocal.

En la reforma se destaca que los evasores al fisco ya no podrán evadir ir a prisión, ya que el artículo 212 les venía concediendo el beneficio de no ser acusados si pagaban el perjuicio económico que ocasionaron al Estado por la defraudación. Asimismo, penas de hasta once años de reclusión a los que se encuentren culpables de cometer dicho delito.

Esto forma parte de una política de combatir la evasión al fisco, que promueve el nuevo gobierno que presidirá Juan Orlando Hernández. De esta forma se enfocará en un rubro para obtener resultados positivos para solventar la crisis económica que atraviesa el país.

Se estima que el año anterior el gobierno dejó de percibir 5,000 millones de lempiras por pago de impuestos.

Se considera que es imprescindible contar con un cuerpo jurídico que establezca los principios generales, las normas administrativas, penales y procesales aplicables a todos los tributos, a fin de introducir congruencia entre los mismos y uniformar los criterios del régimen sancionatorio en caso de incumplimiento.

Las reformas

El asesor del CN, Ebal Díaz, dijo que con dichas reformas al Código Tributario se pretende aplicar la ley de manera efectiva, eliminando la posibilidad de que los evasores del fisco eviten ir a la cárcel como ocurre con el Código actual.

Forman parte de las medidas antievasión planteadas que buscan sanear las finanzas del país y permitir la continuidad de los programas sociales de la siguiente administración.

Las reformas se centrarán en los artículos 210 y 212 del capítulo III del Código Tributario relativo a las sanciones de multas y reclusión aplicables al delito de defraudación fiscal, de acuerdo al monto defraudado.

En el artículo 210 se incluyen multas en los casos que la defraudación no supere los 50,000 lempiras.

En el numeral uno se propone una multa igual al doble del valor del impuesto, contribución o tasa objeto del delito si dicho valor no excede de 10,000 lempiras.

El segundo numeral impone prisión de dos a cuatro meses cuando el valor de los impuestos, contribuciones o tasas objeto del delito sea de 10,000 a 20,000 lempiras, más una multa igual a tres veces el respectivo valor.

Finalmente se propone una sanción de reclusión de cuatro a seis meses cuando el valor de los impuestos, contribuciones o tasas objeto del delito sea de 20,000 a 50,000 lempiras, más una multa igual a ocho veces dicho valor.

Cárcel

En otro apartado de dicho artículo se establecen en cinco numerales las penas de reclusión mayores a seis meses y hasta diez años, contra los evasores.

Inicialmente, se propone de seis meses a seis años de reclusión si el monto de los impuestos, contribuciones o tasa omitidas sea de 50,000 a 100,000 lempiras, más una multa igual a diez veces el mencionado monto.

Cuando el monto de los impuestos sea de 100,000 lempiras un centavo a 200,000 mil lempiras tendrán que pagar una pena de seis a ocho años en prisión, más una multa por 12 veces del monto mencionado.

De seis a siete años de prisión si el monto de los impuestos, contribuciones o tasas omitidos es de 200,000 a 300,000 lempiras, más una multa igual a 14 veces el mencionado monto defraudado.

Cuando la defraudación sea de 300,000 a 500,000 lempiras se propone una pena de cárcel de siete a ocho años, más una multa igual a 12 veces el mencionado monto.

Finalmente, se propone imponer de ocho a diez años de prisión si el monto de los impuestos, si la defraudación supera los 500,000 lempiras, más una multa igual de 10 veces la mencionada suma. Es decir, que en este caso las multa mínima ascendería a cinco millones de lempiras.

En caso que no se pueda determinar la cuantía de lo defraudado, por causas no imputables al indicado, la pena será de cinco a ocho años de reclusión, más una multa igual a 10 veces del valor defraudado.

También se contempla que si las causas son imputables al indiciado, la pena será de nueve a once años, más diez veces el valor estimado de los impuestos, contribuciones o tasas omitidos.

Sin beneficio

Finalmente, se propone una reforma al artículo 212 del Código Tributario para despojar a los defraudadores al fisco del beneficio de evitar ir a prisión con pagar el perjuicio económico que ocasionó al Estado.

“Se formulará acusación a quien hubiere omitido el pago del tributo u obtenido el beneficio indebido conforme al artículo anterior, aun cuando lo entere espontáneamente con sus recargos antes de que la autoridad tributaria descubra la omisión o el perjuicio o sin que medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión de aquella tendente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales”, cita la reforma. Solo se elimina la palabra no al inicio del anterior párrafo.
Aval

Las reformas tendientes a endurecer penas y enviar a prisión a los evasores al fisco cuentan con el apoyo de las autoridades del Ministerio Público (MP).

La subdirectora de Fiscalías, Loany Alvarado afirmó recientemente que el MP avala la iniciativa de reforma al Código Tributario. El MP aprueba las reformas al Código Tributario, se tiene una ley muy tibia en ese aspecto, manifestó.

Como parte de la coordinación, el MP y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) conformarán un cuerpo común para combatir la evasión fiscal.

Recientemente, el fiscal general Óscar Chinchilla creó la Fiscalía contra Delitos Tributarios, que conocerá de las denuncias que le remita la DEI, la ciudadanía y las iniciadas de oficio, para ejercer las acciones legales que correspondan. La DEI la apoyará en la investigación, al contar con personal especializado en materia tributaria.

Lo que se pretende es emprender acciones conjuntas para enfrentar los delitos de contrabando, defraudación fiscal, abusos de autoridad y falsificación de documentos públicos, entre otros relacionados.

La directora de la DEI, Mirian Guzmán, dijo que estos delitos son una modalidad del crimen organizado. Por lo tanto, propuso el nombramiento de jueces con jurisdicción nacional para conocer las acusaciones que se interpongan.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Honduras-Aplicaran-10-anos-de-carcel-a-los-defraudadores-del-fisco

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Ocho reformas en calendario escolar 2014

Lunes 06 de enero de 2014

10:40 pm  – Mario Cerna 

Entre ellas la doble jornada, aprobación de asignaturas con 70%, matrícula de niños de 5 años y clases todos los sábados

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Una deuda pendiente de las autoridades es la atención de los centros educativos y la dotación de material didáctico.

Una deuda pendiente de las autoridades es la atención de los centros educativos y la dotación de material didáctico. ()

Tegucigalpa,

Honduras

El sistema educativo hondureño se apresta a enfrentar severos cambios y retos.

De acuerdo a las nuevas determinaciones, son al menos ocho grandes reformas que comienzan a ponerse en práctica en el año escolar 2014.

Una de ellas es la doble jornada, que ayer fue publicada junto al calendario escolar de 2014 en el diario oficial La Gaceta, donde los niños asistirán a dos bloques de clases diarias: 8:00 a 11:30 AM y de 1:00 a 3:00 PM de lunes a viernes.

Esta modalidad es muy similar a la que aplican ya cientos de escuelas y colegios bilingües de las principales ciudades del país.

Actualmente 19,564 centros educativos solo tienen jornada por la mañana y es en estos centros donde se implantará la doble jornada, argumentó el ministro de Educación, Marlon Escoto en su cuenta de Twitter @escoto_marlon.

Estos centros educativos es donde solo se imparten clases de primero a noveno grado, es decir que no aplicará para institutos donde hay clases por la mañana y por la tarde, como el Central Vicente Cáceres, por mencionar un ejemplo.

De manera paralela, el segundo cambio, la Secretaría de Educación amplió la jornada semanal de clases, de cinco a seis días, eso significa que también se deberá ir a la escuela y al colegio los sábados de 8:00 AM a 10:00 AM.

Con esto se pretende superar los 200 días de clases que se alcanzaron en 2013.

Magisterio de acuerdo

Roberto Tróchez, secretario de Finanzas del Colprosumah, dijo que los maestros no tienen problemas con asistir a la doble jornada.

“El problema lo tiene el Estado y los padres de familia… el primero, porque no ha explicado cómo hará para cubrir tanta demanda educativa con los mismos centros y aulas, y al segundo, porque deberán ir a dejar y recoger a sus hijos dos veces al día”, amplió.

Explicó que los padres deberán ir a recorrer a sus hijos a las 11:30 am y luego dejarlos de nuevo a la 1:00 pm, porque actualmente el programa de merienda escolar no funciona en todos los centros y por el contrario, se han recortado sus fondos en los últimos años.

Niños de cinco años

La tercera gran reforma aprobada a finales de diciembre del año anterior manda que a partir de 2014 los niños menores de cinco años podrán matricularse en primer grado.

Esto estaba vetado por la ley, ya que se establecía que la edad mínima para ingresar a ese grado era de seis años.

La modificación va orientada a aceptar a todos los niños que tengan cinco años, pero que cumplan los seis en el mismo año que se matriculan.

Además, el padre de familia debe comprobar que en esa comunidad no existe ningún centro de prebásica ni kinder.

“La idea es atender a cerca de 130 mil niños de esa edad que no acceden a la educación prebásica”, explicó Dennis Cáceres, director de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación.

Otra reforma, la cuarta, es la de no reprobar a los niños de primer grado.

Esta medida, al igual que el resto, tiene aplicación general, es decir que el sector privado de la educación también la debe cumplir.

Sin embargo la medida ha sido pensada para atender la problemática en el sector público, donde se registra el mayor índice de reprobados (de primero a tercer grado la repitencia alcanza el 30 por ciento, es decir tres de cada diez niños reprueban).

Esta reforma va acompañada (la quinta) con la orden para que el maestro que imparta primer grado, en 2014 por ejemplo, acompañe a este mismo grupo de alumnos en 2015 y 2016, o sea hasta el tercer grado.

Con esto se quiere que el maestro identifique las debilidades y fortalezas de sus estudiantes de primer grado, donde se reportan los mayores problemas de aprendizaje y adaptación al sistema, y de esa forma que dé seguimiento a su formación en los años subsiguientes.

Aprobación 70% 

La sexta novedad es que los alumnos ahora aprobarán las asignaturas con 70 por ciento de promedio. Anteriormente era de 60 por ciento.

Los colegios bilingües comenzaron a aplicar este nuevo porcentaje desde septiembre pasado, aunque cabe señalar que muchos de estos institutos aplican el 70 por ciento desde hace muchos años atrás.

La séptima reforma es que se han eliminado las recuperaciones al final del año y se implementará un sistema de evaluación continua que ofrecerá más oportunidades al estudiante de recuperar las bajas notas al final de un período y no al final del año.

La última reforma es la eliminación de varias carreras, entre ellas bachillerato en Ciencias y Letras, Perito Mercantil y Maestro de Primaria.

En compensación se crearon al menos 22 nuevas carreras.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Ocho-reformas-en-calendario-escolar-2014

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CN eleva a rango constitucional la Policía Militar

Lunes 06 de enero de 2014

10:12 pm  – Redacción 

El Poder Legislativo garantizó anoche las operaciones de la Policía Militar de Orden Público en contra del crimen y el narcotráfico en diferentes zonas del país.

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La Policía Militar fue elevada anoche a rango constitucional por el CN.

La Policía Militar fue elevada anoche a rango constitucional por el CN. ()

Tegucigalpa,

Honduras

El Congreso Nacional (CN) aprobó anoche una reforma al artículo 274 de la Constitución de la República que garantiza la existencia de la Policía Militar de Orden Público.

A la reforma se le dispensó el segundo debate y fue aprobado en tercer debate a petición del presidente electo, Juan Orlando Hernández, ante la amenaza de que este nuevo cuerpo de seguridad sea abolido en el futuro luego de haber sido impugnado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por ser una reforma constitucional, esta debe ser ratificada en la siguiente legislatura, lo que supone un conflicto en virtud de que nuevas fuerzas políticas entran al Legislativo.

El diputado secretario del CN, Rigoberto Chang Castillo, planteó la necesidad de elevar a rango constitucional la Policía Militar para garantizar la seguridad de los hondureños.

En su primer artículo, el dictamen establece que el artículo 274 constitucional deberá leerse de la siguiente manera: “Las Fuerzas Armadas están sujetas a las disposiciones de su ley constitutiva y a las demás leyes y reglamentos que regulen su funcionamiento…”.

El mismo artículo constitucional se leerá en la parte final que “forma parte de las Fuerzas Armadas de Honduras la Policía Militar de Orden Público cuyas funciones y obligaciones se establecen en su ley especial”.

La reforma constitucional fue aprobada con el apoyo de la mayoría de bancadas, con 109 votos a favor y ningún voto en contra.

Reforma al 329

En la misma sesión, los diputados del Congreso Nacional aprobaron además una reforma al artículo 329 de la Constitución para permitir la participación en materia de seguridad de la Policía Militar en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

De esta manera se establece que los municipios, las zonas sujetas al régimen especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico y demás entes del Estado pueden, en casos especiales, solicitar al Presidente de la República ordenar a las Fuerzas Armadas incorporar a las tareas de seguridad y al combate del delito a la Policía Militar.

El presidente de la Comisión de Seguridad del CN, diputado Mario Pérez, explicó que únicamente se está adicionando un párrafo final al artículo 329 que establece que las Zonas Especiales de Desarrollo, mediante un mecanismo de consulta de quienes residen en la zona, pueden decidir que la seguridad que se implemente en ese territorio la dirija la Policía Militar.

Cuando los habitantes de la Zona Especial de Desarrollo lo decidan se lo van a solicitar al Presidente de la República y el Presidente deberá aprobar un decreto en Consejo de Secretarios de Estado y una vez que se apruebe la política de seguridad en esa zona de desarrollo va a ser dirigida por la Policía Militar de Orden Público”, explicó.

El diputado liberal, Osman Aguilar, dijo que este agregado los tomó por sorpresa, sin embargo, la diputada Lena Gutiérrez afirmó que la reforma, en estos mismos términos, fue conocida en la sesión del 17 de diciembre pasado.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/CN-eleva-a-rango-constitucional-la-Policia-Militar

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Congreso Nacional concede rango constitucional a la Policía Militar

6 de Enero de 2014

10:26PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn

Los diputados aprobaron anoche la reforma al artículo 274 de la Constitución.

Con esta enmienda a la Constitución, la Policía Militar tendrá carácter permanente al ratificarse en la nueva legislatura.
Con esta enmienda a la Constitución, la Policía Militar tendrá carácter permanente al ratificarse en la nueva legislatura.

Tegucigalpa. El Congreso Nacional aprobó anoche una reforma al artículo 274 de la Constitución de la República que garantiza la existencia de la Policía Militar de Orden Público.

La reforma fue aprobada en un único debate a petición del presidente electo, Juan Orlando Hernández, ante la amenaza de que este nuevo cuerpo de seguridad sea abolido en el futuro luego de haber sido impugnado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El proyecto de reforma fue presentado por el diputado secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo, quien planteó la necesidad de elevar a rango constitucional la Policía Militar para garantizar la seguridad de los hondureños.

En su primero y único articulo, el decreto de reforma establece que el artículo 274 constitucional deberá leerse de la siguiente manera: “Las Fuerzas Armadas están sujetas a las disposiciones de su ley constitutiva y a las demás leyes y reglamentos que regulen su funcionamiento…”

El mismo artículo constitucional se leerá en la parte final que “Forma parte de las Fuerzas Armadas de Honduras la Policía Militar de Orden Público cuyas funciones y obligaciones se establecen en su ley especial”.

La reforma constitucional aprobada con el apoyo de la mayoría de bancadas con 109 votos a favor entrará en vigor una vez que sea ratificada por la próxima legislatura, una vez que asuman los nuevos diputados del Congreso.

Reforma al artículo 329

En la misma sesión, los diputados del Congreso Nacional aprobaron además una reforma al artículo 329 de la Constitución para permitir la participación en materia de seguridad de la Policía Militar en la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede).

De esta manera, se establece que los municipios, las zonas sujetas al régimen especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico y demás organismos del Estado pueden en casos especiales solicitar al presidente de la República ordenar a las Fuerzas Armadas incorporar a las tareas de seguridad y al combate del delito a la Policía Militar.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, diputado Mario Pérez, explicó que únicamente se está adicionando un párrafo final al artículo 329 que establece que las Zonas Especiales de Desarrollo mediante un mecanismo de consulta de quienes residen en la zona pueden decidir que la seguridad que se implemente en ese territorio la dirija la Policía Militar.

Cuando los habitantes de la Zona Especial de Desarrollo lo decidan se lo van a solicitar al presidente de la República y el Presidente deberá aprobar un decreto en Consejo de Secretarios de Estado y una vez que se apruebe, la política de seguridad en esa zona de desarrollo va a ser dirigida por la Policía Militar de Orden Público”, explicó.

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Militarizadas las oficinas de la DEI

6 de Enero de 2014

09:58PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn

Asambleas informativas de los empleados de la entidad recaudadora impiden la atención al público.

Ayer durante la mañana no hubo atención al público en las oficinas centrales de la DEI en la capital.
Ayer durante la mañana no hubo atención al público en las oficinas centrales de la DEI en la capital.

Tegucigalpa. Las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) del país amanecieron militarizadas ayer como medida preventiva de las autoridades por la paralización que mantienen sus trabajadores desde el viernes, cuando la recién nombrada directora anunció la aplicación de pruebas de confianza.

Las acciones de protesta continuarán toda la semana, según el anuncio del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (Sitradei), por lo que se prevé que la movilización de los uniformados también se mantenga.

 

A medio vapor

Las asambleas informativas celebradas en rechazo de una supuesta privatización de la institución y la aplicación de las pruebas de polígrafo impidieron la atención a miles de hondureños que buscaban hacer distintos trámites en esta institución.

La atención al público se mantendrá a medio vapor durante toda la semana.

“Nosotros pedimos disculpas al pueblo hondureño, pero no vamos a permitir la privatización de la institución, por lo que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, manifestó el presidente del Sitradei, Jorge Chavarría, al detallar que la paralización de labores se ejecuta de 9:00 am a 12:00 m.

El directivo aseguró que las medidas se mantendrán pese a que el departamento de Recursos Humanos está levantando actas para audiencias de descargo; pero estas acciones “no intimidan a empleados”, subrayó.

“Ellos quieren privatizar la DEI y llevarla a un grupo de poder llamado Coalianza, nosotros no podemos permitir que haya abuso de autoridad de parte del presidente Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández”, dijo el sindicalista Carlos Alberto Rodríguez.

Insistió en que los empleados no le tienen miedo a las evaluaciones, siempre que sean con base en ley.

“Nosotros le dijimos a la directora (Miriam Guzmán) que si ella tiene pruebas que dentro de la institución hay personas corruptas, que lo demuestre y compruebe, porque el sindicato no va a defender a corruptos”, afirmó.

El medio para que se suspendan las protestas es que Guzmán extienda por escrito un compromiso en el que garantice la estabilidad laboral de los actuales empleados y que no se privatice la entidad recaudadora, señalaron los líderes sindicales.

El primer grupo en ser sometido a las pruebas de confianzas está conformado por 150 personas.

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/441392-96/militarizadas-las-oficinas-de-la-dei

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Firma SAISA, virtual operadora de Palmerola

Lunes 06 de enero de 2014

08:36 pm  – Redacción 

En audiencia pública, compañía del Grupo Terra fue la única en entregar oferta técnica y económica para edificar termina.

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Representantes de la firma SAISA al momento de entregar su propuesta técnica y económica a Coalianza.

Representantes de la firma SAISA al momento de entregar su propuesta técnica y económica a Coalianza. ()

Tegucigalpa,

Honduras

Todo indica que la constructora hondureña Servicios Aeroportuarios Integrados S.A. (SAISA) edificará el nuevo aeropuerto de Comayagua, que se pretende establecer en la base militar Enrique Soto Cano de Palmerola.

SAISA es parte del consorcio Grupo Terra, que gestiona los aeropuertos del país, y fue la única que compareció ayer a las audiencias del concurso público internacional para la contratación del inversionista que se encargará del diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del aeropuerto Palmerola.

SAISA hizo efectiva su oferta técnica y económica tras haber sido precalificada junto al consorcio colombiano Concay S.A., que a último momento declinó presentar su propuesta para la construcción de la nueva terminal.

Ambas firmas fueron precalificadas a través de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza) que inicialmente cedió derechos de participación a unas 10 empresas de países como China, Chile, Colombia y Honduras, entre otros.

El resultado del concurso público se dará a conocer este día, una vez que se concluya la revisión de la propuesta técnica y económica de la firma SAISA, que de cumplir todos los requerimientos será la encargada de la construcción y operación de Palmerola.

La terminal se pretende edificar mediante una concesión que se estaría otorgando por un período de 30 años mediante una inversión inicial de 107 millones de dólares, es decir, más de 2,000 millones de lempiras.

José Antonio Pineda, comisionado de Coalianza, explicó que el principal requerimiento que debe cumplir la firma para adquirir el contrato de construcción tiene que ver con la banda establecida para el cobro de la tasa aeroportuaria a los usuarios de la nueva terminal.

La empresa debe enmarcar su propuesta en la banda establecida para la tasa aeroportuaria, que es de 44 dólares mínimo (unos 890 lempiras) y 48 dólares máximo (cerca de 970 lempiras), explicó el funcionario.

Terminal

El proyecto contempla la construcción de una torre de control con equipo y tecnología acorde con los estándares y certificaciones internacionales, terminales de carga y pasajeros con instalaciones amplias y modernas y además la adecuación de accesos viales y peatonales.

La terminal estará ubicada en el municipio de Comayagua, en el eje vial entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, a 70 kilómetros de la capital.
Tendrá una pista de 2,440 metros de longitud que permitirán la operación de aeronaves de alto calado.

Ruben Darío Sorto, representante legal de SAISA, dijo que la firma posee una experiencia en la materia de más de 10 años, pues se trata de la misma compañía que ha venido edificando y dando mantenimiento a los diferentes aeropuertos hondureños.

Sorto explicó que la compañía es ajena a la empresa Aeropuertos de Honduras, que actualmente conduce la concesión de los principales aeropuertos del país, y descartó que, de ganar el contrato, la misma vaya a administrar la concesión de Palmerola.

“Nosotros hemos presentado una oferta seria, formal y muy bien estudiada, conocemos muy bien el proceso y creemos que somos la empresa indicada… SAISA tiene más de 10 años de operar en el país y es la que ha venido dando mantenimiento y edificando los diferentes aeropuertos de Honduras”, indicó.

Según las autoridades, de adjudicarse este día el contrato de construcción de Palmerola, la terminal podría comenzar a operar el segundo semestre de 2016.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Firma-SAISA-virtual-operadora-de-Palmerola

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2,500 trabajadores se podrían ir de Soptravi

Lunes 06 de enero de 2014

08:40 pm  – Redacción 

Pasivo laboral domina agenda de ministro saliente con recién designado secretario de Infraestructura y Energía

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Hasta 2,500 empleados podrían ser separados de Soptravi, según las autoridades.

Hasta 2,500 empleados podrían ser separados de Soptravi, según las autoridades. ()

Tegucigalpa,

Honduras

La excesiva burocracia al interior de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) ya está sujeta a revisión.

Ayer, el titular de la institución, Raquel Quan, reveló que el pasivo laboral encabeza la lista de temas abordados con el recién designado ministro de Infraestructura y Energía, Roberto Ordóñez.

El proceso de revisión responde a una serie de acciones iniciadas en el marco del proceso de transición que se realiza en la antesala a la asunción de la nueva administración el 27 de enero próximo.

Quan dijo que es urgente revisar y mejorar el pasivo laboral de la institución considerando que actualmente en Soptravi se desempeñan unos 4,600 empleados, pudiendo operar con una planilla de entre 2,000 y 2,500 trabajadores.

Pasivo

“En primer lugar tenemos que ver lo del pasivo laboral, esto es algo que la Secretaría debe mejorar y también los proyectos de inversión en zonas productivas para que haya una mejoría económica en el país”, dijo.

Consultado sobre el actual pasivo laboral y la cantidad de empleados que se podría disminuir en la institución, el funcionario afirmó que “estamos hablando de 4,600 empleados, creo que con unos 2,500 o unos 2,000 menos podría ser”.

Cada año el gobierno destina alrededor de 3,000 millones de lempiras de presupuesto para la operación de Soptravi, en donde un alto porcentaje de los recursos se diluye en el pago de salarios a trabajadores, asesores, consultores y hasta familiares de funcionarios y exfuncionarios.

La precaria situación en que opera la institución ha venido dificultando los procesos de construcción y mantenimiento de las principales carreteras del país, actualmente en pésimas condiciones.

“Nosotros cuando llegamos a Soptravi ni siquiera habían archivos, en este momento tenemos varios proyectos en cartera, se han inaugurado algunas obras y pretendemos dejar de una manera mejor que como la encontramos la institución”, indicó.

El gobierno entrante, encabezado por el presidente electo Juan Orlando Hernández, anunció una reforma en la estructura de gobierno que contempla el cierre y fusión de varias instituciones de gobierno a fin de disminuir el gasto corriente y reducir el déficit fiscal.

Con la creación de un ministerio de Infraestructura y Energía se supone la fusión de entes como Soptravi, Fondo Vial, FHIS, Empresa Nacional Portuaria (ENP), entre otras.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/2-500-trabajadores-se-podrian-ir-de-Soptravi

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Consejo conocerá más expedientes contra jueces

Lunes 06 de enero de 2014

07:37 pm  – Redacción 

En la medida que el Consejo de la Judicatura impone sanciones administrativas, el Ministerio Público abre expedientes penales contra los sancionados.

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El Consejo de la Judicatura reactivará hoy sus sesiones para conocer el manejo del recurso humano, administrativo y financiero de la CSJ.

El Consejo de la Judicatura reactivará hoy sus sesiones para conocer el manejo del recurso humano, administrativo y financiero de la CSJ. ()

Tegucigalpa,

Honduras

El Consejo de la Judicatura podría imponer hoy más sanciones contra jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Para hoy están convocados los consejales, que conforman dicho Consejo, al primer pleno del año.

Entre los puntos de agenda a discutir será conocer expedientes que remitirá la Inspectoría General de Tribunales, informó a EL HERALDO una fuente judicial.

A finales del año anterior el Consejo de la Judicatura solicitó a la Inspectoría que investigara y le remitiera 70 expedientes de denuncias interpuestas contra jueces, magistrados de Cortes de Apelaciones y otro personal judicial.

“Esperamos que la Inspectoría remita mañana (hoy) los 70 expedientes para conocerlos”, expuso la fuente. Los informes serán revisados, para que posiblemente hoy se emitan las resoluciones.

Entre ellas podrían ser suspensión del cargo, mientras demora la investigación, destituciones o desestimar las denuncias por falta de méritos. De emitirse decisiones referidas a medidas disciplinarias, se informará de inmediato a la sociedad, aseguró.

En declaraciones ofrecidas a EL HERALDO, el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, afirmó que vienen más sanciones en este año contra el personal judicial que se aparte de los principios de honestidad y ética.

Lo que se pretende es fortalecer la transparencia en la administración de justicia, de esa forma se recuperará la confianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial, justificó.

Sanciones

A la fecha, 13 jueces fueron suspendidos, dos destituidos y una secretaria general suspendida. A estos se suma la renuncia de Wendy Caballero, del cargo de jueza con jurisdicción nacional.

Tanto Caballero como la exjueza María Fonseca guardan prisión al ser acusadas por supuestas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones.

También fueron procesados y se libraron órdenes de captura contra Wilmer Caballero Pérez, secretario y hermano de la exjueza; y contra el escribiente judicial Marcial Gutiérrez. Los suspendidos de sus cargos no están despedidos, por lo que tienen derecho a su defensa aportando los medios de pruebas que establezcan que no han cometido irregularidad.

Una de las investigaciones que se conduce es la de bienes de los jueces, para constatar si hay o no casos de enriquecimiento ilícito.

El Consejo de la Judicatura pide al Congreso Nacional que apruebe la aplicación de más pruebas de confianza. La normativa actual solo los faculta para investigar el patrimonio de los jueces, sin embargo requieren aplicar otras medidas como el polígrafo y la psicométrica.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Sucesos/Consejo-conocera-mas-expedientes-contra-jueces

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Estado no debe financiar elecciones primarias e internas

Lunes 06 de enero de 2014

07:41 pm  – Redacción 

Si hay segunda vuelta, las primarias no se justifican, dice analista Raúl Pineda. TSE ha cometido abuso al mandar a hacer papeletas para las elecciones internas, recuerda Adán Palacios.

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Las elecciones primarias e internas son poco concurridas, a juzgar por los resultados de todos los procesos.

Las elecciones primarias e internas son poco concurridas, a juzgar por los resultados de todos los procesos. ()

Tegucigalpa,

Honduras

Al financiar permanentemente a los partidos políticos, el Estado no podrá seguir dándose el lujo de financiar las elecciones primarias e internas de los partidos políticos, como ocurre actualmente, según coinciden analistas.

Las anunciadas reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas contemplan un capítulo que sustituye la deuda política por un financiamiento permanente de los partidos políticos.

Aunque no se conocen los montos propuestos, un financiamiento permanente sobrepasará los límites actuales de la deuda política que este año superó los 163 millones distribuidos entre cinco partidos. Una parte de este monto aún está pendiente.

Las elecciones primarias e internas celebradas el 18 de noviembre del año 2012 generaron un gasto al Estado de más de 700 millones que no fueron transferidos en un cien por ciento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la misma crisis económica del gobierno.

Al conceder el Estado un financiamiento permanente a los partidos, ¿se justificaría que el Estado continúe financiando las elecciones internas y primarias de los partidos políticos, que por ahora se celebran de manera simultánea?
(Internas son para cargos de dirección y primarias para cargos de elección).

Hay analistas que desde ya se oponen a este esquema financiero paternalista.

Raúl Pineda expresó: “Las elecciones internas y primarias deben ser un debate a lo interno de los partidos, de hecho, debería de dársele a los partidos la opción de efectuarlas o no”.

“De ninguna manera deben ser financiadas por el pueblo que está viviendo momentos de verdadera crisis económica. Las elecciones primarias no tienen sentido si se va a crear una segunda vuelta electoral. Ese debería de ser un tema de exclusivo debate de las instituciones políticas”, afirmó Pineda.

“El Estado -añadió-, no puede estar incurriendo en gastos que realmente no se justifican con unas elecciones que ya no deberían ser el objetivo de todo el proceso”.

En las elecciones primarias del año 2012 solo participaron tres partidos políticos: Libre, Partido Nacional y Partido Liberal.

Algunas de las corrientes que se inscribieron en estos partidos apenas sacaron un poco más de cinco mil votos.

El TSE mandó a imprimir alrededor de diez millones de papeletas adicionales para atender la afluencia de votantes interesados en elegir autoridades de los partidos políticos en contienda. Los partidos nunca informaron qué cantidad de gente acudió a las urnas a elegir sus autoridades.

El coordinador de Mirador Electoral, Adán Palacios, considera que el Estado por ningún motivo debe financiar las elecciones internas de los partidos y que las primarias pueden ser un tema de debate siempre que haya “rendición de cuentas, si hay control contable, si hay toda una información sobre cuál es el destino y el origen de este financiamiento”.

En cuanto a las internas, cuestionó la actitud del TSE que desde 2005 “en un abuso de autoridad ha ordenado la fabricación de papeletas para las elecciones internas cuando la Ley dice que el Estado solo le dará financiamiento a las primarias”.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Estado-no-debe-financiar-elecciones-primarias-e-internas

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Honduras: Presentan recurso de amparo contra paquete fiscal

Lunes 06 de enero de 2014

04:39 pm  – Redacción 

El Partido Anticorrupción fundamenta su petición en que el Congreso Nacional ya había terminado su período legislativo cuando aprobó las medidas de recuperación financiera del Estado.

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El Pac presentó un recurso de amparo contra el paquete de medidas fiscales que entró en vigencia el pasado jueves.

El Pac presentó un recurso de amparo contra el paquete de medidas fiscales que entró en vigencia el pasado jueves. (Redacción)

Tegucigalpa,

Honduras

El Partido Anticorrupción  presentó este lunes un recurso de amparo contra la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de Exoneraciones y Medidas Antievasión , aduciendo que fue aprobada fuera del período ordinario de sesiones del Congreso Nacional de Honduras .

El diputado electo del Pac , Rafael Padilla,  presentó el recurso contra el paquete fiscal ante la secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  (CSJ), pidiendo la suspensión de la ley que entró en vigencia el pasado jueves 2 de enero.

El amparo se justifica en que el Congreso Nacional  de Honduras no tenía competencia para legislar, ya que había finalizadó el peróodo ordinario de sesiones el pasado 31 de octubre del 2013.

Asimismo, explicó que el Congreso puede convocar de emergencia cuando lo solicita el Ejecutivo, el Comité Permanente de Contingencias (Copeco)  o por votación de la mitad más uno de los diputados.

Según el documento, no se presentó ninguna de las anteriores circunstancias para convocar a las sesiones en las que se introdujo el proyecto de ley que fue aprobado el pasado 20 de diciembre de 2013, con dispensa de debates.

Padilla interpuso el recurso a nombre de los 13 candidatos del Pac que resultaron electos el pasado 24 de noviembre.

El diputado por el Pac declaró días atrás, que el actual CN  es abusivo  porque presentó y aprobó el decreto fuera del período que le permite la ley.

No solo los diputados del Pac rechazan el paquete de medidas, ya que también la Barra de Abogados Anticorrupción  anunciaron recursos contra las medidas.

Padilla llegó acompañado por el excandidato presidencial del Pac, Salvador Nasralla , quien aseguró que se actuó de mala fe al aprobar este decreto, por lo que solicitan que se deroge.

Nasralla propusó la construcción de una placa y un pedestal  con los nombres de todos los diputados que aprobaron el paquetazo, que consideró condena a la población a “morirse de hambre”.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Presentan-recurso-contra-paquetazo

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Honduras: Partido Anticorrupción impugna “paquetazo” fiscal aprobado por Congreso

Artículo | January 6, 2014 – 2:33pm

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Recurso de amparo contra el nuevo paquete de medidas que prevé aumento de impuestos fue presentado este lunes ante el Poder Judicial por miembros del Partido Anticorrupción.

Autoridades de este instituto político dijeron que la medida de incrementar del 12 al 15 por ciento en el Impuesto Sobre Venta (ISV) fue aprobada fuera del periodo ordinario de sesiones del Congreso Nacional.

Aseguró que el periodo de sesiones culminó el pasado 31 de octubre y que el Poder Legislativo no puede convocar reuniones de emergencia para tomar esas medidas, a excepción que lo pida la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

El diputado electo del Pac, Rafael Padilla, sostuvo que el Congreso “es abusivo” porque decidió aprobar el “paquetazo” fuera de tiempo.

Por su parte, el coordinador del Pac, Salvador Nasralla, expresó que los diputados que dieron visto bueno a las reformas actuaron de mala fe, por lo que pidieron que se derogue el decreto.

Mientras los miembros de este partido interponían el recurso, los aumentos, entre ellos, la gasolina, han entrado en vigencia hoy.

El Legislativo, de mayoría nacionalista, también aprobó el incremento de cinco lempiras al precio de los derivados del petróleo sin excepción.

El valor del galón de gasolina regular está a punto de rebasar la barrera de los 100 lempiras, valor que ha sido superado en varias oportunidades durante el gobierno del presidente Porfirio Lobo.

De igual forma, el aumento del 12 al 15 por ciento del ISV ha comenzado a cobrarse y la mayoría de las empresas han trasladado el costo del aumento a los consumidores.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-partido-anticorrupci%C3%B3n-impugna-%E2%80%9Cpaquetazo%E2%80%9D-fiscal-aprobado-por-congreso

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El sindicalismo ha muerto, editorial y portada EL LIBERTADOR impreso, enero de 2014

Artículo | January 6, 2014 – 1:44pm

Era el 20 de diciembre de 2013; ese mismo día, se juntaron un incremento promedio mensual de 300 lempiras en el salario mínimo, y en el Congreso Nacional un paquete impositivo que generará ingresos anuales al novel gobierno de unos 16, 000 millones que, como siempre, saldrán de la mayoritaria población hondureña extraviada, emotiva, temerosa y sin reacción organizada.

En Honduras es insano que no exista ni ese tipo de dirigencia social que en algunos países teje el poder para contar siquiera con oposición imaginaria hacia adentro y con crítica consensuada hacia afuera, que sirva en función de “negociar” medidas impopulares.

Eso es requisito en toda superestructura ideológica y económica, sobre todo, en el reino del capital donde sindicatos y organizaciones similares de defensa ciudadana son en esencia amortiguadores del sistema, creados por las elites que imponen de manera absoluta la senda del Estado.

Visto de esa forma, la vieja guardia del sindicalismo del país ya perdió el colmillo del empleo, ahora no grita sobre tarimas el primero de mayo pidiendo un costo accesible de la canasta básica; ya no amenaza a los poderosos con que mayo es el camino de los trabajadores.- Aunque después de la caminata por la misma sucia calle del año pasado, las mismas consignas y el mismo discurso, toda la revolución termine en la triste sede sindical con un económico almuerzo bailable para darle un instante de alegría a la vida de sus bases sencillas y frustradas.

Sería recomendable clases de arte dramático para las antañonas figuras obreras, incluyendo cuadros de la sociedad civil, aunque ya no extraña, pero callaron en diciembre anterior cuando se aprobó el paquetazo fiscal aun cuando se sentaron con empresarios y gobiernos y acordaron congelar por tres años el salario mínimo.

Aunque su silencio fue obvio, días atrás se habían tomado las fotos del recuerdo y se fundieron en abrazos y risas en citas privadas con el presidente electo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Esa conducta sólo es comprensible porque en el país la vieja guardia del sindicalismo es semejante a caciques sin tropas; el movimiento popular desapareció.

Las últimas cifras registraron hace años que sólo el 15 por ciento de los trabajadores hondureños está sindicalizado en el sector público; los sindicatos en empresas privadas se extinguieron, apenas subsisten dos, por eso durante el golpe de Estado, jamás pudieron parar la economía.

El honor histórico como expresión genuinamente popular se lo llevó La Resistencia, de donde ojalá florezca el nuevo movimiento social de Honduras.

El sindicalismo local como se conoció en la huelga de 1954 es historia, ha muerto.

La nación hondureña jamás contó con el movimiento obrero brasileño o boliviano, ambos llegaron al poder; mientras en aquellas latitudes el liderazgo sindical sacó a sus pueblos de la indigencia, colocaron sus países en la era espacial y colmaron de dignidad su historia, en nuestra tierra se conformaron con puestos en el gobierno corrupto o sirviendo en comisiones e instituciones a cambio de dietas, o en espera de la palmadita empresarial cuando en cada diciembre les fijan un miserable salario mínimo.

Los últimos años demostraron que la decisión y valentía del pueblo hondureño superó en las calles el acomodo funcional del sindicalismo. Del Camino de Junio que marcó La Resistencia viene otra Honduras.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/el-sindicalismo-ha-muerto-editorial-y-portada-el-libertador-impreso-enero-de-2014

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Empleados de la DEI se declaran en asambleas informativas

12:08
06
Enero
2014
Tegucigalpa – Los empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), anunciaron que se mantendrán en asambleas informativas durante toda la semana en protesta ante una supuesta privatización de la institución y la aplicación de las pruebas de confianza anunciadas por su titular, Miriam Guzmán.

Jorge Argueta, miembro del sindicato de la DEI, explicó que las asambleas informativas iniciaron este lunes a partir de las 9:00 de la mañana y que se extenderá hasta las 12 del mediodía, por lo que pidieron la colaboración del pueblo hondureño en decir no a una posible privatización de la institución.

“Ellos quieren privatizar la DEI y llevarla a un grupo de poder llamado Coalianza, nosotros no podemos permitir que haya abuso de autoridad de parte del presidente Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández”, señaló.

Indicó que las asambleas informativas se están llevando a cabo a nivel nacional y las mismas continuarán durante toda la semana en determinadas horas del día.

Agregó que después del mediodía sostendrán una reunión con las centrales obreras para analizar las acciones a seguir.

Sostuvo que los empleados no le tienen miedo a las pruebas de confianza siempre que sean en base a ley.

“Nosotros le dijimos a la directora (Miriam Guzmán), que si ella tiene pruebas que dentro de la institución hay personas corruptas que lo demuestre, compruebe, porque el sindicato no va a defender a corruptos”, aseguró.

Ebal Díaz, asesor del Congreso Nacional y hombre de confianza del electo presidente Juan Hernández, anunció que se creará una nueva oficina recaudadora de impuestos, y que tienen previsto un fondo para el pago de derechos laborales a más de tres empleados de la DEI.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/01/06/Nacionales/Empleados.de.la/80447.html

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ANDI exige transparencia en manejo de recursos que generará el paquetazo

11:58
06
Enero
2014
Tegucigalpa – Los empresarios a través del director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García, manifestaron que avalan el paquete de medidas que gravan productos de la canasta básica en su mayoría con el 15 por ciento de Impuesto Sobre Ventas (ISV), pero exigen más transparencia en el uso de los fondos por parte del gobierno.

– Más de 12 mil millones de lempiras prevé recaudar el gobierno con el paquete de medidas fiscales que entró en vigencia este 2014.

El empresario y director ejecutivo de la ANDI, enfatizó que se tiene que mejorar “fuertemente el tema del control del gasto”.

Añadió que “el problema del presupuesto es que gastamos muchísimo más de lo que ingresamos y si gastamos más, siempre vamos a tener un déficit fiscal insostenible”.

En ese sentido, dijo que se debe “exigir más transparencia en el uso de los recursos”.

Según García, en el gobierno existe una serie de gastos, los cuales calificó como innecesarios.

Ejemplificó que las campañas políticas fueron “larguísimas y no tuvieron ningún sentido práctico más que elevar perfiles o algunas figuras públicas”.

Asimismo, señaló el tema de los viajes en helicóptero de los funcionarios públicos, los escoltas que llevan cada uno de los funcionarios, así como viáticos, gastos de representación, entre otros que calificó como innecesarios.

Igualmente remarcó que existe una gran cantidad de funcionarios en la parte administrativa del Estado, que “no cumplen ninguna función que sea necesaria”.

En consecuencia especificó que “están pidiéndole y exigiéndole un sacrificio a la ciudadanía con las medidas fiscales, pero no se ve de parte del Ejecutivo y del gobierno, un control en lo que es la parte del gasto”.

Al mismo tiempo subrayó que “se tiene que analizar desde las dos perspectivas”.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/01/06/Econom%C3%ADa/ANDI.exige.transparencia/80446.html

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Alarmante: El 40% de muertes violentas de jóvenes en últimos 15 años ocurrieron en gestión Lobo

10:49
06
Enero
2014
Tegucigalpa – El director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruedas, informó que de más de ocho mil 900 muertes violentas contra jóvenes en los últimos 15 años, el 40 por ciento ocurrieron en el gobierno que está por concluir (2010-2014).

– Jóvenes menores de 23 años han pagado la mayor cuota de crisis humanitaria de seguridad en Honduras.

Lo anterior lo calificó como un “profundo retroceso en materia de respeto a los derechos de los niños, niñas y jóvenes”.

Ruedas indicó que Casa Alianza lleva un registro de ejecuciones de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, desde 1998, es decir hace 15 años.

Reveló que “en ese 15 años, más de ocho mil 900 jóvenes han sido asesinados de manera violenta en Honduras y de esos ocho mil 900, el 40 por ciento de esas ejecuciones, han sucedido en los últimos cuatro años”.

En consecuencia, reiteró que en este período de gobierno que está por concluir, “se ha disparado de una manera alarmante la ejecución de niños, niñas y jóvenes”.

A criterio del director de Casa Alianza, la estrategia de seguridad del gobierno, “ha sido un fracaso”, en materia de preservar la vida de los niños y niñas.

Al mismo tiempo dijo que “las inversiones que se han hecho no han producido mayor percepción de seguridad, ni han producido una disminución, en el sentido de que la población se vea menos afectada por la delincuencia y el crimen organizado”.

Refirió que todo lo anterior “ha hecho que el país caiga en una especie de crisis humanitaria de seguridad que afecta a adultos y a niños, pero donde los menores y jóvenes han pagado la mayor cuota”.

Hace unas semanas se conoció que un estudio de Casa Alianza, correspondiente a noviembre de 2013, daba cuenta que 77 menores de 23 años perdieron su vida en condiciones violentas en Honduras.

Cabe señalar que el mayor pico durante el año anterior se registró en julio, con 121 decesos y el menor fue en marzo con 54.

Además se contabilizaron 59 en enero, 79 en febrero, 81 en abril, 83 en mayo, 83 en junio, agosto 93, septiembre 91 y octubre 105, para alcanzar la suma de 926 muertes violentas de niñas y niños menores de 23 años.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/01/06/Caliente/Alarmante.A.El/80439.html

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A Mission Gone Wrong – Why are we still fighting the drug war?

by January 6, 2014

In the drug war, Honduras is referred to as “downrange”; drug traffickers are “the enemy”; the Mosquito Coast is a “battlespace.”

In the drug war, Honduras is referred to as “downrange”; drug traffickers are “the enemy”; the Mosquito Coast is a “battlespace.” Illustration by Shout.

One night in May of 2012, a Honduran police inspector received a phone call from an agent of the U.S. Drug Enforcement Administration, a man he knew as Tony. Tony told him to get his men ready. They were about to intercept a large cocaine shipment, one of many such missions that U.S. and Honduran forces collaborate on each year. At 8 P.M., four helicopters flew east from a base near the city of La Ceiba to a smaller refuelling base deep in the wet lowlands of La Moskitia, on the Honduran side of the Mosquito Coast. Along with the inspector, the helicopters carried ten D.E.A. agents, eighteen other members of the Honduran security forces, and eight Guatemalan pilots. Around 11 P.M., they lifted off again. Their target was a small plane heading for a Honduran village called Ahuas.

The U.S. military monitors what it can of the hundreds of tons of cocaine that enter the U.S. by plane, boat, automobile, submarine, tunnel, backpack, and catapult. Its maps show red lines veining South America and North America with such tangled complexity that they are known as “spaghetti slides.” Most of the air routes, however, follow a predictable path. They begin in Venezuela and head north, avoiding Colombian airspace, where authorities can shoot down suspicious aircraft. Then they turn west, toward La Moskitia.

Around 1 A.M., the plane touched down in a field near Ahuas, where a large receiving party had gathered. Some, carrying rifles, secured the perimeter. Others brought the plane’s cargo to a nearby truck.

A surveillance plane from the U.S. Department of Homeland Security relayed news of the landing to the D.E.A. agents aboard the helicopters. Their Honduran colleagues did not know exactly where they were going. Though the D.E.A. agents had vetted the Hondurans with polygraph tests and background checks, they were careful about sharing information, lest word of the mission get back to the cartels. Officially, the Hondurans were running the operation, with the D.E.A. agents present as “advisers.” But the D.E.A. agents had microphones and earpieces built into their helmets; the Hondurans had strips of reflective tape to help the agents find them if they got lost. (A D.E.A. agent told me that the Hondurans could have issued commands with arm squeezes and hand signals.)

From the helicopters’ gun bays, the Hondurans could see the truck below, driving toward a river landing. Michael Braun, a former D.E.A. chief of operations, compared this kind of moment to “a state trooper walking up on a midnight traffic stop on a lonely stretch of highway.” The uncertainty would have been especially great for the Honduran members of the force. In addition to the lack of timely information, they complained about inferior night-vision equipment. “If you use it to see something that’s near, it doesn’t work very well,” the Honduran inspector said later, during an interview with Honduran investigators. “The goggles that the Americans use are better.”

As the helicopters approached the riverbank, a group of men quickly transferred the cargo from the truck to a motorized canoe. One pushed the canoe out into the river, where it began to drift downstream. The men fled, just before six members of the anti-drug team reached the ground: the inspector, three Hondurans, and two D.E.A. agents.

At around 2 A.M., a helicopter swooped low and used the wind from its blades to push the canoe toward the bank. A D.E.A. agent, the Honduran inspector, and another Honduran policeman climbed in. They found waterproof bundles containing more than four hundred kilos of cocaine. The D.E.A. agent managed to start the canoe’s motor, but moments later it stalled. The agent struggled with the engine while the Hondurans scanned the area for threats. The boat drifted on the moonlit water, a high bank on one side and forest on the other. The men were exposed, but they did not want to abandon the drugs.

“I observed with my night goggles that something was approaching,” the Honduran policeman said later. It was another boat. He thought it might be his team members. A man stood at the bow with his shirt unbuttoned. There were shouts, then gunshots—rifle fire mixed with a machine-gun burst from one of the helicopters. “I saw sparks from the boat coming to us,” the policeman said. “Then I knew nothing.”

The Americans who touched down in Honduras that night were part of a unit called a Foreign-deployed Advisory Support Team. Braun, who oversaw the creation of the FAST program, in 2004, told me that Special Operations Command had asked the D.E.A. for help building criminal cases against Afghan drug traffickers with ties to the Taliban. “They were running into heroin refineries and large caches of drugs,” Braun said. “They needed seasoned agents with the criminal investigator’s mind-set.”

Part special-forces manhunters, part detectives, FAST operators were trained to kick down doors, work informants, and collect evidence. In 2009, a FAST squad assisted in the arrest of Haji Bagcho, a prominent Afghan drug lord. In one of Bagcho’s compounds, they found a ledger recording more than two hundred and fifty million dollars in heroin transactions. Bagcho is now serving a life sentence in a U.S. prison. That year, the D.E.A. asked Congress to fund two additional FAST squads, for the Western Hemisphere. Braun said that “ungoverned spaces,” described as “possible terrorist havens” by the 9/11 Commission Report, deserved special attention, likening these regions to the “Star Wars” cantina scene. Terrorists and narco-traffickers “are frequenting the same shady bars, the same seedy hotels and the same sweaty brothels,” he told a congressional subcommittee, in 2012. “They are most assuredly talking business and sharing lessons learned.”

The Honduras mission was part of a larger program called Operation Anvil. Honduras was not a war zone, so FAST worked under the State Department, using Huey helicopters instead of swifter Black Hawks. In Honduras, FAST could not call in U.S. military forces to fight alongside it, as in Afghanistan. But in some ways Anvil was familiar, the latest in a long line of overseas counter-narcotics operations with names like Blast Furnace, Ghost Zone, Snowcap, and Zorro. In addition to using helicopters to spirit agents to remote locations and seize drugs in transit, the U.S. has tried paying coca farmers to switch crops, spraying herbicides out of helicopters, raiding jungle laboratories, stopping and searching small fishing boats, forcing down aircraft, tapping phones, hiring informants, and extraditing drug lords. Anvil, like many of its predecessors, combined the legal framework of a police action with the hardware and the rhetoric of war. Honduras is often referred to as “downrange”; drug traffickers are “the enemy”; the Mosquito Coast is a “battlespace.” In a broad sense, FAST was nothing new. What is remarkable is how many times the U.S. has tried such militarized counter-narcotics programs and how long it has been apparent how little they amount to.

In 1971, in a message to Congress, President Richard Nixon called drug abuse “a national emergency.” “We have faced great difficulties again and again,” he said. “Wars and depressions and divisions among our people.” If Congress furnished “the authority and the funds to match our moral resources,” the question was “not whether we will conquer drug abuse, but how soon.” Two years later, with a budget of less than seventy-five million dollars, he created the Drug Enforcement Administration, to wage an “all-out global war on the drug menace.”

In the early days of the drug war, cocaine was seen as less a threat to national security and more a “jet-setter and rocker drug,” according to Mathea Falco, who ran the State Department’s anti-drug program under President Jimmy Carter. Nixon’s main priorities were heroin, a problem aggravated by returning Vietnam veterans, and marijuana. Under Nixon, the U.S. succeeded in persuading Turkey’s government first to outlaw poppy farming and then to enforce a regimen of licensing and strict regulation. But heroin production in Southeast Asia and Mexico accelerated. Although the Mexican government was initially slow to accept interference with its domestic affairs, in 1976 it gave the U.S. broad authority to assist with Operation Condor, an ambitious eradication program. Thousands of Mexican soldiers were sent into poppy- and marijuana-growing areas, along with the federal police force and D.E.A. agents. Drug-producing fields were mapped with imagery from U.S. surveillance planes and satellites and then destroyed by flyover sprayings of chemical defoliants. Ground forces arrived by helicopter to secure the area, destroy any surviving plants, and pacify the farmers, many of whom left their barren fields for the city. In Mexico, the program was known as La Campaña Permanente.

After three years, Condor looked like a success. In the U.S., heroin overdoses and heroin purity fell, and prices nearly doubled. But, in the early eighties, poppy farmers from Iran to Burma and Afghanistan picked up the slack. The tendency of a crackdown in one area to stimulate production in another is now known as the “balloon effect.”

In 1982, President Ronald Reagan framed drugs as a national-security threat, to be confronted with Churchillian determination. “We’re running up a battle flag,” he said. “We can fight the drug problem, and we can win.” But the Reagan-era drug war did not get fully under way until 1985, the beginning of the crack epidemic and the Iran-Contra affair, when he appointed Edwin Meese Attorney General. Meese chaired quarterly meetings of a powerful drug-policy board, which included eleven other Cabinet members and the director of the C.I.A. In 1986, Reagan signed a law giving the Pentagon a permanent role in the drug war; Meese’s board asked for airplanes, ships, helicopters, and radar. Two years later, Meese donned a D.E.A. cap and a khaki suit for a weeklong, five-country tour of operations in Latin America. (At a D.E.A. training camp in Bolivia, he used a gasoline-soaked pole to set fire to two tons of cocaine paste.)

In 1988, Reagan signed his second Anti-Drug Abuse Act, which made it official U.S. policy “to create a Drug-Free America by 1995.” The same year, a RAND Corporation study concluded that interdiction—seizing drugs in transit—was unlikely ever to make much difference in U.S. cocaine consumption. It cited six previous studies that had reached the same conclusion. Later that year, Admiral Carlisle A. H. Trost, the highest-ranking officer in the Navy, said, “The economic incentives are so potent and the network of communications from farm to market via thousands of boats and small planes is so extensive. . . . The only way we are going to stop this immense flow of illegal narcotics into this country is to shut off the demand for it.”

The next year, President George H. W. Bush appointed William Bennett the director of the newly created Office of National Drug Control Policy. Bennett, who was known as the “drug czar,” coördinated anti-drug activities and published, each year, a book-length National Drug Control Strategy. Bennett initially called drugs “a crisis of national character” and asserted that casual drug users were more dangerous than hard-core addicts. They were “willing and able to proselytize,” which made them “highly contagious.”

Congress required Bennett to set quantifiable goals. He promised a ten-per-cent reduction in the population of illicit drug users by 1991, and a fifty-per-cent reduction by 1999. His targets were naïve at best. Since 1990, the number of users has almost doubled. Between 1990 and 2007, the street prices of cocaine and heroin, which Bennett sought to drive up in order to price out new users, declined by as much as eighty per cent, according to one recent study. Falling drug prices weren’t due to a lack of enforcement. During the same period, the D.E.A.’s budget tripled.

In 1989, Congress approved $2.2 billion for Bush’s five-year Andean Strategy, to pursue coca eradication with foreign militaries, who sought training and arms to assist with their own struggles against the leftist FARC and right-wing paramilitaries in Colombia and the Shining Path in Peru. The insurgents drew their strength from the remote mountainous areas that are hospitable to growing coca. U.S. aid paid for armaments, training, and a few alternative crop schemes, but these had little effect on drug cultivation. When the D.E.A. established a remote outpost, coca growers moved beyond the range of its helicopters.

During the third year of the Andean Strategy, counter-drug forces seized less than two per cent of Peru’s cocaine base. “The Peruvian-American anti-drug policy has failed,” Alberto Fujimori, the country’s President, told the Washington Post, in 1993. In Colombia, D.E.A. assistance helped bring about the killing of Pablo Escobar and the dismantling of the Cali and Medellín cartels, but new traffickers emerged to take their place. The rise of each subsequent organization seemed to occur with greater speed and violence than the one before. The guerrillas took over a large share of the Colombian drug trade. By the late nineties, the area under coca cultivation had quadrupled.

In 1997, Bill Clinton’s second drug czar, General Barry McCaffrey, attempted to retire the language of a “war on drugs.” “If you want to fight a war on drugs, sit down at your own kitchen table and talk to your own children,” he said. Nevertheless, Clinton allocated roughly two-thirds of the federal anti-drug budget to interdiction and law enforcement. During his final year in office, he approved Plan Colombia, which poured another round of aid into Colombian military and intelligence efforts. Planes accompanied by U.S.-funded helicopters sprayed chemicals over hundreds of thousands of hectares. Meanwhile, the Colombian military carried out a vicious counter-insurgency campaign against the FARC. Sometimes soldiers inflated body counts by dressing the bodies of dead civilians in camouflage. More than three thousand innocent people died, according to human-rights groups. Displaced coca farmers razed as much as a million hectares of native forest. After six years and nearly five billion dollars in U.S. assistance, the Colombian government had weakened the guerrillas and the paramilitaries. The country’s murder rate fell sharply. Coca cultivation rose for a few years and then declined as production shifted back toward Peru. Today, Colombia is the U.S.’s staunchest ally in South America.

The drug war has split in two, and there are increasing differences in how it is fought. In August, the Department of Justice advised federal prosecutors that while possessing a small amount of marijuana remains a federal crime, it is not an “enforcement priority.” A majority of U.S. citizens support decriminalizing the possession of marijuana, and Colorado and Washington have passed ballot measures legalizing it. “People see a war as a war on them,” Gil Kerlikowske, the current drug czar, told the Wall Street Journal, in 2009. “We’re not at war with people in this country.” The Obama Administration has managed to briefly lift a ban on the use of federal funds for needle-exchange programs and reduced sentencing disparities between crack and powder cocaine. Recently, the President commuted the sentences of eight inmates who had been convicted of crack-cocaine offenses, perhaps signalling a new approach; more than three hundred and twenty thousand people remain incarcerated on drug charges.

Overseas, however, the U.S. approach to drugs still looks a lot like war. The D.E.A., assisted by the U.S. military, acts as an international police force, coördinating with foreign militaries through a network of offshore bases. Of the twenty-five billion dollars that the federal government spent fighting drugs last year, forty per cent went to treatment and prevention programs. The rest went to “supply reduction.” In Mexico, the $1.9 billion Mérida Initiative has relied on an enforcement-driven strategy somewhat similar to Plan Colombia’s. In 2006, President Felipe Calderón decided to deploy the Mexican military to fight drug cartels; since then, more than seventy thousand people have been killed in drug-related violence. Another twenty-six thousand people were reported missing. At least ninety per cent of U.S.-bound cocaine continues to move through the country. In Washington, one of Mérida’s most prominent faces is Assistant Secretary of State William Brownfield, formerly Ambassador to Colombia and Venezuela, who was also instrumental in organizing Operation Anvil. In June, Brownfield told a Senate subcommittee that the criteria for judging Mérida’s success should shift from “inputs” (aircraft, equipment, and training) to “outputs” (homicide rate, conviction rate, interdictions). “If the endgame is perfection, we’ll never get there,” Brownfield said. “At least, not in this world.”

In Congress, some are losing patience. “There is great fatigue surrounding our drug programs in the Western Hemisphere,” a staff member told me. “We don’t have good ideas. We don’t have good answers. We don’t have good anything. But we also know that doing nothing is a problem. So the whole thing is on autopilot. When you’re in the machine, it’s very difficult to say anything other than ‘Keep shooting. Keep decapitating the cartels.’ ”

“The war on drugs has simply not worked,” George P. Shultz, who served as Secretary of State under Reagan, told me. “It hasn’t kept drugs out of this country.” In 2011, Shultz, along with a committee of former heads of state, businessmen, and retired U.S. officials, called for an overhaul of U.S. drug-enforcement policy. The effects of interdiction programs like Anvil, they wrote, “are negated almost instantly,” wasting money that would be better spent on treatment and harm reduction. I asked Shultz why ineffectual policies have persisted. “We haven’t felt the full effects of it ourselves,” he said. “It took us twelve years to learn that Prohibition wasn’t working. There was Al Capone, there was the St. Valentine’s Day Massacre. The violence was here. Now we have outsourced the violence, in effect, to Mexico and Guatemala and Honduras.”

The origin of the name of the Miskitu people is unclear. The number of theories about it seems roughly equal to the number of note-taking visitors. Some natives say that Miskitu comes from Miskut, a warrior who led their indigenous ancestors on the coast, where they mixed with pirates and shipwrecked slaves. Others say it refers to an old phrase meaning “they who cannot be dislodged.” Still others say that the Miskitu got their name from “musket.” The word and the gun arrived in the seventeenth century, carried by European traders to what is now Honduras and Nicaragua. For centuries, the Miskitu maintained control of their territory, assisted by an alliance with England. They used their muskets against Spanish colonists and chased runaway slaves in Jamaica, at the governor’s behest. The British rewarded them with a treaty of protection and recognized a line of Miskitu kings. The king’s “suit and cap, gifts of the English, glowed like hot coals,” one Miskitu elder told an anthropologist. But, by the nineteenth century, the idea of an independent Miskitu nation struck the United States as preposterous. In 1856, the U.S. Secretary of State wrote, “The President himself cannot admit as true . . . that the Mosquito Indians are a state or a Government any more than a band of Maroons in the island of Jamaica are a state or Government.”

Today, there are as many as two hundred thousand Miskitu living in La Moskitia, a nearly five-hundred-mile stretch of Caribbean coastline. The only steady employment is lobster-diving. In season, experienced divers can earn fifty dollars a day, descending a hundred feet or more to retrieve lobster from the ocean floor with hooks made of rebar and wire. For years, many lobstermen worked a pulmón, by lung. In almost every village, there are former lobster divers with their legs frozen in place, pulling themselves along on hand-cranked tricycles. “There’s nothing special that makes Miskitu suited for this work,” one diver told me. “We are the ones who are willing, that’s all.”

There are no paved roads connecting La Moskitia to the Honduran capital, Tegucigalpa, and the Miskitu maintain their claim to independence. The Miskitu people “have not relinquished their sovereignty . . . by defeat, treaty or vote,” Bernard Nietschmann, the region’s foremost scholar, wrote, in “The Unknown War.” Nietschmann advised the Miskitu in negotiations toward the end of the Contra war, after the C.I.A. used at least a thousand Miskitu in a guerrilla campaign against the leftist government of Nicaragua.

In the spring of last year, Clara Wood, a fifty-year-old Miskitu woman, decided to return to Ahuas, the village where she was born. For the past seven years, she had lived in Roatán, a resort island off the north coast of Honduras, in a small apartment that she shared with her husband and three of her children; a cousin, Vera González, her husband, and their two daughters; and one other couple. Clara and Vera handled the housework, their children attended public school, and the men brought in money. “Any job they can get, they do it,” Clara said. “If you don’t have money, you don’t eat.”

Clara had not seen her mother for about a year. She missed the fine wooden house that her husband had built for her, near the end of a dirt road, raised high on stilts to let the breeze in. On clear nights, she slept in a hammock on her front porch. In Ahuas, she told me, people “don’t steal and kill like Tegucigalpa and other places. The way you see them is the way they are.”

The cousins decided that they would travel to Ahuas after the school year. Their husbands would join them later. On May 9th, they and three of their children, with their household possessions, boarded the Captain Gabo, a lobster boat bound for the Honduran mainland.

The Captain Gabo’s overnight trip passed through coastal waters that cocaine-laden speedboats have used since the nineties, when the U.S. pushed trafficking routes out of the Caribbean’s deeper waters. It was around this time that fishermen found the first twenty-four-kilo fardos of cocaine, jettisoned during high-speed chases, washed up on the shore. Some women were said to have mistaken the substance for flour at first and used it to make tortillas, but it soon came to be known as “white lobster.” Some lobster divers began smoking crack to steel themselves against the cold depths. They paid for the cocaine with lobsters, which were carried back to the coast of Colombia and sold at seaside restaurants. In 1999, fishermen were selling found cocaine for three hundred dollars per kilo. Today, the price is roughly twenty times as high.

The Captain Gabo laid anchor within sight of Barra Patuca, a village at the mouth of the Río Patuca. Clara could see the Miskitu stilt houses, and the cattle standing in the shallows of the silty water. Onshore, she sought out Hilda Lezama, a stout middle-aged woman who, for many years, had been ferrying Miskitu divers down the Río Patuca to the sea, returning upriver to Ahuas with passengers.

Clara and Vera had brought a stove, chairs, canned food, and sacks of used clothing that they planned to sell. Hilda’s husband, Melaño, loaded the cargo into the boat, assisted by his son-in-law, Emerson Martínez, who had recently served in the Honduran Army and had built a house beside the Lezamas’ house in Ahuas. The boat was a rented pipante, a long riverboat, painted turquoise with two red stripes. At 8 P.M. on May 10th, as the helicopters were leaving La Ceiba, the boat set off for Ahuas with thirteen passengers. The sky was clear and the moon was nearly full. Emerson stood at the bow, using the beam of a flashlight to point out pieces of floating debris. Clara sat in the middle, between two piles of her cargo. Her youngest son, Hasked, sat near the bow and watched the banks scroll by. Fourteen years old, he loved soccer and pop music. Clara still called him “my baby.”

As the turquoise boat made its way up the Patuca, Hilda received a phone call from its owner, one of the leading merchants in Ahuas. He said that he needed the boat for a trip upriver to the town of Palacio, where he was working on cell-phone antennas, Hilda recalls. She told him that she expected to arrive just after 2 A.M.

Clara wrapped herself in a blanket and rested against a sack of clothing. She awoke some time later to a loud noise. Helicopters and a plane circled above.

The helicopters seemed to panic Melaño. His steering became erratic, and the boat swerved from side to side. Some passengers shouted at Emerson not to turn on his flashlight. “Then they starting shooting at us,” Clara says. “Buh buh buh buh bum! Buh buh buh buh bum! ” She shouted for them to stop. She called out her son’s name. He did not answer. Then she was in the water. Near the riverbank, she came upon two other passengers, both young men, one with bullet wounds. Clara pulled herself out of the river. She ran to the landing, where the D.E.A. agents and the Honduran forces met her with guns drawn. “Don’t kill me!” she said. The men searched Clara, found nothing, and let her go. She ran to a house near the water and telephoned Hilda’s son, Hilder. The security forces intercepted him and demanded that he take them to a house that had gasoline. Hilder brought a can of gas down to the water and piloted two members of the counter-narcotics force downriver, where they met up with the stranded boat carrying the drugs. The turquoise boat was nowhere to be seen. Hilder pleaded with the men to help him look for his mother. He says that the men refused. (A spokesperson for the D.E.A. says that the security forces were never asked for such help.)

Around 5 A.M., the State Department helicopters set off for the refuelling base with the cocaine on board. They left behind the Lezamas’ passengers. A crowd of villagers, mostly family members of the missing, had gathered near the landing. Two boats set off to search for the injured and the dead. They found Hilda Lezama unconscious, tangled in the branches at the water’s edge. Bullets had cut two deep channels across her thighs. Soon, the bodies of three passengers were pulled out of the water and laid on the landing—Candelaria Trapp, Juana Jackson, and Hilda’s son-in-law Emerson Martínez. The crowd grew. Somebody slapped the justice of the peace, and three houses said to be owned by men connected to the drug trade were burned down. The mob marched to the center of town, where they surrounded the police station, waving sticks and machetes, until soldiers arrived by helicopter and ordered them to go home.

Clara resumed searching for Hasked the following day. That night, in the port town of Brus Laguna, she received a phone call. They had pulled Hasked’s body from the river and carried him to her home. “When I found him, he was in a plastic bag,” she said. “I could not take him out of the bag, because he was rotting. I buried him that way.”

About a mile from the river landing, within sight of a pair of cold-water mosquito-net hotels, is Ahuas’s palacio municipal, a single-story building of painted concrete. The mayor, Lucio Baquedano, is middle-aged, with a long mustache and wary sun-pinched eyes. One of the few Ahuas residents who is not Miskitu, he came to the area as a soldier, more than thirty years ago. Taped to the wall of his narrow paper-strewn office is a quote from Plato: “The man without laws resembles the wildest animal.”

Early on the morning of May 11th, Baquedano looked out from the veranda of his two-story house and saw the helicopters. “I assumed they were chasing them,” he said, referring to the traffickers with pronouns, as do most people in Ahuas. “They don’t use people from here. You see them—they come in groups. They stay for a short time, maybe two or three nights in a hotel. For this operation they bought a house.”

A few hours later, the families of the injured passengers asked him to arrange for a plane to take them to a hospital. He received a report from his son, who lives in Tegucigalpa: the Honduran border police had said there was a successful counter-narcotics operation in the department of Gracias a Dios. There was no mention of U.S. involvement. By late morning, Baquedano was on national radio. He said that innocent people had been killed, and demanded an investigation. On Tuesday, May 15th, the front page of the Diario Tiempo, one of Honduras’s national newspapers, carried the headline “THE DEAD IN LA MOSKITIA WERE NOT NARCOS, AUTHORITIES SAY.”

In Ahuas, the villagers’ anger flowed in every direction—toward the local authorities, the Army, the drug traffickers, the Americans. Two days after the mob set fire to the houses, the Mayor held an emergency meeting for the entire village. Only a few dozen showed up, but they agreed that the traffickers’ construction of illegal landing strips had to stop. Downriver, in Brus Laguna, a group of Miskitu tribal councils issued a statement demanding that U.S. and Honduran forces leave their land. They accused the U.S. of “invasion” and “the slaughter of innocent people.” The government deployed soldiers throughout the department to inspect cargo at river landings and maintain order in the streets.

A week after the incident, a report by a Honduran deputy police commissioner said that the shootings were caused by “confusion.” The security forces had mistaken household cargo for drugs. The U.S. Embassy maintained that the Lezamas’ boat had opened fire on the security forces, and that the Honduran members of the anti-drug team—not the D.E.A. agents—had fired back. That account prevailed in stories filed by foreign reporters, who described the incident as a “shoot-out” or a “firefight.”

By June, the controversy had reached Capitol Hill. In response to questions from the press and Congress, the D.E.A. screened video taken by the surveillance plane of the incident’s most crucial moments. The briefings were led by Richard Dobrich, a decorated Afghanistan veteran and former Navy SEAL, who heads the FAST program. Dobrich told the congressional staffers that the Lezamas’ boat was working with the drug traffickers. There had been an exchange of gunfire, he said, and the Honduran security forces responded to shots coming from the Lezamas’ boat.

A Senate aide who was at the briefing told me, “It was not obvious to me that what they described was what was in the video. It was very difficult to make out details.” A congressional staff member agreed. “Very few questions were taken,” he said. “The story that was out there at the time was entirely different from what we saw.” Later, having become more familiar with the shooting, the Senate aide said, “I am not aware of anyone in the Honduran government or the State Department who, after reviewing the case, believes that the evidence establishes that the people in the boat fired at the agents.”

In January, fifty-eight members of Congress sent a letter to Attorney General Eric Holder and others, requesting more information about the incident in Ahuas. Six months later, Eric Akers, deputy chief of the D.E.A.’s congressional-affairs office, responded, writing that there had been “an exchange of gunfire.” Evidence that I saw in Tegucigalpa, including official case files containing interviews with Honduran members of the anti-drug team who were at the scene, raises serious questions about the accuracy of Akers’s letter to Congress. Not only did the alleged cross fire miss all three members of the anti-drug team, according to a report by the Office of the Special Prosecutor for Human Rights, but their boat “showed no signs of gunshots.” The Lezamas’ boat had nineteen bullet holes. “We don’t have any evidence that the people in the boat had weapons on them,” an attorney in the Honduran prosecutor’s office said. The five surviving passengers with whom I spoke all said that there were no firearms on board.

I was not able to speak with three key witnesses who were on the boat with the drugs—the D.E.A. agent, the Honduran police inspector, and the lower-ranking policeman. But a bullet recovered from the body of one of the Lezamas’ passengers was “an exact match” for the policeman’s rifle, according to the Honduran prosecutor’s report. A second bullet did not match any of the Hondurans’ weapons. “I don’t know who shot, but I did hear shooting,” the policeman said. “I don’t know,” the inspector said, when investigators asked the source of the shots. “No one from my team that I know of.” Despite repeated requests, none of the D.E.A. agents have given statements to the Honduran government, nor have Honduran investigators been allowed to conduct ballistics tests on the FAST squad’s weapons. (The D.E.A. has honored the terms of its bilateral agreements relating to Operation Anvil, a spokesperson said.) In a letter to Michele Leonhart, the Administrator of the D.E.A., Senator Patrick Leahy, of Vermont, wrote, “I remain troubled by what appears to be a failure to thoroughly and critically assess the role that the D.E.A. played in the operation and its aftermath.”

Forensic analysis of the video that depicts the fatal shootings could possibly determine whether the “flashes of light,” as the Honduran prosecutor’s report called them, are consistent with gunfire, and whether they came from one boat or both. The D.E.A. has declined to release the video, and a spokesperson also refused to give an on-the-record account of what happened at Ahuas or respond to a list of twenty-two written questions. In August, 2012, I filed a Freedom of Information Act request for the video and related documents. A year later, having received no response from the D.E.A., I filed a federal lawsuit, which is now pending.

The Ahuas controversy came at a sensitive moment for the United States. In June, 2009, the Honduran President, Manuel Zelaya, was deposed in a military coup. The U.S. said initially that it would not recognize elections the repressive interim government held six months later, but it eventually decided to support the winner, Porfirio Lobo. (Lobo’s conservative National Party prevailed against Zelaya’s wife in the 2013 Presidential election.) During weeks of street protests, the new government fought to consolidate its control of the cities, a campaign that aggravated the already volatile security climate in Honduras. Mexican and Colombian traffickers took advantage of the chaos by strengthening their ties to Honduran élites and increasing shipments. Among the underpaid police, some resorted to friendly extortion; others hired themselves out or formed death squads. In 2012, there were more than seven thousand killings in Honduras—the highest murder rate in the world. The workers in the morgues of the larger cities learned where to collect the bodies each morning. “If you have a problem with the groups in power, the state will not respond,” Julieta Castellanos, the rector of Honduras’s National University, said. Her son was killed by police at a checkpoint in 2011. “Then you know what the real state is like.”

By late 2012, the Ahuas case was one of several problems dogging U.S. efforts in Honduras. In July, 2012, the Honduran Air Force shot down two suspected drug planes without following warning protocols. The U.S. stopped sharing radar intelligence. Then Alberto Arce, of the Associated Press, began to publish a series of reports, cataloguing abuses by the Honduran National Police and allegations that the chief, Juan Carlos Bonilla, once had ties to death squads. Senator Leahy placed a hold on foreign aid for Honduras; ten million dollars has still not been released. In October, the head of the U.S. Southern Command met with the leaders of the Honduran military, and U.S. radar sharing resumed the following month. Also in October, Lisa Kubiske, the U.S. Ambassador to Honduras, flew to Puerto Lempira, the provincial capital of Gracias a Dios, where she announced a new U.S.-funded educational program for La Moskitia’s children, to be conducted in their native language. In November, Arce reported on a killing that occurred two weeks after the ones in Ahuas. An unarmed fifteen-year-old boy was shot and killed by Honduran soldiers after he failed to stop at a military checkpoint in Tegucigalpa. The U.S. had vetted the soldiers, trained the leader of the squad in Fort Benning, Georgia, and paid for the Ford truck that chased the boy down. “Everyone who does not stop at a military checkpoint is involved in something,” the head of the Army told the local press.

Washington’s behavior in Honduras appears to be undermining the lessons it wishes to teach. A Honduran police officer told me that the anti-drug teams did not preserve evidence at the scene of another fatal Anvil interdiction, in June, 2012, where a FAST member reportedly shot and killed a drug trafficker who was reaching for his gun. “When we got to the scene, they have the weapons ready for us,” he said, showing me an image from his cell phone of rifles laid out on the ground. “But why are the weapons together? Why can’t we determine if these weapons were actually carried there? This is an alteration of the scene.” He shook his head. “All they care about is the drugs. Not who dies, not the evidence, not the legal procedures. Just the drugs.”

United States drug policy was built on the premise that drugs are inherently evil. Even occasional users, Edwin Meese said, in 1985, are “supporting those who deal in terror, torture, and death.” He continued, “There are no neutrals in this country’s war on drugs.” In La Moskitia, the infrastructure for moving cocaine overlaps with civilian life in ways that make it hard to draw such clear moral lines. Bishop Sam Gray, a Moravian missionary who lived in Ahuas for six years, told me about a woman in a nearby village who was offered two hundred dollars to cut down a tree on her property so that traffickers could lengthen a landing strip. When the woman refused, they made a similar deal with a landowner at the strip’s other end. “There were no repercussions,” Gray said. “In Ahuas, you go about your business. Everybody knows who the folks involved are, and you don’t avoid them in public life.”

In the Nicaraguan part of La Moskitia, some village elders assigned profits from found cocaine to churches and public works. For a time, cocaine was called the “blessing of God.” Gray told me that the men who transported cocaine by boat sometimes asked local pastors to pray for their safety. “When they come back, it’s expected that they’re going to show their appreciation for that,” he said. “Do you refuse to pray for someone?” In the late nineties, the influence of money from cocaine led the Moravian Church to discipline twenty-seven Honduran pastors and contributed to a split within the church in Ahuas. “Drug trafficking was a Trojan-horse kind of thing,” Gray said. “It was seen as a blessing that’s dropped on us from the outside. And then you suddenly realize it’s not all that it’s supposed to be.”

In Ahuas, cocaine traffic was controlled by an outsider known as El Renco—“the lame one”—or simply as El Padrón. A Honduran police report gives his name as Danilo Peña. He is said to be a short man who walks with a limp. Though Peña has seldom been seen in Ahuas since the shootings, the few people who are willing to talk about him do so quietly. Even the policemen are afraid. “People get killed for making statements,” one of them told me. “All the information I give you can go on the Internet.”

One afternoon in August of 2012, along with a translator, I visited the river landing, half an hour’s walk from the center of Ahuas. More than thirty boats were floating in the river. Villagers carried away loads of timber, soda, gasoline, propane, and livestock. There were five houses in the vicinity, but no one could recall any contact with the traffickers on the night of May 10th, except for a teen-age boy wearing flip-flops and a baseball cap. He said that some of the village’s Miskitu leaders spoke with the drug traffickers that night and told them to take the product out of the village. As the helicopters hovered overhead, the traffickers “took cover under a house,” he said. “They asked us to hide them. We said no, because we would get in trouble if we did.”

Mayor Baquedano had told me that we were welcome to visit the airstrips, or pistas. “Just ask around,” he said. “Everyone knows where they are.” We hired a man to drive us into town. He had just moved to Ahuas from the city of San Pedro Sula, he said, and seemed eager to make new acquaintances. I said we wanted to see a pista, and he agreed to show us one. We turned off the main road and onto a dirt track. After a few kilometres, we reached a creek spanned by a rotten wooden bridge, where we parked. Our driver led us to a long stretch of meadow. The narrow pista was all but invisible. Two rows of knee-high branches sharpened into stakes lined the runway. Walking back to the car, we saw the charred skeleton of a small airplane poking out from the edge of the forest. Returning to Ahuas, our driver pointed out the house of a prosperous merchant. “He’s the one who used to lend the boats so they could take the drugs,” he said. “He’s the only one left who used to work with them. They wanted to burn his house, too, but he managed to calm them down somehow.”

Some pistas are as smooth as soccer fields, with centerlines of packed dirt. Last year, the Honduran Army began Operation Armadillo, identifying the pistas from the air and returning with ground crews and dynamite to blow them open. Between February and July of 2012, Armadillo disabled fifty airstrips, according to Colonel Ronald Rivera Amador, of the Honduran Army, who ran the program from the provincial capital. But the traffickers patched up the holes with truckloads of sand and constructed new pistas that are invisible from the air—nothing more than a stretch of ground, cleared of rocks and levelled with a tractor. When the drugs are due to arrive, the receiving party lights up the pista with two rows of headlights or torches. The drugs continue their journey by boat, or overland, through Guatemala and Mexico. “There are so many routes that it becomes a maze,” Amador, who used to command the Army base in Puerto Lempira, told me. The traffickers “use Miskitu to load and unload the drugs, but not for security,” Amador said. “For that they use people from the interior.”

We saw the driver again the next day. “El Padrón knows that you visited the airstrip,” he said. We asked if it was safe to stay in Ahuas. “Ehh . . . ,” he replied. “That man there”—he pointed out the window—“he is in direct contact with El Padrón. I told him you were prospectors looking at oil deposits.”

“Where is El Padrón now?” we asked.

“In hiding,” the driver said. “He has houses all over the country.”

That night, we told an officer from a Miskitu council about our trespass. “Don’t worry,” he said. “I will explain who you are and what you are trying to do here.” The tribal council, he said, was the real power in La Moskitia. He compared it to a hawk, moving hundreds of miles when necessary, quickly responding to threats, always returning to the same spot. “We protect the Mayor,” he said.

Despite the burning of the houses and the resolution against pistas, the official position of the tribal councils on drug trafficking is a work in progress. “We have a policy of not getting involved,” the officer said. “Each person chooses to participate or not, according to his own conscience.” A senior leader of the Miskitu organization Masta, in Gracias a Dios, was more emphatic. “Masta says they don’t want it,” he told me. “They reject it.” Nonetheless, he believed that cocaine would continue moving through Miskitu territory. “Not even the Americans can stop it,” he said. “Because of business. Money is the strongest thing in the world. The only one who can stop these things is God.”

A few days later, Melaño Lezama took a boatload of passengers from Barr Patuca to Ahuas. We went along with him. Hilda, whose legs were still healing, handled the arrangements with the divers from Ahuas. Her nephew took Emerson’s place at the bow. At sunset, the birds and the insects along the Patuca’s banks sounded like an orchestra tuning up. Soon, all that was visible of Melaño was the orange glow from the tip of his cigarette. We reached the landing at Ahuas, and he busied himself with unloading his passengers’ cargo—dry beans, fruit, sacks of clothes. The next morning, we spoke in his living room. The Miskitu officer translated his account into Spanish and helped him sketch a diagram. Melaño said that the helicopters had made him panic. He was trying to steer his boat out of trouble, toward the bank, when the other boat suddenly appeared. Then the helicopter started shooting. “I’ve worked for thirty years travelling the river,” he said. “Nothing like this has ever happened. When I pass the spot, I start remembering. I feel scared, but there is no other way for me. I have to keep working.”

Clara Wood buried her son in Ahuas. Soon afterward, her husband joined her at their stilt house. Clara has a few things from Roatán that were fished out of the water—a table, a bowl, a five-gallon bucket—all made of plastic and punctured by what look to be bullet holes. In her photographs, Hasked flashes a bright grin. Clara told me that she wants to open a small café in the school he would have attended. “I’m going to do it in order to keep myself busy,” she said. “Not to be sad all the time.”

In November of 2012, I visited the base where the helicopters refuelled on their way back from Ahuas. Just beyond the fence around the base’s perimeter was the shifting map of La Moskitia—“the battlespace,” a U.S. Army officer had called it. “The local communities see the helicopters landing, the ongoing operations,” a U.S. soldier on the base told me. “They are deterred.” Similarly, U.S. Ambassador Kubiske has said that villages, like superpowers, respond to shows of force. “These are not innocent communities,” she said at a public event in September, in response to a question about Ahuas. “These are communities in which people find it not dangerous, perhaps, to help the drug traffickers who live there. Afterwards, many more people began to think that it was dangerous. We’ve seen some changes in behavior.”

In the U.S., a gram of pure cocaine is worth roughly four grams of gold. Cocaine is harder to ship but much easier to produce than gold; making it from coca leaves is about as complicated as making corn syrup from corn. The amount of coca needed to supply the global market is relatively small: a plantation of two hundred thousand hectares, roughly half the size of Long Island, would be enough. For thirty years, the U.S. has chased this plantation around the Western Hemisphere.

In the late eighteen-thirties, an imperial commissioner in China named Lin Zexu arrested dealers, and destroyed more than a million kilos of opium. But the British East India Company, which brought the drug from India, went to war, forced China to reopen its ports, and resumed importing enough opium to satisfy the millions of users. This began what is known in China as the Century of National Humiliation.

More than a hundred years later, Mao Zedong adopted a more ruthless version of Lin Zexu’s approach, tearing up fields, breaking pipes, and executing dealers. In some provinces, addicts were required to register with the local police, and there were rumors that anyone who had ever smoked opium would be rounded up and killed. At the beginning of Mao’s reign, more than twenty million Chinese smoked opium. Within a few years, opium use in mainland China had all but disappeared.

Why did Mao succeed where Lin Zexu had failed? The victory was due in part to Mao’s characteristic willingness to terrorize his people. But even more important were changes in the supply chain. In 1890, poppy cultivation was legalized, and soon domestic opium production exploded. During the Second World War, the Japanese colonized eastern China, planted opium, and encouraged consumption. By the mid-forties, when they left, almost all of the Chinese opium supply was homegrown. Mao did not have to argue with foreign governments, or bribe them, or send his armies abroad to burn the crops of indigent farmers, only to have them replant the moment he was gone. Unlike Lin Zexu, he could attack both the demand and the supply sides of the opium trade within the borders of his own country.

In La Moskitia, the U.S. acts through the Honduran government, which must itself wage a kind of foreign campaign. A boat ride away from Ahuas in Brus Laguna, the Honduran Army has an outpost on the edge of town. Painted over the barracks’ wooden shutters is a flag, split along the diagonal between the five stars of Honduras and the U.S. Stars and Stripes. On the morning we visited, dogs and roosters wandered around the yard, and soldiers washed themselves from a water tank. The commanding officer, Captain Abraham Hernández, took us to a table in the shade. “What we lack is will from the people,” he said. “Whenever there’s a crash nearby, the whole community goes out to look for the drugs. They say they’re going fishing.”

The next day, Hernández borrowed a boat from the mayor, and we set off across a nearby lagoon with a few of his soldiers. Long ago, its marshy backwaters had been a pirate sanctuary. Recently, Hernández said, there had been violent “confrontations” with traffickers. An hour later, we arrived at an impressive pista—fifteen hundred metres of level ground concealed by high grass. Beside it were the remains of five airplanes. In its center was a circle of sand, where the military had gouged open the pista. The traffickers had returned, Hernández said, and filled in the hole. At the moment, there was not much he could do. The base in Brus Laguna was eight hours’ walk away. He would file a report with his superior in the provincial capital. ♦

Fuente: http://www.newyorker.com/reporting/2014/01/06/140106fa_fact_schwartz?currentPage=all

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HONDURAS / Ciudadanos desprotegidos por haber confiado: Pobladores de Patuca reiteran que volverán a la capital a exigir indemnizaciones

 

Autor del articulo: Proceso Digital / Lunes  6 de Enero 2014
Patuca- Un grupo de pobladores afectados con la construcción de la represa hidroeléctrica Patuca III, anunciaron que en los próximos días retornarán a la capital hondureña donde realizarán una toma frente a las instalaciones de Casa Presidencial para exigir el pago de las indemnizaciones por sus tierras.
La protesta se debe al incumplimiento de pago por parte de la administración del presidente Porfirio Lobo en lo concerniente a las indemnizaciones de las propiedades que se han visto perjudicadas por la construcción de la represa.
El vicepresidente de los comuneros, Ismael Espinal, explicó que varias familias todavía no han recibido el pago de los terrenos que el Estado ocupa para la construcción del embalse hidroeléctrico.
Espinal señaló que “ya son varios los engaños de que hemos sido objeto, ya que cada vez que realizamos una protesta, el gobierno sale a decir que en un par de semanas nos pagarán y es mentira”.
Según los pobladores, el gobierno sólo ha pagado un 55 por ciento de las deudas a las familias afectadas.
El dirigente advirtió que de no tener una respuesta favorable por parte del gobierno, se verán obligados a tomarse las cortinas del embalse hidroeléctrico.
Por su parte, el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Emil Hawit, indicó que el gobierno no cuenta con los recursos para hacer efectivo el pago a los pobladores de Patuca.
Agregó que la Secretaría de Finanzas realiza los ajustes necesarios para verificar las partidas y poder acreditar el pago a los pobladores de Patuca.

Publicado por Américo Roca Dalton en 18:30

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/01/honduras-ciudadanos-desprotegidos-por.html

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HONDURAS: 135 productos básicos por los que debe pagarse el ISV // Por el paquetazo, en un 40% bajaría consumo de carne en Honduras

lunes, 6 de enero de 2014

Unos 207 productos integraban la propuesta de canasta básica alimentaria de Codeco y con el noveno ajuste fiscal, tan solo quedaron menos de 100 libres del pago del ISV.
Unos 207 productos integraban la propuesta de canasta básica alimentaria de Codeco y con el noveno ajuste fiscal, tan solo quedaron menos de 100 libres del pago del ISV.

San Pedro Sula, Honduras

Tiempo.hn / San Pedro Sula, Honduras 

Un total de 135 productos de la propuesta presentada por el Comité de Defensa al Consumidor (Codeco) al gobierno actual quedaron fuera de la exención del nuevo valor del Impuesto Sobre la Venta (ISV), considerando únicamente 72 de ellos en el decreto legislativo 278-2013 concerniente a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión.
La coordinadora de Codeco, Gloria Pérez comentó ayer que la mayoría son hortalizas y frutas que no son fundamentales en la dieta del hondureño.

“Necesitamos una canasta básica solo de alimentos más amplia, porque están poniendo 72, pero la mayoría son hortalizas, frutas y otros productos que no entendemos porque están ahí”, manifestó.

De igual forma, no descartó que la asociación que representa interpondrá acciones legales y de presión para que se derogue la nueva legislación por considerar que afectará significativamente los bolsillos de los hondureños, sobre todo de aquellos de escasos recursos.
RECONSIDERACION 
“Vamos a pedir una reconsideración para que los productos de la canasta básica familiar se salven de pagar ese impuesto”, aseguró uno de los miembros de la Asociación Coordinadora de Consumidores y Usuarios de Honduras (Aconsumeh), Adalid Irías.
El directivo de esta organización resaltó que este ajuste fiscal aprobado en el hemiciclo legislativo hará más pobre al pueblo hondureño, mismo que perderá su poder adquisitivo.
PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA QUE FUERON SACADOS DE LA PROPUESTA DE CODECO
Rosquillas
Espumilla
Quesadillas y tustacas
Pastelitos de píña
Pan de mantequilla
Rosquete
Totopostes
Maíz en lata
Chicharos enlatados
Maicenas para bebe
Avena en hojuelas
Hojuelas de maíz o Corn Flakes
Dulces caseros
Canela en raja y molida
Rapadura de dulce
Cocoa en polvo
Avena molida
Espaguetis
Fideos
Tallarines no preparados
Macarrones no preparados
Coditos varios no preparados
Frijol tinto
Vinagre
Tortillas de harina
Margarina en barra
Salsa de tomate acida
Salsa de tomate dulce
Mostaza
Mayonesa
Salsa soya
Chile picante
Soda
Leche en polvo
Huevos
Cubitos
Consomé  varios
Especias
Achiote
Sal de ajo
Saborina
Sardina enlatada
Sopa instantánea
Gelatina
Flan
Refrescos instantáneos
Vainilla
Levadura
Aceite de cocina
Chicharrones de cerdo
Tocino
Pelleja de cerdo
Tajo de cerdo fresco
Chuleta de cerdo fresca
Chuleta de res fresca
Hígado de res fresco
Hueso blanco de res fresco
Lomo de res
Vísceras del cerdo
Vísceras de res
Espinazo
Cola de res
Cadera de res
Carne molida de cerdo fresca
Chorizo suelto
Chorizo embutido
Jamón popular
Mortadela popular
Hot dog
Copetín
Moronga
Jaiba
Chacalín
Camarones
Cangrejo
Cabeza de pescado
Filete de pescado
Filete de pescado rojo
Pescado seco
Mantequilla rala
Cuajada
Quesillo
Queso semi seco
Queso frijolero
Queso fresco
Queso kraft
Requesón
Refrescos naturales
Yuca con chicharrón y otros
Naranja dulce
Papaya
Ciruelas
Chile morrón
Chile picante en fruta
Mazapán
Lichas
Otros vegetales nacionales
Otras frutas nacionales
Otras legumbres nacionales
Jabón de lavar ropa
Jabón de lavar platos
Jabón de baño
Detergente en polvo
Bolsas para basura
Betún para lustrar zapatos
Mechas para estufas
Trapeadores
Escobas
Cloro
Desinfectantes
Toallas sanitarias
Papel higiénico
Cepillo de dientes
Pasta de dientes
Hilo dental
Kerosene
Chimbo de gas LPG
Fósforos
Velas de cera
Insecticidas
Paste de fregar loza
Shampoo
Fuente: Codeco

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 Por el paquetazo, en un 40% bajaría consumo de carne en Honduras
Tiempo.hn / Tegucigalpa, Honduras /  Lunes, 06 Enero 2014 – 11:38
Representantes del rubro de la carne aseguran que con la actual Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, más conocida como el “Paquetazo” el consumo de ésta descendería en al menos un 40 por ciento.
Roberto Prego, dirigente de la Asociación de Importadores de carne, manifestó que el aumento es inminente al precio del producto, debido al cobro del 15 por ciento de Impuesto Sobre Ventas, a consecuencia de esto el pueblo bajaría el consumo.
La carne de cerdo tuvo un aumento un aumento de 5 a 8 lempiras y se espera que la carne de res por ser más cara sufriría una escalada más severa que la anterior.
Según la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas , el 15% no será aplicado a los siguientes derivados cárnicos: la costilla y tajos de carne de cerdo fresca y refrigerada, al igual en el res.
No obstante, las vísceras como el mondongo, la lengua, los empresarios si se le aplicarán el ISV.

Publicado por Américo Roca Dalton en 12:55

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/01/honduras-135-productos-basicos-por-los.html

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Con la militarización se renuncia a crear seguridad con métodos no violentos asegura analista Alvaro Cálix

Ene 06, 2014

Honduras enfrenta un serio y peligroso proceso de militarización de la sociedad hondureña vendida como una política en favor de la seguridad ciudadana. Desde el golpe de estado de 2009, los militares han recobrado mayor fuerza e incidencia en el ámbito público doblegando la voluntad del pueblo y desplazando a los políticos de la gobernanza del país.

El gobierno de Pepe Lobo se movió en medio de la cuestionada policía militar, la creación de las Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad, TIGRES, pero no logró reducir los 20 asesinatos diarios y mucho menos devolverle la tranquilidad al pueblo hondureño que ha hecho de su barrio, colonia y vivienda su propia cárcel.

Con la militarización, la sociedad hondureña renuncia a la búsqueda de soluciones por la vía NO violenta para garantizar la seguridad que tanto se anhela dice el analista político, doctor Álvaro Cálix.

Cálix está claro del fracaso institucional en los procesos de depuración policial y la apuesta clara del presidente electo Juan Orlando Hernández de apostarlo todo por los militares en estos próximos cuatro años del nuevo gobierno.

Al cierre del año, la Policía Nacional informó que la tasa de asesinatos de 2013 se redujo 10,4 unidades, no 2,5 como dice un informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma.

Esta información fue dada por el jefe de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, que aseguró que la tasa de homicidios pasó del 85,5 a 75,1 muertos por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo el observatorio de la violencia maneja otras cifras y justamente tienen como fuente de información los datos de la Dirección de Medicina Forense según explicó en Zona Informativa la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayestas, quien asegura la cifra se redujo de un 85,5 a 83 muertos por cada 100.000 habitantes. Ayestas informa además que esta semana van a presentar los datos precisos del comportamiento de la violencia.

Ayestas  informó que esta semana darán a conocer el nuevo informe de criminalidad del año 2013. Ayestas adelantó que se reporta un incremento en el apartado de los femicidios durante el 2013.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/580-con-la-militarizaci%C3%B3n-se-renuncia-a-crear-seguridad-con-m%C3%A9todos-no-violentos-asegura-analista-alvaro-c%C3%A1lix

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Hoy se realizará audiencia en el caso de “Chabelo” Morales en los juzgados de Trujillo, Colón

Ene 06, 2014

Por fin hoy lunes se va a realizar en los juzgados de Trujillo, Colón, la audiencia que podría cambiar la medida cautelar del trabajador agrario José Isabel “Chabelo” Morales después que la Corte Suprema de Justicia ordenara hace varios meses que se realizara de nuevo el juicio en su contra tras dejar sin valor y efecto la condena dictada por Jueces de Trujillo, Colón.

José Isabel Morales fue capturado el 17 de octubre de 2008 al haberse ejecutado una orden de captura librada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, ante el cual había sido acusado por el Ministerio Público junto a varias personas más como supuesto autor de varios delitos de asesinato, un homicidio, una tentativa de asesinato, incendio y robo.

Por tener vicios de nulidad en el proceso de enjuiciamiento, los abogados defensores interpusieron un recurso de casación que dio como resultado una orden de la Corte Suprema de Justicia para revisar el caso y ser sometido a un nuevo juicio.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/579-hoy-se-realizar%C3%A1-audiencia-en-el-caso-de-chabelo-morales-en-los-juzgados-de-trujillo-col%C3%B3n

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Movimiento popular se debe fortalecer para incidir en nuevo gobierno, plantea analista

Ene 06, 2014

Honduras ha cerrado un año con serios síntomas de debilidad institucional, altos niveles de violencia y una severa crisis económica. Es a partir de ahí que se plantean los posibles escenarios  para este nuevo año que recién estamos comenzando.

Según Hermilo Soto, analista hondureño, en este nuevo año se debe despertar y fortalecer el movimiento popular, el cual deberá hacer incidencia en las nuevas autoridades para que cumplan con sus promesas de campaña.

“El 2013 estuvo marcado por la coyuntura política que desencadenó las expectativas de un pueblo por un cambio, con una nueva dirigencia en la administración pública, pero no pudo lograrse pues tenemos la continuidad de un gobierno conservador que fracasó en su campaña de trabajo y seguridad. Las elecciones generales no abrieron los espacios democratizadores que esperaba la sociedad hondureña y ya lo vemos con el paquetazo que tenemos encima”, explicó Soto.

Para este analista, el 2014 será un año duro, con mucha conflictividad social y la agudización de la represión y violaciones de derechos humanos.

“La sociedad hondureña esta en un proceso de cambios aunque no se dan al ritmo que todos deseáramos. Este país urge de cambios porque la situación es insostenible”, dijo Soto.

El gran reto para este año, es unificar esfuerzos en medio de la diversidad, y para ir construyendo verdaderas propuestas es necesario que las organizaciones gremialistas y los movimientos sociales “institucionalizados” amplíen sus demandas, para lograr una verdadera lucha popular, explicó.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/578-movimiento-popular-se-debe-fortalecer-para-incidir-en-nuevo-gobierno-plantea-analista

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Para arriba también la canasta básica escolar

Lo más reciente  6 Enero, 2014 – 12:29 AM

Los padres de familia también sufrirán las consecuencias del paquete fiscal que entró en vigencia la semana anterior, debido a que el Impuesto Sobre Ventas (ISV) y el precio de los combustibles impactarán de forma directa en el costo de la canasta básica escolar.

El incremento a los útiles ya puso en alerta a los padres de familia.

El incremento a los útiles ya puso en alerta a los padres de familia.

Después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, los estudiantes están próximos para iniciar el año lectivo 2014 en todos los niveles académicos y eso conlleva una fuerte demanda de útiles y uniformes.

La encargada de una tienda de materiales escolares, Karina Díaz, indicó que los proveedores ya les informaron que a partir de enero deben pagar un tres por ciento más por el producto que encarguen.

Lo mismo están haciendo ellos como detallistas, al vender a sus clientes, debido a que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ya está haciendo el cobro de los productos que deben pagar el tributo.

Díaz indicó que en el caso de los cuadernos la mayoría no pagan impuestos y han estado exonerados, pero están esperando hacer los pedidos de enero para ver cómo quedaron, porque en el diario oficial La Gaceta no se explica cómo está ese rubro.

Refirió que aparte del costo del ISV, los clientes también deberán asumir los costos que generen los carburantes, porque los proveedores también comenzarán a aplicar el cobro por el transporte del material.

Detalló que un cuaderno de fabricación nacional de una materia cuesta 18 lempiras, pero el importado vale 40, los nacionales de cinco materias cuestan 40 y 42 lempiras, pero el extranjero se cotiza a 105 y muchas veces las personas prefieren el que viene de afuera.

De momento, lo único que ha tenido aumento es el lápiz tinta tradicional que de tres lempiras pasó a valer cuatro, mientras los juegos de colores se compran entre 15 y 35 lempiras y 10 a 14 el juego sencillo de reglas.

PREOCUPACIÓN DE LOS PADRES

Los uniformes y zapatos también se irán arriba, ya que el costo de la materia prima para su elaboración está incrementando como resultado de las medidas fiscales, según informaron los comerciantes.

La presidente de la Asociación Volvamos a Clases, Mercedes Saravia, indicó que el paquete de medidas fiscales golpea directamente el bolsillo de los padres de familia, quienes cada año hacen un sacrificio para educar a sus hijos.

“Con las medidas fiscales el gobierno está arremetiendo contra el pueblo hondureño porque viene a golpear la canasta de útiles escolares, sobre todo en el incremento y la especulación que se brinda en los mercados”, afirmó.

Ejemplificó que “tendremos nueve productos que cotizaremos y de igual manera haremos una evaluación para ver el incremento real y cuál realmente va a ser el impacto con su costo en los bolsillos de los padres de familia”.

Saravia también dijo que es prioritario estar vigilantes del incremento que se pretende en el tema del transporte, porque los padres de familia mandan a sus hijos a la escuela, colegio y universidades en buses de la ruta urbana y ese gasto parte del presupuesto familiar. (YB)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/01/06/para-arriba-tambien-la-canasta-basica-escolar/

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Romperán esquema tradicional de Comunicaciones en nuevo gobierno

Políticas  6 Enero, 2014 – 12:02 AM

Las Comunicaciones en el nuevo gobierno también romperán el esquema tradicional como se ha conocido en los últimos años y al igual que la restructuración del engranaje estatal, también serán modificadas.

Miguel Angel Bonilla

Miguel Angel Bonilla

La idea, según personas que trabajan en los cambios, es que se les dará “más importancia”, se “cambiará el esquema y no seguirá la misma tónica”, como se ha conocido.

Es decir, un jefe de Relaciones Públicas en cada institución divulga lo que el ministro estima más conveniente, ahora se analiza la idea de que con los siete ministerios sectoriales también se reduzca la contratación de profesionales de comunicaciones y sean más eficientes.

Hasta ahora las personas que ocuparán esos importantes puestos están en “veremos” y será el presidente electo, Juan Orlando Hernández, quien designe a las mejores.

En Casa de Gobierno ya comenzaron a barajarse algunos nombres. Trasciende que el actual director de Comunicaciones, Miguel Ángel Bonilla, intenta continuar en el cargo, pero ya fue totalmente descartado por situaciones internas que se presentaron en su período, según la fuente que no quiso ahondar porque se trata de situaciones “delicadas”.

Marvin Flores

Marvin Flores

También se supo que la profesional Suleyma Zablah también ha estado interesada en el puesto y es impulsada por personas que trabajan actualmente en Comunicación de Casa de Gobierno; aunque según la fuente, por ser extranjera podría tener puntos en contra y sus relaciones con los periodistas no han sido las mejores.

Otros nombres que se mencionan son el periodista Marvin Morel, quien ha sido vocero del Partido Nacional en cuatro campañas a través de la dirección de programas radiales y quien goza de la confianza de personas allegadas a Hernández, por ser “hombre del partido”, joven y de mucha capacidad.

También se habla de Oscar Flores, actual jefe de Relaciones Públicas del Congreso Nacional, con un excelente perfil, un joven muy profesional y transparente, asimismo periodistas que laboran en canales de televisión influyentes en el país.

Pero al final, el cargo está por definir y será el mismo Hernández quien tendrá la última palabra, confió la fuente.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/01/06/romperan-esquema-tradicional-de-comunicaciones-en-nuevo-gobierno/

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Solo 3.66 y no 17.64 ha subido cilindro de LPG de 5.88 galones

Económicas  6 Enero, 2014 – 12:30 AM

La Secretaría de Industria y Comercio (SIC) aclaró al público que el cilindro de gas licuado de petróleo de 5.88 galones solo ha aumentado 3.66 lempiras y no 17.64, como había trascendido entre algunos sectores.

COMUNICADO
La Secretaría de Industria y Comercio a la ciudadanía en general y a los consumidores en particular aclara lo siguiente:

Que el valor del cilindro de gas licuado de petróleo equivalente a 5.88 galones no ha experimentado un aumento de  L17.64 como se ha mal informado en días anteriores.

“El ajuste representa un incremento de 0.03 centavos de dólar, es decir 3.66 lempiras, por cilindro de gas licuado de petróleo equivalente a 5.88 galones”.

En tal virtud, el Gobierno de la República aclara que en ningún momento se pretende afectar a los consumidores que utilizan el gas LPG.

Tegucigalpa, MDC, 5 de enero de 2014.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/01/06/solo-3-66-y-no-17-64-ha-subido-cilindro-de-lpg-de-5-88-galones/

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