Archivos para 22/12/13

Micheletti pide a hondureños dar tiempo a JOH

Domingo 22 de diciembre de 2013

11:28 pm  – Redacción 

El exmandatario aconsejó a los hondureños esperar un tiempo prudencial para ver los resultados de la gestion del presidente electo, Juan Orlando Hernández.

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El expresidente interino de Honduras, Roberto Micheletti.

El expresidente interino de Honduras, Roberto Micheletti. ()

Tegucigalpa,

Honduras

El expresidente interino de Honduras, Roberto Micheletti, dijo este domingo que lo más prudente es que los hondureños esperen un tiempo prudencial  con el propósito de ver los resultados de la gestión del presidente electo, Juan Orlando Hernández.

“Creo que hay que darle un tiempo prudencial al presidente electo, él está haciendo cambios en el gabinete del presidente (Porfirio Lobo), pero que definitivamente le van a servir”.

El exmandatario aconsejó a la ciudadanía  tener confianza y dar un espacio de al menos un año y medio para ver qué acciones concretas Hernández está realizando a favor del país.

Reiteró que  “lo importante es no perder la fe y la confianza y que pueda cumplir las promesas de campaña para bien del pueblo hondureño”.

Agregó que “Hernández se lleva muy bien con el G-16, tiene que aprovechar el día de su toma de posesión para que pueda hablar con los mandatarios de los países para fortalecer la amistad y generar inversión”.

“Esperemos que no sea irresponsable como el presidente Lobo que no tuvo austeridad en su gobierno y despilfarró el dinero al crear nuevos ministerios a sabiendas de la crisis por la que estaba o está pasando el Estado”, finalizó.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Micheletti-pide-a-hondurenos-dar-tiempo-a-JOH

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Ampliaron el Programa del Empleo por Hora

22 de Diciembre de 2013

10:00PM   – Redacción: La Prensa. Redacción La Prensa redaccion@laprensa.hn

Decisión El Congreso está considerando dejar la iniciativa como algo permanente

En su última sesión de 2013, los diputados del Congreso decidieron ampliar un mes la vigencia del Programa Nacional de Empleo por Hora, el cual concluía el próximo 31 de diciembre.

El programa cumplió 36 meses el 5 de noviembre pasado, pero fue prorrogada su vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año. Ahora es nuevamente ampliado por un mes, mientras se decide en el Legislativo si se deja la ley permanentemente.

Los informes revelan que desde su puesta en vigencia hasta junio de este año se habían generado al menos 177,369 empleos en todo el país, produciendo ingresos de unos L12,433 millones para los trabajadores por concepto de salarios.

Además de la estadística de empleos generados, los informes muestran que las actividades que más generaron trabajo por el Programa de Empleo por Hora fueron comercio al por mayor y menor, que representó 33.97%; los establecimientos financieros, con 26.82%; servicios comunales y personales, con 16.21%; la industria manufacturera, 7.73%, y transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 7.13%.

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/439467-96/ampliaron-el-programa-del-empleo-por-hora

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Dictan detención judicial a la jueza Wendy Caballero

22 de Diciembre de 2013

09:57PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn

El fiscal adjunto Rigoberto Cuéllar afirmó que tienen suficientes pruebas en contra de ella.

Tegucigalpa.

La jueza con jurisdicción nacional Wendy Vanessa Caballero se presentó la tarde de ayer a la audiencia de declaración de imputado ante un juez con jurisdicción nacional, quien le dictó detención judicial y la remitió a la Penitenciaría Nacional Femenina en Támara.

Para este jueves 26 de diciembre está fijada la audiencia inicial.

La profesional del derecho fue detenida la tarde del sábado en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, justo cuando retornaba al país procedente de Estados Unidos.

La detención fue llevada a cabo por la Policía Militar acatando una orden de captura debido a que Caballero benefició con un arresto domiciliario al supuesto narcotraficante Alexander Montes Aguilar, alias “Moncho”.

Requerimiento

La Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó el requerimiento contra la jueza por considerarla responsable de cometer los delitos de cohecho y abuso de autoridad.

Rigoberto Cuéllar, fiscal general adjunto del Ministerio Público, explicó que la audiencia se desarrolló en los Juzgados de lo Penal, pero finalmente fue trasladada a las instalaciones del cuerpo militar, siempre en la capital de la República.

“De la misma manera que actuamos con la jueza en Trujillo se actúa con la jueza de San Pedro Sula, ya que es un caso similar, donde un juez dicta una medida cautelar o una resolución donde modifica una medida cautelar, ya que estaba con prisión preventiva y según la ley era lo que correspondía, pero con un dictamen privado de un médico por aparentes razones de salud lo modifica a un arresto domiciliario”, lamentó Cuéllar.

El segundo al mando del MP explicó que, además de llevar a cabo las acciones correspondientes, como el recurso de reposición y el recurso de apelación en contra de la decisión tomada por la jueza, “se inició una investigación de oficio por parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado”.

El funcionario explicó que después de un tiempo de investigaciones “se llegó a la conclusión de que se contaba con suficientes elementos probatorios para la presentación de un requerimiento fiscal en su contra”, lo que se hizo unos días atrás y se solicitó una orden de captura, librada de “manera eficiente” por otro juez con jurisdicción nacional, que terminó con la captura de la jueza y con alguno de su personal auxiliar del juzgado.

“El requerimiento que se presentó es por el delito de cohecho y por abuso de autoridad”.

Suficientes pruebas

“Confiamos que se cuenta con los elementos probatorios suficientes, de tal forma de que, si no fuese así, el juez con jurisdicción nacional no hubiese aceptado el requerimiento y por otro lado emitido la orden de captura”, comentó Cuéllar.

“Se está solicitando como medida cautelar la medida de previsión preventiva y en el transcurso de los próximos seis días se llevaría a cabo la audiencia inicial”.

En relación con las medidas de seguridad con que se desarrolló la audiencia, dijo: “El proceso se lleva a cabo con las medidas de seguridad que cualquier caso de esta naturaleza amerita.

Hay que recordar que el proceso está iniciando y estamos solicitando la detención judicial por el término de seis días y tenemos confianza en que con los elementos probatorios luego se celebrará la audiencia inicial, donde se va a solicitar la medida cautelar de previsión preventiva y, por supuesto, que se dicte el auto de formal procesamiento”.

Además de la aprehensión de la jueza Caballero fue recapturado Montes Aguilar y arrestada su apoderada legal Fany Aguilar, quien fue remitida a la 105 Brigada de San Pedro Sula, pero que por la noche tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

El fin de semana se supo que los tribunales de justicia emitieron órdenes de captura contra dos escribientes y otro abogado defensor de Montes Aguilar.

Mensaje

Cuéllar opinó: “Esperamos que con este tipo de acciones se mande un mensaje muy claro no solamente para los fiscales del Ministerio Público, como lo hemos estado haciendo, sino para el resto de operadores de justicia, en el sentido de que no vamos a tolerar, sobre todo cuando viene de funcionarios que juraron proteger, defender y hacer respetar la ley, que actúen fuera del marco de ella, de tal manera que se puede esperar el mismo seguimiento que se le han dado a otros casos y que se impongan sentencias condenatorias ejemplificantes”.

Fuente: http://www.laprensa.hn/inicio/439486-96/dictan-detencion-judicial-a-la-jueza-wendy-caballero

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Condiciones de nuevo tramo de bonos son dañinas para Honduras: Hugo Noé Pino.

22 de Diciembre de 2013

08:16PM   – Redacción: Leslie Carolina Torres H. Redacción La Prensa leslie.torres@laprensa.hn

Los expertos consideran que la última colocación de $500 millones en el extranjero posee una tasa de interés demasiado elevada. Además piden mayor transparencia en el destino de los fondos en Honduras

Condiciones de nuevo tramo de bonos son dañinas.
Condiciones de nuevo tramo de bonos son dañinas.

San Pedro Sula.

Las condiciones en que se colocó el nuevo tramo de bonos soberanos, por $500 millones, en el mercado internacional conllevan efectos negativos para la economía del país, que influirán principalmente en el saldo de la deuda externa, opinan los expertos.

Las autoridades de la Secretaría de Finanzas informaron que los títulos fueron colocados la semana pasada en el alemán Deutsche Bank, que también lideró la primera colocación por $500 millones, hecha a principios de año.

El ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, explicó que los recursos que se obtendrán por esa transacción servirán en un 50% para cubrir la deuda interna del presente año, que a septiembre ascendía a $3,039.56 millones, y el resto será parte del colchón que sustentará el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2014, que todavía no ha sido aprobado por el Poder Legislativo.

El decreto original autorizado a inicios de este año estipulaba la colocación de $750 millones en títulos, de los que en marzo se colocaron $500 millones a un plazo de 11 años y una tasa de 7.5%. No obstante, el Congreso Nacional aprobó en un solo debate la ampliación del bono de $250 millones, que faltaban por colocar, a $500 millones.

En esta ocasión, esos $500 millones fueron colocados a un plazo de 7 años y una tasa de interés de 8.75%, con un costo de intermediación financiera de 0.40%. Lo anterior significa que se pagarían unos $43.8 millones anuales en intereses y unos $302 millones en siete años.

Cuando se buscaba colocar el segundo tramo de estos valores, las autoridades de Finanzas explicaron que hubo una tardanza que obedecía a la búsqueda de mejores condiciones que las obtenidas para el primer segmento. Sin embargo, las que se lograron no reflejaron esa intención.

Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH) y economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, opinó: “Son condiciones bastante dañinas para el país porque a la tasa de 8.75% habría que sumarle la devaluación de cada año durante los siete años que van a transcurrir.

Si bien son siete años, el Gobierno al que le toque en ese momento tendrá que pagar $500 millones de una sola vez, que en este momento constituyen L10 mil millones, pero que con la devaluación van a ser más”.

Pino indicó que falta transparentar el destino de los recursos porque “unos van para este año y otros para 2014, cuando no se ha aprobado el presupuesto 2014”.

El exfuncionario sostuvo que la deuda externa, calculada en $4,350.71 millones, subirá de inmediato durante todo el plazo que se honre el compromiso.

“En vez de hacer las correcciones fiscales que se necesitan, estamos cargándole a los Gobiernos y las generaciones lo que estamos gastando ahora”.

Según Pino, Honduras está pagando una de las tasas de interés más altas de la región, ya que otros países consiguen colocar sus bonos a una tasa promedio de 5.5%.

“Eso significa que están viendo un riesgo de país bastante alto. Un conocedor internacional de asuntos financieros, me dice: tienen que estar realmente desesperados para haber aceptado esas condiciones”.
“Ya lo gastaron”

Para Carlos Urbizo, analista económico, los fondos obtenidos mediante estos títulos valores “ya se gastaron, prácticamente. Son deudas que va a pagar el Gobierno y no se pudieron evitar. Está pesadita la carga”.

Si se toma el 8.75% de interés anual que deberá pagarse más el valor de la depreciación de la moneda nacional (de 4% para el presente año), que podría variar -al alza o baja- en el paso de los años, eso podría traducirse en una tasa final que oscilaría entre el 14 y 15%, la cual “se considera alta”, según Urbizo.

“Esa tasa alta refleja el riesgo de lo que un inversionista podría estar incurriendo. El banco (comprador) va a revender eso a inversionistas dispuestos a asumir riesgos del tercer mundo”.

El analista consideró que la deuda contraída podría haberse colocado mejor en el mercado interno debido a que los intereses “se quedan en Honduras”.

Urbizo señaló que la única forma de revertir el endeudamiento actual es lograr que la economía crezca para tratar de equilibrar el desbalance entre ingresos y gastos.

Fuente: http://www.laprensa.hn/economia/laeconomia/439463-96/condiciones-de-nuevo-tramo-de-bonos-son-daninas-para-honduras-hugo-noe

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El presidente del BID ofrece todo apoyo al próximo gobierno

Económicas  22 diciembre, 2013 – 7:37 PM

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, se reunió la semana pasada con el Presidente Porfirio Lobo Sosa y el electo, Juan Orlando Hernández, para reiterar el compromiso del organismo como parte del apoyo financiero y técnico brindado al país.

Luis Alberto Moreno, presidente del BID ofreció apoyo al presidente electo, Juan Orlando Hernández, por alrededor de 240 millones de dólares.

Luis Alberto Moreno, presidente del BID ofreció apoyo al presidente electo, Juan Orlando Hernández, por alrededor de 240 millones de dólares.

Moreno realizó una visita de dos días a Honduras, se hizo acompañar por la gerente del organismo para México, Centroamérica y el Caribe, Gina Montiel; y por el representante permanente en el país, Ian Walker.

Este año el BID adjudicó el proyecto de alcantarillado de Trujillo mediante el esquema “Llave en Mano”, entre 2010 y 2013 desembolsó varios préstamos por un total de 850 millones de dólares.

De estos, 183 millones se destinaron para apoyo presupuestario y el resto para proyectos de inversión, concretamente, el BID ha aportado más del 20 por ciento del total de la inversión pública del país.

Asimismo, en este plazo se aprobaron 19 proyectos con garantía soberana, por un valor total de $857 millones, en el 2012 se aprobó una facilidad de crédito contingente por 100 millones de dólares para emergencias en caso de presentarse desastres naturales.

Para el próximo año el organismo destinará alrededor de 240 millones de dólares para financiar proyectos de infraestructura y apoyo social.

La delegación supervisó junto al alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, el avance de las obras del Trans-450, proyecto de transporte público financiado por el BID con un préstamo por alrededor de 30 millones de dólares.

Álvarez le entregó a Moreno un diploma de reconocimiento por el apoyo del Banco al Trans-450 y los programas de mejoramiento de barrios marginales como Villafranca y Villa Cristina.

En 2014, el BID proveerá apoyo adicional a la comuna capitalina, mediante la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. El presidente del BID, también se reunió con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez y con diferentes grupos y líderes del sector privado para discutir las perspectivas de crecimiento.

En la reunión con el Presidente Lobo, Moreno hizo entrega de un Informe sobre el Programa del BID en Honduras entre 2010-13, en el que se destacan algunos de los avances más importantes, tales como el programa de transferencias condicionadas, más conocido como el “Bono 10 Mil”.

Programa que afirman que ha llegado a 350,000 hogares, que supuestamente representan el 40 por ciento de las familias rurales en situación de pobreza y pobreza extrema.

Se menciona que el “Bono 10 Mil” ha aumentad0 en más del 25 por ciento la capacidad de compra de sus beneficiarios en situación de pobreza extrema.

Actualmente BID financia directamente 100,000 hogares del ámbito rural, en 11 departamentos de Honduras.

Asimismo, el programa de gestión descentralizada de salud, que apoya la expansión de la cobertura hacia las poblaciones más pobres, fortaleciendo la atención integral en salud familiar y comunitaria mediante gestiones descentralizadas.

Este modelo benefició a casi 750,000 personas en 2013, se proyecta llegar a 960,000 en 2014 y a más de un millón para el 2015.

Del mismo modo se resaltan los avances del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica “Educatrachos”, que ha mejorado el fortalecimiento de la calidad de la educación básica mediante la entrega de más de 50,000 computadoras personales a alumnos y profesores; además de apoyar la enseñanza preescolar.

En cuanto a infraestructura física, el BID ha financiado obras como la carretera del norte, que fue concesionada por más de 30 años a un consorcio suramericano por medio de las Alianzas Público-Privadas.

Además, invirtió en la construcción de 50 kilómetros en el tramo de Villa de San Antonio, valle Comayagua, el desvió a La Barca y Villanueva, eje vial llamado corredor logístico.

De igual forma, financió el “Corredor Agrícola”, específicamente el tramo entre Gualaco y San Esteban y se espera en marzo 2014 la conclusión del tramo San Esteban y El Carbón, última obra que registra un avance físico de 75 por ciento.

No menos importante son los proyectos que se desarrollan en barrios pobres de las principales ciudades del país, tal es el caso de la pavimentación de 10 kilómetros de calle y la edificación de alrededor de 12 kilómetros de drenaje en las colonias Villafranca y Villa Cristina de Comayagüela, por medio del Fondo de Inversión Social (FHIS).

Del mismo modo, el organismo apoya financieramente la realización de obras en otras comunidades del interior del país. (JB)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/12/22/el-presidente-del-bid-ofrece-todo-apoyo-al-proximo-gobierno/

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DEI tendrá asistencia privada

Domingo 22 de diciembre de 2013

07:50 pm  – Redacción 

Por negligencia se han perdido demandas del Estado a contribuyentes morosos, por más de 1,900 millones de lempiras.

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 Wilfredo Cerrato, secretario de Finanzas.

Wilfredo Cerrato, secretario de Finanzas. (Redacción)

Tegucigalpa,

Honduras

El próximo gobierno contratará los servicios de instituciones de derecho privado para apoyar a la administración pública, específicamente a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en sus tareas de combate a la evasión y defraudación fiscal.

Así lo reveló el secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, ante los diputados del Congreso Nacional a quienes explicó que por negligencia se han perdido demandas del Estado a contribuyentes morosos, por más de 1,900 millones de lempiras.

Cerrato dijo que actualmente hay cerca de 200 millones de lempiras por recuperar y para lograr un cien por ciento de tales recuperaciones será necesario modernizar la DEI y contratar los servicios de agencias recaudadoras, lo que no significa que se estén privatizando los servicios, sino optimizándolos, aseguró.

El gobierno se propone apoyar el Servicio Aduanero del país mediante un proceso de mejoras que genere eficientes procedimientos internos, implante sistemas de auditoría y calidad de procesos, reorganice estructuras funcionales e implemente una cultura organizacional orientada a resultados, a los fines de generar incrementos substanciales en la recaudación

Asimismo, modernizar la DEI, mediante la incorporación de nueva tecnología, aportando asesoramiento de expertos y recursos humanos especializados a los efectos de mejorar la recaudación en el Servicio Aduanero del país.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/DEI-tendra-asistencia-privada

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Futuro de Hondutel en manos de JOH

Domingo 22 de diciembre de 2013

07:01 pm  – Redacción 

Empresa mantiene margen de pérdidas por el orden de los 480 millones de lempiras al año

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El presidente Porfirio Lobo admitió que si no se invierte Hondutel no tiene posibilidades de existir.

El presidente Porfirio Lobo admitió que si no se invierte Hondutel no tiene posibilidades de existir. ()

Tegucigalpa,

Honduras

El presidente electo Juan Orlando Hernández decidirá el futuro de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), sumida en una crisis sin precedentes.

La salvación de la estatal telefónica ahora depende de la administración entrante luego del fracaso de las gestiones emprendidas por el actual gobierno, que intentó vender el 51 por ciento de las acciones a un socio estratégico.

Actualmente, Hondutel es administrada por una comisión interventora que fue nombrada por el Poder Ejecutivo para elaborar un plan de rescate e identificar inversionistas interesados en hacer negocios con la empresa estatal.

La crisis que enfrenta la empresa es tal que en el año 2012 ésta cerró con pérdidas que rondan los 480 millones de lempiras y, según las autoridades, la historia se vuelve a repetir en el cierre de 2013, al extremo que no hay recursos para cumplir las obligaciones laborales.

En las últimas horas, el propio presidente Porfirio Lobo admitió que Hondutel es una empresa que “no tiene vida” porque los hondureños ya no están interesados en la telefonía fija, lo cual la convierte en una empresa con pocas posibilidades para existir.

Aunque su gobierno aún no finaliza, el mandatario prácticamente declinó en la búsqueda de soluciones para la empresa al ceder la responsabilidad a la administración entrante.

“Yo desde que llegué al gobierno dije que Hondutel no tenía vida y ustedes mismos a cuántos les importa si les cortan el teléfono fijo, estoy seguro que a nadie. El teléfono fijo está fuera de lo que la gente siente como necesidad”, dijo.

“Sostener una empresa sin mercado lógicamente no tiene ninguna expectativa de existir, hice todo lo que se pudo, pero lamentablemente no me siguieron mis instrucciones los primeros años y asumo que el próximo gobierno va a tomar ahí las decisiones”, indicó.

La crisis de Hondutel radica en la falta de políticas de inversión que le permitan a la empresa competir con las compañías de telefonía móvil, en virtud de los servicios que actualmente demandan los hondureños.

Otro grave problema que enfrenta tiene ver con la excesiva burocracia, que absorbe millones tras millones de lempiras del presupuesto de la estatal, que ronda los 3,200 millones de lempiras.

Rigoberto Romero, presidente de la comisión interventora de Hondutel, ha dicho que se ha venido trabajando en un proceso de valorización de la empresa a fin de establecer el costo neto de los bienes y servicios de Hondutel para proceder a conformar una empresa mixta.

“Nosotros le estamos apostando a la conformación de una empresa mixta con un inversionista privado que pueda obtener el 51% de las acciones, el gobierno el 22.5% de las acciones, los empleados que así lo deseen el 22.5% y hemos puesto los institutos de previsión con un 4%”, informó en su momento.

Sin embargo, este mecanismo no logró ser concertado con los trabajadores de la empresa, con quienes se mantiene un proceso de diálogo que de momento no ha generado ningún resultado.

Se estima que actualmente en la estatal telefónica se desempeñan unos 4,500 trabajadores, la mayoría en la categoría de permanentes, que, según estimaciones, absorben más de la mitad del presupuesto que se destina cada año a Hondutel.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Futuro-de-Hondutel-en-manos-de-JOH

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En enero enviarán al CN contrato de concesión

Domingo 22 de diciembre de 2013

07:05 pm  – Redacción 

El documento ya se encuentra en un proceso de revisión final entre la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público Privadas (Coalianza) y Casa Presidencial.

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El presidente Porfirio Lobo aseguró que el contrato de construcción del aeropuerto de Comayagua será aprobado en enero de 2014.

El presidente Porfirio Lobo aseguró que el contrato de construcción del aeropuerto de Comayagua será aprobado en enero de 2014. ()

Tegucigalpa,

Honduras

El Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional (CN) en enero el contrato de construcción del nuevo aeropuerto de Comayagua que se pretende establecer en la base Enrique Soto Cano de Palmerola.

El contrato ya se encuentra en un proceso de revisión final entre la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público Privadas (Coalianza) y Casa Presidencial.

El documento contiene todos los detalles del diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto de Comayagua, cuyo monto ronda los 107 millones de dólares, más de 2,000 millones de lempiras en una primera etapa.

La construcción de la nueva terminal será adjudicada mediante un proceso de licitación internacional cuyas bases ya fueron adquiridas por al menos 10 empresas de países como Estados Unidos, Colombia, Chile, China, Honduras y otras.

Según Carlos Pineda, comisionado de Coalianza, de las 10 empresas que adquirieron las bases de la licitación hay cuatro que han mostrado un interés real de llevar a cabo el proceso de construcción de la nueva terminal aérea.

El proyecto Palmerola se pretende materializar a través de una concesión y contempla la construcción de una área terminal para la aviación comercial en la zona oeste de la pista (2,440 metros), es decir, al otro lado de la base militar.

Torre

La obra contempla la construcción de una torre de control de uso civil, dos calles de rodadura para conectar la plataforma con el resto del campo de vuelos y una plataforma de estacionamiento de aeronaves.

También contempla la urbanización del área para la construcción de hangares y otros edificios auxiliares, un edificio de terminal de pasajeros, una terminal de carga y un acceso a la terminal desde la carretera CA-5.

Según el gobierno, el proyecto no afectará las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo de los Estados Unidos, que desde hace varios años opera en la zona.

La semana anterior el presidente Porfirio Lobo dijo que los alcances del proyecto ya están siendo discutidos con el presidente electo, Juan Orlando Hernández, para garantizar que el contrato sea aprobado en la presente legislatura.

“Eso va al Congreso y el Congreso lo va a aprobar en esta legislatura, es una tema que se está hablando con el presidente electo… Eso de que Tegucigalpa no tenga un aeropuerto donde pueda entrar todo tipo de aeronaves lógicamente limita el desarrollo de Tegucigalpa”, indicó el gobernante.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/En-enero-enviaran-al-CN-contrato-de-concesion

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Tasa de seguridad solo tiene L. 21.1 millones

Domingo 22 de diciembre de 2013

06:55 pm  – Redacción 

Fondos se han diluido en inversiones en seguridad y justicia que todavía no generan resultados

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La recién creada Policía Militar ha sido financiada con recursos de la tasa de seguridad.

La recién creada Policía Militar ha sido financiada con recursos de la tasa de seguridad. ()

Tegucigalpa,

Honduras

Una cantidad de 21.1 millones de lempiras es apenas el saldo que al mes de noviembre manejaba el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, que se desprende de la controversial Ley de Seguridad Poblacional, recientemente reformada por el Congreso Nacional (CN).

En menos de dos años, la administración de Porfirio Lobo gastó alrededor de 1,800 millones de lempiras recaudados a través de la tasa de seguridad, la cual fue constituida para fortalecer las instituciones que trabajan en seguridad y justicia, cuya deuda aún es distante frente a la ciudadanía.

EL HERALDO tuvo acceso a los estados financieros del denominado “tasón”, que representa la imposición de nuevos impuestos que han impactado en el bolsillo de miles de hondureños, que todavía aguardan la disminución en los niveles de impunidad y violencia.

Y es que pese a los pocos resultados, el pasado martes el CN amplió de cinco a diez años la vigencia de la Ley de Seguridad Poblacional mediante una reforma al artículo 4 del decreto 105-2011 de fecha 24 de julio de 2011.

Dicho artículo ahora se leerá así: Creación y Vigencia. Créase una contribución especial por transacciones financieras por seguridad poblacional con carácter transitorio con vigencia de 10 años a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.

En las reformas se estableció cambiar además el artículo 9 de la Ley de Seguridad Poblacional para garantizar que están exentos de este impuesto las remesas provenientes del exterior y las cuentas de las personas naturales en el sistema financiero con promedio inferior a 120,000 lempiras.

Sin embargo, la modificación señala que sí pagarán más impuestos las empresas que administran o canalizan remesas, lo cual, según varios sectores, igual impactará en los hondureños que reciben envíos de Estados Unidos, pues el cobro será trasladado a los usuarios.
Fondos

Hasta el mes de noviembre, el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad manejaba un balance acumulado en recaudación de 1,840 millones de lempiras, recaudados a partir de mayo de 2012.

De esta cantidad, 1,619 millones de lempiras ya fueron ejecutados, es decir, gastados mientras que los 221.1 millones de lempiras restantes aparecen en el renglón de valores comprometidos que están por ejecutar.

De esta suma de fondos comprometidos, según el Comité de la Tasa de Seguridad, 199.9 millones de lempiras están en la línea de inversiones del Banco Central de Honduras (BCH) y 21.1 millones de lempiras como recursos disponibles.

Cabe señalar que cada mes por concepto del pago de impuestos por la tasa de seguridad se recaudan alrededor de 90 millones de lempiras, según los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad.

“Nosotros tenemos un flujo mensual en recaudación de recursos por la tasa de seguridad de alrededor de 90 millones de lempiras, esos son los reportes que se nos han brindado”, dijo Luis Eveline, miembro del Comité de la Tasa de Seguridad.

Entre los meses de mayo y diciembre de 2012, la tasa de seguridad generó al gobierno un ingreso de 834.4 millones de lempiras mientras que de enero a noviembre del año en curso este impuesto generó ingresos por el orden de 1,000 millones de lempiras.

Inversión

En la línea de consolidados de proyectos al 2013, los informes señalan que instituciones como la Secretaría de Seguridad ha sido favorecida con una suma de 523.8 millones de lempiras mientras que la secretaría de Defensa ha recibido 589.5 millones de lempiras.

Estos recursos se han invertido en el proyecto de ciudades inteligentes, que tiene que ver con las cámaras de seguridad que han sido instaladas en la ciudad, la compra de vehículos, motocicletas, chalecos, uniformes, entre otros insumos.

Además se han financiado operaciones de seguridad de las Fuerzas Armadas en varias zonas del país y la recién creada Policía Militar. En el caso de la

Policía Nacional, todavía no se termina de fortalecer y equipar esta institución, según las autoridades, debido a los problemas de organización y la profunda crisis en la que ha venido operando.

La tasa de seguridad también ha llegado al Ministerio Público con una asignación de 65.3 millones de lempiras, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con 6.9 millones de lempiras y alrededor de 43 millones de lempiras han sido destinados para programas y proyectos de prevención no gubernamentales.

Un total de 100.5 millones de lempiras ha sido invertido también en prevención a través del aparato público y cerca de 45 millones de lempiras se destinaron a las diferentes alcaldías municipales del país.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Tasa-de-seguridad-solo-tiene-L.-21.1-millones

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Teodoro Bonilla: “Se está respetando el debido proceso”

22 de Diciembre de 2013

05:09PM   – Redacción: Norma Pineda. Redacción La Prensa norma.pineda@laprensa.hn

Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura, habló de la suspensión de jueces.

El Consejo de la Judicatura está investigando los expedientes de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El Consejo de la Judicatura está investigando los expedientes de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

San Pedro Sula, Honduras.

Desde que asumió funciones, el Consejo de la Judicatura ha destituido a tres jueces, suspendido a 13 y a una secretaria general de tribunales y tiene en su poder 70 expedientes investigativos de magistrados de Cortes de Apelaciones que podrían ser separados en los próximos días.

Las razones por las que ha sido despedido y separado de sus cargos el personal del Poder Judicial, según el Consejo de la Judicatura, es por incumplimiento de los deberes de los funcionarios, retardo de justicia, otorgar medidas sustitutivas que la ley prohíbe y por irregularidades en la administración de justicia.

Según el Consejo, el proceso que se sigue a los jueces destituidos de sus cargos es la investigación por el Ministerio Público para conocer si alguno de estos funcionarios ha cometido o no un delito.

“Los suspendidos deberán concurrir a las audiencias de descargo para que puedan desvanecer o no los méritos que van en la denuncia y se rinde un informe al Consejo de la Judicatura para ver si se hace una suspensión definitiva o una destitución o simplemente una suspensión provisional de dos o tres meses”, explicó Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura.

Dicho Consejo se ha declarado en sesión permanente para emitir alguna resolución en caso de comprobarse cualquier irregularidad de un juez, magistrado o empleado del Poder Judicial.

 

Respeto del debido proceso

Los jueces suspendidos de sus cargos han expresado su malestar con el Consejo de la Judicatura, ya que, según ellos, la medida tomada no ha sido basada en la ley y han sido dañados moralmente.

“El artículo 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura faculta suspender provisionalmente al funcionario cuando existen graves méritos en la denuncia investigada. A nadie se les están violentando los derechos porque desde que uno es funcionario público debe rendir cuentas en todo al pueblo hondureño. En ese sentido no hay ninguna violación a la imagen de la persona”, señaló.

Respecto a que las acciones tomadas por el Consejo en la destitución y suspensión de jueces y magistrados han sido arbitrarias, Bonilla respondió: “Cuando se toman decisiones y el afectado toma esa reacción, es normal. El Consejo de la Judicatura está respetando el debido proceso y el principio de legalidad”.

Una de las razones por las que han sido destituidos de sus cargos algunos jueces es el retardo en la impartición de la justicia.

“Lo que se afecta enormemente son los intereses de la correcta justicia y afecta a una de las partes y lo que queremos es trabajar con jueces honestos y capaces que dicten prontas, oportunas y eficaces sentencias y resoluciones en cada uno de los tribunales de la República”, dijo.

Bonilla señaló que el Consejo de la Judicatura es investigado solamente por los más de ocho millones de hondureños.

“Si no tomamos decisiones, vienen la condena del pueblo hondureño y las responsabilidades de que si no aplicamos sanciones disciplinarias contra nosotros, también pueden actuar los entes investigativos para que les apliquen sanciones”.

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/sanpedrosula/439413-96/teodoro-bonilla-se-esta-respetando-el-debido-proceso

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“Hoy es un crimen defender los derechos humanos”. HONDURAS: Entrevista con la dirigente indígena hondureña Bertha Cáceres

domingo, 22 de diciembre de 2013

Viernes, 20 de Diciembre de 2013 19:44
por Orsetta Bellani

Bertha Cáceres cuenta del proceso judicial en su contra, de las elecciones en Honduras y de la criminalización de la protesta social en el país.

En Honduras, donde el 80% de los crímenes quedan impunes, los movimientos sociales son criminalizados y perseguidos judicialmente. En el marco de la lucha del pueblo lenca en contra de la hidroeléctrica Agua Zarca, por considerar que privatiza ríos, agua, territorios y energía, tres integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) han sido acusados de graves delitos. Se trata de Tomás Gómez, Aureliano Molina y Bertha Cáceres, coordinadora general de la organización. Orsetta Bellani, corresponsal de Noticias Aliadas, entrevistó a Cáceres la víspera de las elecciones presidenciales del pasado 24 de noviembre, donde finalmente ganó el derechista Juan Orlando Hernández.
¿Cuáles son las acusaciones en su contra y cómo se está desarrollando el proceso judicial?
La persecución judicial es sólo una expresión de toda la persecución política en contra de COPINH y es una estrategia definida a nivel presidencial. Estamos conscientes de que con nuestra lucha, que es pacífica pero enérgica, nos enfrentamos a poderes grandes e influyentes. En uno de los dos casos de que se me acusa —portación ilegal de armas en prejuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras—, la Procuraduría y el Ministerio Público me han planteado una audiencia conciliatoria. Primero me propusieron terminar la persecución en mi contra a cambio de que indemnizara al Estado y le pidiera perdón, asumiendo que el arma era de mi propiedad, cosa que por supuesto no voy a hacer; no cometí ningún delito y no tengo porqué conciliar a estas cosas. [Por este caso fue detenida el 24 de mayo y por no hallar suficientes pruebas para comprobar el delito fue liberada 21 días después con medidas sustitutivas a la prisión].
Luego,  por la presión de la defensa, de los movimientos sociales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y de las de miles de expresiones de solidaridad que han denunciado esta injusticia en todo el mundo, me propusieron pagar al Estado todo lo que había gastado en este proceso, siendo éste victima mía. También rechacé esto. En este momento lo más probable es que en la próxima audiencia el juicio siga sin consideración de conciliación.
En el otro caso de que la empresa nos acusa, o sea de daños continuados, coacción y usurpación, en setiembre dictaron prisión preventiva en mi contra, y han fijado la próxima audiencia preliminar para el 11 de febrero del 2014. [Por este caso pesa sobre Cáceres orden de detención y ella se ha declarado perseguida política]. Además, este año aprobaron una reforma que prevé que una persona beneficiada por medidas sustitutivas a la prisión —como ha sido en el primer caso en el que me impusieron la prohibición  de salir del país y la obligación de presentarme al juzgado cada 15 días— no puede ser beneficiada una segunda vez en otro caso. Cuando me acusaron de posesión del arma, en mayo del 2013, esta ley no estaba en vigor, pero la hicieron retroactiva y esto es ilegal, no hay ninguna ley retroactiva en Honduras.
Estas acusaciones se dan en el marco de la oposición de COPINH al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá. ¿Por qué la lucha de esta comunidad es tan importante para el Estado hondureño?
Hace años las comunidades de COPINH de Río Blanco emprendieron una lucha por la defensa del territorio y del río Gualcarque, que es un río sagrado para el pueblo lenca. En abril del 2013 logramos sacar a Sinohydro/Desa, que es la mayor constructora de represas del mundo, lo nuestro es un ejercicio de autonomía y control territorial. La empresa obtuvo la concesión de manera ilegal en el 2010 y por sus vínculos con el Ejército ha presionado mucho a las comunidades, no sólo hostigando sino también ofreciendo sobornos y tratando de manipular a la población. Esto indica que las transnacionales no necesitan de intermediarios políticos, sino van directamente a reprimir a las comunidades. Donde hay intención de construir proyectos mineros o hidroeléctricos hay planes de militarización.
La lucha de Río Blanco es un mal ejemplo para el gran capital, porque ha demostrado que es posible echar para atrás un proyecto de dominación y de privatización, demuestra que sí es posible sacar a una transnacional invasora y esto es parte de la lucha legítima del pueblo lenca.
La persecución en su contra parece insertarse en un clima de criminalización de la protesta social que abarca todo el país.
El Estado ha construido estructuras represivas que tienen financiamiento incluso del Banco Interamericano de Desarrollo, bajo el Plan de Seguridad Regional para Centroamérica. Esto es muy preocupante para las y los luchadores sociales, ya que se va a profundizar la represión. Hoy es un crimen defender los derechos humanos. El Congreso y los sectores oligárquicos han impulsado la creación de la Policía Militar, que está trabajando como una estructura paramilitar dirigida en contra de los movimientos sociales. No funcionan sólo los aparatos policiales y de inteligencia, también están operando cuerpos encubiertos y agencias privadas de seguridad, que son nada más que otro ejército que cuida los intereses de los grandes empresarios. Ellas funcionan de manera conjunta con la Policía y el Ejército, y duplican su número. Durante la semana electoral se ha incrementado la presencia militar y policial, incluso con reservistas. No es un clima que ayuda el desarrollo de elecciones democráticas.
En las elecciones presidenciales de mañana la candidata por el partido Libre (Libertad y Refundación) es Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya. Ella se movilizó en contra del golpe de 2009, promete una vía hondureña al socialismo del siglo XXI y quiere romper un bipartidismo de hace cien años. ¿Cuál es tu opinión sobre Castro? 
El pueblo hondureño está sediento de cambios profundos, hemos tenido un proceso de concientización y de formación, sobre todo en las calles, donde hemos aprendido más que en cualquier lado. Creo que sería importante que ganara Libre, en Honduras hay necesitad de que otra fuerza política partidaria se instale en el gobierno, no haría cambios profundos pero representaría un gobierno distinto a los que hemos tenido con la ultraderecha fascista.

Publicado por Américo Roca Dalton en 08:22

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2013/12/hoy-es-un-crimen-defender-los-derechos.html

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Honduras Elections a Setback for Women’s Rights

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crédito de foto:JASS, Cristina Chiquin

Source: Americas Program

By Laura Carlsen

Honduras went into its general elections in a state of high tension. The country has come out of the Nov. 24 vote with tensions even higher.

A lot was at stake. The nation hasn’t had a truly democratic process to select a president since the election of former president Manuel Zelaya in 2005. Since Zelaya was kidnapped in a coup d’état on June 28, 2009, the coup regime has governed the nation with an iron hand through the period of the de facto regime and later a one-sided election organized by coup leaders and boycotted by democratic forces. As a result of four and a half years of coup rule, political polarization meets economic inequality in the nation to form a volatile mix of desperation and repression.

Human rights & democracy, from a gender perspective

The Supreme Electoral Tribunal reports the final count in Honduras’ presidential race at 36.89 percent for ruling National Party candidate Juan Orlando Hernandez and 28.78 percent for Xiomara Castro of the recently formed Liberty and New Foundations Party (LIBRE). This a major upset considering most polls showed Castro in the lead up to just weeks before the vote.

But the process is not over. Opposition parties, including LIBRE and the new Anti-Corruption Party, are demanding a fair recount and review. As students hit the streets in protests over alleged fraud, the post-electoral climate is marked by conflict and uncertainty.

Shortly before the elections, an international group of journalists and human rights defenders joined with Honduran women activists to travel to Honduras to monitor respect for human rights, and in particular women’s human rights. We had good cause to be concerned. At least nine women human rights defenders have been assassinated under the coup and post-coup regimes, with 119 attacks registered in 2012 by the Mesoamerican Women Human Rights Defenders Initiative. Femicides have skyrocketed to 258% in a context of both general and targeted violence. We feared increased violence in the run-up to the elections.

The premise is that human rights cannot be supported in a non-democratic society and democracy cannot develop in a climate of human rights violations, such as Honduras’. The International Observatory of Women’s Human Rights and Resistance found that neither fared well in the recent elections. As more than 90 observers fanned out throughout the country to report on the process and accompany women’s organizations, we found coercive conditions surrounding voting and serious doubts regarding the process and results.

Although the elections were carried out in relative calm and with a high turnout, the night before Maria Amparo Pineda Duarte, a human rights defender and campesino leader of Cantarranas in the Francisco Morazán Department, was murdered alongside fellow organizer and opposition member, Julio Araujo. The double murder of political targets sent an ominous signal.

Our mission, like many others, identified numerous violations of democratic principles. The first and most widespread was vote buying. In one polling place we visited in Tegucigalpa, we spoke with a young woman in tears. She had been discovered photographing her vote and been expelled. She showed us a text message offering her employment for voting for the National Party candidate and explained that she was unemployed and had no source of income. Many observers reported similar incidents, including cash payments right outside polling places.

In a country where 80 percent of the population lives in poverty and 65 percent are indigent, it’s easy to manipulate need. In the days leading up to the elections, the National Party delivered thousands of “benefits cards” to impoverished voters. The back of the card identified the holder as a party supporter.

Another major problem regarded the voter lists. Many voters who appeared as dead on the lists were refused their right to vote. Other reports showed that at some stations, the “dead” were allowed to vote and real voters were rejected for other reasons.

The Honduran army by law is charged with guarding polling places and transporting election materials. The armed forces are closely tied to the coup political factions, especially the National Party. Their presence in the ballot boxes was reported as a factor of intimidation. As one LGBT activist told us, “The 2009 elections were held at the point of a bayonet and these are the same.” Certainly, the presence of armed soldiers looked intimidating to us, and given the very recent history of the military coup and more distant history of military dictatorships the imagery to Hondurans must be even more powerful.

The official delegations of the European Union and the Organization of American States (OAS) reported that the elections were transparent. When we witnessed the vote counting, with most parties and many observers present, the process indeed appeared straightforward and this coincided with reports from other delegations. Honduran ballots are hand-counted at thousands of polling places, tallied and scanned in to the authorities.

Where the discrepancies have emerged, according to opposition parties, is in the transmission of results. LIBRE presented complaints that hundreds of tally sheets registered by the Tribunal do not match the results counted at the voting place. This part of the process was invisible to most, if not all, foreign observers.

Now both Hernandez and Castro claim victory.  The two contending candidates personify the political poles of the country. Hernandez was president of the Congress that opened the door wide to transnational corporations, ceding lands long held by indigenous and campesino inhabitants, consolidated the power of the official party over political institutions, and reversed historic—although modest—advances in women’s rights and wealth distribution. He calls himself the candidate of militarization, promising a “soldier on every street corner” and has said repeatedly that he will do “anything necessary” to bring security to the nation, despite that in many cases security forces themselves—under the command of his party—have been identified as the perpetrators of violent acts and rights violations against the population. Hernandez was the driving force behind the creation of a new and largely unsupervised Military Police.

The National Party came to power in the elections organized by the coup regime, elections so questioned that the government led by the proclaimed winner Porfirio Lobo was not recognized by the OAS until nearly two years later, as a result of an agreement with ousted president Zelaya. The United States government promoted and supported the boycotted 2009 elections and the Lobo government from the outset.

Xiomara Castro became a prominent public figure in the resistance when her husband, Manuel Zelaya, was kidnapped and then trapped in the Brazilian Embassy during the coup regime. She supports a constitutional assembly, the popular demand that detonated the coup, and demilitarization of civil life. Many members of the resistance to the coup joined the new party and supported her candidacy, following a major debate within their ranks. For most feminists, the fact that Xiomara is a woman was less important than her political platform and commitment to women’s issues. There, they generally found more room to advance their causes than with a conservative National Party candidate.

While the elections cracked open the traditional two-party system with nine parties participating, which means that whoever is the victor has a weak mandate of barely a third of the vote. The National Congress—where PN has 48 representatives, LIBRE 37, the Liberal Party 27 and the new Anti-Corruption Party 13, along with a handful of others—will have to be the scene of political deals to function at all.

Forces in contention, lives in the balance

What’s in play in these elections is not just the person and the party that will govern the next four years but the future of one of the most violent and impoverished nations on earth. For women, who often bear the brunt of trying to feed families, defend their homes and lands from forced displacement, and stand up for human rights, the scenarios do not look bright.

Under the regime of Porfirio Lobo, repression grew and by 2013 more than 200 opposition members had been assassinated. Poverty, militarization, violence and violence against women also grew.

Since the coup, Honduras has gone through a period of resistance and repression. Campesinos, workers, feminists, students, indigenous and citizen organizations and LGBT groups kept up resistance in the streets in defense of democracy every day for months. While the coup against the elected president Zelaya became a model for the international rightwing against progressive governments, the resistance also became a model for the world, demonstrating a capacity for continuous mobilization, and civic valor, and combining in an unprecedented way demands for gender justice and women’s rights with the demand for a return to democracy.

The new regime severed the solidarity agreements Honduras had with the Venezuelan government under ALBA and consolidated control by the elite. Extreme poverty increased 26 percent during Lobo’s term. The government and private sector launched an offensive against the land and resources of indigenous and campesino communities and urban barrios, where their refusal to give up led to violent attacks against them. The government initiated radical new strategies of land grabs such as the “model cities” program that cedes sovereignty of entire regions to transnational corporations. It offered massive concessions for mining, water, energy and other resources and has not been implanted anywhere else in the world.

Fights to defend resources and territories have been met with violent crackdowns by private security personnel and allied state security forces, and by the criminalization of grassroots leaders. Berta Caceres, leader of the Civic Council of Popular and indigenous organizations of Honduras (COPINH) and a leading figure in the defense of land and women’s rights, is one of a growing number of movement leaders arrested on trumped up charges and facing prosecution.

The ruling elite that has so far come out triumphant in the elections has major interests riding on maintaining control. Political control means more economic gains—for them at least.

Honduras also has geopolitical and economic significance to the U.S. government and transnationals, especially because since 2009 it represents the opportunity to implant new strategies of resource and land access. As happened when Honduras became a staging ground for the cold war, it now plays the role of pilot project for a new phase of corporate looting. Since the coup, an experiment began that seeks to deliver resources to international investors at whatever social cost and often at the point of a gun. The US government, having orchestrated the coup leaders’ continued hold on power by promoting the 2009 elections without reinstating the constitutional order first, has consolidated and expanded its military presence in Honduras.

The main vehicles have been the expansion of the base at Soto Cano and military-police operations in the name of the drug war.  The U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) and other militarized forces have spread throughout the country, resulting in human rights violations and even massacres, such as the Ahuas case—a DEA operation in which four native Honduras including two pregnant women and two minors were shot from a State Department helicopter; the joint military Operation “Martillo“ has been extended indefinitely.

What next for women’s rights and grassroots organization?

The result of the vote is still in doubt and protesters have hit the streets, to be met with tear gas and billy clubs. Among members of grassroots organizations, the elections have provoked some soul-searching regarding the use of elections and political parties to express democratic aspirations.

As in other movements, among Honduran women’s organization opinions are divided. Many had doubts about investing the hopes for social change in the electoral process. They also were wary of politicians and parties—even with a candidate who came out of the resistance although not out of grassroots movements. The Honduran party system has a long history of negotiating interests from above.

Some also doubted whether the right would accept an adverse outcome, arguing that the right didn’t stage a coup d’état just to give up power in elections. Many viewed the belief in the elections as a way to remove the forces of the coup from power as naive. On the other hand, others saw the elections as a viable way to break the power of the right and advance the agenda of social movements, especially the constitutional assembly and defense of land and rights.

Current scenarios look bleak for movements in the short term. The first is that the Electoral Tribunal and other institutions, stacked by the right in power and supported by shadow powers, sponsor a full recount that favors the center left and subsequently recognize that result. This is extremely unlikely. The vote difference of more than 200,000 does not anticipate a reversal under any circumstances.

A second scenario would be the negotiation of power quotas within Congress and the cabinet between the ruling party, LIBRE under the leadership of former president Zelaya, and other parties that have filed complaints. The Anti-Corruption Party and Liberal Party already seem to be involved in this kind of negotiation and LIBRE leaders could join in. In this scenario, LIBRE in alliance with other parties could become a counterweight to the ruling party in Congress enough to make it difficult to govern for the new president and even perhaps block some of the most controversial measures. It could, however, leave grassroots movements out in the cold.

Another scenario is that the combination of repression, attrition and internal division causes opposition demonstrations to wind down, as the Tribunal throws out complaints of fraud and irregularities banking on support from rightwing institutions and the international community. In this case, the new government may not even have to negotiate concessions to opposing forces and the more centric forces in the system will simply align with the rulers.

In any of these scenarios, the movement comes out weakened and disappointed, at least in the short term. Juan Orlando Hernandez’s proposals to reinforce the use of armed forces in police tasks, to weaken labor rights and conditions, and to cede territory and resources to transnational investment spell more trouble and violence for human rights defenders. His religious fundamentalism, as seen election night when he dedicated his electoral triumph to “God, who names and removes all leaders in office” means more attacks on women’s rights and the LGBT community, and the continued power of the church in a state that is rapidly losing its secular standing.

The results of the elections create a military and transnational dictatorship that leaves us with a negative outlook for the defense of human rights and greater vulnerability for women human rights defenders,” stated Daysi Flores of the Honduran Network of Women Human Rights Defenders and JASS Mesoamerica.

Gilda Rivera of the Center for Women’s Rights noted a need for the movement to retrench and do some honest assessment. “The social and popular movement must break out of its isolation, link up more and define its resistance strategies, but we also have to recognize that the social and popular movement and women within it have few resources and there are real weaknesses in leadership.”

Faced with these complexities, although grassroots movements will continue to press for clean election results, many urge going back to where they came from—the streets, the barrios, the villages and the communities.

Berta Caceres told us shortly after the elections, “What we have to do in this country is to keep up the fight, reinforce all our strategies of emancipation, decolonization… convinced that we have to save this country from this project of capitalist death, and that we—men and women—are the ones who have to do it.”

She added, “Yes, people are discouraged but we have to learn our lessons and move on to build new foundations for the country with renewed energy and new proposals.”

Women human rights defenders see heightened risks in this new phase in Honduras’ tragic yet inspiring history. But they clearly have no intention of quitting.

As dangers mount and political forces realign, the international community must be even more vigilant and concerned about Honduras.

Laura Carlsen is director of the CIP Americas Program http://www.cipamericas.org. This article was originally published in two parts by Just Associates (JASS) http://www.justassociates.org

Fuente: http://www.hablahonduras.com/articles/14485-honduras-elections-a-setback-for-womens-rights

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