Defensores de derechos humanos expuestos a prácticas represivas del Estado

Defensores de derechos humanos expuestos a prácticas represivas del Estado
“El Estado de Honduras ha dicho que  los defensores de derechos humanos creemos que tenemos inmunidad para cometer  delitos y que eso es lo que nosotros le estamos invocando. Eso hay que  rechazarlo rotundamente porque no estamos apelando ninguna inmunidad o a  demandar impunidad. El ejercicio de los defensores de derechos humanos, es una  labor que supera el papel de los ciudadanos y ciudadanas y nos exponemos a las  prácticas represivas del Estado, entre ellas el discurso que nos viene  criminalizando”, dijo el abogado Víctor Fernández, coordinador del Movimiento  Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj.

Agregó que la raíz del problema es  por un conflicto que es generado por el mismo Estado de Honduras, por la  concesión de un rio que está en el pueblo lenca y que fue otorgado a una  empresa privada, violando los derechos del pueblo lenca, entre ellos el derecho  a ser consultados, disposición que está contemplada en instrumentos jurídicos  internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del  Trabajo, OIT.

Para el profesional del derecho, el Ministerio  Público y los Juzgados de Intibucá se acomodan para proteger a la empresa  Desarrollos Energéticos, S.A, pues es evidente que son los documentos de la  empresa y las declaraciones de sus empleados y no se escuchó a ninguno de los  habitantes de la comunidad de Rio Blanco, por lo tanto el Ministerio Público es  un instrumento que solo favorece los intereses de la empresa que criminaliza al  pueblo que se opone a la concesión donde se construye el proyecto  hidroeléctrico Agua Zarca y a los defensores de los bienes naturales.

“El Ministerio Público debería hacer  una investigación seria y rigurosa, que le asegure darle cabida a la denuncia y  saber que los acusados Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño también  tienen derecho en ese proceso orientada a establecer que los tres señalados son  miembros de una organización indígenas. No escuchó a ningún testigo de la  comunidad de Rio Blanco, por qué está opuesta al proyecto. Por tanto nuestra  afirmación, que el Ministerio Público es el instrumento que favorece los  intereses de la empresa, tiene peso porque lo delata su propia investigación”,  explicó Fernández.

Esa misma institución que acusa a  estos tres defensores de derechos humanos tiene una contradicción insalvable,  porque ha determinado que el alcalde de Intibucá,  lugar donde está asentada la comunidad lenca  de rio blanco, otorgó el permiso de operaciones de esta empresa violando el  derecho a la consulta libre, previa e informada de esa comunidad y por eso  acusó al alcalde. Además ese mismo Ministerio Público estableció que el vice  ministro de Recursos Naturales y Ambiente Jonatán Laínez, otorgó el  licenciamiento ambiental de ese proyecto violando el derecho a la consulta que  tiene el pueblo de Rio  Blanco. “Por  tanto, no se entiende como esa institución entra en ese tipo de contradicciones  e  incoherencias que lo evidencia  justamente lo que es, una institución que está al servicio de los grandes  intereses económicos del país”, indicó el abogado.

Las dos  acusaciones que están en contra de los funcionarios públicos por violar el  derecho de los pueblos indígenas están paralizadas. Sin embargo las acusaciones contra Berta, Aureliano y Tomás si tienen un gran nivel de persecución.

También le persiguen
La Coalición contra la impunidad  denunció esta semana que los defensores y defensoras de derechos humanos, entre  ellos el abogado Víctor Fernández y Bertha Oliva del Comité de Familiares y  Desaparecidos en Honduras, Cofadeh también están siendo objeto de una campaña  de odio y estigmatización, y que en  los últimos días varios funcionarios públicos y personajes políticos, a través  de medios de comunicación con líneas editoriales afines al gobierno de turno,  han expresado comentarios peyorativos y estigmatizantes en contra de la labor  de defensa de derechos humanos realizada por Berta Oliva, y Víctor Fernández,  Coordinador General del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Estas declaraciones de funcionarios y  políticos son generadas por el malestar que les ha ocasionado la labor de  denuncia que han realizado recientemente ambos defensores ante la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos y ante el Congreso de los Estados Unidos en  la ciudad de Washington, D.C, agrega el comunicado de la Coalición contra la  Impunidad.

“Desde la Coalición  Contra la Impunidad, condenamos enérgicamente estas declaraciones que incitan  al odio y colocan en una situación de extrema vulnerabilidad a nuestros  compañeros y exigimos al Estado hondureño que cumpla con su deber de protección  impulsando las acciones necesarias para evitar las posibles consecuencias  derivadas de estas reprochables actuaciones provenientes de funcionarios y políticos  de este país”

Fuente: http://tt.radioprogresohn.net/~rprog/multimedia/boletines_2013/boletin314/plantillacompleta/index.html#ir1

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