Archivos para 6/08/13

Duplicidad de funciones a militares generan descuido en fronteras y se agudizan pleitos del crimen: Ex ministro de Seguridad

06 Julio 2013, 23:51
Tegucigalpa – A criterio del ex titular de Seguridad, Hugo Suazo, las múltiples funciones que les han asignado a los militares, genera que se descuiden las fronteras y se agudicen los pleitos de territorios entre bandas del crimen organizado.

El ex funcionario remarcó la importancia de que el gobierno de la Republica, a través de su secretaría de Seguridad tome en consideración que Honduras se encuentra en un año político.

Agregó que consecuentemente en un proceso electoral, la iniciativa de la Policía y las Fuerzas Armadas “están enfocadas a mantener la alterabilidad en el poder y mantener el orden en el proceso electoral”.

En ese sentido, advirtió que esta situación puede ser “aprovechada por el crimen organizado o el delito común por el descuido de estas autoridades”.

El ex ministro enfatizó que “por ello es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, deben tomar en consideración y dar mayor vigilancia en los sectores más conflictivos del país”.

Asimismo, indicó que “esas peleas de territorio pueden agudizarse en los próximos meses, de hecho, ya está sucediendo por el descontrol que tienen las Fuerzas Armadas que ahora han descuidado las fronteras que les corresponde vigilarlas para mantener la integridad territorial y todas las fuerzas están incrustadas en el centro de la ciudad”.

El fin de semana anterior, el jefe del Estado Mayor Conjunto, reconoció la duplicidad de responsabilidades que se encuentran sobre sus efectivos al mencionar que “estamos en cualquier cantidad de misiones que se nos han asignado”.

De acuerdo a últimos reportes sobre la matanza registrada en La Mosquitia hondureña dan cuenta de ocho muertes violentas en dos acciones consecutivas perpetradas entre el domingo y lunes, informaron cuerpos de seguridad del Estado.

De acuerdo a fuentes, los enfrentamientos entre bandas ocurrieron debido a la disputa de 300 kilos de cocaína.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/08/06/Term%C3%B3metro/Duplicidad.de.funciones/73010.html

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Abogados y jueces en la mira del crimen en Honduras

06 Agosto 2013, 23:09
Tegucigalpa – Otro abogado hondureño ha sido asesinado en las últimas horas, era un profesional joven que ejercía su profesión en la norteña San Pedro Sula. Su muerte había sido anunciada y él intentó defenderse al denunciar su situación ante defensores humanitarios. Por un tiempo dejó el país pero volvió a sus raíces para sucumbir a manos de los criminales.
– El Poder Judicial anuncia la creación de la Unidad Especial para Proteger Jueces, así como la compra de 24 vehículos blindados para asignarlos a los tribunales más conflictivos del país.
– En los últimos tres años y medio han sido asesinados 65 abogados, 12 de ellos en este 2013.

– En las últimas horas, un juez de los tribunales de La Ceiba abandonó el país tras sufrir un atentado criminal.
Los abogados y jueces hondureños se encuentran en la mira del crimen en este país centroamericano, donde constantemente son asesinados profesionales del derecho. Este martes otro togado fue acribillado.

Sólo trece días transcurrieron del asesinato de la jueza de sentencia progreseña, Mireya Mendoza Peña, cuando este martes tocó el turno al abogado José Ángel Pérez Aguilar (35), quien según relatos de sus familiares, había pedido protección a organismos de derechos humanos y que recién había regresado al país tras permanecer varios meses en el exilio.
Pérez Aguilar fue acribillado en el interior de su vehículo en el barrio El Centro de San Pedro Sula. Tres individuos que aguardaban por él lograron su cometido al quitarle la vida en la vía pública, a plena luz del día.
Este nuevo hecho sangriento ocurre sólo dos semanas después que la jueza de sentencia Mireya Mendoza Peña fuera asesinada en el centro de El Progreso, Yoro.
Por este crimen guarda prisión un individuo con el alias de “El Vaquero”, quien es un presunto sicario que habría sido contratado por reos que se encuentran en el penal progreseño y que enfrentaban un juicio en manos de la malograda abogada.

Jueces se reúnen con titular de la Corte Suprema
En el preciso momento que el abogado Pérez Aguilar era asesinado por sicarios, las asociaciones de jueces y magistrados mantenían una reunión con el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, con la finalidad de establecer medidas de protección para los funcionarios del Poder Judicial, ante la ola de criminalidad que cobra la vida de 65 abogados en los últimos tres años y medio.
Luego de la reunión y aún sin conocer la trágica noticia sobre el deceso violento de otro colega, los jueces y magistrados se mostraron complacidos con las medidas que se establecieron con las máximas autoridades de la CSJ.

Se conoció que una de las determinaciones fue la creación de una Unidad Especial de Protección de Jueces, la que se encargará de conocer las situaciones de riesgo de sus agremiados y de esa forma ofrecerles las medidas de seguridad de acuerdo a la denuncia planteada.
El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Teodoro Bonilla, expresó sentirse satisfecho hasta cierto punto tras la reunión con el presidente de la Corte.
Detalló que se acordó la compra de 24 vehículos blindados para asignarlos a los juzgados más conflictivos del territorio hondureño. Además, policías y militares resguardarán a los funcionarios en los tribunales de la República.
Bonilla informó que se tomaron otro tipo de medidas de seguridad, pero que por razones de seguridad no pueden ser mencionadas.

En tanto, la representante de la Asociación de Defensores Públicos, Claudia López, manifestó que las medidas específicas no se darán a conocer, al tiempo que agradeció la anuencia mostrada por el presidente de la Corte, Jorge Rivera Avilés.

En las últimas horas un juez abandona el país tras atentado
Se conoció por la propia voz del vicepresidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, que un juez de Letras de los tribunales de La Ceiba recibió un atentado criminal y debido a ello abandonó el país para asilarse en Estados Unidos.
Por razones de seguridad no se ofreció el nombre del funcionario judicial, pero se supo que junto a él se fueron los familiares más cercanos.

“Sabemos del caso de un juez de La Ceiba que fue atacado por desconocidos y la propia víctima se quejó por no contar con los mecanismos de protección”, señaló Díaz.

Datos del Conadeh
Según registros oficiales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en el 2010 murieron 16 profesionales del derecho, un año después la cifra se incrementó a 38, en el 2012 perdieron la vida 15 y en lo que va del 2013 han muerto 12, para totalizar 65 los abogados muertos en circunstancias violentas.
El 97 por ciento de los casos de abogados muertos en circunstancias violentas se encuentran en la impunidad.
En esta radiografía de la inseguridad que viven los profesionales del derecho, figuran entre los departamentos más peligrosos, Francisco Morazán que registró la muerte de 26 abogados seguido por Cortés con 16; luego aparecen Yoro, Atlántida, Olancho, Copán, Comayagua, El Paraíso, Choluteca, y Colón.

De acuerdo al Conadeh, entre las víctimas figuran fiscales del Ministerio Público, así como asesores legales de sindicatos, instituciones bancarias, de instituciones del Estado, de empresas agro industriales, organizaciones campesinas, especialistas en derecho penal, en derecho mercantil, jueces de Tránsito, de la Niñez y de Letras.

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Proyecto es inconstitucional

              Martes 06 de agosto de 2013
                           10:35 pm                            – Redacción 

Custodio advierte de peligro de remilitarización.

 

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Ramón Custodio, comisionado nacional de Derechos Humanos.

Ramón Custodio, comisionado nacional de Derechos Humanos. (Redacción)
                                    Tegucigalpa,Honduras

El comisionado nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio, expresó su preocupación por el peligro que representa para el país remilitarizar la administración pública  con un proyecto de ley que viola artículos constitucionales.

Custodio emitió una serie de observaciones en torno al proyecto de Ley de la Policía Militar de Orden Público  (PMOP) presentado por Juan Orlando Hernández, que en la actualidad goza de licencia para participar en política.

De acuerdo al Conadeh, “la Constitución de la República ya establece que la relación entre las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional es de cooperación y no permite la creación de un cuerpo que venga a sustituirla en sus facultades y atribuciones”.

“Para hacer uso legal de la reserva de las Fuerzas Armadas de Honduras el artículo 14 de su ley constitutiva establece que se utilizará en caso de guerra o emergencia nacional”, situación que estará regulada por una Ley Especial, que presumimos no existe dijo el funcionario.

En lo que respecta a las funciones y atribuciones que se le asigna a la PMOP, Custodio es del criterio que se cae en la sustitución de las que tiene la Policía Nacional, con lo cual se debilita la institucionalidad de la misma mediante una clara violación al artículo 293 constitucional.

“El Conadeh expresa a la opinión pública en general su preocupación por una clara tendencia al autoritarismo, al debilitamiento de las Instituciones del Estado y a la remilitarización de la administración pública”, señala el documento remitido al secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Proyecto-es-inconstitucional

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Para Fiscalía son 17 muertos; para Fuerzas Armadas son 4

Martes 06 de agosto de 2013                10:42 pm          – Redacción: redaccion@laprensa.hnDefensa confirma la muerte de Juan Carlos Villalobos, alias el Muco, un mexicano y dos hondureños en pelea por droga.

Por Honduras transita el 79% de la droga que llega a México desde Suramérica, según informes internacionales.

Por Honduras transita el 79% de la droga que llega a México desde S…

Brus Laguna, Gracias a Dios,

Honduras

La Secretaría de Defensa oficialmente informó que son cuatro las víctimas producto del enfrentamiento que protagonizaron dos grupos armados el lunes en la aldea Belén.

Carlos Fúnez, viceministro de Defensa, dio a conocer que las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Villalobos Quiroz alias el Muco o Misco, nicaragüense, Fredy Otoniel Ramos y Julio Ramos, hondureños y la cuarta víctima un mexicano cuyo nombre no fue proporcionado por las autoridades.

“Sabemos que una de las víctimas es identificada con el alias de el Mexicano,  del que no se tiene el nombre porque es un extranjero ilegal que ha estado en la zona. La información que tenemos es que fue quemado y enterrado en un lugar cercano al lugar sdonde se dio el enfrentamiento”, expresó Fúnez.

Pero Roberto Ramírez Aldana, director de fiscales, insistió que la cifra era mayor.

“Información preliminar que tenemos de las fuerzas de seguridad ubicadas en esa localidad de manera extraoficial manejan 17 muertos entre hondureños y posiblemente extranjeros”, dijo el fiscal.

Las autoridades coordinaron con la Fuerza Naval y el Ejército de Nicaragua para ubicar el cadáver del Muco, que era trasladado por su compinches a Puerto Cabezas, en una embarcación.

El enfrentamiento

La disputa de unos 700 kilos de cocaína, según las Fuerzas Armadas, desató el ataque que acabó con la vida de los miembros de una de las bandas que ha sido identificada por las autoridades como las que operan entre Gracias a Dios y Colón.

“Fueron dos bandas las que se enfrentaron, la banda del Muco con la banda de Fredy Ávila, quienes peleaban el control de 700 kilos de cocaína que estaban en disputa y eso originó esta tragedia”, dijo René Osorio, jefe de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades informaron que el Muco había llegado a la zona con tres lanchas y al menos 40 hombres para el trasiego de droga y el pleito de mercancía produjo el tiroteo que mantuvo en zozobra a los pobladores.

El viceministro de Defensa aseguró que la zona se refuerza para evitar nuevos ataques que puedan provocar el temor en las comunidades cercanas.

“Las Fuerzas Armadas han ejercido una presión muy fuerte en la zona, se hacen interdicciones de lanchas sospechosas, además de los patrullajes normales porque estas lagunas son utilizadas por los narcotraficantes para movilizar cargamentos de droga en el mar”, apuntó.

Tanto la Fuerza Naval como unidades del Ejército informaron que dan cobertura a todos los lugares y con la información que manejan se movilizan en el área para no permitir el tráfico ilegal de estupefacientes para evitar nuevos pleitos que generen más muerte en el sector.

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Ultiman a abogado en San Pedro Sula que había sido amenazado

Martes 06 de agosto de 2013                10:46 pm          – Redacción: redaccion@laprensa.hnJosé Ángel Pérez Aguilar fue acribillado cuando estaba abordando su carro.

San Pedro Sula,

Honduras

De varios balazos fue ultimado este martes un abogado cuando llegó a recoger a su esposa a un centro educativo en el barrio El Centro de esta ciudad.

La víctima identificada como José Ángel Pérez Aguilar (35) ejercía su profesión hace varios años en un bufete privado, llevando varios casos, entre ellos uno en el que se acusaba de varios delitos a un peligroso pandillero, explicaron familiares.

Dolientes aseguran que por ese caso Pérez Aguilar fue amenazado en constantes ocasiones, incluso tuvo que huir del país, pues aseguran que fiscales lo llamaron por teléfono hace tres meses y le indicaron que esa noche se planeaba un atentado en contra de él y un fiscal.

Tras la advertencia, Pérez Aguilar decidió huir a Guatemala para salvar su vida, no sin antes buscar ayuda en el Colegio de Abogados, la Fiscalía y Derechos Humanos, indicaron familiares.

Los dolientes aseguran que a pesar de que el profesional del derecho interpuso varias denuncias por sentirse amenazado no recibió apoyo de ninguna institución y tuvo que tomar la determinación de irse del país.

Regreso fatal

Pérez Aguilar, originario de San Pedro Sula, decidió regresar a Honduras hace diez días, pues extrañaba a su familia y esperaba que la amenaza contra su vida ya hubiese finalizado, sin sospechar que era vigilado por un grupo criminal.

El abogado llegaba a recoger a su mujer todos los días luego de su jornada laboral y ayer no fue la excepción, por lo que alrededor de las 3:00 pm estacionó su carro Nissan Sentra sin placas frente al instituto adonde laboraba su esposa, entró a la institución, y al salir junto a ella y otra dama, los matones comenzaron a dispararles.

Las mujeres lograron salvarse escondiéndose a un lado del vehículo mientras el abogado era ultimado cuando estaba sentado en el asiento del conductor.

Tras cometer el crimen en una zona transitada, los asesinos escaparon corriendo del lugar.

Testigos aseguran que eran tres hombres con edades entre 25 y 30 años los implicados en el crimen y que eran esperados por otro sujeto en un turismo rojo en la esquina adonde ocurrió el hecho.

Autoridades de la Policía llegaron a la escena y acordonaron el área para recabar evidencias.

Los forenses indicaron que la víctima presentaba varios balazos en el cuerpo.

El cadáver fue trasladado a la morgue por las autoridades del Ministerio Público.

Abogados siguen de luto

El pasado martes 22 de julio, la jueza Mireya Efigenia Mendoza Peña (43), del Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, fue ultimada por matones en motocicletas. El hecho sucedió a inmediaciones de la 7 avenida este, calle que conecta al hospital público con El Obelisco, en el bulevar Helene Kuhlmann, salida a Tela, en el punto conocido como La Sirena. Dos hombres en una motocicleta le dispararon hasta matarla. La togada tenía más de ocho años de desempeñarse en el cargo en los Tribunales de Justicia de El Progreso.

El cuerpo de la dama quedó sobre su asiento. El vidrio de su lado tenía cerca de 20 perforaciones de proyectil, varios de los cuales traspasaron el otro lado de la unidad. Al sitio llegaron agentes de la Dirección General de Investigación Criminal (DNIC), quienes en la escena del crimen encontraron más de 20 casquillos de pistolas calibre nueve milímetros.

Tras las investigaciones, un video que captó el crimen fue utilizado por las autoridades  policiales para ubicar y detener a Bairon Argenis Martínez Lambur (23), alias Vaquero, quien sería uno de los principales implicados en el femicidio.

El detenido fue trasladado a San Pedro Sula, adonde un juez con jurisdicción nacional le dictó detención judicial por asesinato en perjuicio de la jueza Mireya Mendoza y luego fue remitido al Centro Penal Sampedrano, adonde se encuentra preso.

En Honduras, más de 53 abogados han sido asesinados entre el 2010 y 2012, según informe del Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.

Fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Sucesos/Policiales/Ultiman-a-abogado-en-San-Pedro-Sula-que-habia-sido-amenazado

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ACERCA DEL PROYECTO DE LEY DE EDUCACION SUPERIOR

Gustavo Zelaya.

La intención de introducir una nueva ley de educación superior ha provocado muchos cuestionamientos en la comunidad universitaria. Sobre todo el proyecto de ley de la UNAH es lo que más se pretende debatir, y en muchas ocasiones sin conocerlo. Entre otras cosas se debe al secretismo con que se ha manejado el asunto y su escaza socialización. Parece que los proyectistas concentran en ellos el sumun de la sabiduría universal y sus tesis no merecen ser discutidas con el resto de los humildes e ignorantes plebeyos que circulamos por las peatonales del campus. Se evita debatir y cuando se cuestiona se acusa al contrincante de enemigo de la rectora, de opuesto a la autonomía o de ser portavoz de fuerzas políticas extrauniversitarias. Sin embargo, en la página de internet de la UNAH se encuentra tal proyecto, según consta en Acta CU-004-06-2013 en donde está el acuerdo No. CU-E-055-06-2013. Y el tema sería mucho más complejo y enriquecedor si el supuesto debate tomara en cuenta el otro anteproyecto conocido como G 19, mucho más extremo y que sí manda por la borda cualquier idea que se tenga sobre la autonomía y abre de forma más completa las puertas a la privatización y a “liberalización” del sistema de educación superior . El G 19 está compuesto por 14 universidades privadas y cinco estatales, puestos de acuerdo para romper de forma completa con el papel hegemónico y constitucional de la UNAH en la dirección de la educación superior.

Pero la UNAH suena más, hay más desconfianza, más bullicio al interior y los malos entendidos van y vienen. En especial, parece que desde la autoridad se empeñan en descalificar cualquier intento opositor y en asegurar que la autonomía no está en riesgo, y agregan que esa categoría no es absoluta, nunca lo ha sido, ya que la interdependencia es un signo de los tiempos y el relativismo también afecta ese concepto. Es probable que así sea, pero el hermetismo oficial refuerza los resquemores y la confrontación, cuando se descalifica al que protesta y se afirma desde ciertas decanaturas y desde la autoridad principal que los revoltosos son apenas cuatro pelones financiados por profesores jubilados y por resentidos sindicalistas. Por ello, hay que tomar en cuenta que el debate académico, la discusión fundamentada, el consenso y los acuerdos son parte de la conciencia universitaria y deben ser el medio predilecto para lograr consensos, sin exclusiones y con apertura. Además, si todo esto sirve de algo quiero hacer constar que apenas es una opinión muy parcial, subjetiva, interesada en la buena marcha de nuestra alma mater. Es una lectura que considera unos cuantos aspectos de ese proyecto y por ello no pretendo exponer la visión total, eso escapa a mis posibilidades.

Entre comillas van a encontrar  las citas tomadas de este acuerdo. Se sostiene en el documento del Consejo Universitario: “Aprobar como propuesta de anteproyecto ley de educación superior, que tomó como punto de partida el producido en la mesa de educación superior instalada en el congreso nacional, con el consenso de todas las universidades del nivel de educación superior…”

De inicio y en unas cuantas líneas se pone en duda la validez del concepto de autonomía ya que viene de una instancia extrauniversitaria la iniciativa de modificar la ley de educación superior. Esto pone en discusión si la autonomía es absoluta o es relativa, si es una simple expresión que se utiliza con fines de imagen; aunque esta ya había sido violentada algunos años atrás cuando ese mismo congreso presidido por Roberto Micheletti interviene en los asuntos universitarios al nombrar la primera junta de transición universitaria. Y esto no es nuevo. Entre 1980 y 1989 el país experimentó una situación muy violenta en donde se asesinaron y desaparecieron muchos hondureños bajo la cubierta de la doctrina de seguridad nacional impulsada por los Estados Unidos; parte de esa macabra estrategia para detener el movimiento revolucionario en Centro América consistió en la imposición de Oswaldo Ramos Soto como rector de la UNAH gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Se trataba de detener a toda costa la figura de Juan Almendares en esa posición y desde afuera, con la abierta complicidad de estudiantes y docentes, agrupados algunos en frentes estudiantiles de derecha y otros en la “izquierda” política, se designó a ese personaje como máxima autoridad del alma mater.

Los que se acusaban de obesos fascistas y de flacos “comunistas” se identificaron, hicieron tienda y se pusieron hombro a hombro para impedir una opción muy diferente, por honesta y por independiente, en el gobierno universitario. Parece una historia ya superada pero que sigue impactando en la vida de la academia.

Continúa el proyecto de ley, considerando # 6:”Que la investigación, innovación y tecnología, vinculación universidad, sociedad, Estado, empresa y la docencia universitaria son ejes centrales en los sistemas de educación superior son ejes centrales en los sistemas de educación superior en la actualidad.”

Si fuera cierto ¿en cuáles sistemas de educación superior? ¿En todos los países del mundo o en algunos? Se espera que esa generalización tenga un respaldo estadístico, empírico, y que tal considerando no se utilice como efecto, para impactar en el lector.

“Artículo 4. La educación superior se regirá por los siguientes principios:

… i) Principio de transparencia: cumplimiento de los compromisos contraídos con la sociedad en relación a los servicios y funciones sustantivas de las de las Instituciones de Educación Superior (IES): formación, investigación, vinculación universidad sociedad y gestión universitaria”

En varias secciones del documento se mencionan los “ejes centrales en los sistemas de educación superior”, los “servicios y funciones sustantivas”, las “funciones académicas fundamentales” ¿por qué diferenciar esas categorías? ¿No tendrán el mismo sentido? Si en el considerando # 6 se incluye a la “empresa” como servicio y función sustantiva ¿porque no aparece en este artículo 4? El poner a la empresa como uno de los “ejes centrales en los sistemas de educación superior” hace creer que buena parte de los graduados son formados para servir, trabajar, a favor de la empresa privada, para competir según la oferta y demanda y considerando los costos y beneficios de la inversión. Es decir, formar para el mercado es uno de los “servicios y funciones sustantivas”, una de las “funciones académicas fundamentales” que se propone en este proyecto de ley.

“Artículo 5. Son objetivos del sistema de educación superior: a) formar los profesionales que demande la sociedad para  generar conocimientos y desarrollar la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes a partir del estudio de las oportunidades existentes en la economía globalizada y de los problemas nacionales, regionales y mundiales”.

Puede significar que de conocerse las demandas de la sociedad o de las empresas las IES sabrán como satisfacerlas. Pero al comparar la cantidad de egresados y su especialidad con las oportunidades de trabajo, se nota que las IES no conocen ni sabrán de esas demandas; también puede compararse los niveles de desempleo entre graduados universitarios o la cantidad de matriculados en ciertas facultades. Además, el “estudio de las oportunidades existentes en la economía globalizada” puede sugerir que tales oportunidades no sean las adecuadas para el desarrollo de las humanidades y las artes, por tanto, éstas formas de conocimiento pueden ser no útiles para esa economía, para las empresas y así se podrá decretar el cierre de esas disciplinas y de las ISE que no aprovechen las “oportunidades existentes”. Puede ser el caso de las disciplinas referidas a la historia, la filosofía, el arte, etc., las no adecuadas porque las oportunidades no tienen que ver con su desarrollo.

“Articulo 9. La educación superior tiene un carácter humanista, está orientada a la formación integral de personas… procura aumentar las capacidades para aprovechar las oportunidades, manejar la incertidumbre… atender las necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad…”

¿Cómo lograrlo? ¿Qué es eso de manejar la incertidumbre? Parece que es una simple aspiración al menos que existan mecanismos y procedimientos para que esto se exprese en cada una de las universidades. Y la duda puede ser mayor porque en el documento se sostiene que están formando graduados competitivos para una economía globalizada en donde salen sobrando las “necesidades sociales”; competir en el mercado significa dejar de lado la solidaridad  y la igualdad para obtener el éxito material.

“Articulo 10. Tipología de las IES”. Se establecen dos categorías: “a. Instituciones de Educación Superior Universitaria…b. Instituciones de Educación Superior no Universitaria” (técnicos, tecnológicos, seminarios religiosos)… otorgan “títulos profesionales y técnicos pero no otorgan grados académicos”.

En la categoría “a” se afirma que las IES están facultadas para otorgar títulos profesionales, técnicos y grados académicos, pero no se dice que tendría que ser conforme a la ley y bajo la supervisión, control, etc., de alguna entidad encargada que debe ser el Consejo de Educación Superior o algo similar, que no al arbitrio de cada IES.

“Articulo 12. Toda IES… gozará de autonomía responsable” la categoría “b” “podrá gozar de autonomía responsable…”.

¿Cómo se define esa autonomía responsable? En el caso de cualquier IES que cumpla con esta normativa por definición será responsable y autónoma, aunque en el artículo 13 se expresa cómo se traduce esa autonomía, pero ¿habrá procesos de elección de órganos de gobierno en las IES privadas? ¿Existirá libertad de cátedra en una universidad confesional, en una militar o en otra que esté afiliada al Consejo Hondureño de la Empresa Privada? ¿En qué consiste la libertad de cátedra? Además, con este artículo de nuevo aparece una tendencia que está en todo este proyecto: se altera, se viola, se anula la atribución que la constitución otorga  a la UNAH de dirigir y regular la educación superior, y transfiere tal potestad a la IES que califique como autónomamente responsable.

“Artículo 14. La autonomía es un derecho que conlleva la responsabilidad de rendición de cuentas ante la sociedad y el estado”.

Parece que así debe ser y tendría que tener el agregado que tal rendición de cuentas tiene que hacerse conforme a la ley, normas y procedimientos de los entes reguladores del Sistema de Educación Superior (SES y otros órganos del Estado. Para todas las categorías del SES.

“Artículo 15.  … los órganos de gobierno del SES son: a) El Consejo de Educación Superior. b) El Consejo de Rectores…c) La Dirección de Educación Superior. El Consejo Universitario de la UNAH, conocerá en última instancia de los actos administrativos del Consejo de Educación Superior”.

¿Quiénes integran el Consejo de Educación Superior (CES)? ¿Cuánto duran en sus funciones los miembros del CES? ¿Por qué tantos representantes de la UNAH en el CES? Esa probable mayoría garantiza la mayoría de votos a favor de la UNAH ¿pero será garantía de calidad educativa o sólo es un asunto administrativo? Al parecer el Consejo Universitario de la UNAH se ubica como una entidad supra, sobre toda esa estructura organizativa del SES, pero ¿qué tipo de “actos administrativos” conoce? ¿Serán actos como la emisión de títulos o asuntos financieros, etc.? ¿Qué hay acerca de los contenidos de los planes de estudio y de los programas de asignatura? Es claro que de eso se encargan las facultades y las escuelas pero desde el CES se deberán delinear las grandes pautas. ¿Qué es eso de “última instancia”  frente al principio de  autonomía y  potestad constitucional de la UNAH de dirigir y regular la educación superior?

“Artículo 19. El CES es el órgano responsable de la dirección, gestión y administración del SES, a través del cual la UNAH cumple el mandato constitucional de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior…”

Aquí se matiza un poco el artículo 15, pero hay que considerar que en esos órganos de gobierno se decide por votación de sus 22 integrantes, aunque exista el voto de calidad y de la “última instancia” que es el Consejo Universitario de la UNAH, se provocan conflictos acerca del concepto de autonomía, de representatividad y de la práctica democrática.

“Artículo 25. La Dirección de Educación Superior estará a cargo de un director electo por la Junta de Dirección Universitaria de la UNAH, sobre la base de un concurso público”.

Esa potestad tendría que recaer en el CES. Alguien podrá afirmar que este artículo preserva la autonomía, es posible que sí, pero es incoherente con la estructura de gobierno del SES y le quita consistencia a la idea de orden, organización, etc., del sistema.

El Título V de este proyecto de ley contiene cinco artículos y se refiere a la “calidad y armonización de la educación superior” y al “Sistema Hondureño de Acreditación de la Educación Superior, SHACES”.

“Artículo 29. El Sistema Hondureño de Acreditación de la Educación Superior (SHACES), estará integrado por una Comisión Nacional de Acreditación, la Dirección Ejecutiva, el Comité Técnico, el Comité Especializado y los Pares Académicos… Su gestión es la de un ente autónomo, responsable de conducir los procesos de evaluación de la calidad y acreditación de las instituciones, carreras y programas de educación superior de y en el país…

Artículo 30. Para su funcionamiento, el SHACES contará con un fondo anual suficiente… aportados en un 50% por el Estado… sin afectar los porcentajes presupuestarios asignados por la ley a las Instituciones de Educación Superior Públicas… el 50% restante será financiado por las instituciones de Educación Superior públicas y privadas del país, porcentaje que se distribuirá proporcionalmente en función del número de estudiantes matriculados en el último período académico del año anterior…”

Es probable que en este “Título V” sea en donde se exprese de forma muy clara cómo este proyecto ley despoja de sus funciones reguladoras de la educación superior a la UNAH y pone parte de ellas en manos del SHACES; y resulta muy curioso que esto sea propuesto por los dicen defender la autonomía de la UNAH; además pone en poder de entes privados un fondo anual aportados en un 50% del presupuesto estatal y el otro 50% proveniente de universidades públicas y privadas. Es decir, entre 65 y70% viene del Estado, casi todo el funcionamiento del SHACES es financiado con fondos públicos. Si se toma en cuenta que en las universidades estatales (UNAH-UPNFM, UDH, UNA, UPH, ESNACIFOR) se concentra entre 85 mil y 90 mil estudiantes y el inventario de las privadas puede llegar a 40 mil matriculados, no es muy complicado saber que gran parte del presupuesto del SHACES provendrá del Estado. Significa también que es falso lo que enuncia el artículo 30 y que si serán afectados “los porcentajes presupuestarios asignados por la ley a las instituciones de Educación Superior Públicas”.

“Artículo 45. Las IES deberán establecer sus respectivas políticas de investigación y las formas de administrarlas”.

Lo que aquí corresponde, y no es que sea conveniente, es que sea el CES el que determine políticas generales de investigación acordes a las políticas públicas sobre el tema, válidas para todas las IES, y que estas las apliquen según su particularidad institucional. Y en el artículo no tiene que incluirse la palabra “deberán”, ya que esto puede no hacerse; es mejor que diga “Tienen”, de otro modo será un enunciado ideal, una simple aspiración. Igual ocurre en el artículo 46 en donde aparece “Deberán”. Los artículos de ley no son un deber ser.

“Artículo 48. Las IES tienen tres funciones académicas fundamentales: i: Investigación; ii: Docencia y; iii: Vinculación con la sociedad, Estado y el sector empresarial que deben ejecutarse en forma articulada funcionando como un sistema”.

Es importante considerar que ese sistema tiene que poseer regulaciones, líneas generales de trabajo, de operación, normas y principios mínimos que tendrán que determinarse dese el CES y tomando en cuenta necesidades no surgidas de la buena conciencia de algún proyectista sino desde las necesidades locales, regionales y nacionales., tomando en cuenta también su ubicación geográfica, sus formas culturales, sus costumbres y proyectos de desarrollo.

“Artículo 70. Las IES estimularán la autonomía organizativa y la participación estudiantil que propicie una cultura democrática y plural en los estudiantes. Cada IES regulará las formas de participación estudiantil en las instancias académicas que estime pertinentes”.

La “cultura democrática plural” es una construcción gramatical que suena bien, muy elegante, muy acorde a los tiempos,  pero ¿cómo estimularla sin la participación del estudiante? Hasta ahora, y parece ser una tendencia que se profundiza cada vez más cuando se evita, por ejemplo, la socialización de este proyecto de ley, lo que se ha hecho es manipular desde el poder la participación de estudiantes, docentes, administrativos, cualquier participación democrática, hasta llegar a la anulación o relegación de las organizaciones o su control político. Y en las IES privadas cómo se podrá lograr esa “cultura democrática plural” cuando ni siquiera existe una mínima participación estudiantil en las instancias académicas. Un ejemplo extremo de la nula cultura democrática plural, que no existe ni existirá en el futuro, ocurre en las universidades castrenses, policiales y religiosas. En tal sentido, puede esperarse que desde el CES se establezcan pautas elementales, básicas,  para estimular tal participación. También puede esperarse, por medio de la manipulación genética, que los olmos produzcan peras y que, gracias al manejo de las células madres, en todo el país sólo se produzcan personas programadas para tocar piano. Al fin.

“Articulo 81. Las universidades publicas pueden contraer endeudamiento público, previo dictamen de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas… únicamente puede ser usado para programas y proyectos de inversión, para infraestructura y equipamiento, con criterios de mejoramiento de la calidad”.

Con este artículo se acentúa la tendencia nacional de  intervención de la banca privada en el SES, por consiguiente se tiende al incremento de la deuda interna pública al proponer esta forma de endeudamiento.

También se derivan otras cuestiones centrales, para el caso ¿de cuál calidad se habla? ¿De la física? ¿De la infraestructura? ¿De lo hermoso que lucen los campus? ¿En qué queda la calidad educativa que eso si es lo verdaderamente significativo? Finalmente, puede observarse que en muchas partes de este proyecto de ley se hace uso de esta clase de lenguaje: “mercado de trabajo”, “competencias educativas”, “insumos y  recursos”, “aplican procesos”, “obtienen productos”. Es una terminología proveniente de  la fábrica, de la empresa, de ninguna forma puede considerarse lenguaje académico, universitario, superior, es un lenguaje empresarial en donde lo fundamental es la obtención de ganancias, introducción de procesos de calidad total, acortar procesos productivos, el merchandising, diferenciar costos, obtener el máximo beneficio para incrementar la riqueza material con la explotación del trabajo humano.

Faltaría mucha más revisión de este proyecto, compararlo con el G 19, y balancear algunos aspectos positivos que puedan tener para el provecho y  buena marcha de la UNAH y de todo el sistema de educación superior. Y no perder de vista que será mucho mejor fundamentado, con mejores contenidos, si se le discute entre toda la comunidad universitaria y, si se puede, sin prejuicios, como algunos que incluyo en esta opinión.

6 de agosto de 2013.

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Reos sin sentencia podrían votar en noviembre

              Martes 06 de agosto de 2013
                           04:15 pm                            – Redacción 

TSE también estudia la posibilidad de que los profesionales que tienen que cumplir con turnos en su trabajo el día de las elecciones puedan votar de manera anticipada.

 

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En el centro penal de San Pedro Sula se realizaría el primer programa piloto para que los privados de libertad sin sentencia voten en las próximas elecciones generales.

En el centro penal de San Pedro Sula se realizaría el primer programa piloto para que los privados de libertad sin sentencia voten en las próximas elecciones generales.  (Redacción)
                                    Tegucigalpa,Honduras

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) analiza dos iniciativas que le permitirían a los privados de libertad y a los profesionales que deben cumplir con turnos de trabajo ejercer el sufragio en las próximas elecciones generales.

Se trata de un programa piloto para realizar un censo en los centros penales para establecer quiénes pueden votar dentro de los centros penales, tal como lo han solicitado organismos de derechos humanos.

El Comité de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) de Honduras, Miguel Ortíz, hizo la petición ante el  TSE, para que los reos sin sentencia cumplan con este deber y derecho ciudadano.

El presidente del TSE, David Matamoros, dijo que se contempla realizar el censo de manera transparente, un día antes de las elecciones, en el centro penal sampedrano y en el hospital San Felipe.

Matamoros explicó que también se estudia la posibilidad de permitirle a los profesionales que por su ocupación tienen que cumplir con turnos efectuar el voto de manera anticipada, ya que el próximo 24 de noviembre no podrá ausentarse de su trabajo para ejercer el sufragio.

“Planteamos una iniciativa de ley para que los bomberos, los empleados de turno de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de la Cruz Roja, entre otros, votaran de manera anticipada, ya que el día de las elecciones no pueden ejercer el sugragio”.

Mientras se está a la espera del inicio de la propaganda política, el TSE hizo el llamado a la población en general para que realice el cambio de domicilio antes que venza el plazo el próximo 8 de agosto.

Además hacen un llamado a los jóvenes para que soliciten su tarjeta de identidad antes del 11 de agosto , de lo contrario quedarán excluidos del Censo Nacional Electoral.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Reos-sin-sentencia-podrian-votar-en-noviembre

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UCD denuncia pretensiones intervencionistas de Unasur en elecciones generales hondureñas

6 Agosto 2013, 13:19
Tegucigalpa – La Unión Cívica Democrática (UCD), denuncio en las últimas horas la pretensión intervencionista de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en las elecciones generales que se efectuarán en noviembre próximo.

Según la denuncia, políticos disfrazados de observadores podrían pretender trastocar el proceso al que están convocados los hondureños.

La coordinadora de la UCD, Ruth Lafosse, señaló que “la amenaza interfiere en cosas internas del país, pero si viene como observador a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), que es la que maneja a los observadores internacionales creo que no habría problema”.

“No podemos tener observadores políticos, Unasur tiene incidencia política y partidos políticos, en ese sentido los observadores son ajenos a ese tipo, porque los únicos que pueden participar son los mismos partidos legalmente inscritos en el país y no extraños”, explicó.

Agregó que es una obligación de la UCD apoyar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), a fortalecer su función y hacer que la información que oficialice ese ente electoral sea transparente.

“La transparencia en el proceso será un paso importante porque la información tiene que coincidir con las observaciones de los asistentes nacionales que tendrá el ente electoral”, apuntó.

Reiteró que el objetivo de la UCD es hacer que el proceso electoral funcione y legitimar las autoridades que se elijan a través del voto.

Autoridades del TSE convocaron a elecciones generales para el próximo 24 de noviembre en el cual participarán nueve partidos políticos legalmente inscritos ante ese ente electoral.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/08/06/Pol%C3%ADtica/UCD.denuncia.pretensiones/72976.html

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Honduras: Where the blood flows and the rivers are dammed

Dams funded by foreign investors are threatening the cultural heritage and livelihood of Honduras indigenous peoples.

                                                            Last Modified: 06 Aug 2013 12:13
                    Lauren Carasik
Lauren Carasik is Director of the International Human Rights Clinic at Western New England University School of Law.
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On July 3, Hondurans demonstrate demanding a halt to crime and violence [EPA]

It is all too easy for one’s eyes to glaze over at the headlines of yet another murder in Honduras, the country that earned the dubious moniker of the world’s murder capital. Forty-nine year-old Tomas Garcia was shot dead on July 15, just one of thousands of victims. Violence marches on unabated as observers become desensitised to the mounting human toll, comforted by the illusion that the carnage is associated with, and perhaps even justified by anti-social behaviour, a convenient misconception that provides a buffer between us and the grief for the fallen.

Yet Garcia’s murder is not the result of unrestrained gang or narcotrafficking violence, corruption or random crime, and its inclusion as a statistic obscures his murder’s political motivation and the tragedy it leaves in its wake. The unarmed Lenca indigenous community leader was shot at close range in front of a crowd of witnesses. Garcia’s 17-year-old son Allan was seriously injured. The act was not random but was instead part of a pattern of systematic and calculated repression by Honduran authorities.

Garcia was killed because he stood at the front of a peaceful protest against the Agua Zarca hydro-electric dam, which is largely financed by foreign investors and threatens the cultural heritage and livelihood of his community.  Well aware of the danger he faced but unable to turn away from his community’s struggle, Garcia’s courageous stand leaves his widow to care for their seven children.

The international community must stand in solidarity with the Honduran popular movement and its courageous leaders and demand that the country’s future be determined by the free, democratic and fair election…

His assassination was preceded by escalating intimidation – threats and harassment, and menacing security personnel. Garcia’s community is resisting the hydro-electric project that was enticed by Honduras’s “open for business” slogan engineered in the wake of the coup that deposed democratically-elected president Mel Zelaya.

Indigenous communities have been objecting to the illegal sale of their territory to transnational companies who seek to extract profits by harnessing and privatising communally-owned water.  Yet in September 2010, the Honduran National Congress awarded 41 hydroelectric dam concessions, during a time when the government of Porfirio “Pepe” Lobo’s legitimacy was still questioned by the majority of Latin American governments.

A month later, a coalition of indigenous groups, including members of the Tulupanes, Pech, Miskito, Maya-Chortis, Lenca and Garifuna peoples, convened a meeting to organise in resistance to the illegal concessions, many of which were granted on indigenous territory without proper consultation and consent of the groups.

These omissions violate International Labor Organization Convention 169, which requires that “Consultation with indigenous peoples should be undertaken through appropriate procedures, in good faith, and through the representative institutions of these peoples” and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Indigenous groups have also noted that various international mechanisms designed to address climate change have contributed to the exploitation and degradation of the land for which they have served as rightful and responsible stewards for generations. These include the UN’s Clean Development Mechanism and the Program of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD). The rights of indigenous communities to prior informed consultation and consent are being bulldozed, just like their ancestral land.

The Agua Zarca Dam project in Garcia’s community is one of the disputed concessions, part of four interconnected dams along the Gualcarque River. The project is coordinated by a partnership between the Honduran company Desarrollos Energeticos S.A. (DESA), which owns the concession, and the Sinohydro Corporation of China, which seeks to develop the hydro-electric power. The web of investor friendly legislation and support from the Lobo administration empowers the companies to violate human rights with impunity.  According to Berta Caceres, General Coordinator of the indigenous coalition COPINH (Civic Council of Popular and Indigenous Organizations) that seeks to defend indigenous territories, the companies are supported and protected by the Honduran security forces.

Lenca residents of Rio Blanco claim that the dam threatens to degrade the surrounding environment, deplete the local water supply, diminish their livelihood and destroy the spiritual connection to the land that is foundational to the community’s history and survival.  The Lenca communities are engaging in peaceful resistance to the construction by blocking the access road, action that has drawn a swift and brutal response from the government, along with a campaign to vilify the protestors.

The conflict escalated on May 23, when police ended 50 days of peaceful community resistance by forcibly removing protestors. A day later, the repression took an ominous turn when Caceres was arrested on the spurious charge of illegally possessing a weapon, shortly after she criticised the police eviction action. Although the charge was provisionally dropped following an international outcry, the local prosecutor is appealing the dismissal, and the case is far from over.

Business friendly, taken to an extreme

The Lobo administration signaled its embrace of a neoliberal development model when it convened an economic conference in May 2011, entitled “Honduras is Open for Business”. The government sought to reassure investors that risks would be minimised and profits maximised, promising unprecedented access to the country’s exploitable resources, many of which are located within indigenous territory that is subject to the protection of various international protection schemes. The intervening years have witnessed an ambitious and far-reaching legislative agenda that gives primacy to corporate rights.

Human rights observers fear that the recently passed “Law for the Promotion of Development and Reconversion of the Public Debt” will only intensify the exploitation of resources for the benefit of foreign investors and the country’s own economic elites and exacerbate the illegal dispossession of indigenous and campesino communities. The law authorises the Lobo administration to employ the nation’s natural territory and the “idle” resources it contains as collateral to investors who can then exploit concessions for future profits.

Critics of the law note that it was pushed through with little debate and even less transparency, as the details of implementation remain shrouded in secrecy. Observers contextualise the rush to pass the law in advance of November’s national presidential election as a bold effort to entrench protections for business interests, fearing that Xiomara Castro, wife of deposed president Mel Zelaya, and head of the newly formed Libre party will implement democratic reforms.  President Lobo has tacitly acknowledged as much in recent days, opining that a Libre party victory would be a disaster that would not be well received by the business community.

The Rio Blano conflict is emblematic of broader struggle

Similar struggles are percolating across Honduras as the dispossessed seek to protect their livelihoods and their lands from the agro – and business oligarchs who partner with the military and police in meting out repression for acts of resistance to their absolute power. In the Bajo Aguan, over a hundred campesinos have been killed resisting eviction by agro-oligarchs led by Dinant Corporation’s Miguel Facusse.

The Afro-Indigenous Garifuna people along the Caribbean coast are struggling to protect their land from ecotourism and “model cities” that will strip local control and displace ancestral communities.  Human rights defenders are criminalised throughout a country with a notoriously corrupt judicial system that consistently fails to vindicate their rights.

This repression reinforces centuries of historical exploitation and suffering, but occurs in the context of a surprisingly vibrant and resilient popular movement struggling for a more inclusive, participatory and egalitarian future for Honduras. As with the rest of Latin America, foreign influence is ubiquitous, and should be held to account.

International financial institutions, including multilateral development banks, provide development aid and impose structural adjustment policies that advance the neoliberal agenda. Governments provide aid to military and police who have supported the economic and political status quo and have been complicit in the repression. Counter-narcotics efforts are increasingly militarised, and private foreign investors demand obscenely favourable conditions and returns, irrespective of the human costs.

Hondurans deserve a brighter future, free from unfettered repression, intractable corruption, stark inequality and pervasive poverty. The international community must stand in solidarity with the Honduran popular movement and its courageous leaders and demand that the country’s future be determined by the free, democratic and fair election of a government that advances the interests and rights of all Hondurans, not just its economic and political elites.

Lauren Carasik is Director of the International Human Rights Clinic at Western New England University School of Law.

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Al Jazeera’s editorial policy.

 

Fuente: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/08/20138510295334159.html

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Masacre en la Mosquitia

Lunes, 05 Agosto 2013 23:23                

                                                                                                                                        Investiga Defensa                                    

 

       

      

           

                

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Autoridades hondureñas investigan un presunto enfrentamiento armado entre bandas de narcotraficantes en la Mosquitia (gráfica).    

Autoridades hondureñas investigan un presunto enfrentamiento armado entre bandas de narcotraficantes en la Mosquitia (gráfica).

 

   

   

 

 

           
 

 

  Tegucigalpa, Honduras  

 

Una presunta masacre se produjo la mañana de ayer en un sector de la Mosquitia,   departamento de Gracias Dios, después que se enfrentaron a balazos bandas de supuestos narcotraficantes en disputa de territorio por drogas, informó el viceministro de Defensa, Carlos Fúnez.

 

       

 

El funcionario manifestó que según informes que están en proceso de investigación y sujetos a confirmación en las próximas horas, en aquella agreste zona deprimida del nororiente del país hay varios muertos supuestamente de origen hondureño, nicaragüense y de otras nacionalidades. Fúnez expresó que desde el momento que recibieron las primeras informaciones sobre la supuesta masacre, se desplazaron vía marítima elementos de la Fuerza Naval de Honduras a la aldea Belén, cerca de la comunidad de Brus Laguna.

El viceministro indicó que por las características de cómo surgieron los hechos, se presume que el enfrentamiento armado se produjo entre bandas organizadas de narcotraficantes por presunta disputa de territorio o ajuste de cuentas por tráfico de drogas.

“Supuestamente son varios los muertos, hay mujeres, hay niños y se está coordinando con las autoridades nicaragüenses porque según nos informaron uno de los muertos está siendo trasladado de forma clandestina hacia Nicaragua”, dijo Fúnez.

Por su parte, el vocero de las Fuerzas Armadas, Jeremías Arévalo, manifestó que el enfrentamiento se produjo en horas de la madrugada y que aparte de los muertos hay heridos y casas incendiadas. Arévalo indicó que entre los fallecidos está el jefe de una de las bandas criminales que le apodan “El Muco”, el que supuestamente es trasladado a Nicaragua, ya que era originario del país vecino.

El militar indicó que el cabecilla de la otra banda de delincuentes al que identifican únicamente como Freddy, es la persona que organizó el ataque contra “El Muco”. Por lo distante y agreste de la zona el coronel manifestó que este día se conocerá el resultado de la presunta masacre y el número de víctimas mortales y heridos y agregó que a “El Muco” las autoridades hondureñas lo buscan porque tiene orden de captura en su contra por diferentes ilícitos.

Fuente: http://www.tiempo.hn/sucesos/noticias/masacre-en-la-mosquitia?utm_source=sucesosTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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Más de 400 estudiantes universitarios observarán elecciones generales

6 Agosto 2013 08:57
Tegucigalpa – Las diferentes universidades de Honduras y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), establecieron una alianza, este martes, con el objetivo de involucrar a los jóvenes de educación superior en el proceso electoral, informó el rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Carlos Ávila Molina.

Mencionó que con esta acción, “se abre el espacio para que los universitarios de todo el país tengan la oportunidad de expresarse en apoyo al proceso electoral”.

Añadió que la participación de los jóvenes universitarios en el área de Transparencia Electoral, tendrá lugar a nivel nacional.

Asimismo, señaló que para Transparencia Electoral, fueron organizados entre 400 y 500 jóvenes de las principales cabeceras departamentales.

Ávila Molina detalló que la presencia de estos jóvenes ya fue garantizada para el día de las elecciones generales, pero que “el planteamiento es que se especialice más la observación de ellos en el proceso de escrutinio”.

Con estas acciones, las universidades hondureñas, se suman junto a las demás organizaciones de sociedad civil en el escrutinio, durante las elecciones generales del 24 de noviembre próximo.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/08/06/Pol%C3%ADtica/M.C.A/72982.html

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Honduras: Misión de Observación y Solidaridad Internacional con la Resistencia Hondureña visitó comunidades en resistencia‏

martes, 6 de agosto de 2013

Una delegación de la Articulación de Movimiento Sociales del ALBA realizó en Honduras una Misión de Observación y Solidaridad Internacional con la Resistencia Hondureña.
La comunidad de Río Blanco, de pie
La delegación se entrevistó con diferentes movimientos sociales hondureños, especialmente con algunas comunidades que se encuentran en zonas de conflicto, enfrentando acciones de violenta expropiación de sus territorios, de los bienes comunes, de sus derechos como pueblos y de sus vidas.
Junto a movimientos sociales hondureños, la delegación visitó a las comunidades de Río Blanco, integrantes del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), y están enfrentando la decisión de instalar una hidroeléctrica que represe al Río Gualcarque. Ésta es una de las tantas concesiones del gobierno de Porfirio Lobo a las corporaciones transnacionales que están “comprando” Honduras, sus bienes comunes, sus territorios, para lo que necesitan reprimir a los pueblos que los defienden. En este caso se trata de la entrega a la transnacional china SINOHYDRO, junto a la empresa hondureña DESA.
ahí estamos
La delegación tomó conocimiento de la decisión firme de las comunidades de continuar en la lucha por sus derechos como pueblo lenca. Distintos integrantes de las comunidades denunciaron el asesinato de uno de sus líderes, Tomás García, fusilado por el Ejército el último 15 de julio, en una represión en la cual fue también herido su hijo, Allan García.
Denunciaron la militarización de la región y la criminalización y judicialización de sus dirigentes, entre ellos la Coordinadora General del COPINH Berta Cáceres, y los comunicadores indígenas Tomás Membreño y Aureliano Molina, que están sufriendo una persecución judicial donde se les vienen sumando causas absurdas, para frenar la lucha y sobre todo castigar el ejemplo que significa el COPINH y las comunidades rebeldes, para muchas organizaciones populares que defienden el territorio y los bienes comunes, frente a los procesos de recolonización en curso.
Junto a Observadores Internacionales de otras delegaciones, a la Red de Defensoras de los Derechos Humanos, y la Convergencia Refundacional, la delegación de Movimientos Sociales del ALBA llegó hasta el plantel de la empresa DESA y SINOHYDRO, donde pudo constatar que la empresa retiró a su personal pero no a las maquinarias del lugar, quedando para custodiar los intereses transnacionales un grupo de militares y policías que dijeron participar de una Operación conjunta de fuerzas represivas, llamada “Libertad”.
Mayor Ballesteros, a cargo de la "Operacion Libertad"
Mayor Ballesteros, a cargo de la “Operacion Libertad”
El Mayor Ballesteros, responsable del contingente militar y policial que cuenta con alrededor de 50 efectivos en este momento (según informaran efectivos policiales), respondió, a requerimiento de los integrantes de la Misión de Observación Internacional, que la Operación Libertad dependía directamente del Comandante en Jefe de las FF.AA. y presidente del país, Porfirio Lobo Sosa.
La delegación también visitó el departamento de Atlántida, donde las comunidades están enfrentando a las transnacionales mineras e hidroeléctricas, conectadas con el empresario Lenir Perez, yerno del terrateniente Miguel Facussé -responsable del asesinato de campesinos en el Bajo Aguan, entre otros crímenes-.
Hombres, mujeres, niños y niñas defendiendo el territorio
En recorrido por San Juan Pueblo y Tela, recibieron la denuncia de los pobladores de los intentos de otorgar 30 concesiones para empresas hidroeléctricas, y la existencia de 300 pedidos de concesiones para minería. Las comunidades también informaron que están sufriendo persecuciones, amenazas e intimidación.
Integraron la delegación, junto a los movimientos sociales hondureños –en especial con COPINH y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia-, Claudia Korol, periodista, integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, y Iury Paulino, del MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens) de Brasil.
Al término de la misión la delegación anunció que va a elaborar un INFORME URGENTE, para que los movimientos populares de todo el continente puedan conocer la gravedad de la situación que están viviendo las comunidades en resistencia en Honduras que enfrentan a las políticas de saqueo y despojo. Políticas extractivistas que requieren de violencia, la militarización, y la sistemática persecución a sus líderes.
La delegación manifestó la necesidad de realizar acciones continentales más coordinadas y contundentes, de solidaridad y de acompañamiento a las luchas en defensa del territorio y de la vida.
En lo inmediato, convocaron a realizar pronunciamientos y movilizaciones estos días próximos, en solidaridad con los líderes del COPINH, que han sido citados como imputados para enfrentar el proceso judicial el 14 de agosto próximo.
SOLIDARIDAD, ORGANIZACIÓN Y RESISTENCIA
LOS BIENES COMUNES Y LOS TERRITORIOS NO SE VENDEN. SE CUIDAN Y SE DEFIENDEN
NO ESTÁN SOLOS. NO ESTÁN SOLAS
Honduras, 5 de agosto del 2013

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Ana Pineda: “Con reforma o sin reformas no se pueden violentar derechos”

6 agosto, 2013   –   12:25 AM

El dilema y controversia en torno al caso penal contra el pastor Evelio Reyes y la petición de reformar el artículo 321 del Código Penal que criminaliza a cualquier persona que refiera negativamente hacia grupos de la diversidad sexual, continua en la agenda diaria de la iglesia evangélica, los “gais” y hasta autoridades del gobierno del Presidente Porfirio Lobo Sosa.

Ana Pineda: “No puedo emitir juicios de condenación, no tengo autoridad espiritual, pero toda persona independientemente de su condición, tiene derechos”.

Ana Pineda: “No puedo emitir juicios de condenación, no tengo autoridad espiritual, pero toda persona independientemente de su condición, tiene derechos”.

Como se sabe, el pastor general de la Iglesia Centro Cristiano Internacional (CCI) y presidente de la Confraternidad Evangélica, Alberto Solórzano, manifestó en Casa de Gobierno que de no cumplirse “la meta” de sobreseimiento definitivo para Reyes y la reforma a la normativa referida, iniciarían marchas por la moralidad.

Al respecto, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, fue enfática: “con reforma o sin reforma no se pueden violentar derechos”. Pineda, también es creyente de la palabra de Dios, asiste y sirve en la misma iglesia de Solórzano.

Aunque calificó el tema de mucho debate no solo a nivel nacional, sino internacional, destacó que su manejo es delicado si se toma en cuenta que existen disposiciones enmarcadas en derechos de ambas partes, por lo que el Congreso Nacional es el llamado a la revisión de ese artículo y su adaptación a los estándares mundiales.

CASO FUE ANTES DE ARTÍCULO

“No sé cuál será la decisión que tomará el Congreso Nacional, lo único que es recomendable es que cuando se trata de adoptar una medida en materia de Derechos Humanos no se puede involucionar, sino dar pasos para avanzar. Todas las personas tienen derechos y deben ser respetadas en su condición de seres humanos, consecuentemente su dignidad cualesquiera que sea”, sostuvo.

“Esa no es una decisión en la que yo tengo que intervenir, es responsabilidad del Congreso Nacional quien dicta las leyes, las reforma y deroga, no la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos”, remarcó.

En cuanto al caso de Reyes, explicó que esos hechos (acusación por discriminación sexual) son del 5 de noviembre del año pasado con ocasión de las elecciones primarias, es decir que para ese momento en que él hizo señalamientos contra las personas “gais”, la reforma que había propuesto la Secretaría no estaba vigente.

Por lo tanto, al pastor se le juzga por el tipo penal que regía antes de la vigencia de la ley (artículo 321), pero “con o sin esa reforma, no se puede violentar los derechos de las personas por su orientación sexual y su identidad de género, sencillamente porque esa persona es un ser humano como todos”.

En consecuencia, consideró que de momento, no se necesita una derogatoria para eximir a alguien de responsabilidad cuando cometa ofensas a la dignidad humana, ya que eso es un precepto recogido en el Código Penal, en los tipos penales donde se garantiza la igualdad de las personas con respecto a la ley. (SA)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/08/06/ana-pineda-con-reforma-o-sin-reformas-no-se-pueden-violentar-derechos/

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Expanding Palm Oil Empires In The Name Of ‘Green Energy’ And “Sustainable Development’

 

Press Release By: Rights Action, Rainforest Rescue, Biofuelwatch and Food First

 

6th August 2013 – International environmental and human rights campaigners condemn the 4th Latin American Palm Oil Conference to be held by the Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) in Honduras on 6th-8th August

 

From 6th-8th August, the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is holding its 4th Latin American Conference on so-called sustainable palm oil in Honduras [1]. (Conference website: http://rspo2013.com/). Environmental and social campaigners have been shocked to learn that one event sponsor is the palm oil company Dinant Corporation, owned and controlled by Miguel Facusse, the largest landowner in Honduras. They are calling on World Wildlife Fund WWF and three other organisations to withdraw from and denounce the conference being held in Honduras due to the Dinant’s sponsorship of the event and the serious human rights implications [2].

 

Mr. Facusse was a key supporter and beneficiary of the June 2009 military coup in Honduras [3], has been associated with narco-trafficking [4], and, along with other large oil palm growers, has been linked to the targeted killing of more than 88 members and supporters of peasant organisations since June 2009 in the Aguan Valley [5], one of the main palm oil producing regions in Honduras.

 

Annie Bird from Rights Action states: “By holding its conference in Honduras and by allowing Dinant Corporation to sponsor the event and hold a stall, the RSPO is turning a blind eye to systemic and severe human rights abuses, including forced evictions of entire communities and over 88 killings for which palm oil companies, especially Dinant, are responsible. The RSPO Conference serves to reinforce the impunity with which the large-scale palm producers operate.”

 

RSPO is overwhelmingly dominated by the interests of large corporations like Nestlé, Rabobank and Unilever—all linked to cases of “land grabbing” in Asia, Latin America and Africa.” [6]

 

According to Tanya Kerssen, Research Coordinator for Food First, “The case of Dinant is emblematic of how large, elite-controlled companies use palm oil to expand their control over land and other resources. The RSPO is merely window dressing for this continued corporate expansion, which—whether classed as ‘sustainable’ or not—necessarily means the replacement of forests, biodiversity and food production with a large-scale monoculture crop for biofuel and unhealthy edible oils.” [7]

 

Guadalupe Rodriguez from Rainforest Rescue adds: “WWF and the three other organisations involved in this RSPO conference must pull out of and denounce this process. They must not, however indirectly, associate themselves with palm oil businessmen involved in repressing, evicting and killing peasants in Honduras’s Aguan Valley.”

 

The European Commission considers all biofuels from RSPO-certified palm oil to be sustainable and thus eligible for government support [8]. This is despite growing evidence by a large number of organisations, which shows that the RSPO has not been enforcing its own standards on its member companies and cannot guarantee environmental or social sustainability of palm oil [9].

 

Almuth Ernsting from Biofuelwatch states: “The RSPO Secretariat’s decision to hold a conference in Honduras and allow Dinant Corporation to contribute sponsorship and hold a stall further undermines any pretence that the RSPO’s aim is to make palm oil sustainable. Far from addressing any of the most serious impacts of palm oil production, the RSPO continues to serve as an instrument of greenwashing for the industry”.

 

CONTACTS

  • Almuth Ernsting ++44-131-6232600 (UK)
  • Tanya Kerssen : ++ 510 654-4400, ext. 235 (USA)

 

NOTES

[1] The Roundtable on Sustainable Palm Oil is a stakeholder forum which provides voluntary certification for palm oil. The great majority of RSPO members represent industry interests.

[2] See http://rightsaction.org/action-content/open-letter-world-wildlife-fund-solidaridad-network-snv-netherlands-development for an Open Letter to WWF, Solidaridad, SNV Netherlands Development Organisation and Forest Ethics on this issue.

[3] In June 2009, the democratically elected Honduran government of Manuel Zelaya was overthrown by a military coup.  Manuel Zelaya’s government had begun listening to and acting on the demands of peasant organisations for land reform, including in the Aguan Valley region.  The land reform process was ended by the military rulers after the coup.  Since then, Dinant Corporation and their armed security forces have been collaborating with military forces and police forces in repressing local communities who have been trying to reclaim land controlled by Dinant.  See for example: http://www.enca.org.uk/documents/ENCA56_Sep_2012.pdf .

[4] Published Wikileaks Cables revealed that the US embassy in Honduras has had evidence linking Miguel Facusse to drug trafficking since at least 2004 and that several aeroplanes with drugs have landed on his private property.  See http://www.thenation.com/article/164120/wikileaks-honduras-us-linked-brutal-businessman#

[5] For a report by Rights Action about killings and other human rights abuses in the Aguan Valley, see http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_130220_Aguan_Final.pdf .

[6] See, for example: “The bloody products of the house of Unilever” Rainforest Rescue, 2011. https://www.rainforest-rescue.org/mailalert/747/the-bloody-products-from-the-house-of-unilever

[7] For more on the link between palm oil expansion and corporate control, see Kerssen, Tanya. Grabbing Power: The New Struggles for Land, Food and Democracy in Northern Honduras. Food First Books, 2013.

[8] See http://www.rspo.org/news_details.php?nid=137

[9] Previously, over 250 organisations condemned the RSPO for ‘greenwashing’ of palm oil: http://www.biofuelwatch.org.uk/2008/rspo-declaration-english/ . More recently, the RSPO has been denounced for example by Greenpeace and Friends of the Earth; http://www.biofuelwatch.org.uk/2008/rspo-declaration-english/

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