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Unos L250 millones costará campaña a partidos mayoritarios

Lunes 05 de agosto de 2013
10:53 pm          – Redacción: redaccion@laprensa.hnNo existen controles ni rendición de cuentas para conocer de dónde provienen los fondos que los partidos políticos destinan en la campaña.

San Pedro Sula,

Honduras

El pitazo inicial de la campaña política está por sonar, faltan 20 días para que los nueve partidos políticos empicen la campaña, la cual a juicio de publicitas consultados costará unos 250 millones de lempiras a los partidos mayoritarios.

Ver especial multimedia: Elecciones en Honduras 2013

El tema de la transparencia y la rendición de cuentas está sobre la mesa, pues no existe ningún organismo en el Estado que regule el financiamiento de las campañas y mucho menos que audite los fondos. El comisionado nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio, dijo a LA PRENSA que es de suma preocupación que el crimen organizado, el narcotráfico y otros grupos, hayan extendido sus tentáculos hasta la política y en Honduras no es la excepción.

“El tema de financiar una campaña política siempre ha sido interesante, antes los inversionistas le daban partes iguales a cada partido y solo eran dos. Quizá daban un poquito más bajo la mesa al de su preferencia. Luego se fue encareciendo la campaña y es donde la agenda comenzó a complicarse”, manifestó Custodio López, quien en su momento dijo que el narcotráfico llegaría al país a propiciar candidaturas.

“En su momento nadie quiso creer y esto pasa cuando empezamos a hablar de una corrupción policial absoluta y nadie nos creía. Se tuvo que vivir la experiencia para llegar a la conclusión de que la Policía la habíamos perdido. Siempre he evitado hablar de cosas que no puedo probar, pero la situación es tan grave que es necesario que haya una opinión independiente; por lo que es motivo de preocupación que no exista rendición de cuentas de parte de los partidos políticos que son instituciones de derecho público”, explicó.

Financiamiento

En Honduras no existen límites monetarios de lo que puede gastar un partido político en una campaña primaria o general. La Ley Electoral y de los Partidos Políticos lo único que refiere es que es prohibido que los partidos reciban financiamiento externo, lo que demuestra una falta de control en la rendición de cuentas de estos.

“Si un partido político aspira a llegar al poder sería una muestra de buena fe que explique de dónde provienen los fondos para su campaña. Por experiencia puedo decir que es muy difícil sufragar una campaña; primero se agota la primera fuente que son los amigos y después nos quedamos sin ellos. Creo que los dineros fáciles en política llegan de fuentes inmencionables”, analizó el comisionado.

Para Custodio López, los grupos “inmencionables” ya están en Honduras, por lo que cree que las ideologías de izquierda, centro, derecha y derecha extrema deben rendir cuentas sobre los fondos que están o van a utilizar en campaña. “Es tanto el peligro de una inversión política dudosa que debemos prevenir que llegue al poder personas que van a ser marionetas de ese dinero mal habido”, expresó Custodio.

El Conadeh acompaña como observador al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en cada proceso electoral. En esta ocasión, el comisionado mencionó que acompañará a todos aquellos que quieren que haya transparencia en el origen de los fondos de las campañas políticas. “Hemos sido enemigos de que se aspire a cargos de elección popular desde el poder porque se manejan muchos fondos para orientarlos a la política”, concluyó.

Costos reales

Para el analista político Raúl Pineda Alvarado, una campaña política presidencial unida a la primaria no cuesta menos de 350 millones de lempiras, que no solo incluye los costos en anuncios de televisión, prensa escrita y radio, sino vallas publicitarias y afiches pegados en la ciudad. “En ese costo debe incurrir un partido para tener posibilidades de ganar las elecciones. También se necesita dinero para el día ‘E’ (elecciones) para sufragar gastos de transporte y alimentación”, afirmó Pineda.

Sobre la presunción de que el crimen organizado financia campañas políticas en el país, el analista manifestó que este grupo es un factor determinante.

“De hecho, casi en todos los partidos, con conocimiento del candidato o no, están permeados por dinero del crimen organizado y se habla hasta de 40 millones de lempiras para la campaña a cambio de ciertas posiciones en el Gobierno.

A estos grupos básicamente les interesan las alcaldías para asegurar el control de ciertas rutas, en las diputaciones no están muy interesados”, confió el analista.

Uno de los controles que podría establecerse para evitar que se den campañas políticas financiadas por el crimen organizado es reducir los tiempos de duración, según Pineda.

Además, los políticos incurren en muchos gastos por quedar bien con el electorado, “tienen que hacer hasta obras, contratan brigadas médicas y otras cosas porque todo mundo condiciona su participación política.

Por eso se toma dinero caliente y es aquí donde el político no se fija de dónde viene el dinero, en este caso, estas aportaciones no van a la campaña, van directamente donde el candidato”, puntualizó.

Deuda política

Los partidos políticos que participaron en las elecciones generales de 2009 tienen un aporte adicional que les costea el TSE y es la deuda política, que consiste en el pago de 20 lempiras por voto. La mayoría de estos partidos invierten este dinero en la campaña política a la que se presentan en la próxima contienda.

“Hay candidaturas que son un negocio, cualquier candidato que vaya a las generales tiene derecho a no menos del 10% de la deuda política del partido. Solo por participar, algunos van a sacar hasta dos millones de lempiras. Todos tienen derecho a la deuda política, les dan el dinero casi de inmediato. Los partidos chiquitos solo por participar reciben como dos millones. Otro tema de interés es la venta de credenciales, el que no podemos desconocer”, reveló Pineda.

El analista recomendó que el TSE debería eliminar a los partidos políticos que no sacan ni 30,000 votos en las elecciones; además, mencionó que para evitar que el crimen organizado se infiltre en el financiamiento de las campañas políticas, los candidatos deben evitar las donaciones anónimas, abrir sitio en Internet que establezca las aportaciones y no maquillar los gastos de la campaña.

El proceso electoral general que va a desarrollarse el próximo 24 de noviembre tiene un costo aproximado para el pueblo hondureño de mil millones de lempiras, según datos del TSE.

Los partidos como UD, Democracia Cristiana y el Pinu, que participaron en las elecciones generales de 2009, tienen derecho a la deuda política.

Portal de transparencia

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) lanzó un portal único de transparencia para los nueve partidos políticos. El portal tiene como objetivo que los partidos den a conocer al pueblo hondureño sus estados financieros para darles transparencia a las campañas políticas.

La comisionada presidenta Doris Madrid explicó que los partidos políticos son instituciones obligadas a cumplir con el mandato de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el país.

Madrid explicó que con la implementación de este sitio en Internet se estaría evitando que en la campaña se puedan utilizar fondos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado.

El IAIP pidió a cada partido político que nombre un oficial de información pública para que este funcionario esté al servicio de todo ciudadano que desee conocer el funcionamiento y financiamiento de cada institución. El portalunico.iaip.gob.hn es el sitio en Internet adonde los partidos publicarán su quehacer; no obstante, hasta la fecha ninguno de los nueve ha publicado sobre su planeación, rendición de cuentas, mucho menos de sus finanzas.

A disposición 20,000 observadores nacionales

La Sociedad Civil por la Democracia y la Unión Cívica Democrática le ofrecieron ayer al Tribunal Supremo Electoral 20,000 observadores nacionales que se desplazarán el día de las elecciones por el país para ofrecer una transmisión paralela y brindar sus propios resultados.

Aunque los resultados no serán vinculantes, estas organizaciones quieren “contribuir” con el TSE a manera de que “no se sienta solo” el día de las elecciones, dijo Omar Sierra, de la Sociedad Civil por la Democracia.

Puntualizó que sus observadores llevarán consigo un equipo especial de transmisión de resultados y harán un papel parecido al TSE.

La idea -añadió Sierra- es “ayudar al proceso de transparencia electoral, el país ya no necesita líos, caos, este proyecto tiene la intención real de buscar los mecanismos de transparencia electoral y fortalecer el proceso institucional del Tribunal”.

“Tenemos el diseño de una plataforma, tenemos todo el mapeo electoral, ahora el proceso es validarlo en las urnas. Hemos recibido todo el apoyo del TSE y sí, hay anuencia concreta, real, les ha gustado el proyecto”.

Fechas

El 8 de agosto vence el plazo para la actualización de domicilios y tres días después se cierra el plazo para que tramiten su tarjeta de identidad los jóvenes que por primera vez van a ejercer el sufragio.

El joven que no lo haga esa fecha quedará al margen del padrón electoral -y no podrá votar-, aunque no se le negará su derecho de que tramite su tarjeta.

El presidente de la institución electoral, David Matamoros, hizo un llamado a los nuevos electores para que lleguen al Registro Nacional de las Personas (RNP) a ordenar su tarjeta, que no solo sirve para votar.

En Corto

CAMPAñA
Nueve partidos políticos comienzan la campaña política el próximo 24 de agosto. Se estima que tres de ellos gastarán no menos de 250 millones de lempiras.

ELECCIONES
El próximo proceso electoral general tiene un costo aproximado de mil millones de lempiras, según información del TSE.

IAIP
El Instituto de Acceso a la Información Pública creó un portal único de transparencia en el que cada partido político debe publicar sus estados financieros.

Los números

20 El Tribunal Supremo Electoral paga 20 lempiras por voto a cada partido político.

30 No más de 30 días en el calendario debería durar una campaña, según expertos.

Fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Unos-L250-millones-costara-campana-a-partidos-mayoritarios

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Honduras es el octavo productor mundial de aceite de palma africana

Lunes 05 de agosto de 2013
11:11 pm          – Carolina Torres: leslie.torresn@laprensa.hnEmpresarios y productores de Latinoamérica se reunen desde hoy en San Pedro Sula.

Vista de una de las plantaciones de palma africana en San Alejo, Tela. Al costado izquierdo está una de las extractoras.

Vista de una de las plantaciones de palma africana en San Alejo, Te…

San Pedro Sula,

Honduras

El aceite de palma africana producido en Honduras tiene notoriedad a nivel mundial. En la actualidad, el país está considerado el tercer mayor productor y exportador de América Latina, detrás de Ecuador y Colombia, y octavo en el ranking mundial, donde Indonesia y Malasia ocupan el primero y segundo, respectivamente.

Este rubro ha potencializado la generación de empleo anual en unos 100 mil puestos de trabajo directos y unos 200 mil indirectos en los últimos años.

En 2012 la producción nacional fue de 387 mil toneladas métricas, pero para finales de este año se han proyectado 400 mil.

En tanto, las exportaciones crecerán en un 30%, pasando de $304.2 millones a más de $400 millones, indicó Víctor Iscoa, secretario técnico de la cadena de palma de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Según Iscoa, “la producción de este año está prácticamente vendida. No está facturada, pero sí hay un porcentaje muy alto que ya está comprometido, e incluso para el otro año varias empresas ya la tienen prevendida”. Una de las grandes ventajas de este sector es que no tiene necesidad de buscar compradores, porque estos surgen siempre. “Más bien, el problema es que en muchas ocasiones tenemos que decir ‘no’, porque la producción está comprometida”, apuntó.

En proceso de certificación

Alcanzar las expectativas de los agroindustriales y productores hondureños pasa por obtener una certificación internacional o sello verde RSPO (Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible) para cada una de las 13 plantas extractoras de aceite localizadas en el litoral atlántico, específicamente en Colón, Cortés, Atlántida y Yoro.

El proceso tomará tiempo, pero el paso es indispensable para tener apertura de nuevos mercados y mantener los existentes.

Según el presidente de Palmas Centroamericanas S.A. (Palcasa), Víctor Baca, conseguir ese reconocimiento es importante para ordenar al rubro palmero en términos sociales y ambientales, ya que con eso los palmeros no tendrán impedimento para cumplir los controles de calidad que los clientes exigen al momento de importar.

Además, se busca crear conciencia en los productores sobre el imperativo de tener mejores procedimientos agrícolas para lograr mejor calidad.

“No tenemos esa certificación en esas plantas y es necesario que la consigamos”, subrayó Baca.

Una exigencia no menor es que para 2015 será obligatorio que las empresas del rubro sean ambientalmente amigables para exportar aceite de palma hacia los 27 países que conforman la Unión Europea.

La certificación servirá también para evitar los obstáculos en otros mercados competitivos, incluyendo la comercialización de productos terminados que requieran aceite en sus procesos.

Desde octubre pasado, dos empresas impulsan el programa de certificación y ha enfocado parte de sus esfuerzos en la producción de biodiesel y en apoyar la generación de empleo en diferentes regiones del país.

Así llegó la palma a Honduras

La siembra de palma africana en Honduras se remonta a la década de los 30, cuando empezaron los trabajos de adaptación de distintos materiales genéticos -traídos de África- en el jardín botánico de Lancetilla, en Tela, Atlántida.

Las primeras plantaciones comerciales fueron asentadas por la empresa United Brand en San Alejo, Atlántida, en la década de los 40, y fue a partir de 1971 que los cultivos fueron impulsados a través de la Reforma Agraria, cuando se organizaron cooperativas campesinas dedicadas a este rubro en las zonas del Bajo Aguán, en Colón, y más tarde en Guaymas, Yoro.

Estas cooperativas formaron las empresas Coapalma, en el Aguán, y Hondupalma, en Guaymas, y más adelante Salama;  sin embargo, fue hasta en los noventa cuando se inició el desarrollo industrial del producto con la creación de Grupo Jaremar, Grupo Dinant, Aceydesa y Palcasa.

Coapalma y Hondupalma aglutinan alrededor de 50 cooperativas de campesinos a nivel nacional. Todas integran la Federación Nacional de Productores de Palma Africana de Honduras (Fenapalmah).

Cifras

13 plantas requieren la certificación para cumplir los requisitos de calidad.

100 mil toneladas por año es la capacidad de molienda de una planta extractora.

300 mil empleos más se generarían en los próximos cinco años, según Palcasa.

Fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Economia/Economia/Honduras-es-el-octavo-productor-mundial-de-aceite-de-palma-africana

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CPTRT: Militarización va en contra de los principios de la CIDH

Lunes, 05 Agosto 2013 22:39

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  Tegucigalpa, Honduras

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) rechazó ayer la militarización de las cárceles del país, anunciada por el secretario de Seguridad, Arturo Corrales.

Dicha medida contraviene principios y normas internacionales del manejo de cárceles en el mundo, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), que han recomendado una administración civil para los diferentes centros penales en el mundo y en América.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece en el Principio número XX, de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de Personas Privadas de Libertad en las Américas que: Se garantizará que el personal esté integrado por empleados y funcionarios idóneos, de uno y otro sexo, preferentemente con condición de servidores públicos y de carácter civil, dice el comunicado. Como regla general, se prohibirá que miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas ejerzan funciones de custodia directa en los establecimientos de las personas privadas de libertad, con la excepción de las instalaciones policiales o militares, asegura el CPTRT, citando los principios de la CIDH.

Militarizar las cárceles es un retroceso, tomando en cuenta que el Poder Ejecutivo ha nombrado una Comisión de Traspaso del Sistema a una institución civil, en cumplimiento de sendas recomendaciones de la ONU y la CIDH, de que ni la Policía, ni el ejército están preparados para el cuidado de los centros penales, agrega.

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Inconsistencias oficiales en torno a la matanza de La Mosquitia

05 Agosto 2013, 20:37
Tegucigalpa – Mientras hace menos de una hora el viceministro de Defensa, Carlos Fúnez, dijo que las víctimas de la matanza en la zona de La Mosquitia eran de entre ocho y doce personas, minutos después declaró que los muertos sumaban a cuatro, lo que refleja un mar de dudas de la información oficial que emana de la cúpula militar.

– Aunque la información oficial reveló una cifra superior de muertos, posteriormente ofrecen otra a los medios de comunicación.

En versión brindada a periodistas y divulgada en medios digitales, radiales y televisivos, el subsecretario Fúnez afirmó que el enfrentamiento entre bandas criminales en la aldea Belén, zona de La Mosquitia, había reportado entre ocho y doce muertos. Sin embargo, sólo minutos después manifestó que apenas habían confirmado cuatro decesos.

Entre los muertos mencionó a Juan Carlos Villalobos Quiroz, alias “El Muco”; los hermanos Fredy Otoniel Ramos y Julio Ramos, así como un hombre de nacionalidad mexicana, quien fue quemado y enterrado por sus victimarios.

El funcionario apuntó que en ese sector hondureño se efectuó un fuerte intercambio de disparos entre grupos criminales y que en el mismo fue abatido un hombre al que calificó como un potente capo de la droga.

En el cruce de disparos entre bandas criminales murieron mujeres y niños, según información preliminar en poder de la Secretaría de Defensa.

Agregó que el cuerpo del presunto capo que murió en el enfrentamiento fue rescatado por sus compinches y llevado hacia Nicaragua, por lo que se hacen las gestiones de coordinación con las autoridades del vecino país.

Fúnez manifestó que en las próximas horas estarán aportando mayores elementos del violento suceso.

Según el portavoz de las Fuerzas Armadas, Jeremías Arévalo, el enfrentamiento entre las bandas de “El Muco” y de alias Fredy, se debió presuntamente a luchas por cargamentos y rutas de la droga.

Reveló que “El Muco” tenía una orden de captura y aunque se andaba tras su búsqueda, hasta el momento no había podido ser detenido.

En La Mosquitia constantemente ocurren pleitos entre narcotraficantes, en muchos de los cuales se ven involucrados cuerpos de seguridad del Estado e incluso de la DEA.

El 13 de junio de este mismo año, el titular de la Secretaría de Defensa, Marlon Pascua, informó que en el enfrentamiento entre efectivos de la Fuerza Naval Hondureña y presuntos narcotraficantes se logró el decomiso de 13.5 millones de lempiras, hecho ocurrido en el canal de Sanco, sector de La Mosquitia.

En tanto, el pasado 13 de mayo, otro enfrentamiento en La Mosquitia dejó la muerte de cuatro personas, así como tres heridos.

El hecho criminal se produjo en el barrio El Landín de Brus Laguna, en la zona de La Mosquitia hondureña.

Mientras, el 16 de enero de 2012, una persona falleció y otra fue detenida durante un operativo realizado por miembros de la Fuerza Naval en la región de la Mosquitia, Gracias a Dios, oriente de Honduras, donde se decomisaron 350 kilos de cocaína.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/08/05/Nacionales/Inconsistencias.oficiales.en/72948.html

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Se incrementa la persecución contra Bertha Cáceres y dirigentes campesinos

      voselsoberano.com | Lunes 05 de Agosto de 2013 14:12

 

persecucion_Bertha_CaceresALERTA URGENTE: LLAMADO A LA SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

SE INCREMENTA LA PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA BERTA CÁCERES Y LÍDERES COMUNITARIOS DEL COPINH. SITUACIÓN DE RÍO BLANCO, INTIBUCÁ. REITERAMOS NUESTRO LLAMADO A ARTICULAR LEVANTAMIENTOS TERRITORIALES ANTE EL SAQUEO.

Las comunidades Lencas de Río Blanco organizadas al COPINH,  llevan ya 124 días de toma de carreteras, para lograr la salida de este  territorio ancestral del  ilegal e  ilegitimo  Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Estas medidas han sido  tomadas en un proceso de consultas, debates y decisiones  de más de cuarenta Asambleas Indígenas que han reafirmado su rechazo a dicho proyecto, así como a las empresas DESA, SINOHYDRO  y ahora también a la alemana Voith Hydro, a la militarización de la región dispuesta por el gobierno, y a la persecución judicial y política  contra los líderes comunitarios del COPINH.

 

 

 

SINOHYDRO es una empresa transnacional de China continental, una de las principales en la instalación de proyectos hidroeléctricos a nivel mundial y de extracción minera, que ha sido  sancionada y suspendidos sus proyectos  en diferentes países por la violación de derechos de  trabajadores en sus empresas y por violar sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas como en Ecuador, Venezuela, Etiopía,  Súdan y otros.   El caso de Río Blanco no ha sido la excepción dentro de estos proyectos de saqueo, ya que junto con DESA son responsables de la violación de derechos humanos individuales y colectivos y  al territorio ancestral del Pueblo Lenca, pese a que SINHYDRO tiene compromisos suscritos y obligaciones legales en cuanto al respeto a los Derechos de los Pueblos Indígenas y al Medio Ambiente,  caso Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, Derechos de Consulta Previa, Libre e Informada, Convención sobre los Derechos de los Niños, Convenio No.169 de la OIT  y demás que contemplan su misma Declaración  de  Política Comunitaria, todo estos instrumentos internacionales han sido violentados. Igual compromiso tiene Desarrollos Energéticos SA, DESA, como igualmente los ha agredido.

El día miércoles 31 de julio, el Proyecto Agua Zarca retiró sus maquinarias del lugar. Entendemos que esto es parte de una reformulación de su estrategia de ingreso a la zona, y que está en el marco de un incremento de la represión contra el COPINH; como también entendemos que es una demostración de que la resistencia  del Pueblo  Lenca ha tenido logros importantes como el impedir el avance de este proyecto privatizador de la vida, que ha enfrentado con heroísmo, y que  no es para menos, el  poder oligárquico y trasnacional,  pero que tenemos la esperanza de que pronto sea un triunfo  permanente con la fuerza ancestral que nos enseña LEMPIRA. Denunciamos, que como parte de la estrategia de criminalización, se han  desarrollado reuniones de alto nivel en diferentes poderes del Estado junto con altos mandos militares de las Fuerzas Armadas FAAHH, en las que se incluye asesores de inteligencia militar del Ejército hondureño, más los dueños y ejecutivos de las empresas, donde han definido estratégicas para despedazar nuestra organización histórica y digna, entre estas decisiones perversas,  está la de sacarnos vivos o muertos de Río Blanco, como dicen ellos,  sobre todo después de las elecciones generales de noviembre, sin soltar  la presión y hostigamiento contra el COPINH durante los meses previos.

El COPINH denuncia que el Poder Judicial y Ministerio Publico, han incrementado la persecución contra la Coordinadora General del COPINH, Berta Cáceres, concretizándose en la revocatoria que emitió la Corte de Apelaciones  de Santa Barbará  del sobreseimiento provisional que había resuelto el Juzgado Primero de Letras de esa ciudad; dándole total credibilidad a un antojadizo y malintencionado informe militar, y sumando nuevas acusaciones, en una acción persecutoria agresiva. Esta decisión fue la consecuencia al recurso de apelación presentado por la Fiscalía, y a las presiones ejercidas por sectores del poder político, económico y militar producidas  por DESA, SINOHYDRO.

COPINH ha sido informado también de nuevas causas criminales planificadas contra los líderes comunitarios Aureliano Molina, Tomás Membreño y otros dirigentes de las comunidades del sector de Río Blanco.

Dejamos claro que la criminalización y judicialización de las acciones de defensa de derechos territoriales de las comunidades Lencas del COPINH, la militarización de la región, las amenazas de muerte a líderes del COPINH,  a integrantes de base de las comunidades, a sus Consejos Indígenas, incluso contra niños y niñas Lencas, no van a lograr   frenar este proceso de descolonización de nuestros territorios y de nuestras vidas. Tampoco nos detuvieron con las balas que asesinaron al compañero Tomás García e hirieron a su hijo Allan, casos por los que exigimos justicia.

El COPINH reitera su llamado a los movimientos social, a las resistencias diversas  y  al pueblo hondureño en general, a coordinar  Jornadas de Articulación de Levantamientos Territoriales, ante la cínica entrega de nuestros bienes de la naturaleza al mejor postor, convirtiendo los mismos  en “recursos ociosos” para el gran capital.

Las comunidades  de Río Blanco y demás Pueblo Lenca organizado al COPINH estamos de pie, y decididas y decididos  a defender la vida. Pedimos por ello, la urgente solidaridad de las organizaciones y movimientos sociales con esta lucha por el territorio, por el agua, por la cultura ancestral, soberanías, por la autonomía, y por la libertad a decidir cómo vivimos.

¡LOS RÍOS NO SE VENDEN, SE CUIDAN Y SE DEFIENDEN!

¡A MAS REPRESIÓN, MAS LUCHA Y ORGANIZACIÓN!

¡Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad,  libertad y paz!

Intibucá, 02 de agosto del 2013.

 

vos

Fuente: http://voselsoberano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15423:se-incrementa-la-persecucion-contra-bertha-caceres-y-dirigentes-campesinos&catid=1:noticias-generales

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HONDURAS: POLICÍA MILITAR

unes, 5 de agosto de 2013

                                           Abogado Jari Dixon H. Candidato a Diputado por F.M

4 de agosto de 2013 a la(s) 23:50 / El poder de la manipulación mediática es increíble, puede hacernos ver o sentir cosas que no existen o que lejanamente existirán, es el caso de querer hacer creer  a una población sufrida como la hondureña que son los militares la solución de los problemas de criminalidad en el país.Pero no critiquemos por el simple hecho de hacerlo,  primero hagamos algunas interrogantes para terminar en una conclusión bien argumentada sobre esta propuesta

1.- ¿Los miembros de las Fuerzas Armadas vienen de estratos sociales diferentes  a los miembros de la policía? Creo que la respuesta es obvia, NO, un miembro de las Fuerzas Armadas viene de los mismos sectores empobrecidos de la sociedad hondureña.
2.- Las Fuerzas Armadas no están involucradas en actos de corrupción ni de crimen organizado?  Las Fuerzas Armadas jamás dan cuenta de su presupuesto, de ahí han salido Generales y Coroneles multimillonarios, dueños de empresas , haciendas y toda clase de bienes que con su salario sería imposibles haberlos obtenido, claro está que eso no lo investiga nadie en virtud que nadie se quiere meter con el poder militar.- En cuanto  a la otra pregunta  es obvia su repuesta si tomamos en cuenta que son los militares que custodian las fronteras por donde pasa el 90% de la droga que va rumbo hacia Estados Unidos, esto son mencionar el robo de avionetas de narcotraficante en manos de dicha institución militar y de algunos de sus miembros que fueron detenidos en su tiempo como jefes de bandas organizados en donde está involucrado el mismo Romero Vásquez Velásquez en el delito de de robo de vehículos.
3.- ¿Las Fuerzas Armadas están mayormente preparadas para prevenir o investigar el delito? Contestemos esto con hechos y no palabras, fíjense uds que las Fuerzas Armadas han estado en la calle por más de un año, tiempo en el cual no se percibe ninguna disminución de la criminalidad, al contario se siente más inseguro el país, lo que significa que no han servido en lo absoluto para prevenir el delito ya que los delincuentes no le tienen  ni el más  mínimo temor o están confabulados con ellos.- En cuanto si están más preparadas para investigar, sería absurdo dar una respuesta en sentido positivo, si harto es sabido que el entrenamiento de la tropa del ejercito es para acciones de guerra (pura teoría en su mayoría)no para investigar un delito, lo que saben de investigación de un delito es lo que mi abuela sabia de naves espaciales ósea nada; que existe una inteligencia militar esos son otros cien pesos como se dice popularmente, son investigaciones mas políticas que otra cosa y déjenme decirles que un entrenamiento exclusivo para cierto personal y de ahí nada más.
4.-¿Al convertirse los militares en policía jamás se corromperían por su disciplina militar? Nada más alejado de la verdad si consideramos que los militares igual que los policías actuales estarían expuestos a las mismas tentaciones al cual son sometidos por el crimen organizado ante el hecho de los bajos salarios que perciben en dichas instituciones, sin dejar  a un lado las ordenes ilegales que reciban de sus jefes corruptos.
5.- ¿Con las Fuerzas Armadas en la calle se reducirá las violaciones a los derechos humanos? Si en algo son especialistas las Fuerzas Armadas de este país es en violentar derechos humanos,  si no fíjense en lo que a ha estado sucediendo en los últimos meses, asesinan a un  menor de edad, asesinan  a un dirigente indígena, asesinan de forma misteriosa una empleada domestica de un exminsitro de defensa, en fin esto sigue creciendo sin saber dónde va parar.- No por nada, una vez que termino la guerra fría la tendencia o mejor dicho la orden de los Estados Unidos fue desmilitarizar Latinoamerica y dar por finalizado la era de los dictadores militares, si, así fue, no crean que fue una conquista de una organización o grupo de organizaciones, fue producto del nuevo planteamiento de las política exterior del imperio norteamericano.- Otorgar de nuevo ese protagonismo  a los militares seguro que no responde  a un capricho antojadizo del señor del congreso.
6.- ¿Suponiendo que las Fuerzas Armadas caigan en el mismo nivel e corrupción de la policía (Situación que es un hecho que suceda) será más fácil su depuración? Permítanme que me ría, ya me imagino querer intervenir al ejercito como lo han hecho como la policía y pretender aplicarle pruebas de confianza a un General de división o a un simple teniente del cual se sospecha que ha cometido un delito, no, eso es imposible, porque las Fuerzas Armadas en este país son un poder real y no serán los civiles que los sometan según ellos a tales afrentas.
En conclusión para no aburrirlos con mis preguntas, la utilización de miembros del ejército para resolver la criminalidad solo responde en términos generales a una propuesta engañosa de seguridad por parte del candidato oficialista que está a años luz de ser verdad y a un plan de injerencia exterior con la finalidad de neutralizar todos aquellos grupos que atentan contra la “Democracia” impuesta por sistema conservador del capitalismo mundial, que no es otra cosa que el mantenimiento de un status quo que solo favorece a unos pocos y afecta  a las grandes mayorías.

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El reinado del crimen en las paupérrimas cárceles hondureñas

5 Agosto 2013, 00:10
Tegucigalpa– En las cárceles hondureñas gobiernan las mafias. En ellas la gobernabilidad es casi inexistente. El emporio de los zares del terror ha quedado evidenciado en acciones sistemáticas y periódicas que desde el interior de cada centro penitenciario se han ejecutado en distintos momentos y zonas de Honduras.
– La comisión especial de transición de centros penitenciarios, reconoce que cuando asumieron sus funciones, los presos ya estaban posicionados de las cárceles.
– En el enfrentamiento ocurrido este fin de semana en la Penitenciaría Nacional, increíblemente se descubrió que en la reyerta se utilizaron poderosos fusiles AK-47 y aparte se encontraron granadas de fragmentación.
– El Informe de la CIDH sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras, subraya que ese autogobierno deriva en toda clase de abusos y extorsiones internas a la vez que permite que desde ahí se planifiquen hechos criminales.
– Tras los hechos violentos del fin de semana en la Penitenciaría Nacional, el gobierno ordenó la inmediata militarización de las instalaciones del recinto carcelario, asignando una responsabilidad más a las Fuerzas Armadas.

– Durante el gobierno del presidente Porfirio Lobo, al menos 435 privados de libertad perdieron la vida en circunstancias violentas, reveló un informe del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Desde las celdas se planifican secuestros, se ordena a sicarios ejecutar víctimas, se trafica, se vende y se compran armas, se extorsiona y en fin, lo que allí ocurre y se exporta, puede definirse como operaciones de altas academias del crimen y el terror, todo en base a informes de expertos que han llegado al tuétano de la podredumbre que corroe ese inframundo en Honduras.

Luego de la reyerta ocurrida el sábado en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” de Támara, ha quedado patentizado una vez más, que quienes gobiernan al interior de las cárceles hondureñas, son los propios privados de libertad, por lo que recuperar esa gobernabilidad es una dura batalla que debe enfrentar el Estado hondureño y que debe ser una tarea que desde ya, deben comenzar a analizar los ocho candidatos presidenciales que participarán en las elecciones generales del 24 de noviembre próximo.
Precisamente, esa es una de las recomendaciones planteadas en el informe sobre las cárceles hondureñas, presentado el viernes en esta capital por el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), comisionado Rodrigo Escobar Gil.
Reos posicionados de las prisiones
El coordinador de la comisión especial para la transición del sistema penitenciario nacional, José Augusto Ávila, lamentó que a menos de 24 horas de que el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar Gil, presentara el informe sobre la situación del sistema carcelario hondureño, se haya presentado un hecho violento en el interior de la Penitenciaría Nacional.
Ávila deploró el incidente registrado al interior de la Penitenciaría Nacional que dejó como saldo tres personas muertas y nueve heridas a menos de 24 horas de que se hayan marchado los miembros de la CIDH.
Indicó que precisamente el sábado, la comisión especial para la transición del sistema penitenciario nacional, cumplió dos meses de haber asumido el control de las 24 cárceles hondureñas y “nos encontramos, como dijo el señor relator, en condiciones paupérrimas y lamentables ya que existe hacinamiento y el problema severo de la alimentación, pero eso se va a arreglar en los próximos días porque he recibido de palabras del relator quien se reunió con altas autoridades del país ha hecho el Estado un compromiso de darle a la comisión el presupuesto que nosotros hemos solicitado”.
Aseveró que cuando la comisión asumió su función, los privados de libertad ya estaban posicionados de los centros penales y hay situaciones que se les escapan de las manos y para devolver la gobernabilidad en las cárceles, se necesita una estructura para trasladar a los líderes y que no estén en hacinamiento y en agrupación.
El funcionario señaló que al interior de las cárceles hondureñas, existe una rivalidad entre las maras Salvatrucha o M-13 y la pandilla 18 y se ha iniciado una investigación para determinar cuál es el problema con el trasiego de armas porque no se puede tapar el sol con un dedo y se conoce que hay un tráfico de armas.
Precisamente, el informe de la CIDH, plantea que el principal problema de las cárceles de Honduras, colapsadas por la sobrepoblación, es el autogobierno cedido a los reclusos y justificado por las autoridades en la falta de personal.
El Informe de la CIDH sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras, subraya que ese autogobierno deriva en toda clase de abusos y extorsiones internas y permite además que desde la cárcel se planifiquen secuestros y otros crímenes.
“Uno de los problemas más graves y arraigados (…) es la delegación del control interno de los centros penitenciarios en manos de los propios reclusos”, mediante “sistemas de autogobierno o gobierno compartido, en los cuales son determinados internos denominados coordinadores, nombrados por los mismos reclusos, son los que ejercen el control”, señala el informe.
Indica que ese sistema de autogobierno es “justificado sistemáticamente por las autoridades, bajo el argumento de que este modelo es un mal necesario ante la permanente falta de recursos y de personal”.
Los reclusos aplican castigos disciplinarios, cobran por los espacios de las celdas y las camas además de resolver conflictos y fijar los precios de los alimentos, agrega.
Sin control
Recuerda que el 29 de marzo de 2012, reclusos de San Pedro Sula decapitaron a su coordinador, le mutilaron los genitales y arrojaron la cabeza frente a la dirección del penal, entre otras atrocidades, porque consideraron que abusaba de su autoridad, aumentando los precios de los servicios, comida y alojamiento.
La CIDH señaló que “la falta de control efectivo de la seguridad interna en las cárceles facilita las condiciones para la comisión de delitos en y desde las cárceles” como “el tráfico de drogas, la venta de armas, el cobro de cuotas extorsivas a los presos o sus familiares y la planificación y dirección, desde el interior de la cárcel de hechos delictivos como homicidios, secuestros y extorsiones”.
El informe también recuerda la masacre de abril de 2003 en la Penitenciaría Nacional de El Porvenir, Atlántida, en la que murieron 69 personas debido a un conflicto entre los “coordinadores” de ese penal y miembros de la “Mara 18″ y el incendio de Comayagua en mayo del 2004 en el que fallecieron 107 internos.
El documento también enumera una sobrepoblación superior al 40 por ciento, condiciones deplorables de higiene y salubridad, falta de asistencia médica, de provisión adecuada de alimentos y agua potable, y la ausencia de separación de reclusos por categorías de delitos.
El trabajo de la CIDH, elaborado por una misión de siete expertos que visitó Honduras del 23 al 27 de abril de 2012, fue entregado el viernes al designado presidencial (vicepresidente) Víctor Hugo Barnica.
La misión de la CIDH visitó Honduras dos meses después de una de las mayores tragedias carcelarias del mundo: el incendio del penal de Comayagua, ubicado a 82 kilómetros al norte de Tegucigalpa, en el que murieron 362 reclusos.
Militarización
Tras el enfrentamiento de reos en la Penitenciaría Nacional, que dejó tres muertos y nueve heridos, el Gobierno hondureño ordenó militarizar el reclusorio.
Un comunicado de Casa de Gobierno informa sobre la determinación de militarizar de forma “inmediata” el centro penal para dar respaldo a sus autoridades.
Tras el informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) que revela que el principal problema de las cárceles de Honduras, colapsadas por la sobrepoblación, es el autogobierno cedido a los reclusos y justificado por las autoridades en la falta de personal, el Gobierno citó para el próximo lunes a miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para presentar aportes para darle “una solución integral a la problemática y así terminar con el reinado delincuencial” al interior de las cárceles.
El funcionario especificó que los militares estarán de manera permanente en el establecimiento penitenciario para dar apoyo a las autoridades carcelarias. Agregó que el gobierno no va a permitir que desde centros penales se dirijan crímenes en todo el país.
Internos mantienen verdaderos arsenales
Por su parte, el director de Centros Penitenciarios, Santos Simeón Flores, informó que tras el enfrentamiento se decomisaron cinco granadas de fragmentación y armas de fuego.
El funcionario explicó a los familiares de los reclusos que ante el clima de alta tensión que hay en el interior de la principal cárcel hondureña, las visitas quedaban suspendidas hasta segunda orden.
Ha habido “un enfrentamiento (…) con fusiles AK-47 en el módulo (edificio)’Escorpión, donde está la Mara 18, había nueve heridos y han fallecido tres por armas de fuego”, afirmó a periodistas el encargado de las 24 prisiones de Honduras, en las afueras del penal.
Flores reconoció que hubo una nutrida balacera con fusiles AK-47 y que encontraron granadas al interior del centro penitenciario, donde hay dos mil 800 reos, aunque indicó que todavía no estaban esclarecidas las circunstancias del enfrentamiento.
Cambio radical
“El sistema penitenciario en Honduras es deshumanizado, paupérrimo y corrupto. Las condiciones de existencia en las cárceles son totalmente contrarias a la dignidad humana”, afirmó el relator Escobar Gil.
En ese sentido, recomendó que “es imprescindible que las autoridades del Estado de Honduras, en todas las ramas de gobierno, impulsen un cambio radical de actitud hacia el sistema penitenciario y reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda que éste atraviesa”.
“Existen medidas adoptadas tras el trágico incendio en Comayagua; sin embargo, lejos de adjudicar los recursos necesarios para implementarlas, el presupuesto para este rubro ha disminuido; el Estado y la sociedad han sido insensibles con las necesidades de las personas privadas de libertad”, evaluó Escobar Gil quien insistió que “es indispensable que el Estado asuma esta crisis del sistema penitenciario como una de sus prioridades, ya que el mismo está totalmente colapsado, y en consecuencia, los derechos fundamentales de los reclusos se están violando en forma sistemática”.
El informe enfatiza que es imprescindible que haya una adecuada asignación presupuestaria, que haga operativas las instituciones penitenciarias. En este sentido, el relator de la CIDH, cuestionó que “es inadmisible que las autoridades del Estado digan que esas obligaciones deben ser financiadas por donantes privados o por la cooperación internacional pues esos problemas son responsabilidad del Estado y es su deber asignar los recursos suficientes”.
Una de las conclusiones del informe, es que la grave crisis estructural que atraviesan las cárceles en Honduras es el resultado de la ausencia, durante décadas, de políticas públicas integrales orientadas a lograr que el sistema penitenciario cumpla con los fines que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos: la reforma y readaptación social de los condenados.
“Es imprescindible que la respuesta del Estado a los problemas de criminalidad y de inseguridad ciudadana no esté compuesta exclusivamente de medidas de carácter represivo, sino también preventivo. Dentro de esta categoría, debemos incluir los programas de mejoramiento del sistema penitenciario, dirigidos a promover y fomentar el trabajo y la educación en las cárceles, como medio idóneo para lograr la reinserción social de las personas privadas de libertad”, insistió el funcionario quien agregó que “este tipo de programas lograrían disminuir los niveles de reincidencia, y por lo tanto, bajarían los niveles de criminalidad”.
El informe presenta un diagnóstico de las principales deficiencias estructurales del sistema penitenciario hondureño: la delegación del control interno de los centros penitenciarios a los propios reclusos, el hacinamiento, la falta de presupuesto y de un marco normativo adecuado, la falta de personal penitenciario profesional, entrenado y especializado, y la falta de separación de los internos entre hombres y mujeres, y entre procesados y condenados.
Recomendaciones
El documento de la CIDH, establece una serie de conclusiones y recomendaciones generales dirigidas al Estado, orientadas a superar la crítica situación del sistema penitenciario hondureño, entre las que destacan: reducir los índices de hacinamiento y asegurar que los internos sean recluidos en condiciones dignas y congruentes con el principio del trato humano.
Asimismo, exigen su implementación urgente e inmediata, tal como la necesidad de poner fin a una situación aberrante como es la falta de separación efectiva entre hombres y mujeres en algunos centros penales, como la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula.
El informe también recomienda al Estado de Honduras adoptar decididamente y de manera impostergable las medidas necesarias para retomar el control interno de todos los establecimientos penitenciarios, de forma tal que sea el Estado quien ejerza la seguridad interna de las cárceles y todas aquellas funciones propias de la administración de las mismas que son indelegables en los propios internos.
Es ese sentido, se instó enfáticamente al Estado a erradicar definitivamente la práctica de delegar facultades disciplinarias en los propios reclusos, sobre todo la posibilidad de aplicar sanciones.
Otras recomendaciones refieren a la necesidad de dotar a todos los centros penitenciarios de equipos técnicos interdisciplinarios, incluyendo servicios médicos y psicopedagógicos; aumentar la cantidad de jueces de ejecución penal y medidas de seguridad a fin de cubrir aquellos centros penales que aun no tienen uno.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A partir de información suministrada por el Estado en enero de 2013 que estima la población penitenciaria en 12 mil 263 personas (la mitad procesados y la otra mitad condenados), la CIDH destaca que existe un déficit de tres mil 600 plazas lo que equivale a una sobrepoblación del 44 por ciento.
En las conclusiones, la Comisión advirtió que “la administración penitenciaria en Honduras padece actualmente de graves deficiencias estructurales que han conducido a su colapso” por lo que reclamó “un cambio radical de actitud” y “una renovación real de las instituciones”.
La misión que redactó el informe estuvo integrada por José de Jesús Orozco Henríquez, Tracy Robinson, Rosa María Ortiz, Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil y Rose-Marie Belle Antoine.

Matanzas y falta de políticas
En los últimos 30 meses, durante el gobierno del   presidente Porfirio Lobo, al menos 435 privados de libertad perdieron la vida   en circunstancias violentas, reveló un informe del estatal Comisionado   Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), divulgado durante el fin de   semana.
El informe establece que entre el 2011 y el 2012,   se registró la muerte de 419 privados de libertad de los cuales, 360 murieron   quemados en la Granja Penal de Comayagua.
El organismo ha denunciado, con insistencia, las   graves violaciones colectivas y sistemáticas que se cometen contra las   personas privadas de libertad en todos los centros penales del país.
El titular del Conadeh, Ramón Custodio, condenó   el hecho violento ocurrido el sábado en el interior de la cárcel de Támara   que dejó como resultado, al menos tres personas muertas y varias heridas.
Lamentó que en los últimos años, algunas cárceles   hondureñas han sido escenario de incendios, motines, fugas, intentos de fuga,   enfrentamiento entre privados de libertad, introducción de armas de fuego,   granadas, drogas, licores y celulares.
El ombudsman hondureño, cuestionó la corrupción   del sistema, principalmente cuando los encargados de vigilar a los privados   de libertad permiten la entrada de armas de fuego, drogas, licor y se vuelve   la cárcel en un régimen de corrupción institucionalizada.
Honduras cuenta con 24 centros penales con   capacidad para albergar cerca de ocho mil 300 personas, sin embargo, la   población penitenciaria supera los 12 mil 600 privados de libertad.
La mala distribución en las cárceles hondureñas   indica que hay ocho centros penitenciarios cuya capacidad no ha sido   sobrepasada por el número de privados de libertad, sin embargo, existen 16   cárceles con una sobrepoblación que en conjunto supera los cinco mil 400   internos.
Custodio considera que la mayor parte de las   cárceles hondureñas carecen de espacio físico y las condiciones higiénicas   son infrahumanas.
Señaló que en el país no hay ningún sistema de   rehabilitación para que los privados de libertad se puedan reinsertar en la   sociedad y que más bien, muchos salen perfeccionados en su conducta   antisocial y delincuencial.
Cuestionó que el Estado invierte poco en resolver   el problema del privado de libertad, pese a que éste sigue siendo persona   humana objeto y sujeto de derechos humanos.
En los últimos años, al menos cuatro cárceles   hondureñas han sido escenario de matanzas y tragedias que han dejado   incalculables pérdidas de vidas.
Sólo en 2011 murieron en forma violenta alrededor   de 30 privados de libertad, de los cuales 19 murieron en el Centro Penal de   San Pedro Sula y ocho en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” de   Támara, apunta el informe del organismo
En el 2012, los centros de penales fueron el   escenario de diferentes hechos que dejaron como saldo, alrededor de 389   muertos (cuatro de ellos fuera de los centros penales) y al menos 50 heridos.
Durante ese período se registraron incendios,   motines, fugas, intentos de fuga, atentados contra autoridades   penitenciarias, enfrentamiento entre privados de libertad, introducción de armas   de fuego, granadas, drogas, licores y celulares, entre otros.
De acuerdo al Conadeh, en las cárceles de   Honduras hay hacinamiento, inseguridad interna que provoca los incendios y   las riñas entre los privados de libertad, situación que deriva en lesiones y   muertes.
Además, hay retardo en la aplicación de justicia,   existe carencia de los medios de rehabilitación, desentendimiento del Estado   sobre su responsabilidad con los privados de libertad, introducción de armas,   drogas y licores y fugas.

Custodio cuestionó que hay un régimen   disciplinario en manos de algunos internos, que ha provocado enfrentamientos   y muerte entre los privados de libertad en los diferentes centros penales.

Cuadro de población carcelaria mayo 2013

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Violencia y criminalidad en Honduras continuarán si no se reducen los índices de impunidad, advierte la UE

5 Agosto 2013, 10:28
Tegucigalpa – El jefe de cooperación de la Unión Europea (UE) en Honduras, Laurent Sillano, recomendó a los operadores de justicia, que trabajen en una sola cadena para poder reducir la impunidad, porque de lo contrario, los índices de violencia e inseguridad, continuarán en el país.

Enfatizó que tanto para la Unión Europea, como para la población hondureña, la situación de seguridad es un tema prioritario.

En ese sentido, calificó la impunidad que existe en Honduras, como un problema que no permite reducir los niveles de violencia y de inseguridad.

En ese sentido, Sillano, subrayó que en este país, existe la necesidad de que “conjuntamente como un sistema, se pueda luchar contra la impunidad y ofrecer a la población hondureña, lo niveles de seguridad, paz y convivencia que se requieren”.

Manifestó que para la UE, bajar los niveles de impunidad en Honduras, los actores principales deben trabajar en cadena.

“Para nosotros, poder bajar los niveles de impunidad, implica que los actores, puedan trabajar conjuntamente como una cadena que va desde la prevención, hasta la investigación, fiscalización, sanción, rehabilitación y reinserción, para ofrecer esta barrera frente al crimen y la violencia”, puntualizó.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/08/05/Nacionales/Violencia.y.criminalidad/72910.html

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Narcos reclutan a militares de EUA como sicarios

Lunes 05 de agosto de 2013                09:44 am          – Agencias: redaccion@laprensa.hnDenuncian que el crimen organizado está reclutando a soldados estadounidense para que se unan a sus filas.

Miguel Apodaca (izq.) y Kevin Corley.

Miguel Apodaca (izq.) y Kevin Corley.

Los Ángeles,

Estados Unidos

Desde hace años, se advierte contra la inserción de los poderosos carteles mexicanos de la droga dentro de Estados Unidos y del peligro de que ello incremente aún más la violencia generalizada.

Ahora, surge una variación del mismo tema, pero quizás en sentido contrario. En efecto, escribe Joseph Kolb en el sitio FoxNews.com , los sindicatos criminales al sur de la frontera están reclutando como asesinos a sueldo a soldados estadounidense en servicio activo, militares que todavía visten el uniforme, para perpetrar, basados en sus conocimientos y experiencia, matanzas a su servicio publica Huffingtonpost .

“La participación de tres militares estadounidenses en incidentes separados, incluyendo un asesinato en 2009 que llevó la semana pasada a una sentencia de cadena perpetua para un cabo del Ejército de tierra, es una muestra de un problema que las Fuerzas Armadas han luchado arduamente para confrontar”, escribe Kalb.

Se trata de invididuos altamente capacitados, entrenados en las mejores escuelas de artes marciales, con dominio de las técnicas más sofisticadas y posiblemente con experiencia letal en las guerras que libra Estados Unidos en Afganistán y hasta recientemente, en Irak.

La pena de cadena perpetua fue dictada por una corte en El Paso el 25 de Julio, a un soldado contratatado por el cártel de Juárez para ejecutar un homicidio en esa ciudad mexicana en 2009. Se trata de Miguel Apocada, de 22 años, quien estaba estacionado en la base de Fort Bliss y perteneciente a la brigada de Defensa Aérea 11. Le pagaron 5,000 dólares para matar a José Daniel González Galeana, un exmiembro del cártel que, descubrieron los cabecillas del crimen organizado, era también informante del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE.

Otro soldado, el teniente primero Kevin Corley de 29 años y con base en Fort Carson, Colorado, se declaró culpable en septiembre de 2012 de conspirar para asesinar al servicio de Los Zetas ante un tribunal en Laredo, Texas, luego de ser arrestado en una operación encubierta del gobierno estadounidense. Por el homicidio en el que supuestamente iba a participar recibiría 50,000 dólares y una cantidad no especificada de cocaína.

Las labores de Corley en el servicio militar incluían el entrenamiento de otros soldados en prácticas de guerra, y ofreció esta experiencia al servicio de los narcotraficantes.

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Unasur enviará observadores para las elecciones de noviembre próximo

 

Artículo |     August 5, 2013 – 9:51am
     

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) informó que enviará una delegación de observadores internacionales para las elecciones generales del próximo 24 de noviembre.

Esto fue acordado en la reunión del Foro de Sao Paulo, donde se acordó enviar al grupo de veedores para “contribuir al triunfo de las fuerzas democráticas de Honduras y a la consolidación de la democracia”.

De igual forma, anunciaron que se reunirán para discutir acerca de la democracia en este país, en particular, lo ocurrido después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando se derrocó por la fuerza al expresidente Manuel Zelaya.

Este evento –señalaron– se realizará el próximo 12 de octubre en Tegucigalpa.
La organización de la actividad estará organizada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FLMN) de El Salvador; el partido hondureño Libertad y Refundación (Libre) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Fuente:

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Presidente de Honduras “va a tener que cambiarse el nombre”

              Lunes 05 de agosto de 2013
                           11:38 am                            – Redacción 

Los miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia realizarán un plantón en la Corte Suprema de Justicia para exigir al gobierno más seguridad. Paralizaciones son signo de alarma, sostiene Asociación de Juristas.

 

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                                    Tegucigalpa,Honduras

La criminalidad que mantiene en zozobra a la población de Honduras es un signo de alarma que demuestra el fracaso del actual gobierno en materia de seguridad.

Ese es el criterio del presidente de la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho, Fredín Fúnez, quien fustigó este lunes las políticas del gobierno Lobo Sosa.

“Este gobierno ha fracasado en esta propuesta de bajar el índice de criminalidad y, por lo tanto, yo creo que don Porfirio Lobo Sosa va a tener que cambiarse el nombre”, expresó el profesional del derecho.

Fúnez aseguró que las autoridades no han contemplado las verdaderas razones de la criminalidad y la delincuencia en Honduras.

“El crimen en Honduras tiene un sustento social, hay una completa desigualdad social, hay una mala distribución de la riqueza, fuentes de empleo; pero acá únicamente los que están en el gobierno solo saben recetar: Ejército, Policía, aumento de las penas, pero no mejoran el sistema carcelario y es un completo desorden”, señaló.

Asimismo, destacó que el hecho de que “los jueces recurran a un método de lucha obrera como es el paro, muy bien; pero es un símbolo de alarma en Honduras, porque solo faltaría que la propia Policía se ponga en paro por razones de inseguridad”.

Jueces por la Democracia harán plantón

La Asociación de Jueces por la Democracia convocó a sus afiliados a realizar un plantón hoy en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para exigir que se les proporcionen medidas de seguridad para proteger sus vidas.

“En los edificios judiciales, en este momento, no funciona un sistema de seguridad efectivo de ingreso y manejo de lo que sucede dentro. Por otro lado, en relación a la situación de los jueces, debe haber una oficina, una unidad, de forma permanente, que debe funcionar dentro del Poder Judicial para que cuando un juez se encuentre en una situación de riesgo se le pueda brindar de inmediato las condiciones de seguridad que necesita”, manifestó Tom Pandy, presidente de la asociación.

Aunque dijo comprender que cada juez no puede tener asignada una o dos personas que se encarguen de su seguridad, “debe haber un mecanismo que a partir de una amenaza real se tenga que investigar efectivamente si esa amenaza es real y se puedan tomar las medidas para evitar cualquier tipo de situación contra el juez”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Teodoro Bonilla, afirmó que el paro había sido suspendido, ya que mañana se reunirán con el titular de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, para tratar el tema.

Hace más de una semana, los jueces asignados a los juzgados de Letras de lo Penal en Comayagüela efectuaron una protesta  para reclamar mayor seguridad para los operadores de justicia.

Los togados exhortaron además al gobierno de Honduras a esclarecer el crimen contra la jueza de Sentencia, Mireya Mendoza,  asesinada por sicarios en El Progreso Yoro, el pasado 24 de julio.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Presidente-de-Honduras-va-a-tener-que-cambiarse-el-nombre

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Honduras: La RSPO, la WWF y la certificación del palmero de la muerte.

Publicado en agosto 5, 2013 de

A partir del seis de agosto, en la ciudad de San Pedro Sula se estará llevando a cabo la Cuarta Conferencia Latinoamericana de la  Mesa Redonda del Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus sigla en inglés), evento organizado por la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), la Federación de Palmeros, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por su siglas en inglés) y  el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV).

La RSPO fue creada en el año 2004 y para el 2012 la red aducía poseer más de mil afiliados provenientes de 50 países, integrado por productores, procesadores, consumidores, distribuidores, banqueros y organizaciones ambientalistas y sociales.

Supuestamente para el año 2015, las empresas que no estén certificadas por la RSPO, se encontrarán en una situación precaria para lograr colocar la palma o sus derivados en el mercado internacional. Las 12 plantas extractoras y los 20 mil productores nacionales se encuentran ante la encrucijada de obtener la certificación.

El pasado 13 de diciembre de 2012, se efectuó un taller técnico en Yoro, organizado por la Federación Nacional de Palmeros y le ICADE con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre las normas adecuadas para la producción sostenible de palma africana en Honduras.

Certificación o Farsa

La Organización ambientalista Amigos de la Tierra, en un artículo publicado en su portal en el año 2009, señala las incongruencias de las certificaciones otorgadas por la RSPO, las que no pasan de ser mas que un maquillaje de responsabilidad al controvertido impulso de las plantaciones de palma en detrimento de los bosques tropicales y los pueblos que los han cuidado con esmero.

Torry Kuswardono, coordinador de la campaña de agrocombustibles de Amigos de la Tierra indicó que “La certificación del aceite de palma sostenible, hace que los consumidores se sientan bien y alienta el aumento del consumo, que es precisamente la causa raíz del problema”. Amigos de la Tierra considera las certificaciones del RSPO como falsas, ya que se limita a los aspectos técnicos, sin responder a los severos impactos que causa la palma a la tierra, el bosque y sus habitantes.

En abril del 2013, en una Asamblea Extraordinaria de la RSPO, efectuada en Kuala Lumpur, aprobó nuevas reglas del juego, las cuales permite la continuación de la deforestación y destrucción de los humedales y el uso de pesticidas como el gramaxone (paraquat). Estas nuevas reglas gozan del consentimiento de la WWF, reglas que han sido señaladas como la muerte de la sostenibilidad.

Palma Africana y la muerte de la seguridad alimentaria en Honduras.

La acelerada expansión de la palma africana en Honduras, especialmente en la costa norte, coloca en peligro la existencia de los humedales en Honduras. Por cada hectárea de humedal existen cuatro hectáreas de palma africana y el avance continua de forma implacable; para finales del 2013 se espera que en Honduras existan 160 mil hectáreas de palma.

Las políticas imperiales impuestas en la república bananera de Honduras, tienden a desmantelar la producción agrícola para el consumo interno, dando lugar a un desabastecimiento crónico de granos básicos, con una dependencia total de la importaciones desde los Estados Unidos. En el país existe un 54,1% de población rural, con mas de 300 mil familias que no tienen acceso a la tierra.

Desde los años 50 comenzó a imponerse el modelo de ganadería extensiva en detrimento de la cobertura forestal del país. Hoy en día la mayoría de los hatos ganaderos vienen siendo reconvertidos a plantaciones de palma africana, al mismo tiempo que buena parte de los humedales costeros son desecados para siembros de la oleaginosa. Se teme que en un futuro cercano los  humedales de la Moskitia pasen a ser futuras plantaciones de palma, doblando de esta forma la extensión de los cultivos en el país.

Miguel Facusse, El Palmero de la  Muerte y la Certificación de la RSPO.

A Partir del golpe de estado del 2009, la violencia se recrudeció en el Bajo Aguan, donde se encuentran enormes latifundios de palma africana en manos de Miguel Facusee, Reynaldo Canales y Rene Morales Carazo, siendo éste último ex-vicepresidente de Nicaragua. A partir de la contrarreforma agraria del año 1992, se diluyeron las cooperativas existentes y de esta forma se gestaron los latifundios mas controvertidos del país.

En los últimos tres años se han dado mas de 100 asesinatos de campesinos en el Bajo Aguan a manos de los sicarios del Palmero de la muerte Miguel Facusse. El siniestro personaje se ha visto involucrado en masacres y  asesinatos selectivos de campesinos que viene luchando por recuperar las tierras que les fueron arrebatadas bajo un disfraz de la legalidad en las década de los años 90.

El estado fallido inducido en Honduras nos coloca en una endeble posición ante la espiral de violencia existen además del fracaso de las políticas agrarias. El acaparamiento de tierras que exige el modelo palmero va en detrimento de la soberanía alimentaria, al convertir las mejores tierras del país en plantaciones de palma africana mientras los campesinos desposeídos se ven obligados a practicar la agricultura de laderas.

Es hora que la RSPO, SNV y la WWF tomen conciencia de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en el Bajo Aguan por el palmero de la muerte. Excluir el respeto a los derechos humanos como un requisito de la RSPO es una descalificación ética de las certificaciones que desde casi una década vienen implementado.

Sambo Creek,  Atlántida, Honduras, 5 de Agosto del 2013

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2013/08/05/honduras-la-rspo-la-wwf-y-la-certificacion-del-palmero-de-la-muerte/

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What’s “Rural” in Honduran Immigration?

Monday, August 5, 2013

In rural Honduras, the northward pull is strong

That’s how the Washington Post headlined an article that, unfortunately, is unlikely to give people in the US anything other than another set of stereotypes about Honduras to add to drug violence and gang violence.

Let’s start with “rural”. I started the article thinking, maybe finally someone got out into Yoro to talk to people there, like the ones I worked with in the early 1990s– before electricity arrived.

Or maybe they visited Santa Barbara, where on my first visit to the site my compadre was excavating in the early 1980s, we needed a flashlight to walk through the lightless night-time streets of the city– the capital of the Department of Santa Barbara state.

That’s rural. And there are still plenty of backwaters in Honduras where sanitation, electricity, and potable water are not routine, where cities are a long way away.

So imagine my surprise when I realized that the “rural town” here is Comayagua– the colonial capital city, the capital of the department of Comayagua, and one of the most populous cities in the country.

I would have characterized Comayagua, located on the main highway that links San Pedro Sula and Tegucigalpa,  as urban. It’s a city of approximately 60,000 residents.

The valley in which the city sits is a center of commercial agriculture, which the Millennium Challenge Corporation described in 2009 as

of the utmost importance to Honduras, agricultural and cattle breeding activities carried out in the valley stimulate the national economy; the valley is leader in the production of oriental vegetables and pickles in Honduras and Central America.

Think Dubuque, Iowa.

Rural, if by rural you mean agricultural. Not if you mean remote and antique.

But that is what the photo essay accompanying the Washington Post story seems designed to suggest.

The first image shows a man roping a bull– a common part of life even near San Pedro Sula, the industrial powerhouse of the country, due to a long heritage of cattle ranching. The annual Feria Juniana in San Pedro Sula centrally features cowboys riding, and a cattle show– like any country fair anywhere in the US.

But that image set a certain tone for the representation of Comayagua, which was reinforced by images of mango vendors on the side of a road, and reached an absurd climax with a series of three images of two young men, hard at work “at the Villa San Antonio community outside Comayagua”.

Pause for geography lesson: Wikipedia, to which I resort out of necessity, informs us that the Villa de San Antonio is located 20 minutes outside the city of Comayagua, has 17,000 inhabitants, and its “principal economic activities include farming, factory work, and construction”.

Back to the images: the first shows a view along the paved highway. Cars drive by– three are visible– but our focus is on two young men in a cart. The caption describes them as riding to work “in a typical carriage pulled by oxen”.

Now, “typical” usually implies “normal”: what most people might use. Ox carts, though, are actually more used for specific kinds of work than as the typical form of transportation, even in the really remote rural areas I have worked in. As early as 1955 a US news article characterized Honduras as having moved directly from ox carts to airplanes, making this an especially durable image of primitiveness applied to the country.

The second photo in the sequence shows the same two young men and describes them as working “to extract dirt from the bank of a river, which they will later sell”.

So far as I know, there is no market in Honduras for dirt (as such). It is possible that these two young men were digging clay, a principal material for building adobe houses that still form an important part of the housing stock in Comayagua.

Villa San Antonio’s mayor made news last year asking for funding to pave the town’s streets, noting that it also needed potable water. It is exactly the kind of place where adobe houses still are the most practical option for people.

So yes, Villa San Antonio is rural, if by rural you mean: poor.

But not rural as in remote, removed from urbanization. In fact, the mayor went on to talk about the need to plan for infrastructure impacts when the military air base at Palmerola is finally rebuilt as a civilian airport. Because Palmerola (Soto Cano Airbase) is in the Villa de San Antonio.

And Villa San Antonio and the other places featured in Comayagua are not particularly central to the story of Honduran migration, anyway.

News coverage today in La Prensa today says that 52,000 deportees were returned in 2012, about 32,000 from the US.

According to authorities quoted, they came primarily came from the departments of Cortés (where San Pedro Sula is located), Francisco Morazán (where Tegucigalpa is located), Yoro and Choluteca– the last two actually rural.  No mention of Comayagua as a leading source of Honduran would-be emigrants to the US.

Of course, this isn’t really a story about Honduras. Instead, it offers another stereotype: the story of Central Americans trying to reach the US, forced by Mexican drug lords to pack drugs into the US.

The narrative on immigration is just as incoherent as its representation of Comayagua. Admitting that the total of intercepted would-be undocumented immigrants at the Mexico border is at its lowest point in 40 years– since the 1970s– the article seizes on the fact that a higher proportion of those still trying to enter the US are from Central America.

For Hondurans, we are told, the immigration reform bill “has nothing to offer”.

That’s convenient: immigration reform offers nothing for Central Americans, who are coming in a “surge of unlawful newcomers”, “an exodus”.

Of course, it is both a small surge and an unsuccessful exodus: of an estimated 80,000 to 100,000 Hondurans trying to make it to the US in a year, we are told, more than 50,000 are deported from the US– and what cannot be estimated is how many turned back before crossing the border.

There are real issues that could have been covered here. The portrayal of Honduran immigrants as semi-willing drug mules ignores a horrific and well documented recent history of hopeful immigrants being kidnapped by Mexican criminals and held for ransom, raped, even killed.

The Post could have followed the lead of Columbia University’s Katy Orlinsky, whose reporting details the risks Honduran immigrants experience riding the Mexican rails. She documents the bias Central Americans face Mexico, where (as in the US) they are viewed as likely gang members.

Most of all, she presents these people in full humanity, wanting to “show Americans what they go through to make it to the other side” She wrote:

I worked to capture their feelings of hope and uncertainty, fear and anticipation… of the young people I met in the rail yards were brave and generous. They took care of one another. People shared food; they took turns keeping watch. They felt safe with one another.

The Post could have done something similar; the last ten photos in their essay actually tell that story, if they had been explained.

They start with images of Hondurans crossing the border with Guatemala at Corinto, on the northern coast, supposedly starting for the US. Next comes an image of a bus full of Hondurans deported from the US, at the old airport of San Pedro Sula. The two ends of the journey.

The images that follow mix two centers to support returning migrants, one at the border crossing at  Corinto, the other at the San Pedro airport.

Honduran press describes the center at Corinto in 2012 as intended to serve Hondurans deported from Mexico. Funded initially by the Red Cross, the Centro de Atención a Personas Migrantes responds to the medical needs of these Hondurans– needs caused by the conditions that Orlinsky wrote about. The mission is one of serving people who have suffered.

The second center featured, Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), is one of two located at the major Honduran airports. It is supported by the Catholic Missionary Brothers of San Carlos Borromeo, along with the Honduran government and an international NGO, the International Organization for Migration. Its mission, too, is to serve:

To assist those vulnerable Hondurans who return to the country, through actions directed to attend to their immediate needs and to promote their social adaptation and integration.

Vulnerable Hondurans.

This is the real story of Hondurans attempting to make it to the US: danger, risk, and need. Not as sexy as drug running, of course.

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