Archivos para 3/08/13

Cerca de 30,000 reservistas ayudarán a la policía militar

              Sábado 03 de agosto de 2013
                           09:14 pm                            – Redacción 

La iniciativa será socializada en los 18 departamentos de Honduras por una comisión del Congreso Nacional.

 

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La Asociación de Reservistas tiene representantes en todos los departamentos de Honduras.

La Asociación de Reservistas tiene representantes en todos los departamentos de Honduras. (Redacción)
                                    Tegucigalpa,Honduras

La propuesta de ley para la creación de la policía militar de orden público  será socializada en todo el país antes de someterla a la aprobación del Congreso Nacional, aseguró la vicepresidenta del CN, Lena Gutiérrez.

Al igual que se hizo con otras leyes como la de Educación y la de Telecomunicaciones, la ley de la policía militar será expuesta en diferentes regiones antes de emitir un dictamen, dijo Gutiérrez.

La iniciativa del expresidente del Legislativo y candidato del Partido Nacional, Juan Hernández, fue introducida al plenario legislativo la semana que recién concluyó por el secretario del CN, Rigoberto Chang Castillo, y turnada a una comisión de dictamen que preside el diputado nacionalista Daniel Flores.

La comisión se encargará de visitar los 18 departamentos de Honduras para preguntar a los hondureños si quieren que los militares estén en las calles dando seguridad o permanezcan en los batallones.

Gutiérrez afirmó que el Congreso se tomará el tiempo que sea necesario para la socialización de esta ley, dada la importancia que significa crear otra unidad dentro de las Fuerzas Armadas.

Es cierto que urge tomar acciones en este sentido, pero ya que se trata de un asunto muy particular que tiene que ver con las Fuerzas Armadas es necesario consultar con la población y con todos los sectores, indicó Gutiérrez.

30,000 reservistas

El proyecto de decreto autoriza a la institución armada incrementar en un número de cinco mil los efectivos militares, además plantea la idea de que los reservistas de reciente salida de las Fuerzas Armadas sirvan como colaboradores.

Según el proyectista, Juan Hernández, unos 30,000 reservistas serán incorporados a este proyecto.

La propuesta de ley establece que los efectivos de las Fuerzas Armadas en condición de reserva podrán formar parte de la policía militar del orden público  actuando como enlace con las comunidades o realizando tareas específicas que les sean asignadas.

Salarios y bonos

Los efectivos de las Fuerzas Armadas que integren la policía militar del orden público percibirán el salario asignado en cada uno de sus grados y cargos que desempeñan más una bonificación del cien por ciento de su salario base y un incentivo por buen desempeño del veinte por ciento del salario base mensual mientras se desempeñen en la unidad.

El salario de los efectivos militares en reserva que presten servicios a la unidad, así como sus bonificaciones o incentivos, será determinado por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dice el proyecto.

Añade que los efectivos miembros de la policía militar del orden público, durante su permanencia en la unidad, gozarán de un seguro de gastos médicos con cobertura familiar.

Las bonificaciones, incentivos y seguros a los que se refiere el proyecto de ley estarán a cargo de los fondos contenidos en el Decreto Legislativo 199-2011, así como el equipamiento necesario, previa presentación de requerimientos logísticos por parte de la Secretaría de Defensa.

Las actividades de socialización comenzarán este martes en que la comisión especial se reunirá para elaborar un calendario de visitas a las distintas regiones donde se reunirán con los representantes de diversos sectores sociales.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Cerca-de-30-000-reservistas-ayudaran-a-la-policia-militar

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Presidente de Honduras ordena militarizar PN

              Sábado 03 de agosto de 2013
                           02:07 pm                            – Redacción 

Porfirio Lobo pidió de forma expresa al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, tratar la problemática del sistema penitenciario nacional en su próxima reunión, fijada para el lunes 5 de agosto.

 

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                                    Tegucigalpa,Honduras

El presidente Porfirio Lobo ordenó este sábado la militarización de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, al norte de la capital de Honduras, tras la revuelta entre pandilleros que dejó tres muertos y siete heridos, entre ellos dos custodios de la prisión.

“Se ha instruido a las Fuerzas Armadas de Honduras tener presencia inmediata en la Penitenciaría Nacional para dar respaldo a las autoridades encargadas de ese centro”, indicó la Presidencia en un comunicado hecho público alrededor del mediodía por el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Bonilla.

Lobo pidió de forma expresa al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, tratar la problemática del sistema penitenciario nacional en su próxima reunión, fijada para el lunes 5 de agosto.

A raíz de los últimos acontecimientos suscitados en los diferentes centros penitenciarios y “con la intención de terminar con lo que ha sido el reinado de la delincuencia que desde su interior ha hecho mucho daño a la población”, el mandatario urgió al consejo buscar una solución integral al problema.

En el escrito, pide a cada miembro del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad presentar “los aportes que ha preparado para darle solución integral a esta problemática y así terminar con el reinado delincuencial antes mencionado”.

El mandatario reconoce que “a pesar de los desarmes y medidas de seguridad tomadas”, la situación en las cárceles de Honduras es “inaceptable”.

Lobo recibió ayer de una misión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un informe en el califica al sistema penitenciario de Honduras como “corrupto”.

Señala que “la administración y gobierno de las cárceles, y los propios reclusos o las propias bandas criminales, solamente se pueden generar corrupción, violencia e impunidad”, señaló Rigoberto Escobar, jefe de la delegación que visitó los centros penitenciarios del país.

El documento, entregado al Poder Ejecutivo en un acto oficial celebrado en Casa de Gobierno, establece recomendaciones “orientadas a superar la crítica situación penitenciaria del país” y “retomar el control interno de todos los establecimientos penitenciarios”

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Presidente-de-Honduras-ordena-militarizar-PN

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Próximo 11 de agosto estará listo el censo electoral

03 Agosto 2013, 09:54
Tegucigalpa – El director electoral del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Romero, informó que se trabaja intensamente en la depuración del censo nacional electoral a fin de que esté listo el próximo 11 de agosto.

“Estará listo para iniciar su elaboración y entrega de forma electrónica a los partidos políticos que van a participar en el proceso electoral”, aseveró.

Añadió que en su elaboración, el censo va a contener el archivo de defunciones, militares en alta en las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado así como todos los interdictos, información que es remitida constantemente a través de las instituciones correspondientes.

Actualmente se realiza el proceso de verificación de actualización de domicilios en varias zonas del país y mientras se actualiza el censo electoral, los aspirantes a cargos de elección popular buscan atraer el voto mediante la ejecución de obras.

Ese es el caso del actual regidor de la alcaldía capitalina, Carlos Andino Benítez quien nuevamente se postula como aspirante a la municipalidad del Distrito Central por el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH).

Benítez considera que en el censo debe incluirse a los militares. “Aquí tiene que establecerse un procedimiento especial porque las Fuerzas Armadas y la Policía están integradas por ciudadanos hondureños y solamente el que está preso está proscrito y no tiene derecho a ejercer su voluntad; yo fui coronel del Ejército y siempre resentí el no tener la oportunidad de expresar mi deseo”, argumentó.

Entretanto, Romero manifestó que “nosotros mientras no tengamos una información legal, no podemos procesar lo que ha solicitado el partido Alianza Patriótica, continuamos trabajando en base a la ley estamos en la elaboración del censo definitivo que va a soportar las elecciones generales de noviembre próximo”.

Son cinco millones 252 mil 665 hondureños los que podrán votar en las elecciones generales de noviembre, de acuerdo al Censo Nacional Electoral Definitivo (CNED) entregado en mayo pasado al Registro Nacional de las Personas (RNP) por el TSE.

El documento, presentado a las autoridades del RNP, incluye entre los más de cinco millones de ciudadanos de Honduras habilitados para ejercer el sufragio, 114 mil 552 hondureños más que en 2012, mientras los inhabilitados suman 37 mil 443 y las defunciones, 88 mil 773.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/08/03/Pol%C3%ADtica/Pr.C.B/72820.html

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La secreta lista de las extradiciones imposibles en Honduras

03 Agosto 2013, 00:29
Tegucigalpa – En Honduras extraditar capos ligados al crimen organizado, narcotráfico y terrorismo parece ser una lejana quimera. Pese a las reformas y disposiciones transitorias creadas para agilizar los procesos, la medida es distante y aunque los protagonistas oficiales dicen poseer una lista de extraditables, el inicio de cualquier acción en ese sentido se ve cada vez más remota.
– La CSJ sólo comenzará los procesos de extradición hasta que se certifique una total estructura de seguridad para los jueces y magistrados que conocerán los casos, dijo una fuente judicial.
– “El proceso de extradición ha funcionado en muchos países… pero es una decisión del gobierno de Honduras”, expresó la embajadora Kubiske.
– El presidenciable liberal Mauricio Villeda dice que la lista de extraditables está en la Corte Suprema y en la Cancillería hondureña.
Aunque desde el pasado 13 de junio finalmente se publicó en el diario oficial Gaceta el instructivo que detalla el procedimiento para extraditar hondureños, a casi dos meses aún no se ha comenzado trámite alguno.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, le confió a Proceso Digital que la posición del presidente de ese poder del Estado, Jorge Rivera Avilés, es que hasta que se garantice toda la estructura de seguridad para los magistrados que van a conocer los casos, tanto como para sus familias, se estarían conociendo las solicitudes, pero antes de eso “no habrá acciones” en ese sentido, recalcó.
“Él (Rivera Avilés) está ejerciendo las coordinaciones con la Policía y con el Ejército. Hay enlaces de ambas instituciones en la Corte y con ellos se están haciendo las gestiones necesarias”, relató Duarte.
Además, el portavoz de la Corte Suprema mencionó que a lo solicitado para comenzar a conocer los procesos de extradición hay que agregarle la gestión de seguridad para los jueces dado las situaciones de los últimos días, así como el caso de solicitudes específicas de altos togados de sentencia como los de Olancho, en relación al riesgo que corren por el conocimiento de procesos.
Kubiske: Depende del gobierno de Honduras
Al referirse al tema de las extradiciones de hondureños, la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiske, recordó, en declaraciones a periodistas, que Honduras tiene un tratado bilateral hace décadas y que recientemente se aprobó el auto acordado en cuanto a los procesos a seguir. “Según lo que entiendo es que no hay impedimento en este momento para la extradición, pero esa es una decisión del gobierno de Honduras”, apuntó la diplomática.
Kubiske explicó que la figura de la extradición ha funcionado en otras latitudes. “Colombia la usó, República Dominicana y muchos otros países, donde incluso el sistema judicial no está tan fuerte. Nosotros hacemos muchas extradiciones dentro de los Estados Unidos y de países de Europa”, refirió.
Sin embargo, señaló que no existen listas específicas de posibles extraditables en Honduras. “Colaboramos con el gobierno (Honduras) para investigar los casos y cuando haya listos casos, puede haber (extradición)”, manifestó.
Tras ser consultada si hay hondureños involucrados en delitos de narcotráfico y pedidos en extradición, la embajadora estadounidense contestó: “Hay muchas personas involucradas, no quiero comentar sobre quienes…”.
Insistió que la extradición ha sido una herramienta sumamente útil en muchos países.
La diplomática norteamericana puntualizó que “el año pasado hubo la extradición de Mario Ponce de Guatemala, esperemos lo que pase este año”.
Inconformidad
Para el analista en temas de seguridad, Raúl Pineda Alvarado, en estos momentos existe un reclamo e inconformidad por parte del gobierno de Estados Unidos porque no se le ha dado curso a la extradición de ciudadanos hondureños.
“Hay un estancamiento contra el crimen organizado y la narcoactividad, desde la salida del fiscal (Luis) Rubí, no se ha producido alguna incautación, además se desmovilizó la Fiscalía de Privación de Dominio y esto ha generado desencanto en Estados Unidos que fue el principal promotor de la reforma constitucional para permitir la extradición de hondureños”, argumentó Pineda.
Seguidamente el analista enfatizó que “la lucha contra el crimen organizado debe pasar de ser un discurso, el gobierno de Estados Unidos y la ciudadanía reclaman hechos y no palabras”.
La lista
En tanto, el presidenciable liberal, Mauricio Villeda, dijo que tiene conocimiento que sí existe una lista de extraditables, la que está en la Corte Suprema de Justicia, así como en la Cancillería hondureña.
Villeda demandó acciones prontas por parte de los operadores de justicia para proceder a extraditar a hondureños que tienen cuentas pendientes con otros países. “Eso hay que moverlo y no debe estar engavetado”, exteriorizó.
Y mientras, actores primarios y secundarios en el tema de la extradición de hondureños mantienen el dedo sobre la herida, el referido proceso se ve muy distante y cada día enfrenta nuevas trabas.
# Escuchar declaraciones de Melvin Duarte brindadas a Proceso Digital  https://www.youtube.com/watch?v=G2kDTC-tCdA&feature=player_embedded

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HONDURAS: ROBAN EN SEDE DEL PARTIDO LIBRE EN LA CEIBA

sábado, 3 de agosto de 2013

 La Ceiba, Atlántida viernes 2 de agosto 2013- 10:54 pm / En  horas de la madrugada del día de hoy, ladrones aprovechando que el inmueble crece de vigilancia, pues no hay cama pa’tanta gente, se metieron por el techo de la sede del Partido LIBRE, ubicada en el barrio El Centro, calle 10, entre la avenida San Isidro frente a la Cooperativa Ceibeña Limitada.

 
El robo a todas luces fue premeditado, ya que solo se llevaron la computadora; no así un televisor a colores, abanicos, una bicicleta y otros objetos que se mantienen allí. La única intención que puede tener el mismo, es el acceso a la base de datos del Partido LIBRE, quien visto desde el ángulo que se le quiera observar, es el próximo ganador en las elecciones el 24 de noviembre, con doña Xiomara a la cabeza.

Ada Licia Woods Turcios, encargada de la sede brindando declaraciones del estado en que encontró el inmueble, aduciendo que esto, solo son manotadas de ahogados, pues ya se van y sin boleto de regreso.
Techos y llavines destruidos, solo para llevarse la computadora
Periodistas del noticiero ceibeño Canal 39, constatando los destrozos ocasionados solo para llevarse la computadora.

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Dirigente campesina de ADEPZA, junto a 18 familiares, optan por la Cárcel del exilio tras intensificarse la problemática de tierra en Las comunidades de Zacate Grande

sábado, 3 de agosto de 2013

Fuente: Radio La voz de Zacate Grande 97.01FM 
¡El derecho a defender derechos!
Desde siempre hemos tenido el derecho a reivindicar nuestra dignidad, no obstante desde 1998 la Organización de las naciones unidas lo reconoce como un derecho y desde 1999 la Organización de estado americano (OEA) también lo suma entre sus artículos. Este reconocimiento obliga a los estados a proteger los derechos fundamentales (Derechos Humanos) y a las Personas que los promueven y defienden, las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
El pasado martes 30 de julio, el panorama empeoro en las comunidades de Zacate grande, cuando se le atribuyera la muerte de perfecto Hernández a Samuel Rubio.
 con la intención de buscar venganza por su propia mano, Familiares del Fallecido tras la indignación de ver su familiar muerto, optan por tomar venganza, Llegaron con insultos y disparos hasta la casa de habitación de Victorina Bonilla, esposa del acusado y miembra de  la dirección de ADEPZA. Poniendo en riesgo la vida de ella, su padre y sus hijas; por lo cual  tuvo que abandonar su hogar inmediatamente, hastaencontrar la forma de salir de la comunidad.
Las consecuencias del deterioro del tejido comunitario, provocado  por los agentes del poder económico en la península.  Han llegado a forzar exilio de una familia.  Este el caso de la compañera Victorina Bonilla, la cual desde sus capacidades como dirigenta comunitaria y Vice presidenta de ADEPZA, promovía e impulsaba la lucha por la defensa del territorio el cual reconocemos como un derecho humano.
Durante la entrevista tomada a Victorina Bonilla,  el día jueves primero de agosto, en vivo a través de la radio La voz de zacate Grande 97.01FM a la 1:30 pm nos comentaba:
-¿Cuáles han sido las consecuencias  que tiene  que pasar actualmente, junto a su familia, por ser una dirigenta que ha emprendido una lucha desde hace 13 años por la recuperación y titulación de tierras  en Zacate Grande?”
  “Buenas tardes, Habla la compañera tollina.-  las consecuencias es dejar mi hogar solo.- he tenido que dejar mi hogar solo y traerme mis hijas, es por el motivo que llegaron a hacerme una balacera a mi casa, sentí temor porque mis compañeros me decían que “a saber que podrían hacer más noche” y aunque me duela mucho dejar mis cosas votadas, mis animalitos, mi maíz en milpa todo regado, y me duele también por nuestra lucha que llevamos en la comunidad de los Huatales y Zacate Grande.- amo bastante a Zacate Grande, amo la gente de Zacate Grande, los que estén con migo les doy las gracias.- este es un gran sacrificio para mí, pero aunque sea un gran sacrificio yo sigo amando a la gente de Zacate Grande.- y  compañeros!  lo único que yo pido, que me cuiden a don ANASTACIO BONILLA  que es mi padre, el también por esta causa que ha pasado,  dicen que él es el culpable…  El cual no tiene culpa absolutamente en nada, él está amenazado de muerte, dicen que con él se van a desquitar, y yo lo siento mucho, me duele en mi corazón que mi padre vaya morir y que yo no voy a estar presente con él, pero si salgo de mi casa es por el amor a mis hijas, yo las adoro mucho, aun! Yo ya estoy de edad, pero tengo que ver adelante, no tengo que regresar atrás, por nuestras hijas que tengo. Es mi futuro es mi orgullo, mi padre también.-  Les pido a mi Asociación, que si tienen voluntad así como ellos me han apoyado, en las buenas y en las malas, que también se lo brinden a mi padre, porque para eso somos las instituciones, PARA AYUDARNOS UNOS A OTROS!!
 Yo les ínsito a los grupos campesinos que miren lo que nos está pasando por nuestras luchas que tenemos.. Y AUN!! Así les suplico que no desmallemos por que las tierras son nuestras, y este caso que nos ha pasado es por nuestras tierras también, por el motivo que la persona que falleció (Perfecto Hernández), nos tenía amenazados de muerte., me tenía amenazada de muerte a mí, a mi compañero, mi padre y a varias personas de la comunidad (Los Huatales) él estaba amenazando a todo mundo, y la comunidad ya estaba humillada por  él.
 Entonces yo les quiero pedir por favor, a los grupos campesinos, que porque me haya pasado esta situación a mí, que no desmallen, que no dejemos que los ricos entren a nuestras tierras son nuestras de nosotros! Principal Los Huatales que yo no estoy presente, que no solo por eso vayan a desmallar, yo les pido que sigan adelante, que sigan luchando por nuestras tierras, ¿porque a donde vamos a ir a vivir?, ¿de dónde vamos a comer si nos quitan las tierras?
Y con esta persona que ya se está metiendo a las tierras, no le tengan temor!! No tengan temor!!  Que yo sigo aquí adelante, aunque me ande sacrificando, pero que sea para eso, para mantener nuestras tierras, yo les pido por favor, que sigan adelante, todas las organizaciones que nos acompañan que sigan adelante, no desmallen por favor.. Playa Blanca… que siga adelante Playa Blanca, que esos viejos ricos que están a su alrededor tienen TAMBIEN van a caer al igual que los muros que hoy los desalojan.”
 Como Organización inmediatamente nos comunicamos con las abogadas, estas coordinaron con la policía de San Lorenzo para poder sacar a dos familias de la comunidad, las cuales se encuentran en un eminente riesgo.- la policía llego pasada de la una de la tarde, aunque se les avía solicitado la mañana, pero a pesar de todo fue necesaria la presencia policial de las dos patrullas, para lograr sacar las dos familias sin correr el riesgo que la situación siga empeorando.
Hacemos un llamado nacional e internacional a los Defensores y organizaciones de los Derechos Humanos para promover e involucrarnos de forma activa  para defender el derecho a la tierra  de los campesinos. Ya que nos encontramos en un grado de inmunidad ante los apresamientos,  muertes, exilios y destierros que sufren los y las campesinas debido a las estrategias  de  los poderosos.
Como Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) estamos siendo sometidos a presiones muy fuertes por la lucha que libramos en defensa de nuestro territorio; últimamente estos hechos sin precedente que deja un saldo de una persona muerta, dos familias desplazadas y un ambiente tenso y lleno de zozobra.  Es un momento muy delicado para ADEPZA.
 Ha pasado ya el tiempo en que la guerra de los poderosos  habló, no dejemos que hable más.

Es ya el tiempo de que hable la paz, la que merecemos y necesitamos todos, la paz con justicia y dignidad.
(((((97.01 FM La voz que nace para informar al pueblo!!))))

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This American Life Whitewashes US Crimes in Central America, Wins Peabody Award

    Saturday, 03 August 2013 02:17   By Keane Bhatt, North American Congress on Latin America | News Analysis

 

Ira Glass.Ira Glass. (Photo: Claire Asher / Flickr)Celebrating 2012’s best examples of broadcast journalism, the George Foster Peabody Awards attracted the likes of D.L. Hughley, Amy Poehler and Bryant Gumbel to the Waldorf-Astoria’s four-story grand ballroom in New York this past May. In a gaudy ceremony hosted by CBS star-anchor Scott Pelley, National Public Radio’s This American Life received the industry’s oldest and perhaps most prestigious accolade. The 16-member Peabody Board, consisting of “television critics, industry practitioners and experts in culture and the arts,” had selected a particular This American Life episode—“What Happened at Dos Erres”—as one of the winners of its 72nd annual awards on the basis of “only one criterion: excellence.”

This American Life’s host Ira Glass had once conceived of the weekly show, which reaches 1.8 million listeners each episode, as an experiment to do “the most idealistic, wide-eyed things that can do…to provide a perspective on this country that you couldn’t get elsewhere.” As is typical for the program, Glass weaved personal narratives and anecdotes together with broader context in “What Happened at Dos Erres,” which focused on a 1982 massacre of 250 Guatemalan civilians at the hands of their government’s elite military commandos—the Kaibiles.

But in his hour-long treatment of a savage period of Guatemalan history, Glass and his producers edited out essential lines of inquiry and concealed a key aspect of the bloodshed and its import for U.S. listeners: Washington’s continuous support of Guatemalan security forces—including the Kaibiles at Dos Erres—as they killed tens of thousands of largely indigenous civilians­ in 1982 alone. Moreover, by distorting the historical record, Glass performed an impressive feat of propaganda—he sensitively related Guatemalan victims’ harrowing personal stories while implying that the only fault of the United States was that it had simply not done enough to help them.

Ironically, “What Happened at Dos Erres” accomplished Glass’s longstanding goal of providing a perspective on the United States “that you couldn’t get elsewhere.” One would be hard-pressed to encounter another contemporary mainstream account of that period so thoroughly sanitized of Washington’s involvement in crimes against humanity.

During his brief 17-month rule from 1982-83, Guatemalan military dictator Efraín Rios Montt escalated to its grim apogee the state terror regularly employed during a decades-long attack on leftist insurgents, suspected sympathizers, and Mayan communities. This American Life correctly described the directives of the Army High Command’s scorched-earth campaign, in which soldiers burned farmland and homes, slaughtered animals, raped and mutilated women and children, and exterminated entire communities like the hamlet of Dos Erres. Glass concluded that state-led massacres “happened in over 600 villages” and added that an overall accounting of the larger conflict by “a truth commission found that the number of Guatemalans killed or disappeared by their own government was over 180,000.”

Glass did not mention, however, that the very same UN-sponsored truth commission also concluded in its 1999 report that the “government of the United States, through various agencies including the CIA, provided direct and indirect support for some state operations” involved in atrocities like Dos Erres. (Both The Washington Post and PBS reported this particular finding at the time.)

 

Notwithstanding This American Life’s omission, the extent of U.S. criminality in Guatemala is astonishing, as is the abundance of publicly available evidence of it. Beginning with a Central Intelligence Agency-organized coup that overthrew Guatemala’s reformist democrat, President Jacobo Arbenz, in 1954, the United States played a dominant and closely documented role in the horrors that ripped the country apart over 40 years, throughout a long chain of dictatorships.

Between 1956-61, for example, the United States trained over 600 Guatemalan military officers either on U.S. soil or within the U.S.-controlled Panama Canal Zone. By 1963, U.S. advisors were providing expertise in domestic surveillance and crowd control, while Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs Edwin Martin, in an internal document, lauded the “encouraging progress toward [the] establishment of an effective counter-subversive intelligence apparatus.”

With the help of security adviser John Longan of the U.S. Agency for International Development’s Office of Public Safety, that apparatus developed into Operación Limpieza. New York University historian and Guatemala expert Greg Grandin describes the program, created in 1966, as a consolidation of “the operations of the police and military” that allowed them to “gather, analyze, and act on intelligence in a coordinated and rapid manner” with the aid of “state-of-the-art telecommunications and surveillance equipment.” Among its first successes were the tortures and murders of dozens of leftist leaders over a three-day period in March 1966—Operación Limpieza quickly became, according to Grandin, the “cornerstone” of Guatemala’s state repression.

In September of that year, the U.S. embassy hailed Operación Limpieza’s head, Colonel Rafael Arriaga Bosque, as one of Guatemala’s “most effective and enlightened leaders”; by October 1966, he would help carry out the country’s first scorched-earth campaign, massacring eight thousand. U.S. planners were fully aware of the consequences of their ongoing assistance: in a 1968 State Department memo, Longan frankly conceded that Guatemalan security forces “will be continued to be used, as in the past, not so much as protectors of the nation against communist enslavement, but as the oligarchy’s oppressors of legitimate social change.”

Successive U.S. presidents avoided publicly labeling Guatemala a gross violator of human rights for fear that “it would be too difficult to clear a country of such a label once given,” thereby jeopardizing the resumption of military aid, according to State Department officials cited in a 1986 U.S. General Accounting Office report. Nevertheless, under Jimmy Carter’s presidency in 1977, Congress enacted a ban on military assistance to Guatemala. The legislation allowed for a loophole, however: it “did not prevent government arms deliveries previously under contract or commercial export of munitions,” the GAO found.

“While the Carter Administration at least implicitly recognized that Guatemala was a gross human rights violator,” wrote Tanya Broder and Bernard D. Lambek in the Yale Journal of International Law in 1988, “President Reagan’s desire to supply the Guatemalan military [with arms and training]” dealt a coup de grâce to any efficacy of Congressional prohibitions.

By 1982, U.S.-allied proxies such as Israel and Taiwan were tasked with arming Guatemala’s counterinsurgency forces, successfully circumventing U.S. restrictions. The CIA under Reagan also provided regular payments to top Guatemalan military leaders, and the administration illegally deployed advisers to teach Guatemalan cadets “anything our Army has,” according to Green Beret Jesse Garcia, who had arrived in the country months before the Dos Erres massacre. As reported by investigative journalist Allan Nairn, this included “ambushes, surveillance, combat arms, artillery, armor, patrolling, demolition and helicopter assault tactics.” Quoting Garcia, Nairn wrote that the United States provided expertise in “how to destroy towns.”*

 

On the evening of December 4, 1982, just two days before the Guatemalan Kaibil commandos would initiate their Dos Erres operation, Reagan addressed reporters at an Air Force base in Honduras regarding a “useful exchange of ideas” he had just had with Rios Montt. “I know that President Rios Montt is a man of great personal integrity and commitment. I know he wants to improve the quality of life for all Guatemalans and to promote social justice,” he declared. “The United States is committed to support his efforts to restore democracy,” he said in reference to the coup perpetrator, and “my administration will do all it can to support his progressive efforts.”

In a question-and-answer period, Reagan also dismissed accusations of human rights violations committed by Rios Montt and his military: “Frankly I’m inclined to believe they’ve been getting a bum rap,” he protested. It has long since been clear that with these kinds of comments, the Reagan administration was deliberately obscuring Guatemala’s record of atrocities.

After all, following his 1980 election, two retired military leaders involved in his campaign reportedly told the Guatemalan military that “Mr. Reagan recognizes that a good deal of dirty work has to be done.” According to national-security documents unearthed by investigative journalist Robert Parry at the Reagan Library, the United States knew of Guatemala’s longstanding efforts to annihilate leftists’ “civilian support mechanisms.” And nine days before Reagan downplayed allegations of Rios Montt’s criminality for journalists, a State Department report noted, “our Embassy recently informed us of a new, apparently well-founded allegation of a large-scale killing of Indian men, women and children in a remote area by the Guatemalan Army.”

 

Given Reagan and Rios Montt’s close collaboration, along with a Guatemalan judge’s finding of “sufficient evidence tying Rios Montt to the Las Dos Erres massacre,” it seemed obvious that This American Life would touch upon Reagan’s culpability in the course of an hour-long episode dedicated to the atrocity. Indeed, Glass appeared to indicate a willingness to do so, when early in the program he boasted:

OK, before we dive into this story, just a quick history review. Now, I myself was the kind of insufferable, politically correct person who was obsessed with Latin America back in the 1980s. I called Nicaragua “Neek-ar-ah-wah,” and actually went to Nicaragua for a month during the fifth anniversary of the Sandinista revolution. I traveled in Guatemala during the civil war. You, however, might be what we call a normal person and didn’t do any of that.

 

Yet Glass’s history review for “normal people” completely excluded U.S. involvement in violations of international humanitarian law, despite the on-air appearance of researcher Kate Doyle of the National Security Archives, who specializes in declassified U.S. documents. He introduced her early in the episode and focused on an inane line of questioning regarding her personal “list of the ranking of most f’ed up countries” in Central America. As she related to me by phone, the program scrapped much of the rest of her in-studio discussion, in which she highlighted Washington’s participation in atrocities.

In its zeal to avoid all mention of active U.S. assistance in Dos Erres, This American Life also excluded content from its own media partner, ProPublica, which published a written article that coincided with the radio program. ProPublica’s account highlighted the case of Kaibil sergeant Pedro Pimentel, sentenced in 2012 to 6,060 years in prison for his role in the atrocities. Directly after the operation, he was spirited away by helicopter from Dos Erres to the School of the Americas, the U.S. military’s infamous training center for Latin American security forces, where he went on to serve as an instructor. (The School of the Americas had trained Rios Montt in 1950, and would in 1985 train Guatemala’s current president Otto Pérez Molina, who, as a Kaibil field commander, likely committed atrocities himself.)

When asked about such omissions by email, Glass replied, “I certainly know that history,” and admitted that he had talked “to Kate Doyle about U.S. participation in Guatemala.” Nonetheless, he and his co-producers “decided not to get into that in the program simply because we felt like we were throwing a lot of facts and history at our listeners and were worried about how much people could absorb.” He added, “It was a judgment call. And maybe we made the wrong call.”

Retrospection aside, his answer was disingenuous. While it was true that the words “Reagan,” “Jacobo Arbenz,” “School of the Americas” or “CIA” were never uttered in the hour-long broadcast, Glass and his co-producers did not simply omit context. They went one step further, by affirmatively—and falsely—framing the U.S. government as a negligent bystander whose only sin was a reluctance to speak out.

He claimed in the episode, for example, that “Embassy officials heard lots of reports about the Army massacring whole villages throughout Guatemala, which they dismissed,” until, “at the urging of the State Department back in Washington,” they went to “see for themselves if the stories were true.” This American Life’s harshest indictment is that, despite years of repeated massacres after Dos Erres, “the U.S. knew about it but stood by.”

If Glass worried about inundating listeners with too many facts, I asked in a follow-up email, “why did you introduce the factual claim that ‘the U.S. knew about [the ongoing killings] but stood by?’” And how could this characterization possibly be reconciled with his previous email’s description of “U.S. participation” in war crimes?

Glass did not respond.

 

In October 2011, Barack Obama echoed Reagan’s soaring, mendacious, 30-year-old script for his Central American ally. Having invited Honduran President Porfirio Lobo to the White House, Obama thanked him for his “strong commitment to democracy and leadership.” Lobo’s “restoration of democratic practices and a commitment to reconciliation,” said Obama, gave him “great hope.” It would have been impolite, of course, to publicly acknowledge that Lobo had presided over state security forces, trained and financed with millions of U.S.-taxpayer dollars annually, that had killed and continue to kill Honduran civilians as a matter of routine.

Given This American Life’s conformity to official U.S. doctrine regarding Guatemala, it was to be expected that a subsequent half-hour segment on Honduras titled “Some Like It Dot,” which aired in early 2013, would in no way upset the official narrative set by President Obama. The episode predictably excluded crucial, if inconvenient, political context as it centered on the attempt to develop “charter cities” in Honduras—swaths of land to be ceded to international investors and developed into autonomous cities, with their own police forces, taxes, labor codes, trade rules, and legal systems.

Although the show dutifully included a warning by Princeton economist Angus Deaton, who described charter cities as a “reintroduction of colonialism,” This American Life nonetheless enthusiastically portrayed the messianic vision of University of Chicago-trained economist Paul Romer as an exciting solution to Honduran “corruption and chaos and violence.”

That very “corruption and chaos and violence,” This American Life failed to inform its listeners, exploded as a result of a 2009 coup d’etat against the country’s left-leaning, democratically elected leader, President Manuel Zelaya. Strong circumstantial evidence implicates the United States in his ouster. The early-morning plane that spirited the pajama-attired president and his family to Costa Rica, for example, stopped to refuel at the U.S. military base of Palmerola. U.S. officials also acknowledged that they were in discussions with the Honduran military (many of whose leaders were trained at the School of the Americas) up until the very day it deposed Zelaya.

What is known beyond any doubt is Washington’s vigorous efforts in 2009 to bolster the coup government of Roberto Micheletti, and to legitimize the repressive sham elections held under that regime. With the dubious transfer of power from Micheletti to Porfirio Lobo in 2010, the ultimate success of Zelaya’s removal was guaranteed. Unsurprisingly, neither the coup, its consequences, nor Washington’s involvement appeared in This American Life’s episode.

Other than Romer, the episode’s main protagonist was Lobo’s chief of staff, Octavio Sánchez. Besides being the leading Honduran advocate for charter cities, Sánchez was one of the most strident champions of the coup. Writing in The Christian Science Monitor just days after the elected president was removed from the country at gunpoint, Sánchez characterized the event as “nothing short of the triumph of the rule of law,” and urged readers not to “believe the coup myth.” This American Life could not be bothered to point out this fact, or Sánchez’s profound cynicism, preferring instead to describe him as the country’s idealistic “national dreamer.”

In his defense, Ira Glass wrote by email: “What interested our…reporters in that story was the relationship between Octavio Sanchez and Paul Romer, and what it said about the ability of outsiders to come into a country with a development scheme like Romer was suggesting.” Though he claimed his reporters “were well aware of the broader politics of Honduras,” This American Life wanted nothing to do with it. “I think another reporter could make a totally interesting and valid story going into more of the politics you’re talking about, but that simply wasn’t the focus of what we were doing.”

By coding the crux of the debate around charter cities as extraneous “politics,” Glass was able to evade it. But the fact remains: the imposition of “development schemes” by “outsiders” on Honduras would be considered impossible if the overthrow of its democratically elected leader and the resulting decimation of its sovereignty had not occurred.

In response to Glass’s attempt to narrowly circumscribe “the focus of what we were doing,” I raised another question: if Octavio Sánchez’s vigorous coup defense was too far afield from This American Life’s preferred subject matter, was it relevant to the show’s narrative that the most prominent Honduran opponent of charter cities, Antonio Trejo, was murdered in a death-squad-style assassination in September 2012?

Yet again, Glass remained silent.

 

In the 1980s, when U.S. officials were most viciously engaged in Central America’s political violence, they could rely on media outlets as their reliable partners. Journalist Allan Nairn noted in a 1999 interview with Fairness & Accuracy in Reporting that during the period of Guatemalan genocide, “the big corporate press in the U.S. was not covering the U.S. role at all”—it was “barely covering the fact that the mass killings were taking place.” So in addition to condemning the U.S. government, he concluded that “the press also has blood on its hands.”

This American Life’s “What Happened at Dos Erres” mimicked some of the most propagandistic media behaviors of the 1980s. Its producers prohibited even a single sentence from reaching millions of U.S. listeners regarding the murderous policies of their own elected officials, executed with their tax dollars and in their name. It also bolstered the specious intellectual framework for greater U.S. intervention throughout the world on “humanitarian” grounds, by inventing the historical figment that the United States “stood by” in the face of Guatemalan violence. Months later, with remarkable continuity, This American Life concealed for U.S. listeners their relationship to the seemingly far-flung and senseless violence of Honduras.

This American Life’s journalistic misconduct is manifold: First, Ira Glass unreservedly acknowledged that both he and his co-producers were fully aware of the politics of both Guatemala and Honduras. Second, he clearly stated that they deliberately chose to omit them for their U.S. audience (and in the case of Guatemala, they disseminated a pure fabrication). Third, their motivation for suppressing the U.S. government’s hand in the barbarity of the two countries stems from either a disdain for their listeners—Glass condescendingly “worried about how much [history and facts] people could absorb”—or from their willingness to perpetuate Washington’s flattering self-image.

Whatever This American Life’s rationale may be, its two episodes on Central America prove that Glass’s earlier aspiration to do “the most idealistic, wide-eyed things that journalism can do” has been extinguished. Given the generalized dishonesty of the U.S. media and intellectual class, it’s no surprise that Peabody’s “experts in culture and the arts” rewarded the show for its excellence. But this accolade should not distract anyone from the reality that This American Life’s compelling storytelling can in no way be confused with ethical journalism.

* Allan Nairn, “Despite Ban, U.S. Captain Trains Guatemalan Military,” Washington Post, October 21, 1982, page 1

Update (7/29): I spoke with the media watch group Fairness & Accuracy in Reporting on its weekly radio program CounterSpin about This American Life‘s coverage of Central America. My segment can be listened to here. Our conversation touched upon the excellent work of Kevin Young in the latest NACLA Report on the Americas. His piece, “Washing U.S. Hands of the Dirty Wars: News Coverage Erases Washington’s Role in State Terror,” contextualizes the broader trends of the establishment media: The New York Times, The Washington Post, and National Public Radio reported on U.S. support for Latin American dictatorships in only 6% of their coverage from 2008-2013.

This piece was reprinted by Truthout with permission or license. It may not be reproduced in any form without permission or license from the source.

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“Tigre” Bonilla: En la fuerza hay muchos policías héroes

30 agosto, 2013   –   2:55 AM

El director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, aseguró que conoció personalmente al agente Arita, quien fue ejemplo a sus compañeros y donde estaba realizaba una labor loable.

Refirió que “en Honduras hay muchos casos de policías que ofrendan su vida en el cumplimiento de la ley, y a veces es injusto cuando hay policías de alta moral y no se les reconoce esos méritos y la labor que realizan en la sociedad”.

“Eso debe resaltarse en todos los sentidos, tanto por la oficialidad, también como por organizaciones de derechos humanos, sino que en algunos casos se dedican a difamar las instituciones”.

Muchos son los policías que cumplen a cabalidad su deber y respetan la ley y hasta ofrendan sus vidas.

Muchos son los policías que cumplen a cabalidad su deber y respetan la ley y hasta ofrendan sus vidas.

Bonilla destacó la labor del Comisionado Nacional de Derechos Humanos porque han aportado bastante en el fortalecimiento de la imagen de la Policía Nacional.

El jefe policial dijo que “hay un alto porcentaje de policías comprometidos con la sociedad y la institución, con el Estado”, a la vez que manifestó que el lema de la Policía, “servir y proteger”, se mantendrá en el tiempo y el espacio.

El funcionario policial pidió a la sociedad hondureña que “respalden a la Policía, que la quieran y que ayuden, así como en el caso de Arita, que fue la sociedad quien avisó dónde estaban los que le dieron muerte”.

Manifestó además que la Policía no declinará hasta brindar total seguridad a la ciudadanía hondureña.

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla

Bonilla recordó a Arita como un agente comprometido con su función, con su trabajo y con la sociedad y siempre estaba al servicio de quien los solicitara. “Hay muchos en el país que se desempeñan con honradez, apegados a la ley y en defensa de la sociedad, tal es el caso de Arita que al momento de su muerte ayudaba a una señora de edad a cruzar la calle y después requirió a dos hombres que violaban la ley al andar dos en una motocicleta”.

Recordó que “lo pude observar, lo conocí (a Arita), pude verlo en varias dependencias que desempeñó, lo hizo de una forma loable, como lo demostró al momento de su muerte”.

Según las estadísticas, en el 2011 se registraron 62 policías muertos y 79 en el 2012.

Se estima que 82 por ciento de las víctimas policiales son parte de la Policía

Preventiva y el restante de la secretaría de investigación y de la penitenciaria.

 

El pasajero de la moto se baja y dispara al policía. Ágilmente se agacha y repele el ataque.

El pasajero de la moto se baja y dispara al policía. Ágilmente se agacha y repele el ataque.

 

El policía se abalanza contra el delincuente, tratando de evitar que le vuelva a disparar.

El policía se abalanza contra el delincuente, tratando de evitar que le vuelva a disparar.

 

El agente lucha con el facineroso, mientras que su compinche lo observa atónito.

El agente lucha con el facineroso, mientras que su compinche lo observa atónito.

 

Lo somete y lo lanza al suelo y trata de quitarle el arma con el que le disparó.

Lo somete y lo lanza al suelo y trata de quitarle el arma con el que le disparó.

 

El compinche se aproxima para quitarle el arma al policía y ayudar a su cómplice.

El compinche se aproxima para quitarle el arma al policía y ayudar a su cómplice.

 

Los tres forcejean por el arma ante la mirada de los conductores.

Los tres forcejean por el arma ante la mirada de los conductores.

 

Uno de los facinerosos se hace del arma y sale corriendo, el policía no se rinde y lo persigue.

Uno de los facinerosos se hace del arma y sale corriendo, el policía no se rinde y lo persigue.

 

El agente se tropieza y cae, por lo que el delincuente le dispara en la cabeza; el hombre muere al instante.

El agente se tropieza y cae, por lo que el delincuente le dispara en la cabeza; el hombre muere al instante.

 

Los individuos suben a la moto y se disponen a huir de la escena del crimen.

Los individuos suben a la moto y se disponen a huir de la escena del crimen.

 

Verifican si el uniformado está muerto.

Verifican si el uniformado está muerto.

 

Los criminales huyen dejando el cadáver.

Los criminales huyen dejando el cadáver.

 

 

Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/08/30/tigre-bonilla-en-la-fuerza-hay-muchos-policias-heroes/

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