La Ley de Reconversión es un adefesio jurídico tramposo

Lo más reciente  31 julio, 2013   –   12:35 AM

El presidente de la Comisión Jurídica de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y especialista en Derecho Minero, Santos Gabino Carbajal, es del criterio que la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública, es un verdadero adefesio jurídico tramposo.

Santos Gabino Carbajal

Santos Gabino Carbajal

Según indicó, el decreto aprobado el 20 de julio por el Congreso Nacional, es incoherente y hasta el propio nombre que se le dio es una trampa, pues su redacción en lenguaje retórico se presta para la discrecionalidad e interpretaciones y usos interesados.

LA TRIBUNA entrevistó al reconocido abogado, quien expresó que definitivamente esta ley es inconstitucional y se contrapone a la Ley de Minería, Ley de Contratación del Estado, Ley de la Administración Pública y tratados internacionales en materia financiera, suscritos por Honduras.

LA TRIBUNA (LT): ¿Qué opina de la decisión del Presidente, Porfirio Lobo, de sancionar la Ley de Promoción de Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública?

Santos Gabino Carbajal (SGC): A nuestro juicio la riqueza que representan los recursos naturales de un país son posiblemente el eje y motor para el crecimiento económico, y quizá el más importante potencial para el desarrollo y para la reducción de la pobreza, de tal forma que si los recursos naturales, son un patrimonio de la humanidad y por tanto pertenecen al pueblo, quien los administra debe actuar, con el celo y la prudencia de un buen padre de familia, y todas sus ejecutorias deben ser adecuadas para evitar que se produzcan efectos económicos y sociales negativos.

En mi criterio, si el Presidente de la República, como administrador de los bienes del Estado, sanciona esta ley, estará cometiendo un atentado contra el futuro del país, porque esta ley promueve la venta e hipoteca de nuestros recursos y permite la apropiación de los ingresos que las finanzas públicas deben recibir en el futuro.

LT: ¿Esta Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública otorga al Estado y a los inversionistas, seguridad jurídica?

SGC: Definitivamente no, si se analiza en contexto toda la ley, encontramos que ni el Estado adquiere certeza jurídica, ni los supuestos inversionistas tienen seguridad jurídica, en primer lugar el Estado conforme a estas disposiciones pondrá los recursos naturales y los proyectos de infraestructura en un fideicomiso, en el cual el propio Estado es fiduciario, fideicomitente y fideicomisario, es decir titular, sedente y beneficiario de los productos de esos recursos, pero estos recursos son la garantía única de pago de los títulos de inversión y se declaran patrimonio autónomo del fideicomiso: Esto significa que en caso de conflicto, si se llegase a ejecutar la garantía, el Estado tendría que entregar al comprador de los títulos, los proyectos afectos al fideicomiso, esto tendría como resultado que Honduras podría quedar en manos de decenas de dueños privados.

En cuanto al adquirente de los títulos, no tiene seguridad jurídica, porque ni siquiera parte del fideicomiso, sino parte de una nueva figura denominada subfideicomiso, en donde los subfiduciarios son empresas y bancos privados, que son los que emitirán los títulos, los pondrán en el mercado y por medio de un comité técnico se encargarán de las contrataciones respectivas, y de seleccionar a los desarrolladores de los proyectos y otra cosa más grave aún, es que las garantías están constituidas por flujos financieros futuros proyectados por la explotación, la cual viene a ser un valor inexistente, para el caso en la minería, un flujo proyectado para el día de hoy, puede ser totalmente distinto para el día de mañana e imposible de calcular para varios años, porque no se consideran en esta ley las variables que determinan tales flujos financieros, que en minería son tres: Precio en el mercado, producción del mineral y ley del metal.

Estas tres variables son exógenas al Estado, al fideicomiso y empresario, lo cual significa que es difícil, casi imposible establecer o proyectar un flujo financiero real.

LT: ¿Choca la Ley de Conversión con la Ley de Minería?

SGC: Efectivamente esta ley es contradictoria con los principios y postulados que se establecieron en la Ley General de Minería, que entró en vigencia el 23 de abril del corriente año, porque la Ley General estableció los procedimientos, la clasificación, los controles ambientales, la forma de obtener legítimamente en derecho minero y determinó las obligaciones, los derechos de los propietarios del predio superficial y la participación ciudadana de los pobladores del lugar donde se va a desarrollar un proyecto de explotación y fundamentalmente estableció un régimen tributario especial para minería. Esta Ley de Reconversión al poner en venta títulos que afectan y garantizan directamente los proyectos mineros, deja sin aplicación real puesto que los impuestos y cánones se cobrarán por adelantado y la Ley de Minería establece pagos mensuales y anuales en porcentajes de pago de acuerdo a las exportaciones.

Lo cual determina que pueden ser un negocio para el actual gobierno, recibir una cantidad de dinero, pero muy mal negocio para el país, puesto que ni el Estado, ni las municipalidades ni INGEOMIN, recibirán valor alguno en concepto de cánones e impuestos, durante muchos años, esto se puede calificar como una trampa legal escondida, en este adefesio jurídico de difícil interpretación.

LT: ¿El ministro de Finanzas habló que a la hora de concesionar un activo fijo ocioso, la misma será regulada por la Ley de Minería?

SGC: Estas expresiones del señor ministro, me suenan más a distracciones que a realidades y a una falta de estudio de la Ley de Minería actual, porque conforme a la Ley de Minería un proyecto minero se realiza por etapas, la primera etapa es la prospección, lo segundo es la exploración y la tercera la explotación minera, además hay proyectos mineros que no son concesiones, cuando el ministro habla que se aplicará la Ley de Minería, no aclara cómo se cumplirán los requisitos legales frente al adquirente de títulos de inversión, cuya garantía y patrimonio autónomo es el mismo proyecto, que le ha sido entregado al adquirir los títulos y por tanto puede operar o desarrollar el proyecto que ya el Estado cedió, a un fideicomiso, el fideicomiso cedió, al subfideicomiso y el subfideicomiso ha contratado la colocación de los títulos de inversión correspondientes en un mercado libre y el subcomité ya determinó quién operará y desarrollará dicho activo.

LT: ¿Por qué diversos sectores consideran que a través de esta ley se está hipotecando el país?

SGC: En primer lugar. Debe considerarse que en el artículo No. 1 de la Ley de Reconversión, habla de constituir un programa de titularización de flujos financieros potenciales sobre activos ociosos del Estado, pero en un giro engañoso, el artículo No. 9 al constituir la garantía de pago de los títulos de inversión, habla de recursos naturales ociosos, esto significa que todos los recursos naturales del país calificados como ociosos, por parte de la Secretaría de Finanzas, previo inventario de los entes descentralizados, pueden ser cedidos al fideicomiso como patrimonio, habiéndose fijado por parte del comité técnico la contratación de los operadores y el desarrollo del proyecto corresponderá a estos determinar la actividad operativa y en el caso de las finanzas públicas durante 20 a 30 años que pudiera ser el término de relación, el pueblo de Honduras no recibirá un tan solo centavo, proveniente de los impuestos, cánones, tasas, asimismo si se presentara un conflicto entre el fideicomiso y los tenedores de los títulos y se llegara a ejecutar la garantía, las empresas titulares de los bonos pasarán a ser propietarios de los recursos naturales comprometidos.

LT: ¿El gobierno de la República puede ceder los bienes nacionales a un fideicomiso?

SGC: La Constitución de la República declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales y corresponde al Estado reglamentar su aprovechamiento y sus condiciones de otorgamiento a los particulares.

Entonces en función de esta administración se puede crear, como gobierno soberano, licencias y contratos en beneficio de los ciudadanos de sus países, pero todo ello debe hacerse en el marco de la Constitución y de la ley. En la Ley de Reconversión se comete un grave error que puede volver nulo el contrato celebrado para el desarrollo de los proyectos, en el sentido que este adefesio jurídico, señala que con la sola elaboración de un inventario, la secretaría de Estado y los entes descentralizados deberán hacer la cesión al fideicomiso y ni las secretarías del Estado ni los entes descentralizados y desconcentrados tienen la atribución de hacer cesión de los bienes nacionales.

Esta labor de cesión corresponde a la Procuraduría General de la República.

LT: ¿Después del análisis que usted ha hecho a la Ley de Reconversión, a su criterio, cuál es la razón oculta que hay detrás de ese decreto?

SGC: Yo creo que las razones no están ocultas, sino que son evidentes y son a mi juicio la desorbitante deuda pública tanto interna como externa, el descontrol total del gasto corriente y la pésima administración financiera del actual gobierno, que lo obliga a buscar dinero donde sea, como sea, y de quien sea, para cubrir los déficits que ha generado la ineficiente administración.

LT: ¿Al final de todo, si se hace un análisis y un estudio más profundo de esa ley, es viable la misma para recuperar el país de la tremenda deuda pública que tiene?

SGC: En la forma que está redactada, con la incoherencia de su contexto y con la intención subyacente de hipotecar o vender bienes nacionales al mejor postor, no es viable, mejor debe de considerarse que existen y están en vigencia la Ley de Promoción de la Alianza Pública – Privada, la Ley para la Promoción y Protección de las Inversiones, la Ley General de Minería y es seguro que con la aplicación correcta, transparente, efectiva de ellas y con un ataque frontal a la corrupción, Honduras puede resolver la crisis económica, sin violentar los derechos que corresponden a todo el pueblo de Honduras.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/07/31/la-ley-de-reconversion-es-un-adefesio-juridico-tramposo/

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