Archivos para 17/04/13

En vigencia el juicio político

Miércoles, 17 Abril 2013 23:15

Los funcionarios sujetos al juicio político tendrán derecho a exponer ante el Congreso Nacional sus argumentaciones.

Los funcionarios sujetos al juicio político tendrán derecho a exponer ante el Congreso Nacional sus argumentaciones.
Tegucigalpa, Honduras

La figura del juicio político es una realidad, pues la normativa entró vigencia luego de haber sido publicada en el diario oficial La Gaceta que edita la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).

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En los considerandos se establece que esta legislación fue recomendada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para que hechos como el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 no se repitan.
El artículo 1 establece que la ley tiene por objetivo establecer las causales y el procedimiento del juicio político con el propósito de determinar la responsabilidad o inocencia de los funcionarios sujetos al mismo.

El artículo 2 señala que corresponde al Congreso Nacional realizar el juicio político de acuerdo al procedimiento contenido en la Constitución y la presente ley. Indica que el juicio político precede contra el presidente de la República; designados; diputados del Parlamento Centroamericano; magistrados; corporaciones municipales y todos los servidores públicos, que enfrenten denuncias graves en el desempeño.

PLENO
“Para cada proceso de juicio político se nombrará por el pleno y por mayoría calificada de dos terceras partes, una comisión especial de nueve miembros, con el propósito de investigar los hechos”, señala el artículo 4.

Las causales del juicio político son las denuncias en el desempeño de su cargo, actuaciones contrarias a la Constitución e interés nacional, así como negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.

“El juicio político solo produce el efecto de destituir de su cargo al funcionario enjuiciado, pues la responsabilidad, civil, administrativa o penal, serán deducidas de conformidad a la legislación nacional”, agrega el artículo 6.

Para iniciar el juicio político se requerirá de la votación de tres cuartas partes de la totalidad de los diputados, en el caso del presidente de la República y para el resto de funcionaros será dos tercios de la totalidad de los parlamentarios.

También queda claro que en el caso de este juicio político no cabe la interposición de ningún recurso o acción en la vía judicial. La etapa de investigación y de defensa del juicio político tendrá una duración hasta de 30 días y la discusión y votación durará 5 días.

INFORME
Una vez finalizada la investigación, la comisión especial presentará un informe con recomendaciones ante el pleno del Legislativo. El artículo 11 destaca que si la denuncia es inadmitida o improbada será archivada.

La referida comisión tiene como obligaciones y atribuciones investigar la veracidad de la denuncia, señalar plazos y habilitar horas y días hábiles, así como requerir a los denunciantes para que ratifiquen la denuncia y hagan las aplicaciones o aclaraciones que estimen necesarias.

También es atribución de esta comisión realizar las investigaciones necesarias si las pruebas aportadas no son concluyentes y realizar inspecciones de lugares, interrogación de personas y la validación de las pruebas.

OTRAS ATRIBUCIONES DE COMISIÓN
1-CitaR a los servidores públicos denunciados.
2-Celebrar audiencias confidenciales.
3-Elaborar informe con sus recomendaciones.
4-Levantar actas de todas sus actuaciones.
5-Si el pleno vota por la destitución del servidor público, este cesa de inmediato de su cargo.

Fuente: http://www.tiempo.hn/portada/noticias/en-vigencia-el-juicio-politico

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Militares retornan a los buses urbanos

Miércoles 17 de abril de 2013
11:27 pm  – Redacción 

Cuatro muertes violentas en dos semanas. Soldados también patrullarán en motocicletas por las principales ciudades.

Los operativos militares se extenderán en las próximas horas a los autobuses del transporte urbano.

Los operativos militares se extenderán en las próximas horas a los autobuses del transporte urbano. (El Heraldo)

Tegucigalpa,

Honduras

El retorno de los militares a los autobuses es la medida que implementará el gobierno de Honduras en las próximas horas ante el incremento de los asaltos y crímenes en el transporte urbano.

La medida se toma tras la muerte de varias personas en asaltos ocurridos las últimas semanas en el país, incluida una niña de 6 años en Choloma, Cortés.

El regreso de soldados a las unidades del transporte público fue confirmado por el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, en un momento en que la población está manos arriba ante tanta inseguridad y muertes violentas.

Miguel aplicó la medida

El año pasado el exministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Miguel Pastor, implementó la medida orientada a brindar seguridad a los usuarios del transporte público, misma que fue suspendida meses después.

En ese contexto, Lobo Sosa recalcó que “la medida de militares en los buses nunca debió suspenderse”, al mismo tiempo aclaró que fue suspendida “sin ninguna justificación”.

 

Los muertos

Y es que en las últimas dos semanas se han registrado, por lo menos, cuatro muertes violentas en asaltos a autobuses, tanto en la capital como en la zona norte.

El pasado lunes en la carretera que conduce de la aldea La Jutosa hacia Choloma perdió la vida la niña Sherlyn Yorleni Flores, tras el frustrado asalto en un autobús.

El mismo día en la colonia El Carrizal, en el interior de un rapidito, murió el guardia de seguridad Elvin Orlando Pérez Martínez, de 32 años, al tratar repeler un atraco en la unidad de transporte.

A los dos casos se suma el crimen ocurrido el miércoles de la semana anterior en una terminal de buses ubicada en la quinta avenida de Comayagüela, donde los despachadores Felipe Santiago Cárcamo y Héctor Ramón Varela fueron acribillados a balazos.

En diciembre del año pasado un empresario del transporte urbano estimó de 80 a 100 trabajadores, entre motoristas, cobradores y despachadores, perecieron a causa de la delincuencia.

Ante la crítica situación de inseguridad, la ciudadanía ha reclamado mayor presencia de policías en las calles, en los autobuses y en las principales terminales.

Patrullajes militares

El retorno de las Fuerzas Armadas a las calles y al interior de las unidades de transporte urbano viene acompañado de motorizadas militares.

Los uniformados se desplazarán por las principales avenidas y calles, al tiempo que harán paradas en las estaciones de buses.

El ministro de Defensa, Marlon Pascua, dijo que están a la espera de la entrega del lote de motocicletas para iniciar con este proyecto que, seguramente, ayudará a prestar un mejor servicio de seguridad a la ciudadanía, que ya no aguanta tantos asaltos seguidos de robo y muertes. La decisión de regresar a los militares a las calles fue tomada el lunes en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que fue presidida por el presidente Lobo Sosa.

“Se han venido planificando algunas acciones orientadas a dar seguridad no solo a las personas del transporte urbano, sino a las que se transportan por las principales calles de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula”, dijo el ministro.

“Hemos elaborado un plan en el cual elementos de las Fuerzas Armadas se van a estar transportando también en motocicletas, algo muy parecido a la Policía”, añadió.

Según el ministro de Defensa, este sistema de patrullajes en moto “nos va a permitir poder rápidamente auxiliar a las personas que se encuentran en peligro”. Preguntado por el día en que los militares estarán en el interior de las unidades de transporte, el funcionario dijo que en las próximas horas.

¿Por qué suspendieron la medida?: Pastor

Miguel Pastor, quien promovió la presencia de los militares en las unidades de transporte mientras era titular de Soptravi, recibió con agrado la decisión de retornar esa medida.

Se preguntó “¿por qué si era una medida que estaba dando resultados y que se comprobó que había mayor seguridad con la presencia militar en las unidades de transporte público, por qué se retiró esa medida?”

“Es triste lo que está pasando, la delincuencia es imparable, no solo en el transporte público, sino en todo el país”, expresó.

“Cuando hace más de un año implementamos la medida de la presencia militar en las unidades de transporte, las incidencias del delito bajaron tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula”, recordó Pastor.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Sucesos/Militares-retornan-a-los-buses-urbanos

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Responsabilizan al “Tigre” de subordinar la DIECP

Miércoles, 17 Abril 2013 23:23

La cúpula de oficiales de Policía nunca fue llamada a someterse a pruebas de confianza, por la subordinación de la DIECP al titular de la Policía, Juan Carlos Bonilla, según comisión del Congreso.

La cúpula de oficiales de Policía nunca fue llamada a someterse a pruebas de confianza, por la subordinación de la DIECP al titular de la Policía, Juan Carlos Bonilla, según comisión del Congreso.
Tegucigalpa, Honduras

Las máximas autoridades de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) violentaron la ley y se subordinaron ante el director de la Policía Nacional, Juan Carlos “El tigre” Bonilla, según  el informe de la comisión especial del Congreso Nacional sobre el desempeño de los funcionarios del sistema operador de justicia.

“Este organismo (DIECP) violentó el espíritu de la ley al limitarse a practicar las pruebas de confianza a quienes le indicaba el director general de la Policía Nacional, lo que causó subordinación de esta entidad al funcionario antes citado, máxime aun cuando este es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad, con autonomía funcional, administrativa y financiera, características que se descalificaron con la actuación antes indicada”, cita el documento.

“Esta subordinación provocó que los oficiales del alto mando de la Policía Nacional no fueran sometidos a las pruebas de confianza en forma general y descendente, tal y como fue la intención y finalidad de este Congreso Nacional al crear la DIECP, y que sirviera de ejemplo a los mandos intermedios y escala básica de la Policía Nacional, y que permitiera una correcta y pronta depuración”, revela el informe del Legislativo.

Desde su instalación, la DIECP ha efectuado 1, 272 pruebas de confianza a miembros de la carrera policial, lo que representa un bajo porcentaje de los más de 14, 000 miembros activos que hay en la Policía Nacional, detalla el informe.

De esos evalaudos, 230 reprobaron las pruebas y se remitió igual número de resoluciones a la Secretaría de Seguridad para la cancelación de los acuerdos a los policías reprobados, habiéndose ejecutado hasta la fecha de las comparecencias apenas de siete de ellas, siendo estos resultados absolutamente insatisfactorios e inaceptables, indica. En una comparecencia esta semana en la que estos datos fueron duramente criticado por el Legislativo, Eduardo Villanueva, director de la DIECP, justificó esas cifras manifestando ante el pleno que su accionar terminaba al presentar el expediente a la Secretaría de Seguridad.

Por eso en su momento el comisionado de Policía Aldo Oliva dijo públicamente que Bonilla sabía los motivos por los cuales lo sacó de la lista de oficiales que debían someterse a las pruebas de confianza.

DESTITUCION
La Comisión Especial que elaboró el informe recomendó al pleno del Poder Legislativo improbar la conducta administrativa del director (Eduardo Villanueva) y el subdirector (Mario Chinchilla) de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y solicitar al presidente de la República su inmediata destitución del cargo. Además, aplicar de forma urgente las pruebas de evaluación de confianza al alto mando de la Policía Nacional y de forma descendente a todos los miembros, mediante la estructuración de un plan operativo sobre la base de metas semanales y mensuales para lograr un cien por ciento de aplicación de las mismas en todos los niveles.

Cabe resaltar que fue hasta la comparecencia ante el Legislativo del director general de la Policía que el pueblo hondureño tuvo conocimiento de la intención de este y de la cúpula policial de someterse a la práctica de las pruebas de evaluación de confianza, acción que inexplicablemente no se había realizado aun cuando el secretario de Estado; el director general de la Policía y el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) están facultados a ordenar, agrega el documento.

La situación de subordinación que reportó la comisión legislativa está a tono con una denuncia que hizo recientemente el oficial de la Policía Nacional, Aldo Oliva, quien dijo que fue el propio jefe de la institución, Juan Carlos Bonilla, quien lo quitó de una lista de posibles efectivos a someterse a las pruebas de confianza.

REPORTE
La Comisión Legislativa recomendó que el nuevo ministro de Seguridad presente un reporte ante el pleno del Congreso Nacional en el término de 60 días después de asumir su cargo, sobre los avances y la aplicación de las recomendaciones y observaciones hechas en el informe.

PRUEBAS
El Congreso Nacional ordenó de forma inmediata por conducto de quien corresponda que se sometan a pruebas de confianza de forma integral el alto mando de la Policía Nacional, comenzando por su director general, directores nacionales y directorio estratégico.

Fuente: http://www.tiempo.hn/portada/noticias/responsabilizan-al-%E2%80%9Ctigre%E2%80%9D-de-subordinar-la-diecp

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NO ACEPTAMOS LAS REFORMAS ELECTORALES PROPUESTAS POR LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL

 Ante el anuncio hecho por los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en el sentido de que someterán a consideración del Congreso, un proyecto de reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas vigente, expresamos que no hay consenso entre los  partidos políticos y de forma categórica fundamentado en la ley y la constitución rechazamos dichas reformas, propuestas a 7 meses de las elecciones generales.

1. Las reformas propuestas implican la centralización de todo el control electoral en Tegucigalpa, eliminando los tribunales locales y departamentales, así como otorgando potestades excesivas a un Tribunal Electoral en el que solo están representados 3 partidos de los nueve inscritos.
2. La reducción al máximo de las facultades de los delegados de los Partidos políticos en las mesas electorales, como lo propone el Tribunal para las próximas elecciones, donde el tribunal nombraría el secretario y el escrutador, solo redunda en el control desmedido de los 3 partidos que sí cuentan con representación plena en el Tribunal Supremo Electoral, dejando en precario a los nuevos partidos POLÍTICOS, que por su naturaleza representan los verdaderos intereses de los ciudadanos.
3. Los cambios propuestos apuntan a reformas de fondo en la estructura de la ley vigente, en un año electoral, y a 7 meses de las elecciones, lo que a todas luces muestra un riesgo de inestabilidad como lo expresara recientemente el propio jefe de estado Porfirio LOBO, que manifestó sus reservas con estos cambios en el año electoral.
Por lo anteriormente expuesto, llamamos al pueblo hondureño y la militancia a seguir de cerca las informaciones que estaremos brindando en torno a este delicado tema, que amenaza con alterar de forma antidemocrática las reglas del proceso electoral general del 24 de noviembre.
 Tegucigalpa, M.D.C. 16 de abril de 2013
José Manuel Zelaya Rosales
Coordinador General
Partido Libertad y Refundación, LIBRE

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Informe Anual de la CIDH capítulo Honduras

Wednesday, 17 April 2013 12:43 Everaldo

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Honduras, y ha observado a través de sus informes, una serie de asuntos estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación que han afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes.

Asimismo, ha observado que a partir del golpe de Estado de 2009 se produjeron violaciones a los derechos humanos que afectaron gravemente a la población hondureña, alguno de cuyos efectos o repercusiones han continuado, persistido y hecho más compleja la situación en el país.

En los años 2009, 2010 y 2011 la CIDH decidió la incorporación de Honduras en el Capítulo IV de su Informe Anual, de conformidad con el artículo 59.1.h de su Reglamento.

Vea Informe Anual capítulo Honduras.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2538:informe-anual-de-la-cidh-capitulo-honduras&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Comunicador social es constantemente amenazado por su trabajo periodístico

Escrito por Redacción 17Apr
Comunicador social es constantemente amenazado por su trabajo periodístico

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El comunicador social Leonel García, denunció que ha recibido amenazas a muerte debido a la apertura que hace a la denuncia ciudadana en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, al sur de Honduras.

García, presenta sus reportes periodísticos, de lunes a viernes, en el programa “Noticias al pueblo” y los domingos, en el espacio informativo “Dígalo como quiera”, ambos de Radio Discovery. En los noticieros, de acuerdo al denunciante, realiza un periodismo crítico y de reflexión en los que permite la participación de la ciudadanía.
El comunicador denunció que ha recibido amenazas vía celular y le han enviado  emisarios para tratar de intimidarlo. “Los políticos, funcionarios públicos y empresarios son muy intolerantes a los cuestionamientos relacionados a sus funciones, quienes reaccionan de manera violenta y agresiva”, detalló García.
Según el comunicador son varios los casos en donde ha recibido amenazas verbales, entre las que destaca la amenaza recibida vía teléfono en donde le dijeron: te vamos a agarrar a balas, al no más salir de la radio”. Según García esta agresión la recibió cuando estaba hablando del acomodamiento, al poder, de los partidos políticos con un caudal electoral pequeño, particularmente de la Democracia Cristiana y de su candidato para alcalde.
En otra ocasión, después de abordar la problemática de los apagones de energía eléctrica en la ciudad de Nacaome, dos hombres con armas de fuego, en mano, que le esperaban frente a la estación radial, le dijeron que dejara de criticar al gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Elmer Pérez.
García aseguró que reconoció a uno de los jóvenes,  conocido como “el mejicano”, uno de los motoristas del actual Diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional, Tomás Zambrano.
A estas agresiones, García, también suma, el que recientemente se les haya prohibido realizar su trabajo periodístico sobre la privatización del Hospital de San Lorenzo, al ser desalojados por guardias de seguridad privada por instrucciones de la gerencia del mismo.
“Diariamente recibo amenazas de quienes no les gusta que se evidencie su mal accionar, pero yo confío en que solo Dios tiene la potestad de ordenar la muerte de una persona”, concluyó García. /Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre). 

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