Archivos para 13/04/13

Buscan intervención de seguridad y justicia

Sábado 13 de abril de 2013
09:27 pm  – Redacción 

La principal propuesta de la sociedad civil es la reestructuración de la Policía Nacional y una reforma a la Ley del Ministerio Público.

Eduardo Villanueva, director de la DIECP, durante su comparecencia en la Cámara Legislativa la semana anterior.

Eduardo Villanueva, director de la DIECP, durante su comparecencia en la Cámara Legislativa la semana anterior. (El Heraldo)

Tegucigalpa,

Honduras

La intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público con el apoyo y vigilancia de organismos internacionales es una de las propuestas de la sociedad civil a la crisis institucional y el fracaso de las políticas de Estado en materia de seguridad.

Además de la intervención, la propuesta urge de una reestructuración de la Policía Nacional y una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, así como una política integral de prevención y control en los ejes centrales.

La APJ ratifica la petición hecha antes de las comparecencias acerca de la destitución del director de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, Eduardo Villanueva.

Sin embargo, no desconocen la “total frustración” que les causaron las comparecencias en el Congreso Nacional de los operadores del sistema de seguridad y justicia en Honduras.

Estos funcionarios rindieron cuentas en el Congreso, pero de su incapacidad, y en sus informes ratificaron lo que todo el pueblo hondureño ya conocía sobre la desbordante situación de inseguridad, sostiene Carlos Hernández, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ). “Es una desgracia y causa frustración haber escuchado que los mismos operadores de justicia confirmen la situación desastrosa con que se maneja la política de seguridad ciudadana en Honduras”, dijo Hernández el viernes en una conferencia de prensa.

Del martes 9 al jueves 11 de abril el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, Eduardo Villanueva, el secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, el director de la Policía, Juan Carlos Bonilla, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, y el fiscal general Luis Rubí comparecieron al Congreso Nacional para rendir cuentas de su desempeño. En su mayoría los funcionarios se dedicaron justificar que por falta de recursos económicos no hacían bien su trabajo.

Policías

La APJ presentó un resumen de todas las comparecencias de los funcionarios en el que destaca que, entre otras revelaciones, el siete y el nueve por ciento de los miembros de la policía consumen drogas, dato proporcionado por el director de investigación y evaluación policial, Eduardo Villanueva.

En Honduras solo se investiga el 80 por ciento de los hechos criminales y el resto queda en la impunidad, dijo el fiscal Luis Alberto Rubí.

“Hay jueces confabulados con el crimen organizado y deben cortarse por lo sano”, según el presidente del Congreso, Juan Hernández.

Por último, la recomendación de los representantes de la sociedad civil es que la depuración no solo es necesaria en la policía, sino que también en el en el resto de las instituciones operadoras de justicia.

“La aplicación de la justicia no puede seguir siendo manejada como hasta ahora, donde los políticos se han repartido los cargos”, expresó Hernández.

No pretenden destitución del fiscal general

El coordinador de la APJ, Josué Murillo, explicó que inicialmente esa institución no solicitó la separación del fiscal general. Sin embargo, asegura que el Congreso Nacional debe tomar decisiones después de analizar los documentos que pusieron a su disposición.

Murillo dijo que si el Congreso decide que el fiscal debe salir, esa es responsabilidad de ellos como representantes del pueblo.

“Cuando el fiscal del Estado afirma que el 80 por ciento de los delitos que se cometen en Honduras, a mí me daría vergüenza decir eso, pero eso devela la incapacidad que él ha tenido para dirigir los destinos del MP”, expresó Murillo.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Buscan-intervencion-de-seguridad-y-justicia

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Aparece muerto presidente del grupo campesino MARCA en Colón

13 Abril 2013, 13:30
Trujillo- El presidente del Movimiento Autentico Reenviador de Campesinos del Aguán (MARCA), Julián Hernández, apareció muerto este sábado en el sector de Agua Amarilla, Trujillo, Colón, Caribe de Honduras.

El agente de Policía de Tocoa, Jorge Martínez confirmó a Proceso Digital la muerte del dirigente campesino e informó que fue encontrado en su vivienda ubicada en el sector de Agua Amarilla, Trujillo, con un disparo en la sien derecha.

Datos preliminares indican que el dirigente campesino se habría quitado la vida, sin embargo, la misteriosa muerte de Hernández es investigada por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).

Hernández ha sido uno de los dirigentes campesinos que ha levantado una lucha a favor de los labriegos.

En agosto de 2011, el presidente en ese entonces del MARCA, Secundino Ruiz Vallecillo, fue asesinado en la caribeña ciudad de Tocoa, Colón.

El conflicto de tierras en el Bajo Aguán cobró la vida de más de 60 personas entre campesinos y guardias de seguridad en ese sector en los últimos años.

En octubre del 2012, el gobierno, traspasó en su totalidad cinco fincas del sector a los campesinos, mediante un proceso de compra de tierras a terratenientes de la zona.

La Reforma Agraria, en Honduras, fue iniciada en los años sesenta del siglo XX, con la aprobación de una ley que, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), nunca fue reglamentada, ni se crearon los tribunales agrarios ni otros órganos de ejecución, predominando más el pleito por la tenencia de la tierra.

El artículo 344 constitucional establece que “La Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario”.

Fuente: http://proceso.hn/2013/04/13/Nacionales/Aparece.muerto.presidente/67052.html

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Por segunda vez nombran a San Pedro Sula como “la capital mundial del crimen”

Artículo | April 13, 2013 – 10:37am

Redacción-Agencias / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El diario español Público.es divulgó este sábado este sábado un fotorreportaje sobre la violencia que azota Honduras (http://blogs.publico.es/fuera-de-foco/2013/04/11/san-pedro-sula-capital-mundial-del-crimen/)

El rotativo señaló en su portal web que “por segundo año consecutivo, la hondureña San Pedro Sula ha sido nombrada la ciudad más violenta del mundo”.

“De acuerdo a un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, con sede en México –prosigue– la ciudad sufre una tasa de 169 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que le ha valido el sobrenombre de ‘capital mundial del crimen’”.

Del ranking de 2012 salieron las siguientes ciudades que figuraron en el de 2011: Durango, Mazatlán, Tepic, Veracruz de México; Mosul de Irak; Panamá de Panamá y Johanesburgo de Sudáfrica.

Al ranking de 2012 ingresaron las ciudades de Valencia y Maracaibo (Venezuela); Santa Marta (Colombia); Puerto Príncipe (Haití); Victoria (México); Oakland (Estados Unidos) y Brasilia (Brasil).

Por su parte, el organismo que elaboró el informe, indicó que con respecto a las ciudades hondureñas de San Pedro Sula y Distrito Central encontramos, a diferencia de anteriores ocasiones, una gran dificultad para obtener información para realizar los cálculos necesarios. No nos sorprendería que esta falta de información de fuentes oficiales respondiera al propósito de intentar de ocultar la realidad de las ciudades del país que es, hoy por hoy, el más violento del mundo (aunque seguido muy de cerca por Venezuela).

En tal sentido –continúa de forma íntegra la carta– llama la atención que se haya dado a conocer el número de mujeres asesinadas en Honduras, por departamento y por ciudad, y en cambio no se haya hecho lo mismo con los totales de homicidio. Si las autoridades hondureñas saben cuántas mujeres fueron asesinadas, también sabe cuántos homicidios de hombres hubo.

Por tanto, tomamos una decisión: repetimos las cifras oficiales de 2011 (que son, por cierto, superiores a las que calculamos para el ranking de ese año), pues resulta obvio que si hubiera habido una disminución -por pequeña que fuera- las autoridades hondureñas se habrían apresurado a dar a conocer ese logro. Pero por la información que puede leerse todos los días, en las ciudades hondureñas la situación no mejora, sino que empeora.

Autoridades de San Pedro Sula nos han reclamado que el haber colocado a esa ciudad en el primer lugar en el ranking perjudica su imagen.

También han argüido que nuestras cifras son erróneas. Pero nos basamos en cifras oficiales y respecto al efecto del ranking, que no hace sino reconocer la realidad, no es éste el que daña la imagen de la ciudad, sino su violencia y la incapacidad de los gobernantes para contenerla y reducirla.

Ocultar los problemas jamás los resuelve.

Si se comparan los rankings de 2011 y 2012 hay evidentes mejoras y retrocesos en el control de la violencia en varias ciudades de diferentes países.

El mayor deterioro de la seguridad pública y el escalamiento de la violencia se ha producido en los últimos años en Honduras, Venezuela y México.

Respecto a las mejoras están ahí los casos de las ciudades que salieron del ranking y la disminución de las tasas en varias urbes aunque hayan permanecido en esta lista. En México durante 2012 hubo reducciones importantes de los homicidios en ciudades de los estados de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Veracruz y Nayarit, pero ha empeorado en los estados de Guerrero, Coahuila y Tamaulipas.

El caso más relevante de reducción de los homicidios es el de ciudad Juárez, Chihuahua, urbe que durante tres años consecutivos (2008, 2009 y 2010) ocupó el primer lugar mundial entre las urbes más violentas del mundo y que en 2011 pasó al segundo lugar y en 2012 a la posición 19. Mientras que en 2010 Juárez alcanzó una tasa de 229 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en 2012 fue de 56: una baja de casi el 76%.

En 2011 la ciudad mexicana de Tijuana, que en 2010 ocupó el lugar 22, salió del ranking.

Otro caso notable de reducción es el de San Salvador y en general de El Salvador. La razón de la baja es la tregua pactada por las pandillas rivales con los auspicios del gobierno salvadoreño. La capital de ese país pasó de una tasa de 59 homicidios dolosos en 2011 a una de 32 en 2012, lo cual es una muy buena noticia.

En principio estamos a favor de todo aquello que permita una reducción de la violencia e impida la pérdida de vidas humanas, todas valiosas. Pero en este caso compartimos el fundado temor de muchos salvadoreños de que la tregua no se mantenga.

Pero además, el punto no es la tregua entre grupos criminales, sino la existencia misma de estos.

La escalada de violencia, sobre todo en América Latina, ha servido para que diferentes actores culpen del fenómeno a la posesión y portación de las mismas y promuevan prohibiciones y campañas de desarme. Nosotros no compartimos ni el diagnóstico ni el supuesto remedio propuesto.

La posesión y portación de armas y su uso, que es parte del derecho fundamental de todo individuo a la autodefensa (cuando en un momento y lugar concretos no esté la policía para protegerlo), no es la causa de la violencia.

En México la portación de armas está prohibida y la posesión muy restringida, sin ello haya impedido la escalada de violencia de los últimos años. En países con menos restricciones a las armas hay mucha menor violencia que en otros donde prevalecen las prohibiciones y las restricciones.

Las prohibiciones y el “desarme” no detienen a los delincuentes violentos que siempre tienen forma de obtener armas. Las prohibiciones sólo desarman a las personas inocentes y las dejan más inermes ante los criminales.

El siguiente paso en la política de desarme, una vez establecidas las prohibiciones, son las requisas masivas de hogares, centros de trabajos y vehículos, propias de los Estados totalitarios y genocidas.

La solución a la violencia consiste en dos tipos de acciones principales: el creciente y sistemático abatimiento de la impunidad y el hacer que la policía cumpla con sus tareas de prevenir y perseguir los delitos, con escrupuloso respecto de los derechos fundamentales de los individuos. Eso es lo que demuestra la larga experiencia universal y lo que ha seguido comprobando eficaz en recientemente lo mismo en Colombia y que Brasil.

Finalmente aprovechamos –culmina el reporte– la oportunidad para reiterar que el propósito del ranking que realizamos no es eminentemente académico. Lo que perseguimos es contribuir al reclamo que los diferentes pueblos del mundo hacen a sus gobernantes para que cumplan con su obligación de proteger los derechos de los individuos a la vida, la propiedad y la libertad.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/por-segunda-vez-nombran-san-pedro-sula-como-%E2%80%9Cla-capital-mundial-del-crimen%E2%80%9D

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