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Honduras: Operadores de justicia en la cuerda floja

7. Abril 2013, 23:53
Tegucigalpa – En Honduras se avizora que esta semana será crucial para quienes dirigen los entes operadores de justicia. Sus cabezas penden de un hilo y podrían rodar en cualquier momento tras sus comparecencias ante el pleno legislativo donde se les pedirá cuenta por el fracaso en el combate a la violencia y al crimen.

– “Ya estamos cansados”, dijo el presidente del Legislativo al referirse a los resultados en el tema de seguridad.

– En tanto, el candidato Liberal, Mauricio Villeda, llamó a interpelar el tema del presupuesto que se le asigna a la Policía.

– “Hay que hacer algo y a grandes males grandes remedios” dijo el constitucionalista y diputado Oswaldo Ramos en torno al fracaso en la seguridad.

Cuatro meses después de la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la suprema corte hondureña, sin juicio y sin ser escuchados, ahora el Congreso hondureño se prepara para hacer una especie de interpelación al presidente del Poder Judicial, al ministro de Seguridad y al Fiscal General, la diferencia es que ahora ya la Cámara cuenta con un instrumento para enjuiciarlos, en el caso de creerlo oportuno: la Ley del Juicio Político.

A solicitud de la organización de la sociedad civil Alianza para la Paz y la Justicia (APJ), el Parlamento hondureño determinó llamar a la Cámara a los titulares de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés; la Secretaría de Seguridad, Pompeyo Bonilla; la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre”, Bonilla; el de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva; y el fiscal general Luis Rubí.

Todos estos funcionarios deberán explicar su comportamiento administrativo y dar cuentas sobre sus acciones en el mando.

Rendición de cuentas inicia con fiscal Rubí

Luis Rubí llegará el martes en horas de la tarde para hablar de su actuación al mando de la Fiscalía, así como detallar el curso de las investigaciones en casos emblemáticos que han sacudido al país.

En tanto, el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva; así como el director de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla; y el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, llegarán el miércoles al Congreso Nacional.

Por su parte, el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, llegará el jueves al Parlamento hondureño, según el cronograma elaborado por la Comisión de Seguridad del Legislativo. Además lo harán miembros de la Sala de lo Constitucional.

Hablan los protagonistas

El titular de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, manifestó que “hemos sido invitados a través de una nota oficial para comparecer al Congreso Nacional y brindar un informe a los diputados sobre las consecuencias que ha habido a raíz de diferentes reformas a leyes”.

Agregó que “desde que el juicio político es ley, nosotros estamos sujetos a ello”.

“Lo del jueves (presente semana) será exclusivamente sobre los alcances que han tenido la aplicación de las reformas que el Congreso Nacional ha hecho tratando de superar el grado de inseguridad que tenemos en el país”, afirmó Rivera Avilés.

En tanto, el director de la Policía, Juan Carlos Bonilla, expresó que no le inmuta que lo llamen a comparecer ante el Congreso. “En ningún momento están pidiendo mi cabeza, están pidiendo rendición de cuentas; en nuestra estrategia como Policía Nacional tenemos una dirección basada en la gestión calificada con eficiencia y en la rendición de cuentas”, aseguró.

Añadió que “no me inmuta que me llamen a rendir cuentas porque ya está en nuestra norma y no sólo al Congreso, al que rendirle cuentas a toda la sociedad”.

Mientras el vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce, anunció que la destitución del titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, Eduardo Villanueva, es casi un hecho, este funcionario se ha defendido expresando que “la verdad es que sí tenemos resultados sobre todo a partir de que somos una entidad nueva y que yo tengo ocho meses de estar al frente de esta dirección”.

“Es un sistema, yo no soy el que separa a los policías, ni soy el que enjuicia a los policías, la Dirección de Investigación produce la evidencia y la coloca donde la autoridad competente para que continúe el proceso”, justificó Villanueva.

Igualmente, el titular del Congreso, Juan Hernández, no ocultó que si procede la destitución de cualquiera de los funcionarios llamados a la Cámara, se tomarán las decisiones.

“Los hemos llamado para pedirles cuentas de todo lo que les hemos aprobado y apoyado y queremos resultados, porque ya no aguantamos más”, amenazó Hernández.

“Hemos venido luchando desde el Congreso Nacional en este tema, hemos hecho nuestra parte, pero tristemente otros, de repente, necesitan más agilidad o quizás necesitan un espacio para decirnos qué es lo otro que ocupan”, acotó.

Ramos Soto: “A grandes males grandes remedios”

El diputado nacionalista, Oswaldo Ramos Soto, destacó la delincuencia como uno de los males más graves que afronta la población en este país centroamericano para luego expresar que “el Congreso atendiendo esas preocupaciones tomó algunas determinaciones en las que se destaca una convocatoria al presidente del Corte Suprema de Justicia, titular de la Secretaría de Seguridad, fiscal general del Estado y director de la Policía con el propósito de establecer un diálogo que nos permita formular preguntas y obtener respuestas para tener soluciones porque la gente está cansada de tanto situación anómala”.

“La gente está perdiendo credibilidad en sus instituciones” -continuó- “todos los hondureños debemos desempeñar nuestras funciones en el marco de ley, queremos la paz social y armonía en la sociedad hondureña”.

Declaró que “nunca antes como ahora había existido tanta zozobra y tanta violencia; nuestros niños, mujeres y jóvenes no tenemos certeza cuando salimos de nuestras casas si vamos a regresar con vida”.

Después de su larga perorata concluyó que “hay que hacer algo y a grandes males grandes remedios”.

Villeda y el presupuesto

En tanto el candidato presidencial por el Partido Liberal, principal fuerza opositora en el Parlamento, Mauricio Villeda, recordó que la seguridad fue un tema de campaña del gobernante Porfirio Lobo, “situación que no fue cumplida”.

Manifestó que “quisiera que en esas interpelaciones en el Congreso preguntaran ¿por qué el Presupuesto General de Ingresos y Egresos no se amplía en el tema de la seguridad o investigación de los delitos en Honduras?”.

Villeda solito a la Cámara Legislativa revisar las asignaciones de fondos al combate del crimen.

“Yo quisiera que el director de la Policía diga si cuenta con los recursos necesarios para el combate a la delincuencia”, finalizó Villeda.

Honduras se desangra

Mientras en el escenario cotidiano de los hondureños de a pie, lo más claro es que la violencia sigue arrancando vidas y las familias desangrándose.

Asesinatos, acciones de sicariato, extorsiones, secuestros, asaltos, masacres son todas acciones que mantienen a la población en zozobra, en medio de debates y leyes que aún no logran devolver la paz a un país que registra diariamente una veintena de muertes violentas, la mayoría jóvenes, mujeres y hasta niños.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/04/07/Nacionales/Honduras.A.Operadores/66750.html

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Honduras: Siete de cada 100 policías dieron positivo en drogas

Domingo 07 de abril de 2013

10:30 pm  – Redacción: redaccion@laprensa.hn

De 1,419 pruebas toxicológicas efectuadas se comprobó que 99 agentes consumieron sustancias ilegales.

San Pedro Sula,

Honduras

Además de la corrupción y los nexos de varios de sus miembros con la delincuencia, la Policía hondureña afronta otro grave problema interno que mina su capacidad de respuesta ante el crimen y su credibilidad frente a la sociedad hondureña: el uso de drogas ilegales por muchos de sus agentes.

El consumo de sustancias prohibidas de un importante número de policías, especialmente cocaína y marihuana, ha cobrado niveles alarmantes en la vilipendiada institución policial, según se desprende de una investigación de Diario LA PRENSA.

Las pruebas toxicológicas realizadas el año anterior a cerca de 2,000 oficiales y agentes de diferentes unidades del cuerpo policial revelaron altos niveles de consumo de alcaloides y otras sustancias prohibidas entre los evaluados.

La Policía Nacional cuenta con aproximadamente 14 mil efectivos y es el cuarto cuerpo policial más grande de Centroamérica en términos de miembros empleados, arriba de Costa Rica, Nicaragua y Belice.

Información restringida

Para expertos consultados por este diario, el creciente número de agentes toxicómanos es ina-ceptable en una organización dedicada a garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir este delito en la sociedad.

Por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública, LA PRENSA pudo consultar los resultados de las últimas pruebas toxicológicas realizadas por la Dirección de Medicina Forense y la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP ).

Tanto la DIECP como Medicina Forense se negaron a proporcionar la información por los canales normales, por lo que se recurrió a la ley para conocer los resultados de todos los análisis hechos entre junio de 2012 y marzo de 2013.

La DIECP comenzó a hacerles los exámenes toxicológicos a los miembros de la carrera policial en junio del año pasado, pero dejó de publicar los resultados después de que divulgara que 20 agentes del comando especial Cobras , de un total de 113 evaluados, resultaron aplazados.

El alto porcentaje de consumo de drogas en esta unidad policial de élite generó un escándalo y un aluvión de críticas contra la institución, por lo que los resultados de las posteriores pruebas se manejaron con mucho más hermetismo.

Los análisis son practicados por expertos de Medicina Forense del Ministerio Público debido a que la DIECP no cuenta con presupuesto ni personal especializado para su realización y se limita a facilitar los reactivos.

Resultados alarmantes

Según los datos obtenidos por LA PRENSA, entre junio de 2012 y marzo de 2013 se practicaron un total de 1,745 pruebas de confianza a igual número de oficiales de la escala ejecutiva y media, suboficiales, agentes de las diferentes unidades policiales y aspirantes a policías.

De este número de evaluados, dos son comisionados generales, 12 comisionados de policía, 30 subcomisionados, 38 comisarios, 54 subcomisarios, 39 inspectores, 54 subinspectores y 74 suboficiales. El resto son policías de escala básica, agentes de investigación, policías cobras, auxiliares y aspirantes.

De un total de 729 evaluados entre junio y diciembre de 2012, 80 resultaron positivos en las pruebas toxicológicas, 47 por consumo de cocaína y marihuana, entre otros estupefacientes, y 33 con “sustancias justificables o medicinas”, según el informe de la DIECP.

Entre enero y marzo de 2013 se efectuaron un total de 1,016 pruebas toxicológicas a igual número de miembros de la carrera policial, de las cuales solo se ofrecieron los resultados de 690, ya que el resto estaba en proceso de tabulación.

En estos 690 exámenes, el resultado mostró a 19 policías que dieron positivo por consumo de drogas , 8 de los cuales resultaron reprobados por ingesta de “sustancias justificables o medicamentos”.

De acuerdo con la investigación, se confirmó que el mayor número de policías que consumieron drogas ilegales y “justificables” se encontraron en el Comando Especial Cobras, con 28; la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), con 16, y la Jefatura Regional de La Ceiba, con 25.

En la Jefatura Metropolitana de Tegucigalpa se detectó a 6 que dieron positivo de 36 evaluados; en la Dirección Nacional de Tránsito, 14 de 262 examinados, y en la Jefatura Regional de San Pedro Sula, cinco de un total de 428.

En el inicio del proceso, entre junio y agosto de 2012 se ejecutaron las primeras pruebas integrales (toxicológicas, polígrafo, psicométricas y socioeconómicas) a 145 oficiales y agentes, de los que tres resultaron reprobados en el examen toxicológico.

Falta conocer los resultados de las pruebas efectuadas por petición del presidente Porfirio Lobo Sosa a 56 miembros de la Guardia de Honor Presidencial. Además, aún quedan los análisis hechos a 270 aspirantes a policías de la promoción de 2012.

La institución no precisó si entre los reprobados en los exámenes toxicológicos están oficiales de la escala ejecutiva, es decir, comisionados y subcomisionados; sin embargo, una fuente oficial confió que los reprobados incluyen oficiales de la escala media y policías de la escala básica.

Porcentaje inusual

Si se toma como base la totalidad de los resultados disponibles, es decir, 1,419 efectivos policiales, y se comparan con los 99 que reprobaron y salieron positivos en la prueba toxicológica, resulta que un 7% de todos los evaluados venían consumiendo algún tipo de droga.

Para los expertos y peritos forenses consultados, este porcentaje es bastante alto tratándose de una institución policial en la que se supone que existen rigurosos controles para evitar el consumo de drogas por sus miembros.

Además, los resultados deben causar preocupación considerando que solamente se trata de una pequeña muestra de 1,419 efectivos de un universo total de 14 mil policías que laboran dentro de la institución policial.

La Ley Orgánica de la Policía contempla que un agente encontrado en consumo de sustancias prohibidas por la ley puede ser cancelado de inmediato sin ninguna responsabilidad para el Estado.

Son un peligro

El exdirector de Medicina Forense, Denis Castro Bobadilla, se mostró alarmado por este alto consumo de drogas dentro de la Policía y dijo que eso solo demuestra el enorme problema de salud pública en la sociedad hondureña.

“Si se trata del consumo de drogas en una institución de seguridad pública, es sumamente grave y sumamente alarmante porque a mi criterio los policías devienen obligados a cumplir ciertos requisitos y una Policía con drogadictos constituye un riesgo para la sociedad”, afirmó.

Castro Bobadilla explicó que, desde el punto de vista sociológico, un policía que consume drogas es un serio peligro para la ciudadanía porque en su afán de suplir sus necesidades de droga puede cometer actos ilícitos como extorsiones o cobro de mordidas.

Por otro lado, el drogadicto va entrando en un círculo vicioso que involucra a otras personas a su alrededor.  A juicio del experto, el 7% de policías que consumen drogas es bastante alto si se toma en cuenta que se trata de una institución pequeña en número de agentes y la cantidad de población. “Pero si tuviéramos 100 mil policías activos, eso sería otra cosa”.

En relación con la conducta y el nivel de peligrosidad que representa para la sociedad un policía que consume drogas, Castro Bobadilla indicó que eso dependerá de si se trata de un consumo primario o de un problema crónico, del grado de educación que posea y los patrones del “superyo” que controle a la persona.

Explicó que los consumidores de drogas se comportan diferente según su tipo educativo y sus patrones de conducta, de modo que un agente con problemas de drogas y nivel educativo bajo muestra tendencia más agresiva y conducta más instintiva.

“A menores patrones, la conducta es más instintiva. Entonces, la probabilidad de hechos de violencia es mayor. Contrario sensu, si fuera un nivel superior, como un oficial de la policía, se va a observar que raramente está involucrado en estas situaciones porque los patrones son diferentes”.

Dijo que este es un problema muy complejo porque la persona drogadicta no debe ser despedida de la institución donde labora, sino dársele la oportunidad de rehabilitarse porque el Estado deviene obligado a ayudar a la gente drogadicta mediante el sistema de salud.

Policías “drogos” fueron separados

El secretario de Seguridad Pompeyo Bonilla aseguró a LA PRENSA que la mayoría de los policías que no pasaron las pruebas toxicológicas fueron separados de la institución, aunque no precisó si dentro de ese grupo había oficiales.

Bonilla aceptó que el alto porcentaje de policías que consumen drogas es preocupante en la institución, pero aseguró que ya se tomaron las medidas correctivas.

“Eso es sumamente delicado, pero en el caso de todas las pruebas que han venido positivas de uso de drogas, inmediatamente esos señores policías han sido puestos en la calle y separados de la institución”, dijo.

El director adjunto de la DIECP, Mario Chinchilla, confirmó que se han practicado unas 1,700 pruebas toxicológicas, cuyos resultados se entregaron en su momento a las autoridades policiales.

Señaló que la Ley Orgánica de la Policía es tajante en ese sentido, especialmente con funcionarios policiales revestidos de autoridad y que portan armas, porque la prueba toxicológica es científica y tiene un ínfimo margen de error.

Recordó que el año pasado la DIECP entregó al mando policial 230 resoluciones, entre las cuales estaban los policías que reprobaron las pruebas toxicológicas.

“Este año están por remitirse las pruebas que se practicaron en enero y en las que resultaron algunos reprobados. Solo se están elaborando los informes técnicos y las resoluciones para ser remitidos a la Secretaría de Seguridad”, informó.

Fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Honduras-Siete-de-cada-100-policias-dieron-positivo-en-drogas

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Impunes ascenso y nuevos cargos a policías aplazados en el polígrafo

Domingo 07 de abril de 2013
08:55 pm  – Redacción 

Ninguna autoridad, ni el Ministerio Público ni la DIECP, ha deducido responsabilidades a los funcionarios que se prestaron para beneficiar a policías con calificación de “decepción”

El día en que se realizó el ascenso de los policías aplazados en el polígrafo también el presidente Lobo puso la hombrera de cincos soles a “El Tigre” Bonilla, quien fue promovido a comisionado general de la Policía Nacional.

El día en que se realizó el ascenso de los policías aplazados en el polígrafo también el presidente Lobo puso la hombrera de cincos soles a “El Tigre” Bonilla, quien fue promovido a comisionado general de la Policía Nacional. (El Heraldo)

Tegucigalpa,

Honduras

En el discurso el gobierno dice combatir con energía la corrupción en la Policía Nacional, pero en la práctica es indulgente frente elementos de policía con pasado dudoso que reprobaron la prueba del polígrafo.

Como evidencia del “tiempo de gracia” que viven muchos oficiales cuestionados, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional aprobaron ascensos de rangos y nombramientos de cargos importantes a un selecto grupo de estos oficiales que no superaron el detector de mentiras.

Curiosamente, este abuso y violación a la ley que se iba a cometer fue denunciado por EL HERALDO antes de que los hechos se consumaran.

Sin importar la denuncia pública, el gobierno procedió a otorgar los reconocimientos y a justificar a los oficiales que estaban “aplazados” o con resultado “decepción” en las pruebas que se aplicaron, inclusive, con ayuda de gobiernos extranjeros.

De acuerdo al decreto de emergencia de depuración policial 89-2012, los elementos que resultaran aplazados en cualquiera de los cuatro análisis que componen las pruebas de confianza, entre estas la del polígrafo, tenían que ser separados inmediatamente.

Esta norma estuvo vigente del 25 de mayo al 25 de noviembre de 2012.

La prueba del polígrafo es una de las cuatro que aplica la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).

De 400 policías y civiles sometidos al examen del polígrafo, 124 resultaron aplazados, entre estos cinco comisionados y 14 subcomisionados, reveló en exclusiva EL HERALDO el 29 de octubre de 2012.

La Policía Nacional aprobó la separación de apenas 33 de estos reprobados, pero solo 7 fueron cancelados definitivamente porque al resto no se le pudo notificar su baja.

Lo anterior lo reveló la Unidad de Investigación de EL HERALDO el pasado 4 de marzo.

Estos pobres resultados en la depuración policial dejaron al descubierto el fracaso del proceso, cuyas autoridades ahora admiten que la ley creada por el Congreso Nacional es débil y prácticamente inefectiva.

El propio ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, ha reconocido que es prácticamente imposible ejecutar los despidos y por eso, meses después de impulsar un costoso proceso, ahora pide que se declare “emergencia en los procesos administrativos”.

El presidente Porfirio Lobo también reconoció la semana pasada que la ley necesita reformas para hacer viable la depuración.

Ascenso

Aunque EL HERALDO advirtió que se pretendía ascender a oficiales “aplazados” o con calificación de “decepción”, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, con la recomendación del director de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, ascendió de rango a 19 oficiales aplazados en el polígrafo el viernes 20 de diciembre de 2012.

Entre los aplazados que fueron ascendidos se encuentran los subcomisionados Porfirio Antonio Escobar Irías y Alcides Santos Vides, quienes ahora son comisionados.

Cuando EL HERALDO preguntó al Presidente por qué se ascendería a estos oficiales, la respuesta fue: “Si están allí es porque merecen estar ahí”.

Lobo estuvo a favor de la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional por haber declarado inconstitucional el decreto 89-2012.

Este decreto ordenaba que todo policía reprobado en alguna prueba fuera sacado de la institución.

Resultaba entonces inexplicaba cómo, por un lado se defendía el decreto de depuración, que ordenaba las destituciones por resultar “aplazado”, pero al mismo tiempo se premiaba con ascensos a oficiales “aplazados”.

Las 400 pruebas de polígrafo se realizaron entre el 18 de junio y el 10 de septiembre mediante la cooperación de expertos de gobiernos amigos, con el fin de “apoyar de una manera total la depuración” de la Policía.

Estos datos constan en nota de fecha del 21 de septiembre de 2012 de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos enviada al director de la Policía Nacional.

El ministro Pompeyo Bonillase ha calificado como el único responsable por estos ascensos y ha liberado de responsabilidad, por los mismos, a Juan Carlos Bonilla.

“Yo quiero decirle que si se está promoviendo una investigación, no tiene que ser contra el general Juan Carlos Bonilla, tiene que ser contra el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, que fue quien firmó esos acuerdos”, expresó Bonilla.

“Yo me someto a la ley y de acuerdo a la ley, hago mis actuaciones y si por eso me toca ir a responder a los tribunales de justicia, estoy en la mejor disposición de ir a los tribunales de justicia”, dijo

Cargos

La condescendencia gubernamental se volvió a repetir cuando se hizo el nombramiento en cargos importantes en la Policía Nacional de otro grupo de oficiales reprobados que fueron asignados en puestos de mando, por ejemplo, el subcomisionado de Policía Daniel Omar Matamoros Ávila, quien fue nombrado como Jefe de Seguridad del Cuartel General en Casamata. Igualmente, el subcomisionado Adán Antonio Reyes Ochoa, quien tampoco pasó las pruebas de confianza, pero fue nombrado como jefe en la departamental número 7 en Danlí, El Paraíso.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Impunes-ascenso-y-nuevos-cargos-a-policias-aplazados-en-el-poligrafo

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Comunidades indígenas lencas en rebelión contra depredación del territorio

Sunday, 07 April 2013 14:22 Por Giorgio Trucchi

Por Giorgio Trucchi | LINyM

En agosto de 2009, en medio de la crisis institucional generada por el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, un deslegitimado Congreso Nacional aprobaba la Ley General de Aguas, con la que se garantizaba la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país.

Un mes después, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la licitación internacional 100-1293-2009, para la contratación de 250 MW de energía renovable. En diciembre del mismo año, la empresa concluyó el proceso con la apertura de 50 ofertas.

Fue hasta en abril de 2010, pocos meses después de asumir la presidencia Porfirio Lobo, que el Ministerio de Recursos Naturales (SERNA) procedió a adjudicar la licitación a 47 empresas nacionales, más del 70 por ciento de las cuales miembros de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER), es decir los mismos grupos económicos que ya controlaban – y siguen controlando – casi la totalidad de la generación térmica en el país.

La concesión de decenas de ríos en manos de empresas privadas fue considerada “turbia y amañada” por varios expertos del sector, entre otros, Juliette Handal, en aquel entonces presidenta de la CPN (Coalición Patriótica Nacional), mientras en el Congreso se preparaban las condiciones para nuevas licitaciones y un total de casi 300 proyectos hidroeléctricos.

Fue así que entre junio de 2010 y noviembre de 2011, los poderes ejecutivo y legislativo aprobaron 24 proyectos1 más de generación de energía renovable, con una inversión aproximada de casi unos 1,000 millones de dólares. Entre ellos el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), y realizado, entre otros, con fondos del BCIE (Banco Interamericano de Integracvión Económica) por 24.4 millones de dólares.

Resistencia

El proyecto Agua Zarca, que se propone la generación de 21.3 MW (Megawatt) y que se está desarrollando en la zona noroccidente de Honduras, específicamente entre los Departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, ha sido fuertemente cuestionado por varias comunidades indígenas lencas, las cuales han votado en contra de su ejecución durante los cabildos abiertos organizados por los gobiernos municipales de la zona, así como en el marco de la Asamblea Indígena, que se ampara en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

Es por eso que, desde hace 6 días, más de 300 habitantes de cinco comunidades de la zona, miembros del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y personas solidarias, han subido el tono de la protesta y han puesto tranques en la carretera que conduce al sector de Río Blanco, donde se desarrolla el proyecto hidroeléctrico.

En un primer comunicado, las comunidades exigen el “retiro inmediato del proyecto Agua Zarca” y acusan a varias empresas y a instituciones municipales y estatales de no haber querido escuchar “la decisión de nuestras comunidades de rechazo total y reiterado  a este proyecto”, que de hecho “privatiza el sagrado Río Gualcarque y el territorio”, así como provoca “daños ambientales, desplazamiento, daños al patrimonio cultural y económico, militarización y amenazas contra miembros de las comunidades”, se lee en el comunicado.

Sobre este caso ya fueron presentadas denuncias ante la Fiscalía de Etnías, el Congreso y Serna, sin embargo, hasta el momento dichas instituciones no se han pronunciado al respecto.

Según el Copinh y las comunidades indígenas de la zona, este proyecto hidroeléctrico estaría siendo financiado también por Financiera Comercial Hondureña SA (Banco Ficohsa), cuyo gerente general es Javier Atala, quien el año pasado suscribió un convenio por 20 millones de dólares con el Banco de Desarrollo Francés (Proparco), para proyectos de energía renovable.

Entre las empresas que estarían ejecutando el proyecto se mencionan a la compañía contratista china Sinohydro – la cual fue recientemente sancionada en Ecuador por graves irregularidades en cuanto a su trato a los empleados del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair –, la empresa de construcción Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca) y la alemana Voith Hydro, que ganó un contrato de suministro de turbinas hidráulicas y otras partes.

“Nos reunimos en asamblea y la gente decidió continuar con la toma de carreteras hasta que la empresa (DESA) no se retire de la zona y cierre el proyecto. Estamos expuestos a la intemperie, nos están amenazando de muerte y la militarización de la zona ha venido creciendo con el pasar de las horas, sin embargo la gente está animada y con mucho entusiasmo”, dijo Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh, a la LINyM.

Según ella, los alcaldes de la zona, miembros de las empresas involucradas en la ejecución del proyecto, así como los guardias de seguridad y los cuerpos de policías, estarían organizando un desalojo violento, involucrando a miembros de otras comunidades, para hacer creer a la opinión pública que las comunidades indígenas están a favor del proyecto Agua Zarca.

“Hemos visto un gran despliegue de vehículos de la empresa y mucho movimiento de ejército y policía alrededor de la toma. Quieren desalojarnos, sin embargo nos vamos a mantener firmes, porque no podemos permitir que sigan acaparando y depredando nuestros territorios y los recursos naturales”, apuntó la dirigente indígena.

En un segundo comunicado, el Copinh reportó las graves amenazas vertidas contra sus dirigentes de parte de personal de las empresas DESA y Sinohydro, así como la constante presión de sus guardias de seguridad que, como frecuentemente ocurre en Honduras, cumplen tareas semi-militares, amenazando y amedrentando a la población organizada.

Amenazas

Para el día de hoy (6/4), se espera la llegada de varios observadores internacionales y defensores de derechos humanos, para resguardar la incolumidad de las personas. Las comunidades lencas han informado que, de no ser escuchadas, profundizarán la protesta con acciones de mayor contundencia, para lograr la liberación de su territorio que ha sido invadido.

“Hay un cerco mediático de parte de los medios corporativos de información que ocultan nuestra lucha y nuestras razones. Desde ya estamos responsabilizando a las empresas, a los alcaldes, al Congreso Nacional, a SERNA y a la Policía por cualquier acto de represión, amenazas y violencia en contra de nuestra integridad física, psicológica y emocional”, aseveró Cáceres.

Finalmente, la dirigente indígena recordó que en ningún momento el Copinh y las comunidades han estado en contra del desarrollo, sino de los “proyectos de muerte”.

“El pueblo lenca hace un planteamiento proprio del concepto de ‘desarrollo’. Un planteamiento basado en la dignidad humana, en el respeto a la madre tierra, en el bienestar de las comunidades, en el delicado equilibrio entre los seres humanos y los bienes comunes, desde una visión de justicia social y económica.

Lo que no aceptamos – continuó –  es la lógica de privatización y depredación de nuestros recursos para tener más ganancia. Lo que no aceptamos es la lógica extractivista del capitalismo”, concluyó.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2523:comunidades-indigenas-lencas-en-rebelion-contra-depredacion-del-territorio&catid=58:amb&Itemid=181

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Honduras: MI PROPUESTA ALTERNATIVA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

domingo, 7 de abril de 2013

 

  Hari Dixon
 
 
 
Tengo años de estar escuchando esa palabra de combate  a la corrupción,  se dice en todos lados, la escuche en el Ministerio Publico, la escucho en los medios de comunicación,  la escucho de los políticos, hasta  corruptos reconocidos hablan de combatir la corrupción hoy en día, pero parece que el combate a dicho flagelo termina siendo una mera retorica para mantener  entretenido al resto de la población que sufre las consecuencias de la misma.


Fíjense ustedes que cuando realmente se ha querido combatir la corrupción esos mismos  que hoy se llenan la boca hablando de su combate  (Con raras excepciones) son los primeros en fila para despotricar de forma canalla contra quienes verdaderamente luchan y entienden el enorme daño que la corrupción produce  a la  población.- Ahh y esto sin mencionar las interminables depuraciones en donde los responsables de hacerlas son los corruptos de siempre.

 

 
 
¿Se imaginan a un corrupto depurando  a otro corrupto? Pues eso pasa en Honduras, personas con reconocido caminar en la corrupción hoy aparecen como los grandes gurú de las depuraciones, hablan de aplicar detectores de mentiras sin someterse ellos por supuesto, hablan de pedir cuentas, si dar cuentas ellos desde luego y así se va desarrollando la telenovela de cada día, pero al final la muchacha no se casa con el dueño de la casa como suele suceder, si no que la corrupción sigue igual o peor que como estaba  antes.- Eso sí, se gastan millones de Dólares y Lempiras en comisiones especiales nombradas por el ejecutivo o el legislativo supuestamente par que rinda informes de determinada circunstancia delictiva denunciada en el marco de una presión social, sin contar con los apoyos internacionales para el fortalecimiento el sector justicia.
 
 
Hoy Honduras según estadísticas internacionales se encuentra en el cuarto país más corrupto de Latinoamérica, situación que le produce de igual forma ser el segundo país más pobre de la región solo superado pro Haití que ya es bastante decir y por ahí la ONU que nos coloca como el país más violento del mundo superando incluso a países que se encuentran en guerra.- Datos nada halagadores y de los cuales no nos podemos sentirnos orgullosos.
 
 
De igual manera encontramos actualmente un país de nueva cuenta altamente endeudado en donde la deuda interna ya supera los 70 mil millones de Lempiras y la deuda externa con la venta de bonos soberanos sobrepasa los 4 mil millones de Dólares, una situación que coloca  a nuestro país en un escenario bastante preocupante y más aun cuando se desconoce por lo menos de forma oficial donde fue  a parar tanto dinero si las obras sociales no se miran por ningún lado salvo  rarísimas excepciones.
 
 
Según Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) las perdidas por actos de  corrupción en Honduras antes del golpe de estado del 2009 rondaban alrededor de 17 mil millones de Lempiras anualmente, cantidad que seguramente se habrá superado con creces durante el gobierno de facto de Micheleti  Bain y  el actual gobierno.- Como se ve son cantidades de dinero que de no perderse le permitirían al país cumplir a corto y mediano plazo con sus obligaciones sociales y en un largo plazo salir del subdesarrollo en que se encuentra.
 
 
Hay que dejar claro que el problema de la corrupción no es un problema más del país, a mi manera de pensar representa la génesis principal del resto de problemas sociales que enfrenta la población, no se le puede dar un trato simple y alejado del resto de problemas, y esto lo he concluido de mi experiencia de administrador de justica por casi 14 años en el Ministerio Publico y de luchador social contra este delito. -Les doy algunos ejemplos: Si no logramos castigar al corrupto producimos impunidad y esta impunidad es en términos sencillos una invitación a que más personas con poder económico y político hagan lo mismo.
 
 
Es así que cuando no logramos castigar o prevenir la corrupción, seguramente un hospital se quedara sin medicinas, una población se quedara sin escuela o sin maestro, alguna empresa quebrara por la competencia desleal que produce aquel  empresario que tiene contactos en el gobierno y con ello la generación de empleos y la inversión dejara de fluir y por consiguiente muchas familias no tendrán el sustento diario.- Podríamos hablar de miles de ejemplos que produce la corrupción pero creo que con los dados ya se ha entendido el mensaje.
 
 
Ustedes me dirán: Si, pero esa información que da el abogado no es nueva; claro que no es nueva pero nos ayudara  a entender mas este problema y buscar la forma o la propuesta más viable para combatirlo diferente  a lo que se ha venido haciendo en el transcurso de los años y que es obvio que no ha dado resultado.
 
 
Pero para encontrar la solución o mejor dicho hacer una propuesta es necesario encontrar el origen del problema, es parecido a lo que hacen los médicos primero examinan al paciente, dan su diagnostico y de acuerdo a este ultimo recetan o aplican la medicina, pues aquí también haremos algo parecido.- En primer lugar encontramos un problema cultural donde esta involucrado un obsoleto y frio sistema educativo que no forma en lo absoluto al estudiante sobre los estragos que hace este tipo de delitos  a la sociedad, la desintegración familiar que podríamos explicarla de diferentes maneras pero que ahí esta y seguro también influye, no digamos la situación económica del país que en un círculo vicioso se conecta de igual forma   a la corrupción.
 
 
Después de tanto buscar analizar el origen de todo esto, me he encontrado  que principal problema del no combate  a la corrupción se encuentra en el Congreso Nacional, un poder del estado eminentemente político y en donde se cometen los más graves actos de corrupción del país, ahí, precisamente ahí se nombran a los responsables de dirigir todo el sistema de administración de justicia, principalmente los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General del Estado.
 
 
Estos  candidatos a ocupar dichos puestos lo que les vale no es tanto su hoja de vida por capacidad o por honorabilidad, el principal requisito que se busca es la afiliación política de los dos partidos tradiciónales y los contactos que tenga con la empresa privada y con los de la cúpula del gobierno de turno y por último el nivel de compromiso que se asuma, eh ahí el origen de todo, aquel o aquella que llega  administrar justicia sabe de antemano que deberá hacerse el ciego, sordo y mudo cuando sus padrinos o la clase social que lo catapulto cometan actos de corrupción y bueno esto ha venido repitiéndose  en toda la historia jurídica de nuestra Honduras.
¿Que proponemos?
Después de encontrado el origen el problema llego la hora de las grandes decisiones y digo decisiones no pensando en un gobierno de corte tradicional como los que hemos tenido, estoy hablando de un  Libre en el poder, que es el partido que se perfila a hacer estos grandes cambios, que no serán fáciles pero que es imperativo hacerlos.
 
 
Lo primero que se tiene que hacer es independizar el sistema de administración de justicia del poder legislativo, duro para cualquier político y de la ideología que sea, nadie se quiere desprender de ese poder real que es la administración de la justicia, es malo la injerencia política dicen algunos  políticos cuando esa injerencia es de otros políticos pero cuando esta de lado de ellos todo es genial, ahí creo que podríamos encontrar el primer obstáculo tomando en cuenta que desconocemos la cantidad de diputados que tendremos en el Congreso Nacional para hacer esa reforma y la poca voluntad que pudieran tener los diputados y diputadas del resto de partidos políticos.- Por ahí pasa todo, voluntad política y patriótica.
 
 
La independencia de no lograrse con una reforma que seguramente así será tendrá que buscarse irrenunciablemente en una Asamblea Nacional Constituyente en donde las y los representantes del pueblo tendrán que tomar esa decisión histórica y dar inicio al verdadero proceso de refundación de la patria.
 
¿Cómo debe hacerse la selección?
Aquí nos encontrarnos ante la parte más complicada del proceso si partimos del hipotético caso que ya la justicia no depende de un Congreso Nacional y que ahora será responsabilidad de los diversos sectores   de elegir  a los mejores hombre y mujeres para que asuman el sagrado acto de administrar justica, sin distingo de colores políticos, clase social, raza, sexo, ideología y cualquier otro tipo de discriminación que se pudiera presentar.
 
 
La selección puede hacerse de diferentes formas:
 
1.- Candidatos y candidatas participen en un  proceso electoral especial para este tipo de cargos, pero aclarando que este proceso no podrá ser similar a los de cargos de elección popular porque podríamos caer de nuevo que quienes tengan mayor apoyo económico para publicitarse son los que tienen mayores posibilidades de salir electos, este tipo de procesos se dan de forma similar para elegir  a los fiscales de distrito en Estados Unidos y más recientemente en el estado plurinacional de Bolivia, habrá que revisar los resultados de dichos procesos.
 
 
2.- La creación y fortalecimiento de un verdadero poder popular integrado por todos los sectores de la sociedad y que este a su vez pueda dar vida a un consejo permanente de los hombres y mujeres más honorables de cada comunidad (que de hecho existen) para que sean estos los que al final presenten después de un examen exhaustivo la lista de los y las candidatas elegibles para dichos cargos; o.
 
 
3.- Los diversos sectores propongan  sus candidatos y candidatas, y que de esas listas se elijan por parte de los representantes de los sectores  a los que dirigirán el sistema de administración de justicia, aquí  podríamos encontrar también problemas de manipulación, pero también es una opción.
 
Seguramente existirán muchas más propuestas para la selección que irán saliendo producto del debate.
 
 
¿Cómo se garantiza que las o los candidatos electos cumplan con su función de administrar justicia y no se contaminen como los anteriores?
 
Estoy totalmente convencido que en e l mundo existen dos clases de honrados (as), el honrado por formación, aquel o aquella que desde niño fue formado por sus padres de tal forma que no necesitaría en su vida adulta estar bajo el telescopio del poder punitivo del estado, a este personaje que déjenme decirles no es muy común encontrárselo hoy en día, no tendrá mayores problemas en administrar justicia si esa función solo dependiera de su conducta, le enseñaron desde pequeño los daños que produce la corrupción y el grave  desprestigio que traería para el resto de la familia un mal proceder de su parte.
 
 
El otro tipo de honrado es el honrado por obligación, aunque no se si el adjetivo está bien  empleado en virtud que el que es honrado es honrado y nadie tiene que obligarlo,   creo que me sirve para explicar mi tesis.- Este tipo de honrado no hace cosas correctas porque quiere, si no porque tiene temor  a ser penalizado si es encontrado en una conducta irregular y ese temor es producto de su conocimiento que los  sistemas de control del estado si funcionan.
¿Pero qué sistemas de control podrá tener el estado para garantizar transparencia en e la administración de justicia?
 
 
En primer término el mismo sistema de administración de justicia que tendrá la capacidad para investigar y enjuiciar a sus propios funcionarios cuando estos se aparten del estricto marco de la Ley, y un segundo sistema de control hablando de forma general sería el referéndum revocatorio por parte del pueblo para todos los responsables del sistema de administración de justica, un referéndum que deberá estar establecido previamente en la constitución de la republica en donde deberá dejarse claro que dicha consulta  se realizara oportunamente al cumplirse la mitad de la función jurisdiccional de dichos funcionarios.
 
 
Creo firmemente que si logramos tener un sistema de administración de justicia con un alto grado de funcionamiento habremos dado un gran paso en el combate  a la corrupción, en donde sus primeras acciones traerán gran revuelo en las clases dominantes del país que se sentirán amenazadas por un sistema que ya no les pertenece y que deberán responder por sus actos en el momento que decidan continuar con el saqueo de los recurso públicos y por ende propiedad del pueblo hondureño.
 
 
Dos aspectos más que deben tomarse en cuenta.
 
Si ya hemos independizado el sistema de administración de justicia y establecidos de sistemas de control para que estos funcionarios cumplan con su función es necesario tomar otras decisiones que seguramente parecerán fuertes para algunos de la sociedad.
En esta parte mencionaremos dos métodos de lucha:
 
1.- Poder punitivo del estado
2.- Reforma al sistema educativo.
 
 
En lo que se refiere al poder punitivo del estado creo que ya avanzamos al analizar la independencia del sistema de administración de justica del poder político del estado, pero eso no es suficiente al encontrarnos que hoy por hoy los delitos de corrupción son los actos de criminalidad que menos penas tienen en el código penal y en otras leyes secundarias, sumado a esto  al inexistencia de un concepto claro de corrupción que da las figuras penales relacionadas con este delito una ambigüedad que permite a funcionarios administradores de justicia la posibilidad de encontrar interpretaciones que puedan beneficiar a ciertos imputados, claro está esto se hace de forma ilegal.
 
 
Lo anterior tiene su lógica si tomamos en cuenta que son esos mismos legisladores que en la mayoría de los casos son corruptos, quienes aprueban ese tipo de normas penales, como se dice popularmente se curan en salud, buscan por todos los medios garantizar en primer lugar que su ahijado político ( Su nombrado en el cargo) no lo va tocar llegado el momento y que si por alguna presión social de la coyuntura que se viva en el momento su libertad pudiera estar en riesgo entonces tendrá la posibilidad que el juez o magistrado que conozca  su caso tendrá las herramientas necesarias para dejarlo en libertad aprovechando la ambigüedad de las normas penales que pudieran ser aplicadas; pero si tampoco se pudiera por la gravedad que reviste el asunto y impacto social que ha causado, tendrá la oportunidad de evadir la prisión al ser condenadas a penas mínimas que el mismo apoyo en el Congreso para su aprobación.
 
 
Me comentaba un maestro que tuve en la facultad de derecho que hubo una vez que el robo de ganado mayor fue penalizado  con penas mayores que del homicidio, dándole mayor importancia al bien jurídico propiedad que al bien jurídico vida y esto me decía se debía que muchos de los diputados  eran propietarios de hatos ganaderos y estaban siendo afectados por el robo de ganado.- Como verán esto es así y seguirá siendo asi si no se cambia los métodos y estrategias de lucha en contra la corrupción.
 
 
Ahora hablemos un poco sobre la necesidad de reforma al sistema educativo nacional, un sistema que ha sufrido diferentes reformas que en la mayoría de los casos está vinculado mas al aspecto económico  que  a lo social y digo económico porque mientras los maestros buscan mejores condiciones laborales a las cuales tiene derecho, el gobierno por el otro lado trata de limitárselas, en fin sea del lado que sea siempre es el aspecto económico el que sobresale anqué venga maquillado de otras cosas.
 
 
A la reforma que me refiero,  debe ir encaminada a la formación del niño desde temprana edad, hay que abandonar ese viejo estilo de educación en donde el niño o la niña se convierten en simples receptores de información que después para pasar su curso o grado trasladan  a una hoja de papel, hay que impulsar un aprendizaje en donde el alumno sea más creativo y pueda ser capaz de sacar sus propias conclusiones del conocimiento adquirido.
 
 
En  el caso que nos ocupa sobre el combate  a la corrupción, hay que formar a nuestros niños y niñas en el tema anticorrupción y mostrarles el daño que causa  a la sociedad dicho flagelo, esto debe ser en cada día de clases desde el kínder hasta en la universidad, necesitamos en 10 o 15 años ver florecer una nueva generación de hondureños y hondureñas con una nueva mentalidad, con un nuevo sentimiento de amor a  patria y con fuertes valores éticos, que permitan el surgimiento de esa nueva Honduras  que tanto aspiramos.
 
 
Lo anterior  no es nada fácil de lograr, va depender en mayor parte de la voluntad política del gobierno de turno y la fuerza organizada que presente la población para lograr dichos objetivos.
 
SI NO HAY COMBATE  A LA CORRUPCIÓN, NO HABRÁ REFUNDACIÓN

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“La Policía Nacional es una institución absolutamente irreformable”

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Fuente: aMercate Corto, Abril 2013

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Con Ley Minera se entregará el 15 por ciento del territorio hondureño

La nueva Ley General  de Minería conlleva  a la entrega de las  riquezas naturales y  la depredación sin límites de  los bosques, “se entregará el  15% por ciento del territorio  nacional a las trasnacionales  a través de más 300 conce-siones, situación que traerá  un costo sin precedentes en  la destrucción de la vida del  pueblo hondureño”, indicó  Pedro Landa de la Coalición  de Redes Ambientalistas de  Honduras.

La normativa minera fue apro-bada por el Congreso Nacional  el 25 de enero de 2013. El país  ya tenía siete años de contar  con una ley minera incom-pleta, ya que en el año 2005  la Corte Suprema de Justicia  derogó 13 artículos de dicha  legislación por considerarlos  inconstitucionales.

La presión social de grupos  ambientalistas y comunida-des produjo que el gobierno  de Ricardo Maduro decretara  en el 2004 una moratoria o  veda al otorgamiento a nuevas  concesiones mineras, luego el  presidente Manuel Zelaya dio  continuidad a esa moratoria.

“Al entrar en vigencia la nue-va Ley de Minería, permitirá al  gobierno, otorgar concesiones  a diestra y siniestra. Ahora  el Estado vuelve a abrir las  puertas a la minería metálica,  explorando las sustancias na-turales de las cuales se puede  extraer un elemento metálico”  indicó Landa.

“La nueva Ley de Minería es  una amenaza contra la vida,  la soberanía, biodiversidad,  salud, agua y dignidad, par-ticularmente de los pueblos  indígenas, negros y pueblo  hondureño en general”, indi-có Berta Cáceres del Consejo  Cívico de Organizaciones Po-pulares e Indígenas de Hondu-ras, Copinh.

La dirigente dijo: “no vamos a  permitir que vengan a acabar  con los pocos recursos natu-rales de nuestros territorios  indígenas, y peor la minería  que destruye todo lo que está  a su paso”.

Violaciones a DDHH

La minería es una de las acti-vidades económicas que más  violentan los derechos hu-manos a pueblos enteros. En  Honduras muchas ciudades y  pueblos son territorios depri-midos y con un legado de con-taminación muy alto.

Casos en Honduras

En San Andrés Minas, Copán,  la compañía Minerales de Oc-cidente, utiliza hasta mil tone-ladas de cianuro al año. Una  sola cucharadita de cianuro  puede matar a una persona.  Los deshechos de cianuro y  de metales pesados, están al-macenados en cuatro piscinas  al lado del Río Lara, afluente  del Río Higuito. Estas piscinas  contienen más de 50 millones  de galones de deshechos y un  accidente podría contaminar  hasta el departamento de Cor-tés, porque las aguas del río  Higuito desembocan en el río  Ulúa.

Causas de un accidente

Un fallo de la represa dete-niendo las piscinas, un fallo  en el plástico cubriendo la  cancha de rocío de cianu-ro, un accidente de trans-porte, podría ser fatal para  millones de personas en el  occidente y norte del país.

Valle de Siria

La contaminación de las fuen-tes de agua por la minería  canadiende Goldcorp afectó la  salud de la mayoría de la gente  de los municipios del norte de  Francisco Morazán, donde son  frecuentes problemas en la  piel, ojos y hasta la muerte de  recién nacidos, problemas en  el sistema nervioso, caída de  cabello, abortos e infertilidad,  denunció, Carlos Amador del  Comité Ambientalista del Valle  de Siria.

Intereses detrás de la minería

“Detrás de la explotación mi-nera están los intereses de  Chile y Canadá, de un grupo  de empresarios hondureños  que han estado siempre es-condiendo la realidad de lo  que está sucediendo detrás  de la minera. Y aquí hay va-rios personajes, uno de ellos  es Santos Gabino Carbajal  que ha sido el gerente de la  empresa American Pacific,  más conocida como Minera El  Mochito. Santos Gabino Car-bajal ha contribuido a que se  generen grandes negocios de  corrupción en este país y en el  año 2009 amenazó a muerte  a varios ambientalistas y este  personaje sabe que la Ameri-can Pacific tiene 15 años de  estar contaminado el Lago de  Yojoa”, explicó el ambientalista  Landa.

Más atentados

Pedro Landa indicó que con la  nueva Ley Minera también se  está atentando con el pueblo  miskito, porque el gobierno de  Pepe Lobo ya firmó un contra-to con una empresa británica  que se llama Britis Gas para  explotar el petróleo que hay  en la zona de la Mosquitia.  “Se ha creado un proceso  muy rápido que es la iniciati-va de transparencia para las  industrias extractivas, esto  supuestamente es un espacio  para poder auditar o controlar  lo que van a pagar las em-presas mineras y petroleras y  en que se van a invertir, pero  en el fondo lo que hay es un  proceso de cooptación a favor  de Pepe Lobo y a favor de los  empresarios para que esta in-formación sea manejada por  ellos y darnos a nosotros lo  que ellos quieren”, agregó.

 

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Fuente: aMecate Corto, Abril 2013

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Honduras:un país repleto de armas busca aprobar nueva ley de portación

Luego de cuatro años de es-tar engavetada una nueva ley de control de armas de fue-go, municiones, explosivos y otros, el Congreso Nacional anunció que con el nuevo an-teproyecto de ley se busca re-gular la edad de portación, los calibres y la cantidad de armaspermitidas por persona.

El diputado Mario Pérez, pre-sidente de la Comisión de Se-guridad del Congreso Nacional detalló que han trabajado con diversas organizaciones de la sociedad civil para aprobar un nuevo reglamento de portacio-nes de armas, ya que el actual marco jurídico sostiene la in-seguridad existente en el país.

Desde la comisión de seguri-dad del Congreso se tendrá que analizar dos propuestas de ley. Una elaborada por la comisión de Defensa del Con-greso, que preside el diputado Rodolfo Zelaya, que contiene 122 artículos y una hecha por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, que contempla 160 artículos.

La abogada Leila Díaz de Ci-prodeh informó que con su propuesta de ley buscan in-crementar a 25 años la edad de los portadores, además de reducir la cantidad de armas permitidas por personas, el
realizar un test psicológico al momento de otorgar un per-miso de portación de armas. Otra de las reformas incluye el contar con un mejor registro de armas, aquí se incluye mo-niciones, explosivos y materia-les relacionados.

La propuesta también especi-fica el tipo de armas prohibi-das y de usos exclusivo de la Secretaría de Defensa y Seguridad.

Las armas de uso prohibido son el fusil automático Kalas-hnikov-1947 (AK-47) calibre 7.62x39mm en todas sus ver-siones, fusiles FAL y FAP cali-bre 7.62x51mm, subametralla-dora UZI y mini-UZI en todas sus versiones, patentes y mar-cas, calibre 9mm, fusil M-16, M-16-A1, Galil y Beretta calibre 5.56mm ó 223 en todas sus versiones, patentes y marcas.

La aprobación de la ley cobra vigencia cuando Honduras tie-ne la tasa más alta de homi-cidios, 85.5 por cada 100 mil habitantes, y cuando se sabe que en el territorio nacional circulan alrededor de 1.5 mi-llones de armas de las cuales un millón circulan de manera clandestina o ilegal.

Fuente: aMecate Corto, Abril 2013

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¡Tiemblen narcos, regresó Oscar Álvarez!

Domingo, 07 Abril 2013 17:58

Roberto Quesada

“Hay alcaldes y diputados ligados al narcotráfico…”—Oscar Álvarez, jefe de campaña del Partido Nacional (El Heraldo 03/06/2013).

Es segurísimo que quienes se dedican al negocio del narcotráfico en nuestro país están temblando, incluso extrafronteras, ya el Chapo Guzmán ha de haber pedido asilo en alguna de las Coreas, es preferible cualquier bomba nuclear que estar en la mira del soldadito de plomo Oscar Álvarez, quien ha regresado a hacer justicia.

Luces, cámara, acción:
Álvarez ya fue nombrado como jefe de campaña de Juan Orlando Hernández, y es un deber de la embajadora estadounidense Lisa Kubiske, llamar a Oscar Álvarez a que rinda cuentas sobre los informes de primera mano, listas que solo el tiene, de quiénes son, con nombres y apellidos, los que se dedican al lucrativo narcotráfico en nuestro país.

El 6 de marzo de 2011, Oscar Álvarez aseguró: “Hay alcaldes y diputados ligados al narcotráfico”. (El Heraldo).  Bueno, ni los diputados ni los alcaldes han cambiado, son los mismos, lo que sí se ha agudizado es el crimen y las actividades del narcotráfico a lo largo y ancho de Honduras. El jueves primero de septiembre del 2011 (El Heraldo), Oscar Álvarez afirmó: “Hay 10 oficiales que sirven de controladores aéreos a narcos”. ¿Quiénes son esos oficiales? ¿Cuáles son sus nombres y siguen o no en la institución?  Con tanto poder como los describió Álvarez, no hay duda que sigan en puestos claves dentro de las instituciones armadas.

Estas declaraciones de Oscar Álvarez abundan en los medios, en las que demuestra que él es el mejor informado de quiénes son los narcos en Honduras, incluso muchas veces los ha señalado hasta por zona geográfica,  ya sea que estos estén en el Congreso Nacional, en las Alcaldías o dentro del ejército y la policía. Algo que ni la misma DEA ha podido lograr, pues esta agencia hasta se vio involucrada en un escándalo de asesinato de misquitos civiles desarmados, entre los que destacan dos jóvenes embarazadas, que ellos confundieron con narcotraficantes. Este doloroso y vergonzoso incidente no se hubiese dado si Álvarez desde aquel tiempo hubiera decidido colaborar con los Estados Unidos.

Oscar Álvarez  regresa y lo primero que hace es meter las extremidades, dijo allí en un noticiero que regresaba a algo así como “a ordenar el desorden que dejó Mel”. Parece que no se dio cuenta que a quien le dieron el golpe de Estado fue al presidente Zelaya. Cómo se ve que Álvarez no conoce la vergüenza, la dignidad y que es un mal agradecido. Cuando culminó su etapa con Ricardo Maduro, que tuvo como prioridad el exterminio de nuestros compatriotas metidos en las maras o pandillas, lo primero que hizo fue irle a lloriquear y mendigar al presidente Zelaya “ay que los mareros me quieren matar”. “ay que quién me protege”, “ay presidente Zelaya ayúdeme, mándeme al exterior con mi familia”, “ay que tengo pesadillas en que los mareros me capturan, me visten de bailarina y me obligan a bailar tango…”

Y con la ya conocida nobleza del presidente Zelaya, lo mandó con todo y familia a los Estados Unidos, en un puesto inexistente porque ni hondureños hay allí, ganando, por hacer nada, nada más ni nada menos que 11 mil dólares al mes. ¿De donde Salió ese dinero? Si en verdad regresa a poner orden, que comience con devolver esos millones que le dieron a él provenientes del pueblo hondureño. Multiplique 11, por los años que estuvo, más onceavo y doceavo y mire cuantos millones de lempiras se perdieron parasitariamente, mismos con los que se pudo curar o dar de comer a tantos compatriotas pobres.

Por si no lo recuerda Oscar Álvarez es aquel ministro de seguridad, que junto al entonces canciller Mario Canahuati, Porfirio Lobo Sosa, hablando en lenguaje coloquial hondureño, los botó del gobierno como a un par de chuchos (cosa con la que no estoy de acuerdo, por supuesto, la dignidad humana debe de respetarse, prevalecer aun cuando haya diferencias ideológicas), y ambos salieron humillados. Ahora Álvarez, como el otro Álvarez (RicAlva), retorna con el rabo entre las patas, cual perro fiel, a ponerse al (¿de?) servicio del ungido de Lobo Sosa, militar golpista Juan Orlando Hernández. ¡Estas son las “grandes figuras” que dicen que representan al pueblo hondureño! ¿Será tan tonto mi pueblo?

A esto debe agregarse que Oscar Álvarez ha estado ligado a lo que se conoce como asesinatos extra judiciales, como bien lo confirma esta mujer de dignidad y valentía intachable, María Luisa Borjas: “La exdirectora de Asuntos Internos, María Luisa Borjas, aseguró que el director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, fue protegido por la Secretaría de Seguridad que rectoraba Oscar Álvarez cuando lo investigaron por la comisión de al menos 13 asesinatos” (Diario Tiempo 05/04/2013). Ella asegura que remitió 13 cartas, al entonces presidente del Congreso Nacional Porfirio Lobo Sosa, quien, por cierto, tenía como secretario a Juan Orlando Hernández, y tales “autoridades” se llamaron al silencio. Al silencio cómplice. Ate cabos, no se necesita ser genio para ver que la misma mafia de ayer, está reencontrada hoy queriendo el continuismo en el poder.

Esta vez Oscar Álvarez está obligado a hablar, a dar a conocer toda esa gran información que tiene sobre el problema del narcotráfico en Honduras, que la pobre DEA queda como ridícula aprendiz. Esta es hora en que la embajadora Lisa Kubiske debería de estar llamando a sus jefes a Washington para que envíen cantidad de aviones para llevar a los extraditables que presentará Álvarez. Veamos por qué está obligado.

Si Oscar Álvarez tiene la lista de diputados narcos, de alcaldes narcos, militares narcos, policías narcos, empresarios narcos, políticos narcos, etcétera narcos, al asumir como jefe de campaña del Partido Nacional, debe de presentarse limpio de pecado frente al pueblo hondureño, y la única manera es denunciando lo que dice él que sabe, en caso contrario solo quedan dos opciones.
a) –. Que Oscar Álvarez tiene miedo de que a quienes va a denunciar lo maten. Esa posibilidad queda descartada, pues él entra y sale al país cuando quiere como Pedro por su casa.

b) –. Que sí sabe pero el silencio tiene un precio: el que calla otorga. Pero no hay complicidad gratuita. El precio puede ser el financiamiento de la campaña del partido que representa (Partido Nacional). De esta misma forma el silencio ante este hecho de la embajada estadounidense nos podría llevar a sospechar que los Estados Unidos está siendo cómplice para que se implemente –o se termine de implementar –un narcoestado en nuestro país.

Por supuesto, también esta la posibilidad de que Oscar Álvarez solo sea un viejito fanfarrón que se las lleva de cipote – con sus poses de un play boy extemporáneo –y que en realidad no sabe nada de nada ni nunca supo, lo que lo dejaría como un mentiroso fantasioso a quien le viene como anillo al dedo el puesto de jefe de campaña del partido Lobo –Hernández (antes Partido Nacional), ya que estos se han encargado de mentir, hundir y degradar al pueblo hondureño. En este sentido entre más fantasioso el individuo, mejor jefe de campaña de los vende patria bajo el eslogan de Ciudades Modelo. Allá el pueblo si los deja a que terminen de vender nuestra querida Honduras.

Nueva York NY  7 abril 2013. Día del cumpleaños del poeta José Adán Castelar. ¡Felicidades!
robertoquesada@hotmail.com
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Fuente: http://www.tiempo.hn/editorial/noticias/%C2%A1tiemblen-narcos,-regreso-oscar-alvarez

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